JURISPRUDENCIA+AÑO+2009

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=Luis Sánchez Castillo.=
 * **__Sentencias en materia de Tierra del año 2009- Enero- Diciembre.__**

B.J. NO. 1178, ENERO 2009.
 * Considerando**, que de acuerdo con el artículo 134 de la Ley de Registro de Tierras núm. 1542 de 1947, al amparo de la cual fue introducido y solucionado el asunto de que se trata, “El recurso de casación será interpuesto, instruido y juzgado tanto en material civil como en material penal, conforme a las reglas del derecho común; que, de acuerdo con el artículo 5 de la Ley sobre Procedimiento de Casación prescribe que “En los asuntos civiles y comerciales el recurso de casación se interpondrá por un memorial suscrito por abogado, con indicación de los medios en que se funda, que deberá ser depositado en la Secretaría de la Suprema Corte de Justicia, en los dos meses de la notificación de la sentencia”; que, por otra parte, de conformidad con la parte final del artículo 119 de la ya mencionada Ley de Registro de Tierras: “Los plazos para ejercer los recursos contra las decisiones dictadas por el Tribunal de Tierras, se cuentan desde la fecha de la fijación del dispositivo de la sentencia en la puerta principal del tribunal que la dictó”;

B.J. NO. 1178, ENERO 2009.
 * Considerando**, que en su memorial introductivo los recurrentes proponen contra la sentencia impugnada los siguientes medios de casación: Primer Medio: Falta de motivos. Violación del artículo 41, de la Ley núm. 659, sobre Actos del Estado Civil; Segundo Medio: Desnaturalización de los hechos de la causa; Tercer Medio: Falta de base legal. Contradicción de sentencia;

B.J. NO. 1178, ENERO 2009.
 * Considerando**, que en la especie, consta la mención de que la sentencia impugnada fue fijada en la puerta principal del Tribunal a-quo en la fecha anteriormente indicada, lo que evidencia que dicho recurso fue interpuesto tardíamente y en consecuencia debe ser declarado inadmisible, sin necesidad de abundar sobre los demás medios de inadmisión propuestos.

B.J. NO. 1178, ENERO 2009.
 * Considerando**, que como se ha expresado el artículo 143 de la Ley de Registro de Tierras, ya mencionado, sólo admite la corrección puramente material y es inaplicable en cualquier caso en el cual se pretenda o persiga una decisión contraria al saneamiento definitivo; la comprobación del error material escapa al control de la casación; que si es cierto, que en la especie, el Tribunal a-quo admitió la existencia de un error puramente material, también es cierto que en ese sentido expresa lo siguiente: “Que de los hechos probados este Tribunal retiene, por su importancia para la suerte final de este caso, los siguientes: que ciertamente el Tribunal de Tierras de Jurisdicción Original de San Francisco de Macorís, incurrió en un error puramente material, al no consignar en la parte dispositiva de la Sentencia No. 1 de fecha 13 del mes de febrero del año 1985, el nombre de Joaquín Emilio; que los demás aspectos de fondo pretendidos por la parte recurrente fueron decididos y adquirieron la autoridad de la cosa irrevocablemente juzgada; que este Tribunal Superior considera irrelevante el error material referido, hábida cuenta de que si bien el heredero Joaquín Emilio no fue expresamente consignado en la parte dispositiva de la sentencia dictada por el Tribunal de Jurisdicción Original, este Tribunal (el de Jurisdicción Original), lo admitió al acoger la venta de los derechos sucesorales del referido heredero, al Sr. Pedro María Martínez Paulino; que la irrelvancia de este error material, se manifiesta, además, en el hecho de que se trata de un hijo nacido fuera del matrimonio, que fue reconocido por su padre y cuyos derechos sucesorales fueron acogidos en el Tribunal competente; y que en el caso de que este Tribunal se decidiera a ordenar la corrección solicitada, esto no alteraría en nada, los aspectos de fondo de la determinación de herederos, que como se ha dicho ya fueron decididos y adquirieron la autoridad de la cosa irrevocablemente juzgada”;

B.J. NO. 1178, ENERO 2009.


 * Considerando**, que el recurso de revisión por causa de fraude, que de manera excepcional y extraordinaria instituyó el legislador en los artículos 137 y siguientes de la Ley núm. 1542 de 1947, de Registro de Tierras, tiene por finalidad proteger la regularidad del proceso de saneamiento de los derechos inmobiliarios, a fin de evitar que se burle el propósito esencial y de orden público de dicha ley, de atribuir el derecho de propiedad y los derechos reales accesorios sobre los inmuebles, a favor de sus verdaderos dueños, y que por tanto es indiscutiblemente cierto que todo reclamante está en el deber, no sólo de exponer con claridad y precisión los fundamentos del derecho que pretende, así como de presentar las pruebas en que apoya su reclamación y en la obligación de no silenciar u omitir ningún hecho o circunstancia que deba ser investigada por el tribunal, y que pueda eventualmente conducir a favorecer a otra persona, aunque esté presente en la audiencia o audiencias del saneamiento, no es menos cierto que quien con posterioridad y dentro de las previsiones de los artículos precedentemente citados de la referida ley, ejerce el Recurso en Revisión por Causa de Fraude, alegando haber sido privado por medios fraudulentos de algún derecho o interés en el terreno objeto del saneamiento, está en la obligación de demostrar que el intimado obtuvo el registro por cualquier actuación, maniobra, mentira o reticencia realizada para perjudicarlo en sus derechos o intereses y que es lo que ha permitido o dado lugar a la obtención no sólo de la adjudicación del terreno, sino además del derecho de registro;

B.J. NO. 1178, ENERO 2009.
 * Considerando**, finalmente, que el fallo impugnado contiene una exposición completa de los hechos de la causa que permiten a esta Corte verificar que los jueces del fondo hicieron una correcta aplicación de la ley, y en consecuencia, el recurso de casación de que se trata debe ser rechazado.

B.J. NO. 1178, ENERO 2009.
 * Considerando**, que de acuerdo con el ordinal quinto de la Resolución núm. 43-2007 del 1º de febrero de 2007 sobre medidas anticipadas en la Jurisdicción Inmobiliaria, dictada por la Suprema Corte de Justicia: “los recursos incoados contra una sentencia dictada por cualquier Tribunal de la Jurisdicción Inmobiliaria, con posterioridad a la puesta en vigencia de la Ley núm. 108-05 de Registro Inmobiliario, se interpondrán, instruirán y fallarán conforme a las disposiciones de la referida ley y a las normas complementarias establecidas en sus reglamentos”;

B.J. NO. 1179, FEBRERO 2009
 * Considerando**, que en la sentencia impugnada el Tribunal a-quo establece: “Que, el recurso de Revisión por Causa de Fraude es un recurso extraordinario reservado para las personas que no participaron en el saneamiento; que en el caso de especie, los sucesores de Alfredo Arvelo Paniagua asistieron a las audiencias que celebró la Juez de Jurisdicción Original de San Juan de la Maguana, entre las que se incluye un descenso al lugar de ubicación de la Parcela núm. 2424, del Distrito Catastral núm. 2; que no conforme con la decisión dictada por la Juez de Jurisdicción original recurrieron la misma en apelación, lo que demuestra su total participación en el proceso de saneamiento; ante tal situación y conforme con los criterios jurisprudenciales, este Tribunal estima que este recurso debe ser declarado inadmisible”;

B.J. NO. 1179, FEBRERO 2009
 * Considerando**, que en el desarrollo de los medios de casación invocados contra la sentencia impugnada, los cuales se reúnen por su íntima relación, los recurrentes alegan en síntesis: que el deslinde fue practicado en violación del artículo 216 de la Ley de Registro de Tierras, ya que la señora Anita Polanco Vda. Kery no fue notificada para que asistiera al mismo, el que fue solicitado por las Dras. Janive Toukery de Rodríguez y Dulce Josefina Victoria Yeb y la sociedad Capisol, S. A., representada por su Presidente Louis Berfignac, quienes no depositaron la carta demostrativa de que tenían la posesión del terreno en el que se iba a practicar el deslinde, el cual estaba ocupado por Anita Polanco Vda. Key, lo que demuestra que fue realizado en forma incorrecta y en violación a la ley que rige la materia; b) que se desnaturaliza el procedimiento legal que rige la materia y se usaron maniobras ilegales, porque al momento de proceder al mismo se ocultan la verdad, manifestándole a dicha señora que se trataba de un pedimento solicitado por el Abogado del Estado en relación con la litis; c) que las declaraciones de la señora Anita Polanco Vda. Kery, en las audiencias celebradas, tanto en primer grado como en apelación, no fueron tomadas en cuenta por los jueces al dictar sus fallos;

B.J. NO. 1179, FEBRERO 2009.
 * Considerando**, que consecuentemente, al estatuir como lo ha hecho el Tribunal a-quo, esta Suprema Corte de Justicia ha podido verificar que, lejos de incurrir en las violaciones de los artículos 143 y 505 de la Ley de Registro de Tierras, denunciada por los recurrentes, ha hecho en el caso una correcta apreciación de los hechos y una justa aplicación de dichos textos legales, y por tanto los medios de casación examinados carecen de fundamento y deben ser desestimados, por lo que procede el rechazamiento del recurso a que se contrae la presente decisión;

B.J. NO. 1179, FEBRERO 2009.
 * Considerando**, que, de acuerdo con el emplazamiento ante la Suprema Corte de Justicia, con motivo y a los fines de un recurso de casación el mismo debe contener y por tanto cumplir entre otras formalidades y menciones, entre otros: los nombres y la residencia de la parte recurrida y el nombre de la persona a quien se entregue la copia del emplazamiento; que por otra parte, de conformidad con el ya copiado artículo 68 del Código de Procedimiento Civil, los emplazamientos deben notificarse a la misma persona o en su domicilio, dejándole copia; que, como en el caso de la especie la recurrente no ha llenado, ni cumplido esas formalidades exigidas expresamente por la ley, puesto que el acto de emplazamiento fue notificado a los sucesores del finado Juan Brito, nominados en la sentencia impugnada, en el bufete de los abogados que los asistieron por ante el Tribunal Superior de Tierras, en el proceso que dio lugar a la sentencia objeto del recurso de casación de que se trata, resulta evidente que dicho recurso no puede ser admitido, puesto que para que esa notificación produjera su efecto jurídico, válido y eficaz era obligatorio haber hecho la misma en manos o en el domicilio de todos los miembros de dicha sucesión, cuyos nombres, como ya se ha dicho, figuran en el proceso, lo que no se hizo; que por consiguiente, el recurso de casación a que se contrae la presente decisión debe ser declarado inadmisible;

B.J. NO. 1179, FEBRERO 2009.
 * Considerando**, que el Tribunal Superior de Tierras que conoció como tribunal de alzada del asunto, por el estudio y ponderación de los documentos de la causa comprobó que el recurrente no aportó pruebas que permitan a dicho tribunal establecer la calidad de herederos del de-cujus, de las personas de quienes alega haber adquirido los derechos cuya transferencia en su favor ha venido reclamando en el curso de la litis, todo ello en razón de los motivos, que al examinar los documentos por él sometidos, se expresan en los motivos de la sentencia, copiados precedentemente, puesto que los documentos a que alude el recurrente en su memorial de casación, como probatorios de los derechos que reclama, carecen de la eficiencia probatoria requerida para acoger sus pretensiones, tal como lo apreció y decidió el Tribunal a-quo en la decisión impugnada;

B.J. NO. 1180, MARZO 2009.
 * Considerando**, que lo expuesto precedentemente y el examen de la sentencia impugnada pone de manifiesto que la decisión que se examina contiene motivos de hecho y de derecho suficientes, congruentes y pertinentes, ampliamente detallados, que justifican plenamente su dispositivo, por lo cual los medios propuestos en su contra por el recurrente carecen de fundamento y deben ser desestimados, por lo que el recurso de casación que se examina debe ser rechazado;


 * Considerando**, que de conformidad con las disposiciones del artículo 133 de la Ley de Registro de Tierras: “podrán recurrir en casación en materia civil, las partes interesadas que hubieren figurado verbalmente o por escrito en el procedimiento seguido por ante el tribunal que dictó la sentencia impugnada”; que, por tanto, es inadmisible el recurso ahora interpuesto por el Banco BHD, S. A., cuya calidad de continuador jurídico del Banco Gerencial & Fiduciario, S. A., tampoco ha probado el recurrente, por lo que el recurso de casación que se examina, por ambos motivos debe ser declarado inadmisible.

B.J. NO. 1180, MARZO 2009.
 * Considerando**, que es de principio que la muerte del mandante pone fin de pleno derecho al mandato, y para que ello ocurra no es ni siquiera necesario que esa muerte haya sido denunciada o informada al mandatario, resultando suficiente que este último sea informado, de cualquier manera que sea, del fallecimiento del mandante; que por consiguiente, la declaración de la señora Josefina Mercedes Cruz, de que no sólo había informado y reiterado al señor Oscar J. Torres, representante de la compañía compradora de la muerte de su esposo, inclusive que este último hasta la llamó a Orlando mientras se encontraba allá para conversar con ella sobre dicha muerte, y en relación con el proyectado negoció de la venta del inmueble, desde ese momento sujeto a las contingencias y procedimientos de una partición amigable o litigiosa, lo que debió aconsejarle al Sr. Oscar Torres la más elemental prudencia para abstenerse de insistir en una operación, en la que ya el mandato que tenía esa señora había concluido de pleno derecho, y cuya operación generaría, como ha ocurrido, las contingencias de una litis judicial, porque el de-cujus dejaba varios herederos que no podían ser despojados de sus derechos en los bienes relictos por su padre; que estas circunstancias y reflexiones debieron inspirar en los jueces del fondo desconfianza y dudas respecto de la alegada buena fe de la adquiriente, antes de considerar existente y válido un mandato ya concluido con la muerte del mandante, y sobre esa base ordenar la transferencia del inmueble a favor de la parte recurrida Cogram Energía, S. A.; que resulta evidente que al proceder de esa manera el Tribunal a-quo ha hecho una errónea interpretación y aplicación de los artículos 1315 y 2003 del Código Civil, dejando además su decisión sin base legal;

B.J. NO. 1180, MARZO 2009.
 * Considerando**, que en el memorial de casación depositado en fecha 12 de febrero de 2004, en la Secretaría de la Suprema Corte de Justicia, ni en el emplazamiento contenido en el acto núm. 17-04 de fecha 1° de marzo de 2004, no contiene los nombre de las personas que forman o integran la Sucesión de Juan Antonio Gómez, a requerimiento de la cual se actúa; que además, los recurrentes se limitan a copiar los textos legales cuya violación alegan en el caso, sin señalar en que forma y en que han consistido dichas violaciones, lo que deja dicho recurso sin fundamento ponderable y también lo hace inadmisible;

B.J. NO. 1181, ABRIL 2009.
 * Considerando**, que en la sentencia impugnada se da constancia expresa de que el Tribunal a-quo en el conocimiento e instrucción del asunto celebró las audiencias de fechas 27 de septiembre de 2007, 22 de octubre de 2007, a las cuales compareció la Licda. Ramona Briseyda De la Cruz Reynoso, en representación del actual recurrente, no compareciendo a la del 20 de noviembre de 2007, no obstante haber sido legalmente citada; que igualmente, en el último visto (pág. 194 del fallo recurrido, se da constancia de que el tribunal examinó los documentos que obran en el expediente, por lo que contrariamente a los agravios formulados por la recurrente, el tribunal concedió a las partes todas las oportunidades para ejercer su derecho de defensa, por lo que carece de fundamento, sobre todo el segundo medio propuesto;

B.J. NO. 1181, ABRIL 2009.
 * Considerando**, finalmente, que no obstante lo anteriormente expuesto, si el recurrente se consideraba perjudicado como consecuencia del procedimiento de determinación de herederos del finado Felipe Ciprián, de quien alega ser hijo y procedimiento en el que no participaron los adquirientes de los inmuebles vendidos por las recurridas, nada se oponía a que él intentara contra ellas las acciones pertinentes permitidas por la misma ley de Registro de Tierras, cuando una persona es privada sin negligencia de su parte, de un terreno, y se encuentre, como en el caso, impedida legalmente de recobrar el mismo;

B.J. NO. 1181, ABRIL 2009.
 * Considerando**, que de acuerdo con el artículo 134 de la Ley de Registro de Tierras núm. 1542 de 1947, al amparo de la cual fue instruido y solucionado el asunto de que se trata, el recurso de casación será interpuesto, instruido y juzgado, tanto en materia civil como en materia penal, conforme a las reglas del derecho común; que el artículo 5 de la Ley sobre Procedimiento de Casación vigente al momento de interponer el recurso que se examina, dispone que en los asuntos civiles y comerciales dicho recurso se interpondrá por medio de un memorial suscrito por abogado, con indicación de los medios en que se funda, que deberá ser depositado en la Secretaría de la Suprema Corte de Justicia, en los dos meses de la notificación de la sentencia”; que, por otra parte, de conformidad con la parte final del artículo 119 de la ya mencionada Ley de Registro de Tierras: “Los plazos para ejercer los recursos contra las decisiones dictadas por el Tribunal de Tierras, se cuentan desde la fecha de la fijación del dispositivo de la sentencia en la puerta principal del tribunal que la dictó;

B.J. NO. 1181, ABRIL 2009.
 * Considerando**, que de acuerdo con el artículo 134 de la Ley de Registro de Tierras núm. 1542 de 1947, al amparo de la cual fue introducido, instruido y solucionado el asunto de que se trata “El recurso de casación será interpuesto instruido y juzgado, tanto en materia civil como en material penal, conforme a las reglas del derecho común”; que el artículo 5 de la Ley sobre Procedimiento de Casación, vigente al momento de interponer el recurso que se examina, prescribe que en los asuntos civiles y comerciales el recurso de casación se interpondrá por medio de un memorial suscrito por abogado, con indicación de los medios en que se funda, que deberá ser depositado en la Secretaría de la Suprema Corte de Justicia, en los dos meses de la notificación de la sentencia; que, por otra parte, de conformidad con la parte final del artículo 119 de la ya mencionada Ley de Registro de Tierras: “Los plazos para ejercer los recursos contra las decisiones dictadas por el Tribunal de Tierras, se cuentan desde la fecha de la fijación del dispositivo de la sentencia en la puerta principal del tribunal que la dictó”;

B.J. NO. 1181, ABRIL 2009.
 * Considerando**, que en la especie, se trata de un recurso interpuesto contra una sentencia del Tribunal Superior de Tierras del Departamento Norte, en relación con la Parcela núm. 381 del Distrito Catastral núm. 20 del Municipio y Provincia de La Vega; que según consta en algunos documentos del expediente, los sucesores de la señora María Agustina Hernández, son los señores Cristobalina María Altagracia, Luisa María Altagracia, José Vicente, Luisa María Mercedes, Ismael de Jesús, Gloria Mercedes, Radhamés Abraham y Cristobalina Mercedes; que sin embargo, mediante el Acto núm. 908/007 de fecha 9 de agosto de 2007, del Alguacil Rafael Bladimir Escaño, el recurrente ha emplazado únicamente a los señores Ismael de Jesús Toribio Hernández y José Vicente Toribio Hernández, no haciéndolo con los demás sucesores, como resulta de rigor, ya que cuando el recurrente emplace, y por tanto ponga en causa a todos los miembros de dicha sucesión notificándole a cada uno de ellos, ya sea personalmente o en sus respectivos domicilios, el acto de emplazamiento; que de no hacerlo así, y por tratarse de un asunto indivisible, el recurso de casación resulta inadmisible;

B.J. NO. 1181, ABRIL 2009.
 * Considerando**, que la formalidad exigida por el artículo 418 del Código Procesal Penal, relativa a la forma en que debe ejercerse o formalizarse el recurso de apelación, el cual es aplicable al recurso de casación por mandato del artículo 427 del mismo Código, es sustancial, y no puede ser reemplazada por ninguna otra equivalente; que, por tanto el recurso de casación a que se contrae la presente decisión, interpuesto por Ramón Ortega Ramírez, no ha producido efectos jurídicos por haber sido interpuesto mediante un memorial depositado en la Secretaría General de la Suprema Corte de Justicia, en lugar de ser depositado en la Secretaría del Tribunal Superior de Tierras del Departamento Norte, en la forma y término establecidos en el ya citado texto legal, el artículo 418 del Código Procesal Penal; que, en tales condiciones, dicho recurso debe ser declarado inadmisible.

B.J. NO. 1181, ABRIL 2009.
 * Considerando**, que en lo que concierne a los argumentos formulados por el recurrente contra el contrato de cuota litis intervenido entre el señor Fernando Moreno Pérez y el Dr. Francisco Castillo Melo, procede declarar que el Tribunal de Tierras mediante decisión núm. 10 del 10 de abril del 2000, en el ordinal tercero de la misma, dispuso lo siguiente: “**Tercero:** Que debe ordenar y ordena al Registrador de Títulos del Departamento de San Pedro de Macorís expedir los Certificados de Títulos correspondientes a las Parcelas Nos. 1-A-323, 1-A-324 y 1-A-354 a favor del señor Fernando Moreno Pérez y rebajar un 30% de las porciones correspondientes a dicho señor a favor del Dr. Francisco Castillo Melo, según contrato de poder y cuota litis de fecha 6 de agosto de 1996”; que esa sentencia adquirió la autoridad de la cosa irrevocablemente juzgada, que en virtud de los artículos 1134, 1135 y 1165 del Código Civil, las convenciones legalmente formadas tienen fuerza de ley para aquellos que las han hecho, no pueden revocarse sino por mutuo consentimiento o por las causas que autoriza la ley y deben llevarse a ejecución de buena fe; obligan no sólo a lo que se expresa en ellas, sino también a todas las consecuencias que la equidad, el uso o la ley dan a la obligación, según su naturaleza; finalmente no producen efecto sino respecto de las partes contratantes; no perjudican a terceros ni les aprovechan, más que en el caso previsto en el artículo 1121 del mismo código;

B.J. NO. 1181, ABRIL 2009.
 * Considerando**, que el plazo de dos meses establecido por el artículo 5 de la Ley sobre Procedimiento de Casación debe ser observado a pena de inadmisión, y por tanto, su inobservancia puede ser invocada en todo estado de causa y no siendo susceptible de ser cubierto por las defensas del fondo, la Suprema Corte de Justicia debe pronunciar de oficio la inadmisión resultante de la expiración del plazo fijado por el referido texto legal para la interposición del recurso, en los casos en que, como en la especie, la parte recurrida, que hizo defecto, no proponga esa excepción, por tratarse de un asunto de orden público, de conformidad con lo que establecen los artículos 44 y 47 de la Ley núm. 834 de 1978;

B.J. NO. 1181, ABRIL 2009.
 * Considerando**, que como se comprueba por lo expuesto resulta evidente que a la actual recurrente se le privó del último plazo de 30 días que se le había concedido para responder mediante escrito las réplicas de la parte contraria a ella en el proceso; que en tales circunstancias el Tribunal a-quo al fallar el expediente el día 6 de diciembre de 2006, o sea antes de que se venciera el plazo de 30 días que había concedido a la recurrente en la audiencia celebrada el 28 de agosto de 2006, no advirtió que con ello vulneraba el principio de la igualdad en los debates, así como su derecho de defensa; que, por tanto la sentencia impugnada debe ser casada, sin que sea necesario ponderar el otro medio del recurso;

B.J. NO. 1181, ABRIL 2009.
 * Considerando**, que la sentencia dictada por el Tribunal de Tierras del Departamento Central, impugnada ahora en casación, no tiene el carácter de una sentencia definitiva entre partes, sino de una medida dispuesta en la instrucción del asunto, mediante la cual se ordenó la celebración de un nuevo juicio, por lo que el recurso interpuesto contra ella debe ser declarado inadmisible y en consecuencia no procede el examen de los medios propuesta.

B.J. NO. 1181, ABRIL 2009.
 * Considerando**, que en la sentencia impugnada no se alude ni menciona ningún documento del cual el tribunal comprobara la existencia o terminación de un proceso de embargo inmobiliario sobre el inmueble en litis, no obstante según alegan los recurrentes, haber depositado las partes documentos en relación con el asunto de que se trata; que lo expuesto pone de manifiesto que las partes se limitaron a hacer afirmaciones sobre la existencia de un procedimiento de ejecución inmobiliaria ante la jurisdicción ordinaria o el tribunal no tomó en cuenta ni ponderó los documentos demostrativos de la existencia de dicho procedimiento de ejecución ante aquella jurisdicción, y en este caso, resulta evidente que al no mencionar la sentencia los documentos en que el tribunal, acogiendo las conclusiones de la parte ahora recurrida, fundamentó su fallo, dejó de ponderar dichos documentos, especialmente, en un asunto en que se han venido alegando los recurrentes que la ejecución inmobiliaria a que se alude en la sentencia es o fue dolosa o fraudulenta, a fin de que esta Corte en presencia de la comprobación o no de tal circunstancia pudiera verificar si en la especie se ha hecho o no una correcta aplicación de la ley; que por consiguiente el tercer y cuarto medio del recurso deben ser acogidos, sin necesidad de ponderar los demás medios propuestos y en consecuencia la sentencia impugnada debe ser casada;

B.J. NO. 1181, ABRIL 2009.
 * Considerando**, que en la sentencia impugnada se expresa lo siguiente: “Que, la parte recurrente quiso evadir el conocimiento del fondo de la presente demanda planteando en limini litis la prescripción de la acción. Que, la parte demandada por conducto de su abogado concluyeron de manera incidental por ante el Tribunal de Jurisdicción Original de Tierras con asiento en Santiago Rodríguez, apoderado al efecto, solicitando que sea declarada la prescripción extintiva y en consecuencia inadmisible la acción o demanda en nulidad del acto de venta antes descrito, en virtud de las disposiciones combinadas de los Arts. 2262, 784 hasta el 786, 789 y 790 del Código Civil, en razón de que al momento de incoarse la acción han transcurrido más de 35 años de la fecha de elaboración del mencionado acto de venta, también de manera subsidiaria que la misma sea declarada inadmisible por ser violatoria de las disposiciones de los artículos 2225 del Código Civil, 4 y siguientes de la Ley 834 de 1978, por falta de interés y calidad para actuar. Que estas conclusiones incidentales fueron acumuladas por el Juez José Cristino Peñaló para ser falladas conjuntamente con el fondo”;

B.J. NO. 1181, ABRIL 2009.
 * Considerando**, que tanto del examen de la sentencia, como de todo lo anteriormente expuesto se evidencia que el fallo impugnado no adolece de los vicios y violaciones denunciadas por el recurrente y que la misma contiene motivos de hecho y de derecho suficientes, pertinentes y congruentes que justifican plenamente lo decidido por el Tribunal a-quo, y que a los hechos establecidos se les ha dado su verdadero alcance; que por tanto, el recurso de casación que se examina carece de fundamento y debe ser rechazado;

B.J. NO.1182, MAYO 2009.
 * Considerando**, que de acuerdo con la parte in fine del artículo 20 de la Ley sobre Procedimiento de Casación si la sentencia fuere casada por causa de incompetencia, la Suprema Corte de Justicia dispondrá el envío del asunto por ante el Tribunal que debe conocer de él, y lo designará igualmente;

B.J. NO.1182, MAYO 2009.
 * Considerando**, que de conformidad con las disposiciones del artículo 133 de la Ley de Registro de Tierras: “Podrán recurrir en casación en materia civil, las partes interesadas que hubieran figurado verbalmente o por escrito en el procedimiento seguido por ante el tribunal que dictó la sentencia impugnada”; que, además, de acuerdo con el artículo 4 de la Ley sobre Procedimiento de Casación: “Podrán pedir la casación: primero, las partes interesadas que hubieran figurado en el juicio”;

B.J. NO.1182, MAYO 2009.
 * Considerando**, que tal como se ha expresado precedentemente, el punto de partida de los plazos para interponer los recurso en esta materia, de conformidad con lo que en tal sentido establecía la parte final del artículo 119 de la Ley de Registro de Tierras, vigente cuando se interpuso el recurso, es el día en que ha tenido lugar la publicación de la sentencia, esto es, la fijación del dispositivo de la misma en la parte principal del tribunal que la dictó; que tal como también se ha señalado en parte anterior de la presente decisión, en la sentencia impugnada se hace mención por la Secretaría del Tribunal que la dictó, que dicha decisión fue fijada en la puerta principal de dicho tribunal, el día 28 de agosto de 2006; que, por tanto el plazo para el depósito del memorial introductivo del recurso de casación, por ser franco vencía el día 30 de octubre de 2006, plazo que aumentado en seis (6) días más, en razón de la distancia, conforme lo dispone el artículo 1033 del Código de Procedimiento Civil, por tener los recurrentes su domicilio en el Municipio de Constanza, distante a 193 kilómetros de la ciudad de Santo Domingo, asiento de la Suprema Corte de Justicia, dicho plazo quedó extendido hasta el día primero de noviembre de 2006, que era el último día hábil para interponer dicho recurso; que, habiendo sido interpuesto el referido recurso el día 5 de febrero de 2007, mediante el depósito ese día del memorial correspondiente en la Secretaría de la Suprema Corte de Justicia, resulta evidente que dicho recurso fue interpuesto tardíamente y por consiguiente procede declararlo inadmisible;

B.J. NO.1182, MAYO 2009.
 * Considerando**, finalmente, que el examen de la sentencia impugnada pone de manifiesto que la misma contiene motivos suficientes y pertinentes que justifican plenamente su dispositivo, así como una relación completa de los hechos y circunstancias de la causa que han permitido a esta Corte verificar que el Tribunal a-quo hizo en el caso, una correcta aplicación de la ley, sin incurrir en ninguna de las violaciones alegadas por la recurrente; por todo lo cual, los medios del recurso carecen de fundamento y deben ser desestimados y en consecuencia rechazado el presente recurso.

B.J. NO.1182, MAYO 2009.
 * Considerando**, que lo que se refiere a los argumentos del recurrente en el sentido de que el Tribunal a-quo no tomó en cuenta, ni analizó los documentos depositados por él, el examen de la sentencia revela todo lo contrario, puesto que en el “Tercer Visto” de la Pág. 1 de la sentencia atacada se expresa lo siguiente: “Vistos: los demás documentos que integran este expediente”, lo que indica que además de la sentencia entonces apelada, el Tribunal a-quo sí examinó y ponderó todos los documentos depositados por las partes;

B.J. NO.1182, MAYO 2009.
 * Considerando**, que como se advierte por el considerando que se acaba de copiar, la sentencia impugnada adopta sin modificación y sin necesidad de reproducirlos, los motivos de la decisión del tribunal de jurisdicción original del 18 de junio de 2003, por considerarlos claros y suficientes; que por otra parte, tanto la sentencia impugnada como la de jurisdicción original, cuyos motivos o fundamentos adoptó la primera, según ya se ha expresado, han excluido de todo derecho en la parcela núm. 1559 al recurrente Gustavo Adolfo Ortiz Matos, no sólo por la adjudicación hecha a los sucesores de los finados Ramón Emilio Núñez y Ana Josefa Hernández sobre la base de la más larga prescripción, sino también porque en ambas sentencias quedó establecido que Gustavo Adolfo Ortiz, reclamante sin título traslativo, no pudo probar a juicio de los jueces del fondo, que tuvo, mediante pruebas pertinentes sobre la referida parcela o parte de ella, el tiempo de posesión requerido por la ley para la prescripción adquisitiva; que, por todas las razones expuestas, deducidas de los hechos retenidos en la sentencia impugnada y de sus consideraciones jurídicas, que los agravios del recurrente carecen de fundamento y deben desestimarse, y en consecuencia procede rechazar el presente recurso.

B.J. NO.1183, JUNIO 2009.
 * Considerando**, finalmente, que el examen del fallo impugnado pone de manifiesto que el Tribunal a-quo formó su convicción en el conjunto de los medios de prueba que fueron administrados en la instrucción del asunto, resultando, que lo que los recurrentes llaman desnaturalización no es otra cosa que la soberana apreciación de esos medios de prueba regularmente aportados y a los que se refiere la sentencia en los abundantes motivos que contiene; que el hecho de que para decidir el asunto éste no se fundara en las afirmaciones y documentos a que se refieren los recurrentes en su memorial de casación no constituye una desnaturalización, puesto que esa apreciación entra en el poder soberano de los jueces; por todo lo cual, el recurso examinado carece de fundamento y debe ser desestimado.

B.J. NO.1183, JUNIO 2009.
 * Considerando**, que como se ha expresado precedentemente, el punto de partida de los plazos para interponer los recursos en esta materia, de conformidad con lo que en tal sentido dispone el ya citado y transcrito artículo 119 de la Ley de Registro de Tierras, vigente cuando se instruyó el asunto, es la fijación del dispositivo de la misma en la puerta principal del tribunal que la dictó; que tal como también se ha señalado en parte anterior de la presente decisión, en la especie se comprueba que la decisión impugnada fue fijada en la puerta principal del referido tribunal el día 19 de enero de 2007, según como consta en la parte superior de la primera hoja y al pie de la última de la sentencia recurrida, puesta por la Secretaria del referido tribunal; que por tanto, el plazo para el depósito del memorial introductivo del recurso, por ser franco, vencía el día 3 de marzo del 2007, plazo que aumentado en 5 días más, en razón de la distancia, conforme lo dispone el artículo 1033 del Código de Procedimiento Civil, por tener los recurrentes su domicilio en el Municipio de Santiago de los Caballeros, distante a 153 kilómetros de la ciudad de Santo Domingo, asiento de la Suprema Corte de Justicia; por lo que, habiendo sido interpuesto dicho recurso el día 14 de mayo de 2007, mediante el depósito ese día del memorial correspondiente en la Secretaría de la Suprema Corte de Justicia, resulta incuestionable que el mismo fue interpuesto tardíamente y, por consiguiente procede declararlo inadmisible.

B.J. NO.1183, JUNIO 2009.
 * Considerando**, que en el fallo impugnado también se expresa lo siguiente: Que del estudio y ponderación de la decisión recurrida y del expediente, este Tribunal ha comprobado que el Juez a-quo hizo una buena apreciación de los hechos y una correcta aplicación de la ley, con su decisión sometida a esta revisión, en virtud de los Arts. 124 y sgts., de la Ley de Registro de Tierras, ya que ponderó adecuadamente el error cometido por la Registradora de Títulos del Distrito Nacional al inscribir la sentencia de adjudicación en un inmueble que ya había salido del patrimonio del perseguido en el procedimiento de ejecución inmobiliaria; que, por tanto se confirma la decisión recurrida y revisada; que esta sentencia adopta, sin necesidad de reproducirlos, los motivos de la decisión recurrida; que por tanto se rechazan las conclusiones al fondo presentadas por el Dr. Aquiles Machuca, por carecer de base legal; que se acogen las conclusiones presentadas por las partes intimadas, por ser conformes a la Ley, que con este proceso se protegió el derecho de propiedad, como garantía fundamental, consagrado en el Art. 8, numeral 13 de la Constitución, y el derecho de defensa, también como garantía fundamental, consagrado en el Art. 8, numeral 2, literal J de la Constitución, 8.2 de la Convención American de los Derechos Humanos y 14 del Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos”; (Sic),

B.J. NO.1183, JUNIO 2009.
 * Considerando**, que tal como se ha expresado precedentemente, el punto de partida de los plazos para interponer los recursos en esa materia, de conformidad con lo que en tal sentido establecía la parte final del artículo 119 de la Ley de Registro de Tierras, vigente cuando se instruyó el asunto, es el día en que ha tenido lugar la publicación de la sentencia, esto es la fijación del dispositivo de la misma en la puerta principal del tribunal que la dictó; que tal como también se ha señalado en parte anterior de la presente decisión, en la especie se ha depositado una certificación de la Secretaría del Tribunal a-quo en la que hace constar que dicha decisión fue fijada en la puerta principal de dicho tribunal, constancia que también aparece en la parte superior de la primera hoja y en la final de la última hoja de la sentencia impugnada, el día 12 de noviembre de 2007; que, por tanto el plazo para el depósito del memorial introductivo del recurso, por ser franco, vencía el día 14 de enero de 2008, plazo que aumentado en siete (7) días más, en razón de la distancia venció el día 21 de enero de 2008, conforme lo dispone el artículo 1033 del Código de Procedimiento Civil, por tener los recurrentes su domicilio en el Municipio de Puerto Plata distante 213 kilómetros de la ciudad de Santo Domingo, asiento de la Suprema Corte de Justicia, por lo que el día 21 de enero de 2008 era el último día hábil para interponer dicho recurso; que habiendo sido interpuesto el mismo el día 28 de enero de 2008, mediante el depósito ese día del memorial correspondiente en la Secretaría de la Suprema Corte de Justicia, resulta incuestionable que dicho recurso fue interpuesto tardíamente, y por consiguiente procede declararlo inadmisible.

B.J. NO.1183, JUNIO 2009.
 * Considerando**, que tal como se ha dicho precedentemente, el punto de partida de los plazos para interponer los recursos en esa materia, de conformidad con lo que en tal sentido establecía la parte final del artículo 119 de la Ley de Registro de Tierras, vigente cuando se instruyo el asunto, es el día en que ha tenido lugar la publicación de la sentencia, esto es la fijación del dispositivo de la misma en la puerta principal del tribunal que la dictó; que igualmente como también se ha señalado en parte anterior de la presente decisión, en la especie, se ha depositado una certificación de la Secretaría del Tribunal a-quo en la que hace constar que dicha decisión fue fijada en la puerta principal de dicho tribunal el día once (11) de marzo de 2008; que, por tanto, el plazo para el depósito del memorial introductivo del recurso, por ser franco, vencía el día 13 de mayo de 2008, plazo que aumentado en cinco días venció el día 18 de mayo de 2008, día que por ser domingo extiende dicho plazo de referencia hasta el día 19 de mayo de 2008, en razón de la distancia, conforme lo dispone el artículo 1033 del Código de Procedimiento Civil, por tener los recurrentes su domicilio en el Municipio de Santiago, distante a 153 kilómetros de la ciudad de Santo Domingo, asiento de la Suprema Corte de Justicia, por lo que el 19 de mayo de 2008 era el último día hábil para interponer dicho recurso; que, habiendo sido interpuesto el mismo el día 30 de mayo de 2008, mediante el depósito ese día del memorial correspondiente en la Secretaría de la Suprema Corte de Justicia, es incuestionable que dicho recurso fue interpuesto tardíamente, y por consiguiente procede declararlo inadmisible.

B.J. NO.1183, JUNIO 2009.
 * Considerando**, que en el presente caso los recurrentes, con la excepción ya establecida, tal como se ha expresado, no precisan en sus escritos alegatos contra la sentencia en que consisten, y en que parte de la misma se ha incurrido en las violaciones que en sus dos medios de casación se limitan a invocan y por tanto sino ofrecerle a la Suprema Corte de Justicia, para que ella puede ejercer debidamente sus facultades de control, todos los elementos y pruebas que sirvan de apoyo y fundamento a lo que se alegan en ellos; que ante tales condiciones es evidente que dicho recurso carece de contenido ponderable y debe ser declarado inadmisible.

B.J. NO. 1184, JULIO 2009.
 * Considerando**, que el Tribunal a-quo comprobó que el recurso de apelación no fue notificado en la forma y plazos que establecen los artículos 80 y 81 de la Ley núm. 108-05, por lo que se declaró inadmisible, decisión que en el caso es correcta y legal;

B.J. NO. 1184, JULIO 2009.
 * Considerando**, que como ha sido juzgado de manera constante por la Suprema Corte de Justicia, ninguna sentencia puede ser objeto de dos recursos de casación sucesivos o simultáneos en que se denuncian vicios diferentes de la misma decisión atacada, porque en tal situación, si fueren juzgados los medios de ambos recursos, se podría incurrir en la irregularidad de dictar sentencias contradictorias; que, por las razones expuestas, procede declarar inadmisible el presente, recurso como lo solicita la parte recurrida, sin necesidad de examinar los medios propuestos por el recurrente.

B.J. NO. 1184, JULIO 2009.
 * Considerando**, que en el desarrollo de ambos medios, los cuales se reúnen para su examen y solución, los recurrentes alegan en síntesis: a) que la sentencia contiene una exposición vaga e incompleta de los hechos del proceso, así como una exposición tan general de los motivos, que se puede asimilar ausencia de motivos, lo que impide a la Suprema Corte de Justicia ejercer su poder de control y decidir, si la ley a sido o no correctamente aplicada, incurriendo así en el vicio de falta de base legal; que los jueces y tribunales deben fallar los asuntos que les son sometidos, aún en caso de silencio, contradicción, deficiencia o ambigüedad de las leyes; que es obligación de todo juez motivar sus decisiones; b) que al no tomar en cuenta las disposiciones contenidas en el Código de Procedimiento Civil, en cuanto a la audición del testigo Dr. Juan Hernández, el tribunal incurrió en una flagrante violación a la ley, que esas violaciones por parte de los jueces evidencian una clara violación a su sagrado derecho de defensa, consagrado en la Constitución;

B.J. NO. 1184, JULIO 2009.
 * Considerando**, que tal como se ha expresado precedentemente el punto de partida de los plazos para interponer los recursos en esta materia, de conformidad con lo que en tal sentido establece la parte final del artículo 119 de la Ley de Registro de Tierras, es el día en que ha tenido lugar la publicación de la sentencia, esto es, la fijación del dispositivo de la misma en la puerta principal del tribunal que la dictó; que tal como también se ha señalado en parte anterior del presente fallo, en la especie, consta la mención puesta al pie de la última hoja de la sentencia impugnada fue fijada en al puerta principal de dicho Tribunal, el día 27 de enero de 2005; que, por tanto el plazo para el depósito del memorial introductivo del recurso de casación, por ser franco, vencía el día 29 de marzo de 2005, plazo que aumentado en 9 días más, en razón de la distancia, por tener los recurrentes su domicilio en el Municipio de Samaná, distante a 282 kilómetros de la ciudad de Santo Domingo, asiento de la Suprema Corte de Justicia, dicho plazo quedaba extendido hasta el día 7 de abril del 2005; que habiendo sido interpuesto el referido recurso el día 27 de abril de 2005, mediante el depósito ese día del memorial introductivo en la Secretaría de la Suprema Corte de Justicia, resulta evidente que el mismo fue interpuesto tardíamente y por consiguiente procede declararlo inadmisible;

B.J. NO. 1184, JULIO 2009.
 * Considerando**, que también se expresa en la decisión impugnada, lo siguiente: “Que el artículo 1304 del Código Civil dice: “En todos los casos en que la acción en nulidad o rescisión de una convención, no está limitada a menos tiempo por una ley particular, la acción dura cinco años. Este tiempo no se cuenta en caso de violencia, sino desde el día en que ha cesado ésta; en caso de error o dolo, desde el día en que han sido estos descubiertos. No se cuenta el tiempo con respecto a los incapacitados por la ley, sino desde el día en que les sea levantada la interdicción, y con relación a los actos hechos por los menores, desde el día de su mayor edad; que el artículo 2262 del Código Civil dice: “Todas las acciones, tanto reales como personales, se prescriben por veinte años, sin que esté obligado el que alega ésta prescripción a presentar ningún título ni que pueda oponérsele la excepción que se deduce de la mala fe; que el artículo 44 de la Ley 834 de julio de 1978 dice: “Constituye una inadmisibilidad todo medio que tienda a hacer declarar al adversario inadmisible en su demanda, sin examen al fondo, por falta de derecho para actuar, tal como la falta de calidad, la falta de interés, la prescripción, el plazo prefijado, la cosa juzgada”;


 * __Sentencias correspondiente al mes de Agosto sin resultado.__**

B.J. NO. 1186, SEPTIEMBRE 2009.
 * Considerando**, que como se advierte por lo que se acaba de exponer precedentemente la recurrente a quien el tribunal concedió el primer plazo para el depósito de su escrito de ampliación de conclusiones, fue sin embargo la última en depositar el mismo, ya que lo hizo el día 19 de julio de 2008, mientras que la parte entonces intimada y hoy recurrida depositó el suyo en fecha 9 de julio de 2008, es decir, 10 días antes que la recurrente lo hiciera y por consiguiente, pudo tener conocimiento de que en éste último escrito que fue depositado primero que el de la recurrente se habían copiado las alegadas y no probadas correspondencias cruzadas entre las partes; que, no obstante éste razonamiento de esta Corte, la recurrente no ha demostrado la existencia de dichas correspondencias, ni su depósito por su contrario en el Tribunal a-quo, pero tampoco se da constancia en la sentencia impugnada del depósito de tal documento, ni la misma se fundamenta en las alegadas comunicaciones, ni de que la recurrente se refiera a las mismas en su escrito del 19 de julio de 2008; que, por consiguiente, se trata ahora de un medio nuevo, no planteado ante el Tribunal a-quo que no puede ser admitido por ésta Corte de Casación, ante la que se ha presentado por primera vez ese medio y por tanto el mismo debe ser declarado inadmisible;

B.J. NO. 1186, SEPTIEMBRE 2009.
 * Considerando**, que en la especie tal como se ha dicho precedentemente, la sentencia impugnada es de fecha 31 de marzo de 2008, fue fijada en la puerta del Tribunal Superior de Tierras del Departamento Central el mismo día 31 de marzo de 2008, que por consiguiente, el plazo de dos meses fijado por el texto legal antes citado vencía el 31 de mayo de 2008, el cual por ser franco quedó prorrogado hasta el día 2 de junio de 2008; que habiéndose interpuesto el recurso por los recurrentes quienes tienen su domicilio en la ciudad de Santo Domingo, el día 1º de julio de 2008, resulta evidente que el mismo fue ejercido cuando ya el plazo de dos meses para interponerlo estaba ventajosamente vencido; que, en tales condiciones dicho recurso debe ser declarado inadmisible;

B.J. NO. 1186, SEPTIEMBRE 2009.
 * Considerando**, que la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Tierras del Departamento Norte, impugnada ahora en casación, no tiene el carácter de una sentencia definitiva dictada entre partes. Sino de una simple medida en la instrucción del asunto, mediante la cual se ordenó la celebración de un nuevo juicio, por lo que el recurso interpuesto contra ella debe ser declarado inadmisible y en consecuencia, no procede el examen de los medios propuestos.

B.J. NO. 1186, SEPTIEMBRE 2009.
 * Considerando**, que el memorial de casación depositado en la Secretaría el 29 de agosto de 2008 y suscrito por el Lic. Félix Alberto García, por sí y por el Lic. Ramón Octavio García, abogados constituidos por los recurrentes Francisco De la Rosa De la Rosa, Ismael Vicente Vicente y Amantina Pimentel Quezada, no contiene, ni la enunciación, ni la exposición de los medios en que se funda el recurso, ni tampoco la indicación de los textos legales violados por la sentencia impugnada, ni dicho escrito contiene expresión alguna que permita determinar la regla o principio jurídico que haya sido violado; que en tales condiciones el medio de inadmisión propuesto por la parte recurrida debe ser acogido y en consecuencia el recurso de casación de que se trata debe ser declarado inadmisible.

B.J. NO. 1186, SEPTIEMBRE 2009.


 * Considerando**, que al ser sustituida la Juez Lic. Miguelina Vargas Santos, por el Magistrado Rafael A. de Jesús Cabral, para el conocimiento y fallo de la litis, la primera no tenía calidad para firmar la sentencia sin que hubiera sido expresamente designada nuevamente por auto del Presidente del Tribunal Superior que conoció del asunto; que en estas condiciones el Tribunal a-quo fue irregularmente constituido para decidir la litis de que se trata, en franca violación de las disposiciones legales ya citadas, y, en consecuencia el primer medio de casación propuesto por los recurrentes debe ser acogido, sin que sea necesario examinar los demás medios alegados;

B.J. NO. 1186, SEPTIEMBRE 2009.
 * Considerando**, que en los motivos de su decisión impugnada, se expone lo siguiente: “Que todo lo anteriormente comprobado pone de manifiesto que las pretensiones de la parte recurrente son infundadas, especialmente porque pretende ocupar una porción mayor a la adquirida mediante el acto de venta de fecha 4 de marzo de 1987, que fueron 3,000 metros cuadrados. Que conforme a los trabajos técnicos que se realizaron en esta parcela, la construcción de la marginal de la Autopista Duarte construida en el 1996, afectó esta porción con 398.00 Mts2. y la ampliación del camino a Rincón Largo con 96.28 Mts2., por lo que tal como lo expresa la parte recurrida, la realidad de los hechos puede ser deducida de una simple operación aritmética. Que si bien es cierto que se transfirieron a favor de Frank Taveras, C. por A., los derechos registrados de su vendedora que ascienden a 44 AS., 56 Cas., 14 Dms2., en el mismo acto de venta se estipuló que los derechos de la vendedora eran aproximadamente 3,000 Mts2, porque la fecha de la venta el 4 de marzo de 1987, había sido afectada con la ampliación de la Autopista Duarte, porción ésta que volvió a ser afectada con una nueva ampliación de la Autopista Duarte construida en el 1996; que al deducir de esta porción 398 Mts2 de la marginal y 96.28 Mts2, del camino a Rincón Largo, sólo le restaría a dicha compañía 2,505.72 Mts2, que al ocupar 3,213.45 Mts2 como fue comprobado en el último informe depositado de manera conjunta por ambos agrimensores, tiene una ocupación en exceso de 707.73 Mts2.”

B.J. NO. 1186, SEPTIEMBRE 2009.
 * Considerando**, que tal como se ha expresado precedentemente, el punto de partida de los plazos para interponer los recursos en esta materia, de conformidad con lo que en tal sentido establecía la parte final del artículo 119 de la Ley de Registro de Tierras, cuya vigencia y aplicación se han explicado precedentemente, es el día en que ha tenido lugar la publicación de la sentencia, esto es, la fijación del dispositivo de la misma en la puerta principal del tribunal que la dictó; que tal como también se ha señalado en parte anterior de la presente decisión, en la esencia consta la mención puesta por la Secretaría del Tribunal que la dictó en la parte superior derecha de la primera hoja de la sentencia impugnada, que dicha decisión fue fijada en la puerta principal de dicho tribunal el día 23 de octubre de 2006, fecha en que todavía no estaba vigente la actual ley sobre Registro Inmobiliario núm. 108-05 del 2005; que, por tanto el plazo para el depósito del memorial introductivo del recurso de casación, por ser franco vencía el día 25 de diciembre de 2006, plazo que aumentado en cuatro (4) días más, en razón de la distancia, conforme lo dispone el artículo 1033 del Código de Procedimiento Civil, por tener los recurrentes su domicilio en el Municipio de La Vega, distante a 120 kilómetros de la ciudad de Santo Domingo, asiento de la Suprema Corte de Justicia, dicho plazo quedó extendido hasta el día 29 de diciembre de 2006, que era el último día hábil para interponer dicho recurso; que, habiendo sido interpuesto el referido recurso el día 27 de abril de 2007, mediante el deposito ese día del memorial correspondiente en la Secretaría de la Suprema Corte de Justicia, resulta evidente que dicho recurso fue interpuesto tardíamente, y por consiguiente procede declararlo inadmisible;

B.J. NO. 1186, SEPTIEMBRE 2009.
 * Considerando**, que tal como se ha expresado precedentemente, el punto de partida de los plazos para interponer los recursos en esta materia, de conformidad con lo que en tal sentido establecía la parte final del artículo 119 de la Ley de Registro de Tierras, cuya vigencia y aplicación se han explicado precedentemente, es el día en que ha tenido lugar la publicación de la sentencia, esto es, la fijación del dispositivo de la misma en la puerta principal del tribunal que la dictó; que tal como también se ha señalado en parte anterior de la presente decisión, en la especie consta la mención puesta por la Secretaría del Tribunal que la dictó, en la parte superior derecha de la primera hoja de la sentencia impugnada; que la decisión fue fijada en la puerta principal de dicho tribunal el día 24 de abril de 2006, fecha en que todavía no estaba vigente la actual Ley sobre Registro Inmobiliario núm. 108-05 la cual entró en vigencia el 4 de abril de 2007; que, por tanto el plazo por ser franco vencía el 26 de junio de 2006, plazo que aumentado en 60 días más, en razón de la distancia, conforme lo disponen los artículos 1033 y 73 y numeral 6 del Código de Procedimiento Civil, por tener la recurrente su domicilio en Suiza, por lo que dicho plazo quedó extendido hasta el día viernes 25 de agosto de 2006, que era el último día hábil para interponer dicho recurso; que, habiendo sido interpuesto el referido recurso el día 27 de marzo de 2007, mediante el depósito ese día del memorial correspondiente en la Secretaría de la Suprema Corte de Justicia, resulta evidente que dicho recurso fue interpuesto cuando ya el plazo para hacerlo estaba ventajosamente vencido, por lo que procede acoger el medio de inadmisión propuesto por la parte recurrida y en consecuencia declarar dicho recurso inadmisible, por tardío;

B.J. NO. 1187, OCTUBRE 2009.
 * Considerando**, que frente a la impugnación de un deslinde ya aprobado por el Tribunal de Tierras se establece, como en la especie, que fue realizado sin citar a los co-dueños ni a los colindantes de la parcela, resulta evidente que la comprobación hecha en tal sentido por el Juez de Jurisdicción Original, tales irregularidades deben conducir al rechazamiento de los trabajos y a la revocación de la decisión que los aprobó administrativamente; que por consiguiente, anular ese fallo con el pretexto de que el recurrido es un tercer adquiriente de buena fe y a título oneroso no es un criterio que se ajusta a las normas aplicables en materia de derechos registrados por cuanto se trata de derechos amparados por la misma resolución dictada a favor del cónyuge superviviente deslindante y de sus hijos, deslinde cuya impugnación se fundamenta en que el agrimensor no respetó la pertenencia de los otros condueños, ni citó a los mismos para que estuvieran presentes en los trabajos de campo relativos a la porción a deslindar luego adjudicada a favor del recurrido que posteriormente vendió, y como en el fallo impugnado no se demuestra que el agrimensor actuante cumpliera tales formalidades, rechazar dichos trabajos y ordenar que los mismos fueran ejecutados nuevamente era lo procedente, como lo hizo el Juez de primer grado, respetando los derechos de propiedad pertenecientes de los demás condueños y aún la venta hecha por Adolfo Cordero, pero sólo en el monto de los derechos que le correspondían;

B.J. NO. 1187, OCTUBRE 2009.
 * Considerando**, que en la expropiación de una propiedad cualquiera, el titular goza de una acción de pago frente al Estado, que no da lugar a que se extinga el crédito por prescripción, manteniéndose el inmueble, como en la especie, registrado a nombre de su propietario ya que nadie le impide a éste demandar al Estado en pago del valor del mismo, conforme lo dispone la Ley núm. 689 de 1974, sobre la forma de evaluar los bienes expropiados;

B.J. NO. 1187, OCTUBRE 2009.
 * Considerando**, que además, para que pueda existir un medio de casación fundado en el artículo 504 del Código de Procedimiento Civil, es necesario que las decisiones sean: 1) Definitivas; 2) Emanadas de tribunales diferentes; 3) Contrarias entre sí; 4) Pronunciadas en violación de la cosa juzgada; que como en la especie las decisiones de que se trata emanan del mismo Tribunal de Tierras que conoció del caso, el artículo 504, ya citado, es inaplicable; que en consecuencia los medios del recurso propuesto por los recurrentes carecen de fundamento y deben ser desestimados;

B.J. NO. 1187, OCTUBRE 2009.
 * Considerando**, que tal como se ha expresado precedentemente el punto de partida de los plazos para interponer los recursos en esta materia, de conformidad con lo que en tal sentido establece la parte final del artículo 119 de la Ley de Registro de Tierras es el día en que ha tenido lugar la publicación de la sentencia, esto es, la fijación del dispositivo de la misma en la puerta principal del Tribunal que la dictó; que tal, como también se ha señalado en parte anterior del presente fallo, en la especie consta la mención puesta al pié de la última hoja de la sentencia impugnada que la misma fue fijada en la puerta principal de dicho tribunal, el día 21 de noviembre de 2007; que, por tanto, el plazo para el depósito del memorial introductivo del recurso de casación por ser franco vencía el día 23 de enero de 2008, plazo que aumentado en 7 días más, en razón de la distancia, conforme lo dispone el artículo 1033 del Código de Procedimiento Civil, por tener los recurrentes su domicilio en el Municipio de San Juan de la Maguana, distante a 195 kilómetros de la ciudad de Santo Domingo, asiento de la Suprema Corte de Justicia, dicho plazo quedaba extendido hasta el día 30 de enero de 2008; que habiendo sido interpuesto el referido recurso el día 6 de marzo de 2008, mediante el depósito ese día del memorial introductivo del recurso en la Secretaría de la Suprema Corte de Justicia, resulta evidente que el mismo fue interpuesto tardíamente y por consiguiente procede declararlo inadmisible;

B.J. NO. 1188, NOVIEMBRE 2009.
 * Considerando**, que lo que se acaba de exponer pone de manifiesto que parece un hecho cierto el informe rendido por los Agrimensores Rafael Tobías López López el 23 de enero de 2002 y por el Agrimensor Angel M. Montaño Ozuna el 28 de julio de 2006, designados al efecto para proceder a la inspección de las parcelas en conflicto y quienes, como ya se ha dicho, comprobaron que la 498 fue medida sobre el terreno de la 496 que alega el recurrente que adquirió hace mas de 20 años y siempre ha ocupado, situación esta que el Tribunal a-quo debió tomar en cuenta y ponderar y no lo hizo, sobre todo en el aspecto relacionado con las mejoras construidas y fomentadas por el recurrente antes del inicio de ambos procesos de saneamiento, sin que se haya demostrado en todo el curso de este proceso que los reclamantes contrarios a él, ni ninguna otra persona haya formulado reclamación alguna, lo que también se infiere del contenido de la sentencia impugnada;

B.J. NO. 1188, NOVIEMBRE 2009.
 * Considerando**, que la circunstancia de que al revocar en todas sus partes la decisión mediante la cual fue saneada y adjudicada a favor de los actuales recurrentes la parcela en discusión, deja subsistente la orden de prioridad originalmente dictada por el Tribunal a-quo, que no desaparece ante la nulidad del saneamiento anterior, sino que por el contrario fundamenta el nuevo saneamiento de la parcela, que como consecuencia de la anulación del anterior debe realizarse;

B.J. NO. 1188, NOVIEMBRE 2009.
 * Considerando**, que el examen del fallo impugnado revela que el Tribunal a-quo formó su convicción en el conjunto de los medios de prueba que fueron administrados en la instrucción del asunto, resultando evidente que lo que el recurrente llama motivación contradictoria y falta de ponderación de documentos no es más que la soberana apreciación que los jueces del fondo hicieron del estudio y examen de esos medios de prueba regularmente aportados y a los motivos que se acaban de copiar; que el hecho de que para decidir el asunto no se fundara en los documentos a que se refiere el recurrente en su memorial de casación no constituye una desnaturalización, pues esa apreciación está dentro del poder soberano de que disponen los jueces en relación con las pruebas que les son sometidas, ya antes dicho; que por todas esas razones los medios del presente recurso carecen de fundamento y deben ser desestimados y en consecuencia rechazado el mismo.

B.J. NO. 1189, DICIEMBRE 2009.
 * Considerando**, que en relación con el aspecto que se acaba de exponer, en la sentencia impugnada se expresa lo siguiente: “A que las citadas comprobaciones éste Tribunal es de opinión que ciertamente el Solar No. 22 de la Manzana núm. 3940 del Distrito Catastral núm. 1 del Distrito Nacional, fue adquirido por la señora Julia Lorenzo y Lorenzo, con recurso que provienen de su trabajo personal, específicamente de los descuentos que se realizan a su sueldo en su condición de empleada del Banco BHD, S. A., quien además es la institución acreedora de dicha señora; que si bien es cierto que los bienes adquiridos por los esposos durante el matrimonio los mismos están dentro de los bienes pertenecientes a la comunidad legal iniciada por los esposos a partir del día de la celebración del matrimonio y si también es verdad que los bienes reservados caen en principio dentro de la comunidad legal de bienes, no menos cierto es, que los mismos por aplicación del artículo 224 del Código Civil, se excluyen de la partición de los bienes que conforman la comunidad legal de bienes, cuando la esposa renuncia a dicha comunidad, pudiendo retenerlos como exclusivos y propios, los bienes que ella adquirió producto del ejercicio de su profesión; por lo que procede rechazar las conclusiones producidas por la parte demandante, por improcedente, mal fundada y carente de base legal”;

B.J. NO. 1189, DICIEMBRE 2009.
 * Considerando**, que se expresa además en la sentencia impugnada que: “Que, de conformidad con el artículo 185 de la Ley No. 1542 de Registro de Tierras: “Después que un derecho ha sido objeto del primer registro, cualquier acto voluntario o forzoso que se relacione con esos mismos derechos solamente surtirá efecto, de acuerdo con esta ley, desde el momento en que se practique su registro en la oficina del Registrador de Títulos correspondiente”; que, en el caso de la especie, ninguno de los señores Segio Báez, María Altagracia Castillo, José del Carmen Rodríguez y Manuel González, aparece con derechos registrados dentro de la Parcela núm. 146, del Distrito Catastral núm. 7 del municipio de Esperanza, provincia Valverde, no obstante, los Sucesores de Samuel Vargas y/o Vargas Agrícola Ganadera, C. por A., obtuvieron su constancia de certificado de título en virtud de un contrato sinalagmático o bilateral, de forma lícita y libre de cargas y gravámenes”;

B.J. NO. 1189, DICIEMBRE 2009.
 * Considerando**, que en el sentido expuesto en la sentencia impugnada también se expresa lo siguiente: “Que ha sido decidido por nuestra Suprema Corte de Justicia en múltiples decisiones, que cuando la condición de heredero está siendo contestada, la prueba de la filiación sólo es posible con la presentación del acta del estado civil, es decir, el acta de nacimiento; que en el caso que nos ocupa, de una búsqueda y verificación exhaustiva de todas las piezas que conforman este expediente, este Tribunal ha podido comprobar que la señora María Consuelo Mateo (demandante), no ha aportado el acta de nacimiento, que demuestre que su madre señora María Mateo, era hija del finado José Alfredo Mateo, y que en consecuencia ella es nieta del indicado finado; por lo que el medio de inadmisión presentado debe ser acogido (S. C. J., Febrero 1998, B.J. No. 1047, Pág. 437)”;

B.J. NO. 1189, DICIEMBRE 2009.
 * Considerando**, que los recurrentes no proponen contra la sentencia impugnada ningún medio de casación determinado; sin embargo en el memorial introductivo señalan que la misma violentó el artículo 1315 del Código Civil, expresando, pero sin motivar, que el Juez del Primer Grado vulneró su propia decisión, punto que fue dilucidado en el Tribunal cuya sentencia se examina, en la cual se expresa lo siguiente: “Que si bien es cierto lo planteado por la parte recurrente con respecto a que la Juez vulnero su propia decisión al ordenar por sentencia una verificación de firma y luego acoger un medio de inadmisión sin habérsele dado cumplimiento a lo por ella ordenando, no menos cierto es que al estudiar las documentaciones que conforman este expediente se puede advertir de manera clara que la parte demandada fue la que promovió y persiguió audiencia, como es el caso de la celebrada el dieciocho (18) del mes de septiembre del año dos mil siete (2007); que a esta audiencia la parte demandada compareció, dio calidades y concluyó in voce, presentó conclusiones con respecto al medio planteado, de donde se colige, que al hacerlo así renunció de manera tácita a las vertidas en la audiencia celebrada el tres (3) del mes de abril del año dos mil siete (2007), es decir que ella presentó conclusiones en cuanto al medio de inadmisión planteado, poniendo en condiciones a la Juez a-quo, de pronunciarse con respecto a las conclusiones de las partes en cuanto al medio, todo lo que da lugar a rechazar las conclusiones vertidas por la parte recurrente”; (Sic)

B.J. NO. 1189, DICIEMBRE 2009.
 * Considerando**, que en cuanto a los alegatos de los recurrentes, relativos a la validación de las ventas efectuadas y la falta de estatuir, el Tribunal a-quo expresa en su sentencia que las ventas que le han sido otorgadas a estos señores por algunos herederos procede ser mantenidas pero hasta el momento de los mismos, en cuanto a otros supuestos compradores el Tribunal no tiene conocimiento de los mismos y deberán someter sus ventas si es que existen ante el Registro de Títulos correspondiente”, de lo cual se infiere, en la especie, que la denunciada omisión de estatuir no existe;

B.J. NO. 1189, DICIEMBRE 2009.
 * Considerando**, que es de principio que todo el que alega un hecho en justicia está en la obligación de probarlo; que tal como consta en la sentencia impugnada, al abogado del recurrente le fue concedido un plazo de 15 días para depositar un escrito de conclusiones, y en la misma se da constancia de que el abogado del recurrido depositó el 11 de julio de 2008 su correspondiente escrito, no así en relación con el recurrente que tampoco demostró ante los jueces del fondo tener derechos registrados en la parcela de que se trata, por lo que el Tribunal rechazó sus pretensiones, es decir, que el recurrente no ha demostrado tener derechos registrados en la parcela en discusión; que por tanto, al rechazar el tribunal sus conclusiones y ordenar su desalojo, ha actuado correctamente.

PATRICIA LUCIA SANTANA NUÑEZ.

__**Sentencias en Materia Laboral Enero- Marzo. 2009.**__ B.J. NO. 1178, ENERO 2009.
 * Considerando **, que a pesar de que la recurrente invoca que el Tribunal a-quo incurrió en la falta de no ponderación de documentos y omisión de estatuir, ésta no precisa cuales fueron los documentos no ponderados y las conclusiones no decididas, lo que impide a esta corte, en sus funciones como Corte de Casación examinar si dichos vicios fueron cometidos; que por demás, la sentencia impugnada contiene motivos suficientes y pertinentes que permiten a ésta observar la correcta aplicación de la ley y la improcedencia del medio propuesto, razón por la cual el mismo es desestimado.

B.J. NO. 1178, ENERO 2009.
 * Considerando **, que del análisis de las conclusiones formuladas por el demandante, se advierte que éste solicitó la reparación de daños y perjuicios basado en la relación de dependencia del señor José Antonio Ventura con la recurrente, al atribuir responsabilidad por los daños que éste le ocasionó con la agresión, sin embargo, el Tribunal a-quo le impuso una indemnización por alegadamente no estar inscrito en el Instituto de Seguros Sociales, con lo que el tribunal violó su derecho de defensa, por no haberse podido defenderse de la imputación de una falta que no fue debatida en el proceso, razón por la cual la sentencia impugnada debe ser casada en ese aspecto;

B.J. NO. 1178, ENERO 2009.
 * Considerando **, que por demás, la sentencia impugnada contiene motivos suficientes y pertinentes que permiten a esta Corte verificar la correcta aplicación de la ley, razón por la cual los medios examinados carecen de fundamento y deben ser desestimados y en consecuencia rechazado el presente recurso.

B.J. NO. 1178, ENERO 2009.
 * Considerando **, que a pesar de ello, y de que la indicada sentencia se encuentra depositada en el expediente, tal y como lo expresa la propia decisión impugnada, en cuanto a la relación de los documentos depositados por las partes, el Tribunal a-quo no ponderó esa circunstancia, ni ese documento, el que por su trascendencia pudo, eventualmente, hacer variar la decisión adoptada, razón por la cual incurrió en falta de base legal, por lo que la sentencia impugnada debe ser casada.

B.J. NO. 1178, ENERO 2009. B.J. NO. 1178, ENERO 2009.
 * Considerando **, que de la lectura del contenido del presente medio se advierte, que de acogerse el mismo resultaría afectado el señor José María del Carmen Ramírez, frente a quien, si bien se le notificó el recurso de casación incidental, no se cumplió con el procedimiento establecido en la Ley de Casación, relativo a constitución de abogado y declaratoria de defecto, razón por la cual esta corte está impedida de examinar el mismo y decidir al respecto.
 * Considerando **<span style="color: #666666; font-family: 'Verdana','sans-serif'; font-size: 11px;">, que como la corte no expresa en la sentencia impugnada de que medios de prueba se valió, no tenían en cuenta la referida presunción, la misma incurrió en el vicio de falta de base legal, razón por la cual su decisión debe ser casada.

<span style="color: #666666; font-family: 'Verdana','sans-serif'; font-size: 11px;">B.J. NO. 1178, ENERO 2009.
 * <span style="color: #666666; font-family: 'Verdana','sans-serif'; font-size: 11px;">Considerando **<span style="color: #666666; font-family: 'Verdana','sans-serif'; font-size: 11px;">, que en la especie, el tribunal en aplicación de la exención de pruebas arriba indicadas condenó a la recurrente al pago de las compensaciones solicitadas por el recurrido, al no demostrar la demandada que éste había disfrutado sus vacaciones en el período reclamado, razón por la cual el medio que aquí analiza carece de fundamento y debe ser desestimado, y en consecuencia el presente recurso.

<span style="color: #666666; font-family: 'Verdana','sans-serif'; font-size: 11px;">B.J. NO. 1178, ENERO 2009.
 * <span style="color: #666666; font-family: 'Verdana','sans-serif'; font-size: 11px;">Considerando **<span style="color: #666666; font-family: 'Verdana','sans-serif'; font-size: 11px;">, que en la especie la Corte a-qua, al liquidar el monto a pagar por la recurrida por concepto de aplicación del referido artículo 86, limita su aplicación al tercer día después de la notificación de la sentencia de primer grado, en abierto desconocimiento del alcance de la normativa legal y en contradicción de la sentencia cuya liquidación realizó, la cual dispuso que el día de salario por cada día de retardo se pagara hasta la ejecución de la sentencia, decisión ésta que el propio Tribunal a-quo reconoce adquirió la autoridad de la cosa irrevocablemente juzgada, razón por la cual la sentencia impugnada carece de base legal y debe ser casada, en ese aspecto.

<span style="color: #666666; font-family: 'Verdana','sans-serif'; font-size: 11px;">B.J. NO. 1178, ENERO 2009.
 * <span style="color: #666666; font-family: 'Verdana','sans-serif'; font-size: 11px;">Considerando **<span style="color: #666666; font-family: 'Verdana','sans-serif'; font-size: 11px;">, que al momento de la terminación del contrato de trabajo del recurrido estaba vigente la Tarifa núm. 5-2004, dictada por el Comité Nacional de salarios, en fecha 12 de noviembre de 2004, que establecía un salario mínimo de Seis Mil Cuatrocientos Pesos Oro Dominicanos (RD$6,400.00) mensuales, por lo que el monto de veinte salarios mínimos ascendía a la suma de Ciento Veintiocho Mil Pesos Oro Dominicanos (RD$128,000.00), monto que como es evidente no es excedido por la totalidad de las condenaciones que impone la sentencia recurrida, por lo que el recurso de que se trata debe ser declarado inadmisible, de conformidad con lo que prescribe el artículo 641 del Código de Trabajo.

<span style="color: #666666; font-family: 'Verdana','sans-serif'; font-size: 11px;">B.J. NO. 1178, ENERO 2009.
 * <span style="color: #666666; font-family: 'Verdana','sans-serif'; font-size: 11px;">Considerando **<span style="color: #666666; font-family: 'Verdana','sans-serif'; font-size: 11px;">, que en la especie, la Corte a-qua reconoce que la recurrente tenía inscrito al recurrido en el Seguro Social cumpliendo con sus cotizaciones tal como la obliga la ley, sin embargo le condena al pago de una indemnización para cubrir daños supuestamente causados por la falta de pago de subsidios por enfermedad, sin precisar cual es la base jurídica de esa obligación, por lo que la sentencia impugnada carece de base legal en ese sentido, razón por la que debe ser casada.

<span style="color: #666666; font-family: 'Verdana','sans-serif'; font-size: 11px;">B.J. NO. 1178, ENERO 2009.
 * <span style="color: #666666; font-family: 'Verdana','sans-serif'; font-size: 11px;">Considerando **<span style="color: #666666; font-family: 'Verdana','sans-serif'; font-size: 11px;">, que del estudio de la sentencia y de los documentos que forman el expediente se advierte que, la recurrente no invocó que sus operaciones no arrojaban beneficios por ser una institución de servicios, ni que estaba liberada de hacer la declaración jurada sobre su resultado económico ante la Dirección General de Impuestos Internos, limitándose a alegar que no estaba en condiciones de acceder a ese derecho, porque sus operaciones, en el período a que se refería la reclamación arrojaron pérdidas, sin demostrar haber formulado esa declaración, ni alegar, como ya se ha dicho, que no estaba obligada a ello, lo que descarta que el Tribunal a-quo incurriera en el vicio atribuido, razón por la cual el medio propuesto y examinado carece de fundamento y debe ser desestimado; en consecuencia rechazado el presente recurso.

<span style="color: #666666; font-family: 'Verdana','sans-serif'; font-size: 11px;">B.J. NO. 1178, ENERO 2009.
 * <span style="color: #666666; font-family: 'Verdana','sans-serif'; font-size: 11px;">Considerando **<span style="color: #666666; font-family: 'Verdana','sans-serif'; font-size: 11px;">, que la recurrente en el escrito contentivo de su recurso de casación no propone medio alguno, sino que se limita a formular comentarios, manera vaga e imprecisa relativos al proceder de las partes y a las actuaciones de los jueces, lo que impide a esta Corte, en sus funciones como Corte de Casación, determinar si en la especie, la ley ha sido bien o mal aplicada, por lo que el presente recurso debe ser declarado inadmisible al no cumplir con el voto de la ley.

<span style="color: #666666; font-family: 'Verdana','sans-serif'; font-size: 11px;">B.J. NO. 1178, ENERO 2009.
 * <span style="color: #666666; font-family: 'Verdana','sans-serif'; font-size: 11px;">Considerando **<span style="color: #666666; font-family: 'Verdana','sans-serif'; font-size: 11px;">, que en la especie se advierte que el Tribunal a-quo ponderó la prueba aportada y del resultado de esa apreciación llegó a la conclusión de que los recurrentes no demostraron haber prestado sus servicios personales a la actual recurrida, sino a otras personas sub-contratistas de la obra, rechazando la demanda por esa circunstancia, sin incurrir en los vicios que se le atribuyen al no incurrir en desnaturalización alguna y por no haberse debatido ante él la aplicación del artículo 12 del Código de Trabajo que hace al contratista principal responsable solidariamente de las obligaciones que se deriven de los contratos de trabajo pactado por los subcontratistas, cuando éstos no demuestran estar en condiciones de cumplir con esas obligaciones, razón por la cual los medios propuesto y examinados carecen de fundamento y deben ser desestimados, y en consecuencia rechazado el presente recurso.

<span style="color: #666666; font-family: 'Verdana','sans-serif'; font-size: 11px;">B.J. NO. 1178, ENERO 2009.
 * <span style="color: #666666; font-family: 'Verdana','sans-serif'; font-size: 11px;">Considerando **<span style="color: #666666; font-family: 'Verdana','sans-serif'; font-size: 11px;">, que del estudio completo de la sentencia impugnada y de los documentos que forman el expediente se advierte que la actual recurrente, si bien hizo mención en su escrito de defensa de la prescripción de la demanda intentada por el demandante, en lo relativo a los daños sufridos por la falta de inscripción en el Seguro Social, no solicitó formalmente al Tribunal a-quo que pronunciara la misma, razón por la cual la Corte a-qua no pudo incurrir en el vicio atribuido en el medio que se examina, lo que hace que el mismo carezca de fundamento y deba ser desestimado y en consecuencia rechazado el presente recurso.

<span style="color: #666666; font-family: 'Verdana','sans-serif'; font-size: 11px;">B.J. NO. 1178, ENERO 2009.
 * <span style="color: #666666; font-family: 'Verdana','sans-serif'; font-size: 11px;">Considerando **<span style="color: #666666; font-family: 'Verdana','sans-serif'; font-size: 11px;">, que no obstante, la Corte a-qua acogió las pretensiones del actual recurrido de que se le concediera ese incentivo, basándose en que por la Resolución Núm. 0001, del 6 de agosto del 2003, el Banco Agrícola le reconoció ese derecho, para lo cual desnaturaliza los alcances de dicha resolución, pues la misma limita su aplicación para el personal que hubiere sido pensionado a la fecha en que se dictó, y para los que ingresaron antes del 10 de marzo del 1997, y que posteriormente fueran pensionados, ninguna de cuyas condiciones reunía el demandante, ya que del análisis de los hechos, realizado por esta corte, en vista del alegado de desnaturalización de los hechos presentado por el recurrente, se advierte que el demandante no había sido objeto de pensión alguna al día 6 de agosto del 2003, ni había ingresado a trabajar nuevamente antes del 10 de marzo del 1997, sino en el año 1998, razón por la cual la sentencia impugnada debe ser casada por carecer de motivos suficientes y pertinentes que permitan a esta corte verificar la correcta aplicación de la ley.

<span style="color: #666666; font-family: 'Verdana','sans-serif'; font-size: 11px;">B.J. NO. 1178, ENERO 2009.
 * <span style="color: #666666; font-family: 'Verdana','sans-serif'; font-size: 11px;">Considerando **<span style="color: #666666; font-family: 'Verdana','sans-serif'; font-size: 11px;">, que en la especie, los jueces del fondo, tras ponderar las pruebas aportadas, llegaron a la conclusión de que la recurrida en ningún momento fue empleadora de los recurrentes y que la única vinculación que tuvo con los empleadores de éstos fue la realización del desalojo de éstos de unas instalaciones de su propiedad que le habían sido cedidas en arrendamiento, sin operar en ningún momento los hoteles en los que éstos laboraban, dando los motivos suficientes y pertinentes para descartar la existencia de contratos de trabajo entre los recurrentes y la recurrida, sin que se advierta que al formar ese juicio incurrieran en desnaturalización alguna, razón por la cual el medio que se examina carece de fundamento y debe ser desestimado.

<span style="color: #666666; font-family: 'Verdana','sans-serif'; font-size: 11px;">B.J. NO. 1178, ENERO 2009.
 * <span style="color: #666666; font-family: 'Verdana','sans-serif'; font-size: 11px;">Considerando **<span style="color: #666666; font-family: 'Verdana','sans-serif'; font-size: 11px;">, que en la especie, el Tribunal a-quo, tras ponderar las pruebas aportadas, de manera principal la carta de despido enviada por la recurrente al recurrido, la que no tenía razón de ser, si el contrato de trabajo hubiese terminado efectivamente en el momento en que este último envió la carta de renuncia, llegando a la conclusión de que la relación contractual entre las partes fue produjo de la voluntad unilateral del empleador manifestada en esa carta de despido; que de igual manera, el tribunal apreció que la duración del contrato de trabajo tuvo la duración invocada por el demandante, en ausencia de una prueba contraria eficaz, sin que se observe que al formar su criterio sobre esos aspectos contradictorios de la demanda, el mismo incurriera en desnaturalización alguna, razón por la cual el medio que se examina carece de fundamento y debe ser desestimado.

<span style="color: #666666; font-family: 'Verdana','sans-serif'; font-size: 11px;">B.J. NO. 1178, ENERO 2009.
 * <span style="color: #666666; font-family: 'Verdana','sans-serif'; font-size: 11px;">Considerando **<span style="color: #666666; font-family: 'Verdana','sans-serif'; font-size: 11px;">, que no obstante, resulta contrario al derecho y de manera particular a las disposiciones del artículo 53 del Código de Trabajo, el rechazo que hizo la Corte a-qua del pedimento formulado por el trabajador recurrente, en el sentido de que se le pagaran los salarios correspondientes a los salarios caídos durante el tiempo de suspensión de su contrato de trabajo, por lo que la sentencia impugnada debe ser casada en cuanto a ese aspecto.

<span style="color: #666666; font-family: 'Verdana','sans-serif'; font-size: 11px;">B.J. NO. 1178, ENERO 2009.
 * <span style="color: #666666; font-family: 'Verdana','sans-serif'; font-size: 11px;">Considerando **<span style="color: #666666; font-family: 'Verdana','sans-serif'; font-size: 11px;">, que es interés de todo recurrente, el hacer aniquilar los efectos de la sentencia impugnada; que cuando como en el presente caso, las partes, mediante transacción acuerdan poner término a la litis y el recurrente presta aquiescencia a la sentencia impugnada, es evidente que carece de interés estatuir sobre dicho recurso.

<span style="color: #666666; font-family: 'Verdana','sans-serif'; font-size: 11px;">B.J. NO. 1178, ENERO 2009
 * <span style="color: #666666; font-family: 'Verdana','sans-serif'; font-size: 11px;">Considerando **<span style="color: #666666; font-family: 'Verdana','sans-serif'; font-size: 11px;">, que después de haber sido interpuesto el recurso de casación de que se trata, y antes de ser conocido, las partes en sus respectivas calidades de recurrente y recurrida, han desistido de dicho recurso, desistimiento que ha sido aceptado por las mismas.B.J. NO. 1178, ENERO 2009.
 * <span style="color: #666666; font-family: 'Verdana','sans-serif'; font-size: 11px;">Considerando **<span style="color: #666666; font-family: 'Verdana','sans-serif'; font-size: 11px;">, que después de haber sido interpuesto el recurso de casación de que se trata, y antes de ser conocido, las partes en sus respectivas calidades de recurrente y recurrida, han desistido de dicho recurso, desistimiento que ha sido aceptado por las mismas.

<span style="color: #666666; font-family: 'Verdana','sans-serif'; font-size: 11px;">B.J. NO. 1178, ENERO 2009.
 * <span style="color: #666666; font-family: 'Verdana','sans-serif'; font-size: 11px;">Considerando **<span style="color: #666666; font-family: 'Verdana','sans-serif'; font-size: 11px;">, que en la especie, tras ponderar las circunstancias del depósito del documento de que se trata y la forma en que ésta se produjo, el tribunal llegó a la conclusión de que el mismo no se hizo en acatamiento a la disposición legal vigente en la materia, al no tratarse de un documento nuevo ni demostrar la parte interesada su impedimento a hacerlo en el momento oportuno, ni haber hecho la reserva de lugar con la identificación de dicho documento, razón por la cual fue correcta la decisión de excluirlo del proceso, sin que tal proceder constituya ninguna violación a la ley, razón por la cual el medio ahora examinado carece de fundamento y debe ser desestimado.

<span style="color: #666666; font-family: 'Verdana','sans-serif'; font-size: 11px;">B.J. NO. 1178, ENERO 2009.
 * <span style="color: #666666; font-family: 'Verdana','sans-serif'; font-size: 11px;">Considerando **<span style="color: #666666; font-family: 'Verdana','sans-serif'; font-size: 11px;">, que dejando de computar dentro del plazo iniciado con el depósito del escrito contentivo del recurso de casación, el día a-quo y el día a-quem, así como el 29 de julio de 2007, por ser domingo, no laborable, en acatamiento de las disposiciones del referido artículo 495 del Código de Trabajo, el plazo para la notificación del recurso vencía el primero de Agosto de 2007, por lo que al haberse hecho el día 7 de agosto del 2007, el mismo fue notificado después de vencido el plazo legal, razón por la cual procede declarar su caducidad.

__**FEBRERO 2009.**__

B.J. NO. 1179, FEBRERO 2009.
 * Considerando**, que al momento de la terminación del contrato de trabajo de la recurrente, estaba vigente la Resolución núm. 5-2004 dictada por el Comité Nacional de Salarios, en fecha 12 de noviembre de 2004, la que establecía un salario mínimo de Seis Mil Cuatrocientos Pesos Oro Dominicanos (RD$6,400.00), por lo que el monto de veinte salarios mínimos ascendía a la suma de Ciento Veintiocho Mil Pesos Oro Dominicanos (RD$128,000.00), cantidad que como es evidente no es excedida por la totalidad de las condenaciones que impone la sentencia impugnada, por lo que el recurso de que se trata debe ser declarado inadmisible, de conformidad con lo que prescribe el artículo 641 del Código de Trabajo, sin necesidad de examinar los medios del recurso.

B.J. NO. 1179, FEBRERO 2009.
 * Considerando**, que al momento de la terminación del contrato de trabajo del recurrente estaba vigente la Resolución núm. 5-2004, dictada por el Comité Nacional de Salarios en fecha 12 de noviembre del 2004, que establecía un salario mínimo de Cinco Mil Cuatrocientos Pesos Oro Dominicanos (RD$5,400.00), por lo que el monto de veinte salarios mínimos ascendía a la suma de Ciento Ocho Mil Pesos Oro Dominicanos (RD$108,000.00), suma que como es evidente no es excedida por la totalidad de las condenaciones que impone la sentencia impugnada, por lo que el recurso de que se trata debe ser declarado inadmisible, de conformidad con lo que prescribe el artículo 641 del Código de Trabajo, sin necesidad de examinar los medios propuestos.

B.J. NO. 1179, FEBRERO 2009.
 * Considerando**, que al momento de la terminación del contrato de trabajo del recurrido estaba vigente la Resolución núm. 4-2003, dictada por el Comité Nacional de Salarios, en fecha 22 de septiembre de 2003, la que establecía un salario mínimo de Cuatro Mil Novecientos Veinte Pesos Oro Dominicano (RD$4,920.00), mensuales, por lo que el monto de veinte salarios mínimos ascendía a la suma de Noventa y Ocho Mil Cuatrocientos Pesos Oro Dominicanos (RD$98,400.00), suma que como es evidente, no es excedida por la totalidad de las condenaciones que impone la sentencia recurrida, por lo que el recurso de que se trata debe ser declarado inadmisible, de conformidad con lo que prescribe el artículo 641 del Código de Trabajo, sin necesidad de examinar los medios propuestos;

B.J. NO. 1179, FEBRERO 2009.
 * Considerando**, que por otra parte los recurrentes no desarrollan el segundo medio propuesto, razón por la cual el mismo se declara inadmisible por no cumplir con el voto de la ley, que imponen al recurrente desarrollar los medios en que funda su recurso de casación;

B.J. NO. 1179, FEBRERO 2009.
 * Considerando**, que en la especie, el Tribunal a-quo, tras ponderar las pruebas aportadas llegó a la conclusión de que los contratos de trabajo de referencia terminaron por la voluntad unilateral de las demandantes, tal como consta en los documentos por ellas firmados, así como que las mismas no demostraron hacerlo hecho presionadas por la parte recurrida, sin que se advierta que al formar ese criterio el Tribunal a-quo incurriera en desnaturalización alguna, razón por la cual los medios propuesto examinados carecen de fundamento y deben ser desestimados.

B.J. NO. 1179, FEBRERO 2009.
 * Considerando**, que al momento de la terminación del contrato de trabajo de la recurrente estaba vigente la Resolución núm. 5-2004, dictada por el Comité Nacional de Salarios, en fecha 12 de noviembre del 2004, que establecía un salario mínimo de Seis Mil Cuatrocientos Pesos Oro Dominicanos (RD$6,400.00), por lo que el monto de veinte salarios mínimos ascendía a la suma de Ciento Veintiocho Mil Pesos Oro Dominicanos (RD$128,000.00), cantidad que como es evidente no es excedido por la totalidad de las condenaciones que impone la sentencia recurrida, por lo que el recurso de que se trata debe ser declarado inadmisible, de conformidad con lo que prescribe el artículo 641 del Código de Trabajo, sin necesidad de examinar los medios del recurso.

B.J. NO. 1179, FEBRERO 2009.
 * <span style="font-family: 'Calibri','sans-serif'; font-size: 15px;">Considerando **<span style="font-family: 'Calibri','sans-serif'; font-size: 15px;">, que en el desarrollo del segundo medio propuesto, la recurrente plantea, en síntesis, que los jueces del fondo le condenaron al pago de 14 días de salarios por concepto de vacaciones no disfrutadas por el demandante, lo que sería correcto si éste hubiese laborado el año completo; pero, como el mismo afirmó que su contrato terminó el 14 de septiembre de 2004, solo laboró 9 meses, correspondiéndole, en consecuencia, 10 días de salarios por ese concepto, al tenor de lo establecido en el artículo 180 del Código de Trabajo;

B.J. NO. 1179, FEBRERO 2009.
 * Considerando**, que al momento de la terminación del contrato de trabajo de la recurrente, estaba vigente la Resolución núm. 5-2004 dictada por el Comité Nacional de Salarios, en fecha 12 de noviembre de 2004, la que establecía un salario mínimo de Seis Mil Cuatrocientos Pesos Oro Dominicanos (RD$6,400.00), por lo que el monto de veinte salarios mínimos ascendía a la suma de Ciento Veintiocho Mil Pesos Oro Dominicanos (RD$128,000.00), cantidad que como es evidente no es excedida por la totalidad de las condenaciones que impone la sentencia impugnada, por lo que el recurso de que se trata debe ser declarado inadmisible, de conformidad con lo que prescribe el artículo 641 del Código de Trabajo, sin necesidad de examinar los medios del recurso.

B.J. NO. 1179, FEBRERO 2009.
 * Considerando**, que al momento de la terminación del contrato de trabajo del recurrente estaba vigente la Resolución núm. 5-2004, dictada por el Comité Nacional de Salarios en fecha 12 de noviembre del 2004, que establecía un salario mínimo de Cinco Mil Cuatrocientos Pesos Oro Dominicanos (RD$5,400.00), por lo que el monto de veinte salarios mínimos ascendía a la suma de Ciento Ocho Mil Pesos Oro Dominicanos (RD$108,000.00), suma que como es evidente no es excedida por la totalidad de las condenaciones que impone la sentencia impugnada, por lo que el recurso de que se trata debe ser declarado inadmisible, de conformidad con lo que prescribe el artículo 641 del Código de Trabajo, sin necesidad de examinar los medios propuestos.

B.J. NO. 1179, FEBRERO 2009.
 * Considerando**, que al momento de la terminación del contrato de trabajo del recurrido estaba vigente la Resolución núm. 4-2003, dictada por el Comité Nacional de Salarios, en fecha 22 de septiembre de 2003, la que establecía un salario mínimo de Cuatro Mil Novecientos Veinte Pesos Oro Dominicano (RD$4,920.00), mensuales, por lo que el monto de veinte salarios mínimos ascendía a la suma de Noventa y Ocho Mil Cuatrocientos Pesos Oro Dominicanos (RD$98,400.00), suma que como es evidente, no es excedida por la totalidad de las condenaciones que impone la sentencia recurrida, por lo que el recurso de que se trata debe ser declarado inadmisible, de conformidad con lo que prescribe el artículo 641 del Código de Trabajo, sin necesidad de examinar los medios propuestos;

B.J. NO. 1179, FEBRERO 2009.
 * Considerando**, que por otra parte los recurrentes no desarrollan el segundo medio propuesto, razón por la cual el mismo se declara inadmisible por no cumplir con el voto de la ley, que imponen al recurrente desarrollar los medios en que funda su recurso de casación;

B.J. NO. 1179, FEBRERO 2009.
 * Considerando**, que en la especie, el Tribunal a-quo, tras ponderar las pruebas aportadas llegó a la conclusión de que los contratos de trabajo de referencia terminaron por la voluntad unilateral de las demandantes, tal como consta en los documentos por ellas firmados, así como que las mismas no demostraron hacerlo hecho presionadas por la parte recurrida, sin que se advierta que al formar ese criterio el Tribunal a-quo incurriera en desnaturalización alguna, razón por la cual los medios propuesto examinados carecen de fundamento y deben ser desestimados.

B.J. NO. 1179, FEBRERO 2009.
 * Considerando**, que al momento de la terminación del contrato de trabajo de la recurrente estaba vigente la Resolución núm. 5-2004, dictada por el Comité Nacional de Salarios, en fecha 12 de noviembre del 2004, que establecía un salario mínimo de Seis Mil Cuatrocientos Pesos Oro Dominicanos (RD$6,400.00), por lo que el monto de veinte salarios mínimos ascendía a la suma de Ciento Veintiocho Mil Pesos Oro Dominicanos (RD$128,000.00), cantidad que como es evidente no es excedido por la totalidad de las condenaciones que impone la sentencia recurrida, por lo que el recurso de que se trata debe ser declarado inadmisible, de conformidad con lo que prescribe el artículo 641 del Código de Trabajo, sin necesidad de examinar los medios del recurso.

B.J. NO. 1179, FEBRERO 2009.
 * Considerando**, que en el desarrollo del segundo medio propuesto, la recurrente plantea, en síntesis, que los jueces del fondo le condenaron al pago de 14 días de salarios por concepto de vacaciones no disfrutadas por el demandante, lo que sería correcto si éste hubiese laborado el año completo; pero, como el mismo afirmó que su contrato terminó el 14 de septiembre de 2004, solo laboró 9 meses, correspondiéndole, en consecuencia, 10 días de salarios por ese concepto, al tenor de lo establecido en el artículo 180 del Código de Trabajo

<span style="color: #666666; font-family: 'Verdana','sans-serif'; font-size: 12px;">B.J. NO. 1179, FEBRERO 2009.
 * <span style="color: #666666; font-family: 'Verdana','sans-serif'; font-size: 12px;">Considerando **<span style="color: #666666; font-family: 'Verdana','sans-serif'; font-size: 12px;">, que del estudio de la sentencia de primer grado, así como de la decisión impugnada, se advierte, que ante el Juzgado de Trabajo celebró la audiencia de producción de las pruebas, en la que el actual recurrente hizo oír los testigos que sustentarían sus pretensiones, siendo pospuesta la misma a solicitud de la actual recurrida para que un representante estuviere presente en el tribunal, sin manifestar sus propósitos de escuchar los testigos, cuya lista no había sido depositada en el tribunal, en esa audiencia, por lo que dicho tribunal no tenía porque acceder a la audición de testigos en una audiencia que había sido fijada para otros fines, salvo que lo estimara necesario para la sustanciación del proceso.

<span style="color: #666666; font-family: 'Verdana','sans-serif'; font-size: 12px;">B.J. NO. 1179, FEBRERO 2009. Considerando, que en la especie, el Tribunal a-quo dio por establecido que el contrato de trabajo del recurrido terminó por desahucio ejercido contra él por la actual recurrente, a cuya convicción llegó tras el análisis de las pruebas regularmente presentadas por las partes y de manera fundamental el formulario “Acción de Personal” núm. 9707 del 22 de octubre del 2004, en el que se expresa: “Cortésmente se le informa que esta Dirección Ejecutiva ha decidido rescindir el contrato de trabajo existente entre Ud. y esta entidad”; sin alegar ninguna causa para ello, lo que evidencia la determinación de la empresa de poner fin al contrato de trabajo de que se trata a través de un desahucio, tal como lo decidió el Tribunal a-quo, no observándose que al formar su criterio éste incurriera en alguna desnaturalización, razón por la cual el medio que se examina carece de fundamento y debe ser desestimado.

<span style="color: #666666; font-family: 'Verdana','sans-serif'; font-size: 12px;">B.J. NO. 1179, FEBRERO 2009.
 * <span style="color: #666666; font-family: 'Verdana','sans-serif'; font-size: 12px;">Considerando **<span style="color: #666666; font-family: 'Verdana','sans-serif'; font-size: 12px;">, que en la especie se advierte, que el Tribunal a-quo ponderó la prueba aportada y del resultado de esa misma llegó a la conclusión de que el recurrente no demostró haber prestado sus servicios personales a la actual recurrida, sino a otras personas sub-contratistas de la obra, rechazándo la demanda por esa circunstancia, sin incurrir en los vicios atribuidos, al no cometer desnaturalización alguna, y por no haberse debatido ante él la aplicación del artículo 12 del Código de Trabajo que hace al contratista principal responsable solidariamente de las obligaciones que se deriven de los contratos de trabajo pactados por los subcontratistas, cuando éstos no demuestran estar en condiciones de cumplir con esas obligaciones, razón por la cual los medios examinados carecen de fundamento y deben ser desestimados, y en consecuencia rechazado el presente recurso.

B.J. NO. 1179, FEBRERO 2009. <span style="color: #666666; font-family: 'Verdana','sans-serif'; font-size: 12px;">B.J. NO. 1179, FEBRERO 2009
 * <span style="color: #666666; font-family: 'Verdana','sans-serif'; font-size: 12px;">Considerando **<span style="color: #666666; font-family: 'Verdana','sans-serif'; font-size: 12px;">, que en la especie, la Corte a-qua, tras ponderar las pruebas aportadas llegó a la conclusión de que los demandantes no probaron haber laborados las horas extras reclamadas, para lo cual los jueces hicieron uso del poder de apreciación de que disponen, sin que se advierta que incurrieran en desnaturalización alguna, razón por la cual el medio que se examina carece de fundamento y debe ser desestimado.
 * <span style="color: #666666; font-family: 'Verdana','sans-serif'; font-size: 12px;">Considerando **<span style="color: #666666; font-family: 'Verdana','sans-serif'; font-size: 12px;">, que del estudio de la sentencia impugnada se advierte que el Tribunal a-quo ponderó todos los documentos de la causa, incluidos aquellos que fueron tardíamente depositados por la recurrente, los cuales analizó sin hacer objeción sobre la forma en que los mismos fueron depositados, por lo que cualquier error o vicio en que se incurriera en el trámite procesal que debe seguirse en ocasión de depósitos de documentos con posterioridad al escrito inicial, se hizo en beneficio suyo y en el peor de los casos no le ocasionó ningún perjuicio, pues dichos documentos fueron examinados por la Corte a-qua, como era la pretensión de la recurrente, razón por la cual el medio propuesto y examinado carece de fundamento y debe ser desestimado, y en consecuencia rechazado el presente recurso.

B.J. NO. 1179, FEBRERO 2009.
 * <span style="color: #666666; font-family: 'Verdana','sans-serif'; font-size: 12px;">Considerando **<span style="color: #666666; font-family: 'Verdana','sans-serif'; font-size: 12px;">, que la sentencia impugnada contiene una relación completa de los hechos y motivos suficientes que permiten a esta corte verificar la correcta aplicación de la ley, lo que descarta que el Tribunal a-quo incurriera en desnaturalización alguna y en los demás vicios atribuidos en el recurso de casación, razón por la cual los medios examinados carecen de fundamento y deben ser desestimados, y en consecuencia rechazado el presente recurso.

B.J. NO. 1179, FEBRERO 2009.
 * <span style="color: #666666; font-family: 'Verdana','sans-serif'; font-size: 12px;">Considerando **<span style="color: #666666; font-family: 'Verdana','sans-serif'; font-size: 12px;">, que del estudio de las piezas que forman el expediente abierto en ocasión del presente recurso, se advierte que el mismo fue interpuesto mediante escrito depositado por el recurrente en la secretaría de la Cámara Civil, Comercial y de Trabajo de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de Barahona, el 26 de julio del 2006, y notificado al recurrido el 21 de agosto del 2006 por acto núm. 622-2006, diligenciado por Ramón Daniel Mancebo, Alguacil de Estrados de la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de Barahona, cuando se había vencido el plazo de cinco días establecido por el artículo 643 del Código de Trabajo para la notificación del recurso de casación, razón por la cual debe declararse su caducidad.

<span style="color: #666666; font-family: 'Verdana','sans-serif'; font-size: 12px;">B.J. NO. 1179, FEBRERO 2009.
 * <span style="color: #666666; font-family: 'Verdana','sans-serif'; font-size: 12px;">Considerando **<span style="color: #666666; font-family: 'Verdana','sans-serif'; font-size: 12px;">, que por otra parte, la sentencia impugnada contiene una relación completa de los hechos y motivos suficientes que permiten apreciar a esta corte, que la calificación de injustificado que dió la Corte a-qua al despido del trabajador es correcta, al ser fruto de la ponderación de las pruebas aportadas por las partes, que le permitieron determinar que la empleadora, a pesar de haber admitido el despido invocado por los trabajadores demandantes, no probó haberlos comunicado a las autoridades de trabajo en el plazo de 48 horas, tal como lo dispone el artículo 91 del Código de Trabajo, lo que lo hace reputar como injustificado, al tenor del artículo 93 de dicho código, para lo cual los jueces hicieron uso del poder soberano de apreciación de que disfrutan, sin incurrir en desnaturalización alguna, razón por la cual los medios que se examinan carecen de fundamento y en consecuencia procede rechazar el presente recurso.

<span style="color: #666666; font-family: 'Verdana','sans-serif'; font-size: 12px;">B.J. NO. 1179, FEBRERO 2009.
 * <span style="color: #666666; font-family: 'Verdana','sans-serif'; font-size: 12px;">Considerando **<span style="color: #666666; font-family: 'Verdana','sans-serif'; font-size: 12px;">, que para cumplir el voto de la ley no basta la simple mención de un texto legal y los principios jurídicos cuya violación se invoca, siendo indispensable además, que el recurrente desenvuelva, en el memorial correspondiente, aunque sea de manera sucinta, los medios en que funda su recurso, y que exponga en que consisten las violaciones por él denunciadas, y la forma en que éstas se cometieron, lo que no ha ocurrido en la especie, ya que la recurrente se limita a señalar que “Una lectura de la sentencia recurrida en casación nos lleva a la conclusión de que la misma carece de los motivos suficientes para haber decidido del modo que lo hizo, ya que se basa en argumentaciones imprecisas. Al actuar así la Corte a-qua le pasó por encima a lo indicado en la primera parte del artículo 1315 del Código Civil de la República Dominicana, siendo este derecho la madre de la prueba en el derecho, en sentido general, el cual dice: El que reclama la ejecución de una obligación debe probarla”, sin hacer precisiones sobre los hechos que debían establecerse y la prueba que debía ser presentada, lo que impide a esta corte, determinar si la sentencia impugnada incurre en las violaciones denunciadas, razón por la cual el recurso de casación debe ser declarado inadmisible.

<span style="color: #666666; font-family: 'Verdana','sans-serif'; font-size: 12px;">B.J. NO. 1179, FEBRERO 2009.
 * <span style="color: #666666; font-family: 'Verdana','sans-serif'; font-size: 12px;">Considerando **<span style="color: #666666; font-family: 'Verdana','sans-serif'; font-size: 12px;">, que en la especie, la propia recurrente admite que comunicó a su empleador su estado de embarazo y que éste dejó sin efecto el desahucio ejercido contra ella, reconociendo además, que no se presentó a cumplir sus obligaciones como trabajadora, falta ésta que constituye una causal de despido, tal como lo dió por establecido el Tribunal a-quo, para lo cual da motivos suficientes y pertinentes que permiten a esta corte verificar la correcta aplicación de la ley, razón por la cual los medios examinados carecen de fundamento y deben ser desestimados.

<span style="color: #666666; font-family: 'Verdana','sans-serif'; font-size: 12px;">B.J. NO. 1179, FEBRERO 2009.
 * <span style="color: #666666; font-family: 'Verdana','sans-serif'; font-size: 12px;">Considerando **<span style="color: #666666; font-family: 'Verdana','sans-serif'; font-size: 12px;">, que por otra parte, la sentencia impugnada contiene una relación completa de los hechos y motivos suficientes que permiten apreciar a esta corte, que la calificación de justificada que dio la Corte a-qua a la dimisión del trabajador es correcta, al ser fruto de la ponderación de las pruebas aportadas por las partes, que le permitieron determinar la existencia de una suspensión ilegal del contrato de trabajo de la recurrida y de otras violaciones en su perjuicio, para lo cual los jueces hicieron uso del poder de apreciación de que disfrutan, sin incurrir en desnaturalización alguna, razón por la cual los medios que se examinan carecen de fundamento.

<span style="color: #666666; font-family: 'Verdana','sans-serif'; font-size: 12px;">B.J. NO. 1179, FEBRERO 2009.
 * <span style="color: #666666; font-family: 'Verdana','sans-serif'; font-size: 12px;">Considerando **<span style="color: #666666; font-family: 'Verdana','sans-serif'; font-size: 12px;">, que al momento de la terminación del contrato de trabajo del recurrido estaba vigente la Resolución núm. 5-2004, dictada por el Comité Nacional de Salarios, en fecha 12 de noviembre del 2004, que establecía un salario mínimo de Seis Mil Cuatrocientos Pesos con 00/100 (RD$6,400.00) mensuales, por lo que el monto de veinte salarios mínimos ascendía a la suma de Ciento Veintiocho Mil Pesos con 00/100 (RD$128,000.00), suma que como es evidente no es excedida por la totalidad de las condenaciones que impone la sentencia recurrida, por lo que el recurso de que se trata debe ser declarado inadmisible, de conformidad con lo que prescribe el artículo 641 del Código de Trabajo, sin necesidad de examinar el medio propuesto.

B.J. NO. 1179, FEBRERO 2009.
 * <span style="color: #666666; font-family: 'Verdana','sans-serif'; font-size: 12px;">Considerando **<span style="color: #666666; font-family: 'Verdana','sans-serif'; font-size: 12px;">, que el artículo 86 del Código de Trabajo, en lo referente al pago de un día de salario por cada día de retardo en el pago de las indemnizaciones laborales al trabajador desahuciado, no tiene aplicación cuando el empleador no cumple con el pago de una suma de dinero por otro concepto, de suerte que el reconocimiento que hizo el Tribunal a-quo de que la oferta real de pago no incluía el pago de salarios por concepto de compensación por vacaciones no disfrutadas, no le imponía la obligación de condenar a la empresa demandada al pago del astreinte indicado en el precitado artículo, razón por la cual el medio que se examina carece de fundamento y debe ser desestimado.

B.J. NO. 1179, FEBRERO 2009.
 * <span style="color: #666666; font-family: 'Verdana','sans-serif'; font-size: 12px;">Considerando **<span style="color: #666666; font-family: 'Verdana','sans-serif'; font-size: 12px;">, que en la especie, el Tribunal a-quo en las motivaciones que da para descartar la existencia del contrato de trabajo, al precisar que los elementos constitutivos de éste estuvieron ausentes en la relación existente entre los demandados y el demandante, expresa que por esa causa “debe ser rechazada la demanda interpuesta por éste en reclamación de prestaciones laborales y demás derechos”, lo que dió lugar a la revocación de la sentencia de primer grado que había acogido la misma, consignada en el dispositivo de la sentencia impugnada, por lo que no era necesario que repitiera la misma en esa parte de dicha sentencia, de donde se deriva que el fallo recurrido cumplió con el voto de la ley y que los jueces no incurrieron en el vicio que se le atribuye en el memorial de casación, razón por la cual el medio examinado carece de fundamento y debe ser desestimado.

B.J. NO. 1179, FEBRERO 2009.
 * <span style="color: #666666; font-family: 'Verdana','sans-serif'; font-size: 12px;">Considerando **<span style="color: #666666; font-family: 'Verdana','sans-serif'; font-size: 12px;">, que deducido al plazo de un mes que establece el referido artículo 641 del Código de Trabajo, el día a-quo y el día a-quem, más los domingos 20 y 27 de febrero de 2005, y 6 y 13 de marzo de 2005 declarados por ley no laborables, y computables, en virtud del referido artículo 495 del Código de Trabajo, comprendidos en el periodo iniciado el 14 de febrero del 2005, fecha de la notificación de la sentencia, el plazo para el ejercicio del recurso de casación vencía el 21 de marzo de 2005 consecuentemente, al haberse interpuesto el recurso el 22 de marzo del 2005, el mismo fue ejercido extemporáneamente, razón por la cual debe ser declarado inadmisible, sin necesidad de examinar los medios propuestos.

B.J. NO. 1179, FEBRERO 2009.
 * <span style="color: #666666; font-family: 'Verdana','sans-serif'; font-size: 12px;">Considerando **<span style="color: #666666; font-family: 'Verdana','sans-serif'; font-size: 12px;">, que al momento de la terminación del contrato de trabajo de la recurrida estaba vigente la Resolución núm. 5-2004, dictada por el Comité Nacional de Salarios, en fecha 12 de noviembre del 2004, que establecía un salario mínimo de Seis Mil Cuatrocientos Pesos Oro Dominicanos (RD$6,400.00), mensuales, por lo que el monto de veinte salarios mínimos ascendía a la suma de Ciento Veintiocho Mil Pesos Oro Dominicanos (RD$128,000.00), cantidad que como es evidente no es excedida por la totalidad de las condenaciones que impone la sentencia recurrida, por lo que el recurso de que se trata debe ser declarado inadmisible, de conformidad con lo que prescribe el artículo 641 del Código de Trabajo, sin necesidad de examinar los medios del recurso;

<span style="color: #666666; font-family: 'Verdana','sans-serif'; font-size: 12px;">B.J. NO. 1179, FEBRERO 2009. <span style="color: #666666; font-family: 'Verdana','sans-serif'; font-size: 12px;">**Considerando**, que del estudio de la ordenanza impugnada se advierte que la medida de levantamiento del embargo retentivo de que se trata, tuvo como fundamento el ejercicio abusivo del procedimiento realizado por el actual recurrente, al proceder a embargar retentivamente a la recurrida en base al mismo título, y a pesar de que una acción de igual naturaleza había sido dejada sin efecto por el juez de referimientos, decisión que esta corte considera correcta por estar enmarcada entre las facultades que los referidos artículos 666 y 667 del Código de Trabajo otorgan al Juez a-quo y por contener la ordenanza que así lo dispone, motivos suficientes y pertinentes que permiten verificar la correcta aplicación de la ley, razón por la cual los medios examinados carecen de fundamento y deben ser desestimados.
 * <span style="color: #666666; font-family: 'Verdana','sans-serif'; font-size: 12px;">Considerando **<span style="color: #666666; font-family: 'Verdana','sans-serif'; font-size: 12px;">, que después de haber sido interpuesto el recurso de casación de que se trata, y antes de ser conocido, las partes en sus respectivas calidades de recurrente y recurrida, han desistido de dicho recurso, desistimiento que ha sido aceptado por las mismas. B.J. NO. 1179, FEBRERO 2009.

<span style="color: #666666; font-family: 'Verdana','sans-serif'; font-size: 12px;">B.J. NO. 1179, FEBRERO 2009. <span style="color: #666666; font-family: 'Verdana','sans-serif'; font-size: 12px;">razón por la cual el medio que se examina carece de fundamento y debe ser desestimado.
 * <span style="color: #666666; font-family: 'Verdana','sans-serif'; font-size: 12px;">Considerando **<span style="color: #666666; font-family: 'Verdana','sans-serif'; font-size: 12px;">, que en la especie, la Corte a-qua, tras ponderar las pruebas aportadas, tanto documentales como testimoniales, llegó a la conclusión de que la recurrente era real la empleadora del recurrido, descartando, que el señor Juan Antonio Rodríguez, ostentara esa calidad, a pesar de ser la persona física que le contrató y le pagaba el salario, lo que, de acuerdo a la apreciación hecha por la Corte a-qua, hacía en su condición de representante de la demandada, en Santiago, sin que se advierta que incurriera, en desnaturalización alguna,

<span style="color: #666666; font-family: 'Verdana','sans-serif'; font-size: 12px;">B.J. NO. 1179, FEBRERO 2009.
 * <span style="color: #666666; font-family: 'Verdana','sans-serif'; font-size: 12px;">Considerando **<span style="color: #666666; font-family: 'Verdana','sans-serif'; font-size: 12px;">, que después de haber sido interpuesto el recurso de casación de que se trata, y antes de ser conocido, las partes en sus respectivas calidades de recurrente y recurrida, han desistido de dicho recurso, desistimiento que ha sido aceptado por las mismas.

<span style="color: #666666; font-family: 'Verdana','sans-serif'; font-size: 12px;">B.J. NO. 1179, FEBRERO 2009
 * <span style="color: #666666; font-family: 'Verdana','sans-serif'; font-size: 12px;">Considerando **<span style="color: #666666; font-family: 'Verdana','sans-serif'; font-size: 12px;">, que en el tercer y último medio propuesto, expresa la recurrente: que la sentencia impugnada le condena a pagar a Francisco Lora, la suma de Cincuenta Mil Pesos Oro Dominicanos (RD$50,000.00) por concepto del salario de Navidad y la suma de Ciento Veinticinco Mil Pesos Oro Dominicanos (RD$125,000.00), por el mismo concepto, lo que significa la condenación al pago de dos partidas de dinero con montos diferentes, pero cubriendo el mismo concepto: Salario de Navidad, lo que le obliga a pagar la suma de Ciento Setenta y Cinco Mil Ochocientos Noventa y Dos Pesos Oro Dominicanos (RD$175,892.00) para cubrir la misma condenación, es decir, pagos por concepto del salario de Navidad, lo que constituye un pago extra petita, al conceder algo mas de lo que se le ha solicitado, por lo que la sentencia debe ser casada;

<span style="color: #666666; font-family: 'Verdana','sans-serif'; font-size: 12px;">B.J. NO. 1179, FEBRERO 2009.
 * <span style="color: #666666; font-family: 'Verdana','sans-serif'; font-size: 12px;">Considerando **<span style="color: #666666; font-family: 'Verdana','sans-serif'; font-size: 12px;">, que del estudio de la sentencia se advierte, que el recurrente no invocó que sus operaciones no arrojaban beneficios por ser una institución de servicios, ni que estaba liberada de hacer la declaración jurada sobre sus resultado económicos ante la Dirección de Impuestos Internos, limitándose a presentar como único punto controvertido la justa causa del despido invocado por el demandante, admitido por ella, al invocar que éste había incurrido en faltas que justificaban dicho despido, sin discutir los demás aspectos de la demanda, entre los cuales se encuentra la solicitud del pago de la participación en los beneficios, la que, por no haber sido controvertida, tenía que ser dada por establecida por el Tribunal a-quo, tal como lo hizo, lo que descarta que la Corte a-qua incurriera en el vicio atribuido, razón por la cual el medio examinado carece de fundamento y debe ser desestimado, y en consecuencia rechazado el presente recurso.

<span style="color: #666666; font-family: 'Verdana','sans-serif'; font-size: 12px;">B.J. NO. 1179, FEBRERO 2009.
 * <span style="color: #666666; font-family: 'Verdana','sans-serif'; font-size: 12px;">Considerando **<span style="color: #666666; font-family: 'Verdana','sans-serif'; font-size: 12px;">, que en base a esas consideraciones la Corte a-qua no podía admitir la existencia de un contrato de trabajo entre las partes en conflictos, ni su posterior terminación por el desahucio invocado por el recurrente, sin necesidad de ponderar las pruebas documentales y testimoniales que se presentaren para demostrar lo contrario, pues en la especie, el punto controvertido no era una cuestión de hechos, sino de derecho, razón por la cual el medio propuesto y examinado carece de fundamento y debe ser desestimado.

<span style="color: #666666; font-family: 'Verdana','sans-serif'; font-size: 12px;">B.J. NO. 1179, FEBRERO 2009.
 * <span style="color: #666666; font-family: 'Verdana','sans-serif'; font-size: 12px;">Considerando **<span style="color: #666666; font-family: 'Verdana','sans-serif'; font-size: 12px;">, que al momento de la terminación del contrato de trabajo del recurrido estaba vigente la Resolución núm. 5-2004, dictada por el Comité Nacional de Salarios, en fecha 12 de noviembre de 2004, que establecía un salario mínimo de Cinco Mil Cuatrocientos Pesos Oro Dominicanos (RD$5,400.00) mensuales para los vigilantes de compañías de guardianes, por lo que el monto de veinte salarios mínimos ascendía a la suma de Ciento Ocho Mil Pesos Oro Dominicanos (RD$108,000.00), cantidad que como es evidente no es excedida por la totalidad de las condenaciones que impone la sentencia recurrida, razón por la que el recurso de que se trata, debe ser declarado inadmisible, de conformidad con lo que prescribe el artículo 641 del Código de Trabajo, sin necesidad de examinar los medios del recurso.

<span style="color: #666666; font-family: 'Verdana','sans-serif'; font-size: 12px;">B.J. NO. 1179, FEBRERO 2009.
 * <span style="color: #666666; font-family: 'Verdana','sans-serif'; font-size: 12px;">Considerando **<span style="color: #666666; font-family: 'Verdana','sans-serif'; font-size: 12px;">, que como la Corte a-qua incluyó entre los derechos a ser computados al demandante Héctor Castillo Morel, la suma de Ciento Veinticuatro Mil Seiscientos Treinta y Dos Pesos con 84/00 (RD$124,632.84), por concepto de participación en los beneficios, le concedió un derecho que no le reconoce la ley, lo que deja ese aspecto de la sentencia carente de base legal, razón por la cual debe ser casada, por vía de supresión y sin envío, tal como lo solicita el recurrente incidental.

<span style="color: #666666; font-family: 'Verdana','sans-serif'; font-size: 12px;">B.J. NO. 1179, FEBRERO 2009.
 * <span style="color: #666666; font-family: 'Verdana','sans-serif'; font-size: 12px;">Considerando **<span style="color: #666666; font-family: 'Verdana','sans-serif'; font-size: 12px;">, que en la especie, el Tribunal a-quo, tras ponderar las pruebas aportadas, entre ellas los testimonios vertidos por las partes, los documentos y las propias declaraciones del demandante, llegó a la conclusión de que éste no prestó sus servicios personales a la recurrida Hotel Caribe Campo Club, sino al Caribe Campo Vacation Club, la cual, de acuerdo al juicio formado por la Corte a-qua, no tenía ninguna vinculación con la primera, que hiciera susceptible de decretar una solidaridad entre ellas, sin que se advierta que al formar su criterio incurriera en desnaturalización alguna, razón por la cual el medio que se examina carece de fundamento y debe ser desestimado;

<span style="color: #666666; font-family: 'Verdana','sans-serif'; font-size: 12px;">B.J. NO. 1179, FEBRERO 2009
 * <span style="color: #666666; font-family: 'Verdana','sans-serif'; font-size: 12px;">Considerando **<span style="color: #666666; font-family: 'Verdana','sans-serif'; font-size: 12px;">, que no se advierte que la recurrente invocara ante los jueces del fondo, que la comunicación de la dimisión a las Autoridades del Trabajo se hiciera después de haber vencido el plazo de 48 horas que establece el artículo 100 del Código de Trabajo, ni que solicitara la declaratoria de carente de justa causa de la misma por esa circunstancia, lo que descarta que el Tribunal a-quo incurriera en la violación que le atribuye la recurrente, razón por la cual el medio que se examina carece de fundamento y debe ser desestimado, y en consecuencia rechazado el presente recurso.

<span style="color: #666666; font-family: 'Verdana','sans-serif'; font-size: 12px;">B.J. NO. 1179, FEBRERO 2009.
 * <span style="color: #666666; font-family: 'Verdana','sans-serif'; font-size: 12px;">Considerando **<span style="color: #666666; font-family: 'Verdana','sans-serif'; font-size: 12px;">, que después de haber sido interpuesto el recurso de casación de que se trata, y antes de ser conocido, las partes en sus respectivas calidades de recurrente y recurrida, han desistido de dicho recurso, desistimiento que ha sido aceptado por las mismas.

<span style="color: #666666; font-family: 'Verdana','sans-serif'; font-size: 12px;">B.J. NO. 1179, FEBRERO 2009
 * <span style="color: #666666; font-family: 'Verdana','sans-serif'; font-size: 12px;">Considerando **<span style="color: #666666; font-family: 'Verdana','sans-serif'; font-size: 12px;">, que después de haber sido interpuesto el recurso de casación de que se trata, y antes de ser conocido, las partes en sus respectivas calidades de recurrente y recurrida, han desistido de dicho recurso, desistimiento que ha sido aceptado por las mismas.

<span style="color: #666666; font-family: 'Verdana','sans-serif'; font-size: 12px;">B.J. NO. 1179, FEBRERO 2009.
 * <span style="color: #666666; font-family: 'Verdana','sans-serif'; font-size: 12px;">Considerando **<span style="color: #666666; font-family: 'Verdana','sans-serif'; font-size: 12px;">, que en la especie, el Tribunal a-quo, dio por establecido la existencia del contrato de trabajo por duración indefinida, tal como lo invocó el demandante, así como su duración y la causa de terminación del mismo, tanto de la ponderación de las pruebas aportadas, como de la admisión hecha por la recurrente en cuanto al despido por ella ejercido, al solicitar al tribunal de primera instancia declarar el mismo justificado; que no se advierte en la apreciación hecha por la Corte a-qua, que ésta haya omitido ponderar ningún documento importante para la solución del caso, ni incurrido en desnaturalización alguna, razón por la cual los medios examinados carecen de fundamento y deben ser desestimados, y en consecuencia rechazado el presente recurso.

<span style="color: #666666; font-family: 'Verdana','sans-serif'; font-size: 12px;">B.J. NO. 1179, FEBRERO 2009.
 * <span style="color: #666666; font-family: 'Verdana','sans-serif'; font-size: 12px;">Considerando **<span style="color: #666666; font-family: 'Verdana','sans-serif'; font-size: 12px;">, que por otra parte, el artículo 86 del Código de Trabajo al establecer la obligación del empleador de pagar al trabajador desahuciado un día de salario por cada día de retardo en el pago de las indemnizaciones laborales por desahucio, fija el momento a partir del cual se inicia esa obligación, pues las mismas deben ser pagadas en el término de diez días a contar de la fecha de la terminación del contrato de trabajo, vencido éste comienza la referida penalidad, siendo obvio que concluye cuando el pago se realiza, que es el momento en que termina el retardo, de donde se deriva que el tribunal no tiene que especificar cuando comienza la aplicación del referido artículo 86 del Código de Trabajo, para que las partes comprendan el alcance de la obligación;

<span style="color: #666666; font-family: 'Verdana','sans-serif'; font-size: 12px;">B.J. NO. 1179, FEBRERO 2009.
 * <span style="color: #666666; font-family: 'Verdana','sans-serif'; font-size: 12px;">Considerando **<span style="color: #666666; font-family: 'Verdana','sans-serif'; font-size: 12px;">, finalmente, en cuanto a la nulidad del acto de notificación de la sentencia de primer grado, dispuesta por el Tribunal a-quo, lo que hizo que el recurso de apelación del actual recurrido fuera válido, la misma fue correcta al ser producto del análisis que hizo la Corte a-qua de las actuaciones procesales del ministerio actuante y del examen de las pruebas aportadas, sin que se advierta que incurriera en desnaturalización alguna o falta de ponderación de los documentos aportados, razón por la cual el medio examinado carece de fundamento y debe ser desestimado.

<span style="color: #666666; font-family: 'Verdana','sans-serif'; font-size: 12px;">B.J. NO. 1179, FEBRERO 2009.
 * <span style="color: #666666; font-family: 'Verdana','sans-serif'; font-size: 12px;">Considerando **<span style="color: #666666; font-family: 'Verdana','sans-serif'; font-size: 12px;">, que del estudio de las piezas que integran el expediente abierto en ocasión del presente recurso, se advierte que el mismo fue interpuesto mediante escrito depositado por los recurrentes en la secretaría de la Segunda Sala de la Corte de Trabajo del Distrito Nacional, el 18 de marzo de 2008, y notificado a la recurrida el 2 de abril de 2008 por Acto número 270-2008, diligenciado por Clara Morcelo, Alguacil de Estrados de la Corte de Trabajo del Distrito Nacional, cuando se había vencido el plazo de cinco días establecido por el artículo 643 del Código de Trabajo para la notificación del recurso de casación, razón por la cual debe declararse su caducidad;

<span style="color: #666666; font-family: 'Verdana','sans-serif'; font-size: 12px;">B.J. NO. 1179, FEBRERO 2009.
 * <span style="color: #666666; font-family: 'Verdana','sans-serif'; font-size: 12px;">Considerando **<span style="color: #666666; font-family: 'Verdana','sans-serif'; font-size: 12px;">, que en la especie, la recurrente, con su alegato de que con el cambio de gobierno, en las empresas autónomas del Estado se producen despidos políticos, admite su responsabilidad en la terminación del contrato de trabajo del recurrido, lo que unido a la apreciación hecha por la Corte a-qua, al ponderar la prueba aportada, de que esa terminación se produjo sin ella invocar ninguna causa, permite advertir a esta corte que la decisión del Tribunal a-quo, de dar por establecida la existencia de un desahucio es correcta, y no se observa en la misma que para formar su criterio incurriera en desnaturalización alguna, razón por la cual los medios examinados carecen de fundamento y deben ser desestimados, y en consecuencia rechazado el presente recurso.

B.J. NO. 1179, FEBRERO 2009
 * <span style="color: #666666; font-family: 'Verdana','sans-serif'; font-size: 12px;">Considerando **<span style="color: #666666; font-family: 'Verdana','sans-serif'; font-size: 12px;">, que para cumplir el voto de la ley no basta la simple mención de un texto legal y de los principios jurídicos cuya violación se invoca; que es indispensable además que el recurrente desenvuelva, en el memorial introductivo del recurso, aunque sea de una manera sucinta, los medios en que lo funda, y que exponga en que consisten las violaciones por él denunciadas, y la forma en que éstas se cometieron, lo que no ha ocurrido en la especie, ya que la recurrente se limita a copiar citas jurisprudenciales, doctrinarias y algunos textos legales, sin la presentación de ningún medio y sin atribuir ninguna violación a la ordenanza recurrida, sino a la actuación del recurrido, lo que impide a esta corte, determinar si dicha ordenanza incurre en alguna violación que la haga susceptible de su casación, razón por la cual el recurso de casación debe ser declarado inadmisible.

<span style="color: #666666; font-family: 'Verdana','sans-serif'; font-size: 12px;">B.J. NO. 1179, FEBRERO 2009.
 * <span style="color: #666666; font-family: 'Verdana','sans-serif'; font-size: 12px;">Considerando **<span style="color: #666666; font-family: 'Verdana','sans-serif'; font-size: 12px;">, que al momento de la terminación del contrato de trabajo de la recurrida estaba vigente la Resolución núm. 4-2003, dictada por el Comité Nacional de Salarios en fecha 22 de septiembre del 2003, que establecía un salario mínimo de Cuatro Mil Novecientos Veinte Pesos Oro Dominicanos (RD$4,920.00) mensuales, por lo que el monto de veinte salarios mínimos ascendía a la suma de Noventa y Ocho Mil Cuatrocientos Pesos Oro Dominicanos (RD$98,400.00), cantidad que como es evidente no es excedida por la totalidad de las condenaciones que impone la sentencia recurrida, por lo que el recurso de que se trata debe ser declarado inadmisible, de conformidad con lo que prescribe el artículo 641 del Código de Trabajo, sin necesidad de examinar el contenido del medio propuesto.

<span style="color: #666666; font-family: 'Verdana','sans-serif'; font-size: 12px;">B.J. NO. 1179, FEBRERO 2009.
 * <span style="color: #666666; font-family: 'Verdana','sans-serif'; font-size: 12px;">Considerando **<span style="color: #666666; font-family: 'Verdana','sans-serif'; font-size: 12px;">, que en el escrito contentivo del recurso de casación los recurrentes se limitan a enunciar los tres medios propuestos, y a citar textualmente los artículos 640 y 641 del Código de Trabajo, sin desarrollarlos, y sin expresar de que manera la Corte a-qua incurrió en las violaciones que le atribuye, lo que impide a esta corte determinar, si en la especie, la ley ha sido bien o mal aplicada, por lo que el recurso debe ser declarado inadmisible al no cumplir con el voto de la ley;B.J. NO. 1179, FEBRERO 2009.
 * <span style="color: #666666; font-family: 'Verdana','sans-serif'; font-size: 12px;">Considerando **<span style="color: #666666; font-family: 'Verdana','sans-serif'; font-size: 12px;">, que en la especie, el Tribunal a-quo, tras ponderar las pruebas aportadas llegó a la conclusión de que el recurrido prestó sus servicios personales a la recurrente, de donde dio por establecida la existencia del contrato de trabajo, al tenor de la presunción prevista en el artículo 15 del Código de Trabajo y en ausencia de la prueba en contrario de parte del demandado, criterio éste que formó en uso al poder de apreciación de que disfrutan, sin que se advierta que en el examen de las mismas incurriera en desnaturalización alguna, razón por la cual los medios examinados carecen de fundamento y deben ser desestimados.

<span style="color: #666666; font-family: 'Verdana','sans-serif'; font-size: 12px;">B.J. NO. 1179, FEBRERO 2009.
 * <span style="color: #666666; font-family: 'Verdana','sans-serif'; font-size: 12px;">Considerando **<span style="color: #666666; font-family: 'Verdana','sans-serif'; font-size: 12px;">, que del estudio completo de la sentencia impugnada y de los documentos que forman el expediente, se advierte que en la especie, las recurrentes invocaron la prescripción de la demanda, sobre la base de que había sido lanzada después de vencido el plazo de dos meses que establece el artículo 702 para el inicio de las acciones en pago de indemnizaciones laborales por causa de dimisión, lo que fue rechazado por el Tribunal a-quo dando los motivos suficientes, no advirtiéndose que invocara la caducidad de dicha dimisión por violación al artículo 98 del Código de Trabajo, lo que posibilitó al Tribunal a-quo declararla justificada, al ponderar las pruebas aportadas y apreciar que las recurrentes no probaron haber cumplido con su obligación de pagar los derechos adquiridos al demandante durante varios años;

<span style="color: #666666; font-family: 'Verdana','sans-serif'; font-size: 12px;">B.J. NO. 1179, FEBRERO 2009.
 * <span style="color: #666666; font-family: 'Verdana','sans-serif'; font-size: 12px;">Considerando **<span style="color: #666666; font-family: 'Verdana','sans-serif'; font-size: 12px;">, que en la especie, del estudio de la sentencia impugnada y de los documentos que integran el expediente, se advierte, que el recurrente no impugnó la forma y el momento en que fueron depositados dichos documentos, sino, que al contrario, expresó no tener ninguna objeción que hacer al depósito tardío de los mismos, lo que descarta que el Tribunal a-quo incurriera en la violación denunciada en el memorial de casación.

<span style="color: #666666; font-family: 'Verdana','sans-serif'; font-size: 11px;">B.J. NO. 1180, MARZO 2009.
 * __<span style="color: #666666; font-family: 'Verdana','sans-serif'; font-size: 12px;">MARZO 2009. __**
 * <span style="color: #666666; font-family: 'Verdana','sans-serif'; font-size: 11px;">Considerando **<span style="color: #666666; font-family: 'Verdana','sans-serif'; font-size: 11px;">, que por otra parte, a pesar de tratarse de una ordenanza del Juez de los Referimientos que ordena la suspensión de la venta de un bien embargado, los recurrentes se limitan en el contenido del recurso a hacer señalamientos contra la sentencia que decidió la demanda en pago de indemnizaciones laborales y otros derechos, la que no fue objeto del presente recurso de casación, lo que impide a esta corte, determinar si la ordenanza impugnada incurre en alguna violación a la ley, razón por la cual el recurso de casación debe ser declarado inadmisible.

<span style="color: #666666; font-family: 'Verdana','sans-serif'; font-size: 11px;">B.J. NO. 1180, MARZO 2009.
 * <span style="color: #666666; font-family: 'Verdana','sans-serif'; font-size: 11px;">Considerando **<span style="color: #666666; font-family: 'Verdana','sans-serif'; font-size: 11px;">, que del estudio de la sentencia impugnada y de los documentos que forman el expediente se advierte que la Corte a-qua, tras ponderar las pruebas aportadas, llegó a la conclusión de que a la hora de la muerte del trabajador Tomás Antonio Pepín De la Cruz, éste prestaba sus servicios personales a la recurrente y que fue precisamente laborando para la misma que ocurrió su muerte, descartando que el contrato de trabajo que le ligaba con la empresa hubiere concluido anteriormente, sin que se advierta que al formar ese criterio incurriera en desnaturalización alguna;

<span style="color: #666666; font-family: 'Verdana','sans-serif'; font-size: 11px;">B.J. NO. 1180, MARZO 2009. <span style="color: #666666; font-family: 'Verdana','sans-serif'; font-size: 11px;">B.J. NO. 1180, MARZO 2009. <span style="color: #666666; font-family: 'Verdana','sans-serif'; font-size: 11px;">B.J. NO. 1180, MARZO 2009. <span style="color: #666666; font-family: 'Verdana','sans-serif'; font-size: 11px;">B.J. NO. 1180, MARZO 2009. <span style="color: #666666; font-family: 'Verdana','sans-serif'; font-size: 11px;">B.J. NO. 1180, MARZO 2009. <span style="color: #666666; font-family: 'Verdana','sans-serif'; font-size: 11px;">B.J. NO. 1180, MARZO 2009. <span style="color: #666666; font-family: 'Verdana','sans-serif'; font-size: 11px;">**Considerando**, que en ese tenor, el Tribunal a-quo examinó las pruebas aportadas por las partes y de la ponderación realizada de las mismas, formó su criterio de que la actual recurrente no pudo destruir la presunción, que a favor del trabajador crea el artículo 16 del Código de Trabajo, al no demostrar fehacientemente que éste devengaba un salario menor a la suma de Treinta Mil Pesos con 00/100 (RD$30,000.00) invocado en su reclamación, dando en consecuencia por establecido ese salario; <span style="color: #666666; font-family: 'Verdana','sans-serif'; font-size: 11px;">B.J. NO. 1180, MARZO 2009. <span style="color: #666666; font-family: 'Verdana','sans-serif'; font-size: 11px;">B.J. NO. 1180, MARZO 2009. <span style="color: #666666; font-family: 'Verdana','sans-serif'; font-size: 11px;">B.J. NO. 1180, MARZO 2009. <span style="color: #666666; font-family: 'Verdana','sans-serif'; font-size: 11px;">**Considerando**, que es interés de todo recurrente, el hacer aniquilar los efectos de la sentencia impugnada; que cuando, como en el presente caso, las partes, mediante transacción acuerdan poner término a la litis y el recurrente presta aquiescencia a la decisión impugnada, es evidente que carece de interés estatuir sobre dicho recurso;
 * <span style="color: #666666; font-family: 'Verdana','sans-serif'; font-size: 11px;">Considerando **<span style="color: #666666; font-family: 'Verdana','sans-serif'; font-size: 11px;">, que en la especie, la propia recurrente admite, que la prueba de la justa causa del despido la presentó en su declaración en la comparecencia personal, tal como lo señala la Corte a-qua, con lo que se verifica que dicho tribunal actuó correctamente al declarar injustificado el despido, razón por la cual los medios que se examinan carecen de fundamento y deben ser desestimados.
 * <span style="color: #666666; font-family: 'Verdana','sans-serif'; font-size: 11px;">Considerando **<span style="color: #666666; font-family: 'Verdana','sans-serif'; font-size: 11px;">, que en tales circunstancias, y frente al reconocimiento del tribunal de que el trabajador demandó a la recurrente invocando haber sido despedido, la declaratoria hecha por el Tribunal a-quo de que dicho contrato de trabajo continuó entre las partes, no resulta respaldada por motivos suficientes y pertinentes que permitan a esta corte, en sus funciones de Corte de Casación, verificar la correcta aplicación de la ley, razón por la cual la sentencia impugnada debe ser casada;
 * <span style="color: #666666; font-family: 'Verdana','sans-serif'; font-size: 11px;">Considerando **<span style="color: #666666; font-family: 'Verdana','sans-serif'; font-size: 11px;">, que en la especie, la actual recurrente demandó en pago de indemnizaciones laborales, alegando un despido en su contra, por lo que el tribunal no podía decretar la nulidad de la terminación del contrato de trabajo, aun cuando hubiere determinado, como en efecto determinó que el contrato de referencia terminó por desahucio ejercido por el empleador, pues esa no era la finalidad de la demanda original ni fue acogido por el juzgado de trabajo, por lo que carecía de relevancia el examen de documentos tendientes a demostrar esa situación;B.J. NO. 1180, MARZO 2009.
 * <span style="color: #666666; font-family: 'Verdana','sans-serif'; font-size: 11px;">Considerando **<span style="color: #666666; font-family: 'Verdana','sans-serif'; font-size: 11px;">, que en la sentencia impugnada también se hace constar, que frente al alegato de la recurrida, en el sentido de que el recurso de apelación era extemporáneo, la recurrente no hizo ningún pronunciamiento al respecto, limitándose a presentar conclusiones al fondo, con lo que le reconoció validez a la referida notificación, de donde se deriva que el alegato de que ésta no cumplió con los requisitos legales, constituye un medio nuevo en casación, por lo que el mismo debe ser declarado inadmisible.
 * <span style="color: #666666; font-family: 'Verdana','sans-serif'; font-size: 11px;">Considerando **<span style="color: #666666; font-family: 'Verdana','sans-serif'; font-size: 11px;">, que entre los documentos referidos por la sentencia impugnada como depositados por la recurrente un decreto, sin especificar en que consiste el mismo, el que, del estudio del expediente resulta ser el número 14-88, expedido el 13 de enero del 1988, por el Poder Ejecutivo mediante el cual se declara zona franca especial la sociedad “informática Y Telecomunicaciones, C. por A., la que por resolución número 00001-04-CN, del Consejo Nacional de Zonas Francas, del 8 de enero del 2004, adquirió el nombre de la actual recurrente, lo que constituye una prueba de que ésta tiene la condición de empresa de zona franca;
 * <span style="color: #666666; font-family: 'Verdana','sans-serif'; font-size: 11px;">Considerando **<span style="color: #666666; font-family: 'Verdana','sans-serif'; font-size: 11px;">, que en la especie, el recurrente fundamenta su recurso en el rechazo de la reclamación formulada por la demandante en pago de daños y perjuicios, alegando que el tribunal confundió el fundamento de esa reclamación y de que la misma no fue decidida en el dispositivo de la sentencia, vicios éstos, que aún cuando existieren en la sentencia impugnada, favorecen al recurrente, por cuanto una reclamación en su contra no fue acogida por el Tribunal a-quo, lo que lo descalifica para presentarlos como medios de casación, razón por la cual el recurso debe ser declarado inadmisible por falta de interés y a la vez carecer de medios ponderables.
 * <span style="color: #666666; font-family: 'Verdana','sans-serif'; font-size: 11px;">Considerando **<span style="color: #666666; font-family: 'Verdana','sans-serif'; font-size: 11px;">, que al momento de la terminación del contrato de trabajo de la recurrente estaba vigente la Resolución núm. 5-2004, dictada por el Comité Nacional de Salarios, en fecha 12 de noviembre del 2004, que establecía un salario mínimo de Seis Mil Cuatrocientos Pesos Oro Dominicanos (RD$6,400.00), mensuales, por lo que el monto de veinte salarios mínimos ascendía a la suma de Ciento Veintiocho Mil Pesos Oro Dominicanos (RD$128,000.00), cantidad que como es evidente no es excedida por la totalidad de las condenaciones que impone la sentencia recurrida, por lo que el recurso de que se trata debe ser declarado inadmisible, de conformidad con lo que prescribe el artículo 641 del Código de Trabajo, sin necesidad de examinar el medio del recurso;
 * <span style="color: #666666; font-family: 'Verdana','sans-serif'; font-size: 11px;">Considerando **<span style="color: #666666; font-family: 'Verdana','sans-serif'; font-size: 11px;">, que del estudio del expediente formado en ocasión del presente recurso se advierte que la sentencia impugnada le fue notificada a la empresa recurrente el día 5 del mes de septiembre de 2007, mediante Acto número 873-07, diligenciado por Fausto A. Del Orbe Pérez, Alguacil de Estrados del Juzgado del Trabajo del Distrito Nacional, mientras que dicha empresa depositó el escrito contentivo del recurso de casación, en la secretaría de la Corte de Trabajo del Departamento Judicial de Santo Domingo, el 23 de enero de 2008, cuando ventajosamente se había vencido el plazo de un mes, prescrito por el referido artículo 641 del Código de Trabajo, por lo que el mismo fue interpuesto extemporáneamente, razón por la cual debe ser declarado inadmisible.
 * <span style="color: #666666; font-family: 'Verdana','sans-serif'; font-size: 11px;">Considerando **<span style="color: #666666; font-family: 'Verdana','sans-serif'; font-size: 11px;">, que al momento de la terminación del contrato de trabajo del recurrente estaba vigente la Resolución núm. 5-2004, dictada por el Comité Nacional de Salarios, en fecha 12 de noviembre de 2004, que establecía un salario mínimo de Cinco Mil Cuatrocientos Pesos Oro Dominicanos (RD$5,400.00), mensuales, para los vigilantes de compañías de guardianes, por lo que el monto de veinte salarios mínimos ascendía a la suma de Ciento Ocho Mil Pesos Oro Dominicanos (RD$108,000.00), cantidad que como es evidente no es excedida por la totalidad de las condenaciones que impone la sentencia recurrida, por lo que el recurso de que se trata debe ser declarado inadmisible, de conformidad con lo que prescribe el artículo 641 del Código de Trabajo, sin necesidad de examinar los medios del recurso.B.J. NO. 1180, MARZO 2009.

<span style="color: #666666; font-family: 'Verdana','sans-serif'; font-size: 11px;">B.J. NO. 1180, MARZO 2009.
 * <span style="color: #666666; font-family: 'Verdana','sans-serif'; font-size: 11px;">Considerando **<span style="color: #666666; font-family: 'Verdana','sans-serif'; font-size: 11px;">, que en la especie, se advierte que el recurso de apelación interpuesto por las entonces recurridas se limitó a solicitar al Tribunal a-quo que declarara inadmisible la demanda original intentada por el actual recurrido, pero en forma confusa y contradictoria, solicitó a la vez que se confirmara en todas sus partes la sentencia apelada, y consecuencialmente, rechazando en todas sus partes la demanda principal, tal como lo había decidido el tribunal de primer grado, lo que revela que más que un recurso de apelación incidental, se trató de un escrito de defensa, presentado como respuesta al recurso de apelación interpuesto por el señor Pedro Reyes;

B.J. NO. 1180, MARZO 2009.
 * Considerando**, que al momento de la terminación del contrato de trabajo del recurrente estaba vigente la Resolución núm. 5-2004, dictada por el Comité Nacional de Salarios, en fecha 12 de noviembre de 2004, que establecía un salario mínimo de Cinco Mil Cuatrocientos Pesos Oro Dominicanos (RD$5,400.00), mensuales, para los vigilantes de compañías de guardianes, por lo que el monto de veinte salarios mínimos ascendía a la suma de Ciento Ocho Mil Pesos Oro Dominicanos (RD$108,000.00), cantidad que como es evidente no es excedida por la totalidad de las condenaciones que impone la sentencia recurrida, por lo que el recurso de que se trata debe ser declarado inadmisible, de conformidad con lo que prescribe el artículo 641 del Código de Trabajo, sin necesidad de examinar el medio del recurso.

<span style="color: #666666; font-family: 'Verdana','sans-serif'; font-size: 11px;">B.J. NO. 1180, MARZO 2009.
 * <span style="color: #666666; font-family: 'Verdana','sans-serif'; font-size: 11px;">Considerando **<span style="color: #666666; font-family: 'Verdana','sans-serif'; font-size: 11px;">, que contrario a lo propuesto por la parte recurrente, la Corte a-qua no estaba obligada a ponderar la solicitud de compensación derivada de indemnizaciones eventuales por faltas penales del trabajador, pues de conformidad con las disposiciones del artículo 711 del Código de Trabajo, en los casos de infracciones conexas a litigios en curso ante los tribunales de trabajo, la acción pública queda sobreseida, hasta que dichos tribunales decidan definitivamente; razones éstas que hacen que dicho argumento carezca de base legal;B.J. NO. 1180, MARZO 2009.
 * <span style="color: #666666; font-family: 'Verdana','sans-serif'; font-size: 11px;">Considerando **<span style="color: #666666; font-family: 'Verdana','sans-serif'; font-size: 11px;">, que la sentencia impugnada, da constancia de que en el expediente objeto de este recurso no figura ningún documento que con tenga recusación contra ninguno de los jueces que integran el Tribunal a-quo, aseveración ésta que debe ser aceptada como expresión de la verdad, dado el carácter de acto auténtico de que están investidas las sentencias judiciales, y el hecho cierto, de que el recurrente, a pesar de objetar esa aseveración no presentó ante esta Corte de Casación, documentación alguna que revelara lo contrario, y que en consecuencia pudiere hacer ver en el fallo impugnado una desnaturalización de los hechos, razón por la cual el medio examinado carece de fundamento y debe ser desestimado.

B.J. NO. 1180, MARZO 2009.
 * <span style="color: #666666; font-family: 'Verdana','sans-serif'; font-size: 11px;">Considerando **<span style="color: #666666; font-family: 'Verdana','sans-serif'; font-size: 11px;">, que en la especie, el recurrente no expresa, ni esta Corte ha podido advertir, que el no pronunciamiento de la inadmisibilidad del escrito de defensa de la actual recurrida, haya repercutido en la decisión dada por la Corte a-qua al recurso de apelación de que se trata, ni en que forma hubiere variado la misma en caso de ser acogido su pedimento, razón por la cual el medio que se examina carece de fundamento y debe ser desestimado.

<span style="color: #666666; font-family: 'Verdana','sans-serif'; font-size: 11px;">B.J. NO. 1180, MARZO 2009.
 * <span style="color: #666666; font-family: 'Verdana','sans-serif'; font-size: 11px;">Considerando **<span style="color: #666666; font-family: 'Verdana','sans-serif'; font-size: 11px;">, que al momento de la terminación del contrato de trabajo del recurrente estaba vigente la Resolución núm. 5-2004, dictada por el Comité Nacional de Salarios, en fecha 12 de noviembre del 2004, que establecía un salario mínimo de Seis Mil Cuatrocientos Pesos Oro Dominicanos (RD$6,400.00), mensuales, por lo que el monto de veinte salarios mínimos ascendía a la suma de Ciento Veintiocho Mil Pesos Oro Dominicanos (RD$128,000.00), cantidad que como es evidente no es excedida por la totalidad de las condenaciones que impone la sentencia recurrida, por lo que el recurso de que se trata debe ser declarado inadmisible, de conformidad con lo que prescribe el artículo 641 del Código de Trabajo, sin necesidad de examinar los medios del recurso;

<span style="color: #666666; font-family: 'Verdana','sans-serif'; font-size: 11px;">B.J. NO. 1180, MARZO 2009.
 * <span style="color: #666666; font-family: 'Verdana','sans-serif'; font-size: 11px;">Considerando **<span style="color: #666666; font-family: 'Verdana','sans-serif'; font-size: 11px;">, que al momento de la terminación del contrato del recurrente estaba vigente la Resolución número 5-2004 dictada por el Comité Nacional de Salarios, el 12 de noviembre del 2004, que fijaba un salario mínimo de Seis Mil Cuatrocientos Pesos Oro con 00/100 (RD$6,400.00), por lo que el monto de veinte salarios mínimos ascendía a RD$128,000.00, suma que, como es evidente, no es excedida por el monto de la condenaciones que impone la sentencia impugnada, razón por la cual el recurso debe ser declarado inadmisible, de conformidad con el artículo 641 del Código de Trabajo;

<span style="color: #666666; font-family: 'Verdana','sans-serif'; font-size: 11px;">B.J. NO. 1180, MARZO 2009.
 * <span style="color: #666666; font-family: 'Verdana','sans-serif'; font-size: 11px;">Considerando **<span style="color: #666666; font-family: 'Verdana','sans-serif'; font-size: 11px;">, que al momento de la terminación del contrato de trabajo del recurrente estaba vigente la Resolución núm. 1-2007, dictada por el Comité Nacional de Salarios, en fecha 1 de abril del 2007, que establecía un salario mínimo de Siete Mil Trescientos Sesenta Pesos Oro Dominicanos (RD$7,360.00), por lo que el monto de veinte salarios mínimos ascendía a la suma de Ciento Cuarenta y Siete Mil Doscientos Pesos Oro Dominicanos (RD$147,200.00), cantidad que como es evidente no es excedida por la totalidad de las condenaciones que impone la sentencia impugnada, por lo que el recurso de que se trata debe ser declarado inadmisible, de conformidad con lo que prescribe el artículo 641 del Código de Trabajo, sin necesidad de examinar los medios del recurso.

<span style="color: #666666; font-family: 'Verdana','sans-serif'; font-size: 11px;">B.J. NO. 1180, MARZO 2009.
 * <span style="color: #666666; font-family: 'Verdana','sans-serif'; font-size: 11px;">Considerando **<span style="color: #666666; font-family: 'Verdana','sans-serif'; font-size: 11px;">, que en la especie, el Tribunal a-quo apreció que la sentencia cuya suspensión había sido solicitada, sin el depósito de una fianza, contenía un error grosero, al señalarse en la misma que el depósito de la comunicación de dimisión había sido hecha en la Provincia de La Altagracia, cuando en verdad ocurrió en la Secretaría de Estado de Trabajo, en la ciudad de Santo Domingo, lo que utilizó como motivo para mantener la suspensión de la ejecución de dicha sentencia, que ya había logrado la demandada, pero sin el depósito de la garantía que voluntariamente esa parte había consignado, decisión ésta, acorde con la apreciación hecha por el Juez a-quo y las facultades que tiene el Presidente de la Corte de Trabajo, actuando como Juez de los Referimientos, sin que se advierta que al adoptar esa decisión enfrentara contestación alguna ni incurra en violación a normas jurídicas, razón por la cual los medios examinados carecen de fundamento y deben ser desestimados, y en consecuencia rechazado el presente recurso.

<span style="color: #666666; font-family: 'Verdana','sans-serif'; font-size: 11px;">B.J. NO. 1180, MARZO 2009.
 * <span style="color: #666666; font-family: 'Verdana','sans-serif'; font-size: 11px;">Considerando **<span style="color: #666666; font-family: 'Verdana','sans-serif'; font-size: 11px;">, que en la especie, el Tribunal a-quo llegó a la conclusión de que el demandante prestaba sus servicios personales a los recurrentes en virtud de la existencia de un contrato de trabajo por tiempo indefinido, criterio que se formó, tras ponderar las pruebas aportadas y haciendo uso del referido poder de apreciación, sin que se advierta que incurriera en desnaturalización alguna, por lo que ese aspecto del recurso debe ser rechazado;

<span style="color: #666666; font-family: 'Verdana','sans-serif'; font-size: 11px;">B.J. NO. 1180, MARZO 2009.
 * <span style="color: #666666; font-family: 'Verdana','sans-serif'; font-size: 11px;">Considerando **<span style="color: #666666; font-family: 'Verdana','sans-serif'; font-size: 11px;">, que al momento de la terminación del contrato de trabajo del recurrido estaba vigente la Resolución núm. 5-2004, dictada por el Comité Nacional de Salarios en fecha 12 de noviembre de 2004, que establecía un salario mínimo de Seis Mil Cuatrocientos Pesos con 00/100 (RD$6,400.00), por lo que el monto de veinte salarios mínimos ascendía a la suma de Ciento Veintiocho Mil Pesos con 00/100 (RD$128,000.00), cantidad que como es evidente no es excedida por la totalidad de las condenaciones que impone la sentencia impugnada, por lo que el recurso de que se trata debe ser declarado inadmisible, de conformidad con lo que prescribe el artículo 641 del Código de Trabajo, sin necesidad de examinar los medios del recurso.