JURISPRUDENCIA+AÑO+1997

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 Materia: Tierras.

 Recurrente: Vicenta Lamourth de Peynand.

 Abogado: Dr. Manuel Labour.

 Recurrido: Gladys Peynand Cestero.

 Abogados: Dres. Joaquín Hernández Espiallat y Antonio de Jesús Leonardo **Considerando, **que el examen de los documentos del proceso revelan que en la audiencia celebrada en fecha 9 de marzo de 1997, el Dr. Manuel Labour, abogado del recurrente concluyó así: "Hohorables Magistrados; ratificando mi calidad de abogado en representación de la parte recurrente en razón de que un acto de compra a la Sra. Vicenta Lamourth de Peynand, ha sido atacado no obstante el Certificado de Titulo, ni la Sra. Lamourth T. Peynand, dice que ese notario era acogido en su casa como hijo, vamos a solicitar el reenvío de esta audiencia para escuchar unos testigos que no fueron escuchados en la audiencia anterior; además que la señora que señala como aportante del inmueble, solicitamos que aporte los pagos del mismo"; que el tribunal con tal motivo pronunció una decisión incidental mediante la cual dispuso que: "en interés de preservar el derecho de defensa de la parte recurrente, resuelve fijar la audiencia para el día 29 de mayo de 1992, a las 10:00 horas de la mañana en este local, para continuar la causa"; **Considerando**, que en la audiencia, de fecha 29 de mayo de 1992, el Dr. Manuel Labour, en su calidad ya expresada, concluyó expresando que: "En la audiencia anterior, nosotros, los apelantes, fuimos que solicitamos un informativo, precisamente para que se nos diera la oportunidad de demostrar ante ésta jurisdicción los agravios que tienen mis representados contra sentencia y para que el esposo de la apelante, se hiciera asistir de un abogado independientemente de nosotros; que en esa misma audiencia fueron oídos los testigos llevados por la recurrente y también por la recurrida, así como al Notario Dr. Barón Segundo Sánchez Añil y también al señor Augusto Peynand Cestero, al término de cuyas declaraciones las partes formularon sus respectivas conclusiones en la forma que aparece en la sentencia impugnada, sobre el fondo del asunto; **Considerando,** que como se observa por lo anteriormente expuesto, fue la recurrente y no la recurrida quien solicitó al Tribunal a-quo la celebración del informativo testimonial, con el que procuraba que el tribunal comprobara que el acto auténtico de referencia tenía un carácter fraudulento y por tanto, al tratarse de la prueba de un hecho y no de un derecho, a lo que no se opone el artículo 1341 del Código Civil y de los resultados de cuyo informativo, no puede quedarse ahora la recurrente, sobre todo porque el Tribunal a-quo se fundó esencialmente para dictar su decisión, en el contenido del acto auténtico No. 5, de fecha 13 de agosto de 1980, instrumentado por el Notario Público Dr. Barón Segundo Sánchez Añil, leído y firmado por la recurrente, en presencia de dicho Notario y mediante el cual ella declaró y reconoció para los fines indicados en él, los derechos que sobre el inmueble correspondan a la recurrida, declaración que, si como alega la recurrente constituyó una maniobra fraudulenta, es, como lo expresa el Tribunal, la obra de la declarante y firmante de dicho documento, contra el que tampoco ofreció, ni procedió a inscribirse en falsedad para demostrar la misma, que en consecuencia al dar por establecido el tribunal a-quo, que la recurrente actuaba en representación de la recurrida y no en su propio nombre, no incurrió en ninguna de las violaciones invocadas por ella en el segundo medio de su recurso, el cual también debe ser desestimado por carecer de fundamento;

**Considerando,** que de todo lo anteriormente expuesto, se advierte que los jueces del fondo han dado motivos suficientes y pertinentes que justifican plenamente la decisión impugnada, la cual contiene una exposición de los hechos y circunstancias de la litis que ha permitido a esta Suprema Corte de Justicia verificar que en la especie se ha hecho una justa apreciación de los hechos, sin desnaturalizarlos, y una correcta aplicación de la Ley.

Por tales motivos; **Primero: **<span style="font-family: 'Times New Roman',serif;">Rechaza el recurso de casación interpuesto por la señora Vicenta Lamourth De Peynand, contra la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Tierras, en fecha 16 de abril de 1993, cuyo dispositivo se copia en parte anterior del presente fallo; **<span style="font-family: 'Times New Roman',serif;">Segundo: **<span style="font-family: 'Times New Roman',serif;"> Condena a la recurrente al pago de las costas, distrayéndolas en favor de los Dres. Joaquín L. Hernández E. y Antonio de Jesús Leonardo, quienes afirman haberlas avanzado en su totalidad.

<span style="color: #ff0000; display: block; font-family: 'Times New Roman',serif; text-align: right;">Firmado: Juan Guiliani Vólquez, Juan Luperón Vásquez, Julio Aníbal Suárez, Enilda Reyes Pérez. Grimilda Acosta, Secretaria General. <span style="color: #ff0000; display: block; font-family: 'Times New Roman',serif; text-align: right;">La presente sentencia ha sido dada y firmada por los señores Jueces que figuran en su encabezamiento, en la audiencia pública del día, mes y año en él expresados, y fue firmada, leída y publicada por mí, Secretaria General, que certifico. **<span style="color: #666666; font-family: 'Times New Roman','serif';">B.J. NO. 1043, OCTUBRE 1997 ** <span style="color: #ff0000; display: block; font-family: 'Times New Roman',serif; text-align: right;">Sentencia impugnada: Corte de Trabajo del Distrito Nacional, el 30 de enero de 1996.

<span style="color: #ff0000; display: block; font-family: 'Times New Roman',serif; text-align: right;"> Materia: Laboral.

<span style="color: #ff0000; display: block; font-family: 'Times New Roman',serif; text-align: right;"> Recurrente: J. J. L. Industrial, S. A., y el Ing. Julio Batista.

<span style="color: #ff0000; display: block; font-family: 'Times New Roman',serif; text-align: right;"> Abogado: Dres. Teobaldo de Moya Espinal, Carlos Tomás Sención Méndez y Antonio Olivo León.

<span style="color: #ff0000; display: block; font-family: 'Times New Roman',serif; text-align: right;"> Recurrido: Cornelio Liriano Mateo.

<span style="color: #ff0000; display: block; font-family: 'Times New Roman',serif; text-align: right;"> Abogados: Dres. Rafael Antonio López Matos y René Ogando Alcántara.

**<span style="font-family: 'Times New Roman',serif;">Considerando, **<span style="font-family: 'Times New Roman',serif;">que el recurrente propone los siguientes medios de Casación; Primer Medio: Falta de base legal; Segundo Medio: Errada interpretación de la responsabilidad legal del administrador de la empresa; Tercer Medio: Violación al artículo 1315 del Código Civil y artículo 16 del Código de Trabajo.

<span style="color: #ff0000; display: block; font-family: 'Times New Roman',serif; text-align: right;">En cuanto a la inadmisibilidad del recurso:

<span style="color: #ff0900; display: block; font-family: 'Times New Roman',serif; text-align: right;">**Considerando,** que en su memorial de defensa, el recurrido plantea la inadmisibilidad del recurso de casación, bajo el alegato de que el artículo 641 del Código de Trabajo dispone que "no será admisible el recurso después de un mes a contar de la notificación de la sentencia ni cuando ésta imponga una condenación que no exceda de veinte salarios mínimos; en el caso que nos ocupa que es el recurso de casación contra la sentencia 562/94, de fecha 30 de enero de 1996, dictada por la Primera Sala de la Corte de Apelación de Trabajo del Distrito Nacional, que dicha sentencia, confirma en todas sus partes, la sentencia No. 2377/93, de fecha 22 de marzo de 1994, dictada por el Juez Presidente de la Segunda Sala del Juzgado de Trabajo del Distrito Nacional, no es admisible el recurso de casación, en virtud de que dicha sentencia no excede en sus condenaciones a los veinte salarios mínimos que establece el artículo 641 del Código de Trabajo"; <span style="color: #ff0900; display: block; font-family: 'Times New Roman',serif; text-align: right;">**Considerando,** que del estudio de la sentencia impugnada, del cálculo de las condenaciones contenido en la sentencia dictada por el Tribunal de Primer Grado, la cual fue confirmada en todas sus partes, por la sentencia recurrida, y de la intimación de pago notificada por el recurrido a la recurrente, se verifica que dichas condenaciones ascienden a la suma de RD$15,215.29. <span style="color: #008080; display: block; font-family: 'Times New Roman',serif; text-align: right;">**Considerando,** que al momento de la terminación del contrato del trabajo del recurrido, estaba vigente la resolución No. 3/91, dictada por el Comité Nacional de Salarios, en fecha 18 de diciembre de 1991, que establece un salario mínimo de RD$1,456.00, por lo que el monto de veinte salarios mínimos, ascendía a la suma de RD$29,120.00, monto, que como es evidente, no alcanza la totalidad de las condenaciones a que se refiere la sentencia recurrida, por lo que el recurso de que se trata debe ser declarado inadmisible, por no acogerse a las disposiciones del artículo 641 del Código de Trabajo, que exige para la admisibilidad del recurso de casación que la sentencia impugnada imponga condenaciones que excedan de veinte salarios mínimos.

<span style="color: #ff0900; display: block; font-family: 'Times New Roman',serif; text-align: right;"> Por tales motivos, PRIMERO: Declara inadmisible el recurso de casación interpuesto por J. J. L. Industrial, S. A., y el Sr. Ing. Julio Batista, contra la sentencia dictada, en sus atribuciones laborales, en fecha 30 de enero de 1996, por la Corte de Trabajo del Distrito Nacional, cuyo dispositivo se ha copiado en parte anterior del presente fallo; SEGUNDO: Condena a los recurrentes al pago de las costas, con distracción de las mismas en favor de los Dres. René Ogando Alcántara y Rafael Antonio López Matos, quienes afirman haber avanzado en su totalidad;

<span style="color: #ff0900; display: block; font-family: 'Times New Roman',serif; text-align: right;"> Firmado: Juan Guiliani Vólquez, Juan Luperón Vásquez, Julio Aníbal Suárez, Enilda Reyes Pérez. Grimilda Acosta, Secretaria General.

<span style="color: #ff0900; display: block; font-family: 'Times New Roman',serif; text-align: right;"> La presente sentencia ha sido dada y firmada por los señores Jueces que figuran en su encabezamiento, en la audiencia pública del día, mes y año en él expresados, y fue firmada, leída y publicada por mí, Secretaria General, que certifico. **<span style="color: #666666; font-family: 'Times New Roman','serif';">B.J. NO. 1043, OCTUBRE 1997 ** <span style="color: #ff0900; display: block; font-family: 'Times New Roman',serif; text-align: right;">Sentencia impugnada: Cámara Civil, Comercial y de Trabajo del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de La Vega, en fecha 25 de marzo de 1993.

<span style="color: #ff0900; display: block; font-family: 'Times New Roman',serif; text-align: right;"> Materia: Laboral.

<span style="color: #ff0900; display: block; font-family: 'Times New Roman',serif; text-align: right;"> Recurrente: Flores del Sol, S. A.

<span style="color: #ff0900; display: block; font-family: 'Times New Roman',serif; text-align: right;"> Abogado: Lic. Ramón Vidal Chevalier y Dr. Hugo Alvarez Valencia.

<span style="color: #ff0900; display: block; font-family: 'Times New Roman',serif; text-align: right;"> Recurrido: Sr. Samuel A. Rodríguez.

<span style="color: #ff0900; display: block; font-family: 'Times New Roman',serif; text-align: right;"> Abogados: Dres. Víctor Manuel Fernández Arias y Guillermo Galván. **<span style="font-family: 'Times New Roman',serif;">Considerando, **<span style="font-family: 'Times New Roman',serif;"> que con motivo del recurso de casación interpuesto por la recurrente, según memorial de fecha 12 de abril de 1993, y conocido en la audiencia de fecha 20 de julio de 1994, la Suprema Corte de Justicia, dictó en fecha 17 de septiembre de 1997, una sentencia, con el dispositivo siguiente: Por tales motivos, Primero: Rechaza el recurso de casación interpuesto por Flores del Sol, S. A., contra la sentencia dictada por la Cámara Civil, Comercial y de Trabajo del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional, en fecha 25 de marzo de 1993, en sus atribuciones laborales, cuyo dispositivo se ha copiado en parte anterior del presente fallo; Segundo: Condena a la recurrente al pago de las costas, con distracción de las mismas en favor de los Dres. Víctor Manuel Fernández y Guillermo Galván, quienes afirman haberlas avanzado en su totalidad;

<span style="color: #666666; display: block; font-family: 'Times New Roman',serif; text-align: right;"> **C onsiderando, ** que una sentencia no puede ser objeto de dos recursos sucesivos de casación interpuestos por la misma parte y menos cuando, como ocurre en el presente caso, se proponen contra la decisión impugnada los mismos medios de casación y los mismos agravios o desarrollos, que por figurar ya en la decisión de esta Suprema Corte de Justicia, de fecha 17 de septiembre de 1997, resulta innecesario repetir ahora; <span style="color: #008080; display: block; font-family: 'Times New Roman',serif; text-align: right;"> **Considerando,** que al haberse resuelto y rechazado el recurso, de fecha 12 de abril de 1993, conocido en la audiencia celebrada, en fecha 20 de junio de 1993, es obvio que el segundo recurso que se examina, interpuesto en fecha lro. de abril del mismo mes y año, y conocido en la audiencia de fecha 23 de octubre de 1996, debe ser declarado inadmisible, pues según se ha dicho en parte anterior de la presente, no pueden interponerse por la misma parte dos recursos sucesivos contra una misma sentencia;

<span style="color: #ff0900; display: block; font-family: 'Times New Roman',serif; text-align: right;"> Por tales motivos, Primero: Declara inadmisible el recurso de casación interpuesto por Flores del Sol, S. A., el día lro de abril de 1993, contra la sentencia dictada por la Cámara Civil, Comercial y de Trabajo del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de La Vega, en fecha 25 de marzo de 1993, en sus atribuciones laborales, cuyo dispositivo se ha copiado en parte anterior del presente fallo; Segundo: Que al no haber solicitado el recurrido, por haber hecho defecto, que la recurrente fuera condenada al pago de las costas, no procede pronunciarlas en el caso.

<span style="color: #ff0900; display: block; font-family: 'Times New Roman',serif; text-align: right;"> Firmado: Juan Guiliani Vólquez., Juan Luperón Vásquez, Julio Aníbal Suárez y Enilda Reyes Pérez. Grimilda Acosta, Secretaria General.

<span style="color: #ff0900; display: block; font-family: 'Times New Roman',serif; text-align: right;"> La presente sentencia ha sido dada y firmada por los señores Jueces que figuran en su encabezamiento en la audiencia pública del día, mes y año en él expresados y fue firmada, leída y publicada por mí, Secretaria General, que certifico. **<span style="color: #666666; font-family: 'Times New Roman','serif';">B.J. NO. 1043, OCTUBRE 1997 ** <span style="color: #666666; display: block; font-family: 'Times New Roman',serif; text-align: right;">Sentencia impugnada: Corte de Apelación de San Francisco de Macorís, el 16 de diciembre de 1993.

<span style="color: #666666; display: block; font-family: 'Times New Roman',serif; text-align: right;"> Materia: Laboral.

<span style="color: #666666; display: block; font-family: 'Times New Roman',serif; text-align: right;"> Recurrente: Amparo Villa.

<span style="color: #666666; display: block; font-family: 'Times New Roman',serif; text-align: right;"> Abogado: Dr. Héctor Ramón Portuondo Díaz.

<span style="color: #666666; display: block; font-family: 'Times New Roman',serif; text-align: right;"> Recurrido: Manuel de Jesús González.

<span style="color: #666666; display: block; font-family: 'Times New Roman',serif; text-align: right;"> Abogados: Dres. S. Salvador Forastieri (hijo) y Porfirio Hernández Quezada. **<span style="color: #666666; font-family: 'Times New Roman','serif';">Considerando, **<span style="color: #666666; font-family: 'Times New Roman','serif';"> que tratándose de una demanda en cobro de valores por concepto de preaviso y auxilio de cesantía, el plazo de la prescripción que se aplica en el caso es el de dos meses establecido en el ordinal 2, del artículo 702, del Código de Trabajo, para las acciones en pago de las cantidades correspondientes al desahucio y al auxilio de cesantía, que fue el aplicado por la Corte a-qua, por lo que el medio que se examina carece de fundamento y procede ser desestimado;

<span style="color: #666666; display: block; font-family: 'Times New Roman',serif; text-align: right;"> **Considerando,** que en el desarrollo de su segundo medio de casación, el recurrente expresa, lo siguiente: "que la sentencia se acoge en términos jurídicos al artículo 29, sin respetar el texto completo de ese artículo que dice en su primera parte que los trabajos qué solo duran parte del año terminan sin responsabilidad para las partes, con el término del contrato, pero la Corte omitió la otra parte del artículo 29, que dice que los trabajos que se extienden por encima de los cuatro meses confieren al trabajador el derecho a la asistencia económica que establece el artículo 82 del mismo Código;

<span style="color: #666666; display: block; font-family: 'Times New Roman',serif; text-align: right;"> **Considerando,** que al declarar inadmisible la demanda del recurrente, por prescripción de la acción, la Corte no podía hacer consideraciones sobre el fondo de la demanda y la procedencia de la reclamación del recurrente, pues uno de los efectos de las inadmisibilidades es que impide la discusión del fondo de un asunto, no pudiéndosele atribuir a la sentencia impugnada el vicio de no ponderar los méritos de la acción ejercida por el recurrente, ni de no analizar los hechos de la demanda, pues como consecuencia de su fallo no podía hacerlo, razón por la cual el medio que se examina carece de fundamento, por lo que procede ser desestimado;

<span style="color: #666666; font-family: 'Times New Roman','serif';"> Por tales motivos, **<span style="color: #666666; font-family: 'Times New Roman','serif';">Primero: **<span style="color: #666666; font-family: 'Times New Roman','serif';">Rechaza el recurso de casación interpuesto por Amparo Villa, contra la sentencia dictada, en sus atribuciones laborales, en fecha 16 de diciembre de 1993, por la Corte de Apelación de San Francisco de Macorís, cuyo dispositivo se ha copiado en parte anterior del presente fallo;**Segundo:** Condena al recurrente al pago de las costas, con distracción de las mismas en favor de los Dres. A. Salvador Forastieri y Porfirio Hernández Quezada, que afirman haberla avanzado en su totalidad.

<span style="color: #666666; display: block; font-family: 'Times New Roman',serif; text-align: right;"> Firmado: Juan Guiliani Vólquez, Juan Luperón Vásquez, Julio Aníbal Suárez y Enilda Reyes Pérez. Grimilda Acosta, Secretaria General.

<span style="color: #666666; display: block; font-family: 'Times New Roman',serif; text-align: right;"> La presente sentencia ha sido dada y firmada por los señores Jueces que figuran en su encabezamiento en la audiencia pública del día, mes y año en él expresados y fue firmada, leída y publicada por mí, Secretaria General, que certifico. **<span style="color: #666666; font-family: 'Times New Roman','serif';">B.J. NO. 1043, OCTUBRE 1997 ** <span style="color: #666666; display: block; font-family: 'Times New Roman',serif; text-align: right;">Sentencia impugnada: Corte de Trabajo del Distrito Nacional, el 21 de abril del 1995.

<span style="color: #666666; display: block; font-family: 'Times New Roman',serif; text-align: right;"> Materia: Laboral

<span style="color: #666666; display: block; font-family: 'Times New Roman',serif; text-align: right;"> Recurrente: Astilleros Benítez, C. por A.

<span style="color: #666666; display: block; font-family: 'Times New Roman',serif; text-align: right;"> Abogado: Dr. Francisco Marino Vásquez María.

<span style="color: #666666; display: block; font-family: 'Times New Roman',serif; text-align: right;"> Recurrido: Juan Nelson Benítez.

<span style="color: #666666; display: block; font-family: 'Times New Roman',serif; text-align: right;"> Abogado: Dr. Francisco Marino Vásquez María. <span style="color: #666666; display: block; font-family: 'Times New Roman',serif; text-align: right;">En cuanto a la inadmisibilidad del recurso:

<span style="color: #666666; display: block; font-family: 'Times New Roman',serif; text-align: right;"> **Considerando,** que en su memorial de defensa, el recurrido solicita que se declare la inadmisibilidad del recurso de casación, por haberse notificado tardíamente a la parte recurrida, conforme al artículo 643 del Código de Trabajo, expresando, al respecto, lo siguiente: "que el recurso fue intentado, depositado en la secretaría de la Corte, en fecha 9 de abril de 1995, y que fue notificado a la parte recurrida, en fecha 18 de abril de 1995, es decir 9 días después de haberse intentado. En relación a lo expresado en el párrafo anterior, el artículo 643 del Código Laboral, establece de manera muy clara que "en los cinco días que sigan al depósito del recurso, el recurrente deberá notificar copia del mismo a la parte contraria. Desde ese punto de vista jurídico el recurso es inadmisible.";

<span style="color: #666666; display: block; font-family: 'Times New Roman',serif; text-align: right;"> **Considerando,** que si bien el artículo 643, del Código de Trabajo, dispone que el recurrente debe notificar copia del escrito contentivo del recurso de casación a la parte contraria, en los cinco días que sigan del depósito en la Secretaría del Tribunal que dictó la sentencia, dicho artículo, no contempla la inadmisibilidad del recurso no notificado en dicho plazo, no siendo aplicable las disposiciones del artículo 7 de la ley 3726, sobre Procedimiento de Casación, que pronuncia la caducidad del recurso cuando el recurrente no emplazare al recurrido en el término de treinta días, a contar de la fecha en que fue proveído por el Presidente, el Auto en que se autoriza el emplazamiento, en razón de que en materia laboral no existe el auto de proveimiento a que se refiere el indicado artículo 7, de la ley de Casación, no derivando la ley ninguna consecuencia del no cumplimiento de la formalidad de notificación del memorial de casación en el plazo que establece el artículo 643 ya referido, sobre todo, si, como en la especie, la notificación se hace en un término que no afecte el derecho de defensa del recurrido, por lo que el medio de inadmisibilidad carece de fundamento y procede ser rechazado;

<span style="color: #666666; display: block; font-family: 'Times New Roman',serif; text-align: right;"> **Considerando,** que en el desarrollo del primer medio, la recurrente expresa, en síntesis, lo siguiente: "En la especie, la recurrente, planteó un medio de inadmisión y, el Tribunal a-quo sin darle oportunidad de defenderse sobre el fondo, falló el fondo del asunto. Esto basta por sí solo para la anulación de la sentencia impugnada.";

<span style="color: #666666; display: block; font-family: 'Times New Roman',serif; text-align: right;"> **Considerando,** que la sentencia impugnada, consigna que la recurrente, concluyó de la manera siguiente: "declara inadmisible la demanda laboral interpuesta por el Sr. Nelson Benítez, contra Astilleros Benitez C. por A., y/o Sobeida Ondina Peguero Vda. Benítez, por no ser el demandante empleada ni de la empresa Astilleros Benítez, C. por A., ni de la señora Sobeida Peguero Vda. Benítez; Segundo: que se nos conceda un plazo de 15 días para producir escrito ampliatorio de conclusiones vertidas con motivo de la parte demandada.";

<span style="color: #666666; display: block; font-family: 'Times New Roman',serif; text-align: right;"> **Considerando,** que en la sentencia impugnada no figura que la Corte a-qua pusiera en mora a la recurrente para la formulación de sus conclusiones sobre el fondo del recurso de apelación, ni que ésta presentara dichas conclusiones, antes o después de haberse decidido sobre el pedimento de inadmisibilidad que había planteado, sin embargo, en el dispositivo de la sentencia impugnada, aparece el rechazo de las conclusiones sobre el fondo del recurso de la recurrente;

<span style="color: #666666; display: block; font-family: 'Times New Roman',serif; text-align: right;"> **Considerando,** que frente al rechazo del medio de inadmisibilidad presentado por la recurrente, la Corte a-qua debió, antes de fallar el fondo del recurso, darle oportunidad para que presentara sus conclusiones sobre lo principal: que las disposiciones del artículo 534 del Código de Trabajó que dispone que el Juez decidirá en una sola sentencia sobre el fondo y sobre los incidentes, si los ha habido, es a condición de que las partes previamente se hubieren pronunciado, sobre el fondo o que por lo menos se le hubiere dado la oportunidad de hacerlo, pues de lo contrario se violaría su derecho a la defensa, como sucedió en la especie, razón por la cual la sentencia debe ser casada, sin necesidad de examinar los demás medios del recurso;

<span style="color: #666666; font-family: 'Times New Roman','serif';"> Por tales motivos, **<span style="color: #666666; font-family: 'Times New Roman','serif';">Primero: **<span style="color: #666666; font-family: 'Times New Roman','serif';"> Casa la sentencia dictada, en sus atribuciones laborales, por la Corte de Trabajo del Distrito Nacional, el 21 de abril de 1995, cuyo dispositivo ha sido transcrito anteriormente y envía el asunto por ante la segunda Sala de la Corte de Trabajo del Distrito Nacional; **<span style="color: #666666; font-family: 'Times New Roman','serif';">Segundo: **<span style="color: #666666; font-family: 'Times New Roman','serif';">Compensa las costas.

<span style="color: #666666; display: block; font-family: 'Times New Roman',serif; text-align: right;"> Firmado: Juan Guiliani Vólquez, Juan Luperón Vásquez, Julio Aníbal Suárez y Enilda Reyes Pérez. Grimilda Acosta, Secretaria General.

<span style="color: #666666; display: block; font-family: 'Times New Roman',serif; text-align: right;"> La presente sentencia ha sido dada y firmada por los señores Jueces que figuran en su encabezamiento en la audiencia pública del día, mes y año en él expresados y fue firmada, leída y publicada por mí, Secretaria General, que certifico.

<span style="color: #666666; display: block; font-family: 'Times New Roman',serif; text-align: right;"> **B.J. NO. 1043, OCTUBRE 1997** <span style="color: #666666; display: block; font-family: 'Times New Roman',serif; text-align: right;">Sentencia impugnada: Tribunal Superior de Tierras, en fecha 16 de septiembre de 1993.

<span style="color: #666666; display: block; font-family: 'Times New Roman',serif; text-align: right;"> Materia: Tierras.

<span style="color: #666666; display: block; font-family: 'Times New Roman',serif; text-align: right;"> Recurrente: Julia María Rodríguez y compartes.

<span style="color: #666666; display: block; font-family: 'Times New Roman',serif; text-align: right;"> Abogado: Dr. Felipe García Hernández.

<span style="color: #666666; display: block; font-family: 'Times New Roman',serif; text-align: right;"> Recurrido: Ana Fiordaliza Francisca Tavares.

<span style="color: #666666; display: block; font-family: 'Times New Roman',serif; text-align: right;"> Abogado: Lic. José Cristóbal Flores.

**<span style="color: #666666; font-family: 'Times New Roman','serif';">considerando, **<span style="color: #666666; font-family: 'Times New Roman','serif';"> que en relación con este punto de la litis, en la sentencia impugnada, consta que el Tribunal a-quo, rechazó las conclusiones de los recurrentes después de comprobar que los inmuebles de que se trata tenían más de 20 años de saneados y registrados, mediante decisiones irrevocables, con lo que quedaron aniquilados todos los documentos y alegados derechos de los recurrentes, lo que ha verificado esta Suprema Corte de Justicia al examinar las certificaciones expedidas por el Registrador de Títulos de Santiago, depositadas por los propios recurrentes y en las cuales consta lo siguiente: "Parcela 387, D. C. No. 6 Municipio de Santiago, sitio y lugar de Gurabo amparada en el Certificado de Título No. 92 del Libro No. ll, conforme Decreto No. 48-1302 de fecha 22 de junio de 1948, a favor de Domingo Zacarías Abinader, quien conforme acto de fecha 5 de enero de 1949, legalizado por el notario público, para el municipio de Santiago, José E. Reinoso, vende a la Sra. Minerva Josefina Jorge Canahuate, amparada actualmente en el Certificado de Título No. 150, del libro 13, Parcela 389, D. C. No. 6, Santiago, registrada a favor de María de Jesús Núñez, amparada en el Cert. de Título No. 3, del libro 12, conforme Decreto de Registro No. 48-1603, de fecha 17 de junio de 1948, transferido al libro No. 501, folio 71, Cert. de Título No. 22 a favor de los sucesores de la señora María de Jesús Núñez, conforme Resolución de fecha 2 de septiembre de 1993; Parcela No.390, D. C. No. 6, Municipio de Santiago, sitio Gurabo, registrada a nombre de José María Santos, en virtud de Decreto de registro No. 48-1604, de fecha 27 de julio de 1948, amparado en el Certificado de Título No. 7, del libro No. 12, transferida a favor de Mera, Muñoz y Fondeur, S. A., y de los sucesores de José María Santos, en la proporción de un 50% para cada parte, en fecha 12 de abril de 1977; Parcela No.398, D. C. No. 6, Municipio de Santiago, sitio de Gurabo, registrada a nombre de Domingo Zacarías Abinader, conforme Decreto de Registro No. 481302, de fecha 22 de junio de 1948, amparada en el Cert. de Título No. 92 del libro No. ll, transferida en favor de Minerva Josefina Jorge Canahuate, acto de fecha 5 de enero de 1949, otorgado por el Sr. Domingo Zacarías Abinader, legalizado por el Notario Público de Santiago José E. Reinoso"; que por consiguiente, al rechazar las conclusiones de los recurrentes el Tribunal a-quo, se fundó para ello, en las pruebas aportadas, sin necesidad de ordenar ninguna medida de instrucción, usando para ello de los poderes puramente discrecionales que tienen los jueces en esta materia, para disponer o no acerca de las medidas que les sean solicitadas o de cuantas estimen útiles o no, de conformidad con lo que establece el inciso 9 del artículo 11 de la Ley de Registro de Tierras, por lo que al no ejercer esa facultad, no puede dar apertura a casación, máximo cuando como en la especie los derechos que pretenden los recurrentes, quedaron aniquilados o extinguidos con la sentencia que puso término al saneamiento como se ha expresado antes, por lo que el segundo y tercer medios del recurso, también deben ser desestimados por carecer de fundamento;

<span style="color: #666666; display: block; font-family: 'Times New Roman',serif; text-align: right;"> **Considerando,** que en cuanto se refiere a la parcela No. 396, del D. C. No. 6 del Municipio de Santiago, en la sentencia impugnada se hace constar: "que el Tribunal a-quo determinó los herederos del finado Placido Tavares en relación a la Parcela No. 396, Distrito Catastral No. 6, Municipio de Santiago, en favor de su hija natural reconocida Ana Delia Tavares Núñez; que el Lic. Santiago Nolasco Núñez Santana a nombre de la señora Ana Fiordaliza Francisca Tavares Cruz, impugnó tal determinación de herederos, ante este Tribunal de alzada, teniendo como fundamento la documentación anexa a su instancia de fecha 22 de junio del 1992, entre los cuales figuran un acta de matrimonio celebrado el 24 de abril del 1947, entre los señores Plácido de Jesús Tavares y Juana Cruz, así como el acta de nacimiento de Ana Fior D' Aliza Francisca, reconstruida por sentencia No. 600, en fecha 30 de diciembre del 1990, según nota al pié de la misma; que las actas del estado civil sometidas, las cuales no tuvo oportunidad de ponderar el Juez a-quo, imponen a este Tribunal, revocar los ordinales 2 y 3 de la decisión apelada y ordenar un nuevo juicio en relación a la determinación de herederos del finado Plácido Tavares en cuanto al inmueble señalado"; que al ordenar el Tribunal a-quo la celebración de un nuevo juicio de conformidad con los artículos 21 y 128 y siguientes de la Ley de Registro de Tierras por los motivos y con las limitaciones contenidas en ese aspecto de su decisión, lo que no cae bajo el control de la casación y designar al mismo Juez de Jurisdicción Original que conoció del caso en primer grado, no incurrió con ello en ninguna violación, puesto que a ello no se opone el artículo 21 de la Ley de Registro de Tierras, salvo el derecho que tienen las partes de recusar al juez cuando exista un motivo legítimo para ello;

<span style="color: #666666; display: block; font-family: 'Times New Roman',serif; text-align: right;"> **Considerando,** que los Jueces del fondo son soberanos en la apreciación del valor de las pruebas, siempre que como en el caso ocurrente no las desnaturalicen y que esa apreciación escapa al control de la casación; que además la sentencia impugnada contiene una adecuada y suficiente exposición de los hechos y una correcta aplicación del derecho que justifican su dispositivo;

<span style="color: #666666; font-family: 'Times New Roman','serif';"> Por tales motivos**, Primero:** Rechaza el recurso de casación interpuesto por Julia María Rodríguez, contra la decisión No. 5 dictada por el Tribunal Superior de Tierras, en fecha 16 de septiembre de 1993, cuyo dispositivo ha sido copiado en parte anterior; **<span style="color: #666666; font-family: 'Times New Roman','serif';">Segundo: **<span style="color: #666666; font-family: 'Times New Roman','serif';">que al no haber solicitado la recurrida, por haber hecho defecto, que los recurrentes fueran condenados al pago de las costas no procede pronunciar en el caso;

<span style="color: #666666; display: block; font-family: 'Times New Roman',serif; text-align: right;"> Firmado: Juan Guiliani Vólquez, Juan Luperón Vásquez y Enilda Reyes Pérez. Grimilda Acosta, Secretaria General.

<span style="color: #666666; display: block; font-family: 'Times New Roman',serif; text-align: right;"> La presente sentencia ha sido dada y firmada por los señores Jueces que figuran en su encabezamiento en la audiencia pública del día, mes y año en él expresados y fue firmada, leída y publicada por mí, Secretaria General, que certifico.

**<span style="color: #666666; font-family: 'Times New Roman','serif';">B.J. NO. 1043, OCTUBRE 1997 ** <span style="color: #666666; display: block; font-family: 'Times New Roman',serif; text-align: right;">Sentencia impugnada: Corte de Trabajo del Distrito Nacional, el 11 de febrero de 1993.

<span style="color: #666666; display: block; font-family: 'Times New Roman',serif; text-align: right;"> Materia: Laboral.

<span style="color: #666666; display: block; font-family: 'Times New Roman',serif; text-align: right;"> Recurrente: Alexis Ramos Brusiloff.

<span style="color: #666666; display: block; font-family: 'Times New Roman',serif; text-align: right;"> Abogado: Dres. José E. Hernández Machado y Luis Randolfo Castillo Mejía.

<span style="color: #666666; display: block; font-family: 'Times New Roman',serif; text-align: right;"> Recurrido: Nelson Rivera.

<span style="color: #666666; display: block; font-family: 'Times New Roman',serif; text-align: right;"> Abogado: Dr. Ronolfido López B.

<span style="color: #666666; display: block; font-family: 'Times New Roman',serif; text-align: right;"> Considerando, que en dicha sentencia se atribuye a la parte recurrida, en grado de apelación, solicitar que se revoque en todas sus partes la sentencia de primer grado, a pesar de que dicha revocación iba en contra de sus intereses;

<span style="color: #666666; display: block; font-family: 'Times New Roman',serif; text-align: right;"> **Considerando**, que en torno a la solicitud de inadmisibilidad de la recurrente, la Corte a-qua, expresó lo siguiente: "que toda demanda en esta materia debe constar con el preliminar de conciliación, so pena de nulidad. Que no existe nulidad alguna, al menos que los hechos sean de tal gravedad que se imposibilite el conocimiento del fondo del proceso. Que nadie puede ser juzgado sin previamente haber sido citado, se desprende de esta situación que la parte recurrente fue notificado. Que el preliminar de conciliación es un requisito sine qua non, para el conocimiento de toda demanda en materia laboral.";

<span style="color: #666666; display: block; font-family: 'Times New Roman',serif; text-align: right;"> **Considerando,** que estas motivaciones, se circunscriben a la cita de principios y textos legales de aplicación general, pero no conllevan un análisis de los hechos alegados por la recurrente para formular su pedimento de inadmisibilidad de la demanda, por un lado y de nulidad por otro, a la vez que resultan contradictorias, al citarse principios que favorecen la posición procesal de la recurrente, mientras se le rechazan sus pedimentos;

<span style="color: #666666; display: block; font-family: 'Times New Roman',serif; text-align: right;"> **Considerando,** que la sentencia recurrida no contiene una motivación suficiente, ni una relación completa de los hechos de la causa, lo que no permite verificar a esta corte, si la ley ha sido bien o mal aplicada, razón por la cual procede la casación de la misma;

<span style="color: #666666; display: block; font-family: 'Times New Roman',serif; text-align: right;"> Por tales motivos, Primero: Casa la sentencia dictada, en sus atribuciones laborales, por la Corte de Trabajo del Distrito Nacional, el 11 de febrero de 1993, cuyo dispositivo ha sido transcrito anteriormente y envía el asunto a la Segunda Sala de la Corte de Trabajo del Distrito Nacional; Segundo: Compensa las costas.

<span style="color: #666666; display: block; font-family: 'Times New Roman',serif; text-align: right;"> Firmado: Juan Guiliani Vólquez, Juan Luperón Vásquez y Enilda Reyes Pérez. Grimilda Acosta, Secretaria General.

<span style="color: #666666; display: block; font-family: 'Times New Roman',serif; text-align: right;"> La presente sentencia ha sido dada y firmada por los señores Jueces que figuran en su encabezamiento en la audiencia pública del día, mes y año en él expresados y fue firmada, leída y publicada por mí, Secretaria General, que certifico. **<span style="color: #666666; font-family: 'Times New Roman','serif';">B.J. NO. 1043, OCTUBRE 1997 ** <span style="color: #666666; display: block; font-family: 'Times New Roman',serif; text-align: right;">Sentencia impugnada: Cámara de Trabajo del Distrito Nacional, en fecha 8 de marzo de 1990.

<span style="color: #666666; display: block; font-family: 'Times New Roman',serif; text-align: right;"> Materia: Laboral.

<span style="color: #666666; display: block; font-family: 'Times New Roman',serif; text-align: right;"> Recurrente: Autoridad Portuaria Dominicana.

<span style="color: #666666; display: block; font-family: 'Times New Roman',serif; text-align: right;"> Abogado: Dr. Luis Eduardo Abreu Rodríguez.

<span style="color: #666666; display: block; font-family: 'Times New Roman',serif; text-align: right;"> Recurrido: Máximo de la Rosa y compartes.

<span style="color: #666666; display: block; font-family: 'Times New Roman',serif; text-align: right;"> Abogado: Dr. César Darío Adames Figueroa. **<span style="color: #666666; font-family: 'Times New Roman','serif';">Considerando, **<span style="color: #666666; font-family: 'Times New Roman','serif';">que en su memorial de defensa, el recurrido solicita la caducidad del recurso de casación, bajo el alegato de que el auto de admisión fue expedido en fecha 15 de agosto del año 1990 y sin embargo a él no se le notificó, sino que fue dejado tirado en la oficina del Dr. Soufront, habiéndose enterado el día 19 de esa acción, lo que constituye que no hubo notificación del recurso en el plazo que establece la ley;

<span style="color: #666666; display: block; font-family: 'Times New Roman',serif; text-align: right;"> **Considerando,** que el artículo 7 de la ley 3726, de fecha 23 de noviembre del año 1966, dispone que "Habrá caducidad del recurso, cuando el recurrente no emplazare al recurrido en el término de treinta días, a contar de la fecha en que fue proveido por el Presidente el auto en que se autoriza el emplazamiento. Esta caducidad será pronunciada a pedimento de parte interesada o de oficio.";

<span style="color: #666666; display: block; font-family: 'Times New Roman',serif; text-align: right;"> **Considerando,** que del estudio del expediente se verifica que en el acto de alguacil No. 90/039, diligenciado, en fecha 3 de septiembre del año 1990, por el ministerial Lorenzo Navarro Martínez, alguacil ordinario de la Sexta Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional, donde se hace constar que dicho ministerial se trasladó a la casa No. 101, altos, de la calle Francisco J. Peynado, de esta ciudad, domicilio de elección de los recurridos, a notificarle el recurso de casación a requerimiento del recurrente, no se expresa la persona con quien se habló en el lugar del traslado y en cambio en el espacio reservado para estos fines está escrito a mano la expresión "dejado en oficina", consignándose más adelante la frase "no quiso recibirlo", lo que es una evidencia de que el referido acto no fue recibido por ninguna persona, por lo que no constituye un acto de emplazamiento, lo que significa que el recurrente no dio cumplimiento a las disposiciones del referido artículo 7, de la Ley sobre Procedimiento de Casación, que le obligaba a notificar el recurso de casación y el auto de admisión en el plazo de treinta días a partir de la expedición de este último, razón por la cual procede declarar la caducidad del recurso;

<span style="color: #666666; display: block; font-family: 'Times New Roman',serif; text-align: right;"> Por tales motivos, Primero: Se declara la caducidad del recurso de casación interpuesto por Autoridad Portuaria Dominicana, contra la sentencia dictada, en sus atribuciones laborales, por la Cámara de Trabajo del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional, el 8 de marzo de 1990, cuyo dispositivo ha sido transcrito en parte anterior del presente fallo; Segundo: Condena a la recurrente al pago de las costas, en provecho del Dr. César Darío Adames, quién afirma haberlas avanzado en su totalidad;

<span style="color: #666666; display: block; font-family: 'Times New Roman',serif; text-align: right;"> Firmado: Juan Guiliani Vólquez, Juan Luperón Vásquez y Enilda Reyes Pérez. Grimilda Acosta, Secretaria General.

<span style="color: #666666; display: block; font-family: 'Times New Roman',serif; text-align: right;"> La presente sentencia ha sido dada y firmada por los señores Jueces que figuran en su encabezamiento en la audiencia pública del día, mes y año en él expresados y fue firmada, leída y publicada por mí, Secretaria General, que certifico. **<span style="color: #666666; font-family: 'Times New Roman','serif';">B.J. NO. 1043, OCTUBRE 1997 ** <span style="color: #666666; display: block; font-family: 'Times New Roman',serif; text-align: right;">Sentencia impugnada: Corte de Trabajo del Distrito Nacional, en fecha 20 de febrero de 1997.

<span style="color: #666666; display: block; font-family: 'Times New Roman',serif; text-align: right;"> Materia: Laboral.

<span style="color: #666666; display: block; font-family: 'Times New Roman',serif; text-align: right;"> Recurrente: Solamente, S. A.

<span style="color: #666666; display: block; font-family: 'Times New Roman',serif; text-align: right;"> Abogado: Lic. Kélmer Messina Bruno y el Dr. Wilfrido Suero Díaz.

<span style="color: #666666; display: block; font-family: 'Times New Roman',serif; text-align: right;"> Recurrido: Alejandro Estévez.

<span style="color: #666666; display: block; font-family: 'Times New Roman',serif; text-align: right;"> Abogado: Licda. Yanis C. Alcántara García. **<span style="color: #666666; font-family: 'Times New Roman','serif';">Considerando, **<span style="color: #666666; font-family: 'Times New Roman','serif';"> que para establecer la existencia del contrato de trabajo negado por la recurrida, la Corte a-qua, se basó en las disposiciones del artículo 15 del Código de Trabajo, que presume la existencia del contrato de trabajo cuando existe una relación de trabajo;

<span style="color: #666666; display: block; font-family: 'Times New Roman',serif; text-align: right;"> **Considerando,** que para que opere la presunción del contrato de trabajo, es necesario que se demuestre que una persona prestó un servicio personal a otra, que es lo que constituye una relación de trabajo; que en la sentencia impugnada, no se indica como el tribunal determinó que el demandante prestó sus servicios personales a la demandada para presumir la existencia del contrato de trabajo;

<span style="color: #666666; display: block; font-family: 'Times New Roman',serif; text-align: right;"> **Considerando,** que de igual manera, la sentencia impugnada, expresa que del informativo realizado, se ha podido establecer la existencia del contrato de trabajo, tiempo y duración de salario del trabajador; indicando además que por no asistir la recurrente a la información testimonial, se determinó la existencia del hecho material del despido, el cual por no haberlo comunicado el empleador se convirtió en injustificado;

<span style="color: #666666; display: block; font-family: 'Times New Roman',serif; text-align: right;"> **Considerando,** que tal como invocó la recurrente, la Corte a-qua hace mención de la celebración de un informativo testimonial, deduciendo que de esa medida de introducción se probaron los hechos de la demanda, pero la sentencia no tiene una relación completa de esos hechos ni un análisis ponderado de los resultados de la medida de instrucción celebrada, por lo que la sentencia carece de motivos suficientes y de base legal que impide determinar a esta Corte, si la ley fue bien o mal aplicada, por lo que procede casar dicha sentencia, sin necesidad de examinar los demás medios del recurso;

<span style="color: #666666; display: block; font-family: 'Times New Roman',serif; text-align: right;"> Por tales motivos: Primero: Casa la sentencia dictada, en sus atribuciones laborales, en fecha 20 de febrero de 1997, por la Corte de Trabajo del Distrito Nacional, cuyo dispositivo ha sido copiado en parte anterior del presente fallo; Segundo: Envía el asunto por ante la Segunda Sala de la Corte de Trabajo del Distrito Nacional; Tercero: Compensa las costas.

<span style="color: #666666; display: block; font-family: 'Times New Roman',serif; text-align: right;"> Firmado: Juan Guiliani Vólquez, Juan Luperón Vásquez, Enilda Reyes Pérez. Grimilda Acosta, Secretaria General.

<span style="color: #666666; display: block; font-family: 'Times New Roman',serif; text-align: right;"> La presente sentencia ha sido dada y firmada por los señores Jueces que figuran en su encabezamiento, en la audiencia pública del día, mes y año en él expresados, y fue firmada, leída y publicada por mí, Secretaria General, que certifico. **<span style="color: #666666; font-family: 'Times New Roman','serif';">B.J. NO. 1043, OCTUBRE 1997 ** <span style="color: #666666; display: block; font-family: 'Times New Roman',serif; text-align: right;">Sentencia impugnada: Corte de Trabajo del Distrito Nacional en fecha 30 de abril de 1997.

<span style="color: #666666; display: block; font-family: 'Times New Roman',serif; text-align: right;"> Materia: Laboral.

<span style="color: #666666; display: block; font-family: 'Times New Roman',serif; text-align: right;"> Recurrente: Talleres Alvarez y/o Héctor Alvarez.

<span style="color: #666666; display: block; font-family: 'Times New Roman',serif; text-align: right;"> Abogado: Lic. Severino A. Polanco H.

<span style="color: #666666; display: block; font-family: 'Times New Roman',serif; text-align: right;"> Recurrido: Mayelín Rodríguez.

<span style="color: #666666; display: block; font-family: 'Times New Roman',serif; text-align: right;"> Abogado: Lic. Carmen R. Alcántara. **<span style="color: #666666; font-family: 'Times New Roman','serif';">Considerando, **<span style="color: #666666; font-family: 'Times New Roman','serif';">que el abogado de los recurrentes, depositó en esta Corte una instancia que copiada textualmente expresa: "Al: Honorable Juez Presidente de la Honorable Suprema Corte de Justicia y demás Jueces que la integran en sus atribuciones de Corte de Casación; Asunto: Hacer formal depósito de acto notarial contentivo del desistimiento de demanda en reclamo de pago de prestaciones laborales por reintegración a la empresa demandada por parte de la trabajadora demandante; Honorables Magistrados: Quien suscribe, Lic. Severino A. Polanco H., abogado de los tribunales de la República, dominicano, portador de la cédula No.001-004223-3, con sello hábil, de este domicilio y residencia, con bufete profesional abierto en el Exp. V Centenario, Torre Profesional 1, apto.808, 7mo. piso y quien actúa en nombre y representación de Talleres Alvarez y/o Héctor Alvarez, quien mediante la presente instancia hace formal depósito del acto que se menciona en la presente instancia de conformidad con el recurso de casación que se detalla a continuación: Atendido; que en fecha 12 de mayo de 1997, la empresa Talleres Alvarez y Héctor Alvarez, interpuso un recurso de casación en contra de la sentencia, de fecha 30 de abril de 1997, dictada por la Segunda Sala de la Honorable Corte de Apelación de Trabajo del D. N., en favor de Mayelín Rodríguez, de generales que constan; ATENDIDO: A que la recurrida ha decidido reintegrarse a sus labores normales, de manera voluntaria y dejar sin efecto la demanda que hasta la fecha había mantenido en contra de la empresa, por entender que la misma no era necesaria y que su trabajo era más importante para ella y sus hijos, que realmente lo necesitan y por tales motivos retorna a sus labores. Santo Domingo, D. N., 10 de julio de 1997, (firmado) Lic. Severino A. Polanco H.; <span style="color: #666666; display: block; font-family: 'Times New Roman',serif; text-align: right;"> **Considerando,** que conjuntamente con esa instancia el abogado de la recurrente Lic. Severino A. Polanco H., depositó ante esta Corte un documento que copiado textualmente expresa: Desistimiento en demanda de prestaciones laborales "En la Ciudad de Santo Domingo, D. N., al 3 de julio de 1997, por ante mi, Dr. Máximo Julio Correa R., dominicano, mayor de edad, portador de la cédula No.001-0251437-9, con sello hábil, abogado Notario Público de los del número del D. N., con mi estudio profesional abierto en la calle Dr. Luis F. Thomen, No.255, del Ens. Evaristo Morales, en esta ciudad, asistido de los testigos que serán nombrados al final del presente acto, comparecieron los Sres. Héctor Alvarez B., dominicano, mayor de edad, casado, comerciante, portador de la cédula No.206774, serie 1ra., con sello hábil, domiciliado en esta ciudad en la calle Juan Erazo No. 216,Villas Agrícolas, y quien actúa a nombre y representación de la empresa Talleres Alvarez y Sr. Héctor Alvarez B., y de la otra parte la Sra. Mayelín Rodríguez, dominicana, mayor de edad, cédula No.245157, serie 1ra., soltera, secretaria, domiciliada y residente en la manzana 35, No.D-6-A, Las Caobas, en esta ciudad, quien en el presente documento la Sra. Mayelín Rodríguez, me ha declarado que a partir de la fecha del presente documento ha dejado sin efecto y sin ningún valor jurídico la demanda laboral en reclamo de pago de prestaciones laborales, que había incoado en fecha 20-4-95, por ante el Tribunal de Trabajo de Primera Instancia, en contra de la empresa Talleres Alvarez y/o Héctor Alvarez cuya demanda culminó con una sentencia a mi favor, y que la misma fue recurrida por ante la honorable Corte de Apelación de trabajo, en fecha 15-8-96, cuyo recurso culminó con un fallo a favor de la recurrida en fecha 30-4-97, cuya sentencia fue recurrida en casación mediante memorial de casación de fecha 12-5-97. Todo lo anteriormente expuesto he decidido dejarlo voluntariamente sin efecto, en virtud de que me he reintegrado de nuevo a la empresa, con las mismas condiciones y rango anterior a mi partida, dicho reintegro ha sido a partir del día primero del mes de julio de 1997. Las razones de mi reintegro obedece a que tengo hijos que mantener, y mi trabajo siempre estuvo a mi disposición, ya que en ningún momento fui despedida, y me doy cuenta de que dicha demanda no era necesaria por lo que mediante el presente documento doy constancia de lo anteriormente expuesto; por su parte el Sr. Héctor Alvarez, en sus ya expresadas calidades, nos declara que reintegra a su lugar de trabajo a la Sra. Mayelín, con las mismas condiciones anteriores y con igual jerarquía dentro de sus obligaciones anteriores y que la presente aceptación no implica en modo alguno aquiescencia de la demanda que se menciona en el presente documento sino que como habíamos alegado a todo lo largo del proceso de dicha demanda, jamás despedimos a la demandante y que la misma esperamos se suspenda con la reintegración voluntaria de la demandante a su lugar de trabajo y así poner feliz término al confuso incidente;

<span style="color: #666666; display: block; font-family: 'Times New Roman',serif; text-align: right;"> En la presente declaración jurada han comparecido como testigos instrumentales requeridos al efecto, los Sres. Antero de Jesús Peña dominicano, cédula No.1268, serie 72, domiciliado y residente en el Km. 8, carretera Sánchez, calle 3era. No.24, Barrio Enriquillo, y Adonia Batista, cédula No.339086, serie 1ra., domiciliada y residente en la carretera Sánchez Km. 8, calle Juan Alvarez No.89 parte atrás, en esta ciudad, quienes han comparecido libre y voluntariamente, libre de todas tachas y excepciones que establece la Ley, testigos instrumentales requeridos al efecto. Hecho y redactado en el lugar y fecha antes indicadas, En presencia de los Señores, que han comparecido para tales fines, quienes después de haber oído lectura del presente documento, procedieron a firmarlo junto conmigo, abogado notario público que certifico y doy fe. (firmado) Héctor Alvarez Brito, Mayelín Rodríguez, Antero de Jesús Peña y Adonia Batista, Dr. Máximo Julio Correa R., Notario Público.;

<span style="color: #666666; display: block; font-family: 'Times New Roman',serif; text-align: right;"> **Considerando,** que los documentos arriba copiados revelan que las partes en causa llegaron a un acuerdo transaccional, lo que justifica la falta de interés de la recurrente manifestada en la instancia sometida mediante el cual la parte recurrida fue desinteresada por el recurrente, lo que justifica la falta de interés de la recurrente, manifestada en la instancia sometida;

<span style="color: #666666; font-family: 'Times New Roman','serif';"> Por tales motivos, **<span style="color: #666666; font-family: 'Times New Roman','serif';">Primero: **<span style="color: #666666; font-family: 'Times New Roman','serif';">Da acta del desistimiento hecho por Talleres Alvarez, y/o Héctor Alvarez del recurso de casación interpuesto por él, contra la sentencia de fecha 30 de abril de 1997; **<span style="color: #666666; font-family: 'Times New Roman','serif';">Segundo: **<span style="color: #666666; font-family: 'Times New Roman','serif';">Declara que no ha lugar a estatuir acerca de dicho recurso, y ordena que el expediente sea archivado;

<span style="color: #666666; display: block; font-family: 'Times New Roman',serif; text-align: right;"> Firmado: Juan Guiliani Vólquez, Juan Luperón Vásquez, Enilda Reyes Pérez. Grimilda Acosta, Secretaria General.

<span style="color: #666666; display: block; font-family: 'Times New Roman',serif; text-align: right;"> La presente sentencia ha sido dada y firmada por los señores Jueces que figuran en su encabezamiento, en la audiencia pública del día, mes y año en él expresados, y fue firmada, leída y publicada por mí, Secretaria General, que certifico **<span style="color: #666666; font-family: 'Times New Roman','serif';">B.J. NO. 1043, OCTUBRE 1997 ** <span style="color: #666666; display: block; font-family: 'Times New Roman',serif; text-align: right;">Sentencia impugnada: Cámara de lo Civil, Comercial y de Trabajo del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de San Cristóbal, en fecha 13 de julio de 1992.

<span style="color: #666666; display: block; font-family: 'Times New Roman',serif; text-align: right;"> Materia: Laboral.

<span style="color: #666666; display: block; font-family: 'Times New Roman',serif; text-align: right;"> Recurrente: Baxter Travenol.

<span style="color: #666666; display: block; font-family: 'Times New Roman',serif; text-align: right;"> Abogados: Dres. Hugo Ramírez Lamarche y Angélica Noboa Pagán y el Lic. George Santoni Recio.

<span style="color: #666666; display: block; font-family: 'Times New Roman',serif; text-align: right;"> Recurrida: Violeta Garabito.

<span style="color: #666666; display: block; font-family: 'Times New Roman',serif; text-align: right;"> Abogado: Dr. Rubén Alfredo Carela V.   **<span style="color: #666666; font-family: 'Times New Roman','serif';">Considerando, **<span style="color: #666666; font-family: 'Times New Roman','serif';"> que conjuntamente con esa instancia el recurrente depositó ante esta Corte un documento que copiado textualmente expresa: ENTRE: Baxter Travenol (División Fenwal), una compañía organizada de acuerdo a las leyes de la Gran Caimán, con su domicilio en la República Dominicana en el Km. 8 1/2 de la carretera Sánchez, Municipio de Bajos de Haina, San Cristóbal, debidamente representada por su Gerente de Recursos Humanos, Licda. Soraya Aybar, dominicana, mayor de edad, casada, portadora de la cédula de identificación personal No. 253178, serie 1ra., domiciliada y residente en esta ciudad de Santo Domingo, de una parte, la que en lo adelante se denominará Baxter o por su nombre completo; y Violeta Garabito, cédula No.51755, serie 2da., domiciliada y residente en la calle 14 de No.46, Pueblo Nuevo, San Cristóbal, debidamente representada por el Dr. Rubén A. Carela Valenzuela, cuyas generales constan más adelante, en virtud del Poder Especial de fecha 10 de septiembre de 1990, de la otra parte, quien en lo adelante se denominará Garabito, o por su nombre completo; y Dr. Rubén A. Carela Valenzuela, cédula No.330772, serie 1ra., con estudio profesional abierto al público en el No.36 de la Carretera Sánchez Km. 15 del municipio de Haina, quien en lo adelante del presente contrato se denominará Carela, o por su nombre completo; Por cuanto: Garabito y su abogado constituido de una parte y de la otra Baxter y sus abogados constituidos Dr. Hugo Ramírez Lamarche y los Licdos. George Santoni Recio y Fernando Ciccone Pérez, han arribado a un acuerdo transaccional de todas las desavenencias que dieron lugar a la litis laboral que aún se ventila y que, a la fecha se está conociendo por ante la Suprema Corte de Justicia; Por Cuanto: Las partes han arribado a entendidos y acuerdos que deban hacer constar en el presente documento; Por Tanto: y en el entendido de que el anterior préambulo forma parte integral del presente acuerdo, las partes: Han convenido y pactado lo siguiente: ARTICULO PRIMERO: Objeto: Por medio del presente documento tanto Garabito como Baxter renuncian y desisten, pura y simplemente, de manera formal expresa e irrevocable, a toda acción, pretensión, reclamación, derecho, embargo, demanda, intereses e instancia que tengan y/o que pudieran tener frente a cada una de ellas y sus mandatarios, directores, empleados o accionistas y se hayan originado directa o indirectamente en los hechos y causas que fundamentaron su acción o demandas y recursos. En tal sentido, se otorgan cada una a la otra el descargo y finiquito más completo posible así como de todo perjuicio, daño o pérdida; PARRAFO: Igualmente tanto Garabito como Baxter, renuncian al beneficio de cualquier sentencia o decisión en su favor, con relación a sus demandas y recursos antes citados, que puedan ser dictadas por tribunal alguno, especialmente a la sentencia No.548, de fecha 13 de julio de 1992, dictada por la Cámara Civil, Comercial y de Trabajo del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de San Cristóbal; PARRAFO II: De la misma forma, el Dr. Rubén Carela Valenzuela, en su calidad de representante y mandatario ad-litem de Garabito, renuncia y desiste, en su propio nombre, pura y simplemente, de manera formal, expresa e irrevocable, a toda acción, pretensión, reclamación, derecho, embargo, demanda, interés e instancia que tenga o que pudiere tener frente a Baxter por concepto de honorarios de abogado, costas judiciales y otros derechos similares relacionados con la demanda precitada y en tal sentido otorga el descargo y finiquito legal más completo posible frente a Baxter; **ARTICULO SEGUNDO:** Ambito, los desistimientos, descargos y renuncias que se otorgan en el presente acuerdo, implican la extinción de todas las instancias pendientes entre las partes, y el aniquilamiento total y definitivo de todos los derechos, acciones e intereses en que se fundamentan las demandas y/o recursos antes indicados o que se relacionen con las mismas, directa o indirectamente, en hechos civiles o criminales, de manera que tales demandas no puedan ser repetidas ni puedan surgir otras que hubieren podido ser hechas, en virtud de la relación laboral que existió entre Garabito y Baxter; **ARTICULOTERCERO:** Montos, por los desistimientos, descargos y renuncias que se otorgan en el presente acuerdo Baxter hace un pago a Violeta Garabito de Cuatro Mil Pesos Oro (RD$4,000.00), mediante cheque No.005698, por concepto de pago de prestaciones laborales; y un pago al Dr. Rubén A. Carela Valenzuela, quien lo recibe a su propio nombre, por la suma de Tres Mil Pesos Oro con 00/100 (RD$3,000.00), mediante cheque No.005704, por concepto de pago de gastos y honorarios profesionales, todos del Banco Popular Dominicano, y expedidos en fecha 14 de diciembre de 1994; PARRAFO: Las partes reconocen que los pagos realizados constituyen la suma total de la presente transacción que incluye prestaciones laborales de Garabito y gastos y honorarios del abogado constituido, Dr. Rubén Carela Valenzuela, por lo que todos otorgan carta de recibo y finiquito legal por dichos valores en favor de Baxter Travenol (Fenwal División); ARTICULO CUARTO: La parte más diligente notificará a la Suprema Corte de Justicia, un ejemplar del presente acuerdo, a fin de que el litigio sea aniquilado en su totalidad y sea declarado por ésta como inexistente por haber cesado las causas que lo motivaban, así como sobreseído y archivado definitivamente; Hecho y Firmado en cinco originales de un mismo tenor y efecto, uno para cada una de las partes interesadas y otro original para ser notificado a la Suprema Corte de Justicia, Santo Domingo, 21 de diciembre de 1994, (firmados) Baxter Travenol (Fenwal División), Licda. Soraya Aybar, Lic. Fernando Ciccone Pérez, por sí y por el Dr. Hugo Ramírez Lamarche y Lic. George Santoni Recio, Dr. Rubén Carela Valenzuela, por sí y por Violeta Garabito. Yo, Lic. George H. Hernández Reynoso, Abogado-Notario Público de los del número del Distrito Nacional, Certifico y Doy Fe: Que las firmas que anteceden fueron puestas en mi presencia, libre y voluntariamente, por los señores Licda. Soraya Aybar, Lic. Fernando Ciccone Pérez, Dr. Rubén Carela Valenzuela de generales que constan, a quienes doy fe de conocer y quienes me han declarado que esas son las mismas que acostumbran usar en todos los actos de su vida y quienes afirman que leyeron y aprobaron, en todas sus partes, el indicado contrato antes de estampar sus firmas. Santo Domingo 21 de diciembre de 1994, (firmado) Notario Público.";

<span style="color: #666666; display: block; font-family: 'Times New Roman',serif; text-align: right;"> **Considerando,** que los documentos arriba copiados revelan que las partes en causa llegaron a un acuerdo transaccional, lo que justifica la falta de interés de la recurrente manifestada en la instancia sometida mediante el cual la parte recurrida fue desinteresada por el recurrente;

<span style="color: #666666; display: block; font-family: 'Times New Roman',serif; text-align: right;"> Por tales motivos, Primero: Da acta del desistimiento hecho por Baxter Travenol (División Fenwal), del recurso de casación interpuesto por él contra la sentencia de fecha 13 de julio de 1992; Segundo: Declara que no ha lugar a estatuir acerca de dicho recurso, y ordena que el expediente sea archivado;

<span style="color: #666666; display: block; font-family: 'Times New Roman',serif; text-align: right;"> Firmado: Juan Guiliani Vólquez,Juan Luperón Vásquez, Enilda Reyes Pérez. Grimilda Acosta, Secretaria General.

<span style="color: #666666; display: block; font-family: 'Times New Roman',serif; text-align: right;"> La presente sentencia ha sido dada y firmada por los señores Jueces que figuran en su encabezamiento en la audiencia pública del día, mes y año en él expresados y fue firmada, leída y publicada por mí, Secretaria General, que certifico. **<span style="color: #666666; font-family: 'Times New Roman','serif';">B.J. NO. 1043, OCTUBRE 1997 ** <span style="color: #666666; display: block; font-family: 'Times New Roman',serif; text-align: right;">Sentencia impugnada: Corte de Trabajo, en fecha 8 de noviembre de 1996.

<span style="color: #666666; display: block; font-family: 'Times New Roman',serif; text-align: right;"> Materia: Laboral.

<span style="color: #666666; display: block; font-family: 'Times New Roman',serif; text-align: right;"> Recurrente: Constructora Yobanna y/o Danilo Beato.

<span style="color: #666666; display: block; font-family: 'Times New Roman',serif; text-align: right;"> Abogados: Dres. Abel Alfonso Pérez Mirambeux y Jaime Enrique Farías Mere.

<span style="color: #666666; display: block; font-family: 'Times New Roman',serif; text-align: right;"> Recurrido: Pelagio Miguel Vásquez Marte.

<span style="color: #666666; display: block; font-family: 'Times New Roman',serif; text-align: right;"> Abogado: Lic. Francisco Suriel Morales.

<span style="color: #666666; display: block; font-family: 'Times New Roman',serif; text-align: right;"> **Considerando,** que los abogados de la recurrente, depositaron en esta Corte el acto No. 1470/96 m, de fecha 13 de diciembre de 1996, del alguacil Juan Medrano, ordinario de la Quinta Cámara Penal del D. N., a nombre y representación de Constructora Yobanna y/o Danilo Beato, copia del descargo legal definitivo otorgado por el señor Pelagio Miguel Vásquez Marte y su abogado apoderado Dr. Francisco Suriel Morales, de fecha 5 de diciembre de 1996, legalizada la firma por el Notario Público de los del número para el Distrito Nacional, Lic. Sebastián García Solis, mediante el cual dichos señores extienden recibo total, descargo, carta de pago y finiquito por la suma y conceptos estipulados en el mismo;

<span style="color: #666666; display: block; font-family: 'Times New Roman',serif; text-align: right;"> **Considerando,** que conjuntamente con el acto No. 1470/96 los recurrentes depositaron ante esta Corte un documento que copiado textualmente expresa: "DESCARGO LEGAL DEFINITIVO; Lic. Francisco Suriel M., dominicano, mayor de edad, portador de la cédula de identidad personal No. 95925, serie 1ra., abogado de los Tribunales de la República, miembro activo del Colegio de Abogados con Bufete Profesional abierto en la Pedro Livio Cedeño No. 41, esq. Ave. Duarte, Apto. 308, Ensanche Luperón D. N., abogado constituido y apoderado especial del señor Pelagio Miguel Vásquez Marte, dominicano, mayor de edad, portador de la cédula No. 49633, serie 31, domiciliado y residente en esta ciudad, en ocasión de la demanda en cobro de prestaciones laborales contra Constructora Yobanna y/o Danilo Beato, conforme acto introductivo de demanda depositada por ante la Secretaría del Juzgado de Trabajo del Distrito Nacional, notificado mediante el acto de avenir, de fecha 29 de mayo de 1995, No. 477/95, alguacil de estrado Gildaris Montilla C., por medio del presente acto otorga PODER DESCARGO LEGAL DEFINITIVO al demandado por la suma de RD$41,000.00 (Cuarenta y Un Mil Pesos Oro) moneda de curso legal dividido de la siguiente manera; la suma de RD$21,000.00 (Veintiún Mil Pesos Oro), por gastos judiciales y honorarios profesionales más la suma de RD$20,000.00 (Veinte Mil Pesos Oro) al llegar a un acuerdo transaccional amigable entre el abogado y demandado, por lo que el presente descargo deja definitivamente resuelto el caso anteriormente renunciando en consecuencia a cualquier reclamación presente o futura que se fundamente en la citada litis; por haber quedado desinteresados abogado y demandante. Dicho paro se realizó en efectivo dado en Santo Domingo, Distrito Nacional, Capital de la República Dominicana, a los Cinco (5) días del mes de diciembre del año Mil Novecientos Noventa y Seis (1996) (firmado) Lic. Francisco Suriel M., abogado del Sr. Pelagio Miguel Vásquez Marte; yo, Lic. Sebastián García Solis, Notario Público, de los del Número del Distrito Nacional, certifico y doy fe, de que la firma que aparece en el anverso de este documento fue puesta, libre y voluntariamente, por el Lic. Francisco Suriel M., persona a la cual identifico por su cédula de identidad y electoral, y quien me dijo bajo la fe del juramento que esa es la firma que acostumbra a usar en todos los actos de su vida, por lo cual debe dársele entera fe y crédito; hecho y redactado en mi estudio, en la ciudad de Santo Domingo, Distrito Nacional, Capital de la República Dominicana, a los Cinco (5) días del mes de diciembre del año Mil Novecientos Noventa y Seis (1996) (firmado) Lic. Sebastián García Solis, Notario Público.

<span style="color: #666666; display: block; font-family: 'Times New Roman',serif; text-align: right;"> **Considerando,** que los documentos arriba copiados revelan que las partes en causa llegaron a un acuerdo transaccional, lo que justifica la falta de interés de la recurrente manifestada en la instancia sometida mediante el cual la parte recurrente fue desinteresada por la recurrida, lo que justifica la falta de interés de la recurrente manifestada en la instancia sometida;

<span style="color: #666666; display: block; font-family: 'Times New Roman',serif; text-align: right;"> Por tales motivos, Primero: Da acta del desistimiento, hecho por la Constructora Yobanna y Danilo Beato, del recurso de casación por ellos interpuestos, contra la sentencia de fecha 8 de noviembre de 1996, dictada por la Primera Sala de la Corte de Apelación de Trabajo del Distrito Nacional, cuyo dispositivo ha sido copiado en parte anterior del presente fallo; Segundo: Declara que no ha lugar a estatuir acerca de dicho recurso y ordena que el expediente sea archivado;

<span style="color: #666666; display: block; font-family: 'Times New Roman',serif; text-align: right;"> Firmado: Juan Guiliani Vólquez, Juan Luperón Vásquez, Enilda Reyes Pérez. Grimilda Acosta, Secretaria General.

<span style="color: #666666; display: block; font-family: 'Times New Roman',serif; text-align: right;"> La presente sentencia ha sido dada y firmada por los señores Jueces que figuran en su encabezamiento, en la audiencia pública del día, mes y año en él expresados, y fue firmada, leída y publicada por mí, Secretaria General, que certifico. **<span style="color: #666666; font-family: 'Times New Roman','serif';">B.J. NO. 1043, OCTUBRE 1997 ** <span style="color: #666666; display: block; font-family: 'Times New Roman',serif; text-align: right;">Sentencia impugnada: Corte de Trabajo del Distrito Nacional, en fecha 11 de septiembre de 1995.

<span style="color: #666666; display: block; font-family: 'Times New Roman',serif; text-align: right;"> Materia: Laboral.

<span style="color: #666666; display: block; font-family: 'Times New Roman',serif; text-align: right;"> Recurrente: Mario Lama H.

<span style="color: #666666; display: block; font-family: 'Times New Roman',serif; text-align: right;"> Abogado: Dr. Luis Scheker Ortiz.

<span style="color: #666666; display: block; font-family: 'Times New Roman',serif; text-align: right;"> Recurrido: Genaro Toribio.

<span style="color: #666666; display: block; font-family: 'Times New Roman',serif; text-align: right;"> Abogado: Dr. Agustín P. Severino.

<span style="color: #666666; display: block; font-family: 'Times New Roman',serif; text-align: right;"> **Considerando,** que conjuntamente con esa instancia el recurrente depositó ante esta corte un documento que copiado textualmente expresa: "ENTRE: El Sr. Genaro Toribio, dominicano, cédula No. 6105, serie 40, domiciliado y residente en el Km. 26, de la Autopista Duarte, quien se denominará La Primera Parte; el cual tiene como abogado constituido y apoderado especial al Dr. Agustín P. Severino, dominicano, mayor de edad, cédula No. 5603-90, con estudio profesional abierto en la Avenida París Esq. Dr. Betances, Edif. 1, Apto.2-2-, Manzana D, quien en esa calidad también firma el presente acto conjuntamente con La Primera Parte; y la razón social la compañía Compañía de Inversiones, S. A., COINSA, entidad comercial organizada de acuerdo con las leyes dominicanas, con su domicilio social en la Autopista Duarte Km. 28, en Pedro Brand, de esta ciudad, debidamente representada en este acto por el Sr. Mario Lama, en calidad de accionista, dominicano, mayor de edad, cédula No. 49828-1, quien en lo adelante se denominará La Segunda Parte; el cual tiene como abogado al Dr. Luis A. Scheker Ortiz, dominicano, mayor de edad, casado, cédula No. 001-0190649-3, con estudio profesional abierto en el edificio Condominio Denisse II, Apto.101, de la calle Alberto Larancuent No.7 del Ens. Naco, de esta ciudad, quien en esa calidad también firma el presente acto; Por Cuanto: Que mediante el acto No. 651, de fecha 26 de agosto de 1994, notificado por el ministerial José Tomás Alvarez Almonte, Alguacil del Juzgado de Trabajo 2da. Sala del Distrito Nacional, La Primera Parte, lanzó una demanda en cobro de trabajo realizado y no pagado en contra de la Segunda Parte, de la cual fue apoderada la 1ra. Sala del Juzgado de Trabajo del Distrito Nacional; Por Cuanto: Que dicho Tribunal luego de varias audiencias produjo su sentencia al respecto en fecha 23 de febrero de 1995, fue rechazada la demanda por improcedente y carente de base legal y sobre todo por carecer de justas pruebas; Por Cuanto: Que dicha sentencia le fue notificada a la Primera Parte, por el acto del ministerial Domingo Antonio Núñez, quien no conforme con la misma, la recurrió en apelación en tiempo hábil; Por Cuanto: Que debidamente apoderada La primera Sala de la Corte de Trabajo de Santo Domingo del mencionado recurso y luego de varias audiencias, dicho tribunal produjo su sentencia al respecto en fecha 11 de septiembre de 1995, se revoca la sentencia del Tribunal a-quo y condena a la compañía Comercial de Inversiones, S. A., COINSA y/o Mario Lama, a pagarle al Sr. Genaro Toribio dos años y 5 meses de salarios, en razón del salario mínimo; Por Cuanto: Que concomitantemente con dicho recurso de casación, La Segunda Parte, solicitó a la Suprema Corte de Justicia la suspensión de la ejecución de la sentencia, en fecha 19 de septiembre de 1995; Por Cuanto: Que las partes en litis, tras haber sostenido varias reuniones amistosas, han resuelto avenirse por medio del presente contrato, a fin de darle término transaccionalmente a la litis descrita anteriormente, en la forma y manera que más adelante se expresan; Por Tanto: En el entendido de que el presente preámbulo forma parte íntegra de este acto. Se ha convenido y pactado lo siguiente: "FALLA:PRIMERO: Por medio del presente acto bajo firma privada, las partes han decidido desistir pura y simplemente, desde ahora y para siempre, por haber desaparecido el interés que tenían en las mismas, de las sentencias y recursos descritos en el preámbulo de este contrato; SEGUNDO: Que como compensación económica sobre el desistimiento que los contratantes se otorgan recíprocamente, La Segunda Parte pagará, en la fecha de hoy a la Primera Parte y a su abogado constituido, las siguientes sumas de dinero: a) Veinticinco Mil Pesos Oro Dominicanos (RD$25,000.00), en favor del Sr. Genaro Toribio; b) Quince Mil Pesos Oro Dominicanos (RD$15,000.00), en favor del Dr. Agustín P. Severino;TERCERO: La primera parte y el Dr. Agustín P. Severino con motivo del recibo de las sumas de dinero antes mencionadas, otorgan en favor de La Segunda Parte, por este mismo acto, recibo de descargo, y finiquito legal y declaran al mismo tiempo que no tienen nada más que reclamarle a dicha Segunda Parte por el concepto ya mencionado; CUARTO: Las partes dejan a la iniciativa de la más diligente de cualquiera de ellas el depósito del presente documento ante la Suprema Corte de Justicia, a fin de obtener el sobreseimiento definitivo del recurso de casación pendiente de conocimiento y fallo incoado por La Segunda Parte; QUINTO: Las Partes convienen que la presente transacción tiene entre ellas la autoridad de la cosa juzgada en última instancia, de conformidad con las disposiciones del artículo 2052 del Código Civil Dominicano; Hecho y Firmado en dos (2) originales de un mismo tenor y efecto, una para cada parte, en la ciudad de Santo Domingo, Distrito Nacional capital de la República Dominicana, a los ll días del mes de enero de 1996. (Firmados) Genaro Toribio, Dr Agustín P. Severino, Mario Lama y Dr. Luis A. Scheker Ortiz, yo, Licda. Igna T. Brito Simonó, abogado Notario Público de los del Número del Distrito Nacional, con mi estudio profesional abierto en la Avenida 27 de Febrero No. 422 de esta ciudad; Certifico y Doy Fe que las firmas que anteceden fueron puestas en mi presencia, libre y voluntariamente por los señores Genaro Toribio, Dr. Agustín P. Severino, Mario Lama y Dr. Luis A. Scheker Ortiz, de generales anotadas y quienes me han declarado que esas son las mismas que usan en todos sus actos públicos y privados. En la ciudad de Santo Domingo, Distrito Nacional, Capital de la República Dominicana, a los ll días del mes de enero del año 1996; (firmado) Lic. Igna T. Brito Simonó";

<span style="color: #666666; display: block; font-family: 'Times New Roman',serif; text-align: right;"> **Considerando,** que los documentos arriba copiados, demuestran que las partes en causa llegaron a un acuerdo transaccional, mediante el cual la parte recurrida fue desinteresada por el recurrente, lo que justifica la falta de interés de la recurrente manifestada en la instancia sometida;

<span style="color: #666666; display: block; font-family: 'Times New Roman',serif; text-align: right;"> Por tales motivos, Primero: Da acta del desistimiento hecho por Comercial de Inversiones, S. A., COINSA y/o Mario Lama H., del recurso de casación interpuesto por él contra la sentencia de fecha 11 de septiembre de 1995; Segundo: Declara que no ha lugar a estatuir acerca de dicho recurso; Tercero:Ordena que el expediente sea archivado.

<span style="color: #666666; display: block; font-family: 'Times New Roman',serif; text-align: right;"> Firmado: Juan Guiliani Vólquez, Juan Luperón Vásquez y Enilda Reyes Pérez. Grimilda Acosta, Secretaria General.

<span style="color: #666666; display: block; font-family: 'Times New Roman',serif; text-align: right;"> La presente sentencia ha sido dada y firmada por los señores Jueces que figuran en su encabezamiento en la audiencia pública del día, mes y año en él expresados y fue firmada, leída y publicada por mí, Secretaria General, que certifico. **<span style="color: #666666; font-family: 'Times New Roman','serif';">B.J. NO. 1043, OCTUBRE 1997 ** <span style="color: #666666; display: block; font-family: 'Times New Roman',serif; text-align: right;">Sentencia impugnada: Juzgado de Trabajo del Distrito Judicial de San Pedro de Macorís, en fecha 22 de noviembre de 1995.

<span style="color: #666666; display: block; font-family: 'Times New Roman',serif; text-align: right;"> Materia: Laboral.

<span style="color: #666666; display: block; font-family: 'Times New Roman',serif; text-align: right;"> Recurrente: Oxford Internacional, Inc.

<span style="color: #666666; display: block; font-family: 'Times New Roman',serif; text-align: right;"> Abogado: Dr. Mario Carbuccia hijo y Edyson Fco. Alarcón Polanco.

<span style="color: #666666; display: block; font-family: 'Times New Roman',serif; text-align: right;"> Recurrido: Felicita Mejía.

<span style="color: #666666; display: block; font-family: 'Times New Roman',serif; text-align: right;"> Abogado: Dr. Antonio Santana y Santana. **<span style="color: #666666; font-family: 'Times New Roman','serif';">Considerando, **<span style="color: #666666; font-family: 'Times New Roman','serif';"> que el abogado del recurrente depositó en esta Corte, una instancia que copiada textualmente expresa: "A: la Suprema Corte de Justicia, como Jurisdicción de Casación; Recurrente: Oxford International Inc., Recurrida, Felicita Mejía; Asunto: Solicitud de sobreseimiento y archivo del recurso de casación en contra de la sentencia No. 140-95, de fecha 22 de noviembre de 1995, dictada en única y última instancia por la Sala No.2 del Juzgado de Trabajo del Distrito Judicial de San Pedro de Macorís, a consecuencia de la transacción amistosa intervenida entre las partes y que puso término a la litis que una vez existió entre ella, así como al recurso de casación en referencia; Referencia: Recurso del 24/11/95, depositado ante el Tribunal que dictó la sentencia, y demanda en suspensión de ejecución de sentencia depositada el 27/11/95, ante esta Suprema Corte de Justicia. Honorables Magistrados: Los infrascritos, Dr. Mario Carbuccia Hijo, y Edyson Fco. Alarcón Polanco, abogados de los tribunales de la República, con estudio profesional instalado en la planta alta del edificio No. 6 del paseo Francisco Domínguez Charro, de la Ciudad de San Pedro de Macorís, y Ad-hoc en el Bufete de Abogados Grisolía & Bobadilla, sito en el quinto piso el edificio Banco Nova Scotia, ubicado en la intersección de la Avenidas Jhon F. Kennedy y López de Vega de la ciudad de Santo Domingo de Guzmán, portadores de las nuevas cédulas de identidad y electoral No. 023-0030495-9 y 027-0022341-1, respectivamente, abogados constituidos y apoderados especiales de la razón Social Oxford International Inc., una empresa situada en la Zona Franca Industrial de San Pedro de Macorís, representada por su Gerente General el Señor. Fernando Flaquer, ciudadano dominicano, mayor de edad, portador de la cédula de identidad personal No.44144, serie 26, domiciliado y residente en la ciudad de La Romana, quien hace formal elección de domicilio en el bufete accidental de sus abogados ut-supra indicado, por medio de la presente instancia tienen a bien solicitar, a esa honorable Corte, lo siguiente: UNICO: que dictéis auto ordenando el sobreseimiento y archivo indefinido del expediente relativo al recurso de casación ut-supra indicado, todo por haber arribado las partes a un convenio formal que puso término a dicho litigio, según se aprecia en el original del contrato de transacción, de fecha 16 de febrero del año 1996, lega1izado por la Notario Público del Municipio de San Pedro de Macorís Dr. Milagros Fortuna Crispín, el cua1 se deposita en original; Se os ruega de este modo, muy respetuosamente, hoy día 26 de febrero del año 1996, desde la ciudad de San Pedro de Macorís, República Dominicana, (firmado) Dr. Mario Carbuccia Hijo y Dr. Edyson Francisco Alarcón Polanco, Anexo: Contrato Transación comentado del 16/2/96";

<span style="color: #666666; display: block; font-family: 'Times New Roman',serif; text-align: right;"> **Considerando,** que los documentos, arriba copiados revelan, que las partes en causa llegaron a un acuerdo transaccional, mediante el cual, la parte recurrida fue desinteresada por el recurrente; lo que justifica la falta de interés de la recurrente manifestada en la instancia sometida por lo que procede dar acta del desistimiento;

<span style="color: #666666; display: block; font-family: 'Times New Roman',serif; text-align: right;"> Por tales motivos, Primero: Da acta del desistimiento hecho por Oxford International, Inc., del recurso de casación interpuesto por él, contra la sentencia de fecha 22 de noviembre de 1995; Segundo: Declara que no ha lugar a estatuir acerca de dicho recurso; Tercero: Ordena que el expediente sea archivado.

<span style="color: #666666; display: block; font-family: 'Times New Roman',serif; text-align: right;"> Firmado: Juan Guiliani Vólquez, Juan Luperón Vásquez, Enilda Reyes Pérez. Grimilda Acosta, Secretaria General.

<span style="color: #666666; display: block; font-family: 'Times New Roman',serif; text-align: right;"> La presente sentencia ha sido dada y firmada por los señores Jueces que figuran en su encabezamiento, en la audiencia pública del día, mes y año en él expresados, y fue firmada, leída y publicada por mí, Secretaria General, que certifico. **<span style="color: #666666; font-family: 'Times New Roman','serif';">B.J. NO. 1044, NOVIEMBRE 1997 ** <span style="color: #666666; display: block; font-family: 'Times New Roman',serif; text-align: right;">Sentencia impugnada: Corte de Apelación de Trabajo del Distrito Nacional, el 20 de diciembre de l994.

<span style="color: #666666; display: block; font-family: 'Times New Roman',serif; text-align: right;"> Materia: Laboral.

<span style="color: #666666; display: block; font-family: 'Times New Roman',serif; text-align: right;"> Recurrente: Hanes Caribe Inc

<span style="color: #666666; display: block; font-family: 'Times New Roman',serif; text-align: right;"> Abogados: Licdos. Luis Miguel Pereyra y Ernesto V. Rafúl R.

<span style="color: #666666; display: block; font-family: 'Times New Roman',serif; text-align: right;"> Recurrida: Ana Magdalena Féliz Reyes.

<span style="color: #666666; display: block; font-family: 'Times New Roman',serif; text-align: right;"> Abogado: Dr. Agustín P. Severino.

<span style="color: #666666; display: block; font-family: 'Times New Roman',serif; text-align: right;"> Considerando, que el artículo 232 del Código de Trabajo, dispone que: "La trabajadora debe notificar su embarazo al empleador por cualquier medio fehaciente. La notificación debe indicar la fecha presumible del parto";

<span style="color: #666666; display: block; font-family: 'Times New Roman',serif; text-align: right;"> **Considerando,** que la única referencia que hace la sentencia recurrida sobre la comunicación del estado de embarazo de la recurrida a su empleador, es la de que dicha señora informó al tribunal que había realizado esa comunicación a su instructora, sin que la sentencia contenga otro elemento de prueba que determine que la empresa recurrente tenía conocimiento del estado de embarazo de la recurrida en el momento que se produjo el despido;

<span style="color: #666666; display: block; font-family: 'Times New Roman',serif; text-align: right;"> **Considerando,** que la simple afirmación de una parte, sobre la existencia de un hecho no puede ser tomada como prueba de ese hecho, si éste es negado por la contraparte y si no se acompaña la declaración con otros elementos que corroboren o hagan presumir la veracidad de lo afirmado, todo ello como consecuencia del principio de que nadie puede constituir su propia prueba;

<span style="color: #666666; display: block; font-family: 'Times New Roman',serif; text-align: right;"> **Considerando,** que frente a los alegatos de la recurrente, en el sentido de que no conocía el estado de embarazo de la recurrida en el momento que se produjo el despido, la Corte a-qua debió ordenar las medidas correspondientes a los fines de que se demostrara si ciertamente la demandante había notificado su condición a su empleador y no conformarse con la mera declaración de ésta, que al no hacerlo así, la sentencia impugnada carece de motivos y de base legal, por lo que procede su casación, sin necesidad de examinar los demás medios del recurso;

<span style="color: #666666; display: block; font-family: 'Times New Roman',serif; text-align: right;"> Por tales motivos, Primero: Casa la sentencia dictada en sus atribuciones laborales por la Corte de Trabajo del Distrito Nacional, el 20 de diciembre de l994, cuyo dispositivo ha sido transcrito en parte anterior del presente fallo y envía el asunto a la Segunda Sala de la Corte de Trabajo del Distrito Nacional; Segundo: Compensa las costas.

<span style="color: #666666; display: block; font-family: 'Times New Roman',serif; text-align: right;"> Firmado: Juan Guiliani Vólquez; Juan Luperón Vásquez; Julio Aníbal Suárez y Enilda Reyes Pérez, Grimilda Acosta, Secretaria General.

<span style="color: #666666; display: block; font-family: 'Times New Roman',serif; text-align: right;"> La presente sentencia ha sido dada y firmada por los señores Jueces que figuran más arriba, el mismo día, mes y año en él expresados, y fue firmada, leída y publicada por mí, Secretaria General, que certifico. **<span style="color: #666666; font-family: 'Times New Roman','serif';">B.J. NO. 1044, NOVIEMBRE 1997 ** <span style="color: #666666; display: block; font-family: 'Times New Roman',serif; text-align: right;">Sentencia impugnada: Corte de Trabajo (2da. Sala, del Distrito Nacional, del 5 de agosto de 1994.

<span style="color: #666666; display: block; font-family: 'Times New Roman',serif; text-align: right;"> Materia: Laboral.

<span style="color: #666666; display: block; font-family: 'Times New Roman',serif; text-align: right;"> Recurrente: Panadería y Repostería la Francesa.

<span style="color: #666666; display: block; font-family: 'Times New Roman',serif; text-align: right;"> Abogado: Lic. Francisco R. Carvajal.

<span style="color: #666666; display: block; font-family: 'Times New Roman',serif; text-align: right;"> Recurrida: María Isabel Solano.

<span style="color: #666666; display: block; font-family: 'Times New Roman',serif; text-align: right;"> Abogado: Dr. Héctor Luis González. **<span style="color: #666666; font-family: 'Times New Roman','serif';">Considerando, **<span style="color: #666666; font-family: 'Times New Roman','serif';">que no es cierto como alegan los intimantes, que la trabajadora demandante no haya probado el hecho material del despido, ni el salario, ni el tiempo, ni la naturaleza del contrato de trabajo, pues todo lo contrario, tanto el despido, como los demás aspectos del contrato han quedado establecidos según se desprende por las declaraciones prestadas por el testigo José Ignacio Valdez Peralta, cuyas declaraciones constan en el acta de audiencia que reposa en el expediente, por lo que, en la especie procede desestimar esa pretensión por improcedente y falta de pruebas;

<span style="color: #666666; display: block; font-family: 'Times New Roman',serif; text-align: right;"> Considerando, que los intimantes en la especie, no han podido establecer la justa causa del despido; que en tales circunstancias, procede acoger la demanda laboral de la trabajadora demandante";

<span style="color: #666666; display: block; font-family: 'Times New Roman',serif; text-align: right;"> **Considerando,** que el examen tanto del fallo impugnado como el de primera instancia, cuyos motivos aquel adopta expresamente, pone de manifiesto que los jueces del fondo declararon injustificado el despido de la trabajadora reclamante, sobre el fundamento esencial de que el patrono no solo no probó haber comunicado dicho despido a las autoridades administrativas correspondientes, lo que lo hace reputar como injustificado con todas las consecuencias que establece la ley, sino porque tampoco negó los elementos de hecho alegados en la demanda, ni hizo uso además del contrainformativo que le fue reservado en ambos tribunales, medida que a pedimento suyo fue varias veces prorrogada en dichas jurisdicciones, dejando sin demostración sus pretensiones en la litis, especialmente la justificación del despido, más aún cuando éste quedó probado por el testimonio del señor José Ignacio Valdez Peralta, deponente en ambos tribunales, en los informativos celebrados a cargo de la recurrida, la sinceridad de cuyas declaraciones, sin que se haya demostrado desnaturalización alguna, podían apreciar los jueces de fondo, y en consecuencia al admitir ellos que la recurrida había sido despedida por el patrono sin justa causa para ello, no han incurrido en ninguno de los vicios y violaciones denunciados en el memorial introductivo del recurso de casación de que se trata;

<span style="color: #666666; display: block; font-family: 'Times New Roman',serif; text-align: right;"> **Considerando,** que todo lo antes expuesto muestra que la sentencia impugnada contiene motivos suficientes y pertinentes que justifican su dispositivo y una exposición completa de los hechos y circunstancias de la causa que ha permitido a la Suprema Corte de Justicia verificar que en el presente caso se ha hecho una correcta aplicación de la ley, que por tanto, los medios que se examinan carecen de fundamento y deben ser desestimados;

<span style="color: #666666; display: block; font-family: 'Times New Roman',serif; text-align: right;"> Por tales motivos, Primero: Rechaza el recurso de casación interpuesto por Panadería y Repostería la Francesa y/o Julio Elejander y/o Rubén Soto y/o Concepción Elejander de Soto, contra la sentencia dictada por la Corte de Apelación de Trabajo (Sala No. 2), del Distrito Nacional, el 5 de agosto del año 1994, cuyo dispositivo se ha copiado en parte anterior del presente fallo; Segundo: Condena a los recurrentes al pago de las costas, y ordena su distracción en provecho del Dr. Héctor Luis González, abogado de la recurrida, quien afirma haberlas avanzado en su totalidad.

<span style="color: #666666; display: block; font-family: 'Times New Roman',serif; text-align: right;"> Firmado: Juan Guiliani Vólquez, Juan Luperón Vásquez, Julio Aníbal Suárez y Enilda Reyes Pérez. Grimilda Acosta, Secretaria General.

<span style="color: #666666; display: block; font-family: 'Times New Roman',serif; text-align: right;"> La presente sentencia ha sido dada y firmada por los señores Jueces que figuran en su encabezamiento en la audiencia pública del día, mes y año en él expresados y fue firmada, leída y publicada por mí, Secretaria General, que certifico. **<span style="color: #666666; font-family: 'Times New Roman','serif';">B.J. NO. 1044, NOVIEMBRE 1997 ** <span style="color: #666666; display: block; font-family: 'Times New Roman',serif; text-align: right;">Sentencia impugnada: Corte de Apelación de Trabajo del Distrito Nacional, en fecha l3 de enero de l994.

<span style="color: #666666; display: block; font-family: 'Times New Roman',serif; text-align: right;"> Materia: Laboral

<span style="color: #666666; display: block; font-family: 'Times New Roman',serif; text-align: right;"> Recurrente: Compañía Dominicana de Teléfonos, C. por A., (CODETEL).

<span style="color: #666666; display: block; font-family: 'Times New Roman',serif; text-align: right;"> Abogados: Dr. Emilio Garden Leonor y Licdos. Yudith Castillo Núñez, Rafael Marte Peña y Griselda Rojas Contreras.

<span style="color: #666666; display: block; font-family: 'Times New Roman',serif; text-align: right;"> Recurrido: Víctor Rosario Reyes.

<span style="color: #666666; display: block; font-family: 'Times New Roman',serif; text-align: right;"> Abogados: Licdos. Ramón Rodríguez y Javielito Bocio C.

<span style="color: #666666; display: block; font-family: 'Times New Roman',serif; text-align: right;"> **Considerando,** que conjuntamente con ese recibo, el abogado de la recurrente depositó ante esta Corte un documento que copiado textualmente expresa: "Contrato de Transacción."Entre: de una parte, la Compañía Dominicana de Teléfonos, C. por A. (CODETEL), entidad comercial organizada y existente de conformidad con las leyes de la República Dominicana, con su domicilio y asiento social ubicado en la Avenida Abraham Lincoln Número 1101, de esta ciudad de Santo Domingo, Distrito Nacional, debidamente representada para los fines del presente acto por el Gerente de su Departamento Legal, Licdo. Juan Reyes, dominicano, casado, mayor de edad, portador de la cédula de identificación y electoral número 03l-0097834-9, domiciliado y residente en esta ciudad de Santo Domingo, Distrito Nacional, quien para los fines del presente documento se denominará la primera parte; de la otra parte, el señor Víctor Rosario Reyes, dominicano, mayor de edad, portador de la cédula de identificación personal número 334473, serie 1ra., sello hábil, domiciliado y residente en esta ciudad, debidamente representado por los señores Licdo. Ramón María Rodríguez, dominicano, mayor de edad, portador de la cédula de identidad personal No. 29l97, serie 48 y el Licdo. Javielito Bocio Casanova, dominicano, mayor de edad, portador de la cédula de identificación personal número 362048, serie 1ra., según poder firmado en fecha veinte (20) de febrero de l992, quien en lo sucesivo se denominará La Segunda Parte....Se ha convenido y Pactado lo siguiente; Artículo Primero: La segunda parte, por el presente documento, desiste formalmente, sin reservas de ninguna especie, de la demanda en cobro de prestaciones laborales por despido injustificado formulada contra la primera parte en fecha Veinte y Uno (21) de febrero de mil novecientos noventa y dos (l992), por ante el Juzgado de Trabajo del Distrito Nacional y notificada a la primera parte el día 21 de febrero de 1992, mediante el acto número 09l/022, del ministerial Lorenzo Navarro Martínez, alguacil ordinario de la Sexta Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional, así como de todas y cada una de las acciones judiciales, extrajudiciales e instancias interpuestas y en general de todo derecho actual o accesorio que pudiere surgir en el futuro que se fundamente o tenga su causa en los hechos que generaron la precitada demanda, en contrapartida del pago por la primera parte de la suma de Treinta Mil Pesos Oro Dominicanos (RD$30,000.00), suma que la segunda parte declara haber recibido a su entera conformidad al momento de la firma de este contrato mediante el cheque Número 224252, de fecha veinticuatro (24) de abril de mil novecientos noventa y cinco (1995), por lo que otorga formal recibo de descargo y finiquito legal a favor de la Primera Parte por la mencionada suma; Artículo Segundo:Asimismo, la segunda parte declara completamente liquidado su contrato de trabajo y satisfecha toda suma generada por los servicios prestados a la primera parte, por lo que reconoce que no se le adeuda monto alguno relacionado con los términos de su contrato de trabajo ni por ningún otro concepto; ArtículoTercero: Las partes aceptan y convienen que de conformidad con lo prescrito por el artículo 2052 del Código Civil el presente contrato de transacción tiene la autoridad de cosa juzgada en última instancia y no podrá impugnarse por error de derecho, ni por causa de lesión. Hecho y Firmado en dos (2) originales de un mismo tenor y efecto, uno para cada una de las partes, en Santo Domingo, Distrito Nacional, Capital de la República Dominicana, a los veinticinco (25) días del mes de mayo del año mil novecientos noventa y cinco (l995). Por la Primera Parte, firmado, Licdo. Juan Reyes, Gerente, Departamento Legal. Por la Segunda Parte (firmado) Licdo. Ramón Rodríguez y Licdo. Javielito Bocio C., Abogados constituidos, apoderados, apoderados especiales y representantes del Sr. Víctor Rosario Reyes;

<span style="color: #666666; display: block; font-family: 'Times New Roman',serif; text-align: right;"> **Considerando,** que los documentos arriba copiados revelan que las partes en causa llegaron a un acuerdo transaccional, lo que justifica la falta de interés de la recurrente, manifestada en la instancia sometida mediante la cual la parte recurrida fue desinteresada por el recurrente;

<span style="color: #666666; display: block; font-family: 'Times New Roman',serif; text-align: right;"> Por tales motivos, Primero: Da acta del desistimiento hecho por Compañía Dominicana de Teléfonos, C. por A., (CODETEL), del recurso de casación interpuesto contra la sentencia del 13 de enero de l994;Segundo: Declara que no ha lugar a estatuir acerca de dicho recurso, y ordena que el expediente sea archivado.

<span style="color: #666666; display: block; font-family: 'Times New Roman',serif; text-align: right;"> Firmado: Juan Guiliani Vólquez, Juan Luperón Vásquez, Julio Aníbal Suárez y Enilda Reyes Pérez. Grimilda Acosta, Secretaria General.

<span style="color: #666666; display: block; font-family: 'Times New Roman',serif; text-align: right;"> La presente sentencia ha sido dada y firmada por los señores Jueces que figuran en su encabezamiento, en la audiencia pública del día, mes y año en él expresados, y fue firmada, leída y publicada por mí, Secretaria General, que certifico. **<span style="color: #666666; font-family: 'Times New Roman','serif';">B.J. NO. 1044, NOVIEMBRE 1997 ** <span style="color: #666666; display: block; font-family: 'Times New Roman',serif; text-align: right;">Sentencia impugnada: Corte de Trabajo (2da. Sala), del Distrito Nacional, en fecha 5 de agosto de 1994.

<span style="color: #666666; display: block; font-family: 'Times New Roman',serif; text-align: right;"> Materia: Laboral.

<span style="color: #666666; display: block; font-family: 'Times New Roman',serif; text-align: right;"> Recurrente: Panadería y Repostería la Francesa.

<span style="color: #666666; display: block; font-family: 'Times New Roman',serif; text-align: right;"> Abogado: Francisco R. Carvajal.

<span style="color: #666666; display: block; font-family: 'Times New Roman',serif; text-align: right;"> Recurrida: María Isabel Solano.

<span style="color: #666666; display: block; font-family: 'Times New Roman',serif; text-align: right;"> Abogado: Dr. Héctor Luis González. **<span style="color: #666666; font-family: 'Times New Roman','serif';">Considerando, **<span style="color: #666666; font-family: 'Times New Roman','serif';"> que igualmente consta en la sentencia impugnada que ante la Corte a-qua fue celebrado un informativo testimonial a cargo de la recurrida, en la audiencia del 25 de febrero de 1994, reservándole a los actuales recurrentes el contrainformativo y fijándose para celebrarlo la audiencia del 16 de marzo de 1994; que dichos recurrentes solicitaron prorrogar dicha medida de instrucción en las audiencias del 22 de abril y 11 de mayo de 1994, sin que tampoco hiciera uso de la referida medida; que en ese sentido en la sentencia impugnada se expresa que: "

<span style="color: #666666; display: block; font-family: 'Times New Roman',serif; text-align: right;"> **Considerando,** que no es cierto como alegan los intimantes, que la trabajadora demandante no haya probado el hecho material del despido, ni el salario, ni el tiempo, ni la naturaleza del contrato de trabajo, pues todo lo contrario, tanto el despido, como los demás aspectos del contrato han quedado establecidos según se desprende por las declaraciones prestadas por el testigo José Ignacio Valdez Peralta, cuyas declaraciones constan en el acta de audiencia que reposa en el expediente, por lo que, en la especie procede desestimar esa pretensión por improcedente y falta de pruebas;

<span style="color: #666666; display: block; font-family: 'Times New Roman',serif; text-align: right;"> Considerando, que los intimantes en la especie, no han podido establecer la justa causa del despido; que en tales circunstancias, procede acoger la demanda laboral de la trabajadora demandante";

<span style="color: #666666; display: block; font-family: 'Times New Roman',serif; text-align: right;"> **Considerando,** que el examen tanto del fallo impugnado como el de primera instancia, cuyos motivos aquel adopta expresamente, pone de manifiesto que los jueces del fondo declararon injustificado el despido de la trabajadora reclamante, sobre el fundamento esencial de que el patrono no solo no probó haber comunicado dicho despido a las autoridades administrativas correspondientes, lo que lo hace reputar como injustificado con todas las consecuencias que establece la ley, sino porque tampoco negó los elementos de hecho alegados en la demanda, ni hizo uso además del contrainformativo que le fue reservado en ambos tribunales, medida que a pedimento suyo fue varias veces prorrogada en dichas jurisdicciones, dejando sin demostración sus pretensiones en la litis, especialmente la justificación del despido, más aún cuando éste quedó probado por el testimonio del señor José Ignacio Valdez Peralta, deponente en ambos tribunales, en los informativos celebrados a cargo de la recurrida, la sinceridad de cuyas declaraciones, sin que se haya demostrado desnaturalización alguna, podían apreciar los jueces de fondo, y en consecuencia al admitir ellos que la recurrida había sido despedida por el patrono sin justa causa para ello, no han incurrido en ninguno de los vicios y violaciones denunciados en el memorial introductivo del recurso de casación de que se trata;

<span style="color: #666666; display: block; font-family: 'Times New Roman',serif; text-align: right;"> **Considerando,** que todo lo antes expuesto muestra que la sentencia impugnada contiene motivos suficientes y pertinentes que justifican su dispositivo y una exposición completa de los hechos y circunstancias de la causa que ha permitido a la Suprema Corte de Justicia verificar que en el presente caso se ha hecho una correcta aplicación de la ley, que por tanto, los medios que se examinan carecen de fundamento y deben ser desestimados;

<span style="color: #666666; font-family: 'Times New Roman','serif';"> Por tales motivos, **<span style="color: #666666; font-family: 'Times New Roman','serif';">Primero: **<span style="color: #666666; font-family: 'Times New Roman','serif';"> Rechaza el recurso de casación interpuesto por Panadería y Repostería la Francesa y/o Julio Elejander y/o Rubén Soto y/o Concepción Elejander de Soto, contra la sentencia dictada por la Corte de Apelación de Trabajo (Sala No. 2), del Distrito Nacional, el 5 de agosto del año 1994, cuyo dispositivo se ha copiado en parte anterior del presente fallo; **<span style="color: #666666; font-family: 'Times New Roman','serif';">Segundo: **<span style="color: #666666; font-family: 'Times New Roman','serif';"> Condena a los recurrentes al pago de las costas, y ordena su distracción en provecho del Dr. Héctor Luis González, abogado de la recurrida, quien afirma haberlas avanzado en su totalidad.

<span style="color: #666666; display: block; font-family: 'Times New Roman',serif; text-align: right;"> Firmado: Juan Guiliani Vólquez, Juan Luperón Vásquez, Julio Aníbal Suárez y Enilda Reyes Pérez. Grimilda Acosta, Secretaria General.

<span style="color: #666666; display: block; font-family: 'Times New Roman',serif; text-align: right;"> La presente sentencia ha sido dada y firmada por los señores Jueces que figuran en su encabezamiento en la audiencia pública del día, mes y año en él expresados y fue firmada, leída y publicada por mí, Secretaria General, que certifico. **<span style="color: #666666; font-family: 'Times New Roman','serif';">B.J. NO. 1044, NOVIEMBRE 1997 ** <span style="color: #666666; display: block; font-family: 'Times New Roman',serif; text-align: right;">Sentencia impugnada: Corte de Trabajo del Distrito Nacional, el 8 de junio de l995.

<span style="color: #666666; display: block; font-family: 'Times New Roman',serif; text-align: right;"> Materia: Laboral.

<span style="color: #666666; display: block; font-family: 'Times New Roman',serif; text-align: right;"> Recurrente: Industrias Meteoro, C. por A.

<span style="color: #666666; display: block; font-family: 'Times New Roman',serif; text-align: right;"> Abogados: Dres. Joaquín Ramírez de la Rocha y Fabián R. Baralt.

<span style="color: #666666; display: block; font-family: 'Times New Roman',serif; text-align: right;"> Recurrido: Luis L. Chevalier.

<span style="color: #666666; display: block; font-family: 'Times New Roman',serif; text-align: right;"> Abogada: Licda. Mónica Valdés González.

<span style="color: #666666; display: block; font-family: 'Times New Roman',serif; text-align: right;"> **Considerando,** que el abogado de la recurrente Industrias Meteoro, C. por A., depositó en esta Corte una instancia que copiada textualmente expresa: "Al: Presidente y demás Jueces que integran la Suprema Corte de Justicia, en funciones de Corte de Casación. Asunto: Solicitud de sobreseimiento definitivo. Honorables Magistrados: Industrias Meteoro, C. por A., sociedad comercial organizada de acuerdo con las leyes dominicanas, con su domicilio y asiento social en esta ciudad, en el Edificio Meteoro, marcado con el No. 62 de la Avenida John F. Kennedy, la que actúa representada por su Presidente, señor Eloy Rodríguez Lodeiro, dominicano, mayor de edad, casado, empresario, de este domicilio y residencia, provisto de la cédula de identificación personal No. 83414, serie 1ra., y los Dres. Joaquín Ramírez de la Rocha y Fabián R. Baralt, dominicanos, mayores de edad, abogados, provistos de las cédulas de identidad y electoral Nos. 001-0204350-2 y 001-0071167-0, respectivamente, con estudio profesional abierto en la planta baja de la casa No. 54 de la Avenida Pasteur de esta ciudad, tienen a bien exponeros: Por cuanto: Ese alto tribunal está apoderado de un recurso de casación interpuesto por Industrias Meteoro, C. por A., mediante Memorial introductivo de fecha 26 de junio de l995, deducido contra la sentencia dictada por la Corte de Apelación de Trabajo del Distrito Nacional (Primera Sala), en fecha 8 de junio de 1995, a favor del señor Luis L. Chevalier. Por cuanto: Respecto a la litis de que se trata, ambas partes han arribado a un acuerdo Transaccional para poner fin a la misma, según consta Contrato de Transacción suscrito el 30 de octubre de l995, uno de cuyos originales se anexa a esta instancia, para que haya evidencia inequívoca de su contenido. Por tanto: Se os solicita, muy respetuosamente, sobreseer definitivamente el expediente formado con motivo de la interposición del recurso de casación de que se trata, para cuyo conocimiento ha sido fijada la audiencia del día primero (lro.) de noviembre de 1995, disponiendo el desglose de los documentos depositados por las partes en litis. En la Ciudad de Santo Domingo, Distrito Nacional, Capital de la República Dominicana, a los treinta y un (31) días del mes de octubre del año de l995 (firmados) Eloy Rodríguez Lodeiro (Industrias Meteoro C. por A.) Dr. Joaquín Ramírez de la Rocha y Dr., Fabián R. Baralt.";

**<span style="color: #666666; font-family: 'Times New Roman','serif';">Considerando, **<span style="color: #666666; font-family: 'Times New Roman','serif';"> que los documentos arriba copiados revelan que las partes en causa llegaron a un acuerdo transaccional, lo que justifica la falta de interés de la recurrente manifestada en la instancia sometida;

<span style="color: #666666; display: block; font-family: 'Times New Roman',serif; text-align: right;"> Por tales motivos, Primero: Da acta del desistimiento hecho por Industrias Meteoro, C. por A., del recurso de casación interpuesto por ella, contra la sentencia del 8 de junio de 1995, dictada por la Corte de Trabajo del Distrito Nacional, cuyo dispositivo figura copiado en parte anterior del presente fallo;Segundo: Declara que no ha lugar a estatuir acerca de dicho recurso y ordena que el expediente sea archivado.

<span style="color: #666666; display: block; font-family: 'Times New Roman',serif; text-align: right;"> Firmado: Juan Guiliani Vólquez, Juan Luperón Vásquez, Julio Aníbal Suárez y Enilda Reyes Pérez. Grimilda Acosta, Secretaria General.

<span style="color: #666666; display: block; font-family: 'Times New Roman',serif; text-align: right;"> La presente sentencia ha sido dada y firmada por los señores Jueces que figuran en su encabezamiento, en la audiencia pública del día, mes y año en él expresados, y fue firmada, leída y publicada por mí, Secretaria General, que certifico. **<span style="color: #666666; font-family: 'Times New Roman','serif';">B.J. NO. 1044, NOVIEMBRE 1997 ** <span style="color: #666666; display: block; font-family: 'Times New Roman',serif; text-align: right;">Sentencia impugnada: Tribunal Superior de Tierras, del 14 de julio de 1993.

<span style="color: #666666; display: block; font-family: 'Times New Roman',serif; text-align: right;"> Materia: Tierras.

<span style="color: #666666; display: block; font-family: 'Times New Roman',serif; text-align: right;"> Recurrente: El Faro del Este, C. por A.

<span style="color: #666666; display: block; font-family: 'Times New Roman',serif; text-align: right;"> Abogados: Dres. Guillermo Rodríguez Almonte, Hipólito Herrera Pellerano y Juan M. Pellerano Gómez.

<span style="color: #666666; display: block; font-family: 'Times New Roman',serif; text-align: right;"> Recurridos: Pedro Rijo Castillo y compartes.

<span style="color: #666666; display: block; font-family: 'Times New Roman',serif; text-align: right;"> Abogado: Dr. Róger A. Vittini Méndez.

<span style="color: #666666; display: block; font-family: 'Times New Roman',serif; text-align: right;"> **Considerando,** que igualmente hay depositada una certificación expedida por el Síndico Municipal de Higüey, el 8 de octubre de 1993, en la cual se expresa lo siguiente: "Ayuntamiento del Municipio de Higuey, Provincia La Altagracia, Salvaleón de Higuey, R. D., 8 de octubre de l993.; A todo a quien pueda interesar: El suscrito, Dr. Héctor Santiago Castillo Cruzado, en su calidad de Síndico del Municipio de Higüey, Certifico y Doy Fe: Que fueron recibidas las citaciones así como también copia de la sentencia No. 4 (cuatro) de fecha 20 de mayo del 1993, dictada por el Juez de Jurisdicción Original de esta residencia y domicilio; documentos que autoricé fueran recibidos por el Secretario del Ayuntamiento, el que procedió de inmediato a notificarla conforme lo establecido por el Art. 119, de la ley de Registro de Tierras, a través del Alcalde Pedáneo de la Sección Berón, de este municipio de Higüey. Dada en la ciudad de Salvaleón de Higüey, municipio de Higüey, Provincia de La Altagracia, República Dominicana, a los ocho (8) días del mes de octubre del año mil novecientos noventa y tres (l993), a solicitud de la parte interesada. (Firmado) Dr. Héctor S. Castillo Cruzado, Síndico Municipal.";

<span style="color: #666666; display: block; font-family: 'Times New Roman',serif; text-align: right;"> **Considerando,** que como se advierte por lo antes expuesto, dicha Decisión no fue notificada a la recurrente como lo prescribe el artículo 119 de la Ley de Registro de Tierras; que de acuerdo con la certificación expedida por el Secretario Municipal del Ayuntamiento de Higüey al: "recibir de parte del Tribunal de Tierras de Higüey, varias copias de la sentencia No. 4 de fecha 20 de mayo de 1993, sobre nulidad de deslindes en la Parcela No. 67-B-7, del D. C. No. 11, tercera parte, de Higüey, procedió de inmediato a notificarla al Alcalde Pedáneo correspondiente, al tener los señores Máximo Bernard Vásquez, Leonte Bernard Vásquez, Cía. El Faro del Este, C. por A., Fausto Guzmán Capellán, Guillermo Rodríguez Alberty, Santo Rijo Castillo, Juan Martínez Castro y Eusebio Cedano Cedeño, entre otros, "domicilio desconocido"; que tal como se comprueba por lo anterior, la recurrente no recibió la notificación de la indicada sentencia; que el propósito de la doble formalidad establecida por el citado texto legal, es asegurar que todos los interesados queden, oportuna y regularmente, enterados, en los asuntos controvertidos, del fallo dictado, para que la parte que se considera lesionada, pueda interponer el recurso correspondiente; que al no haber ocurrido así en el caso de la especie, el Tribunal Superior de Tierras, procedió sin embargo, a revisar en Cámara de Consejo dicho fallo sin citar ni oír a las personas que como la recurrente podrían haber tenido interés en apelar, por lo cual se lesionó su derecho de defensa, al privarla en tales condiciones de ejercer dicho recurso, instituido en el artículo 120 de la ley de Registro de Tierras; que en consecuencia, la sentencia impugnada debe ser casada y enviado el caso al mismo Tribunal Superior de Tierras, a fin de que se regularice el procedimiento, previa citación de todas las partes, y se conozca en audiencia pública según lo establecido en el artículo 126 de la referida ley;

<span style="color: #666666; display: block; font-family: 'Times New Roman',serif; text-align: right;"> **Considerando,** que las costas pueden ser compensadas, cuando la sentencia es casada por violación de las reglas procesales cuyo cumplimiento está a cargo de los jueces;

<span style="color: #666666; font-family: 'Times New Roman','serif';"> Por tales motivos**, Primero:** Casa la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Tierras, el 14 de julio de 1993, en relación con la Parcela No. 67-B-7 del Distrito Catastral No. 11/3ra. Parte, del Municipio de Higüey, cuyo dispositivo ha sido copiado en parte anterior del presente fallo y envía el asunto por ante el mismo Tribunal Superior de Tierras; **<span style="color: #666666; font-family: 'Times New Roman','serif';">Segundo: **<span style="color: #666666; font-family: 'Times New Roman','serif';">Compensa las costas.

<span style="color: #666666; display: block; font-family: 'Times New Roman',serif; text-align: right;"> Firmado: Juan Guiliani Vólquez, Juan Luperón Vásquez, Julio Aníbal Suárez y Enilda Reyes Pérez. Grimilda Acosta, Secretaria General.

<span style="color: #666666; display: block; font-family: 'Times New Roman',serif; text-align: right;"> La presente sentencia ha sido dada y firmada por los señores Jueces que figuran en su encabezamiento, en la audiencia pública del día, mes y año en él expresados, y fue firmada, leída y publicada por mí, Secretaria General, que certifico. **<span style="color: #666666; font-family: 'Times New Roman','serif';">B.J. NO. 1044, NOVIEMBRE 1997 ** <span style="color: #666666; display: block; font-family: 'Times New Roman',serif; text-align: right;">Sentencia impugnada: Corte de Apelación de Trabajo del Distrito Judicial de San Pedro de Macorís, en fecha 3 de marzo de 1997.

<span style="color: #666666; display: block; font-family: 'Times New Roman',serif; text-align: right;"> Materia: Laboral.

<span style="color: #666666; display: block; font-family: 'Times New Roman',serif; text-align: right;"> Recurrente: Julio Rodríguez.

<span style="color: #666666; display: block; font-family: 'Times New Roman',serif; text-align: right;"> Abogados: Dres. Guarionex Zapata Güílamo e Israel Pacheco Valera.

<span style="color: #666666; display: block; font-family: 'Times New Roman',serif; text-align: right;"> Recurrido: Richard Santana.

<span style="color: #666666; display: block; font-family: 'Times New Roman',serif; text-align: right;"> Abogado: Dr. Miguel Angel Suriel Rojas. **<span style="color: #666666; font-family: 'Times New Roman','serif';">Considerando, **<span style="color: #666666; font-family: 'Times New Roman','serif';"> que en su memorial de defensa, el recurrido alega que de acuerdo "a los preceptos del artículo 641 de Código Laboral 16-92 cito "no será admisible el recurso después de un mes a contar de la notificación de la sentencia ni cuando ésta imponga un condenación que no exceda de veinte salarios mínimos"; que según la última resolución No. 3-95 del 8 de mayo de 1995, del Comité Nacional de Salarios, anexa-revisada, y aprobada por la Secretaría de Trabajo a esa instancia, la cantidad para poder incoar un recurso de casación en materia laboral, en este caso es la suma de veinticinco mil novecientos veinte pesos (RD$25,920.00);

<span style="color: #666666; display: block; font-family: 'Times New Roman',serif; text-align: right;"> **Considerando,** que la sentencia dictada por el tribunal de primer grado, la cual fue confirmada en todas sus partes por la sentencia recurrida, condena al recurrente a pagar al recurrido, "la suma de RD$7,529.00 (Siete Mil Quinientos Veintinueve Pesos Oro Dominicanos) por concepto de preaviso, cesantía, vacaciones y salario navideño en la forma y proporción indicada por la ley".

<span style="color: #666666; display: block; font-family: 'Times New Roman',serif; text-align: right;"> **Considerando,** que al momento de la terminación del contrato de trabajo del recurrido estaba vigente la resolución número 1/94, dictada por el Comité Nacional de Salarios el 19 de enero de 1994, que establecía un salario mínimo de RD$1,200.00, por lo que el monto de veinte salarios mínimos ascendía a la suma de RD$24,000.00, monto que como es evidente no alcanza la totalidad de las condenaciones a que se refiere la sentencia recurrida, por lo que el recurso de que se trata debe ser declarado inadmisible, de conformidad con lo que prescribe el artículo 641 del Código de Trabajo, que exige para la admisibilidad del recurso de casación que la sentencia impugnada imponga condenaciones que excedan de veinte salarios mínimos;

<span style="color: #666666; font-family: 'Times New Roman','serif';"> Por tales motivos, **<span style="color: #666666; font-family: 'Times New Roman','serif';">Primero: **<span style="color: #666666; font-family: 'Times New Roman','serif';">Declara inadmisible el recurso de casación interpuesto por Julio Rodríguez, contra la sentencia dictada por la Corte de Apelación de Trabajo del Distrito Judicial de San Pedro de Macorís, el 3 de marzo de 1997, cuyo dispositivo ha sido copiado en parte anterior del presente fallo;**Segundo:** Condena al recurrente al pago de las costas, con distracción de las mismas en provecho del Dr. Miguel Angel Suriel Rojas, abogado del recurrido, quien afirma haberlas avanzado en su totalidad.

<span style="color: #666666; display: block; font-family: 'Times New Roman',serif; text-align: right;"> Firmado: Juan Guiliani Vólquez, Juan Luperón Vásquez, Julio Aníbal Suárez y Enilda Reyes Pérez. Grimilda Acosta, Secretaria General.

<span style="color: #666666; display: block; font-family: 'Times New Roman',serif; text-align: right;"> La presente sentencia ha sido dada y firmada por los señores Jueces que figuran en su encabezamiento, en la audiencia pública del día, mes y año en él expresados, y fue firmada, leída y publicada por mí, Secretaria General, que certifico. **<span style="color: #666666; font-family: 'Times New Roman','serif';">B.J. NO. 1044, NOVIEMBRE 1997 ** <span style="color: #666666; display: block; font-family: 'Times New Roman',serif; text-align: right;">Sentencia impugnada: Cámara de lo Civil, Comercial y de Trabajo de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de San Cristóbal, el 7 de marzo de 1996

<span style="color: #666666; display: block; font-family: 'Times New Roman',serif; text-align: right;"> Materia: Laboral.

<span style="color: #666666; display: block; font-family: 'Times New Roman',serif; text-align: right;"> Recurrente: Eli Lilly Interamérica, Inc.

<span style="color: #666666; display: block; font-family: 'Times New Roman',serif; text-align: right;"> Abogado: Dr. Jesús Fernández Vélez.

<span style="color: #666666; display: block; font-family: 'Times New Roman',serif; text-align: right;"> Recurrido: Carmen Josefina Díaz.

<span style="color: #666666; display: block; font-family: 'Times New Roman',serif; text-align: right;"> Abogados: Dres. Ernesto Mota Andújar, Virgilio Martínez Rosario y Lic. Julio César Ramírez Pérez. **<span style="color: #666666; font-family: 'Times New Roman','serif';">Considerando, **<span style="color: #666666; font-family: 'Times New Roman','serif';">que conjuntamente con esa instancia el recurrente depositó ante esta Corte un documento que copiado textualmente expresa: "Contrato de Transacción" Entre: De una parte, la Compañía Eli Lilly Interamérica, Inc., organizada conforme a las leyes de la República, con domicilio social y asiento principal en la Zona Franca Industrial de Haina, San Cristóbal, debidamente representada por su gerente de planta Ing. Luis López, dominicano, mayor de edad, casado, empleado privado, domiciliado y residente en San Cristóbal, la que en lo adelante se llamará la primera parte, o por su propio nombre de Eli Lilly Interamérica, Inc., y de la otra parte, la señora Carmen Josefina Díaz, dominicana, mayor de edad, portadora de la cédula personal No. 4020, serie 78, residente en la Carretera Sánchez No. 77, de Haina, San Cristóbal, debidamente representada por su abogado apoderado especial Dr. Ernesto Mota Andújar, dominicano, mayor de edad, casado, abogado de los tribunales de la República, provisto de la cédula de identidad y electoral No. 093-0011811-3, con estudio profesional abierto en la calle Américo Lugo No. 25, del Municipio de Haina, por virtud del Contrato-Poder de Cuota Litis, de fecha 5 de noviembre de 1993, legalizado por el Dr. Santos Miguel Gómez, Notario Público de los del Número del Municipio de los Bajos de Haina, que en lo que sigue se denominará la segunda parte, o por su propio nombre de Dr. Ernesto Mota Andújar. Las partes contratantes, libre y voluntariamente han convenido y arribado al siguiente acuerdo.-Por cuanto: A que la nombrada Carmen Josefina Díaz, laboró como operaria de la primera parte, Eli Lilly Int. Inc., por cuanto: En fecha 2 de noviembre de 1993, Carmen Josefina Díaz demandó a la primera parte en cobro de prestaciones laborales, ante el Tribunal del Primer Grado del Distrito Judicial de San Cristóbal, por conducto de su apoderado especial Dr. Ernesto Mota Andújar. Por cuanto: El 20 de abril de 1994, el Tribunal Laboral del Primer Grado de San Cristóbal dictó la sentencia Laboral marcada con el No. 522, en favor de la demandante Carmen Díaz; Por cuanto: La Primera Parte (Eli Lilly Interamérica, Inc.) interpuso formal recurso de apelación contra esa sentencia por ante la Corte de Apelación (Cámara Civil) del Departamento Judicial de San Cristóbal, consignando el Duplo del monto de las condenaciones, por lo que ha depositado en el Citibank de la ciudad de Santo Domingo, la suma de RD$62,835.60, en fecha 12 del mes de mayo de 1994, como garantía en cumplimiento de las disposiciones de los artículos 539, del Código de Trabajo y 93 del Reglamento No. 258-93, para la aplicación de ese Código Laboral; Por cuanto: En fecha 7 de marzo de 1996, la Corte de Apelación de San Cristóbal confirmó la referida sentencia del primer grado. Por cuanto: La primera y segunda parte, a través de sus representantes ya señalados, interesadas en ponerle término a la litis laboral que los envuelve han decidido arribar a un acuerdo transaccional, mediante el cual Eli Lilly Int., Inc., paga la suma de RD$23,000.00 como monto de la demanda y RD$30,000.00, por concepto de costas, gastos de procedimiento y honorarios profesionales en favor del abogado apoderado especial para un total de RD$53,000.00; quedando la cantidad restante de RD$9,835.60, en favor de la compañía Eli Lilly Int., Inc., por lo que el Banco Citibank devolverá a la presentación de este contrato, la cantidad consignada o depositada de RD$62,835.60, que será prorrateada entre las partes en la forma antes dicha; Por cuanto: Que las convenciones legalmente formadas tienen fuerza de ley entre las partes; conllevando el presente acto total descargo y finiquito por tales concepto y sumas; conllevando, también completa liberación de toda acción pasada, presente o futura respecto de la Empresa Eli Lilly Int, Inc., de parte de la señora Carmen Josefina Díaz y su abogado apoderado. Hecho en dos originales de un mismo tenor para cada parte, en San Cristóbal, República Dominicana, a los dos días del mes de octubre del año Mil Novecientos Noventa y Seis (1996).-(firmado por la Primera Parte, Eli Lilly Int, Inc.,); Firmados, por la segunda parte, Carmen Josefina Díaz, Dr. Ernesto Mota Andújar, abogado apoderado especial. Legalización notarial de firmas.- Yo, Dr. José Lozano Lucas, Abogado-Notario Público de los del Número del Municipio de los Bajos de Haina, Provincia de San Cristóbal, certifico y doy fe de que por ante mí comparecieron los señores Ing. Luis López en representación de la Empresa Eli Lilly Interamérica, Inc., y el Dr. Ernesto Mota Andújar, en representación de la señora Carmen Josefina Díaz, cuyas generales y calidades constan en el documento que precede, y lo firmaron frente a mí, manifestándome que esa es la forma como acostumbran firmar todos los actos de su vida pública y privada, por lo que merecen entera fe y crédito, en los Bajos de Haina, San Cristóbal, República Dominicana, a los dos días del mes de octubre del año Mil Novecientos Noventa y Seis (1996). (Firmado) Dr. José Lozano Lucas, Abogado-Notario Público.";

<span style="color: #666666; display: block; font-family: 'Times New Roman',serif; text-align: right;"> **Considerando,** que los documentos arriba copiados revelan que las partes en causa llegaron a un acuerdo transaccional, lo que justifica la falta de interés de la recurrente manifestada en la instancia sometida mediante el cual la parte recurrida fue desinteresada por el recurrente;

<span style="color: #666666; display: block; font-family: 'Times New Roman',serif; text-align: right;"> Por tales motivos, Primero: Da acta del desistimiento hecho por Eli Lilly Interamérica, Inc., (Caribbean Services División Panamá, Inc.) del recurso de casación por élla interpuesto, contra la sentencia de fecha 7 de marzo de 1996; Segundo: Declara que no ha lugar a estatuir acerca de dicho recurso, y ordena que el expediente sea archivado.

<span style="color: #666666; display: block; font-family: 'Times New Roman',serif; text-align: right;"> Firmado: Juan Guiliani Vólquez, Juan Luperón Vásquez, Julio Aníbal Suárez y Enilda Reyes Pérez. Grimilda Acosta, Secretaria General.

<span style="color: #666666; display: block; font-family: 'Times New Roman',serif; text-align: right;"> La presente sentencia ha sido dada y firmada por los señores Jueces que figuran en su encabezamiento en la audiencia pública del día, mes y año en él expresados y fue firmada, leída y publicada por mí, Secretaria General, que certifico. **<span style="color: #666666; font-family: 'Times New Roman','serif';">B.J. NO. 1044, NOVIEMBRE 1997 ** <span style="color: #666666; display: block; font-family: 'Times New Roman',serif; text-align: right;">Sentencia impugnada: Cámara Civil, Comercial y de Trabajo del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de San Cristóbal, en fecha 2 de noviembre de 1992.

<span style="color: #666666; display: block; font-family: 'Times New Roman',serif; text-align: right;"> Materia: Laboral.

<span style="color: #666666; display: block; font-family: 'Times New Roman',serif; text-align: right;"> Recurrente: Papeles Nacionales, C. por A.

<span style="color: #666666; display: block; font-family: 'Times New Roman',serif; text-align: right;"> Abogado: Lic. Félix Antonio Serrata Záiter.

<span style="color: #666666; display: block; font-family: 'Times New Roman',serif; text-align: right;"> Recurrido: Henry Manuel Arias.

<span style="color: #666666; display: block; font-family: 'Times New Roman',serif; text-align: right;"> Abogados: Dres. César Darío Adames Figueroa, Francia M. Díaz de Adames y Lic. Francia Migdalia Adames Díaz. **<span style="color: #666666; font-family: 'Times New Roman','serif';">Considerando, **<span style="color: #666666; font-family: 'Times New Roman','serif';"> que en el desarrollo de su primer medio de casación, la recurrente alega en síntesis, lo siguiente: "La sentencia recurrida, en toda su extensión carece de una relación de los hechos y de todo asidero legal desde el punto de vista de la prueba para dar por fundamentadas las afirmaciones a que llegó el juez a-quo para rechazar el recurso que se interpuso contra la sentencia del 9 de junio del año 1991, dictada por el Juzgado de Paz, si hacemos una lectura del considerando que figura como primero en la página No. 5 de la sentencia hoy recurrida, podremos darnos cuenta, que el Magistrado señala: que por los documentos aportados por la parte recurrente no se estableció la justa causa del despido del que fue objeto el trabajador, señalando además, que ni tampoco la recurrente aportó prueba alguna que avalara la validez del recurso, entonces cabría preguntarnos: cuando y en que momento la parte recurrente alegó que había despedido al trabajador: no es el que alega un derecho el que debe probarlo, con que documento o por medio de que informativo testimonial probó el trabajador que hubo un despido injustificado. Ningunas de estas fueron suministradas ni mucho menos probadas por el trabajador demandante, pero lo que sí podemos notar con un estudio de la sentencia, que el juez a-quo tiene el criterio al igual que el Juez de Paz, de que cuando un trabajador demanda por haber sido despedido, es al patrono que le corresponde probar que el despido fue justificado, cuando es lo contrario, es al trabajador que alega un despido injustificado que le corresponde probarlo. Es de principio en los litigios laborales por causa de despido injustificado, que el trabajador pruebe la existencia del contrato de trabajo y el despido de que fue objeto, y luego de haber hecho esa prueba, corresponde al patrono que pretenda que el despido tuvo una causa justa, probar ese alegato";

<span style="color: #666666; display: block; font-family: 'Times New Roman',serif; text-align: right;"> **Considerando,** que la sentencia impugnada se limita a expresar que "en el presente recurso de apelación que nos ocupa, fue interpuesto en tiempo hábil y de acuerdo a la ley, por lo que este tribunal de alzada entiende y así lo hace, declararlo bueno y en cuanto al fondo este tribunal entiende que el tribunal a-quo al dictar la sentencia ya señalada y cuyo dispositivo reposa en otra parte del cuerpo de la presente, hizo una correcta aplicación del derecho y una justa apreciación de los hechos, por lo que se confirma en todas sus partes la sentencia hoy recurrida".

<span style="color: #666666; display: block; font-family: 'Times New Roman',serif; text-align: right;"> **Considerando,** que del estudio de la sentencia impugnada se observa que ésta no contiene una relación completa de los hechos y que sus motivaciones se circunscriben a señalar que el juez de primer grado hizo una correcta aplicación del derecho y una justa apreciación de los hechos, sin identificar cuales fueron esos hechos, ni los medios de que se valió el Juez, para llegar a tal apreciación, por lo que la sentencia carece de motivos que permitan a esta corte verificar si la ley fue bien o mal aplicada, careciendo además de base legal, razón por la cual dicha sentencia debe ser casada, sin necesidad de examinar los demás medios del recurso;

<span style="color: #666666; font-family: 'Times New Roman','serif';"> Por tales motivos, **<span style="color: #666666; font-family: 'Times New Roman','serif';">Primero: **<span style="color: #666666; font-family: 'Times New Roman','serif';"> Casa la sentencia dictada en sus atribuciones laborales por la Cámara Civil, Comercial y de Trabajo del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de San Cristóbal, el 2 de noviembre de 1992, cuyo dispositivo ha sido copiado anteriormente y envía el asunto a la Segunda Sala de la Corte de Trabajo del Distrito Nacional; **<span style="color: #666666; font-family: 'Times New Roman','serif';">Segundo: **<span style="color: #666666; font-family: 'Times New Roman','serif';">Compensa las costas.

<span style="color: #666666; display: block; font-family: 'Times New Roman',serif; text-align: right;"> Firmado: Juan Guiliani Vólquez, Juan Luperón Vásquez, Julio Aníbal Suárez y Enilda Reyes Pérez. Grimilda Acosta, Secretaria General.

<span style="color: #666666; display: block; font-family: 'Times New Roman',serif; text-align: right;"> La presente sentencia ha sido dada y firmada por los señores Jueces que figuran en su encabezamiento, en la audiencia pública del día, mes y año en él expresados, y fue firmada, leída y publicada por mí, Secretaria General, que certifico. **<span style="color: #666666; font-family: 'Times New Roman','serif';">B.J. NO. 1044, NOVIEMBRE 1997 ** <span style="color: #666666; display: block; font-family: 'Times New Roman',serif; text-align: right;">Sentencia impugnada: Tribunal Superior de Tierras, en fecha 19 de marzo de 1993.

<span style="color: #666666; display: block; font-family: 'Times New Roman',serif; text-align: right;"> Materia: Tierras.

<span style="color: #666666; display: block; font-family: 'Times New Roman',serif; text-align: right;"> Recurrentes: Industrias Nika, S. A. y compartes.

<span style="color: #666666; display: block; font-family: 'Times New Roman',serif; text-align: right;"> Abogado: Dr. Roberto Salvador Mejía García.

<span style="color: #666666; display: block; font-family: 'Times New Roman',serif; text-align: right;"> Recurridos: Dr. Danilo Acosta Ramírez y María del Rosario Cuevas de Acosta.

<span style="color: #666666; display: block; font-family: 'Times New Roman',serif; text-align: right;"> Abogados: Dres. Tomás Peña, Pablo Félix Peña y Carmela A. Félix Mesa. **<span style="color: #666666; font-family: 'Times New Roman','serif';">Considerando, **<span style="color: #666666; font-family: 'Times New Roman','serif';">que la Ley de Registro de Tierras al establecer el procedimiento a seguir en el recurso de revisión por causa de fraude, dispone en su artículo 137: "Toda persona que fuere privada de un terreno o de algún interés en el mismo, por una sentencia, mandamiento o decreto de registro obtenido fraudulentamente, podrá solicitar del Tribunal Superior de Tierras, en un plazo no mayor de un año después de haber sido transcrito el decreto de registro en la Oficina del Registrador de Títulos correspondiente, la revisión por causa de fraude, de dicho decreto de registro. Párrafo: En cualquier tiempo, y mientras no se haya transcrito el decreto de registro en la Oficina del Registrador de Títulos correspondiente, dicha acción podrá interponerse, por la misma causa y siguiendo igual procedimiento, contra la sentencia del Tribunal Superior de Tierras o parte de la misma que haya fallado la parcela o parcelas, o interés en las mismas, a que la acción en revisión por causa de fraude se refiera". Y el artículo 139 establece: "El Tribunal Superior de Tierras quedará apoderado del caso por instancia en la cual debe figurar para que sea aceptada, una constancia de habérsele dado copia a la parte contra la cual se persigue la acción. Pasado un plazo de un mes sin que la parte intimada de contestación a dicha constancia o cuando pidiese en su réplica que aquella fuese rechazada, el Tribunal Superior de Tierras fijará una audiencia pública para conocer del caso, a la cual se citará también el Abogado del Estado, quien dictaminará en la misma audiencia o en un plazo que podrá solicitar al efecto.";

<span style="color: #666666; display: block; font-family: 'Times New Roman',serif; text-align: right;"> **Considerando,** que dado los términos claros y precisos del artículo139 de la Ley de Registro de Tierras, es forzoso concluir que el recurso en revisión por causa de fraude debe reputarse interpuesto el día en que se le de copia de la instancia al intimado, toda vez que el Tribunal Superior de Tierras, no puede aceptar la instancia si no se le demuestra que el intimado ha sido puesto en conocimiento de la acción que contra él se ejerce; que el hecho de que los recurridos sometieran junto con la instancia un acto (con los espacios destinados a la mención de las personas a quienes se entregaba el mismo en blanco) que había sido preparado para que la notificación se realizara, no cumple el voto de la ley, pues cuando ésta requiere como prueba de la notificación el depósito de una constancia, evidentemente que se refiere a un documento regularmente hecho;

<span style="color: #666666; display: block; font-family: 'Times New Roman',serif; text-align: right;"> **Considerando,** que en tales condiciones, es evidente que el Tribunal a-quo al acoger la instancia en revisión por causa de fraude que le fue sometida por los recurridos, sin pronunciarse de manera formal y expresa sobre la validez o no del acto de notificación de la misma, ha violado los artículos 137 y 139 de la Ley de Registro de Tierras, por lo que la decisión impugnada debe ser casada;

<span style="color: #666666; display: block; font-family: 'Times New Roman',serif; text-align: right;"> **Considerando,** que cuando la casación se pronuncia por violación a las reglas procesales cuyo cumplimiento está a cargo de los jueces, las costas pueden ser compensadas;

<span style="color: #666666; display: block; font-family: 'Times New Roman',serif; text-align: right;"> Por tales motivos, Primero: Casa la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Tierras el 19 de marzo de 1993, en relación con la Parcela No. 2519, del D. C. No. 4 del Municipio de Neyba, cuyo dispositivo ha sido copiado en parte anterior del presente fallo, y envía el asunto por ante el mismo Tribunal; Segundo:Compensa las costas.

<span style="color: #666666; display: block; font-family: 'Times New Roman',serif; text-align: right;"> Firmado: Juan Guiliani Vólquez, Juan Luperón Vásquez, Julio Aníbal Suárez y Enilda Reyes Pérez. Grimilda Acosta, Secretaria General.

<span style="color: #666666; display: block; font-family: 'Times New Roman',serif; text-align: right;"> La presente sentencia ha sido dada y firmada por los señores Jueces que figuran en su encabezamiento, en la audiencia pública del día, mes y año en él expresados, y fue firmada, leída y publicada por mí, Secretaria General, que certifico. **<span style="color: #666666; font-family: 'Times New Roman','serif';">B.J. NO. 1044, NOVIEMBRE 1997 ** <span style="color: #666666; display: block; font-family: 'Times New Roman',serif; text-align: right;">Sentencia impugnada: Corte de Trabajo del Distrito Nacional, en fecha 22 de febrero de 1994.

<span style="color: #666666; display: block; font-family: 'Times New Roman',serif; text-align: right;"> Materia: Laboral.

<span style="color: #666666; display: block; font-family: 'Times New Roman',serif; text-align: right;"> Recurrente: Kamelia Line y/o Kamelia Fermín.

<span style="color: #666666; display: block; font-family: 'Times New Roman',serif; text-align: right;"> Abogado: Dr. Félix Ant. Serrata Zaiter.

<span style="color: #666666; display: block; font-family: 'Times New Roman',serif; text-align: right;"> Recurrido: Simón de León.

<span style="color: #666666; display: block; font-family: 'Times New Roman',serif; text-align: right;"> Abogado: Dr. Francisco José Polanco Ureña.

<span style="color: #666666; display: block; font-family: 'Times New Roman',serif; text-align: right;"> **Considerando**, que al dictar su fallo la Corte a-qua expresa lo siguiente: "que el informativo a cargo del trabajador demandante tuvo lugar el 30 de junio de 1993, en el cual depuso el señor José Mercedes Morillo Arias, quien declaró entre otras cosas que él estuvo presente cuando la dueña del negocio le dijo trabajador Simón de León que no se metiera en asuntos de su negocio y que se le fuera de su centro y él le contestó que le pagara sus prestaciones";

<span style="color: #666666; display: block; font-family: 'Times New Roman',serif; text-align: right;"> **Considerando,** que asimismo la sentencia impugnada expresa: "que el demandante mediante la prueba testimonial y escrita ha establecido la existencia del hecho material del despido, y como la parte demandada hoy intimante, no ha negado la existencia de la relación de trabajo, el tiempo y el salario devengado, procede el rechazo del recurso de la parte intimante y en consecuencia confirmar en todas sus partes dicha sentencia impugnada";

<span style="color: #666666; display: block; font-family: 'Times New Roman',serif; text-align: right;"> **Considerando,** que por esa motivación se observa que la Corte a-qua previa ponderación de las pruebas aportadas, dio por establecidos los hechos en que el demandante fundamentó su demanda, declarando la existencia del hecho controvertido del despido, para lo cual hizo uso de su poder soberano de apreciación de las pruebas sin incurrir en el vicio de desnaturalización de los hechos de la causa;

<span style="color: #666666; display: block; font-family: 'Times New Roman',serif; text-align: right;"> **Considerando,** que la prueba fundamental en que se basó la sentencia recurrida fue el testimonio del testigo José Mercedes Morillo Arias, presentado por el demandante, el cual no fue contradicho por la recurrente al no comparecer a la audiencia en que debió celebrarse el contrainformativo testimonial, por lo que el alegato de que la Corte a-qua basó su fallo en fotocopias de documentos sin importancia, carece de validez, además de que la recurrente no indica cuales fueron esos documentos y si hizo oposición a los mismos ante la Corte a-qua ;

<span style="color: #666666; display: block; font-family: 'Times New Roman',serif; text-align: right;"> **Considerando,** que la sentencia recurrida contiene una relación completa de los hechos de la causa y motivos suficientes que permiten a esta Corte verificar que la ley ha sido bien aplicada, por lo que los medios examinados carecen de fundamento y procede su rechazo;

<span style="color: #666666; display: block; font-family: 'Times New Roman',serif; text-align: right;"> Por tales motivos**, Primero:** Rechaza el recurso de casación interpuesto por Kamelia Line y/o Kamelia Fermín, contra la sentencia dictada en sus atribuciones laborales, el 22 de febrero de 1994, por la Corte de Trabajo del Distrito Nacional, cuyo dispositivo se ha copiado en parte anterior del presente fallo**;Segundo:** Condena a la recurrente al pago de las costas, con distracción en favor del Dr. Francisco José Polanco, quien afirma haberlas avanzado en su totalidad.

<span style="color: #666666; display: block; font-family: 'Times New Roman',serif; text-align: right;"> Firmado: Juan Guiliani Vólquez, Juan Luperón Vásquez, Julio Aníbal Suárez y Enilda Reyes Pérez. Grimilda Acosta, Secretaria General.

<span style="color: #666666; display: block; font-family: 'Times New Roman',serif; text-align: right;"> La presente sentencia ha sido dada y firmada por los señores Jueces que figuran en su encabezamiento, en la audiencia pública del día, mes y año en él expresados, y fue firmada, leída y publicada por mí, Secretaria General, que certifico. **<span style="color: #666666; font-family: 'Times New Roman','serif';">B.J. NO. 1044, NOVIEMBRE 1997 ** <span style="color: #666666; display: block; font-family: 'Times New Roman',serif; text-align: right;">Sentencia impugnada: Corte de Apelación del Distrito Nacional, en fecha 12 de septiembre de 1996.

<span style="color: #666666; display: block; font-family: 'Times New Roman',serif; text-align: right;"> Materia: Laboral.

<span style="color: #666666; display: block; font-family: 'Times New Roman',serif; text-align: right;"> Recurrente: Héctor de los Santos.

<span style="color: #666666; display: block; font-family: 'Times New Roman',serif; text-align: right;"> Abogado: Dr. Luis Rafael Leclerc Jáquez.

<span style="color: #666666; display: block; font-family: 'Times New Roman',serif; text-align: right;"> Recurrido: Transporte Jénnifer, C. por A.

<span style="color: #666666; display: block; font-family: 'Times New Roman',serif; text-align: right;"> Abogado: Dr. Yoni Roberto Carpio.

<span style="color: #666666; display: block; font-family: 'Times New Roman',serif; text-align: right;"> **Considerando,** que en la comunicación de despido del trabajador se consigna como día de la ocurrencia de éste, el de la fecha de dicha comunicación, o sea, el 3 de octubre del 1995, y no el de la fecha de los hechos que originaron el despido, ocurrido el 28 de septiembre del 1995, que como de conformidad con el artículo 90 del Código de Trabajo, el empleador disponía de 15 días para despedir al trabajador por esa causa, al ejercer dicho despido, el 3 de octubre del año 1995 y comunicarlo a las autoridades administrativas, en esa misma fecha no incurrió en los vicios y violaciones denunciados por el recurrente por lo que el medio de casación que se examina carece de fundamento y debe ser desestimado;

<span style="color: #666666; display: block; font-family: 'Times New Roman',serif; text-align: right;"> **Considerando,** que en el desarrollo de su segundo medio de casación, el cual se examina en primer término por convenir así a la solución que se le dará al asunto, el recurrente expresa lo siguiente: "la Corte a-qua ha hecho una mala aplicación de los textos contenidos en los artículos 87 y 88, ordinales 6, 96, 92 y 93 del Código de Trabajo, al observar que el patrono hoy recurrido probó justa causa frente al despido realizado contra el trabajador Héctor de los Santos, en tal sentido ha desnaturalizado el derecho laboral, pues además de distraer su atención observando prueba de justa causa, se colocó fuera de los límites que establece el artículo 92, al atribuirle al trabajador otras faltas que no fueron invocadas por el patrono, lo cual es contrario a la ley. En tal sentido la ley laboral ha sido mal aplicada; pero,

<span style="color: #666666; display: block; font-family: 'Times New Roman',serif; text-align: right;"> **Considerando,** que en la carta de comunicación del despido del recurrente, el recurrido, además de señalar como causa de despido la violación del acápite 6 del artículo 88 del Código de Trabajo, el cual instituye como causa de despido "ocasionar el trabajador, intencionalmente, perjuicios materiales, durante el desempeño de las labores o con motivo de éstas en los edificios, obras, maquinarias, herramientas, materias primas, productos y demás objetos relacionados con el trabajo", relata los hechos atribuidos al trabajador, que a su juicio constituían las faltas que dieron lugar al despido y que son los mismos que los jueces retuvieron para declarar el despido injustificado, por lo que el alegato del recurrente en el sentido de que la Corte declaró injustificado el despido, admitiendo faltas que no fueron comunicadas al Departamento de Trabajo, carece de fundamento, por lo que el medio que se examina debe ser desestimado;

<span style="color: #666666; font-family: 'Times New Roman','serif';"> Por tales motivos, **<span style="color: #666666; font-family: 'Times New Roman','serif';">Primero: **<span style="color: #666666; font-family: 'Times New Roman','serif';">Rechaza el recurso de casación interpuesto por Héctor de los Santos, contra la sentencia dictada en sus atribuciones laborales, el 12 de septiembre de 1996, por la Corte de Trabajo del Distrito Nacional, cuyo dispositivo se ha copiado en parte anterior del presente fallo**; Segundo:**Condena al recurrente al pago de las costas, con distracción de las mismas a favor del Dr. Yoni Roberto Carpio, quien afirma haberlas avanzado en su totalidad.

<span style="color: #666666; display: block; font-family: 'Times New Roman',serif; text-align: right;"> Firmado: Juan Guiliani Vólquez, Juan Luperón Vásquez, Julio Aníbal Suárez y Enilda Reyes Pérez. Grimilda Acosta, Secretaria General.

<span style="color: #666666; display: block; font-family: 'Times New Roman',serif; text-align: right;"> La presente sentencia ha sido dada y firmada por los señores Jueces que figuran en su encabezamiento, en la audiencia pública del día, mes y año en él expresados, y fue firmada, leída y publicada por mí, Secretaria General, que certifico. **<span style="color: #666666; font-family: 'Times New Roman','serif';">B.J. NO. 1044, NOVIEMBRE 1997 ** <span style="color: #666666; display: block; font-family: 'Times New Roman',serif; text-align: right;">Sentencia impugnada: Corte de Trabajo del Distrito Nacional, en fecha 29 de marzo de l997

<span style="color: #666666; display: block; font-family: 'Times New Roman',serif; text-align: right;"> Materia: Laboral.

<span style="color: #666666; display: block; font-family: 'Times New Roman',serif; text-align: right;"> Recurrente: Santos A. Nivar.

<span style="color: #666666; display: block; font-family: 'Times New Roman',serif; text-align: right;"> Abogado: Dr. Luis Rafael Leclerc Jáquez.

<span style="color: #666666; display: block; font-family: 'Times New Roman',serif; text-align: right;"> Recurridos: Editora Listín Diario, C. por A., y/o Eduardo Pellerano.

<span style="color: #666666; display: block; font-family: 'Times New Roman',serif; text-align: right;"> Abogados: Licdos. René Antonio Vegazo, Carlos Hernández Contreras y César Herrera Díaz.

<span style="color: #666666; display: block; font-family: 'Times New Roman',serif; text-align: right;"> **Considerando,** que la falta de interés no se manifiesta por la ausencia de una demanda o la no presentación a juicio, sino que la falta de interés jurídico se genera cuando habiendo sido desinteresado con el cumplimiento de una obligación a su favor, o habiendo dado asentimiento a una situación jurídica, se inician acciones judiciales en reclamación del cumplimiento de esas obligaciones ejecutadas o liberadas;

<span style="color: #666666; display: block; font-family: 'Times New Roman',serif; text-align: right;"> **Considerando,** que al declarar inadmisible la acción ejercida por el recurrente, los jueces no podían estatuir sobre el fondo de la demanda, por ser ésta una consecuencia lógica de declaratoria de inadmisibilidad, lo que en modo alguno puede verse como una carencia de decisión como invoca la recurrente;

<span style="color: #666666; display: block; font-family: 'Times New Roman',serif; text-align: right;"> **Considerando,** que la sentencia recurrida contiene una relación completa de los hechos de la causa y de las normas de derecho aplicadas así como una motivación suficiente, que permite a esta Corte verificar que la ley ha sido bien aplicada, careciendo de fundamento los medios que se examinan, por lo que procede desestimarlos;

<span style="color: #666666; font-family: 'Times New Roman','serif';"> Por tales motivos**, Primero:** Rechaza el recurso de casación interpuesto por Santos A. Nivar, contra la sentencia dictada por la Corte de Trabajo del Distrito Nacional, en sus atribuciones laborales el 29 de marzo de 1996, cuyo dispositivo ha sido copiado en parte anterior del presente fallo; **<span style="color: #666666; font-family: 'Times New Roman','serif';">Segundo: **<span style="color: #666666; font-family: 'Times New Roman','serif';">Condena al recurrente al pago de las costas, con distracción de las mismas en provecho de los Licdos. Carlos Hernández Contreras y César Herrera Díaz.

<span style="color: #666666; display: block; font-family: 'Times New Roman',serif; text-align: right;"> Firmado: Juan Guiliani Vólquez, Juan Luperón Vásquez, Julio Aníbal Suárez y Enilda Reyes Pérez. Grimilda Acosta, Secretaria General.

<span style="color: #666666; display: block; font-family: 'Times New Roman',serif; text-align: right;"> La presente sentencia ha sido dada y firmada por los señores Jueces que figuran en su encabezamiento, en la audiencia pública del día, mes y año en él expresados, y fue firmada, leída y publicada por mí, Secretaria General, que certifico. **<span style="color: #666666; font-family: 'Times New Roman','serif';">B.J. **<span style="color: #666666; font-family: 'Times New Roman','serif';"> **NO. 1044, NOVIEMBRE 1997** <span style="color: #666666; display: block; font-family: 'Times New Roman',serif; text-align: right;">Sentencia impugnada: Cámara Civil, Comercial y de Trabajo del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de San Cristóbal, en fecha 5 de noviembre de 1992.

<span style="color: #666666; display: block; font-family: 'Times New Roman',serif; text-align: right;"> Materia: Laboral.

<span style="color: #666666; display: block; font-family: 'Times New Roman',serif; text-align: right;"> Recurrente: Compañía Mid South Internacional, Inc.

<span style="color: #666666; display: block; font-family: 'Times New Roman',serif; text-align: right;"> Abogados: Dr. Guiseppe Serrata, Licdo. Luis Arturo Serrata Badía y Dra. Felicia Frómeta.

<span style="color: #666666; display: block; font-family: 'Times New Roman',serif; text-align: right;"> Recurrido: Ángela Elizabeth Perdomo.

<span style="color: #666666; display: block; font-family: 'Times New Roman',serif; text-align: right;"> Abogado: Dres. César Darío Adames Figueroa, Francia M. Díaz de Adames y Licda. Francia Migdalia Adames Díaz.

<span style="color: #666666; display: block; font-family: 'Times New Roman',serif; text-align: right;"> **Considerando,** que tal como lo expresa la recurrente en su memorial, la sentencia impugnada se limita a expresar: "que por los documentos aportados por la recurrente no se estableció la justeza del despido de que fue objeto la trabajadora, ni tampoco la recurrente aportó prueba alguna que avalara la validez del recurso de que se trata, ya que la recurrente tanto en el tribunal a-quo como ante éste, niega el despido, alegando existir una suspensión legal del 18 de julio de 1991, sin embargo el patrono violó el artículo 53 del Código de Trabajo, al no reanudar y llamar a la trabajadora a ocupar su puesto al cesar la suspensión, lo que evidencia que la demandada no ha obrado conforme a la ley: que de conformidad con los documentos aportados por la obrera recurrida, el tribunal pudo establecer que el despido de que fue objeto fue injusto";

<span style="color: #666666; display: block; font-family: 'Times New Roman',serif; text-align: right;"> **Considerando,** que la sentencia recurrida no contiene una precisión de cuales fueron los documentos y medios de prueba de cuyo examen el tribunal llegó a la conclusión de que la recurrida había sido despedida, ni las circunstancias en que dicho despido se originó;

<span style="color: #666666; display: block; font-family: 'Times New Roman',serif; text-align: right;"> **Considerando,** que de acuerdo con el Código de Trabajo vigente en la época en que ocurrieron los hechos, la circunstancia de que un empleador no reanudara las labores al cesar las causas que generaban una suspensión, no convertía, por si solo esta suspensión en un despido, sino que constituía, como dice la sentencia recurrida, una violación al artículo 53, de dicho Código, lo que a su vez facultaba a la trabajadora a poner fin al contrato de trabajo, haciendo uso del derecho a la dimisión, al tenor del ordinal 3ro. del artículo 86, de la referida legislación, lo que no expresa la sentencia que ocurriera en la especie;

<span style="color: #666666; display: block; font-family: 'Times New Roman',serif; text-align: right;"> **Considerando,** que la decisión recurrida no contiene una relación completa de los hechos ni motivos suficientes que permita a esta Corte verificar si la ley fue bien o mal aplicada, razón por la cual procede la casación de la sentencia impugnada;

<span style="color: #666666; font-family: 'Times New Roman','serif';"> Por tales motivos, **<span style="color: #666666; font-family: 'Times New Roman','serif';">Primero: **<span style="color: #666666; font-family: 'Times New Roman','serif';">Casa la sentencia dictada por la Cámara Civil, Comercial y de Trabajo del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de San Cristóbal, el 5 de noviembre de 1992, cuyo dispositivo ha sido copiado en parte anterior del presente fallo, y envía el asunto por ante la Primera Sala de la Corte de Trabajo del Distrito Nacional; **<span style="color: #666666; font-family: 'Times New Roman','serif';">Segundo: **<span style="color: #666666; font-family: 'Times New Roman','serif';"> Compensa las costas.

<span style="color: #666666; display: block; font-family: 'Times New Roman',serif; text-align: right;"> Firmado: Juan Guiliani Vólquez, Juan Luperón Vásquez, Julio Aníbal Suárez y Enilda Reyes Pérez. Grimilda Acosta, Secretaria General.

<span style="color: #666666; display: block; font-family: 'Times New Roman',serif; text-align: right;"> La presente sentencia ha sido dada y firmada por los señores Jueces que figuran en su encabezamiento, en la audiencia pública del día, mes y año en él expresados, y fue firmada, leída y publicada por mí, Secretaria General, que certifico **<span style="color: #666666; font-family: 'Times New Roman','serif';">B.J. NO. 1044, NOVIEMBRE 1997 ** <span style="color: #666666; display: block; font-family: 'Times New Roman',serif; text-align: right;">Sentencia impugnada: Tribunal Superior de Tierras, el 29 de octubre de 1996.

<span style="color: #666666; display: block; font-family: 'Times New Roman',serif; text-align: right;"> Materia: Tierras.

<span style="color: #666666; display: block; font-family: 'Times New Roman',serif; text-align: right;"> Recurrente: Compañías Lina Realty, S. A. y Agro Inter, S. A.

<span style="color: #666666; display: block; font-family: 'Times New Roman',serif; text-align: right;"> Abogados: Dr. Luis Oviedo Méndez y Licda. Santa Mateo y Dra. Juana Butten Calderón.

<span style="color: #666666; display: block; font-family: 'Times New Roman',serif; text-align: right;"> Recurridos: Morris Abraham Hellinger y Mina Hellinger.

<span style="color: #666666; display: block; font-family: 'Times New Roman',serif; text-align: right;"> Abogado: Dr. Federico E. Villamil y Licdos. Eduardo M. Trueba, César Emilio Olivo y Francisco González. **<span style="color: #666666; font-family: 'Times New Roman','serif';">Considerando, **<span style="color: #666666; font-family: 'Times New Roman','serif';">en cuanto a la letra b), relativa al segundo medio del recurso que tal como se expresa anteriormente, al responder el recurso de casación de la compañía Lina Realty, S. A., los jueces del fondo comprobaron que desde el año 1963, los señores Morris Abraham y Mina Hellinger, que adquirieron por compra de la Dominican Republic Asociation, Inc. (La Dorsa) por acto del 21 de febrero de 1964, una porción de terreno de 3,200 metros cuadrados dentro de la Parcela No. 1-Ref-36, del D. C. No. 2, Sosúa, municipio de Puerto Plata, lugar El Batey y por acto del 31 de diciembre de 1968, compraron también al Lic. Amiro Pérez, otra porción de 2, 591.50 metros cuadrados dentro de la misma parcela, indicándose en los Certificados de Títulos en forma explícita y detallada todas las colindancias de ambas porciones, venían ocupando las mismas de manera pública, contínua y sin molestias de ninguna persona desde el año 1963, lo que fue comprobado con la declaración de los testigos Benjamín Jaachin Joe, Margarita Benz Frucerí de Núñez, Frederick Milz, Herman Straus, Noen García, Humberto Pérez Mera y Virgilio Reyes González, que depusieron en las audiencias celebradas por el Juez de Jurisdicción Original, las que fueron admitidas como serias y verdaderas por los propios abogados de las ahora recurrentes así como muy especialmente por la declaración del señor José Manuel Pittaluga, que como se advierte por lo anterior, el Tribunal a-quo hizo una correcta apreciación de los hechos y circunstancias de la causa que justifican la decisión; que en cuanto a que hay falta o insuficiencia de motivos porque el Juez de Jurisdicción Original no puede revocar una sentencia del Tribunal Superior de Tierras, ni este confirmar esta revocación, es preciso reiterar el criterio de esta Suprema Corte de Justicia en el sentido de que las resoluciones dictadas por el Tribunal Superior de Tierras, no adquieren la autoridad de la cosa irrevocablemente juzgada y que por tanto pueden siempre ser impugnadas por los interesados o perjudicados por ellas y que en presencia de una instancia en tal sentido, el Presidente del Tribunal Superior de Tierras está facultado para apoderar a un Juez de Jurisdicción Original, que conozca de esa impugnación, a fin de que el asunto recorra el doble grado de jurisdicción; que al hacerlo así no se ha incurrido en ninguna de las violaciones denunciadas por la recurrente, por lo que el segundo medio de su recurso como el anterior deben ser desestimados por improcedentes y mal fundados;

<span style="color: #666666; display: block; font-family: 'Times New Roman',serif; text-align: right;"> **Considerando,** en cuanto a la letra c) atinente al tercer medio del recurso, mediante el cual se invoca que el deslinde de que se trata cumplió todos los requisitos legales y que la Agro Inter, S. A., podía como lo hizo ejercer sus derechos de propietaria vendiendo a la Lina Realty, S. A., la parcela resultante del deslinde provista ya de un Certificado de Título, sobre todo porque los señores Hellinger, habían declarado que no habían deslindado y que solo eran copropietarios de la Parcela No. 1-Ref-36 ya referida; que contrariamente a lo alegado por la recurrente los jueces del fondo después de haber procedido a una amplia instrucción del caso comprobaron que el indicado deslinde fue practicado en violación de la Ley de Registro de Tierras y del Reglamento General de Mensuras Catastrales, en razón de que en la sentencia impugnada consta que los trabajos de deslinde realizados por el Agr. José Manuel Báez Mueses, en la Parcela No. 1-Ref-36 del D. C. No. 2 de Sosúa, municipio de Puerto Plata, fueron efectuados por éste sin dar antes ningún aviso o citación a los distintos copropietarios de la misma, y sin la presencia de ellos, especialmente de los recurridos cuyas porciones de terreno fueron abarcadas o comprendidas dentro del deslinde irregularmente realizado, lo que no podía ser ignorado por las recurrentes en el caso, por las razones expresadas en la decisión; que era indispensable para la regularidad de los trabajos de deslinde de que se trata, que se le diera a las partes interesadas, o sea, a todos los copropietarios, iguales oportunidades para la defensa de sus derechos, citándolos para que pudieran formular sobre el mismo terreno y en el momento mismo de los trabajos de campo relativos al deslinde sus observaciones y reclamos, lo que no se hizo, por lo que al comprobarlo así el tribunal a-quo, y sobre esa base declarar nulo el deslinde, y comprobar además por los motivos que se han expuesto precedentemente al contestar el recurso de casación de la compañía Lina Realty, S. A., que la transferencia hecha por ésta a la también recurrente Agro Inter, S. A., era una venta simulada por las vinculaciones y circunstancias apuntadas anteriormente, es evidente que no ha incurrido en ninguno de los vicios y violaciones invocados en el tercer medio del recurso por lo que el mismo debe ser también desestimado;

<span style="color: #666666; display: block; font-family: 'Times New Roman',serif; text-align: right;"> **Considerando,** en cuanto a la letra d) referente al cuarto medio del recurso el cual constituye una repetición del segundo medio en el que se invoca que el Juez de Jurisdicción Original no podía revocar la resolución dictada por el Tribunal Superior de Tierras, ni este confirmar la decisión revocatoria, ya ha sido contestado al responder dicho segundo medio y en consecuencia los agravios formulados al respecto deben ser desestimados por improcedentes y mal fundados;

<span style="color: #666666; font-family: 'Times New Roman','serif';"> Por tales motivos**, Primero:** Rechaza los recursos de casación interpuestos por las compañías Lina Realty S. A., y Agro Inter, S. A., contra las sentencias dictadas por el Tribunal Superior de Tierras el 29 de octubre de 1996, en relación con la Parcela No. l-Ref-36-U, del Distrito Catastral No. 2, de Sosúa, municipio de Puerto Plata, cuyo dispositivo ha sido copiado en parte anterior el presente fallo; **<span style="color: #666666; font-family: 'Times New Roman','serif';">Segundo: C **<span style="color: #666666; font-family: 'Times New Roman','serif';">ondena a las recurrentes al pago de las costas con distracción de las mismas en provecho del Dr. Federico E. Villamil y de los Licdos. Eduardo M. Trueba, César Emilio Olivo y Francisco González, abogados de los recurridos, quienes afirman haberlas avanzado en su mayor parte.

<span style="color: #666666; display: block; font-family: 'Times New Roman',serif; text-align: right;"> Firmado: Juan Guiliani Vólquez, Juan Luperón Vásquez, Julio Aníbal Suárez y Enilda Reyes Pérez. Grimilda Acosta, Secretaria General.

<span style="color: #666666; display: block; font-family: 'Times New Roman',serif; text-align: right;"> La presente sentencia ha sido dada y firmada por los señores Jueces que figuran en su encabezamiento, en la audiencia pública del día, mes y año en él expresados, y fue firmada, leída y publicada por mí, Secretaria General, que certifico. **<span style="color: #666666; font-family: 'Times New Roman','serif';">B.J. NO. 1044, NOVIEMBRE 1997 ** <span style="color: #666666; display: block; font-family: 'Times New Roman',serif; text-align: right;">Sentencia impugnada: Corte de Trabajo del Distrito Nacional, el l6 de septiembre de 1994.

<span style="color: #666666; display: block; font-family: 'Times New Roman',serif; text-align: right;"> Materia: Laboral.

<span style="color: #666666; display: block; font-family: 'Times New Roman',serif; text-align: right;"> Recurrente: Leoncio Morel de León.

<span style="color: #666666; display: block; font-family: 'Times New Roman',serif; text-align: right;"> Abogado: Licdos. Yonis Furcal Aybar y José A. Báez Rodríguez.

<span style="color: #666666; display: block; font-family: 'Times New Roman',serif; text-align: right;"> Recurrido: Distribuidora Corripio, C. por A.

<span style="color: #666666; display: block; font-family: 'Times New Roman',serif; text-align: right;"> Abogado: Lic. Carlos Hernández Contreras **<span style="color: #666666; font-family: 'Times New Roman','serif';">Considerando, **<span style="color: #666666; font-family: 'Times New Roman','serif';">que el pedimento formulado por la actual recurrente, y que fuere rechazado por la sentencia impugnada, se circunscribía a que la corte ordenara a una institución del Estado el depósito de una certificación, no a que ordenara ninguna medida cuya celebración o rechazo pudiere prejuzgar el fondo del recurso de apelación ni de la demanda del trabajador, por lo que con su rechazo la Corte a-qua no hizo tal prejuicio, máxime cuando de oficio ordenó una comunicación de documentos para dar oportunidad a la recurrente para depositar los documentos que considerara útiles a sus pretensiones;

<span style="color: #666666; display: block; font-family: 'Times New Roman',serif; text-align: right;"> **Considerando,** que como se observa, la sentencia impugnada fue dictada para una mejor substanciación del proceso a fin de poner al tribunal en condiciones de fallar posteriormente el asunto a su cargo, por lo que dicha sentencia es preparatoria y no interlocutoria como pretende la recurrente;

<span style="color: #666666; display: block; font-family: 'Times New Roman',serif; text-align: right;"> **Considerando,** que de acuerdo con el artículo 5, de la Ley No. 3726, sobre Procedimiento de Casación, no se puede interponer recurso de casación contra las sentencias preparatorias sino después de la sentencia definitiva; que no habiéndose establecido que la Corte a-qua, hubiere dictado sentencia sobre el fondo del asunto, procede declarar inadmisible el recurso de casación de que se trata, sin necesidad de examinar los medios desarrollados en el Memorial de Casación;

<span style="color: #666666; font-family: 'Times New Roman','serif';"> Por tales motivos, **<span style="color: #666666; font-family: 'Times New Roman','serif';">Primero: **<span style="color: #666666; font-family: 'Times New Roman','serif';">Declara inadmisible el recurso de casación interpuesto por Leoncio Morel de León, contra la sentencia dictada por la Corte de Trabajo del Distrito Nacional, el 16 de septiembre de 1994, cuyo dispositivo ha sido copiado en parte anterior del presente fallo; **<span style="color: #666666; font-family: 'Times New Roman','serif';">Segundo: **<span style="color: #666666; font-family: 'Times New Roman','serif';"> Condena al recurrente, al pago de las costas, en provecho del Lic. Carlos Hernández Contreras, quien afirma haberlas avanzado en su totalidad.

<span style="color: #666666; display: block; font-family: 'Times New Roman',serif; text-align: right;"> Firmado: Juan Guiliani Vólquez, Juan Luperón Vásquez, Julio Aníbal Suárez y Enilda Reyes Pérez. Grimilda Acosta, Secretaria General.

<span style="color: #666666; display: block; font-family: 'Times New Roman',serif; text-align: right;"> La presente sentencia ha sido dada y firmada por los señores Jueces que figuran en su encabezamiento, en la audiencia pública del día, mes y año en él expresados, y fue firmada, leída y públicada por mí, Secretaria General que certifico. **<span style="color: #666666; font-family: 'Times New Roman','serif';">B.J. NO. 1044, NOVIEMBRE 1997 ** <span style="color: #666666; display: block; font-family: 'Times New Roman',serif; text-align: right;">Sentencia impugnada: Corte de Trabajo del Distrito Nacional, en sus atribuciones laborales, el 13 de octubre de 1995.

<span style="color: #666666; display: block; font-family: 'Times New Roman',serif; text-align: right;"> Materia: Laboral.

<span style="color: #666666; display: block; font-family: 'Times New Roman',serif; text-align: right;"> Recurrente: Felipe de Jesús

<span style="color: #666666; display: block; font-family: 'Times New Roman',serif; text-align: right;"> Abogado: Lic. Ricardo Lluveres Luciano.

<span style="color: #666666; display: block; font-family: 'Times New Roman',serif; text-align: right;"> Recurrido: Naves & Terminales, S. A., (NATESA). **<span style="color: #666666; font-family: 'Times New Roman','serif';">Considerando, **<span style="color: #666666; font-family: 'Times New Roman','serif';"> que de conformidad con el artículo 5 de la Ley sobre Procedimiento de Casación: "en los asuntos civiles y comerciales, el recurso de casación se interpondrá con un memorial suscrito por abogado, que contendrá todos los medios en que se funda, y que deberá ser depositado en la secretaría de la Suprema Corte de Justicia, en los dos meses de la notificación de la sentencia ";

<span style="color: #666666; display: block; font-family: 'Times New Roman',serif; text-align: right;"> **Considerando,** que para cumplir el voto de la ley no basta la simple enunciación de los textos legales y de los principios jurídicos cuya violación se invoca; que es indispensable además, que el recurrente desarrolle, aunque sea de una manera sucinta, en el memorial introductivo del recurso, los medios en que lo funda y que explique en que consisten las violaciones de la ley y de los principios jurídicos invocados; <span style="color: #666666; display: block; font-family: 'Times New Roman',serif; text-align: right;">**Considerando,** que en el presente caso el recurrente no ha motivado su recurso, ni ha explicado en el memorial introductivo en que consisten las violaciones de la ley por él alegadas, limitándose a invocar la violación del artículo 539 del Código de Trabajo, los principios V y VI de dicho Código y del artículo 110 de la Ley 834 de 1978, lo que no constituye una motivación suficiente que satisfaga las exigencias de la ley, por lo que el recurso de casación de que se trata debe ser declarado inadmisible; <span style="color: #666666; font-family: 'Times New Roman','serif';">Por tales motivos, **<span style="color: #666666; font-family: 'Times New Roman','serif';">Primero: **<span style="color: #666666; font-family: 'Times New Roman','serif';">Declara inadmisible el recurso de casación interpuesto por Felipe de Jesús, contra la sentencia dictada por la Corte de Apelación de Trabajo del Distrito Nacional, el 13 de octubre de 1995, cuyo dispositivo ha sido copiado en parte anterior del presente fallo; **<span style="color: #666666; font-family: 'Times New Roman','serif';">Segundo: **<span style="color: #666666; font-family: 'Times New Roman','serif';"> Declara que no procede condenar en costas al recurrente, porque la recurrida al haber hecho defecto, no ha hecho tal pedimento; <span style="color: #666666; display: block; font-family: 'Times New Roman',serif; text-align: right;">Firmado: Juan Guiliani Vólquez, Juan Luperón Vásquez, Julio Aníbal Suárez y Enilda Reyes Pérez. Grimilda Acosta, Secretaria General. <span style="color: #666666; display: block; font-family: 'Times New Roman',serif; text-align: right;">La presente sentencia ha sido dada y firmada por los señores Jueces que figuran en su encabezamiento, en la audiencia pública del día, mes y año en él expresados, y fue firmada, leída y publicada por mí, Secretaria General, que certifico. **<span style="color: #666666; font-family: 'Times New Roman','serif';">B.J. NO. 1044, NOVIEMBRE 1997 ** <span style="color: #666666; display: block; font-family: 'Times New Roman',serif; text-align: right;">Sentencia impugnada: Corte de Trabajo del Distrito Nacional, el 7 de julio de 1995.

<span style="color: #666666; display: block; font-family: 'Times New Roman',serif; text-align: right;"> Materia: Laboral.

<span style="color: #666666; display: block; font-family: 'Times New Roman',serif; text-align: right;"> Recurrente: Lavandería Tín.

<span style="color: #666666; display: block; font-family: 'Times New Roman',serif; text-align: right;"> Abogado: Dr. Diógenes Rafael de la Crúz E.

<span style="color: #666666; display: block; font-family: 'Times New Roman',serif; text-align: right;"> Recurrido: Salomón Bautista.

<span style="color: #666666; display: block; font-family: 'Times New Roman',serif; text-align: right;"> Abogados: Licdos. Yonis Furcal Aybar y José A. Baéz Rodríguez.

<span style="color: #666666; display: block; font-family: 'Times New Roman',serif; text-align: right;"> **Considerando**, que como se advierte por lo antes expuesto, la Corte a-qua apreció las pruebas aportadas por ambas partes y dedujo de las mismas la existencia del despido y de los demás hechos de la demanda, sin incurrir en desnaturalización, para lo cual hizo uso de la facultad que tienen los jueces, frente a declaraciones distintas, de acoger aquellas, que a su juicio les parezcan más verosímiles y sinceras, razón por la cual el medio que se examina carece de fundamento y debe ser desestimado; <span style="color: #666666; display: block; font-family: 'Times New Roman',serif; text-align: right;">**Considerando,** que en el desarrollo de los medios segundo y tercero el recurrente expresa, en síntesis lo siguiente: "la Corte a-quo desnaturalizó los hechos pues el hecho de que las partes no pudieron ponerse de acuerdo en sus pretensiones, lo convirtió en un despido; y lo que era un hecho de dos: el desacuerdo en sus pretensiones (el desacuerdo entre el patrono y el trabajador), lo convirtió en el hecho de uno solo: el despido (solo el patrono puede despedir ), y como consecuencia de tal transformación le impuso todas las consecuencias jurídico-legal y económico que del caso se derivan; muy en especial en dicho fallo no se enumeran, dándole su calificación correspondiente y de lugar, las pruebas sometidas por el exponente a la consideración del tribunal, y hasta puede afirmarse que carece de examen y de enumeración de las presentadas por la contraparte. Es de principio que toda decisión judicial debe contener la enumeración sumaria de los hechos y pruebas en los cuales se basa su dispositivo a los fines de que esta superioridad pueda determinar hasta donde ha sido bien o mal aplicada la ley. Pues en el caso ocurrente, hay un defecto total en la estimación de las pruebas sometidas al debate";  <span style="color: #666666; display: block; font-family: 'Times New Roman',serif; text-align: right;">**Considerando,** que del estudio de la sentencia impugnada se advierte, que la Corte a-qua dictó su fallo después de ponderar las pruebas aportadas, deduciendo el hecho del despido de las declaraciones de los testigos presentados y de las vertidas por las partes en su comparecencia ante el tribunal, dándole un justo valor a cada una de esas pruebas, sin incurrir en desnaturalización de los hechos; que asimismo se pone de manifiesto que la sentencia recurrida contiene una relación completa de los hechos y motivos suficientes y pertinentes que justifican su dispositivo y que han permitido a esta Corte verificar que en la especie se ha hecho una correcta aplicación de la ley, razón por la cual los medios que se examinan carecen de fundamento y deben ser desestimados; <span style="color: #666666; font-family: 'Times New Roman','serif';">Por tales motivos, **<span style="color: #666666; font-family: 'Times New Roman','serif';">Primero: **<span style="color: #666666; font-family: 'Times New Roman','serif';"> Rechaza el recurso de casación interpuesto por Lavandería Tín y/o José E. Henríquez Saladín, contra la sentencia dictada en atribuciones laborales por la Corte de Trabajo del Distrito Nacional, el 7 de julio de 1995, cuyo dispositivo figura copiado en parte anterior del presente fallo;**Segundo**: Condena a la recurrente al pago de las costas, con distracción de las mismas a favor y provecho de los Licdos. Yonis Furcal Aybar y José A. Baéz Rodríguez, quienes afirman haberlas avanzado en su totalidad. <span style="color: #666666; display: block; font-family: 'Times New Roman',serif; text-align: right;">Firmado: Juan Guiliani Vólquez, Juan Luperón Vásquez, Julio Aníbal Suárez y Enilda Reyes Pérez. Grimilda Acosta, Secretaria General. <span style="color: #666666; display: block; font-family: 'Times New Roman',serif; text-align: right;">La presente sentencia ha sido dada y firmada por los señores Jueces que figuran en su encabezamiento, en la audiencia pública del día, mes y año en él expresados, y fue firmada, leída y publicada por mí, Secretaria General, que certifico. **<span style="color: #666666; font-family: 'Times New Roman','serif';">B.J. NO. 1044, NOVIEMBRE 1997 ** <span style="color: #666666; display: block; font-family: 'Times New Roman',serif; text-align: right;">Sentencia impugnada: Cámara de Trabajo del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional, el 22 de septiembre de 1989.

<span style="color: #666666; display: block; font-family: 'Times New Roman',serif; text-align: right;"> Materia: Laboral.

<span style="color: #666666; display: block; font-family: 'Times New Roman',serif; text-align: right;"> Recurrentes: Luis Torres y Francisco Torres.

<span style="color: #666666; display: block; font-family: 'Times New Roman',serif; text-align: right;"> Abogados: Dres. Ramón Emilio Martínez Montalvo y Miguel Ernesto Martínez Rodríguez.

<span style="color: #666666; display: block; font-family: 'Times New Roman',serif; text-align: right;"> Recurrido: Diego Zalazar Mercedes.

<span style="color: #666666; display: block; font-family: 'Times New Roman',serif; text-align: right;"> Abogados: Dres. Bienvenido Montero de los Santos y Blanca Iris Peña García. **<span style="color: #666666; font-family: 'Times New Roman','serif';">Considerando, **<span style="color: #666666; font-family: 'Times New Roman','serif';"> que del estudio de la sentencia recurrida, se advierte que: a) los recurrentes notificaron, el 17 de noviembre de 1988, el acto No. 119-88, contentivo del recurso de apelación contra la sentencia dictada por el Juzgado de Paz de Trabajo del Distrito Nacional, el 31 de octubre de 1988, a favor del señor Diego Salazar Mercedes; b) que dicho acto fue notificado en el estudio del abogado apoderado del recurrido, Dr. Bienvenido Montero de los Santos; <span style="color: #666666; display: block; font-family: 'Times New Roman',serif; text-align: right;">**Considerando,** que si bien el artículo 456 del Código de Procedimiento Civil dispone que: "el acto de apelación contendrá emplazamiento en los términos de la ley a la persona intimada y deberá notificarse a dicha persona o en su domicilio, bajo pena de nulidad", el juez a-quo debió tomar en cuenta que la materia laboral es una materia especial, cuyas nulidades, en la época en que ocurrieron los hechos eran regidas por las disposiciones del artículo 56 de la ley 637, sobre Contratos de Trabajo, del 16 de junio de 1944, el cual disponía: "No se admitirá ninguna clase de nulidades de procedimiento, a menos que éstas sean de una gravedad tal que imposibiliten al tribunal, y a juicio de éste, conocer y juzgar los casos sometidos a su consideración. En este caso se decidirá por la misma sentencia las dichas nulidades y el reenvío para conocer del fondo del asunto". Por lo que era necesario para la declaratoria de nulidad que el tribunal estableciera que la notificación del recurso de apelación era de una gravedad tal que le imposibilitara dictar sentencia; que por demás, la finalidad de que el recurso de casación sea notificado a la persona o en el domicilio del recurrido, es la de garantizar que el recurso llegue a su destinatario para que éste prepare las defensas correspondientes y formule los reparos que estime de lugar, lo cual se cumplió en la especie, pues el recurrido estuvo representado en audiencias por la persona que recibió el recurso de apelación, que resultó ser el abogado que le representó en primer grado y quién formuló las conclusiones que motivaron la sentencia recurrida, siendo evidente que el lugar donde le fue notificado el recurso de apelación no le ocasionó ningún perjuicio, ni imposibilitaba al tribunal conocer el fondo de dicho recurso; <span style="color: #666666; display: block; font-family: 'Times New Roman',serif; text-align: right;">**Considerando**, que por otra parte, la sentencia impugnada, a la vez que declara nulo el recurso de apelación lo pronuncia inadmisible por inexistente, bajo el fundamento de que el recurso fue dirigido contra el abogado del recurrido y no contra este mismo, lo que además de ser un contrasentido, pues no es posible que lo inexistente sea nulo, constituye un motivo erróneo, ya que el recurso de apelación no fue dirigido contra una persona, sino contra la sentencia del primer grado, no convirtiendo en parte a la persona en cuyo domicilio se notificó el recurso, sino que mantuvo como partes, a las personas que figuraron en primera instancia y que en la propia sentencia se hace constar, razones por las cuales se acoge el medio examinado y se casa la sentencia recurrida, sin necesidad de examinar el otro medio de casación; <span style="color: #666666; font-family: 'Times New Roman','serif';">Por tales motivos, **<span style="color: #666666; font-family: 'Times New Roman','serif';">Primero: **<span style="color: #666666; font-family: 'Times New Roman','serif';">Casa la sentencia dictada en atribuciones laborales por la Cámara de Trabajo del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional, el 22 de septiembre de 1989, cuyo dispositivo figura copiado en parte anterior del presente fallo y envía el asunto por ante la Primera Sala de la Corte de Trabajo del Distrito Nacional; **<span style="color: #666666; font-family: 'Times New Roman','serif';">Segundo: **<span style="color: #666666; font-family: 'Times New Roman','serif';">Compensa las costas. <span style="color: #666666; display: block; font-family: 'Times New Roman',serif; text-align: right;">Firmado: Juan Guiliani Vólquez, Juan Luperón Vásquez, Julio Aníbal Suárez y Enilda Reyes Pérez. Grimilda Acosta, Secretaria General. <span style="color: #666666; display: block; font-family: 'Times New Roman',serif; text-align: right;">La presente sentencia ha sido dada y firmada por los señores Jueces que figuran en su encabezamiento, en la audiencia pública del día, mes y año en él expresados, y fue firmada, leída y publicada por mí, Secretaria General, que certifico. **<span style="color: #666666; font-family: 'Times New Roman','serif';">B.J. NO. 1044, NOVIEMBRE 1997 ** <span style="color: #666666; display: block; font-family: 'Times New Roman',serif; text-align: right;">Sentencia impugnada: Cámara de Trabajo del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional el 22 de junio de 1988.

<span style="color: #666666; display: block; font-family: 'Times New Roman',serif; text-align: right;"> Materia: Laboral.

<span style="color: #666666; display: block; font-family: 'Times New Roman',serif; text-align: right;"> Recurrente: Guardianes Dominicanos, C. por A.

<span style="color: #666666; display: block; font-family: 'Times New Roman',serif; text-align: right;"> Abogado: Licdo. Félix Antonio Serrata Záiter.

<span style="color: #666666; display: block; font-family: 'Times New Roman',serif; text-align: right;"> Recurrido: Alcibíades de los Santos Minyety.

<span style="color: #666666; display: block; font-family: 'Times New Roman',serif; text-align: right;"> Abogado: Dr. Víctor Robustiano Peña. **<span style="color: #666666; font-family: 'Times New Roman','serif';">Considerando, **<span style="color: #666666; font-family: 'Times New Roman','serif';"> que en torno a estas declaraciones, el Juez a-quo señala que "las mismas lucen a juicio de este tribunal interesadas en favorecer a su patrono, más cuando sigue bajo su dependencia, por lo cual no deben ser tomadas en cuenta a los fines de su intención"; <span style="color: #666666; display: block; font-family: 'Times New Roman',serif; text-align: right;">**Considerando,** que del cotejo de la parte de las declaraciones del testigo Jorge Hernández y Hernández, que aparecen en la sentencia recurrida con la transcripción del acta del informativo depositada por el recurrente no se observa ninguna desnaturalización a las mismas, la que en la especie no puede existir porque el Juez no dictó su fallo dándole un alcance distinto al que tiene dicha declaración, que es cuando se produce una desnaturalización de testimonios, sino no tomándola en cuenta, en razón de que a su juicio, le lucieron interesadas, para lo cual hizo un uso correcto de su poder soberano de apreciación de la prueba, lo que escapa al control de esta Corte de Casación; <span style="color: #666666; display: block; font-family: 'Times New Roman',serif; text-align: right;">**Considerando,** que la sentencia impugnada contiene una relación completa de los hechos de la causa y motivación suficiente que permite a esta Corte verificar que la ley fue bien aplicada, por lo que el medio que se examina carece de fundamento y debe ser desestimado;

<span style="color: #666666; font-family: 'Times New Roman','serif';">Por tales motivos, **<span style="color: #666666; font-family: 'Times New Roman','serif';">Primero: **<span style="color: #666666; font-family: 'Times New Roman','serif';">Rechaza el recurso de casación interpuesto por Guardianes Dominicanos, C. por A., contra la sentencia dictada en atribuciones laborales por la Cámara de Trabajo del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional, el 22 de junio de 1988, cuyo dispositivo figura copiado en parte anterior del presente fallo; **<span style="color: #666666; font-family: 'Times New Roman','serif';">Segundo: **<span style="color: #666666; font-family: 'Times New Roman','serif';"> Condena a la recurrente al pago de las costas, con distracción de las mismas a favor y provecho del Dr. Víctor Robustiano Peña, quien afirma haberlas avanzado en su totalidad; <span style="color: #666666; display: block; font-family: 'Times New Roman',serif; text-align: right;">Firmado: Juan Guiliani Vólquez, Juan Luperón Vásquez, Julio Aníbal Suárez y Enilda Reyes Pérez. Grimilda Acosta, Secretaria General. <span style="color: #666666; display: block; font-family: 'Times New Roman',serif; text-align: right;">La presente sentencia ha sido dada y firmada por los señores Jueces que figuran en su encabezamiento, en la audiencia pública del día, mes y año en él expresados, y fue firmada, leída y publicada por mí, Secretaria General, que certifico. **<span style="color: #666666; font-family: 'Times New Roman','serif';">B.J. NO. 1044, NOVIEMBRE 1997 ** <span style="color: #666666; display: block; font-family: 'Times New Roman',serif; text-align: right;">Sentencia impugnada: Cámara Civil, Comercial y de Trabajo del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de Santiago, el 13 de junio de 1986.

<span style="color: #666666; display: block; font-family: 'Times New Roman',serif; text-align: right;"> Materia: Laboral.

<span style="color: #666666; display: block; font-family: 'Times New Roman',serif; text-align: right;"> Recurrente: Compañía Anónima Tabacalera.

<span style="color: #666666; display: block; font-family: 'Times New Roman',serif; text-align: right;"> Abogado: Lic. Luis Fernando Disla Muñoz.

<span style="color: #666666; display: block; font-family: 'Times New Roman',serif; text-align: right;"> Recurrido: Ing. Luis Haroldo Rodríguez Torres.

<span style="color: #666666; display: block; font-family: 'Times New Roman',serif; text-align: right;"> Abogado: Dr. Ramón Antonio Veras. <span style="color: #666666; display: block; font-family: 'Times New Roman',serif; text-align: right;">**Considerando,** que si bien el ordinal 2do. del artículo 84 del Código de Trabajo, vigente en la época en que ocurrieron los hechos, disponía que en caso de la terminación de un contrato de trabajo por cierto tiempo, con responsabilidad para el empleador, correspondía a este pagar al trabajador los valores que habría recibido hasta el vencimiento del término estipulado, el juez a-quo debió tomar en cuenta que el mismo artículo prescribía que: "el total de dichos salarios no podrá exceder de lo que habría recibido en caso de desahucio sobre contratos de trabajo por tiempo indefinido, a menos que las partes hayan fijado una suma mayor por escrito al celebrar el contrato";

<span style="color: #666666; display: block; font-family: 'Times New Roman',serif; text-align: right;">**Considerando,** que la sentencia recurrida reconoce que al demandante le fueron pagadas prestaciones laborales, "como si se tratara de un trabajador ligado con la empresa por un contrato de trabajo por tiempo indefinido", lo que es indicativo de que la recurrente cumplió con las obligaciones que les imponían las leyes laborales vigentes, pues de acuerdo con las mismas, a un trabajador no le correspondía una suma mayor a la que habría recibido en ocasión de la terminación de un contrato por tiempo indefinido, sin importar el tipo de contrato de trabajo existente, salvo que las partes acordaren la entrega de una suma mayor, lo que no indica la sentencia que ocurriere en la especie;

<span style="color: #666666; display: block; font-family: 'Times New Roman',serif; text-align: right;">**Considerando,** que la sentencia recurrida, al imponer una condenación consistente en una suma mayor a los valores que correspondía al trabajador por concepto de preaviso y cesantía, sin especificar si las partes habían acordado a la firma del contrato el pago de una suma mayor a beneficio del trabajador, carece de motivos y de base legal, razón por la cual debe ser casada;

<span style="color: #666666; font-family: 'Times New Roman','serif';">Por tales motivos, **<span style="color: #666666; font-family: 'Times New Roman','serif';">Primero: **<span style="color: #666666; font-family: 'Times New Roman','serif';">Casa la sentencia dictada en atribuciones laborales por la Cámara Civil, Comercial y de Trabajo del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de Santiago, en fecha 13 de junio de 1986, cuyo dispositivo figura copiado en parte anterior del presente fallo y envía el asunto por ante la Cámara Civil, comercial y de Trabajo de la Corte de Apelación de La Vega; **<span style="color: #666666; font-family: 'Times New Roman','serif';">Segundo: **<span style="color: #666666; font-family: 'Times New Roman','serif';"> Compensa las costas.

<span style="color: #666666; display: block; font-family: 'Times New Roman',serif; text-align: right;">Firmado: Juan Guiliani Vólquez, Juan Luperón Vásquez, Julio Aníbal Suárez y Enilda Reyes Pérez. Grimilda Acosta, Secretaria General. <span style="color: #666666; display: block; font-family: 'Times New Roman',serif; text-align: right;">La presente sentencia ha sido dada y firmada por los señores Jueces que figuran en su encabezamiento, en la audiencia pública del día, mes y año en él expresados, y fue firmada, leída y publicada por mí, Secretaria General, que certifica. **<span style="color: #666666; font-family: 'Times New Roman','serif';">B.J. NO. 1044, NOVIEMBRE 1997 ** <span style="color: #666666; display: block; font-family: 'Times New Roman',serif; text-align: right;">Sentencia impugnada: Cámara Civil, Comercial y de Trabajo de la Corte de Apelación del Distrito Judicial de La Vega, el 5 de diciembre de 1995.

<span style="color: #666666; display: block; font-family: 'Times New Roman',serif; text-align: right;"> Materia: Laboral.

<span style="color: #666666; display: block; font-family: 'Times New Roman',serif; text-align: right;"> Recurrente: Importadora San Pancracio, C. por A.

<span style="color: #666666; display: block; font-family: 'Times New Roman',serif; text-align: right;"> Abogado: Lic. Esteban Castillo Vásquez.

<span style="color: #666666; display: block; font-family: 'Times New Roman',serif; text-align: right;"> Recurrido: Pedro Miguel de Peña Jiménez.

<span style="color: #666666; display: block; font-family: 'Times New Roman',serif; text-align: right;"> Abogado: Dr. Antonio Decamps.

<span style="color: #666666; display: block; font-family: 'Times New Roman',serif; text-align: right;"> **Considerando,** que en el desarrollo de su segundo medio de casación, el recurrente expresa, en síntesis, lo siguiente: "también la Corte a-qua ha violado el artículo 130 (modificado) del Código de Procedimiento Civil que establece la condenación en costas para las partes que sucumben en justicia, cuando en el artículo tercero de su dispositivo incluye al señor José Miguel de Peña Jiménez condenándolo en costas conjuntamente con la empresa, no habiendo sido éste personalmente parte del proceso. De manera inexplicable la Corte a-qua se empeña en incluir personalmente al señor José Miguel de Peña Jiménez, cuando éste no figura como parte del proceso, ni en la demanda inicial, ni en la sentencia que se produjo a raíz de ésta, ni en el acto de apelación al cual hemos hecho referencia con anterioridad"; <span style="color: #666666; display: block; font-family: 'Times New Roman',serif; text-align: right;">**Considerando,** que tal como lo indica la recurrente, el señor José Miguel de Peña Jiménez, no figuró como parte en el proceso, habiendo actuado solo en su condición de Presidente de la recurrente Importadora San Pancracio, C. por A., razón por la cual la sentencia de primer grado no aplicó ninguna condenación en su contra, siendo improcedente la condenación en costas que contra él pronuncia la sentencia recurrida;

<span style="color: #666666; display: block; font-family: 'Times New Roman',serif; text-align: right;">**Considerando,** que en vista de que el señor José Miguel de Peña Jiménez, solo fue condenado al pago de las costas del proceso, conjuntamente con la recurrente Importadora San Pancracio, C. por A., y que esa condenación no varía la situación jurídica derivada del examen del recurso de casación interpuesto por dicha recurrente, procede casar solo en ese aspecto la sentencia impugnada por vía de supresión y sin necesidad de envío, por no quedar nada pendiente por juzgar;

<span style="color: #666666; font-family: 'Times New Roman','serif';">Por tales motivos**, Primero:** Rechaza el recurso de casación interpuesto por Importadora San Pancracio, C. por A., contra la sentencia dictada en atribuciones laborales por la Cámara Civil, Comercial y de Trabajo de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de La Vega, el 5 de diciembre de 1995, cuyo dispositivo figura copiado en parte anterior del presente fallo; **<span style="color: #666666; font-family: 'Times New Roman','serif';">Segundo: **<span style="color: #666666; font-family: 'Times New Roman','serif';">Casa la sentencia en cuanto a la condenación en costas del señor José Miguel de Peña, contenida en el ordinal tercero, por vía de supresión y sin envío; Tercero: Condena a la recurrente Importadora San Pancracio, C. por A., al pago de las costas, con distracción de las mismas a favor y provecho del Dr. Antonio Decamps, quien afirma haberlas avanzado en su totalidad; <span style="color: #666666; display: block; font-family: 'Times New Roman',serif; text-align: right;">Firmado: Juan Guiliani Vólquez, Juan Luperón Vásquez, Julio Aníbal Suárez y Enilda Reyes Pérez. Grimilda Acosta, Secretaria General. <span style="color: #666666; display: block; font-family: 'Times New Roman',serif; text-align: right;">La presente sentencia ha sido dada y firmada por los señores Jueces que figuran en su encabezamiento, en la audiencia pública del día, mes y año en él expresados, y fue firmada, leída y publicada por mí, Secretaria General, que certifico. **<span style="color: #666666; font-family: 'Times New Roman','serif';">B.J. NO. 1044, NOVIEMBRE 1997 ** <span style="color: #666666; display: block; font-family: 'Times New Roman',serif; text-align: right;">Sentencia impugnada: Corte de Trabajo del Distrito Nacional, el 9 de diciembre de 1994.

<span style="color: #666666; display: block; font-family: 'Times New Roman',serif; text-align: right;"> Materia: Laboral.

<span style="color: #666666; display: block; font-family: 'Times New Roman',serif; text-align: right;"> Recurrente: Sociedad Industrial Dominicana, C. por A.

<span style="color: #666666; display: block; font-family: 'Times New Roman',serif; text-align: right;"> Abogados: Dr. Hugo Ramírez Lamarche y Lic. Luis Heredia Valenzuela.

<span style="color: #666666; display: block; font-family: 'Times New Roman',serif; text-align: right;"> Recurridos: Basilio Medina y compartes.

<span style="color: #666666; display: block; font-family: 'Times New Roman',serif; text-align: right;"> Abogado: Dr. Julio Aníbal Suárez. **<span style="color: #666666; font-family: 'Times New Roman','serif';">Considerando **<span style="color: #666666; font-family: 'Times New Roman','serif';">que conjuntamente con esa instancia, la recurrente depositó ante esta Corte un documento que copiado textualmente expresa: "Contrato de Transacción" ENTRE: De una parte, Sociedad Industrial Dominicana, C. por A., una compañía organizada de acuerdo a las leyes de la República Dominicana, con su domicilio y asiento social en el número 182 de la Avenida Máximo Gómez, de la ciudad de Santo Domingo, Distrito Nacional, Capital de la República Dominicana, debidamente representada por su Vice-Presidente de Administración, Lic. Julio Emilio Aquino, dominicano, mayor de edad, casado, ejecutivo de empresa, titular de la Cédula de Identidad y Electoral No. 001-0093821-6, domiciliado y residente en esta ciudad de Santo Domingo, la cual en lo adelante se denominará "La Empresa"; y de la otra, Basilio Medina, Arcángel Pérez Valdés, Francisco Pérez Valdés, Buenaventura Vallejo, Angel María Rivera, Cristóbal Colón Ramírez, José Damián Paniagua, Nicolás de los Santos, Andrés Peña, Juan Domingo Vicioso, Juan Antonio Segura, Rafael Emilio Abreu Mejía, Arturo Soler Madé, Diógenes Manuel de los Santos, Gerónimo Madé Soler, Arturo Medina, Pedro Santiago, Ramón E. Montilla, Marcos Méndez, Miguel A. Mejía, Servio Montilla, Lorenzo Valdés, y Modesto Alcántara, cédulas Nos. 6311, serie 16; 6382, serie 16; 6310, serie 16; 4774, serie 16; 16135, serie 12; 1142, serie 11; 8561, serie 11; 10150, serie 11; 12136, serie 11; 15753, serie 11; 13964, serie 11; 8158, serie 11; 12694, serie 11; 9410, serie 11; 1651, serie 11; 9765, serie 11; 14831, serie 11; 10201, serie 11; 6600, serie 10; 9389, serie 11; 11150, serie 11 y 12396, serie 11, respectivamente, domiciliados y residentes en la República Dominicana, representados en el presente contrato, en virtud de poderes especiales otorgados al efecto por el Dr. Julio Aníbal Suárez, dominicano, mayor de edad, casado, abogado, titular de la Cédula de Identidad y Electoral No. 001-0056714-8, con estudio profesional abierto en la Avenida Independencia No. 161, Condominio Independencia II, apartamento 4-B, Santo Domingo, República Dominicana, quienes en lo adelante se denominarán Los Reclamantes. Por Cuanto: Los Reclamantes y su abogado constituido Dr. Julio Aníbal Suárez, de generales que constan, de una parte, y de la otra parte La Empresa y sus abogados constituidos, Dr. Hugo Ramírez Lamarche y Lic. Luis Heredia Valenzuela, dominicanos, mayores de edad, abogados, casado el primero y soltero el segundo, titulares de las Cédulas de Identidad y Electoral Nos. 001-0102706-8 y 001-1018423-1, respectivamente, con estudio profesional común abierto en la oficina Russin, Vecchi & Heredia Bonetti, situada en el tercer piso del edificio Monte Mirador, calle El Recodo No. 2, Ensanche Bella Vista, han arribado a un acuerdo transaccional de todas las desavenencias que dieron lugar a la litis de carácter laboral existente entre ellos; Por Cuanto: Las partes han arribado a entendidos y acuerdos que desean hacer constar en el presente documento. Por tanto, y en el entendido de que el anterior preámbulo forma parte integral del presente acuerdo, las partes Han Convenido y Pactado lo siguiente: Artículo Primero: Objeto: Por medio del presente documento tanto Los Reclamentes como La Empresa renuncian y desisten, pura y simplemente, de manera formal, expresa e irrevocable, a toda acción, pretensión, reclamación, derecho, embargo, demanda, intereses e instancias que tengan y/o que pudieran tener frente a cada una de ellas y sus mandatarios, directores, empleados o accionistas, y que se hayan originado directa o indirectamente en los hechos y causas que fundamentaron su acción o demandas y recursos. En tal sentido, se otorgan cada una a la otra el descargo y finiquito más completo posible, así como de todo perjuicio, daño o pérdida; Igualmente tanto Los Reclamentes como La Empresa renuncian al beneficio de cualquier sentencia o decisión en su favor, con relación a sus demandas y recursos antes citados, que puedan ser dictadas por Tribunal alguno, y más concretamente a los beneficios de la sentencia que sobre el expediente No. 696/1984 dictara en fechas 9 de diciembre del 1994 por la Primera Sala de la Corte de Apelación de Trabajo del Distrito Nacional, la cual confirmó dos sentencias, una del 17 de septiembre de 1984 y la otra del 2 de octubre de 1984, todas del Juzgado de Paz de Trabajo del Distrito Nacional; Párrafo: De la misma forma el Dr. Julio Aníbal Suárez, en su calidad de abogado constituido y mandatario ad-litem de Los Reclamantes, renuncia y desiste, en su propio nombre y en el de cualquier abogado relacionado con el caso de marras pura y simplemente, los demás abogados que pudieran ser parte interesada pura y simplemente, de manera formal expresa e irrevocable, a toda acción, pretensión, reclamación, derecho, embargo, demanda, interés e instancia que tenga o que pudiera tener frente a La Empresa, por concepto de honorarios de abogado, costas judiciales y otros derechos similares relacionados con la demanda precitada, y en tal sentido otorga el descargo y finiquito legal más completo posible frente a La Empresa; Artículo Segundo: Ambito: Los desistimientos, descargos y renuncias que se otorgan en el presente acuerdo, implican la extinción de todas las instancias pendientes entre las partes, y el aniquilamiento total y definitivo de todos los derechos, acciones e intereses en que se fundamentan las demandas y/o recursos antes indicados o que se relacionen con las mismas, directa o indirectamente, en hechos civiles o criminales, de manera que tales demandas no puedan ser repetidas ni puedan surgir otras que hubieran podido ser hechas, en virtud de la relación de toda naturaleza que existió entre Los Reclamantes y La Empresa: Artículo Tercero: Monto: Por los desistimientos, descargos y renuncias que se otorgan en el presente acuerdo, La Empresa hace un pago a Los Reclamantes, por medio del Dr. Julio Aníbal Suárez, quien actúa en su nombre propio y en representación de Los Reclamentes, en virtud de los poderes especiales otorgados al efecto, por la suma de Noventa y Cinco Mil Pesos con 00/100 (RD$95,000.00), mediante cheque No. 2491, expedido en fecha 3 del mes de febrero de 1995, girado contra el Banco de Reservas de la República Dominicana, la cual constituye el monto global acordado para cubrir las prestaciones laborales a que fue condenada la empresa por sentencia a pagar, más las costas judiciales, gastos y honorarios profesionales del abogado de los demandantes, Dr. Julio Aníbal Suárez; Los Reclamantes y el Dr. Julio Aníbal Suárez reconocen que el pago realizado constituye la suma de la presente transacción, por lo que todos otorgan carta de recibo y finiquito legal por dichos valores a favor de La Empresa; Artículo Cuarto: La parte más diligente notificará al tribunal correspondiente un ejemplar del presente acuerdo, a fin de que el litigio sea aniquilado en su totalidad y sea declarado por ésta como inexistente por haber cesado las causas que lo motivaban; Hecho y Firmado en tres (3) originales de un mismo tenor y efecto, uno para cada una de las partes con intereses distintos, un original para ser notificado al tribunal correspondiente, a fin de que el proceso de marras sea definitivamente. En la ciudad de Santo Domingo, Distrito Nacional, capital de la República Dominicana, a los ocho (8) días del mes de febrero del año mil novecientos noventa y cinco (1995). Por la Empresa Sociedad Industrial Dominicana, C. por A., Lic. Julio Emilio Aquino. Por los reclamantes, Dr. Julio Aníbal Suárez; Lic. Luis Heredia Valenzuela, por sí y por el Dr. Hugo Ramírez Lamarche, abogados de la empresa. Dr. Julio Aníbal Suárez, abogado de los reclamantes. Yo. Lic. Carlos Martín Valdés Duval, Abogado-Notario Público de los del Número del Distrito Nacional, Certifico y Doy Fe que las firmas que anteceden fueron puestas en mi presencia libre y voluntariamente por el Lic. Julio Emilio Aquino, el Dr. Julio Aníbal Suárez y el Lic. Luis Heredia Valenzuela, de generales que constan, a quienes doy fe de conocer y quienes me han declarado que esas son las firmas que acostumbran a usar en todos los actos de su vida y quienes afirman que leyeron y aprobaron en todas sus partes el indicado Contrato antes de estampar sus firmas. En Santo Domingo, Distrito Nacional, Capital de la República Dominicana, a los ocho (8) días del mes de febrero del año de mil novecientos noventa y cinco (1995). Lic. Carlos Martín Valdés Duval, Notario Público; <span style="color: #666666; display: block; font-family: 'Times New Roman',serif; text-align: right;">**Considerando,** que los documentos arriba copiados revelan que las partes en causa llegaron a un acuerdo transaccional, lo que justifica la falta de interés de la recurrente manifestada en la instancia sometida mediante el cual la parte recurrida fue desinteresada por el recurrente, lo que justifica la falta de interés de la recurrente manifestada en la instancia sometida;

<span style="color: #666666; font-family: 'Times New Roman','serif';">Por tales motivos, **<span style="color: #666666; font-family: 'Times New Roman','serif';">Primero: **<span style="color: #666666; font-family: 'Times New Roman','serif';"> Da acta del desistimiento hecho por Sociedad Industrial Dominicana, C. por A., del recurso de casación por ella interpuesto, contra la sentencia del 9 de diciembre de 1994, cuyo dispositivo figura copiado en parte anterior del presente fallo; **<span style="color: #666666; font-family: 'Times New Roman','serif';">Segundo: **<span style="color: #666666; font-family: 'Times New Roman','serif';"> Declara que no ha lugar a estatuir acerca de dicho recurso, y ordena que el expediente sea archivado.

<span style="color: #666666; display: block; font-family: 'Times New Roman',serif; text-align: right;">Firmado: Juan Guiliani Vólquez, Juan Luperón Vásquez y Enilda Reyes Pérez. Grimilda Acosta, Secretaria General. <span style="color: #666666; display: block; font-family: 'Times New Roman',serif; text-align: right;">La presente sentencia ha sido dada y firmada por los señores Jueces que figuran en su encabezamiento, en la audiencia pública del día, mes y año en él expresados, y fue firmada, leída y publicada por mí, Secretaria General, que certifico. **<span style="color: #666666; font-family: 'Times New Roman','serif';">B.J. NO. 1044, NOVIEMBRE 1997 ** <span style="color: #666666; display: block; font-family: 'Times New Roman',serif; text-align: right;">Sentencia impugnada: Juzgado de Trabajo del Distrito Nacional, en fecha 29 de agosto de l994.

<span style="color: #666666; display: block; font-family: 'Times New Roman',serif; text-align: right;"> Materia: Laboral.

<span style="color: #666666; display: block; font-family: 'Times New Roman',serif; text-align: right;"> Recurrente: Breno Brenes.

<span style="color: #666666; display: block; font-family: 'Times New Roman',serif; text-align: right;"> Abogada: Licda. Nurys Peña Ramírez.

<span style="color: #666666; display: block; font-family: 'Times New Roman',serif; text-align: right;"> Recurrido: Florentino de la Rosa.

<span style="color: #666666; display: block; font-family: 'Times New Roman',serif; text-align: right;"> Abogado: Lic. Santiago Almonte.

<span style="color: #666666; display: block; font-family: 'Times New Roman',serif; text-align: right;"> **Considerando,** que el artículo 71, ordinal primero de la Constitución, no prohibe, en modo alguno, que el legislador dicte leyes adjetivas que establezcan que una sentencia o decisión cualquiera, no sea susceptible de determinado recurso o de ningún recurso; que las sentencias originadas en demandas cuya cuantía sea inferior a diez salarios mínimos, en la materia de que se trata, está sometida a reglas de procedimiento que deben cumplirse previamente por las partes en conflicto, las que les da oportunidad de hacer valer todos sus derechos y ejercer en la instancia sus medios de defensa; que además, es a falta de llegar a un acuerdo o conciliación en el procedimiento preliminar al conocimiento de la demanda en juicio, de conformidad con lo que establecen los artículos 516 y siguientes del Código de Trabajo y en el cual también deben cumplirse reglas de procedimiento, que aseguran y permiten a las partes ejercer todos sus derechos y medios de defensa, que el tribunal queda en condiciones de pronunciar la decisión correspondiente; que en tales condiciones resulta erróneo sostener que los artículos 619 y 641 del Código de Trabajo son inconstitucionales, por lo que el primer medio del recurso carece de fundamento y debe ser desestimado; <span style="color: #666666; display: block; font-family: 'Times New Roman',serif; text-align: right;">**Considerando,** que el recurso de casación ha sido elevado contra una sentencia dictada por la Sala número seis, del Juzgado de Trabajo del Distrito Nacional, que actuó como Tribunal de Primera Instancia, no existiendo constancia de que el mismo actuara en única o última instancia ;

<span style="color: #666666; display: block; font-family: 'Times New Roman',serif; text-align: right;">**Considerando,** que de acuerdo con lo que dispone el artículo lro. de la Ley sobre Procedimiento de Casación, la Suprema Corte de Justicia, decide como Corte de Casación, si la ley ha sido bien o mal aplicada en los fallos en última o en única instancia pronunciados por los tribunales del orden judicial, admite o desestima los medios en que se basa el recurso, pero sin conocer en ningún caso del fondo del asunto;

<span style="color: #666666; display: block; font-family: 'Times New Roman',serif; text-align: right;">**Considerando,** que la decisión impugnada no es una sentencia en última o en única instancia sino dictada en primera instancia, la cual no es susceptible de ser impugnada en casación, por lo que procede declarar inadmisible el recurso, lo que se hace de oficio, por tratarse de un asunto de orden público, sin necesidad de analizar los medios contenidos en el memorial de casación;

<span style="color: #666666; font-family: 'Times New Roman','serif';">Por tales motivos, **<span style="color: #666666; font-family: 'Times New Roman','serif';">Primero: **<span style="color: #666666; font-family: 'Times New Roman','serif';">Declara inadmisible el recurso de casación interpuesto por Breno Brenes, contra la sentencia dictada por la Sala No. 6 del Juzgado de Trabajo del Distrito Nacional, el 29 de agosto de 1994, cuyo dispositivo ha sido copiado en parte anterior del presente fallo; **<span style="color: #666666; font-family: 'Times New Roman','serif';">Segundo: **<span style="color: #666666; font-family: 'Times New Roman','serif';"> Condena al recurrente al pago de las costas y ordena su distracción en provecho del Dr. Santiago Almonte, quien afirma haberlas avanzado en su totalidad.

<span style="color: #666666; display: block; font-family: 'Times New Roman',serif; text-align: right;"> Firmado: Juan Guiliani Vólquez, Juan Luperón Vásquez, Julio Aníbal Suárez y Enilda Reyes Pérez. Grimilda Acosta, Secretaria General <span style="color: #666666; display: block; font-family: 'Times New Roman',serif; text-align: right;"> La presente sentencia ha sido dada y firmada por los señores Jueces que figuran en su encabezamiento, en la audiencia pública del día, mes y año en él expresados, y fue firmada, leída y publicada por mí, Secretario General, que Certifico. <span style="color: #666666; display: block; font-family: 'Times New Roman',serif; text-align: right;">disculpe la tardanza.