JURISPRUDENCIA+AÑO+1999

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=__ //**Sentencias en materia de Tierras**// __= = =

**__ //JESUS ALBERTO ALVAREZ MEJIA 77969// __**
__**B.J. NO. 1058, ENERO 1999**__ Sentencia impugnada: Tribunal Superior de Tierras, del 12 de noviembre de 1992. Materia: Tierras. Recurrentes: María del Carmen Vásquez Vda. Marrero y compartes. Abogados: Dr. Henry A. López-Penha Contín y Lic. Manuel Antonio Cruz Madera. Recurrido: María Elisa Espaillat Vda. Bermúdez y compartes. Abogado: Dr. Federico E. Villamil.

En Nombre de la República, la Cámara de Tierras, Laboral, Contencioso-Administrativo y Contencioso-Tributario de la Suprema Corte de Justicia, regularmente constituida por los Jueces Juan Guiliani Vólquez, Presidente; Juan Luperón Vásquez, Julio Aníbal Suárez y Enilda Reyes Pérez, asistidos de la Secretaria General, en la Sala donde celebra sus audiencias, en la ciudad de Santo Domingo de Guzmán, Distrito Nacional, hoy 27 de enero de 1999, años 155° de la Independencia y 136° de la Restauración, dicta en audiencia pública, como Corte de Casación, la siguiente sentencia:

Sobre el recurso de casación interpuesto por María del Carmen Vásquez Vda. Marrero, Emilio Marrero Vásquez, Demetrio Marrero Vásquez, José Eugenio Marrero Vásquez, Camelia Dolores Marrero Vásquez y Pedro Marrero Vásquez, dominicanos, mayores de edad, cédulas al día, contra la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Tierras, el 12 de noviembre de 1992, cuyo dispositivo se copia más adelante;

Oído al alguacil de turno en la lectura del rol;

**Considerando**, que en relación con esos agravios, en la sentencia impugnada se expone lo siguiente: “Que, por otro lado, en el informe del Registrador de Títulos del Departamento de Santiago, consta entre otras cosas, que los derechos transferidos (75 As., 46 Cas., 4 Centímetros más o menos 12 tareas) por el señor Pedro María Marrero al señor José Ignacio Bermúdez, dentro de la Parcela 175 del Distrito Catastral No. 9 del municipio de Santiago, fueron a su vez, transferidos por Resolución del Tribunal Superior de Tierras, de fecha 13 de octubre de 1972, a María Elisa Espaillat Vda. Bermúdez y la Viuda Bermúdez, los transfirió como aporte en naturaleza a Parcelas Rurales, C. por A., que han quedado comprobados los sucesivos adquirientes de buena fe y a título oneroso en lo referente a esta porción de terreno; que en cuanto al resto de esta Parcela número 175, con un área de 90 As., 74 Cas., 60 Dms2, le fue vendida, como hemos dicho, al señor José Ignacio Marrero, por acto bajo escritura privada, de fecha 10 de diciembre de 1960, legalizadas las firmas tanto del vendedor, Pedro María Marrero como la del comprador, José Ignacio Marrero por el notario público del municipio de Santiago, Lic. Gregorio Cuello Perelló; que, tanto este acto de venta como las ventas que hicieron los sucesores determinados Pedro María Marrero conjuntamente con la cónyuge superviviente, en fecha 2 de julio del año 1975, a favor de Antonio María Vásquez, Sonia Ligia de Jesús Marrero y Dilia Melecia Marrero Vásquez de tres porciones, de 7 As., 86 Cas., 6 As., 29 Cas., y 29 As., 01 Cas., respectivamente, dentro de la Parcela No. 156 del Distrito Catastral No. 9 de Santiago, fueron declararadas válidas y con todos los efectos jurídicos, por el Juez a-quo, quien comprobó, y así lo ratifica este tribunal de alzada, fueron hechas y firmadas cumpliendo con los requisitos exigidos por la Ley de Registro de Tierras y la del notariado; que, además de lo precedentemente expuesto, expresa el referido juez en la sentencia apelada, que las “Firmas que aparecen en los actos descritos más arriba, son idénticas, las firmas estampadas en nuestra presencia ante este tribunal, el día de la audiencia”; que, es evidente que hubo una verificación de firmas donde se comprueba que las mismas fueron puestas por las personas que niegan haberlas puesto en el documento de marras”;

__**B.J. NO. 1058, ENERO 1999**__ Sentencia impugnada: Tribunal Superior de Tierras, del 13 de marzo de 1998. Materia: Tierras. Recurrentes: Sucesores de Francisco Bonilla. Abogado: Lic. Rafael Antonio Domínguez Schill. Recurrida: Leoncia Antonia García Liz de Nouel. Abogado: Lic. Juan Bautista Cambero Molina.

En Nombre de la República, la Cámara de Tierras, Laboral, Contencioso-Administrativo y Contencioso-Tributario de la Suprema Corte de Justicia, regularmente constituida por los Jueces Juan Guiliani Vólquez, Presidente; Juan Luperón Vásquez, Julio Aníbal Suárez y Enilda Reyes Pérez, asistidos de la Secretaria General, en la Sala donde celebra sus audiencias, en la ciudad de Santo Domingo de Guzmán, Distrito Nacional, hoy 27 de enero de 1999, años 155° de la Independencia y 136° de la Restauración, dicta en audiencia pública, como Corte de Casación, la siguiente sentencia:

Sobre el recurso de casación interpuesto por los Sucesores de Francisco Bonilla, representados por los señores Bartola Bonilla, dominicana, mayor de edad, soltera, de quehaceres domésticos, portadora de la cédula de identificación personal No. 1460, serie 38, domiciliada y residente en la ciudad de Santiago de los Caballeros, quien actúa en su doble calidad de hija y heredera del finado Francisco Bonilla Cabrera, Domingo Heriberto Bonilla Batista, cédula de identificación personal No. 17600, serie 39; Juan Bonilla Batista, cédula de identificación personal No. 9201, serie 39; Ana Felicia Bonilla, cédula al día, dominicanos, mayores de edad, domiciliados y residentes en la sección Quebrada Honda, Altamira, Puerto Plata, contra la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Tierras, el 13 de marzo de 1998, cuyo dispositivo se copia más adelante;

Oído al alguacil de turno en la lectura del rol;

**Considerando**, que a su vez, la recurrida Leoncia Antonia García Liz de Nouel, en su memorial de defensa propone la inadmisión del recurso, alegando que los recurrentes Sucesores de Francisco Bonilla, no se han identificado individualmente, puesto que no indican los nombres de cada uno de ellos, como lo exigen los artículos 6 de la Ley sobre Procedimiento de Casación; y 134 de la Ley de Registro de Tierras; que las sucesiones no tienen personalidad jurídica, por lo que dicho recurso debe ser declarado inadmisible;

**__B.J. NO. 1058, ENERO 1999__**

Sentencia impugnada: Tribunal Superior de Tierras, del 16 de diciembre de 1988. Materia: Tierras. Recurrentes: Sucesión Mieses Padilla y compartes. Abogado: Dr. Manuel A. Sepúlveda Luna. Recurridos: Sucesión Henríquez y compartes.

En Nombre de la República, la Cámara de Tierras, Laboral, Contencioso-Administrativo y Contencioso-Tributario de la Suprema Corte de Justicia, regularmente constituida por los Jueces Juan Guiliani Vólquez, Presidente; Juan Luperón Vásquez, Julio Aníbal Suárez y Enilda Reyes Pérez, asistidos de la Secretaria General, en la Sala donde celebra sus audiencias, en la ciudad de Santo Domingo de Guzmán, Distrito Nacional, hoy 27 de enero de 1999, años 155° de la Independencia y 136° de la Restauración, dicta en audiencia pública, como Corte de Casación, la siguiente sentencia:

Sobre el recurso de casación interpuesto por la Sucesión Mieses Padilla, representada por el señor Juan Mieses Mercado, con domicilio y residencia en esta ciudad, contra la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Tierras, el 16 de diciembre de 1988, cuyo dispositivo se copia más adelante;

Oído al alguacil de turno en la lectura del rol;


 * C onsiderando **, que al no ser una sucesión persona física, ni moral, ni jurídica, no puede actuar en justicia; que a falta de indicación tanto en el recurso como en la notificación del mismo, hecha a la parte recurrida, del nombre, profesión y el domicilio de cada uno de los componentes de dicha sucesión, como ocurre en la especie en que en el memorial introductivo del recurso de casación interpuesto por la sucesión Mieses Padilla, no figuran esos datos, hace dicho recurso inadmisible;

**__B.J. NO. 1058, ENERO 1999__**

Sentencia impugnada: Tribunal Superior de Tierras, del 22 de febrero de 1994. Materia: Tierras. Recurrente: Ramón Ernesto Sánchez. Abogado: Dr. Pedro Milcíades E. Ramírez Montaño. Recurridas: Angela Candelario Cruz y Zenobia Eunice Castillo.

En Nombre de la República, la Cámara de Tierras, Laboral, Contencioso-Administrativo y Contencioso-Tributario de la Suprema Corte de Justicia, regularmente constituida por los Jueces Juan Guiliani Vólquez, Presidente; Juan Luperón Vásquez, Julio Aníbal Suárez y Enilda Reyes Pérez, asistidos de la Secretaria General, en la Sala donde celebra sus audiencias, en la ciudad de Santo Domingo de Guzmán, Distrito Nacional, hoy 27 de enero de 1999, años 155° de la Independencia y 136° de la Restauración, dicta en audiencia pública, como Corte de Casación, la siguiente sentencia:

Sobre el recurso de casación interpuesto por Ramón Ernesto Sánchez, dominicano, mayor de edad, provisto de la cédula de identificación personal No. 56668, serie 1ra., domiciliado y residente en esta ciudad, contra la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Tierras, el 22 de febrero de 1994, cuyo dispositivo se copia más adelante;

Oído al alguacil de turno en la lectura del rol;

**Considerando** de la sentencia impugnada “que por haberse pronunciado el divorcio entre los esposos Ramón Ernesto Sánchez Sierra y Angela Candelario De la Cruz, el 14 de septiembre de 1982, no hay dudas de que la demanda en nulidad del acto de venta, es inadmisible, en vista de que fue interpuesta después de haber transcurrido los plazos hábiles para hacerlo”, sin hacer mención alguna del momento en que el recurrente tuvo conocimiento de esa venta, ni fundamentalmente de la fecha en que quedó consumada la disolución del régimen matrimonial entre dichos esposos y aquella en que él ejerció su demanda en nulidad; que en tales circunstancias es evidente que los elementos de hecho necesarios para justificar la aplicación de la ley, no se hallan presentes en la decisión impugnada, sobre todo tratándose de hechos decisivos para la suerte de la litis; que en esas condiciones la Suprema Corte de Justicia, no puede verificar si la ley ha sido o no correctamente aplicada, por lo que la sentencia recurrida carece de base legal y en consecuencia debe ser casada.

**__B.J. NO. 1058, ENERO 1999__**

Sentencia impugnada: Tribunal Superior de Tierras, del 17 de septiembre de 1997. Materia: Tierras. Recurrentes: Magalys Asunción Melo y Rafael Bautista Matos. Abogado: Dr. Julio Eligio Rodríguez. Recurrido: Napoleón Concepción Jorge. Abogado: Dr. Juan Roberto Jiménez Tejeda.

En Nombre de la República, la Cámara de Tierras, Laboral, Contencioso-Administrativo y Contencioso-Tributario de la Suprema Corte de Justicia, regularmente constituida por los Jueces Juan Guiliani Vólquez, Presidente; Juan Luperón Vásquez, Julio Aníbal Suárez y Enilda Reyes Pérez, asistidos de la Secretaria General, en la Sala donde celebra sus audiencias, en la ciudad de Santo Domingo de Guzmán, Distrito Nacional, hoy 27 de enero de 1999, años 155° de la Independencia y 136° de la Restauración, dicta en audiencia pública, como Corte de Casación, la siguiente sentencia:

Sobre el recurso de casación interpuesto por Magalys Asunción Melo y Rafael Bautista Matos, dominicanos, mayores de edad, portadores de las cédulas de identidad Nos. 12747 y 13860, series 10, respectivamente, ambos con domicilio y residencia en la ciudad de Azua, República Dominicana, contra la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Tierras, el 17 de septiembre de 1997, cuyo dispositivo se copia más adelante;

Oído al alguacil de turno en la lectura del rol;

**Considerando**, que si es cierto que los poderes que tienen los jueces de tierras para disponer acerca de cuantas medidas estimen convenientes para la mejor solución de los casos que le son sometidos, son puramente discrecionales, conforme lo establece el inciso 9 del artículo 11 de la Ley de Registro de Tierras, no es menos verdad que en cualquier materia, los jueces solo pueden desestimar una medida de instrucción como la solicitada en el presente caso por los ahora recurrentes, cuando se determine y establezca con exactitud, que dicha medida es realmente innecesaria o frustractoria, dada la naturaleza de los elementos de juicio, que hubiesen sido sometidos al debate; que al no pronunciarse el Tribunal a-quo sobre los pedimentos a los fines indicados, presentados por los recurrentes, es evidente que lesionó su derecho de defensa, y en consecuencia, la sentencia recurrida debe ser casada, sin que haya necesidad de ponderar los demás medios del recurso;

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Sentencia impugnada: Tribunal Superior de Tierras, del 10 de marzo de 1998. Materia: Tierras. Recurrentes: Isidro Pérez y Félix Pérez. Abogado: Dr. Héctor Moscoso Germosén. Recurrido: North Shores, S. A. y/o Dr. Ramón Antonio Ureña. Abogados: Dres. Fabián Cabrera F. y María Esther López Gómez.

En Nombre de la República, la Cámara de Tierras, Laboral, Contencioso-Administrativo y Contencioso-Tributario de la Suprema Corte de Justicia, regularmente constituida por los Jueces Juan Guiliani Vólquez, Presidente; Juan Luperón Vásquez, Julio Aníbal Suárez y Enilda Reyes Pérez, asistidos de la Secretaria General, en la Sala donde celebra sus audiencias, en la ciudad de Santo Domingo de Guzmán, Distrito Nacional, hoy 27 de enero de 1999, años 155° de la Independencia y 136° de la Restauración, dicta en audiencia pública, como Corte de Casación, la siguiente sentencia:

Sobre el recurso de casación interpuesto por Isidro Pérez, dominicano, mayor de edad, soltero, agricultor, provisto de la cédula de identidad y electoral No. 010-0042615-3, domiciliado y residente en la sección de Pueblo Viejo, del municipio y provincia de Azua de Compostela, en su calidad de heredero del causahabiente señor Félix Pérez, contra la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Tierras, el 10 de marzo de 1998, cuyo dispositivo se copia más adelante;

Oído al alguacil de turno en la lectura del rol;

**Considerando**, que aún cuando se tomara en cuenta a los fines ya indicados, la fecha de inscripción del acto en el Registro de Títulos de Santiago, en el año 1968, alegada por los recurrentes, es indiscutible que desde esa fecha a la de la introducción de la instancia el 18 de junio de 1993, también han transcurrido más de los 20 años a que se refiere el referido texto legal y también prescribió la acción de que se trata para ejercerla.

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Sentencia impugnada: Tribunal Superior de Tierras, del 8 de marzo de 1990. Materia: Tierras. Recurrente: Lic. Sócrates Andújar. Abogado: Dr. Pablo Féliz Peña. Recurridos: Monona Reyes y compartes

En Nombre de la República, la Cámara de Tierras, Laboral, Contencioso-Administrativo y Contencioso-Tributario de la Suprema Corte de Justicia, regularmente constituida por los Jueces Juan Guiliani Vólquez, Presidente; Juan Luperón Vásquez, Julio Aníbal Suárez y Enilda Reyes Pérez, asistidos de la Secretaria General, en la Sala donde celebra sus audiencias, en la ciudad de Santo Domingo de Guzmán, Distrito Nacional, hoy 20 de enero de 1999, años 155° de la Independencia y 136° de la Restauración, dicta en audiencia pública, como Corte de Casación, la siguiente sentencia:

Sobre el recurso de casación interpuesto por el Lic. Sócrates Andújar, portador de la cédula personal de identidad No. 2772, serie 79, domiciliado y residente en esta ciudad, contra la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Tierras, el 8 de marzo de 1990, cuyo dispositivo se copia más adelante;

Oído al alguacil de turno en la lectura del rol;

**__B.J. NO. 1058, ENERO 1999__**
 * Considerando**, que el artículo 139 de la Ley de Registro de Tierras, al exigir que la parte que eleva una instancia en revisión por causa de fraude debe, para que el tribunal quede apoderado, darle copia a la parte contra quien persigue la acción, ha consagrado una disposición que tiende principalmente a garantizar el derecho de defensa del demandado, que si es cierto, que en el presente caso la instancia en revisión por causa de fraude elevada por el señor Sócrates Andújar, según resulta del fallo impugnado, fue notificada a los señores Benita, Nicolasa (a) Colasa, Alejandro, Julia, Ricardo, Bolívar, Polibio, Pedro y Antonia Reyes, en el estudio del Dr. Manuel Enerio Rivas Estévez, en el cual el recurrente le atribuye a los actuales recurridos haber elegido domicilio, no es menos cierto, que el día de la causa compareció a la misma el Dr. Manuel Enerio Rivas Estévez, haciéndose constar en el acta de audiencia del 13 de julio de 1987, que lo hacía en representación del Dr. Rafael Matos Peña y de Benita Reyes y compartes y aunque alegó en dicha audiencia que la referida instancia no le había sido notificada a los recurridos en su domicilio, presentó además conclusiones sobre el fondo del asunto en el sentido de que se rechazara el recurso de revisión por fraude, no sólo por esa causa, sino porque no se había probado cuales fueron los medios para privar al recurrente de su parcela, ni en que consistieron las mentiras, concediéndole el tribunal sendos plazos de diez y treinta días, al vencimiento de los concedidos al recurrente, para que el referido abogado depositara escritos de defensa y de contrarréplica respectivamente, en uso de los cuales sometió el escrito de fecha 24 de noviembre de 1987, que contiene consideraciones sobre el fondo del asunto; que en tales condiciones, en el fallo impugnado no se podía declarar como se declaró en los motivos que el tribunal estaba irregularmente apoderado, por lo que la sentencia impugnada debe ser casada;

Sentencia impugnada: Tribunal Superior de Tierras, del 22 de marzo de 1993. Materia: Tierras. Recurrentes: Alfonsina Florencio Vda. Tavarez y compartes. Abogado: Dr. Félix Reyes Mora. Recurrida: Enriqueta Rojas. Abogado: Dr. Nelson Grullón Cabral

En Nombre de la República, la Cámara de Tierras, Laboral, Contencioso-Administrativo y Contencioso-Tributario de la Suprema Corte de Justicia, regularmente constituida por los Jueces Juan Guiliani Vólquez, Presidente; Juan Luperón Vásquez, Julio Aníbal Suárez y Enilda Reyes Pérez, asistidos de la Secretaria General, en la Sala donde celebra sus audiencias, en la ciudad de Santo Domingo de Guzmán, Distrito Nacional, hoy 20 de enero de 1999, años 155° de la Independencia y 136° de la Restauración, dicta en audiencia pública, como Corte de Casación, la siguiente sentencia:

Sobre el recurso de casación interpuesto por Alfonsina Florencio Vda. Tavarez y sus hijos Yumari del Carmen, Luis Humberto, Sindy Anyeline, Liseette de los Angeles Tavarez Florencio, con domicilio en esta ciudad, contra la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Tierras, el 22 de marzo de 1993, cuyo dispositivo se copia más adelante;

Oído al alguacil de turno en la lectura del rol;

**Considerando**, que como se advierte, el Tribunal a-quo no ha incurrido en los vicios y violaciones alegadas por la recurrente; que asimismo el fallo impugnado contiene una exposición completa de los hechos y circunstancias de la causa, que ha permitido a esta Suprema Corte de Justicia, verificar que en la especie, se hizo una correcta aplicación de la ley; que, por consiguiente, los dos medios del recurso carecen de fundamento y deben ser desestimados.

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Sentencia impugnada: Tribunal Superior de Tierras, del 30 de noviembre 1995. Materia: Tierras. Recurrentes: Carmen Garabito Benjamín y Esperanza Garabito Benjamín. Abogado: Dr. Luis Randolfo Castillo Mejía. Recurrido: José Agustín Baret López. Abogados: Dres. Raymundo Cuevas Sena y Luis Arzeno Ramos

En Nombre de la República, la Cámara de Tierras, Laboral, Contencioso-Administrativo y Contencioso-Tributario de la Suprema Corte de Justicia, regularmente constituida por los Jueces Juan Guiliani Vólquez, Presidente; Juan Luperón Vásquez, Julio Aníbal Suárez y Enilda Reyes Pérez, asistidos de la Secretaria General, en la Sala donde celebra sus audiencias, en la ciudad de Santo Domingo de Guzmán, Distrito Nacional, hoy 20 de enero de 1999, años 155° de la Independencia y 136° de la Restauración, dicta en audiencia pública, como Corte de Casación, la siguiente sentencia:

Sobre el recurso de casación interpuesto por Carmen Garabito Benjamín y Esperanza Garabito Benjamín, dominicanas, mayores de edad, portadoras de las cédulas de identidad personal Nos. 5376, serie 65 y 157167, serie 1ra., respectivamente, domiciliadas y residentes en esta ciudad, contra la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Tierras, el 30 de noviembre 1995, cuyo dispositivo se copia más adelante;

Oído al alguacil de turno en la lectura del rol;


 * Considerando**, que el examen del fallo impugnado revela que es cierto lo alegado por las recurrentes, pues en dicho fallo se hace mención de las conclusiones de las mismas en el sentido de que la decisión de jurisdicción original fuera anulada por no haber sido citadas a las audiencias celebradas por dicho tribunal; que en el acta de audiencia del 9 de noviembre de 1994, también consta que las recurrentes pidieron además que si no se acogía el pedimento anterior, se fijara otra audiencia para hacer oír testigos, citar al notario actuante en el acto de venta, el Alcalde Pedáneo de la sección, para ver que fue lo que pasó ahí; que al pedimento de reenvío para los fines ya indicados, no se opusieron las intimadas; que el tribunal sin embargo, procedió a fallar el recurso de apelación, sin fijar previamente una audiencia para oír las conclusiones sobre el fondo; que en tales condiciones en el fallo impugnado se violó el derecho de defensa de las actuales recurrentes, y en consecuencia, la sentencia debe ser casada sin necesidad de ponderar el otro medio propuesto y los alegatos de las recurrentes;

**__B.J. NO. 1058, ENERO 1999__** Sentencia impugnada: Tribunal Superior de Tierras, del 17 de febrero de 1998. Materia: Tierras. Recurrentes: Dámaso Hidalgo y compartes. Abogados: Dres. Juan Uvaldo Quiñones Díaz, Eligio Santana y Santana, José Julián Gil Solís y Yoni Roberto Carpio. Recurridos: Carmen Obdulia Valdez de Julián y compartes. Abogado: Dr. Amadeo Julián

En Nombre de la República, la Cámara de Tierras, Laboral, Contencioso-Administrativo y Contencioso-Tributario de la Suprema Corte de Justicia, regularmente constituida por los Jueces Juan Guiliani Vólquez, Presidente; Juan Luperón Vásquez, Julio Aníbal Suárez y Enilda Reyes Pérez, asistidos de la Secretaria General, en la Sala donde celebra sus audiencias, en la ciudad de Santo Domingo de Guzmán, Distrito Nacional, hoy 13 de enero de 1999, años 155° de la Independencia y 136° de la Restauración, dicta en audiencia pública, como Corte de Casación, la siguiente sentencia:

Sobre el recurso de casación interpuesto por Dámaso Hidalgo, Gil Jiménez Hidalgo, Mercedes Jiménez Hidalgo, Miguel Herrera Hidalgo, Francisco Hidalgo Herrera y Juan Hidalgo Herrera, sucesores de José Hidalgo (a) Pepe, contra la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Tierras, el 17 de febrero de 1998, cuyo dispositivo se copia más adelante;

Oído al alguacil de turno en la lectura del rol;


 * Considerando**, que en el presente caso los recurrentes se han limitado a enunciar, copiándolos, los textos legales cuya violación invocan, sin señalar en que consisten las violaciones a los mismos, por lo que el recurso de casación de que se trata no puede ser admitido, lo que hace innecesario examinar el otro medio de inadmisión propuesto por los recurridos.

**__B.J. NO. 1058, ENERO 1999__**

Sentencia impugnada: Tribunal Superior de Tierras, del 13 de octubre de 1995. Materia: Tierras. Recurrente: Ana Oneida Altagracia Brito Acosta. Abogada: Dra. Cristina P. Nina Santana. Recurrida: Dra. Juana Camelia Amaro Vda. Brea. Abogado: Dr. Juan Luperón Vásquez.

En Nombre de la República, la Cámara de Tierras, Laboral, Contencioso-Administrativo y Contencioso-Tributario de la Suprema Corte de Justicia, regularmente constituida por los Jueces Juan Guiliani Vólquez, Presidente; Julio Aníbal Suárez y Enilda Reyes Pérez, asistidos de la Secretaria General, en la Sala donde celebra sus audiencias, en la ciudad de Santo Domingo de Guzmán, Distrito Nacional, hoy 13 de enero de 1999, años 155° de la Independencia y 136° de la Restauración, dicta en audiencia pública, como Corte de Casación, la siguiente sentencia:

Sobre el recurso de casación interpuesto por Ana Oneida Altagracia Brito Acosta, portadora de la cédula personal de identidad No. 243923, serie 1ra., domiciliada y residente en esta ciudad, contra la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Tierras, el 13 de octubre de 1995, cuyo dispositivo se copia más adelante;

Oído al alguacil de turno en la lectura del rol;


 * Considerando**, que como el plazo para recurrir en casación, en asuntos civiles y comerciales, según lo prescribe el artículo 5 de la Ley sobre Procedimiento de Casación, es de dos meses y empieza a contarse desde la notificación de la sentencia y como de acuerdo con la parte final del artículo 119 de la Ley de Registro de Tierras, los plazos para ejercer los recursos se cuentan desde la fecha de la fijación del dispositivo de la sentencia en la puerta principal del tribunal que la dictó, es evidente que en la especie, el plazo para ejercer el recurso comenzó el 20 de octubre de 1995, fecha en que como se ha expuesto se procedió a la fijación del dispositivo de la sentencia impugnada en la puerta principal del Tribunal a-quo y terminó el 21 de diciembre de 1995, que como el recurso de que se trata fue interpuesto el 2 de febrero de 1996, es evidente que el plazo estaba ventajosamente vencido, por lo que procede declarar inadmisible por tardío dicho recurso;

**__B.J. NO. 1058, ENERO 1999__**

Sentencia impugnada: Tribunal Superior de Tierras, del 14 de mayo de 1986. Materia: Tierras. Recurrente: Salvador Urbáez o Salvador Féliz Urbáez. Abogado: Dr. Manuel de Jesús Morales Hidalgo. Recurridos: Lucas Atahualpa Fernández Báez y compartes. Abogado: Dr. Juan A. Jáques Núñez.

En Nombre de la República, la Cámara de Tierras, Laboral, Contencioso-Administrativo y Contencioso-Tributario de la Suprema Corte de Justicia, regularmente constituida por los Jueces Juan Guiliani Vólquez, Presidente; Juan Luperón Vásquez, Julio Aníbal Suárez y Enilda Reyes Pérez, asistidos de la Secretaria General, en la Sala donde celebra sus audiencias, en la ciudad de Santo Domingo de Guzmán, Distrito Nacional, hoy 13 de enero de 1999, años 155° de la Independencia y 136° de la Restauración, dicta en audiencia pública, como Corte de Casación, la siguiente sentencia:

Sobre el recurso de casación interpuesto por Salvador Urbáez o Salvador Féliz Urbáez y demás herederos del fallecido Lorenzo Féliz, con domicilio en esta ciudad, contra la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Tierras, el 14 de mayo de 1986, cuyo dispositivo se copia más adelante;

Oído al Dr. Juan A. Jaquez Núñez, abogado de la recurrida Aura Gisela Báez y compartes, en la lectura de sus conclusiones;

Oído el dictamen del Magistrado Procurador General de la República;


 * Considerando**, que el examen de las conclusiones producidas por el recurrente ante el Tribunal a-quo y de las demás piezas del expediente, el cual se ha solicitado al Tribunal de Tierras para su estudio y examen, se evidencia que los agravios antes aludidos no fueron sometidos a la consideración de los jueces del fondo, ni éstos los apreciaron por su propia determinación, así como tampoco existe una disposición legal que imponga su examen de oficio; que en tal virtud constituyen medios nuevos que deben ser declarados inadmisibles;

__**B.J. NO. 1058, ENERO 1999**__

Sentencia impugnada: Tribunal Superior de Tierras, del 19 de agosto de 1997. Materia: Tierras. Recurrentes: Filiberto Vinicio Mañón Vélez y compartes. Abogado: Dr. Julio César Gil. Recurridos: Domingo Mañón Camacho y compartes. Abogado: Dr. Avelino Pérez Leonardo.

En Nombre de la República, la Cámara de Tierras, Laboral, Contencioso-Administrativo y Contencioso-Tributario de la Suprema Corte de Justicia, regularmente constituida por los Jueces Juan Guiliani Vólquez, Presidente; Juan Luperón Vásquez, Julio Aníbal Suárez y Enilda Reyes Pérez, asistidos de la Secretaria General, en la Sala donde celebra sus audiencias, en la ciudad de Santo Domingo de Guzmán, Distrito Nacional, hoy 6 de enero de 1999, años 155° de la Independencia y 136° de la Restauración, dicta en audiencia pública, como Corte de Casación, la siguiente sentencia:

Sobre el recurso de casación interpuesto por Filiberto Vinicio Mañón Vélez, Néstor Mañón Vélez, Manfredo Mañón Vélez, Gustavo de Jesús Mañón Vélez, Máxima E. Victoria Mañón Vélez, Carmen Leticia Mañón Vélez, Nelson Ramón Mañón Vélez, Francisco José Mañón Vélez, Adolfo Gilberto Mañón Vélez, Ramón Leonel Mañón Vélez, Melba Antonia Mañón Vélez, Victoria Carolina Mañón Solivey, Juan Francisco Mañón Solivey y Francisco Mañón Solivey, contra la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Tierras, el 19 de agosto de 1997, cuyo dispositivo se copia más adelante;

Oído al alguacil de turno en la lectura del rol;


 * Considerando**, que en lo que se refiere al alegato de que la acción de los recurridos había prescrito cuando ellos ejercieron su acción, el examen del expediente revela que dichos recurridos no demandaron su reconocimiento judicial, sino su inclusión en la sucesión de su padre y la transferencia en su favor de los derechos que como tales les corresponde, para lo cual no existe plazo alguno, si se toma en cuenta que los herederos de una persona titular de derechos registrados, son sus continuadores jurídicos;

**__B.J. NO. 1058, ENERO 1999__**

Sentencia impugnada: Tribunal Superior de Tierras, del 18 de octubre de 1985. Materia: Tierras. Recurrente: Dr. Luis Emilio Martínez Peralta. Abogado: Dr. Armando Suncar Laucert. Recurridos: Dr. Manuel E. Rivas Estévez y compartes. Abogado: Dr. F. A. Martínez Hernández.

En Nombre de la República, la Cámara de Tierras, Laboral, Contencioso-Administrativo y Contencioso-Tributario de la Suprema Corte de Justicia, regularmente constituida por los Jueces Juan Guiliani Vólquez, Presidente; Juan Luperón Vásquez, Julio Aníbal Suárez y Enilda Reyes Pérez, asistidos de la Secretaria General, en la Sala donde celebra sus audiencias, en la ciudad de Santo Domingo de Guzmán, Distrito Nacional, hoy 6 de enero de 1999, años 155° de la Independencia y 136° de la Restauración, dicta en audiencia pública, como Corte de Casación, la siguiente sentencia:

Sobre el recurso de casación interpuesto por el Dr. Luis Emilio Martínez Peralta, portador de la cédula personal de identidad No. 16654, serie 37, domiciliado y residente en esta ciudad, contra la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Tierras, el 18 de octubre de 1985, cuyo dispositivo se copia más adelante;

Oído al alguacil de turno en la lectura del rol;

__**B.J. NO. 1059, FEBRERO 1999**__
 * Considerando**, que en la especie se ha comprobado, mediante el examen de los documentos del proceso, lo siguiente; 1º) que la Decisión No. 36 del Tribunal de Tierras de Jurisdicción Original, del 23 de agosto de 1985, dictada en relación con las Parcelas Nos. 116-B-3-1-E-3 y 116-B-3-B-1-E-4, del Distrito Catastral No. 3, del Distrito Nacional, fue confirmada en revisión por la del Tribunal Superior de Tierras de fecha 18 de octubre de 1985, objeto del presente recurso de casación; 2º) que el recurrente Dr. Luis Emilio Martínez Peralta, no interpuso recurso de apelación contra la referida decisión de Jurisdicción Original, en el plazo de un mes establecido en el artículo 121 de la Ley de Registro de Tierras, y el Tribunal Superior de Tierras confirmó, en revisión, dicha decisión, sin que el recurrente, ni ninguna de las demás concurrieran tampoco a la revisión;

Sentencia impugnada: Tribunal Superior de Tierras, del 16 de junio de 1998. Materia: Tierras. Recurrentes: José Salvador García Rodríguez y José Rafael Núñez López. Abogado: Lic. Luis Angel de León R. Recurridos: Fe Altagracia Abreu y compartes. Abogado: Licdo. Fernando Esquea Cruel.

En Nombre de la República, la Cámara de Tierras, Laboral, Contencioso-Administrativo y Contencioso-Tributario de la Suprema Corte de Justicia, regularmente constituida por los Jueces Juan Guiliani Vólquez, Presidente; Juan Luperón Vásquez, Julio Aníbal Suárez y Enilda Reyes Pérez, asistidos de la Secretaria General, en la Sala donde celebra sus audiencias, en la ciudad de Santo Domingo de Guzmán, Distrito Nacional, hoy 24 de febrero de 1999, años 155° de la Independencia y 136° de la Restauración, dicta en audiencia pública, como Corte de Casación, la siguiente sentencia:

Sobre el recurso de casación interpuesto por José Salvador García Rodríguez y José Rafael Núñez López, dominicanos, mayores de edad, portadores de las cédulas de identidad y electoral Nos. 047-0099391-0 y 047-0033503-1, contra la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Tierras, el 16 de junio de 1998, cuyo dispositivo se copia más adelante;

Oído al alguacil de turno en la lectura del rol;


 * Considerando**, que los recurrentes no han probado que interpusieran recurso de apelación contra la mencionada sentencia de jurisdicción original, ni tampoco han demostrado que la situación jurídica creada por ésta haya sido modificada por la sentencia impugnada, casos en los cuales hubieran podido recurrir en casación; que por consiguiente, su recurso es y debe ser declarado inadmisible, sin que sea necesario examinar los otros medios de inadmisión propuestos por los recurridos.

**__B.J. NO. 1059, FEBRERO 1999__** Sentencia impugnada: Tribunal Superior de Tierras, del 23 de febrero de 1990. Materia: Tierras. Recurrente: Inesperada Octavia Jiménez de Vásquez. Abogado: Dr. Bienvenido Ma. Castillo Ceballos. Recurrido: Francisco R. Rodríguez y compartes.

En Nombre de la República, la Cámara de Tierras, Laboral, Contencioso-Administrativo y Contencioso-Tributario de la Suprema Corte de Justicia, regularmente constituida por los Jueces Juan Guiliani Vólquez, Presidente; Juan Luperón Vásquez, Julio Aníbal Suárez y Enilda Reyes Pérez, asistidos de la Secretaria General, en la Sala donde celebra sus audiencias, en la ciudad de Santo Domingo de Guzmán, Distrito Nacional, hoy 24 de febrero de 1999, años 155° de la Independencia y 136° de la Restauración, dicta en audiencia pública, como Corte de Casación, la siguiente sentencia:

Sobre el recurso de casación interpuesto por Inesperada Octavia Jiménez de Vásquez, dominicana, mayor de edad, casada, de oficios domésticos, domiciliada y residente en Estados Unidos de América, portadora de la cédula de identidad personal No. 8767, serie 55, contra la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Tierras, el 23 de febrero de 1990, cuyo dispositivo se copia más adelante;

Oído al alguacil de turno en la lectura del rol;

**__B.J. NO. 1059, FEBRERO 1999__** Sentencia impugnada: Tribunal Superior de Tierras, del 9 de junio de 1998. Materia: Tierras. Recurrentes: Sucesores de Carlos Bonilla y/o Enriqueta Bonilla Alvarez. Abogado: Lic. Héctor Alvarez. Recurridos: Abel Wachsman Fernández y compartes. Abogados: Dr. Néctor de Jesús Thomas Báez y Lic. George Bonilla Zapete.
 * Considerando**, que como se advierte por lo que se acaba de copiar, en ese documento que también sirvió de base a la recurrente para solicitar la transferencia de los derechos por ella adquiridos en la parcela de que se trata, no figura el señor Víctor de la Cruz, vendiendo sus derechos, ni parte de los mismos, sino que quienes otorgan dicha venta son los sucesores de Juana de la Cruz, representados en esa operación por el señor Victoriano de la Cruz, en virtud del poder a que se ha hecho referencia precedentemente; que en consecuencia, al declarar el tribunal que todas las ventas (cuatro en total) fueron otorgadas a la recurrente por el señor Víctor de la Cruz, sin analizar o ponderar que el referido acto del 17 de mayo de 1979, no lo otorgó él, sino otros sucesores de Juana de la Cruz, mediante su apoderado Victoriano de la Cruz, dio al citado documento un sentido y un alcance distinto al que tiene, incurriendo así en el vicio señalado en el medio de casación que se examina; y, por tanto, procede casar en ese punto la sentencia impugnada.

En Nombre de la República, la Cámara de Tierras, Laboral, Contencioso-Administrativo y Contencioso-Tributario de la Suprema Corte de Justicia, regularmente constituida por los Jueces Juan Guiliani Vólquez, Presidente; Juan Luperón Vásquez, Julio Aníbal Suárez y Enilda Reyes Pérez, asistidos de la Secretaria General, en la Sala donde celebra sus audiencias, en la ciudad de Santo Domingo de Guzmán, Distrito Nacional, hoy 24 de febrero de 1999, años 155° de la Independencia y 136° de la Restauración, dicta en audiencia pública, como Corte de Casación, la siguiente sentencia:

Sobre el recurso de casación interpuesto por los sucesores de Carlos Bonilla y/o Enriqueta Bonilla Alvarez, dominicanos, mayores de edad, de quehaceres diversos, domiciliados y residentes en el municipio de Gaspar Hernández, de la provincia Espaillat, contra la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Tierras, el 9 de junio de 1998, cuyo dispositivo se copia más adelante;

Oído al alguacil de turno en la lectura del rol;


 * Considerando**, que finalmente, dicho fallo contiene motivos suficientes y pertinentes y una relación de los hechos y circunstancias de la causa que ha permitido verificar que la ley ha sido bien aplicada; que por todo lo expuesto, los dos últimos medios que se examinan, carecen también de fundamento y deben ser desestimados y como consecuencia de ello el recurso debe ser rechazado.

**__B.J. NO. 1059, FEBRERO 1999__** Sentencia impugnada: Tribunal Superior de Tierras, del 4 de noviembre de 1997. Materia: Tierras. Recurrente: Sucesores de Victorio Corporán. Abogado: Lic. Miguel Martínez Sánchez. Recurrido: Virgilio E. Pérez Bernard. Abogados: Lic. Gustavo E. Vega V. y Dr. Elías Nicasio Javier.

En Nombre de la República, la Cámara de Tierras, Laboral, Contencioso-Administrativo y Contencioso-Tributario de la Suprema Corte de Justicia, regularmente constituida por los Jueces Juan Guiliani Vólquez, Presidente; Juan Luperón Vásquez, Julio Aníbal Suárez y Enilda Reyes Pérez, asistidos de la Secretaria General, en la Sala donde celebra sus audiencias, en la ciudad de Santo Domingo de Guzmán, Distrito Nacional, hoy 17 de febrero de 1999, años 155° de la Independencia y 136° de la Restauración, dicta en audiencia pública, como Corte de Casación, la siguiente sentencia:

Sobre el recurso de casación interpuesto por los sucesores de Victorio Corporán, representados por el señor Guillermo Claudio Martínez, dominicano, mayor de edad, provisto de la cédula de identidad y electoral No. 001-1149468-4, domiciliados y residentes en esta ciudad, contra la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Tierras, el 4 de noviembre de 1997, cuyo dispositivo se copia más adelante;

Oído al alguacil de turno en la lectura del rol;


 * Considerando**, que en cuanto al primer medio de inadmisión, que del examen de la sentencia impugnada y de los documentos del expediente muestran que el auto autorizando a emplazar fue dictado por el Presidente de la Suprema Corte de Justicia, el 18 de diciembre de 1997; que por tanto los recurrentes debieron notificar el emplazamiento a más tardar el día 20 de enero del año 1998, teniendo en cuenta que dicho plazo es franco; que al notificarlo el 27 de enero de 1998, lo hicieron fuera del plazo señalado en el artículo 7 de la Ley sobre Procedimiento de Casación; que por tanto, el presente recurso de casación es caduco conforme esta última disposición legal.

**__B.J. NO. 1059, FEBRERO 1999__** Sentencia impugnada: Tribunal Superior de Tierras, del 4 de marzo de 1998. Materia: Tierras. Recurrentes: Sucesores de Emilio Rodríguez. Abogados: Licdo. Daniel Antonio Rijo Castro y Dr. Manuel de Jesús Morales Hidalgo. Recurrido: José Ramón Peña Cedeño. Abogados: Dres. Cruz Antonio Piña Rodríguez y Ezequiel Peña Espíritu Santo.

En Nombre de la República, la Cámara de Tierras, Laboral, Contencioso-Administrativo y Contencioso-Tributario de la Suprema Corte de Justicia, regularmente constituida por los Jueces Juan Guiliani Vólquez, Presidente; Juan Luperón Vásquez, Julio Aníbal Suárez y Enilda Reyes Pérez, asistidos de la Secretaria General, en la Sala donde celebra sus audiencias, en la ciudad de Santo Domingo de Guzmán, Distrito Nacional, hoy 17 de febrero de 1999, años 155° de la Independencia y 136° de la Restauración, dicta en audiencia pública, como Corte de Casación, la siguiente sentencia:

Sobre el recurso de casación interpuesto por los sucesores de Emilio Rodríguez, representados por el señor Manuel Rodríguez Moní, con domicilio en la ciudad de Higüey, República Dominicana, contra la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Tierras, el 4 de marzo de 1998, cuyo dispositivo se copia más adelante;

Oído al alguacil de turno en la lectura del rol;

**__B.J. NO. 1059, FEBRERO 1999__**
 * Considerando**, finalmente, que el examen de la sentencia impugnada revela que ella contiene motivos suficientes y congruentes que justifican plenamente su dispositivo, así como una exposición completa de los hechos y una descripción de las circunstancias de la causa que han permitido verificar que dicho fallo es el resultado de una correcta aplicación de la ley a los hechos que fueron soberanamente comprobados por los jueces del fondo; que por todo lo precedentemente expuesto se evidencia que los tres medios del recurso que se examina carecen de fundamento y deben, por tanto, ser desestimados

Sentencia impugnada: Tribunal Superior de Tierras, del 29 de abril de 1992. Materia: Tierras. Recurrente: Luis Polanco o Ellis Otero Polanco. Abogado: Dr. Pablo Juan Brugal Muñoz. Recurridos: Sucesores de Tomás Almonte, señoras Francisca Almonte y Altagracia Almonte. Abogados: Dres. Manuel Enerio Rivas Estevez y Napoleón Estevez Rivas.

En Nombre de la República, la Cámara de Tierras, Laboral, Contencioso-Administrativo y Contencioso-Tributario de la Suprema Corte de Justicia, regularmente constituida por los Jueces Juan Guiliani Vólquez, Presidente; Juan Luperón Vásquez, Julio Aníbal Suárez y Enilda Reyes Pérez, asistidos de la Secretaria General, en la Sala donde celebra sus audiencias, en la ciudad de Santo Domingo de Guzmán, Distrito Nacional, hoy 17 de febrero de 1999, años 155° de la Independencia y 136° de la Restauración, dicta en audiencia pública, como Corte de Casación, la siguiente sentencia:

Sobre el recurso de casación interpuesto por Luis Polanco o Ellis Otero Polanco, dominicano, mayor de edad, portador de la cédula personal de identidad No. 14252, serie 37, domiciliado y residente en Puerto Plata, República Dominicana, contra la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Tierras, el 29 de abril de 1992, cuyo dispositivo se copia más adelante;

Oído al alguacil de turno en la lectura del rol;


 * Considerando**, que ese texto legal limita en cuanto a las sentencias del Tribunal Superior de Tierras, la facultad de recurrir en casación establecida de un modo general por el artículo 5 de la Ley sobre Procedimiento de Casación, solamente contra los fallos definitivos dictados por dicho tribunal; que por fallo definitivo debe entenderse la decisión que decide el litigio de manera a cerrar para el tribunal que la ha dictado el examen de dicho litigio que le ha sido sometido; que en el presente caso, la litis de que se trata no ha sido decidida definitivamente por la sentencia impugnada que revocó la decisión de jurisdicción original y ordenó un nuevo juicio, respecto de la Parcela No. 263 para mejor esclarecimiento de los hechos, y para evitar que en el conocimiento por separado de los expedientes relativos a la indicada parcela y al de la No. 271 del mismo Distrito Catastral, se incurra en motivos y fallos contradictorios en relación con esos inmuebles emanados de la misma jurisdicción; que por esa sentencia no ha quedado cerrado para el Tribunal Superior de Tierras el examen de ese mismo litigio, sino que por el contrario, ese examen, que para el Tribunal de Jurisdicción Original había quedado cerrado por la decisión No.1 del 11 de abril de 1989, ha quedado abierto de nuevo para que, después de una instrucción más completa, hecha ante otro juez y por los motivos y fines expresados en la sentencia impugnada, dicho litigio sea fallado otra vez en primer grado y sometido después al examen del mismo Tribunal Superior de Tierras; que al no ser por tanto, un fallo definitivo sobre el litigio existente entre las partes, o sea, sobre sus respectivas pretensiones de alegados derechos en las Parcelas Nos. 263 y 271, del Distrito Catastral No. 2 del municipio de Gaspar Hernández, la sentencia del Tribunal Superior de Tierras, ahora impugnada, no presenta el carácter requerido por el artículo 132 de la Ley de Registro de Tierras, para que pueda ser impugnada por un recurso de casación y por no tratarse de una sentencia definitiva, el presente recurso de casación es y debe ser declarado inadmisible.

**__B.J. NO. 1059, FEBRERO 1999__** Sentencia impugnada: Tribunal Superior de Tierras, del 21 de octubre de 1997. Materia: Tierras. Recurrente: Frank Olivo Guerrero Reyna. Abogado: Dr. José Ramón Pérez Bonilla. Recurrida: Josefa Rivera. Abogados: Dres. Ramón Abreu y Manuel Joaquín Patricio Guerrero

En Nombre de la República, la Cámara de Tierras, Laboral, Contencioso-Administrativo y Contencioso-Tributario de la Suprema Corte de Justicia, regularmente constituida por los Jueces Juan Guiliani Vólquez, Presidente; Juan Luperón Vásquez, Julio Aníbal Suárez y Enilda Reyes Pérez, asistidos de la Secretaria General, en la Sala donde celebra sus audiencias, en la ciudad de Santo Domingo de Guzmán, Distrito Nacional, hoy 17 de febrero de 1999, años 155° de la Independencia y 136° de la Restauración, dicta en audiencia pública, como Corte de Casación, la siguiente sentencia:

Sobre el recurso de casación interpuesto por Frank Olivo Guerrero Reyna, dominicano, mayor de edad, provisto de la cédula de identidad y electoral No. 028-0003346-2, domiciliado y residente en la casa No. 3-B, de la calle Juan Ponce de León de la ciudad de Higüey, contra la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Tierras, el 21 de octubre de 1997, cuyo dispositivo se copia más adelante;

Oído al alguacil de turno en la lectura del rol;


 * Considerando**, que el recurrente no ha probado que interpusiera recurso de apelación contra la mencionada sentencia de jurisdicción original, ni tampoco ha demostrado que la situación jurídica creada por ésta haya sido modificada por la sentencia impugnada, casos en los cuales hubiera podido recurrir en casación; que por consiguiente, su recurso es y debe ser declarado inadmisible.

**__B.J. NO. 1059, FEBRERO 1999__** Sentencia impugnada: Tribunal Superior de Tierras, del 12 de diciembre de 1997. Materia: Tierras. Recurrentes: Sucesores del Licdo. Américo Gonzalo Vidal Medina. Abogado: Dr. Wilfrido Suero Díaz. Recurridos: Joaquín Azar García y Lillian Medina. Abogados: Dres. José E. Hernández Machado y Erick J. Hernández Machado Santana.

En Nombre de la República, la Cámara de Tierras, Laboral, Contencioso-Administrativo y Contencioso-Tributario de la Suprema Corte de Justicia, regularmente constituida por los Jueces Juan Guiliani Vólquez, Presidente; Juan Luperón Vásquez, Julio Aníbal Suárez y Enilda Reyes Pérez, asistidos de la Secretaria General, en la Sala donde celebra sus audiencias, en la ciudad de Santo Domingo de Guzmán, Distrito Nacional, hoy 17 de febrero de 1999, años 155° de la Independencia y 136° de la Restauración, dicta en audiencia pública, como Corte de Casación, la siguiente sentencia:

Sobre el recurso de casación interpuesto por los Sucesores del Licdo. Américo Gonzalo Vidal Medina, señores Alfredo Vidal Alvarez, Lucia Vidal Alvarez y Meélida L. Alvarez Vda. Vidal, con domicilio y residencia en esta ciudad, contra la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Tierras, el 12 de diciembre de 1997, cuyo dispositivo se copia más adelante;

Oído al alguacil de turno en la lectura del rol;


 * Considerando**, finalmente que el examen del fallo impugnado muestra que él contiene motivos de hecho y de derecho, suficientes y pertinentes que han permitido a la Suprema Corte de Justicia, verificar que en la especie se ha hecho una correcta aplicación de la ley, por lo cual los medios que se examinan carecen de fundamento y deben ser desestimados.

**__B.J. NO. 1059, FEBRERO 1999__** Sentencia impugnada: Tribunal Superior de Tierras, del 10 de diciembre de 1997. Materia: Tierras. Recurrente: Angel Eloy Peralta Vásquez. Abogados: Dres. Julio Chivilli Hernández y Rafael E. Mejía Pimentel. Recurrida: Constructora Peguero & Hijos, C. por A.

En Nombre de la República, la Cámara de Tierras, Laboral, Contencioso-Administrativo y Contencioso-Tributario de la Suprema Corte de Justicia, regularmente constituida por los Jueces Juan Guiliani Vólquez, Presidente; Juan Luperón Vásquez, Julio Aníbal Suárez y Enilda Reyes Pérez, asistidos de la Secretaria General, en la Sala donde celebra sus audiencias, en la ciudad de Santo Domingo de Guzmán, Distrito Nacional, hoy 10 de febrero de 1999, años 155° de la Independencia y 136° de la Restauración, dicta en audiencia pública, como Corte de Casación, la siguiente sentencia:

Sobre el recurso de casación interpuesto por Angel Eloy Peralta Vásquez, dominicano, mayor de edad, portador de la cédula de identidad y electoral No. 001-1363548-6, domiciliado y residente en esta ciudad, contra la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Tierras, el 10 de diciembre de 1997, cuyo dispositivo se copia más adelante;

Oído al alguacil de turno en la lectura del rol;


 * Considerando**, que si bien, es un hecho cierto que la Parcela No. 26-B que originalmente perteneció al finado Lorenzo Alcántara Valverde y que posteriormente con el fallecimiento de su esposa Altagracia Silva Vda. Alcántara, se procedió a la cancelación del Certificado de Título No. 82-9318, al procederse a la determinación de los herederos de dicho finado, ordenándose la expedición de uno nuevo a favor de dichos herederos y causahabientes por resolución de fecha 9 de marzo de 1994, y si también es cierto que la Constructora Peguero & Hijos, C. por A., adquirió una porción de terreno de dicha parcela con posterioridad a la adquirida por el recurrente, lo que nadie discute, ni tampoco el derecho de la recurrida a solicitar el deslinde de que se trata, para cuya aprobación se hubiese podido considerar suficiente la motivación dada en el fallo que se impugna; no es menos cierto que al abarcar la propiedad a deslindar derechos sucesorales adquiridos por compra a los señores Bienvenido Alcántara Silva, Francisco Alcántara Silva, Marina Alcántara Silva y Altagracia Silva Vda. Alcántara, hijos los tres primeros y cónyuge superviviente la última del finado Lorenzo Alcántara Valverde, dueño original de dicha parcela, por el recurrente Angel Eloy Peralta, convertido así en copropietario de la misma, era indispensable para la regularidad de los trabajos de deslinde de que se trata, que se le diera a las partes interesadas, o sea a los copropietarios, iguales oportunidades para la defensa de sus derechos, citándolos para que pudieran formular sobre el mismo terreno, sus objeciones y reclamos, que en la sentencia impugnada no se da constancia de que tal cosa se hiciera, a pesar de que el recurrente alegó que al adquirir la porción de terreno, ésta le fue entregada por sus vendedores lo que éstos admitieron ante el Tribunal de Tierras de Jurisdicción Original, alegando además que la había cercado con alambres de púas, lo que no ha sido desmentido, por lo que, el fallo que se examina, al no contener sobre ese aspecto motivos suficientes y pertinentes que justifiquen su dispositivo, debe ser casado sin que haya necesidad de ponderar los demás medios del recurso;

**__B.J. NO. 1059, FEBRERO 1999__**

Sentencia impugnada: Tribunal Superior de Tierras, del 13 de abril de 1994. Materia: Tierras. Recurrente: Domingo Brito Gutiérrez. Abogada: Dra. Rosa Altagracia Baralt Tirado. Recurrida: Alfonsina Bautista García. Abogados: Dr. Rafael Cristóbal Cornielle y los Licdos. Rafael Martín Cornielle y José del Carmen Metz.

En Nombre de la República, la Cámara de Tierras, Laboral, Contencioso-Administrativo y Contencioso-Tributario de la Suprema Corte de Justicia, regularmente constituida por los Jueces Juan Guiliani Vólquez, Presidente; Juan Luperón Vásquez, Julio Aníbal Suárez y Enilda Reyes Pérez, asistidos de la Secretaria General, en la Sala donde celebra sus audiencias, en la ciudad de Santo Domingo de Guzmán, Distrito Nacional, hoy 10 de febrero de 1999, años 155° de la Independencia y 136° de la Restauración, dicta en audiencia pública, como Corte de Casación, la siguiente sentencia:

Sobre el recurso de casación interpuesto por Domingo Brito Gutiérrez, dominicano, mayor de edad, casado, pensionado, portador de la cédula personal de identidad No. 47065, serie 1ra., domiciliado y residente en esta ciudad, contra la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Tierras, el 13 de abril de 1994, cuyo dispositivo se copia más adelante;

Oído al alguacil de turno en la lectura del rol;


 * Considerando**, que por lo expuesto precedentemente y el contenido de la sentencia impugnada al respecto, carecen de fundamentos los agravios formulados en los medios que se examinan por la recurrente, los cuales en consecuencia deben ser desestimados por improcedentes y mal fundados.

**__B.J. NO. 1059, FEBRERO 1999__** Sentencia impugnada: Tribunal Superior de Tierras, del 24 de julio de 1995. Materia: Tierras. Recurrente: Rosario María Marmolejos. Abogados: Dres. José Leonardo Durán Fajardo y Juan H. Hernández Díaz. Recurrida: Ana Griselda Marte. Abogado: Dr. Fausto Familia Roa.

En Nombre de la República, la Cámara de Tierras, Laboral, Contencioso-Administrativo y Contencioso-Tributario de la Suprema Corte de Justicia, regularmente constituida por los Jueces Juan Guiliani Vólquez, Presidente; Juan Luperón Vásquez, Julio Aníbal Suárez y Enilda Reyes Pérez, asistidos de la Secretaria General, en la Sala donde celebra sus audiencias, en la ciudad de Santo Domingo de Guzmán, Distrito Nacional, hoy 3 de febrero de 1999, años 155° de la Independencia y 136° de la Restauración, dicta en audiencia pública, como Corte de Casación, la siguiente sentencia:

Sobre el recurso de casación interpuesto por Rosario María Marmolejos, portadora de la cédula personal de identidad No. 15788, serie 47, domiciliada y residente en esta ciudad, contra la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Tierras, el 24 de julio de 1995, cuyo dispositivo se copia más adelante;

Oído al alguacil de turno en la lectura del rol;


 * Considerando**, que de acuerdo con el artículo 1315 del Código Civil: “la autoridad de la cosa juzgada no tiene lugar sino respecto de lo que ha sido objeto de fallo. Es preciso que la cosa demandada sea la misma; que la misma demanda se funde sobre la misma causa; que sea entre las mismas partes y formulada por ellas y contra ellas con la misma calidad”; que en principio, y de conformidad con éste texto legal, para que se produzca la autoridad de la cosa juzgada, es necesario la concurrencia en las dos acciones de los tres elementos siguientes: identidad de objeto, identidad de causa e identidad de partes; que es indispensable además que para que una sentencia adquiera la autoridad de la cosa irrevocablemente juzgada, que la misma no sea susceptible de ser atacada por ninguna vía de recurso; que como en el caso de la especie todas las cuestiones planteadas por la recurrida Ana Griselda Marte, tanto en sus demandas en nulidad del contrato de venta, ante la Jurisdicción Civil Ordinaria como ante el Tribunal de Tierras quedaron definitiva e irrevocablemente resueltas por las sentencias de fechas 9 de agosto de 1985, dictada por la Cámara Civil y Comercial de la Corte de Apelación de Santo Domingo y 17 de junio de 1987, por la Suprema Corte de Justicia, es incuestionable que dichas decisiones adquirieron la autoridad de la cosa irrevocablemente juzgada y por consiguiente el Tribunal de Tierras no podía ya pronunciarse contra lo que había sido decido irrevocablemente por la Suprema Corte de Justicia, es decir, sobre la validez del contrato de venta; que por tanto, la sentencia impugnada, debe ser casada sin que sea necesario ponderar los demás medios del recurso.