JURISPRUDENCIA+AÑO+2010

TRABAJAR JURISPRUDENCIA AÑO 2010. AQUI Biany Carolina Piña de los Santos FELICIDADES, EL TRABAJO NO VA MAL; FAVOR CONSIDERAR QUE UNA SENTENCIA PUEDE TENER MAS DE UN CONSIDERANDO IMPORTANTE, TAL COMO APARECE ESTA PRIMERA SENTENCIA. ÉXITOS.

**ENERO ** **LABORAL ** B.J. NO. 1190, ENERO 2010.
 * Considerando **, que al no haber en el Código de Trabajo una disposición que prescriba expresamente la sanción que corresponde cuando la notificación del memorial al recurrido no se haya hecho en el plazo de cinco días a que se refiere el artículo 643 del referido código, debe aplicarse la sanción prevista en el artículo 7 de la Ley núm. 3726, del 23 de noviembre de 1966, que declara caduco el recurso, cuando el recurrente no emplazare al recurrido en el término fijado por la ley. Esta caducidad será pronunciada a pedimento de la parte interesada o de oficio;
 * Considerando **, que dejando de computar dentro del plazo establecido el día a-quo y el día a-quem, así como el 1 de mayo, festivo por ser el día Internacional de Trabajo y el 3 de de mayo, por ser domingo, no laborable, en acatamiento de las disposiciones del referido artículo 495 del Código de Trabajo, el plazo para la notificación del recurso vencía el 5 de mayo de 2009, por lo que al haberse hecho el día 8 de mayo de 2009, el mismo fue notificado después del vencido el plazo legal, razón por la cual debe declararse su caducidad;

B.J. NO. 1190, ENERO 2010 (DESISTIDA)

B.J. NO. 1190, ENERO 2010 (INADMISIBLE)

B.J. NO. 1190, ENERO 2010


 * Considerando **, que en la especie, el Tribunal a-quo, tras ponderar las pruebas aportadas por las partes, llegó a la conclusión de que el salario que devengaba el actual recurrido era de un promedio de Once Mil Seiscientos Setenta Pesos con 91/100 (RD$11,670.91) mensuales y que la suma ofertada por la actual recurrida para cubrir el pago de las indemnizaciones laborales y otros derechos adeudados, excedía el monto que correspondía al trabajador demandante, lo que determinó que la misma fuere declarada buena y válida, sin que se advierta que al formar su criterio la Corte a-qua incurriera en desnaturalización alguna;

 **Considerando**, que la sentencia impugnada contiene una relación completa de los hechos y motivos suficientes y pertinentes que permiten a esta corte verificar la correcta aplicación de la ley, razón por la cual los medios examinados carecen de fundamento y deben ser desestimados.

B.J. NO. 1190, ENERO 2010 (INADMISIBLE)

B.J. NO. 1190, ENERO 2010
 * <span style="color: #666666; font-family: Arial,sans-serif; font-size: 9pt;">Considerando **<span style="color: #666666; font-family: Arial,sans-serif; font-size: 9pt;">, que los jueces del fondo son los que están en facultad de determinar cuando la indicada presunción ha sucumbido por la prueba contraria que se haga de los hechos presumidos, para lo que cuentan con un soberano poder de apreciación de las pruebas regularmente aportadas, el cual escapa al control de la casación, salvo cuando incurran en alguna desnaturalización;
 * <span style="color: #666666; font-family: Arial,sans-serif; font-size: 9pt;">Considerando **<span style="color: #666666; font-family: Arial,sans-serif; font-size: 9pt;">, que en la especie, el Tribunal a-quo, tras examinar las pruebas aportadas, llegó a la conclusión de que la recurrente no presentó la prueba relativa a que la jornada de trabajo a que estaban sometidos los recurridos fuera distinta a la invocada por ellos, por lo que se imponía al tribunal acoger ésta como la real y consecuencialmente declarar justificada la dimisión de sus contratos de trabajo, por haber estado basada en faltas cometidas por el empleador en su contra, sin que se advierta que incurriera en desnaturalización alguna, razón por la cual los medios examinados carecen de fundamento y deben ser desestimados.

<span style="color: #666666; font-family: Arial,sans-serif; font-size: 9pt;">B.J. NO. 1190, ENERO 2010
 * <span style="color: #666666; font-family: Arial,sans-serif; font-size: 9pt;">Considerando **<span style="color: #666666; font-family: Arial,sans-serif; font-size: 9pt;">, que la contradicción de motivos produce un anonadamiento de éstos, lo que genera una falta de motivos, que si es de gravedad por tratarse sobre aspectos fundamentales de una litis, es una causal de casación de la sentencia que se impugne a través de un recurso de casación basado en dicha contradicción;
 * <span style="color: #666666; font-family: Arial,sans-serif; font-size: 9pt;">Considerando **<span style="color: #666666; font-family: Arial,sans-serif; font-size: 9pt;">, que siendo el establecimiento del salario devengado por el trabajador demandante un elemento importante para la solución del caso de la especie, la sentencia impugnada, en vista de la contradicción arriba apuntada incurre en el vicio de falta de motivos, razón por la cual la misma debe ser casada, sin necesidad de examinar los demás medios del recurso;

<span style="color: #666666; font-family: Arial,sans-serif; font-size: 9pt;">B.J. NO. 1190, ENERO 2010
 * <span style="color: #666666; font-family: Arial,sans-serif; font-size: 9pt;">Considerando, **<span style="color: #666666; font-family: Arial,sans-serif; font-size: 9pt;"> que del estudio de la sentencia impugnada y de los documentos que forman el expediente, se advierte, que ante la Corte a-qua depusieron como testigos, presentados por el actual recurrente, los nombrados Reyes De los Santos y Pedro Félix, cuyas declaraciones constan en las actas de audiencias correspondientes;
 * <span style="color: #666666; font-family: Arial,sans-serif; font-size: 9pt;">Considerando **<span style="color: #666666; font-family: Arial,sans-serif; font-size: 9pt;">, que sin embargo, en la sentencia impugnada el Tribunal a-quo sólo hace mención de las declaraciones de Reyes De los Santos, las cuales analiza y descarta como medio probatorio, pero sin hacer ninguna mención en cuanto al testimonio prestado por Pedro Félix, omisión ésta, que impide a esta Corte, en sus funciones de Corte de Casación, verificar si la apreciación de la prueba hecha por la Corte a-qua es correcta, razón por la cual la decisión debe ser casada por falta de base legal;

<span style="color: #666666; font-family: Arial,sans-serif; font-size: 9pt;">B.J. NO. 1190, ENERO 2010 (INADMISIBLE)

<span style="color: #666666; font-family: Arial,sans-serif; font-size: 9pt;">B.J. NO. 1190, ENERO 2010
 * <span style="color: #666666; font-family: Arial,sans-serif; font-size: 9pt;">Considerando, **<span style="color: #666666; font-family: Arial,sans-serif; font-size: 9pt;">que el artículo 712 del Código de Trabajo al liberar al demandante de la prueba del perjuicio de los daños por él sufridos en ocasión de la comisión de una falta atribuida al demandado, no exime al juez del cumplimiento de su obligación de apreciar en que consistieron esos daños, haciendo una justa valoración de los mismos, a fin de que el resarcimiento sea cónsono con el perjuicio sufrido;

<span style="color: #666666; font-family: Arial,sans-serif; font-size: 9pt;"> **Considerando,** que por los motivos expuestos por la Corte a-qua en la sentencia impugnada, en algunos de los cuales se minimiza el daño sufrido por el demandante para al imponer a la recurrente la suma de Un Millón de Pesos (RD$1,000.000.00) por concepto de los daños y perjuicios que a su juicio sufrió el recurrido por la falta cometida en su contra, dicho monto resulta excesivo y desproporcionado en relación a los mismos, razón por la cual dicha decisión debe ser casada por carecer de base legal;

<span style="color: #666666; font-family: Arial,sans-serif; font-size: 9pt;">B.J. NO. 1190, ENERO 2010
 * <span style="color: #666666; font-family: Arial,sans-serif; font-size: 9pt;">Considerando, **<span style="color: #666666; font-family: Arial,sans-serif; font-size: 9pt;"> que para que se presuma la existencia de un contrato de trabajo, al tenor de las disposiciones del artículo 15 del Código de Trabajo, es necesario que quien se pretenda trabajador, demuestre haber prestado un servicio personal a otro, con lo que se establecería la relación de trabajo;
 * <span style="color: #666666; font-family: Arial,sans-serif; font-size: 9pt;">Considerando, **<span style="color: #666666; font-family: Arial,sans-serif; font-size: 9pt;"> que en la especie, la Corte a-qua, tras ponderar las pruebas aportadas llegó a la conclusión de que los recurrentes no demostraron haberles prestado sus servicios personales a la recurrida y que esto hiciera presumir la existencia de un contrato de trabajo, ni aportaron prueba alguna de esa vinculación contractual, sin que se advierta que para formar ese criterio esta incurriere en desnaturalización alguna, razón por la cual el medio examinado carece de fundamento y debe ser desestimado y en consecuencia rechazado el presente recurso.

<span style="color: #666666; font-family: Arial,sans-serif; font-size: 9pt;">B.J. NO. 1190, ENERO 2010 (INADMISIBLE)

<span style="color: #595959; font-family: Arial,sans-serif; font-size: 9pt;">B.J. NO. 1190, ENERO 2010
 * <span style="color: #666666; font-family: Arial,sans-serif; font-size: 9pt;">Considerando, **<span style="color: #666666; font-family: Arial,sans-serif; font-size: 9pt;">que el principio de universalidad que prima en el Régimen de Seguridad Social instituido en el país por la Ley 87-01, aplicable en el caso que nos ocupa, obliga a los empleadores a registrar en el mismo a todos sus trabajadores, sin importar el monto del salario que éstos devenguen, de suerte que el no cumplimiento de esa obligación puede originar daños y perjuicio al trabajador afectado, cuya reparación debe ser decidida por los jueces del fondo;
 * <span style="color: #666666; font-family: Arial,sans-serif; font-size: 9pt;">Considerando **<span style="color: #666666; font-family: Arial,sans-serif; font-size: 9pt;">, que la sentencia impugnada contiene una relación completa de los hechos y motivos suficientes y pertinentes que permiten a esta corte verificar la correcta aplicación de la ley, razón por la cual el medio propuesto y examinado carece de fundamento y debe ser desestimado y en consecuencia rechazado el presente recurso.

<span style="color: #666666; font-family: Arial,sans-serif; font-size: 9pt;">B.J. NO. 1190, ENERO 2010 (INADMISIBLE)

<span style="color: #666666; font-family: Arial,sans-serif; font-size: 9pt;">B.J. NO. 1190, ENERO 2010
 * <span style="color: #666666; font-family: Arial,sans-serif; font-size: 9pt;">Considerando, **<span style="color: #666666; font-family: Arial,sans-serif; font-size: 9pt;"> que el artículo 643 del Código de Trabajo dispone que: “En los cinco días que sigan al depósito del escrito, el recurrente debe notificar copia del memorial a la parte contraria”;
 * <span style="color: #666666; font-family: Arial,sans-serif; font-size: 9pt;">Considerando **<span style="color: #666666; font-family: Arial,sans-serif; font-size: 9pt;">, que del estudio del expediente abierto en ocasión del presente recurso se advierte que el escrito contentivo del recurso de casación fue depositado en la Secretaría de la Corte de Trabajo del Departamento Judicial de la Vega el 28 de abril de 2008, siendo notificado a los recurridos el 15 de agosto de 2008, mediante acto número 788-2008, diligenciado por Julio Cesar Florentino R., Alguacil de Estrados del Juzgado de Trabajo del Distrito Judicial de Monseñor Nouel, cuando ya había vencido ampliamente el plazo de cinco días que prescribe el referido artículo 643 del Código de Trabajo para esos fines, razón por la cual procede declarar la caducidad del presente recurso.

<span style="color: #666666; font-family: Arial,sans-serif; font-size: 9pt;">B.J. NO. 1190, ENERO 2010
 * <span style="color: #666666; font-family: Arial,sans-serif; font-size: 9pt;">Considerando, **<span style="color: #666666; font-family: Arial,sans-serif; font-size: 9pt;">que asimismo consta en dicha sentencia: “que este tribunal advierte que el Confotur, es el órgano competente para otorgar clasificación a los proyectos turísticos en virtud del artículo 8 de la Ley 158-01; que mediante su Resolución núm. 81-2004 de fecha 4 de agosto del año 2004 y la Resolución núm. 116-2005, de fecha 18 de enero del año 2005, resolvió en la primera otorgar la clasificación definitiva al proyecto turístico “Campo de Golf Dye Fore” a ser desarrollado por la sociedad comercial Costasur Dominicana, s. A., conforme a la Ley núm. 158-01 y sus modificaciones; que como consecuencia de esa clasificación dicho proyecto “Campo de Golf Dye Fore” es beneficiario de los incentivos y beneficios de dichas leyes, derechos y recargos, entre ellos el impuesto a las transferencias de bienes industrializados y servicios y el impuesto a la propiedad inmobiliaria (antiguo IVSS), de conformidad con el artículo 4 de la Ley núm. 158-01, modificado por la Ley núm. 184-02; que asimismo se advierte que la empresa Suma American Trading, Inc., es primer adquiriente de un inmueble ubicado dentro del proyecto “Campo de Golf Dye Fore”, proyecto clasificado por el Confotur para beneficiarse de las exenciones concedidas por la Ley núm. 158-01; que al estar localizado el inmueble adquirido por Suma American Trading, Inc., en el proyecto Campo de Golf Dye Fore, clasificado y beneficiado con exenciones por el Consejo de Fomento Turístico de la Secretaria de Estado de Turismo (Confotur), y haberlo adquirido dicha empresa directamente de la promotora Costasur Dominicana, S. A., la hace beneficiaria de las exenciones consignadas en el inciso b) del artículo 4 de la Ley núm. 158-01, que establece la exención de pago de los impuestos en un 100% del Impuesto Sobre Vivienda Suntuaria y Solares No Edificados (IVSS). Que asimismo, y conforme al inciso b) del referido artículo 4, la empresa recurrente como adquiriente directa del proyecto también es beneficiaria de la exención relativa a los impuestos nacionales y municipales por derechos de transferencia del inmueble adquirido”; (Sic),
 * <span style="color: #666666; font-family: Arial,sans-serif; font-size: 9pt;">Considerando **<span style="color: #666666; font-family: Arial,sans-serif; font-size: 9pt;">, que lo transcrito precedentemente revela que, contrario a lo que alega la recurrente, al establecer en su sentencia que la hoy recurrida “también es beneficiaria de la exención relativa a los impuestos nacionales y municipales por derechos de transferencia del inmueble adquirido”, el Tribunal a-quo interpretó y aplicó correctamente las disposiciones legales que rigen la materia, ya que, tal como se consigna en el fallo impugnado, de acuerdo a las disposiciones de la Ley núm. 184-02 en su artículo 8 párrafo IV, que introduce modificaciones a la Ley núm. 158-01, se dispone que las exenciones contenidas en la citada ley también aprovecharan a las personas físicas o morales que realicen una o varias inversiones directamente con los promotores o desarrolladores del proyecto beneficiario de incentivos turísticos, lo que aplica en la especie, ya que tal como lo establece el Tribunal a-quo en su decisión “el inmueble de que se trata fue adquirido por la hoy recurrida mediante compra directa a la empresa Costa Sur Dominicana, S. A., que es la empresa desarrolladora o promotora del proyecto Campo de Golf Dye Fore, beneficiario de incentivos turísticos de acuerdo a resolución del Confotur”; que en consecuencia, al decidir que la exención del impuesto sobre vivienda suntuaria favorecía a la hoy recurrida por haber hecho su inversión directamente con la empresa promotora del proyecto y ordenar a la Dirección General de Impuestos Internos que proceda al reembolso de los montos pagados por la recurrida por dicho concepto, al tratarse de un impuesto indebido, el Tribunal a-quo estableció motivos suficientes y pertinentes que justifican lo decidido y que permiten a esta Suprema Corte comprobar que, en el presente caso, se ha hecho una buena aplicación de la ley, sin incurrir en los vicios denunciados por la recurrente; por lo que procede rechazar los medios propuestos y analizados, así como el recurso de casación de que se trata, por improcedente y mal fundado;

<span style="color: #666666; font-family: Arial,sans-serif; font-size: 9pt;">B.J. NO. 1190, ENERO 2010
 * <span style="color: #666666; font-family: Verdana,sans-serif; font-size: 8pt;">Considerando **<span style="color: #666666; font-family: Verdana,sans-serif; font-size: 8pt;">, que lo transcrito precedentemente permite establecer que, si bien es cierto, que tal como alega la recurrente, el Tribunal a-quo incurrió en una errada interpretación sobre la vigencia de la ley en el tiempo, al establecer en uno de los motivos de su sentencia que el plazo de 45 días previsto para acogerse a los beneficios de la Ley de Amnistía núm. 183-07 corre a partir de su promulgación, la que se produjo el 24 de julio de 2007, afirmación que no es correcta, ya que la etapa definitiva que marca el inicio de vigencia de una ley es su publicación, que se materializa en fecha posterior a la promulgación y que le confiere obligatoriedad a la ley frente al público una vez que hayan transcurrido los plazos indicados en la misma para que se repute conocida en cada parte del territorio nacional, lo que en la especie ocurrió a partir del día 3 de agosto de 2007, fecha en que fue publicada la referida ley, y no a partir del 24 de julio de dicho año como consignara erróneamente dicho tribunal, por lo que su decisión carece de base legal, en ese aspecto; pero, no menos cierto es que, independientemente de este error, el análisis de los demás motivos del fallo impugnado revelan que, al anular la Resolución de Reconsideración núm. 36-08 dictada por la Dirección General de Impuestos Internos y considerar que los períodos fiscales 2004 y 2005 se beneficiaban de la Ley de Amnistía Fiscal, dicho tribunal estableció motivos suficientes y pertinentes que justifican su decisión, ya que según consta en la sentencia impugnada pudo establecer que la empresa recurrente en fecha 4 de septiembre del año 2007, es decir dentro del plazo de los 45 días, solicitó a la Dirección General de Impuestos Internos, de conformidad con el artículo 2 de la Ley núm. 183-07, acogerse a la Amnistía Fiscal del Impuesto sobre la Renta, impuesto a las Transferencias de Bienes Industrializados y Servicios (ITBIS) y retenciones; que en respuesta a dicha solicitud la Dirección General de Impuestos Internos, a través de su Subdirectora de Recaudación, aprobó y autorizó expresamente a la recurrente para que se acogiera a la amnistía fiscal porque cumplía con los requisitos necesarios, conforme a comunicación núm. 57046 de fecha 2 de octubre del año 2007 de dicha dirección general, habiéndose efectuado el pago correspondiente a los períodos amnistiados; que en consecuencia, al decidir en su sentencia que la amnistía otorgada a la hoy recurrida por la Dirección General de Impuestos Internos abarcaba los períodos fiscales 2004 y 2005, que fueron notificados por dicha dirección general de forma concomitante a la promulgación de la ley, por lo que no habían sido previamente fiscalizados como pretende la recurrente, el Tribunal a-quo aplicó correctamente las disposiciones de la ley de amnistía a los hechos soberanamente apreciados, sin incurrir en los vicios por ella denunciados en el primer aspecto de su primer medio y en los medios segundo y tercero del presente recurso, los que se rechazan por improcedentes y mal fundados;

<span style="color: #666666; font-family: Verdana,sans-serif; font-size: 8pt;"> **Considerando**, que en cuanto a la errada interpretación sobre la entrada en vigencia de la Ley de Amnistía Fiscal, tal como se ha expresado en otra parte de esta decisión, se ha podido establecer que aunque el Tribunal a-quo incurrió en este vicio, esto no influyó sobre el fondo de su decisión, ya que el análisis de la sentencia impugnada revela que la misma contiene otros motivos que la fundamentan y que han permitido a esta Corte apreciar, que en el presente caso, se ha hecho una correcta aplicación de la ley, por lo que en consecuencia, procede rechazar el recurso;

<span style="color: #595959; font-family: Arial,sans-serif; font-size: 9pt;">B.J. NO. 1190, ENERO 2010
 * <span style="color: #666666; font-family: Arial,sans-serif; font-size: 9pt;">Considerando, **<span style="color: #666666; font-family: Arial,sans-serif; font-size: 9pt;">que las disposiciones del el artículo 712 del Código de Trabajo liberan al demandante en reparación de daños y perjuicios de hacer la prueba del perjuicio, quedando a cargo de los jueces del fondo apreciar cuando la comisión de una falta genera esos daños, siendo una facultad privativa de ellos la fijación del monto de la indemnización reparadora de los mismos, lo que escapa al control de la casación, salvo cuando el monto de la indemnización resulte desproporcionado con relación a la magnitud de los daños ocasionados;
 * <span style="color: #666666; font-family: Arial,sans-serif; font-size: 9pt;">Considerando **<span style="color: #666666; font-family: Arial,sans-serif; font-size: 9pt;">, que el no disfrute de los trabajadores de los derechos adquiridos que por ley le corresponden genera a éstos daños y perjuicios, que en la especie el Tribunal a-quo valoró en el monto de RD$20,000.00, cantidad que esta corte estima ajustada a los daños que este tipo de falta origina a un trabajador, dando motivos suficientes para justificar su condenación, razón por la cual el medio examinado carece de fundamento y debe ser desestimado y en consecuencia rechazado el presente recurso.

<span style="color: #666666; font-family: Arial,sans-serif; font-size: 9pt;">B.J. NO. 1190, ENERO 2010 (INADMISIBLE)

<span style="color: #666666; font-family: Arial,sans-serif; font-size: 9pt;">B.J. NO. 1190, ENERO 2010 (INADMISIBLE). <span style="color: #595959; font-family: Arial,sans-serif; font-size: 9pt;">B.J. NO. 1190, ENERO 2010 (INADMISIBLE)

<span style="color: #666666; font-family: Arial,sans-serif; font-size: 9pt;">B.J. NO. 1190, ENERO 2010

<span style="color: #666666; font-family: Arial,sans-serif; font-size: 9pt;"> **Considerando**, que la sentencia impugnada contiene una relación completa de los hechos y motivos suficientes y pertinentes que permiten a esta corte verificar la correcta aplicación de la ley, razón por la cual el medio que se examina carece de fundamento y debe ser desestimado.

<span style="color: #666666; font-family: Arial,sans-serif; font-size: 9pt;">B.J. NO. 1190, ENERO 2010 <span style="color: #666666; font-family: Arial,sans-serif; font-size: 9pt;">En cuanto al recurso incidental:
 * <span style="color: #666666; font-family: Arial,sans-serif; font-size: 9pt;">Considerando **<span style="color: #666666; font-family: Arial,sans-serif; font-size: 9pt;">, que la Corte a-qua da motivos suficientes y pertinentes para sustentar su fallo y del estudio de los mismos se advierte que al formar su criterio no incurrió en desnaturalización alguna, estableciendo que el proceder de la demandada originó daños a la demandante, fijando una suma de dinero para la reparación del mismo, que esta corte estima adecuado, razón por la cual los medios que se examinan carecen de fundamento y deben ser desestimados;
 * <span style="color: #666666; font-family: Arial,sans-serif; font-size: 9pt;"> Considerando **<span style="color: #666666; font-family: Arial,sans-serif; font-size: 9pt;">, que en la especie, el Tribunal a-quo, tras ponderar la prueba aportada, de manera principal las declaraciones de los testigos aportados por las partes, llegó a la conclusión de que la causa real por la que la recurrente puso término al contrato de trabajo de la recurrida, fue su condición de salud, al estar afectada de un cáncer maligno de mama, para lo cual recurrió al desahucio de la misma;
 * <span style="color: #666666; font-family: Arial,sans-serif; font-size: 9pt;">Considerando **<span style="color: #666666; font-family: Arial,sans-serif; font-size: 9pt;">, que en la especie, el Tribunal a-quo al ponderar la falta atribuida al empleador y los daños que la misma ocasionó a la trabajadora demandante, fijó en Doscientos Cincuenta Mil Pesos Oro Dominicanos (RD$250,000.00), el monto de la suma resarcitoria, la que esta corte estima adecuada a las motivaciones que contiene la sentencia impugnada sobre dichos daños, razón por la cual el medio que se examina carece de fundamento y debe ser desestimado;

<span style="color: #666666; font-family: Arial,sans-serif; font-size: 9pt;">B.J. NO. 1190, ENERO 2010
 * <span style="color: #666666; font-family: Arial,sans-serif; font-size: 9pt;">Considerando, **<span style="color: #666666; font-family: Arial,sans-serif; font-size: 9pt;"> que en los motivos de la sentencia impugnada consta: “Que estando la recurrente obligada a demostrar el hecho por ella alegado el cual se refiere a la prescripción de la acción, ésta no lo hizo, lo que nos obliga entonces a aceptar que la referida relación de trabajo terminó en la fecha establecida por la recurrida, es decir, el día 30 del mes de mayo del año 2006, y la demanda introductiva en fecha 28 del mes de agosto del mismo año; por lo que quedaba suficiente tiempo para actuar en justicia dentro del término de los tres meses establecido por los artículos 703 y 704 del Código de Trabajo, razón por la cual, el medio de inadmisión propuesto por la recurrente merece ser desestimado; que en cuanto al fondo del proceso, la parte recurrida, en calidad de trabajador, alega por medio de sus escritos, lo siguiente: que trabajó como maestro constructor para dos obras de construcción las cuales están ubicadas, la primera en la calle Hermanas Mirabal esquina Colón y la segunda en la calle Colón esquina Francisco R. Mollins, frente a Claro Codetel, de la ciudad de Salcedo; que en cuanto a la primera de las dos obras el señor Ramón del Carmen Sosa Tavárez le saldó con la suma de RD$35,000.00 pesos; pero, que en cuanto a la segunda, en la cual trabajó en la realización del fraguache de pañete, terminación de los daños y postura de pisos, éste no cumplió con dicho pago, sino que se marchó hacia los Estados Unidos; que por su lado, la parte recurrente, en cuanto al alegato de referencia, se limita a exponer simple y llanamente, que se revoque la sentencia impugnada, debido al hecho de que la referida demanda estaba prescrita; que no habiendo la parte recurrente objetado las demás pretensiones ni en lo fáctico ni en lo jurídico, ni presentado pruebas tendentes a edificar al tribunal sobre tales situaciones, sino únicamente referirse al hecho de la prescripción, es de derecho confirmar en todas sus partes las condenaciones establecidas en la sentencia impugnada”;
 * <span style="color: #666666; font-family: Arial,sans-serif; font-size: 9pt;">Considerando **<span style="color: #666666; font-family: Arial,sans-serif; font-size: 9pt;">, que ambas decisiones están sustentadas por la Corte a-qua con motivos suficientes y pertinentes que permiten a esta Corte verificar la correcta aplicación de la ley, razón por la cual los medios examinados carecen de fundamento y deben ser desestimados y en consecuencia rechazado el presente recurso.

<span style="color: #666666; font-family: Arial,sans-serif; font-size: 9pt;">B.J. NO. 1190, ENERO 2010
 * <span style="color: #666666; font-family: Arial,sans-serif; font-size: 9pt;">Considerando **<span style="color: #666666; font-family: Arial,sans-serif; font-size: 9pt;">, que la Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo (CAASD) es una institución autónoma del Estado que aún cuando no ha sido constituida con fines de lucro, es criterio constante de esta Suprema Corte de Justicia que corresponde a la parte demandada probar la inexistencia de beneficios a repartir entre sus trabajadores, de conformidad con las disposiciones de la ley, y asumida por la recurrente como obligación en su comunicación precitada, cosa ésta que la recurrente no hizo durante la sustanciación del proceso, por lo que en este aspecto la Corte a-qua hizo una adecuada y correcta administración de justicia;
 * <span style="color: #666666; font-family: Arial,sans-serif; font-size: 9pt;">Considerando **<span style="color: #666666; font-family: Arial,sans-serif; font-size: 9pt;">, que la sentencia impugnada contiene motivos suficientes y pertinentes que permiten a esta Corte, en sus funciones de Corte de Casación, verificar la correcta aplicación de la ley, razón por la cual los argumentos examinados carecen de fundamento y deben ser desestimados y en consecuencia rechazado el presente recurso.

<span style="color: #666666; font-family: Arial,sans-serif; font-size: 9pt;">B.J. NO. 1190, ENERO 2010
 * <span style="color: #666666; font-family: Arial,sans-serif; font-size: 9pt;">Considerando, **<span style="color: #666666; font-family: Arial,sans-serif; font-size: 9pt;">que para que se presuma la existencia del contrato de trabajo, el demandante debe demostrar haber prestado sus servicios personales a la demandada, correspondiendo a los jueces del fondo determinar cuando se ha cumplido con esa exigencia, para lo cual cuenta con un soberano poder de apreciación de las pruebas que se les aporten;
 * <span style="color: #666666; font-family: Arial,sans-serif; font-size: 9pt;">Considerando **<span style="color: #666666; font-family: Arial,sans-serif; font-size: 9pt;">, que la sentencia impugnada contiene una relación completa de los hechos de la causa y motivos suficientes y pertinentes que permite a esta Corte verificar la correcta aplicación de la ley, razón por la cual el medio examinado carece de fundamento y debe ser desestimado y en consecuencia rechazado el presente recurso.

<span style="color: #666666; font-family: Arial,sans-serif; font-size: 9pt;">B.J. NO. 1190, ENERO 2010 (INADMISIBLE)

<span style="color: #666666; font-family: Arial,sans-serif; font-size: 9pt;">B.J. NO. 1190, ENERO 2010
 * <span style="color: #666666; font-family: Arial,sans-serif; font-size: 9pt;">Considerando **<span style="color: #666666; font-family: Arial,sans-serif; font-size: 9pt;">, que de acuerdo con las disposiciones del artículo 539 del Código de Trabajo, “las sentencias de los Juzgados de Trabajo en materia de conflictos de derechos serán ejecutorias a contar del tercer día de la notificación, salvo el derecho de la parte que haya sucumbido de consignar una suma equivalente al duplo de las condenaciones pronunciadas”;
 * <span style="color: #666666; font-family: Arial,sans-serif; font-size: 9pt;">Considerando **<span style="color: #666666; font-family: Arial,sans-serif; font-size: 9pt;">, que por su parte, el artículo 666 de dicho Código, autoriza al Juez Presidente de la Corte de Trabajo a ordenar en referimiento, todas las medidas que no colidan con ninguna contestación seria o que se justifiquen por la existencia de un diferendo;

<span style="color: #666666; font-family: Arial,sans-serif; font-size: 9pt;"> **Considerando**, que en la especie, es lo que ha decidido el Tribunal a-quo, decisión para la cual da los motivos suficientes y pertinentes que permiten a esta corte verificar la correcta aplicación de la ley, razón por la cual el medio que se examina carece de fundamento y debe ser desestimado.

<span style="color: #666666; font-family: Arial,sans-serif; font-size: 9pt;">B.J. NO. 1190, ENERO 2010
 * <span style="color: #666666; font-family: Arial,sans-serif; font-size: 9pt;">Considerando **<span style="color: #666666; font-family: Arial,sans-serif; font-size: 9pt;">, que el artículo 91 del Código de Trabajo, dispone que en las 48 horas siguientes al despido, “el empleador lo comunicará, con indicación de causa, tanto al trabajador como al Departamento de Trabajo o a la autoridad local que ejerza sus funciones”, mientras que el artículo 93 de dicho Código declara que se reputa que carece de justa causa el despido que no haya sido comunicado en ese término;

<span style="color: #666666; font-family: Arial,sans-serif; font-size: 9pt;"> **Considerando**, que por mandato del artículo 495 del Código de Trabajo, cuando un plazo se vence un día no laborable, se prorroga hasta el siguiente, siendo esa extensión hasta la primera hora laborable de ese día, cuando se trata de un plazo que se computa de hora a hora;
 * <span style="color: #666666; font-family: Arial,sans-serif; font-size: 9pt;">Considerando **<span style="color: #666666; font-family: Arial,sans-serif; font-size: 9pt;">, que al declarar injustificado el despido por haber sido comunicado tardíamente a las autoridades del Trabajo, el Tribunal a-quo hizo un cálculo correcto del plazo de que disponía el empleador para esos fines y una correcta aplicación de los artículos 91 y 93 el Código de Trabajo, razón por la cual los medios que se examinan carecen de fundamento y deben ser desestimados;

<span style="color: #666666; font-family: Arial,sans-serif; font-size: 9pt;">B.J. NO. 1190, ENERO 2010
 * <span style="color: #666666; font-family: Arial,sans-serif; font-size: 9pt;">Considerando **<span style="color: #666666; font-family: Arial,sans-serif; font-size: 9pt;">, que si bien, de acuerdo con el artículo 393 del Código de Trabajo la protección del fuero sindical comienza a partir de la fecha en que el empleador y las autoridades del trabajo son informados de la designación o elección del trabajador amparado por dicho fuero, el tribunal que declare la nulidad de un desahucio de trabajadores que invoquen estar disfrutando de esa garantía sindical sin la demostración de que la empresa estaba enterada de esa condición, no incurre en ninguna falta, si la demandada en sus medios de defensa no invoca tal desconocimiento ni justifica su acción en la falta de la referida notificación;
 * <span style="color: #666666; font-family: Arial,sans-serif; font-size: 9pt;">Considerando **<span style="color: #666666; font-family: Arial,sans-serif; font-size: 9pt;">, que la sentencia impugnada contiene una relación completa de los hechos y motivos suficientes y pertinentes que permiten a esta corte verificar la correcta aplicación de la ley, razón por la cual los medios que se examinan carecen de fundamento y deben ser desestimados.

<span style="color: #666666; font-family: Arial,sans-serif; font-size: 9pt;">B.J. NO. 1190, ENERO 2010
 * <span style="color: #666666; font-family: Arial,sans-serif; font-size: 9pt;">Considerando **<span style="color: #666666; font-family: Arial,sans-serif; font-size: 9pt;">, que siendo la inscripción de los trabajadores en el Sistema Nacional de Seguridad Social, una obligación de los empleadores, aún, los del sector público, corresponde a éstos demostrar haber cumplido con dicha obligación para librarse de toda reclamación en reparación de daños y perjuicios por la falta de inscripción de uno de sus trabajadores;

<span style="color: #666666; font-family: Arial,sans-serif; font-size: 9pt;"> **Considerando**, que por su parte, el artículo 16 del Código de Trabajo exime al trabajador de la carga de la prueba sobre los hechos que establecen los documentos que el empleador tiene la obligación de comunicar, registrar y conservar, entre los cuales se encuentran los registros y carteles de vacaciones, debiendo el empleador que pretende que el periodo vacacional que corresponde al demandante es menor que el reclamado, demostrar que éste ha disfrutado de ese derecho en los años anteriores al de la terminación del contrato de trabajo;

<span style="color: #666666; font-family: Arial,sans-serif; font-size: 9pt;"> **Considerando**, que en la especie, el tribunal, en aplicación de la exención de pruebas arriba indicadas condenó a la recurrente al pago de la compensación solicitada por los recurridos al no demostrar la demandada que éstos habían disfrutado sus vacaciones en el período reclamado, razón por la cual el medio examinado igualmente carece de fundamento y debe ser desestimado y en consecuencia rechazado el presente recurso.

<span style="color: #666666; font-family: Arial,sans-serif; font-size: 9pt;">B.J. NO. 1190, ENERO 2010
 * <span style="color: #666666; font-family: Arial,sans-serif; font-size: 9pt;">Considerando **<span style="color: #666666; font-family: Arial,sans-serif; font-size: 9pt;">, que de acuerdo con las disposiciones del IX Principio Fundamental del Código de Trabajo, el contrato de trabajo no es el que consta en un escrito sino el que se ejecuta en los hechos, de donde se deriva que en esta materia no son los documentos los que predominan sino la realidad de los hechos en que se devuelven las relaciones de trabajo;

<span style="color: #666666; font-family: Arial,sans-serif; font-size: 9pt;"> **Considerando**, que por otra parte, el artículo 16 de, ya citado código libera al trabajador de la prueba de los hechos que establecen los documentos que el empleador tiene la obligación de comunicar, registrar y conservar, tales como planillas, carteles y el libro de sueldos y jornales, entre cuyos datos se encuentra la duración del contrato de trabajo;

<span style="color: #666666; font-family: Arial,sans-serif; font-size: 9pt;"> **Considerando**, que la sentencia impugnada, contrario a lo alegado por la recurrente contiene una relación completa de los hechos y motivos suficientes y pertinentes que permiten a esta Corte, en funciones de Corte de Casación, verificar la correcta aplicación de la ley, razón por la cual el medio examinado carece de fundamento y debe ser desestimado y en consecuencia rechazado el presente recurso.

<span style="color: #666666; font-family: Arial,sans-serif; font-size: 9pt;">B.J. NO. 1190, ENERO 2010
 * <span style="color: #666666; font-family: Arial,sans-serif; font-size: 9pt;">Considerando **<span style="color: #666666; font-family: Arial,sans-serif; font-size: 9pt;">, que en la especie, tras ponderar las pruebas aportadas, de manera principal, las declaraciones de los testigos presentados por las partes, el Tribunal a-quo llegó a la conclusión de que el actual recurrente, o alguno de sus representantes le proporcionara no fue objeto de los malos tratamientos o injurias por él invocados para justificar la dimisión del contrato de trabajo, por lo que la misma fue declarada carente de justa causa, sin que se advierta que al formar su criterio la Corte a-qua incurriera en desnaturalización alguna, razón por la cual el medio examinado carece de fundamento y debe ser desestimado y en consecuencia rechazado el presente recurso.

<span style="color: #666666; font-family: Arial,sans-serif; font-size: 9pt;">B.J. NO. 1190, ENERO 2010 (INADMISIBLE)

<span style="color: #666666; font-family: Arial,sans-serif; font-size: 9pt;">B.J. NO. 1190, ENERO 2010
 * <span style="color: #666666; font-family: Arial,sans-serif; font-size: 9pt;">Considerando **<span style="color: #666666; font-family: Arial,sans-serif; font-size: 9pt;">, que las facultades que otorga el artículo 534 del Código de Trabajo a los jueces del fondo para suplir cualquier medio de derecho, ni la iniciativa procesal de que disponen los jueces en esta materia, permite a éstos sustituir a las partes y convertir una acción ejercida por una de ellas en una acción o recurso distinto al que la voluntad del accionante ha pretendido ejercer;


 * <span style="color: #666666; font-family: Arial,sans-serif; font-size: 9pt;">Considerando **<span style="color: #666666; font-family: Arial,sans-serif; font-size: 9pt;">, que frente a una manifestación inequívoca, motivada para su admisión como recurso de apelación, el tribunal no podía violentar la voluntad expresada por el recurrente y calificar el mismo como un recurso de tercería y declarar su incompetencia, sino que debió conocer las objeciones que el recurrido había formulado contra la acción ejercida y determinar la previa admisibilidad o no de la misma, tal como le fue planteado, razón por la cual la sentencia impugnada carece de base legal, razón por la cual debe ser casada;

<span style="color: #666666; font-family: Arial,sans-serif; font-size: 9pt;">B.J. NO. 1190, ENERO 2010 (DESISTIDA).

<span style="color: #666666; font-family: Arial,sans-serif; font-size: 9pt;">B.J. NO. 1190, ENERO 2010
 * <span style="color: #666666; font-family: Arial,sans-serif; font-size: 9pt;">Considerando **<span style="color: #666666; font-family: Arial,sans-serif; font-size: 9pt;">, que el rechazo de un pedimento de prescripción formulado por un demandado no tiene que ser objeto de un recurso de su parte, para presentarlo de nuevo ante el tribunal de alzada, si la demanda ha sido rechazada por el tribunal de primer grado y el demandante interpone un recurso de apelación contra dicha sentencia, en vista de que el tribunal apoderado de un recurso de apelación puede confirmar la sentencia recurrida en apelación por motivos distintos a los ofrecidos por el tribunal de primera instancia, sin que ello implique una violación al límite de su apoderamiento, ni al principio de que nadie puede resultar perjudicado por su propio recurso, pues en relación al recurrente la situación no resulta agravada;

<span style="color: #666666; font-family: Arial,sans-serif; font-size: 9pt;"> **Considerando**, que en vista de ello no es motivo suficiente para rechazar una demanda en pago de indemnizaciones laborales por dimisión justificada, el señalamiento de que el demandante no estuvo amparado por un contrato por tiempo indefinido, sino para una obra determinada, como ocurre en la especie, en que el Tribunal a-quo rechazó la acción ejercida por una parte de los recurrentes bajo el fundamento de que éstos laboraron para una obra determinada, sin hacer ninguna consideración sobre la causa de terminación de los contratos y si dicha terminación fue originada por la conclusión de la obra, lo que deja la sentencia carente de base legal y de motivos, en cuanto a esos trabajadores, razón por la cual la misma debe ser casada, sólo en relación a los trabajadores cuya acción no fue declarada prescrita;

<span style="color: #666666; font-family: Arial,sans-serif; font-size: 9pt;">B.J. NO. 1190, ENERO 2010

<span style="color: #666666; font-family: Arial,sans-serif; font-size: 9pt;"> **Considerando**, que por su parte, el artículo 16 del Código de Trabajo exime al trabajador de la carga de la prueba sobre los hechos que establecen los documentos que el empleador tiene la obligación de comunicar, registrar y conservar, entre los cuales se encuentran los registros y carteles de vacaciones, debiendo el empleador que pretende que el período vacacional que corresponde al demandante es menor que el reclamado, demostrar que éste ha disfrutado de ese derecho en los años anteriores al de la terminación del contrato de trabajo;


 * <span style="color: #666666; font-family: Arial,sans-serif; font-size: 9pt;">Considerando **<span style="color: #666666; font-family: Arial,sans-serif; font-size: 9pt;">, que en la especie, el tribunal, en aplicación de la exención de pruebas arriba indicadas condenó a los recurrentes al pago de la compensación solicitada por el recurrido, al no demostrar los primeros que éste había disfrutado sus vacaciones en el período reclamado, razón por la cual el medio que se examina carece de fundamento y debe ser desestimado y en consecuencia rechazado el presente recurso.

<span style="color: #666666; font-family: Arial,sans-serif; font-size: 9pt;">B.J. NO. 1190, ENERO 2010 **(DESISTIDA)**.

<span style="color: #666666; font-family: Arial,sans-serif; font-size: 9pt;">B.J. NO. 1190, ENERO 2010 (INADMISIBLE).

<span style="color: #666666; font-family: Arial,sans-serif; font-size: 9pt;">B.J. NO. 1190, ENERO 2010 (INADMISIBLE)

<span style="color: #666666; font-family: Arial,sans-serif; font-size: 9pt;">B.J. NO. 1190, ENERO 2010 **(INADMISIBLE)**.

**<span style="color: #d99594; font-family: Arial,sans-serif; font-size: 9pt;">TIERRA ** <span style="color: #666666; font-family: Arial,sans-serif; font-size: 9pt;">B.J. NO. 1190, ENERO 2010
 * <span style="color: #666666; font-family: Arial,sans-serif; font-size: 9pt;">Considerando **<span style="color: #666666; font-family: Arial,sans-serif; font-size: 9pt;">, que de acuerdo con el artículo 7 ya mencionado “Habrá caducidad del recurso, cuando el recurrente no emplazare al recurrido en el término de treinta días, a contar de la fecha en que fue proveído por el Presidente del auto en que se autoriza el emplazamiento. Esta caducidad será pronunciada a pedimento de parte interesada o de oficio”;

<span style="color: #666666; font-family: Arial,sans-serif; font-size: 9pt;"> **Considerando**, que en efecto, el examen del expediente revela que el auto del Presidente de la Suprema Corte de Justicia, por el cual se autorizó a los recurrentes Leoncio Castillo De la Rosa y compartes, a emplazar a los recurridos fue dictado el 5 de junio de 2008 y el emplazamiento a los fines de dicho recurso fue notificado no a la persona ni en el domicilio de los recurridos Pedro García Zorilla y Manuel Joaquín Toro Aybar, sino en el estudio de los abogados Lic. Florián Olmos Contreras y del Dr. Rubén De la Cruz Reynoso, según Acto núm. 301-2008 de fecha 9 de julio de 2008, instrumentado por el ministerial Audelio Castro Soriano, Alguacil de Estrados del Juzgado de Paz del Municipio de Bayaguana, o sea, después de vencido el plazo prescrito por la ley para emplazar; que, por tanto es procedente declarar la caducidad del referido recurso de casación.

**<span style="color: #d99594; font-family: Arial,sans-serif; font-size: 9pt;">C0NTENCIOSO-ADMINISTRATIVO ** <span style="color: #666666; font-family: Arial,sans-serif; font-size: 9pt;">B.J. NO. 1190, ENERO 2010
 * <span style="color: #666666; font-family: Arial,sans-serif; font-size: 9pt;">Considerando **<span style="color: #666666; font-family: Arial,sans-serif; font-size: 9pt;">, que los motivos de la sentencia impugnada, transcritos precedentemente, revelan; que al rechazar el recurso por retardación interpuesto en la especie, el Tribunal a-quo aplicó correctamente las disposiciones legales que rigen la materia, ya que si bien es cierto que la retardación es la vía jurisdiccional que puede seguir el administrado frente al silencio de la autoridad administrativa, no menos cierto es que para que este recurso pueda ser admitido en cuanto al fondo, el recurrente debe haber agotado y cumplido el procedimiento previsto en la fase administrativa del proceso, lo que no ocurrió en la especie, tal como lo comprobó el Tribunal a-quo y así lo consigna en su sentencia, donde consta que la recurrente apoderó a la Comisión de Personal creada por la Ley núm. 14-91, en sus atribuciones de instancia de conciliación, fuera del plazo indicado por la ley y que además interpuso su recurso de reconsideración ante las autoridades administrativas que la destituyeron del servicio público, cuando se encontraba ventajosamente vencido en su perjuicio el plazo de diez (10) días previsto por el artículo 4, párrafo III de la Ley núm. 13-07, para interponer dicha acción; que en consecuencia, al rechazar el recurso de retardación sin conocer el fondo del asunto, el Tribunal a-quo aplicó correctamente el derecho a los hechos que fueron comprobados, sin que al hacerlo le impidiera el acceso a la jurisdicción como pretende la recurrente; por lo que los motivos contenidos en dicho fallo resultan suficientes y pertinentes y justifican lo decidido, que permite a esta Suprema Corte apreciar, que en el caso ocurrente, se ha hecho una buena aplicación de la ley; por lo que procede rechazar los medios de casación examinados, así como el recurso de que se trata, por improcedente y mal fundado;

**<span style="color: #d99594; font-family: Cambria,serif;">CONTENCIOSO-TRIBUTARIO. (NO HAY). **

**<span style="font-family: Arial,sans-serif; font-size: 9pt;">FEBRERO - <span style="color: #d99594; font-family: Arial,sans-serif; font-size: 9pt;">LABORAL **

<span style="color: #666666; font-family: Arial,sans-serif; font-size: 9pt;">B.J. NO. 1191, FEBRERO 2010
 * <span style="color: #666666; font-family: Arial,sans-serif; font-size: 9pt;">Considerando **<span style="color: #666666; font-family: Arial,sans-serif; font-size: 9pt;">, que en virtud del artículo 667 del Código de Trabajo “El presidente de la corte puede siempre prescribir en referimiento las medidas conservatorias que se impongan, sea para prevenir un daño inminente, sea para hacer cesar una perturbación manifiestamente ilícita”; que de igual manera dicho artículo le permite “establecer fianzas, astreintes o fijar las indemnizaciones pertinentes”;
 * <span style="color: #666666; font-family: Arial,sans-serif; font-size: 9pt;">Considerando **<span style="color: #666666; font-family: Arial,sans-serif; font-size: 9pt;">, que también están dentro de las facultades del Juez de los Referimientos, sustituir el guardián de un efecto embargado cuando el designado no le ofrece garantías de la conservación en buen estado de dicho efecto, y nombrar la persona, que a su juicio tenga la solvencia necesaria para ofrecer dicha garantía;
 * <span style="color: #666666; font-family: Arial,sans-serif; font-size: 9pt;">Considerando **<span style="color: #666666; font-family: Arial,sans-serif; font-size: 9pt;">, que de igual manera, da motivos suficientes para la sustitución del señor José Brayan, como guardián del objeto embargado y la fijación de un astreinte por cada día de retardo en la entrega del vehículo embargado, frente a la reiterada reticencia del actual recurrido y de dicho guardián de acatar otras resoluciones que en relación a dicho embargo había dispuesto el Tribunal a-quo, razón por la cual los medios propuesto y examinados carecen de fundamento y deben ser desestimados.

<span style="color: #666666; font-family: Arial,sans-serif; font-size: 9pt;">B.J. NO. 1191, FEBRERO 2010 (INADMISIBLE).

<span style="color: #666666; font-family: Arial,sans-serif; font-size: 9pt;">B.J. NO. 1191, FEBRERO 2010 <span style="color: #666666; font-family: Arial,sans-serif; font-size: 9pt;"> **Considerando**, que por su parte el artículo 15 del Código de Trabajo presume la existencia del contrato de trabajo siempre que exista una relación de trabajo, correspondiendo a la persona a quien se le demuestra que se le ha prestado un servicio personal demostrar que el mismo es consecuencia de otro tipo de relación contractual; <span style="color: #666666; font-family: Arial,sans-serif; font-size: 9pt;"> **Considerando**, que del estudio de la sentencia impugnada y de los documentos que forman el expediente, se advierte, que el Tribunal a-quo ponderó las pruebas aportadas por las partes y del resultado de las mismas llegó a la conclusión de que el actual recurrido estaba amparado por un contrato de trabajo por tiempo indefinido con la recurrente, no advirtiéndose, que al examinar y evaluar esas pruebas, incurriera en omisión o desnaturalización alguna, dándole un sentido distinto a las mismas, razón por la cual los medios examinados carecen de fundamento y deben ser desestimados y en consecuencia rechazado el presente recurso.
 * <span style="color: #666666; font-family: Arial,sans-serif; font-size: 9pt;">Considerando **<span style="color: #666666; font-family: Arial,sans-serif; font-size: 9pt;">, que de acuerdo con el IX Principio Fundamental del Código de Trabajo, en materia de contrato de trabajo, no son los documentos los que predominan, sino los hechos;

<span style="color: #666666; font-family: Arial,sans-serif; font-size: 9pt;">B.J. NO. 1191, FEBRERO 2010 <span style="color: #666666; font-family: Arial,sans-serif; font-size: 9pt;"> **Considerando**, que del estudio de la sentencia impugnada y de los documentos que forman el expediente, no se advierte que ante la Corte a-qua ninguna de partes promoviera incidente alguno, que quedare pendiente de ser fallado, lo que descarta que el tribunal incurriera en el vicio denunciado en este medio, razón por la cual el mismo carece de fundamento y debe ser desestimado y en consecuencia rechazado el presente recurso.
 * <span style="color: #666666; font-family: Arial,sans-serif; font-size: 9pt;">Considerando **<span style="color: #666666; font-family: Arial,sans-serif; font-size: 9pt;">, que no se observa, que para formar su criterio, el tribunal incurriera en desnaturalización alguna, dando motivos suficientes y pertinentes para sustentar el dispositivo de la sentencia impugnada, razón por la cual los medios examinados carecen de fundamento y deben ser desestimados;

<span style="color: #666666; font-family: Arial,sans-serif; font-size: 9pt;">B.J. NO. 1191, FEBRERO 2010 (INADMISIBLE).

<span style="color: #666666; font-family: Arial,sans-serif; font-size: 9pt;">B.J. NO. 1191, FEBRERO 2010
 * <span style="color: #666666; font-family: Arial,sans-serif; font-size: 9pt;">Considerando **<span style="color: #666666; font-family: Arial,sans-serif; font-size: 9pt;">, que al no haber en el Código de Trabajo una disposición que prescriba expresamente la sanción que corresponde cuando la notificación del memorial al recurrido no se haya hecho en el plazo de cinco días a que se refiere el artículo 643 del referido código, debe aplicarse la sanción prevista en el artículo 7 de la Ley núm. 3726, del 23 de noviembre de 1966, que declara caduco el recurso cuando el recurrente no emplazare al recurrido en el término fijado por la ley. Esta caducidad será pronunciada a pedimento de la parte interesada o de oficio;

<span style="color: #666666; font-family: Arial,sans-serif; font-size: 9pt;"> **Considerando**, que del estudio de las piezas que forman el expediente abierto en ocasión del presente recurso, se advierte que el mismo fue interpuesto mediante escrito depositado por la recurrente en la Secretaría de la Corte de Trabajo del Departamento Judicial de La Vega el 10 de octubre de 2008, y notificado al recurrido el 7 de mayo del 2009 por acto número 739-2009, diligenciado por Marino A. Cornelio de La Rosa, Alguacil Ordinario de Estrado del Juzgado de Trabajo del Distrito Judicial de La Vega, cuando se había vencido el plazo de cinco días establecido por el artículo 643 del Código de Trabajo para la notificación del recurso de casación, razón por la cual debe declararse su caducidad.

<span style="color: #666666; font-family: Arial,sans-serif; font-size: 9pt;">B.J. NO. 1191, FEBRERO 2010
 * <span style="color: #666666; font-family: Arial,sans-serif; font-size: 9pt;">Considerando **<span style="color: #666666; font-family: Arial,sans-serif; font-size: 9pt;">, que al no haber en el Código de Trabajo una disposición que prescriba expresamente la sanción que corresponde cuando la notificación del memorial al recurrido no se haya hecho en el plazo de cinco días a que se refiere el artículo 643 del referido código, debe aplicarse la prevista en el artículo 7 de la Ley núm. 3726, del 23 de noviembre de 1966 sobre Casación que declara caduco el recurso cuando el recurrente no emplazare al recurrido en el término fijado por la ley. Esta caducidad será pronunciada a pedimento de la parte interesada o de oficio;

<span style="color: #666666; font-family: Arial,sans-serif; font-size: 9pt;"> **Considerando**, que del estudio de las piezas que forman el expediente abierto en ocasión del presente recurso, se advierte que el mismo fue interpuesto mediante escrito depositado por el recurrente en la Secretaría de la Cámara Civil de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de San Cristóbal, el 29 de febrero de 2008, y notificado a los recurridos el 14 de marzo de 2008 por acto núm. 32-2008, diligenciado por Pascual De los Santos, Alguacil Ordinario de la Cámara Civil, Comercial y de Trabajo del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de Peravia, cuando había vencido el plazo de cinco días establecido por el ya citado artículo 643 del Código de Trabajo para la notificación del recurso de casación, razón por la cual debe declararse su caducidad.

<span style="color: #666666; font-family: Arial,sans-serif; font-size: 9pt;">B.J. NO. 1191, FEBRERO 2010 <span style="color: #666666; font-family: Arial,sans-serif; font-size: 9pt;"> **Considerando**, que en la especie, el Tribunal a-quo dio por establecido que el trabajador devengaba un salario de Cuatro Mil Quinientos Pesos Oro Dominicanos (RD$4,100.00), por ser éste el consignado en la Planilla de Personal registrada en la Representación Local de Trabajo por la actual recurrida, sin que el recurrente demostrara que devengara uno mayor; que a esa conclusión llegó la Corte a-qua tras ponderar las pruebas aportadas por las partes, sin que se advierta que en el examen de las mismas incurrieran en desnaturalización alguna, razón por la cual los medios que se examinan carecen de fundamento y deben ser desestimados y en consecuencia rechazado el presente recurso.
 * <span style="color: #666666; font-family: Arial,sans-serif; font-size: 9pt;">Considerando **<span style="color: #666666; font-family: Arial,sans-serif; font-size: 9pt;">, que la presunción del artículo 16 del Código de Trabajo que exime al trabajador de la prueba de los hechos establecidos en los libros y registros que debe conservar el empleador ante las Autoridades del Trabajo, entre los que se encuentra el salario, es una presunción que puede ser destruida con la prueba en contrario, siendo la Planilla de Personal y el Libro de Sueldos y Jornales un medio eficaz para ello, de suerte que cuando un empleador presenta en uno de esos documentos un hecho contrario a los invocados por el trabajador, corresponde a éste demostrar sus alegatos, en ausencia de lo cual el tribunal deberá dar por establecido el hecho consignado en los mismos;

<span style="color: #666666; font-family: Arial,sans-serif; font-size: 9pt;">B.J. NO. 1191, FEBRERO 2010 <span style="color: #666666; font-family: Arial,sans-serif; font-size: 9pt;"> **Considerando**, que contrario a lo alegado por los recurrentes la sentencia impugnada contiene una relación completa de los hechos y motivos suficientes que permiten a esta corte verificar la correcta aplicación de la ley, razón por la cual los medios examinados carecen de fundamento y deben ser desestimados.
 * <span style="color: #666666; font-family: Arial,sans-serif; font-size: 9pt;">Considerando **<span style="color: #666666; font-family: Arial,sans-serif; font-size: 9pt;">, que de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 15 del Código de Trabajo, se presume la existencia del contrato de trabajo en toda relación laboral, de suerte que cada vez que una persona demuestre haberle prestado sus servicios personales a otra, el tribunal apoderado de una demanda laboral debe dar por establecido el contrato de trabajo, salvo cuando el demandado demuestre que dicha prestación fue como consecuencia de la existencia de otro tipo de relación contractual;

<span style="color: #666666; font-family: Arial,sans-serif; font-size: 9pt;">B.J. NO. 1191, FEBRERO 2010 <span style="color: #666666; font-family: Arial,sans-serif; font-size: 9pt;"> **Considerando**, que la sentencia impugnada contiene una relación completa de los hechos y motivos suficientes y pertinentes que permiten a esta Corte verificar la correcta aplicación de la ley, razón por la cual los medios examinados carecen de fundamento y deben ser desestimados.
 * <span style="color: #666666; font-family: Arial,sans-serif; font-size: 9pt;">Considerando **<span style="color: #666666; font-family: Arial,sans-serif; font-size: 9pt;">, que en vista de que el despido se originó el día 11 de septiembre de 2007, como lo admite la propia empresa, la decisión del Tribunal a-quo de declarar la caducidad del derecho del empleador para su ejercicio es correcta, no incurriendo en falta al no examinar si las faltas atribuidas al demandante eran ciertas, pues con la caducidad del derecho del empleador a ejercer el despido de éstas, aun cuando hubieren sido cometidas por el actual recurrido quedaban borradas, por lo que su establecimiento no podía hacer variar la decisión adoptada por la Corte a-qua;

<span style="color: #666666; font-family: Arial,sans-serif; font-size: 9pt;">B.J. NO. 1191, FEBRERO 2010 **<span style="color: #666666; font-family: Arial,sans-serif; font-size: 9pt;"> (INADMISIBLE). **

<span style="color: #666666; font-family: Arial,sans-serif; font-size: 9pt;">B.J. NO. 1191, FEBRERO 2010 (INADMISIBLE).

<span style="color: #666666; font-family: Arial,sans-serif; font-size: 9pt;">B.J. NO. 1191, FEBRERO 2010 (DESISTIDA)

B.J. NO. 1191, FEBRERO 2010


 * <span style="color: #666666; font-family: Arial,sans-serif; font-size: 9pt;">Considerando **<span style="color: #666666; font-family: Arial,sans-serif; font-size: 9pt;">, que toda sentencia mediante las cuales se acojan demandas en pago de indemnizaciones laborales y otros derechos deben tener individualizadas las condenaciones impuestas al empleador, con señalamiento de la cantidad de días que corresponden a la omisión del preaviso y el auxilio de cesantía, así como días o valores por concepto de vacaciones, salario de navidad, participación en los beneficios, o cualquier otro derecho que también le fuere reconocido al trabajador, resultando incorrecto el señalamiento en forma global de una suma de dinero por concepto de indemnizaciones laborales y derechos adquiridos, sin especificar lo que corresponde a cada renglón, pues ello impide a la Corte de Casación verificar si los derechos concedidos son los que corresponden al demandante;

<span style="color: #666666; font-family: Arial,sans-serif; font-size: 9pt;"> **Considerando**, que en el caso de la especie, la sentencia dictada por el tribunal de primer grado, confirmada en todas sus partes mediante el fallo impugnado condena a la recurrente pagar a Santa Medina Casilla, la suma de Setenta y Cinco Mil Ochocientos Noventa y Nueve Pesos con 49/00 (RD$75,899.49), a Walquiria del C. Rojas Rojas, la suma de Setenta y Cuatro Mil Setecientos Cuarenta Pesos con 70/00 (RD$74,740.70), y a Miriam Polanco del Rosario, la suma de Cuarenta y Dos Mil Novecientos Treinta y Ocho Pesos con 11/00 (RD$42,938.11), todo por concepto de “prestaciones e indemnizaciones laborales y derechos adquiridos”, sin indicar el desglose de esas sumas de dinero, ni el valor que corresponde a cada una de las partidas reclamadas por las demandantes, razón por lo que la sentencia impugnada carece de base legal y debe ser casada en lo relativo a esas condenaciones;

<span style="color: #666666; font-family: Arial,sans-serif; font-size: 9pt;">B.J. NO. 1191, FEBRERO 2010
 * <span style="color: #666666; font-family: Arial,sans-serif; font-size: 9pt;">Considerando **<span style="color: #666666; font-family: Arial,sans-serif; font-size: 9pt;">, que las disposiciones del artículo 225 del Código de Trabajo que permiten a los trabajadores recurrir a la Dirección General de Impuestos Internos, vía la Secretaría de Estado de Trabajo cuando están inconformes con el monto de la participación en los beneficios declarado por el empleador, no les autoriza a abandonar sus puestos de trabajo en horas laborables para formular su reclamo, sin esto ser del conocimiento de la empresa;

<span style="color: #666666; font-family: Arial,sans-serif; font-size: 9pt;"> **Considerando**, que en la especie, el Tribunal a-quo, tras ponderar las pruebas aportadas, llegó a la conclusión de que los recurrentes se ausentaron de sus lugares de trabajo en horas laborables sin comunicárselo a la recurrida, incurriendo en la falta atribuida por ésta para justificar su despido, sin que se advierta que para formar ese criterio cometiera desnaturalización alguna, pues los propios recurrentes admiten su ausencia, en el entendido de que al hacerlo para formular un reclamo en la Secretaría de Estado de Trabajo, estaban ejerciendo un derecho, razón por la cual el medio que se examina carece de fundamento y debe ser desestimado.

<span style="color: #666666; font-family: Arial,sans-serif; font-size: 9pt;">B.J. NO. 1191, FEBRERO 2010
 * <span style="color: #666666; font-family: Arial,sans-serif; font-size: 9pt;">Considerando **<span style="color: #666666; font-family: Arial,sans-serif; font-size: 9pt;">, que el artículo 534 del Código de Trabajo permite a los jueces laborales suplir cualquier medio de derecho, y en vista de la disposición del artículo 494 de dicho Código solicitar de oficio a cualquier institución publica o privada, o a cualesquiera persona, en sentido general, todos los datos e informaciones de los casos que cursen en ellos, con mayor razón están facultados para requerir a una de las partes el depósito de un documento determinado que consideren esencial para el establecimiento de la realidad de los hechos acontecidos en los casos que juzgan;

<span style="color: #666666; font-family: Arial,sans-serif; font-size: 9pt;"> **Considerando**, que en vista de ello, no constituye ninguna violación a la ley la admisión que haga un tribunal de una carta de comunicación de dimisión en la que el trabajador no relate los hechos y se limite a señalar los ordinales del artículo 97 que han sido violados por el empleador, pues es en el escrito contentivo de la demanda en el que esos hechos deben ser precisados, al tenor del ordinal 4to. del artículo 509 del Código de Trabajo;

<span style="color: #666666; font-family: Arial,sans-serif; font-size: 9pt;"> **Considerando**, que la sentencia impugnada contiene una relación completa de los hechos y motivos suficientes y pertinentes que permiten a esta corte verificar la correcta aplicación de la ley, razón por la cual el medio ahora examinado carece igualmente de fundamento y debe ser desestimado y en consecuencia procede rechazar el presente recurso.

<span style="color: #666666; font-family: Arial,sans-serif; font-size: 9pt;">B.J. NO. 1191, FEBRERO 2010 (INADMISIBLE)

<span style="color: #666666; font-family: Arial,sans-serif; font-size: 9pt;">B.J. NO. 1191, FEBRERO 2010 (INADMISIBLE)

<span style="color: #666666; font-family: Arial,sans-serif; font-size: 9pt;">B.J. NO. 1191, FEBRERO 2010
 * <span style="color: #666666; font-family: Arial,sans-serif; font-size: 9pt;">Considerando **<span style="color: #666666; font-family: Arial,sans-serif; font-size: 9pt;">, que tal como lo expresa el recurrente, el tribunal rechazó las declaraciones de los testigos señalados precedentemente expresando que las mismas no serían tomadas en cuenta, pero no precisa el porque adoptó dicha decisión, lo que deja la sentencia carente de base legal y sin motivos, razones que dan lugar a la casación de la misma, sin necesidad de examinar los demás medios del recurso;

<span style="color: #666666; font-family: Arial,sans-serif; font-size: 9pt;">B.J. NO. 1191, FEBRERO 2010 (DESISTIDA).

<span style="color: #666666; font-family: Arial,sans-serif; font-size: 9pt;">B.J. NO. 1191, FEBRERO 2010

<span style="color: #666666; font-family: Arial,sans-serif; font-size: 9pt;"> **Considerando** que el artículo 495, del Código de Trabajo, establece que “Los plazos de procedimientos para las actuaciones que deban practicar las partes son francos y se aumentarán en razón de la distancia, en la proporción de un día por cada treinta kilómetros o fracción de mas de quince kilómetros. Los días no laborables comprendidos en un plazo no son computables en éste. Si el plazo vence en día no laborable, se prorroga hasta el siguiente. No puede realizarse actuación alguna en los días no laborables, ni antes de las seis de la mañana o después de las seis de la tarde en los demás”.
 * <span style="color: #666666; font-family: Arial,sans-serif; font-size: 9pt;">Considerando **<span style="color: #666666; font-family: Arial,sans-serif; font-size: 9pt;">, que dejando de computar dentro del plazo establecido el día a-quo y el día a-quem, así como el 8 de junio, por ser domingo no laborable, en acatamiento de las disposiciones del referido artículo 495 del Código de Trabajo, el plazo para la notificación del recurso vencía el 13 de junio de 2008, por lo que al haberse hecho el día 17 de junio de 2008, el mismo fue notificado después del vencido el plazo legal, razón por la cual procede declararse su caducidad;

<span style="color: #666666; font-family: Arial,sans-serif; font-size: 9pt;">B.J. NO. 1191, FEBRERO 2010 (INADMISIBLE).

<span style="color: #666666; font-family: Arial,sans-serif; font-size: 9pt;">B.J. NO. 1191, FEBRERO 2010
 * <span style="color: #666666; font-family: Arial,sans-serif; font-size: 9pt;">Considerando **<span style="color: #666666; font-family: Arial,sans-serif; font-size: 9pt;">, que el artículo 643 del Código de Trabajo dispone que: “en los cinco días que sigan al depósito del escrito, el recurrente debe notificar copia del memorial a la parte contraria”;
 * <span style="color: #666666; font-family: Arial,sans-serif; font-size: 9pt;">Considerando **<span style="color: #666666; font-family: Arial,sans-serif; font-size: 9pt;">, que del estudio de las piezas que conforman el expediente abierto en ocasión del presente recurso, se advierte que el mismo fue interpuesto mediante escrito depositado por el recurrente en la secretaría de la Segunda Sala de la Corte de Trabajo del Distrito Nacional el 3 de julio de 2008, y notificado a la recurrida el 17 de julio de 2008 por acto núm. 351-08, diligenciado por Agustín Acevedo, Alguacil de Estrado de la Primera Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional, cuando se había vencido el plazo de cinco días establecido por el artículo 643 del Código de Trabajo para la notificación del recurso de casación, razón por la cual debe declararse su caducidad.

<span style="color: #666666; font-family: Arial,sans-serif; font-size: 9pt;">B.J. NO. 1191, FEBRERO 2010 (DESISTIDA).

<span style="color: #666666; font-family: Arial,sans-serif; font-size: 9pt;">B.J. NO. 1191, FEBRERO 2010 (INADMISIBLE)

<span style="color: #666666; font-family: Arial,sans-serif; font-size: 9pt;">B.J. NO. 1191, FEBRERO 2010
 * <span style="color: #666666; font-family: Arial,sans-serif; font-size: 9pt;">Considerando **<span style="color: #666666; font-family: Arial,sans-serif; font-size: 9pt;">, que esos documentos son demostrativos de la voluntad del demandante a poner término al contrato de trabajo que le ligó con la demandada, la que quedó confirmada al retirarse de sus labores y su posterior demanda en reclamación de indemnizaciones laborales por dimisión justificada, por lo que no tiene ninguna significación que la remisión de la comunicación de la misma a las autoridades de trabajo sea firmada por otra persona, siempre que haya sido con su consentimiento, razón por la que el medio aquí examinado carece de fundamento y debe ser desestimado.

<span style="color: #666666; font-family: Arial,sans-serif; font-size: 9pt;">B.J. NO. 1191, FEBRERO 2010
 * <span style="color: #666666; font-family: Arial,sans-serif; font-size: 9pt;">Considerando **<span style="color: #666666; font-family: Arial,sans-serif; font-size: 9pt;">, que ese criterio queda robustecido por las disposiciones del artículo 631 del Código de Trabajo, que faculta a la Corte a autorizar el depósito de documentos, previo cumplimiento de la formalidad dispuesta por el artículo 644 del citado Código, hasta 8 días antes, por lo menos, del fijado para el conocimiento del recurso de apelación;

<span style="color: #666666; font-family: Arial,sans-serif; font-size: 9pt;"> **Considerando**, que habiendo ya depositado la actual recurrente su escrito de defensa ante la Corte a-qua en el momento en que el apelante hizo el nuevo depósito de documentos, era pertinente que el tribunal le concediera el plazo solicitado, en vista de que su escrito de defensa había sido elaborado sin tomar en cuenta los documentos depositados ulteriormente, sin importar que los mismos provinieran del Juzgado de Primera Instancia y fueren conocidos por las partes; que, al no hacerlo así, ciertamente la Corte a-qua incurrió en el vicio denunciado por la recurrente y dejó su decisión carente de base legal, razón por la cual la misma debe ser casada, sin necesidad de examinar los demás medios propuestos;

<span style="color: #666666; font-family: Arial,sans-serif; font-size: 9pt;">B.J. NO. 1191, FEBRERO 2010 (INADMISIBLE).

<span style="color: #666666; font-family: Arial,sans-serif; font-size: 9pt;">B.J. NO. 1191, FEBRERO 2010
 * <span style="color: #666666; font-family: Arial,sans-serif; font-size: 9pt;">Considerando **<span style="color: #666666; font-family: Arial,sans-serif; font-size: 9pt;">, que en virtud de la parte in fine del artículo 1257 del Código Civil, “Los ofrecimientos reales seguidos de una consignación, libran al deudor, y surten respecto de él efecto de pago, cuando se han hecho válidamente; y la cosa consignada de esta manera, queda bajo la responsabilidad del acreedor”; (Sic),
 * <span style="color: #666666; font-family: Arial,sans-serif; font-size: 9pt;">Considerando **<span style="color: #666666; font-family: Arial,sans-serif; font-size: 9pt;">, que como la declaratoria de validez de la referida oferta real de pago constituyó una liberación del deudor demandado, las obligaciones a su cargo eran ya inexistentes, por lo que consecuentemente el embargo realizado en base a la deuda ya solventada carecía de objeto, liberación que quedó confirmada con el retiro de la suma ofertada realizada por el Dr. José A. Báez Rodríguez, abogado del recurrente, el 20 de junio de 2007, según consta en certificación expedida al respecto por la Dirección General de Impuestos Internos, por lo que resultó correcta la decisión del Tribunal a-quo de ordenar su radiación, razón por la cual los medios examinados carecen de fundamento y deben ser desestimados, y en consecuencia rechazado el presente recurso.

<span style="color: #666666; font-family: Arial,sans-serif; font-size: 9pt;">B.J. NO. 1191, FEBRERO 2010
 * <span style="color: #666666; font-family: Arial,sans-serif; font-size: 9pt;">Considerando **<span style="color: #666666; font-family: Arial,sans-serif; font-size: 9pt;">, que el Código de Trabajo en su artículo 389, que sirve de motivación para el establecimiento del fuero sindical, precisa que “la estabilidad consagrada en este título se otorga para garantizar la defensa del interés colectivo y la autonomía en el ejercicio de las funciones sindicales”, persiguiendo que los trabajadores puedan realizar actividades sindicales sin temor a una represalia de los empleadores durante determinado tiempo; añade “
 * <span style="color: #666666; font-family: Arial,sans-serif; font-size: 9pt;">Considerando **<span style="color: #666666; font-family: Arial,sans-serif; font-size: 9pt;">, que el artículo 392 dispone que: “No producirá efecto jurídico alguno el desahucio de los trabajadores protegidos por el fuero sindical”, lo que significa que el contrato de trabajo se mantiene vigente cuando el empleador pretende ponerle fin a la relación contractual durante la vigencia de la referida garantía sindical y autoriza a los tribunales laborales a disponer el reintegro de los trabajadores afectados con toda sus consecuencias;

<span style="color: #666666; font-family: Arial,sans-serif; font-size: 9pt;"> **Considerando**, que la sentencia impugnada contiene una relación completa de los hechos y motivos suficientes y pertinentes, que permiten a esta corte verificar la correcta aplicación de la ley, razón por la cual los medios examinados carecen de fundamento y deben ser desestimados y en consecuencia rechazado el presente recurso.

<span style="color: #666666; font-family: Arial,sans-serif; font-size: 9pt;">B.J. NO. 1191, FEBRERO 2010 (DESISTIDA).

<span style="color: #666666; font-family: Arial,sans-serif; font-size: 9pt;">B.J. NO. 1191, FEBRERO 2010
 * <span style="color: #666666; font-family: Arial,sans-serif; font-size: 9pt;">Considerando **<span style="color: #666666; font-family: Arial,sans-serif; font-size: 9pt;">, que de acuerdo con las disposiciones del artículo 537 del Código de Trabajo, las sentencias de los tribunales de trabajo deben contener, entre otros, los pedimentos que formulen las partes, o sea las conclusiones, que son las que enmarcan el alcance del apoderamiento de los jueces y que éstos no pueden omitir en sus decisiones, de donde resulta que la carencia de ese elemento en una sentencia la hace susceptible de ser casada;

<span style="color: #666666; font-family: Arial,sans-serif; font-size: 9pt;"> **Considerando**, que en la especie, tal como lo plantea el recurrente, en la sentencia impugnada no se advierte cuales son las conclusiones formuladas por el actual recurrente en la última audiencia celebrada por el Juez a-quo el día 6 de diciembre de 2006, ni se hace mención de la circunstancia de que él se hubiere negado a presentar pedimento alguno, figurando sólo las conclusiones presentadas por los abogados del actual recurrido en su condición de demandado y las de la Asociación Nacional de Ahorros y Préstamos para la Vivienda, quien actuó como interviniente, razón por la cual la misma debe ser casada;

<span style="color: #666666; font-family: Arial,sans-serif; font-size: 9pt;">B.J. NO. 1191, FEBRERO 2010 (DESISTIDA)

**<span style="color: #d99594; font-family: Arial,sans-serif; font-size: 9pt;">TIERRA **

<span style="color: #666666; font-family: Arial,sans-serif; font-size: 9pt;">B.J. NO. 1191, FEBRERO 2010
 * <span style="color: #666666; font-family: Arial,sans-serif; font-size: 9pt;">Considerando **<span style="color: #666666; font-family: Arial,sans-serif; font-size: 9pt;">, que los jueces del fondo formaron su convicción de que las maniobras realizadas por las recurrentes tuvieron como propósito despojar a la recurrida del derecho de propiedad del mencionado inmueble, basándose en la documentación que le fue regularmente aportada, así como de los testimonios y elementos de juicio necesarios para determinar la simulación envuelta en el supuesto financiamiento de la Asociación Mocana de Ahorros y Préstamos;

<span style="color: #666666; font-family: Arial,sans-serif; font-size: 9pt;"> **Considerando**, finalmente, en cuanto a la alegada desnaturalización de los hechos de la causa, invocada por las recurrentes, supone que a los hechos establecidos como verdaderos no se les ha dado el sentido o alcance inherente a su propia naturaleza y cuando los jueces del fondo reconocen como sinceros ciertos testimonios, como los ofrecidos por el Gerente de la Asociación Mocana de Ahorros y Préstamos y el Notario Público, a quien se le atribuye haber legalizado un acto y fundan en ellos su íntima convicción, lejos de incurrir en una supuesta desnaturalización de los hechos de la causa, hacen al contrario, uso correcto del poder soberano de que están investidos en la depuración de las pruebas y en consecuencia los argumentos contenidos en ambos recursos deben ser rechazados.

<span style="color: #666666; font-family: Arial,sans-serif; font-size: 9pt;">B.J. NO. 1191, FEBRERO 2010 (DESISTIDA).

**<span style="color: #d99594; font-family: Arial,sans-serif; font-size: 9pt;">CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO (NO HAY). **   **<span style="color: #d99594; font-family: Cambria,serif;">CONTENCIOSO-TRIBUTARIO. **

<span style="color: #666666; font-family: Verdana,sans-serif; font-size: 8pt;">B.J. NO. 1191, FEBRERO 2010
 * <span style="color: #666666; font-family: Verdana,sans-serif; font-size: 8pt;">Considerando **<span style="color: #666666; font-family: Verdana,sans-serif; font-size: 8pt;">, que lo transcrito precedentemente permite establecer que, si bien es cierto, que tal como alega la recurrente, el Tribunal a-quo incurrió en una errada interpretación sobre la vigencia de la ley en el tiempo, al establecer en uno de los motivos de su sentencia que el plazo de 45 días previsto para acogerse a los beneficios de la Ley de Amnistía núm. 183-07 corre a partir de su promulgación, la que se produjo el 24 de julio de 2007, afirmación que no es correcta, ya que la etapa definitiva que marca el inicio de vigencia de una ley es su publicación, que se materializa en fecha posterior a la promulgación y que le confiere obligatoriedad a la ley frente al público una vez que hayan transcurrido los plazos indicados en la misma para que se repute conocida en cada parte del territorio nacional, lo que en la especie ocurrió a partir del día 3 de agosto de 2007, fecha en que fue publicada la referida ley, y no a partir del 24 de julio de dicho año como consignara erróneamente dicho tribunal, por lo que su decisión carece de base legal, en ese aspecto; pero, no menos cierto es que, independientemente de este error, el análisis de los demás motivos del fallo impugnado revelan que, al anular la Resolución de Reconsideración núm. 36-08 dictada por la Dirección General de Impuestos Internos y considerar que los períodos fiscales 2004 y 2005 se beneficiaban de la Ley de Amnistía Fiscal, dicho tribunal estableció motivos suficientes y pertinentes que justifican su decisión, ya que según consta en la sentencia impugnada pudo establecer que la empresa recurrente en fecha 4 de septiembre del año 2007, es decir dentro del plazo de los 45 días, solicitó a la Dirección General de Impuestos Internos, de conformidad con el artículo 2 de la Ley núm. 183-07, acogerse a la Amnistía Fiscal del Impuesto sobre la Renta, impuesto a las Transferencias de Bienes Industrializados y Servicios (ITBIS) y retenciones; que en respuesta a dicha solicitud la Dirección General de Impuestos Internos, a través de su Subdirectora de Recaudación, aprobó y autorizó expresamente a la recurrente para que se acogiera a la amnistía fiscal porque cumplía con los requisitos necesarios, conforme a comunicación núm. 57046 de fecha 2 de octubre del año 2007 de dicha dirección general, habiéndose efectuado el pago correspondiente a los períodos amnistiados; que en consecuencia, al decidir en su sentencia que la amnistía otorgada a la hoy recurrida por la Dirección General de Impuestos Internos abarcaba los períodos fiscales 2004 y 2005, que fueron notificados por dicha dirección general de forma concomitante a la promulgación de la ley, por lo que no habían sido previamente fiscalizados como pretende la recurrente, el Tribunal a-quo aplicó correctamente las disposiciones de la ley de amnistía a los hechos soberanamente apreciados, sin incurrir en los vicios por ella denunciados en el primer aspecto de su primer medio y en los medios segundo y tercero del presente recurso, los que se rechazan por improcedentes y mal fundados;

<span style="color: #666666; font-family: Verdana,sans-serif; font-size: 8pt;"> **Considerando**, que en cuanto a la errada interpretación sobre la entrada en vigencia de la Ley de Amnistía Fiscal, tal como se ha expresado en otra parte de esta decisión, se ha podido establecer que aunque el Tribunal a-quo incurrió en este vicio, esto no influyó sobre el fondo de su decisión, ya que el análisis de la sentencia impugnada revela que la misma contiene otros motivos que la fundamentan y que han permitido a esta Corte apreciar, que en el presente caso, se ha hecho una correcta aplicación de la ley, por lo que en consecuencia, procede rechazar el recurso; **<span style="font-family: Arial,sans-serif; font-size: 9pt;">MARZO ** **<span style="color: #d99594; font-family: Arial,sans-serif; font-size: 9pt;"> LABORAL **

<span style="color: #666666; font-family: Arial,sans-serif; font-size: 9pt;">B.J. NO. 1192, MARZO 2010
 * <span style="color: #666666; font-family: Arial,sans-serif; font-size: 9pt;">Considerando **<span style="color: #666666; font-family: Arial,sans-serif; font-size: 9pt;"> que el artículo 495 del Código de Trabajo, establece que “Los plazos de procedimientos para las actuaciones que deban practicar las partes son francos y se aumentarán en razón de la distancia, en la proporción de un día por cada treinta kilómetros o fracción de mas de quince kilómetros. Los días no laborables comprendidos en un plazo no son computables en éste. Si el plazo vence en día no laborable, se prorroga hasta el siguiente. No puede realizarse actuación alguna en los días no laborables, ni antes de las seis de la mañana o después de las seis de la tarde en los demás”;
 * <span style="color: #666666; font-family: Arial,sans-serif; font-size: 9pt;">Considerando **<span style="color: #666666; font-family: Arial,sans-serif; font-size: 9pt;">, que dejando de computar dentro del plazo establecido el día a-quo y el día a-quem, así como el 4 de mayo, festivo por celebrarse el día Internacional de Trabajo y los días 3 y 10 de mayo, por ser domingo, no laborables, en acatamiento de las disposiciones del referido artículo 495 del Código de Trabajo, el plazo para la notificación del recurso vencía el 11 de mayo de 2009, por lo que al haberse hecho el día 14 de mayo de 2009, el mismo fue notificado después de vencido el plazo legal, razón por la cual debe declararse su caducidad;

<span style="color: #666666; font-family: Arial,sans-serif; font-size: 9pt;">B.J. NO. 1192, MARZO 2010 (DESISTIDA).

<span style="color: #666666; font-family: Arial,sans-serif; font-size: 9pt;">B.J. NO. 1192, MARZO 2010 (INADMISIBLE).

<span style="color: #666666; font-family: Arial,sans-serif; font-size: 9pt;">B.J. NO. 1192, MARZO 2010 (INADMISIBLE)

<span style="color: #666666; font-family: Arial,sans-serif; font-size: 9pt;">B.J. NO. 1192, MARZO 2010
 * <span style="color: #666666; font-family: Arial,sans-serif; font-size: 9pt;">Considerando **<span style="color: #666666; font-family: Arial,sans-serif; font-size: 9pt;">, que en la especie, habiendo los demandantes indicado dos fechas distintas como las de la terminación de sus contratos de trabajo, al dar por establecida una de ellas, el tribunal tenía que ofrecer motivos pertinentes que sustentaran su decisión, sobre todo al acoger la fecha originaria señalada por éstos, sin hacer ninguna alusión a la instancia de corrección dirigida por los actuales recurrentes al Presidente de la Sexta Sala del Juzgado de Trabajo del Distrito Nacional el 29 de junio de 2006, donde expresaban que por error se había consignado como fecha de terminación de los contratos el 10 de septiembre de 2005;

<span style="color: #666666; font-family: Arial,sans-serif; font-size: 9pt;"> **Considerando**, que del estudio de la sentencia impugnada no se advierte que el Tribunal a-quo haya dado motivos para rechazar como fecha de la conclusión de la relación laboral el 22 de marzo de 2006, que fue la sostenida por los recurrentes en el escrito contentivo del recurso de apelación, por lo que la sentencia impugnada carece de motivos suficientes y de una relación completa de los hechos de la causa, razón por la cual la misma debe ser casada, sin necesidad de examinar los demás medios del recurso;

<span style="color: #666666; font-family: Arial,sans-serif; font-size: 9pt;">B.J. NO. 1192, MARZO 2010
 * <span style="color: #666666; font-family: Arial,sans-serif; font-size: 9pt;">Considerando **<span style="color: #666666; font-family: Arial,sans-serif; font-size: 9pt;">, que con relación a la alegada violación del artículo 180 del Código de Trabajo, por parte de los tribunales de fondo, se advierte en la motivación de la sentencia cuestionada, que la parte recurrente no hizo pruebas ante esas jurisdicciones, de haber cumplido con su obligación de pagar los derechos adquiridos por la reclamante, presentando dichos argumentos de manera irrelevante, ahora por primera vez en casación; por tales motivos procede desestimar sus exposiciones sobre este aspecto;

<span style="color: #666666; font-family: Arial,sans-serif; font-size: 9pt;"> **Considerando**, que la sentencia impugnada contiene motivos suficientes y pertinentes que permiten a esta Corte verificar la correcta aplicación de la ley, razón por la cual los argumentos examinados carecen de fundamento y deben ser desestimados, y en consecuencia rechazado el presente recurso.

<span style="color: #666666; font-family: Arial,sans-serif; font-size: 9pt;">B.J. NO. 1192, MARZO 2010 (DESISTIDA)

<span style="color: #666666; font-family: Arial,sans-serif; font-size: 9pt;">B.J. NO. 1192, MARZO 2010 (INADMISIBLE)

<span style="color: #666666; font-family: Arial,sans-serif; font-size: 9pt;">B.J. NO. 1192, MARZO 2010
 * <span style="color: #666666; font-family: Arial,sans-serif; font-size: 9pt;">Considerando **<span style="color: #666666; font-family: Arial,sans-serif; font-size: 9pt;">, que del conjunto de las disposiciones de los artículos 15 y 34 del Código de Trabajo, se presume que toda persona que preste sus servicios personales a otra está amparada por un contrato de trabajo por tiempo indefinido, por lo que corresponde a la persona a quien se le preste el servicio demostrar que el mismo fue como consecuencia de la existencia de otro tipo de vínculo contractual;

<span style="color: #666666; font-family: Arial,sans-serif; font-size: 9pt;"> **Considerando**, que no obstante reseñar la existencia de esos documentos la Corte a-qua no hace ninguna referencia a su contenido ni deduce ninguna consecuencia de los mismos, limitándose a señalar para acoger el reclamo de participación en los beneficios del demandante, que se trata de un derecho que le corresponde por ley, lo que no constituye un motivo válido ante la presencia de las referidas declaraciones juradas, razón por la cual la sentencia carece de motivos y de base legal en lo referente al pago de este aspecto, por lo que debe ser casada;

<span style="color: #666666; font-family: Arial,sans-serif; font-size: 9pt;">B.J. NO. 1192, MARZO 2010
 * <span style="color: #666666; font-family: Arial,sans-serif; font-size: 9pt;">Considerando **<span style="color: #666666; font-family: Arial,sans-serif; font-size: 9pt;">, que ese modo de prueba, al igual que los demás que sean sometidos a los jueces del fondo deben ser valorados y apreciados por éstos para determinar los hechos que son establecidos por las partes, para lo cual cuentan con un soberano poder de apreciación que escapa al control de la casación, salvo cuando incurran en alguna desnaturalización;

<span style="color: #666666; font-family: Arial,sans-serif; font-size: 9pt;"> **Considerando**, que en la especie, el tribunal dio por establecida la existencia del contrato de trabajo entre las partes y la terminación del mismo con responsabilidad para el empleador luego de ponderar la prueba aportada y de manera particular las declaraciones del Ingeniero Mario Rodríguez, co-demandado, quien declaró ante el Inspector del Ministerio de Estado de Trabajo, actuante en el caso, que a los trabajadores se les iban a pagar sus prestaciones laborales, de todo lo cual da motivos suficientes y pertinentes, sin que se advierta que éste hubiere incurrido en desnaturalización alguna, razón por la cual los medios aquí examinados, carecen de fundamento y deben ser desestimados.

<span style="color: #666666; font-family: Arial,sans-serif; font-size: 9pt;">B.J. NO. 1192, MARZO 2010 (INADMISIBLE)

<span style="color: #666666; font-family: Arial,sans-serif; font-size: 9pt;">B.J. NO. 1192, MARZO 2010 (DESISTIDA)

<span style="color: #666666; font-family: Arial,sans-serif; font-size: 9pt;">B.J. NO. 1192, MARZO 2010 (INADMISIBLE)

<span style="color: #666666; font-family: Arial,sans-serif; font-size: 9pt;">B.J. NO. 1192, MARZO 2010 (INADMISIBLE)

<span style="color: #666666; font-family: Arial,sans-serif; font-size: 9pt;">B.J. NO. 1192, MARZO 2010
 * <span style="color: #666666; font-family: Arial,sans-serif; font-size: 9pt;">Considerando **<span style="color: #666666; font-family: Arial,sans-serif; font-size: 9pt;">, que de acuerdo con el artículo 539 del Código de Trabajo, “las sentencias de los Juzgados de Trabajo en materia de conflictos de derechos serán ejecutorias a contar del tercer día de la notificación, salvo el derecho de la parte que haya sucumbido de consignar una suma equivalente al duplo de las condenaciones pronunciadas”;

<span style="color: #666666; font-family: Arial,sans-serif; font-size: 9pt;"> **Considerando**, que en vista de ello, es privativo del Juez Presidente de la Corte de Trabajo, en funciones de Juez de los Referimientos apoderado de una demanda en suspensión de ejecución de una sentencia dictada por el Juzgado de Trabajo, disponer, que para lograr tal suspensión el impetrante deposite una fianza que garantice el cumplimiento de la sentencia condenatoria cuando ésta se haga irrevocable, pero en modo alguno constituye una violación a la ley la decisión, como de la especie, de que para la suspensión de la ejecución de una sentencia de primer grado el interesado deposite el duplo de las condenaciones, pues con la misma se da acatamiento también al referido artículo 539 del Código de Trabajo, que declara ejecutoria la misma a contar del tercer día de la notificación, tal como lo dispuso el Juez a-quo, razón por la cual el medio examinado carece de fundamento y debe ser desestimado y en consecuencia rechazado el presente recurso.

<span style="color: #666666; font-family: Arial,sans-serif; font-size: 9pt;">B.J. NO. 1192, MARZO 2010
 * <span style="color: #666666; font-family: Arial,sans-serif; font-size: 9pt;">Considerando, **<span style="color: #666666; font-family: Arial,sans-serif; font-size: 9pt;"> que en la sentencia impugnada consta lo siguiente: “que de dichas declaraciones, a las que esta Corte otorga entera fe y crédito por su sinceridad y coherencia, se evidencia que ciertamente la recurrente, además de prestar servicios como ejecutiva de ama de llaves en el Hotel Jaragua, era y continúa siendo accionista de la empresa Interclean, sociedad comercial dedicada a las actividades de limpieza, tarea esta última que realizaba con posterioridad al término de su jornada habitual en el Hotel Jaragua y cuyos empleados eran ocasionalmente utilizados por Interclean también, después que terminaban sus labores normales en el referido hotel, razón por la cual se puede determinar que la recurrente no cometió los hechos de los cuales se le acusa en la Carta de Despido antes transcrita, debiendo en consecuencia dicha terminación ser declarada injustificada”;
 * <span style="color: #666666; font-family: Arial,sans-serif; font-size: 9pt;">Considerando **<span style="color: #666666; font-family: Arial,sans-serif; font-size: 9pt;">, que en materia laboral, amén de que hay libertad de pruebas, la primacía de los hechos sobre lo escrito es un principio fundamental de esta rama del derecho, siendo el testimonio la prueba por excelencia; que frente a lo que está escrito en la carta de despido y el testimonio del señor Antonio Paulino Espinal Valdez, prevalece la declaración de este último;
 * <span style="color: #666666; font-family: Arial,sans-serif; font-size: 9pt;">Considerando **<span style="color: #666666; font-family: Arial,sans-serif; font-size: 9pt;">, que la sentencia impugnada contiene motivos suficientes y pertinentes que permiten a esta Corte verificar la correcta aplicación de la ley, razón por la cual los argumentos examinados carecen de fundamento y deben ser desestimados, y en consecuencia rechazado el presente recurso.

<span style="color: #666666; font-family: Arial,sans-serif; font-size: 9pt;">B.J. NO. 1192, MARZO 2010
 * <span style="color: #666666; font-family: Arial,sans-serif; font-size: 9pt;">Considerando **<span style="color: #666666; font-family: Arial,sans-serif; font-size: 9pt;">, que durante el plazo del desahucio el contrato de trabajo subsiste y las partes están obligadas a cumplir con las obligaciones que se derivan de éste, incumplidas las cuales pueden dar lugar a su terminación mediante el uso del despido, si la falta es cometida por el trabajador o de la dimisión, si es el empleador el que ha incurrido en la violación, no obstante que una de las partes haya otorgado dicho plazo como un preliminar para poner fin al contrato mediante el uso del desahucio;

<span style="color: #666666; font-family: Arial,sans-serif; font-size: 9pt;"> **Considerando**, que la sentencia impugnada contiene una relación completa de los hechos y circunstancias, motivos suficientes y pertinentes que permiten a esta corte verificar la correcta aplicación de la ley, razón por la cual, los medios examinados carecen de fundamento y deben ser desestimados.

**<span style="color: #d99594; font-family: Arial,sans-serif; font-size: 9pt;">TIERRA ** <span style="color: #666666; font-family: Arial,sans-serif; font-size: 9pt;">B.J. NO. 1192, MARZO 2010
 * <span style="color: #666666; font-family: Arial,sans-serif; font-size: 9pt;">Considerando, **<span style="color: #666666; font-family: Arial,sans-serif; font-size: 9pt;"> que también consta en la sentencia impugnada, “Que, en cuanto al agravio formulado en contra de que a la cónyuge señora Altagracia Sánchez se le atribuyen derechos dentro de la Parcela núm. 160-E-26 del Distrito Catastral núm. 10/4ta., de Higüey la parte recurrente aduce que el finado Jorge Garip Mitre adquirió los derechos sobre la misma en el año 1960, antes de contraer matrimonio con la señora Altagracia Sánchez, este Tribunal estima que ciertamente el señor Jorge Garip Mitre adquirió en 1960 una porción de terreno de 1,417,059 en la Parcela núm. 160-E del Distrito Catastral núm. 10/4ta., del Municipio de Higüey de la señora María Altagracia Morales Lebrón de Marranzini, con la cual había convenido que si al momento de realizar los trabajos de deslinde y subdivisión la porción de terreno resultaba con más área que la vendida, ésta se comprometía a vendérsela al mismo precio; en este sentido este Tribunal entiende que los argumentos relativos a la venta y el acuerdo entre el vendedor y el comprador en cuanto al precio de la misma vale venta, a los fines de si surje una litis entre la vendedora y el comprador, como al efecto surgió, pero no son válidos con el propósito de querer probar al Tribunal que la totalidad de los derechos adquiridos por el señor Jorge Garip Mitre fueron antes de la comunidad matrimonial por el hecho de que se había convenido en 1960 que se le transferiría la diferencia de área, ya que éste era un acuerdo entre las partes contratantes para protección del señor Jorge Garip Mitre y de la vendedora; que fue hasta 1991 cuando se determinó que el señor Jorge Garip Mirte tenía un exceso en la Parcela resultante de los trabajos de deslinde designada como Parcela núm. 160-E-26 de 34 has., 79 As., 97 Cas., equivalente a 347, 997 metros, la cual adquirió en la fecha cuando ya existía la comunidad matrimonial con la señora Altagracia Sánchez y fue pagado el precio convenido entre la vendedora y el comprador, precio que tuvo en discusión y que se negara a recibir la vendedora, teniendo que consignarlo en la Dirección General de Rentas Internas en esa época, hoy Dirección General de Impuestos Internos; que habiendo sido adquirida esa diferencia y pagada dentro de la comunidad matrimonial, le corresponde a la señora Altagracia Sánchez en su calidad de cónyuge el 50% de esa porción, menos el área transferida antes de la muerte del señor Jorge Garip Mitre, tal como lo hizo constar la Juez de Jurisdicción Original, por lo que este agravio es rechazado”;
 * <span style="color: #666666; font-family: Arial,sans-serif; font-size: 9pt;">Considerando **<span style="color: #666666; font-family: Arial,sans-serif; font-size: 9pt;">, finalmente, que el examen de la sentencia impugnada revela que la misma contiene una relación detallada de los hechos y circunstancias que justifican plenamente su dispositivo y que han permitido a la Suprema Corte de Justicia en sus funciones de Corte de Casación, apreciar que en la especie, se ha hecho una correcta aplicación de la ley, por lo que los agravios formulados contra la misma carecen de fundamento y deben ser desestimados y en consecuencia rechazado el presente recurso.

<span style="color: #666666; font-family: Arial,sans-serif; font-size: 9pt;">B.J. NO. 1192, MARZO 2010 (INADMISIBLE)

**<span style="color: #d99594; font-family: Arial,sans-serif; font-size: 9pt;">CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO **

<span style="color: #666666; font-family: Arial,sans-serif; font-size: 9pt;">B.J. NO. 1192, MARZO 2010 (INADMISIBLE)

<span style="color: #666666; font-family: Arial,sans-serif; font-size: 9pt;">B.J. NO. 1192, MARZO 2010
 * <span style="color: #666666; font-family: Arial,sans-serif; font-size: 9pt;">Considerando **<span style="color: #666666; font-family: Arial,sans-serif; font-size: 9pt;">, que los motivos transcritos precedentemente revelan, que para dictar su decisión el Tribunal a-quo se fundamentó correctamente en las disposiciones del Código Tributario que regulan el impuesto de activos, así como en la Norma General núm. 03-06 dictada para la aplicación de dicho impuesto, que consagran el procedimiento para que los contribuyentes puedan acogerse al régimen de exclusión temporal de activos en cualquiera de sus dos modalidades, esto es, cuando se trate de inversiones de capital intensivo o por inclusión de activos nuevos; que dentro de las condiciones que exige este procedimiento, sin importar la modalidad que se adopte, está la que dispone que “los activos deben ser identificados, debiendo señalarse valor y fecha de adquisición así como los documentos justificativos del costo de adquisición de los mismos”; que tal como lo consigna en su sentencia, al valorar las pruebas aportadas en la especie, dicho tribunal pudo establecer que correspondían a la copia de los Estados Financieros de la recurrente, los que a su entender no resultaban suficientes para comprobar los datos requeridos por dichas disposiciones legales a los fines de calificar para el régimen de exclusión temporal proveniente de activos de capital intensivo y en base a ello dicho tribunal procedió a rechazar el fondo del recurso y a confirmar la decisión de la Dirección General de Impuestos Internos, aplicando su soberano poder de apreciación para valorar las pruebas que le fueron aportadas, sin que al hacerlo incurriera en desnaturalización ni en una interpretación errónea de los textos legales, como pretende la recurrente, sino, que al contrario, los motivos de la sentencia impugnada se justifican plenamente con lo decidido, lo que le permite a esta Suprema Corte de Justicia comprobar que en el presente caso se ha efectuado una correcta aplicación de la ley; que en consecuencia, se rechazan los medios invocados por la recurrente, así como el recurso de casación de que se trata, por improcedente y mal fundado;

**<span style="color: #d99594; font-family: Cambria,serif;">CONTENCIOSO-TRIBUTARIO. (NO HAY). **

= JULY GREY REYES PILIER- 83602 = = Materia de Tierras =

<span style="color: #666666; font-family: 'Verdana','sans-serif'; font-size: 12px;">B.J. NO. 1193, ABRIL 2010
 * <span style="color: #666666; font-family: 'Verdana','sans-serif'; font-size: 12px;">Considerando **<span style="color: #666666; font-family: 'Verdana','sans-serif'; font-size: 12px;">, que como se advierte por lo anteriormente expuesto, los jueces del fondo apreciaron soberanamente los Certificados de Títulos sometidos a su consideración conforme a las facultades legales de que se encuentran investidos y que constituyen una cuestión de hecho que escapa de censura y además, porque el examen de la sentencia impugnada muestra que ella contiene motivos suficientes, pertinentes y congruentes que justifican plenamente su dispositivo, por lo cual los agravios formulados en contra de la misma carecen de fundamento y deben ser desestimados.

<span style="color: #666666; font-family: 'Verdana','sans-serif'; font-size: 12px;">B.J. NO. 1193, ABRIL 2010
 * <span style="color: #666666; font-family: 'Verdana','sans-serif'; font-size: 12px;">Considerando **<span style="color: #666666; font-family: 'Verdana','sans-serif'; font-size: 12px;">, que tanto la celebración de un nuevo juicio como la designación de peritos en materia inmobiliaria son medidas de instrucción que entran dentro del ámbito de los poderes de que se encuentran investidos los jueces para disponer acerca de cuantas medidas estimen convenientes para la solución de los casos que les son sometidos, las cuales le resultan puramente discrecionales de conformidad con lo que establece el inciso 9, del artículo 11, de la Ley 1542 de 1947, bajo cuyo imperio se introdujo el proceso de que se trata;

<span style="color: #666666; font-family: 'Verdana','sans-serif'; font-size: 12px;">**Considerando**, en cuanto al agravio de declararlo inadmisible el recurso de apelación, bajo el supuesto de que fue tardío, se trata de una disposición intrascendente o sin ninguna consecuencia jurídica porque el recurrente en la revisión del fallo impuesto por la ley mencionada en el considerando anterior, tuvo y aprovechó la oportunidad de participar y producir en las audiencias celebradas en el tribunal de alzada, sus agravios y conclusiones contra el fallo apelado y respecto a la alegada incompetencia del tribunal de tierras, para conocer del conflicto, en razón de la materia, es obvio que el procedimiento mediante el cual se hace cesar el estado de indivisión entre copropietarios, co-herederos o co-partícipes de inmuebles registrados, como es el caso, es de la competencia de los tribunales de jurisdicción inmobiliaria, según es norma establecida por la ley;


 * <span style="color: #666666; font-family: 'Verdana','sans-serif'; font-size: 12px;">Considerando **<span style="color: #666666; font-family: 'Verdana','sans-serif'; font-size: 12px;">, que sólo con el consentimiento expreso del dueño podrán registrarse a nombre de otro las mejoras permanentes que hubiere en el terreno, de conformidad con el párrafo único del artículo 555 del Código Civil, el cual también indica entre otras disposiciones “que cuando las plantas, fábricas y obras se hayan hecho por un tercero, y con materiales suyos, puede retenerlos el dueño del terreno u obligar al tercero a que los retire y si el dueño del terreno exige la destrucción de las plantaciones u obras, se ejecutará a expensa del que las hizo, sin que tenga derecho éste a indemnización alguna; también puede condenársele a resarcir, si procede, daños y perjuicios por los menoscabos que pueda haber experimentado el dueño de la tierra”, mientras es de principio, que sobre los inmuebles registrados sólo podrán anotarse a nombre de terceros las mejoras permanentes que cuenten con el consentimiento expreso y por escrito del dueño del terreno mediante acto auténtico o legalizadas las firmas por ante notario público;

<span style="color: #666666; font-family: 'Verdana','sans-serif'; font-size: 12px;">B.J. NO. 1194, MAYO 2010
 * <span style="color: #666666; font-family: 'Verdana','sans-serif'; font-size: 12px;">Considerando **<span style="color: #666666; font-family: 'Verdana','sans-serif'; font-size: 12px;">, que, por lo expuesto, al ser sustituidos por encontrarse de vacaciones los magistrados Luis Marino Álvarez Alonzo y Luz Berenice Ubiñas Renville de Barinas por las magistradas Guillermina Altagracia Marizán Santana y Virginia Concepción de Pelletier para el conocimiento y fallo de la litis, objeto de este recurso los dos primeros magistrados carecían de calidad para firmar la sentencia si antes no habían sido designados de nuevo para el conocimiento y fallo del asunto, previo a determinarse si el expediente estaba en condiciones de que ésto ocurriera sin necesidad de otra audiencia; que en estas condiciones el Tribunal a-quo resultó irregularmente constituido para decidir la presente litis, en franca violación a las disposiciones legales ya citadas;
 * <span style="color: #666666; font-family: 'Verdana','sans-serif'; font-size: 13.3333px;">Considerando **<span style="color: #666666; font-family: 'Verdana','sans-serif'; font-size: 13.3333px;">, por otra parte, es evidente la contradicción que existe entre los ordinales primero y tercero del fallo impugnado, porque mientras en el primero de ellos se acoge en la forma el recurso de apelación interpuesto por los recurrentes Rafael Amable Guzmán y Casa Lin, S. A., y se rechaza en cuanto al fondo, dando a entender que se confirmó dicho fallo, en el segundo, por el contrario revoca en todas sus partes la decisión del Tribunal de Tierras de Jurisdicción Original;


 * <span style="color: #666666; font-family: 'Verdana','sans-serif'; font-size: 13.3333px;">Considerando **<span style="color: #666666; font-family: 'Verdana','sans-serif'; font-size: 13.3333px;">, que igualmente, mediante la decisión también revoca la Resolución del Tribunal Superior de Tierras del 17 de agosto de 1994 sin dar motivos suficientes para hacer dicha modificación, sin aprobar ni rechazar los trabajos de deslinde impugnados, sino que en el sexto ordinal del mismo fallo mantiene la autorización del 7 de septiembre de 1976 que es la que dispone los trabajos de deslinde y refundición de la parcela en cuestión;

<span style="color: #666666; font-family: 'Verdana','sans-serif'; font-size: 13.3333px;">B.J. NO. 1194, MAYO 2010
 * <span style="color: #666666; font-family: 'Verdana','sans-serif'; font-size: 13.3333px;">Considerando **<span style="color: #666666; font-family: 'Verdana','sans-serif'; font-size: 13.3333px;">, que en el fallo impugnado, el Tribunal a-quo fundamenta el hecho de que en la única motivación de que el señor Pedro José Chávez aportó sus derechos dentro de la parcela de referencia a la Compañía Pedro Chávez, S. A., la cual ha traspasado todos estos derechos a terceros adquirientes que podrían ver sus derechos lesionados si se llegase a corregir el indicado error; por lo que esta corrección procede ser rechazada ya que la solicitud convierte el proceso en una litis sobre Derechos Registrados”;
 * <span style="color: #666666; font-family: 'Verdana','sans-serif'; font-size: 13.3333px;">Considerando **<span style="color: #666666; font-family: 'Verdana','sans-serif'; font-size: 13.3333px;">, que ante la situación actual de que en el Decreto de Registro constan dimensiones diferentes a las precisadas en la Resolución del Tribunal Superior de Tierras con relación a dicha parcela, esta dependencia oficial no puede ser indiferente y además, el fallo impugnado deja a la Suprema Corte de Justicia en la imposibilidad de verificar si la ley ha sido o no cumplida, por lo que dicha decisión debe ser casada sin necesidad de examinar los demás medios del presente recurso;

<span style="color: #666666; font-family: 'Verdana','sans-serif'; font-size: 13.3333px;">**Considerando**, que si lo jueces remiten a nueva audiencia en razón de haber acogido y ordenado una medida o para la mejor sustanciación del asunto, audiencia esta última en la que no se ha dejado constancia en la sentencia impugnada de que las medidas solicitadas por los recurrentes y ordenadas por el Tribunal no han sido cumplidas o ejecutadas, el o los Jueces deben dar ineludiblemente los motivos por los cuales, en esas condiciones, el expediente les parece ahora suficiente, completo y por tanto innecesarias ahora las medidas que ya habían ordenado, excepto cuando la parte que ha solicitado la medida renuncia a la misma o cuando ésta se hace de imposible ejecución o aparecen pruebas nuevas y eficaces que suplen las pruebas que se perseguían con la ejecución de la medida que en tales circunstancias deviene innecesaria; que como en la sentencia no se ofrecen los motivos correspondientes para justificar el incumplimiento de las medidas que habían sido ordenadas, resulta evidente que la sentencia debe ser casada también por falta de base legal;

<span style="color: #666666; font-family: 'Verdana','sans-serif'; font-size: 13.3333px;">B.J. NO. 1194, MAYO 2010
 * <span style="color: #666666; font-family: 'Verdana','sans-serif'; font-size: 13.3333px;">Considerando **<span style="color: #666666; font-family: 'Verdana','sans-serif'; font-size: 13.3333px;">, que del estudio de este expediente, de sus incidentes y de los documentos que lo integran, se advierte, que lejos de constituir una litis sobre terrenos registrados, concurren situaciones procesales contempladas por el legislador en las disposiciones contenidas en los artículos 3 y 10 de la Ley 302 de 1964 sobre Honorarios de Abogados, en el primero de los cuales se establece la posibilidad de utilizar la modalidad de contratación de servicios profesionales por medio de contratos de cuota litis, así como a situaciones referentes a gastos y honorarios causados por servicios prestados por ante el Tribunal de Tierras que no puedan culminar o no hayan culminado en sentencia condenatoria en costas, caso en el cual la competencia para su aprobación es atribuida a la Presidente del Tribunal Superior de Tierras; que en el presente caso, por haber sido impugnada su Decisión de fecha 24 de julio de 2007, que apoderó del expediente al Juez de Jurisdicción Original de Higüey, correspondió tomar la decisión al pleno del Tribunal a-quo, con los resultados que constan en el fallo y los que comparte esta Corte;

<span style="color: #666666; font-family: 'Verdana','sans-serif'; font-size: 13.3333px;">B.J. NO. 1195, JUNIO 2010
 * <span style="color: #666666; font-family: 'Verdana','sans-serif'; font-size: 13.3333px;">Considerando **<span style="color: #666666; font-family: 'Verdana','sans-serif'; font-size: 13.3333px;">, que los recurrentes no han demostrado cuales son los agravios no propuestos por ellos que el tribunal hace constar en su fallo, por estar pendiente un acuerdo proyectado entre todos los reclamantes; y en cuanto al alegato de que si las partes no llegaron a un acuerdo el Tribunal de Tierras debió ordenar el registro del terreno a favor del Estado Dominicano y que al no hacerlo así violó la Ley de Registro de Tierras y desnaturalizó los hechos, procede declarar que si es cierto que desde que se dictó la Ley de Registro de Tierras en 1920, la casi totalidad de las adjudicaciones de propiedad que se han hecho a favor del Estado Dominicano sobre la base y con fundamento en la misma, o sea, como propietario en los saneamientos dispuestos por el Tribunal de Tierras o a iniciativa de particulares; no es menos cierto que, esa circunstancia no impide que el Estado pida un saneamiento por interés privado o público y obtenga la adjudicación de propiedad de un terreno, sobre la base y con fundamento en los artículos 27 y 270 de la Ley de Registro de Tierras, en el caso de que ninguna otra persona, física o moral solicite o se presente a reclamar, tal como ocurrió en la especie en el que el derecho de propiedad de dichos terrenos ha sido reclamada por particulares; debe significarse que en cuanto a la facultad del Estado de pedir un saneamiento cuando le interese o cuando sea de interés público este derecho está expresamente consagrado en el artículo 27 de la Ley de Registro de Tierras, modificado por la Ley núm. 3552 del 18 de abril de 1953; debiendo agregarse que en el inicio del sistema de registro de tierras en 1920, el Estado era el único que tenía de manera exclusiva la facultad de pedir el saneamiento de un terreno a fines de adjudicación del mismo en su favor o de cualquier entidad pública; que el legislador consideró absurda esta solución al elaborar la Ley núm. 1542 de 1947 de Registro de Tierras, por lo que estableció que la situación expuesta en beneficio exclusivo del Estado sólo puede producirse en los casos de terrenos o mejoras sobre los cuales ninguna persona física o moral hubiese establecido o demostrado su derecho de propiedad, tal como lo establece el artículo 270 de la Ley de Registro de Tierras ya citada; que, en cuanto a la supuesta violación del artículo 1134 del Código Civil los recurrentes no han demostrado en que sentido se ha incurrido en dicha violación tratándose como se trata en el caso de un saneamiento y no de una controversia en relación con un contrato entre las partes;


 * <span style="color: #666666; font-family: 'Verdana','sans-serif'; font-size: 13.3333px;">Considerando **<span style="color: #666666; font-family: 'Verdana','sans-serif'; font-size: 13.3333px;">, que los jueces del fondo son soberanos para apreciar la existencia de la prescripción adquisitiva, o sea, el tiempo de duración y los elementos de la posesión y pueden basarse para ello, como ha ocurrido en la especie, en aquellos testimonios prestados en audiencia que crean más sinceros y verídicos; que el Tribunal a-quo rechazó la reclamación de los recurrentes fundamentándose no sólo en los testimonios de los testigos y del examen y ponderación de los documentos que le fueron aportados, sino además en las propias declaraciones de los recurrentes que fueron oídos en la instrucción del asunto, llegando a la convicción de que ellos no probaron que tenían la posesión del terreno, en la forma y durante el tiempo que establece la ley, mientras que el recurrido demostró que poseyó el mismo por más de 20 años, con todos los requisitos del artículo 2229 del Código Civil; que el hecho de que en un procedimiento de depuración de títulos anteriormente realizado se haya reconocido a favor de uno o más accionistas del sitio determinada cantidad de acciones, no otorga a estos un derecho determinado en el terreno comprendido en el sitio comunero a que corresponden dichas acciones de pesos, mientras no se realiza la partición en naturaleza y se le otorgue a cada uno de los accionistas la porción que le corresponde en el perímetro de dicho terreno de acuerdo con su título, que en este procedimiento no se incluye en la partición las parcelas que han sido adjudicadas definitivamente por el Tribunal Superior de Tierras, por prescripción;


 * <span style="color: #666666; font-family: 'Verdana','sans-serif'; font-size: 13.3333px;">Considerando **<span style="color: #666666; font-family: 'Verdana','sans-serif'; font-size: 13.3333px;">, que por otra parte el Tribunal Superior de Tierras está facultado para poner a cargo del Agrimensor Contratista la localización de las posesiones comprendidas dentro de un terreno en curso de saneamiento, cuando esas posesiones existan en el momento mismo en que se llevó a efecto la mensura del terreno o aún cuando al pronunciarse la adjudicación a favor de varias personas se hace la misma de acuerdo con las posesiones que dichas personas tengan en el terreno, pero ninguna disposición de la ley obliga al Agrimensor a realizar dicha medida cuando las posesiones se han originado después de ejecutada la mensura y presentado los planos correspondientes y más aún, cuando ya se ha establecido quien o quienes son las personas que al momento de la mensura o de la adjudicación colectiva han mantenido durante más de 20 años la posesión de un terreno en la forma y términos que establece el artículo 2229 del Código Civil; que además, contrario a como lo entienden y alegan los recurrentes, entra en el poder soberano de los jueces del fondo ponderar cuando un asunto está debidamente sustanciado y por consiguiente en esos casos, como cuestión de hecho pueden decidir si procede o no el reenvío del mismo para ejecutar nuevas medidas de instrucción complementarias,

<span style="color: #666666; font-family: 'Verdana','sans-serif'; font-size: 13.3333px;">B.J. NO. 1195, JUNIO 2010


 * <span style="color: #666666; font-family: 'Verdana','sans-serif'; font-size: 13.3333px;">Considerando **<span style="color: #666666; font-family: 'Verdana','sans-serif'; font-size: 13.3333px;">, que si bien el recurrente no apeló la Decisión núm. 2 del Juez de Jurisdicción Original, cuando el Tribunal Superior de Tierras del Departamento Central procedió a realizar la revisión de oficio que establece la Ley núm. 1542, con el propósito de conocer el caso más ampliamente, lo hizo en audiencias públicas en las cuales participaron e intervinieron las partes para que el tribunal tuviera sus observaciones al momento de efectuar la revisión obligatoria que la ley pone a su cargo, caso en el cual cualesquiera de las partes tiene derecho a recurrir en casación haya o no apelación, cuanto más en el caso de que se trata en que el fallo fue modificado, aunque sólo haya sido en cuanto a que de la porción asignada por el Juez de Jurisdicción Original al recurrente se le rebajara el 30% de esos derechos a favor de los abogados a quienes se les cedió ese porcentaje a título de honorarios profesionales establecidos en el contrato de cuota litis que el tribunal reconoció, motivos por los cuales el medio de inadmisión propuesto debe ser rechazado;
 * <span style="color: #666666; font-family: 'Verdana','sans-serif'; font-size: 13.3333px;">Considerando **<span style="color: #666666; font-family: 'Verdana','sans-serif'; font-size: 13.3333px;">, que del estudio y ponderación del caso, los jueces del fondo establecieron y comprobaron que las partes interesadas no aportaron prueba alguna que justificara modificar, con la excepción ya citada, la decisión del Tribunal de Jurisdicción Original cuyas motivaciones fueron adoptadas por el Tribunal a-quo sin necesidad de reproducirlas en su fallo;

<span style="color: #666666; font-family: 'Verdana','sans-serif'; font-size: 13.3333px;">B.J. NO. 1195, JUNIO 2010


 * <span style="color: #666666; font-family: 'Verdana','sans-serif'; font-size: 13.3333px;">Considerando **<span style="color: #666666; font-family: 'Verdana','sans-serif'; font-size: 13.3333px;">, que el estudio del expediente demuestra, que en el caso de la especie el principal punto de controversia se contrae a una porción de terrenos de 6,579.91 metros cuadrados comprendidos dentro de una de las parcelas expropiadas por el Poder Ejecutivo, específicamente de la Parcela núm. 129-B del Distrito Catastral núm. 6 del municipio de Santiago, en que alguna de las dependencias del Estado Dominicano parece partidaria de que se excluya o libere dicha porción de tierra a favor de los recurridos a lo que se ha opuesto la recurrente, sin embargo, en el expediente no aparece decreto ni disposición alguna del Poder Ejecutivo, que es el único que puede disponerlo, que haya tomado tal decisión, por lo cual se trata de una situación que ameritaba consideración al respecto de parte del Tribunal a-quo, el que al no tomar en cuenta la ausencia de un elemento esencial para la solución del caso, el decreto que permita excluir dicha porción de la citada expropiación, incurrió en el vicio de falta de base legal, razón por la que la sentencia impugnada debe ser casada por falta de base legal.

<span style="color: #666666; font-family: 'Verdana','sans-serif'; font-size: 13.3333px;">B.J. NO. 1195, JUNIO 2010

<span style="color: #666666; font-family: 'Verdana','sans-serif'; font-size: 13.3333px;">**Considerando**, que es de principio que todo el que alega un hecho en justicia debe probarlo que en la especie la parte recurrida no ha demostrado en qué fecha le fue notificada a los recurrentes la sentencia impugnada, sin cuya prueba el medio de inadmisión propuesto carece de fundamento y por tanto debe ser desestimado;


 * <span style="color: #666666; font-family: 'Verdana','sans-serif'; font-size: 13.3333px;">Considerando **<span style="color: #666666; font-family: 'Verdana','sans-serif'; font-size: 13.3333px;">, que el artículo 138 de la Ley de Registro de Tierras núm. 1542 de 1947, al amparo de la cual fue conocido y fallado el presente asunto dispone que: “La acción será dirigida contra la persona indicada en el decreto, o contra cualquier causahabiente suyo, si lo hubiere, o contra el adjudicatario, en el caso de párrafo del artículo anterior; pero la referida acción no podrá ser intentada contra los terceros adquirientes de buena fe y a título oneroso”;


 * <span style="color: #666666; font-family: 'Verdana','sans-serif'; font-size: 13.3333px;">Considerando **<span style="color: #666666; font-family: 'Verdana','sans-serif'; font-size: 13.3333px;">, que los tribunales aprecian soberanamente las circunstancias de donde resulta la simulación y corresponde a los jueces del fondo, en virtud de ese poder declarar si la adjudicación de un terreno, en virtud de las circunstancias de la causa, se ha hecho con base a hechos irreales y por tanto ficticios que han originado la transmisión del inmueble; que como en la especie el Tribunal a-quo consideró y estableció que el acto de venta del 17 de junio de 2002, otorgado por la señora María Nelly Beato, a favor del recurrente era simulado porque fue el producto de un contubernio entre ella y el recurrente con el propósito de perjudicar a los recurridos, es decir, que dicho acto encubría una operación ficticia, no ha incurrido en las violaciones alegadas, sobre todo si se toma en cuenta que el recurrente obtiene ese traspaso pero no se comporta como nuevo dueño tal como informó en sus declaraciones el testigo José Miguel Vargas Abreu, inquilino de la casa y así se expresa en la sentencia impugnada en el sentido de que no conoce el recurrente, quien además nunca ha ido a cobrarle el alquiler de la vivienda;


 * <span style="color: #666666; font-family: 'Verdana','sans-serif'; font-size: 13.3333px;">Considerando **<span style="color: #666666; font-family: 'Verdana','sans-serif'; font-size: 13.3333px;">, que el estudio de la sentencia revela que como resultado del examen y ponderación de las pruebas aportadas los jueces que conocieron del asunto comprobaron además de las circunstancias que se mencionan en el considerando que se acaba de transcribir, que la señora María Nelly Beato, traspasó el solar de que se trata a favor del recurrente el día 17 de junio de 2002, o sea, al mes y 14 días de emitida la decisión de Jurisdicción Original el 3 de mayo del mismo año, en un momento en que aún no había sido revisada la misma por el Tribunal Superior de Tierras, lo que éste hizo en Cámara de Consejo el 9 de agosto de 2002, o sea, después de 2 meses y 22 días de operada la venta, hechos realizados con una extraña celeridad y en un momento en que el saneamiento no había concluido el cual terminó con el Decreto de Registro dictado el 7 de julio de 2004, todo lo cual ponen en evidencia como lo consideró el Tribunal a-quo que la venta de que se trata tiene un propósito malicioso y que resulta por tanto simulada;

<span style="color: #666666; font-family: 'Verdana','sans-serif'; font-size: 13.3333px;">B.J. NO. 1195, JUNIO 2010


 * <span style="color: #666666; font-family: 'Verdana','sans-serif'; font-size: 13.3333px;">Considerando **<span style="color: #666666; font-family: 'Verdana','sans-serif'; font-size: 13.3333px;">, que los artículos 137 y siguientes de la Ley de Registro de Tierras núm. 1542 bajo cuya vigencia fue introducida la presente litis, instituyó el procedimiento a seguir en los casos de revisión por causa de fraude y consigna los requisitos de forma y de fondo necesarios para que dicho recurso pueda prosperar, como lo es, entre otros requisitos, que la acción sea intentada en un plazo no mayor de un año a partir de la fecha de haber sido transcrito el Decreto de Registro en la oficina del Registrador de Títulos correspondiente y en el caso de que se trata el Decreto de Registro fue transcrito el 12 de mayo de 1994, como se evidencia en el Certificado de Título cuya copia se encuentra depositada en el expediente;


 * <span style="color: #666666; font-family: 'Verdana','sans-serif'; font-size: 13.3333px;">Considerando **<span style="color: #666666; font-family: 'Verdana','sans-serif'; font-size: 13.3333px;">, que cuando como en la especie, la sentencia final del saneamiento culmina con la transcripción del decreto de Registro y la consecuente expedición del Certificado de Título, como cuando también, dicho precedentemente, el caso adquiere la autoridad de la cosa irrevocablemente juzgada, tales hechos cumplidos aniquilan todos los derechos que no hayan sido invocados en el saneamiento; en consecuencia, el Tribunal a-quo realizó una correcta apreciación de los hechos y del derecho al rechazar la instancia de apoderamiento y mantener la vigencia del Certificado de Título que ampara el precitado solar; por tanto en el fallo impugnado no se ha incurrido en ninguna de las violaciones invocadas por el recurrente en su recurso de casación;

<span style="color: #666666; font-family: 'Verdana','sans-serif'; font-size: 13.3333px;">B.J. NO. 1195, JUNIO 2010


 * <span style="color: #666666; font-family: 'Verdana','sans-serif'; font-size: 13.3333px;">Considerando **<span style="color: #666666; font-family: 'Verdana','sans-serif'; font-size: 13.3333px;">, que en cuanto al alegato de que los recurrentes no fueron escuchados ni citados por el tribunal de alzada violando de esta forma su derecho de defensa, el estudio de la decisión impugnada demuestra que para el expediente culminar en la sentencia que se examina fueron celebradas tres audiencias: la primera, el día 31 de julio de 2007, la segunda, el 6 de septiembre del mismo año; en esta audiencia, dirigiéndose a la parte recurrente el Presidente del Tribunal le preguntó al abogado de los apelantes si tenía alguna medida que solicitar, ocasión en que dicho abogado, Lic. Corniel Paredes Genao “solicitó el aplazamiento de la audiencia para presentar como testigo a Mario Frías con el propósito de probar que los sucesores de Benancio Del Orbe son los reclamantes y que Marcelino Serrano ocupaba esa parcela en calidad de arrendatario”. La sentencia expresa también en el primer “Resulta” de su página 7, que “el Tribunal acogió el pedimento de la parte recurrente y a la vez procedió a escuchar en calidad de informante al señor Ramón Antonio Payano Paredes, de igual manera escuchó a las señoras Felicia Del Orbe Duarte e Hipólito Paredes Mejía Vda. Serrano, cuyas declaraciones se encuentran consignadas en las notas de audiencia que fueron tomadas al efecto”; mientras que en la tercera audiencia celebrada por el Tribunal a-quo el 10 de octubre de 2007”, comparecieron, además de las partes representadas por sus abogados, en calidad de informantes los señores Arcadio Frías Cortorreal y Mario César Frías Martínez, cuyas declaraciones reposan en el acta de esa audiencia”, de todo lo cual se infiere que carece de fundamento el primer medio de casación propuesto, porque si en audiencia solamente depuso Felicia Del Orbe Duarte, una de las recurrentes, el fallo no indica que ésta o su abogado solicitaran la audición de los demás herederos de Benancio Del Orbe;


 * <span style="color: #666666; font-family: 'Verdana','sans-serif'; font-size: 13.3333px;">Considerando **<span style="color: #666666; font-family: 'Verdana','sans-serif'; font-size: 13.3333px;">, en cuanto a lo alegado en el sentido de que el fallo impugnado desnaturalizó los documentos aportados al debate dándole a éstos un alcance que no tienen porque de haber sido ponderados correctamente otra hubiera sido la decisión, los jueces del fondo son soberanos para apreciar el valor de los documentos que son sometidos a su consideración y en tal sentido, la sentencia impugnada expresa lo siguiente: “Que en las páginas núms. 4, 5 y 6 de la Decisión núm. 1 de fecha seis (6) del mes de diciembre del año mil novecientos noventa y nueve (1999) por la cual se ordenó el registro de la Parcela núm. 1977 del Distrito Catastral núm. 3 del municipio de Castillo, se observa que la Juez a-quo hace una reseña amplia y detallada de todos los actos de ventas que fueron realizados por el señor Benancio Del Orbe, a favor del Sr. Marcelino Serrano; de igual manera hace alusión a la ratificación de venta hecha mediante acto bajo firma privada de fecha veintitrés (23) de abril del mil novecientos setenta y tres (1973) con firma legalizada por el notario público Dr. Guillermo Grullón López, del Municipio de Castillo, acto que fue debidamente transcrito en la Conservaduría de Hipotecas en fecha veintiuno (21) de febrero del año mil novecientos setenta y nueve (1979), y por medio del cual los Sres. Ana Felicia Duarte, Ramón Antonio Del Orbe, Juan Del Orbe Duarte, Nicasio Del Orbe, Juan Del Orbe Duarte, Benancio Del Orbe hijo, Ernestina Martínez Del Orbe, Angela Del Orbe Frías, José Lino Del Orbe y Angela, como esposa superviviente y heredera del finado Benancio Del Orbe, ratifican la venta de todos sus derechos sucesorales y de propiedad a favor del Sr. Marcelino Serrano de donde se colige que ciertamente, tal como lo ponderó el Juez a-quo cuando los hoy recurrentes intentaron la reclamación de la Parcela núm. 1977 los sucesores del finado Marcelino Serrano habían obtenido la prescripción adquisitiva, por lo que obtenida la prescripción los actos de ventas a que se refieren los recurrentes resultarían sin ningún valor para ordenar el registro de la Parcela de que se trata, esto así porque el Art. 2262 del Código Civil establece “Todas las acciones tanto reales como personales se prescriben por veinte años, sin que esté obligado el que alega esta prescripción a presentar ningún título ni que pueda oponérsele la excepción que se deduce de la mala fe; de donde se desprende que los alegatos de los recurrentes respecto a que los actos de venta son fraudulentos son insignificantes y no tienen ningún tipo de base legal lo que permite que este tribunal los rechace”;


 * <span style="color: #666666; font-family: 'Verdana','sans-serif'; font-size: 13.3333px;">Considerando **<span style="color: #666666; font-family: 'Verdana','sans-serif'; font-size: 13.3333px;">, que la decisión impugnada también expresa “que cuando se realiza un proceso de saneamiento al tratarse de un proceso de orden público, el cual conlleva que todas las personas que entiendan ser titulares de un derecho dentro del inmueble que se encuentra en discusión, debe demostrar que tiene una posesión que reúne todas las formalidades exigidas por el Código Civil y la Ley núm. 1542 de Registro de Tierras, ya que la ley no fue concebida con el mero objetivo de registrar todos los terrenos de la República, sino que además fue concebida para lograr que los títulos que se expidan como consecuencia del saneamiento tengan un carácter irrevocable, perpetuo y absoluto, como una consecuencia lógica y obligada de los principios de publicidad, autenticidad, legalidad y especialidad, que organiza el sistemas Torrens; por lo que este Organo Judicial entiende, al igual que los tratadistas, y las jurisprudencias constantes, que el proceso de saneamiento consiste en una depuración cuidadosa sobre los derechos del inmueble y como tal deben ser examinadas todas las situaciones relacionadas con la posesión, adquisición del inmueble o de los inmuebles objeto de saneamiento, por lo que en el caso de la especie al tomar en cuenta la forma como el Sr. Marcelino Serrano, adquirió esta parcela y el tiempo en que se mantuvo en posesión de la misma, lo hacen merecedor del inmueble como consecuencia de la prescripción, al tenor del artículo 2219 del Código Civil que dice la prescripción es un medio de adquirir o de extinguir una obligación, por el transcurso de cierto tiempo y bajo las condiciones que determina la ley”; (Sic),


 * <span style="color: #666666; font-family: 'Verdana','sans-serif'; font-size: 13.3333px;">Considerando **<span style="color: #666666; font-family: 'Verdana','sans-serif'; font-size: 13.3333px;">, que la reclamación formulada por los recurridos de la parcela de que se trata se encuentra apoyada en la posesión que han mantenido de manera pública, pacífica e ininterrumpida por más de 20 años, contrario a la reclamación que hacen los sucesores del finado Benancio Del Orbe quienes se fundamentan en un supuesto arrendamiento, sin depositar el contrato que sirvió de base y sin haber mantenido la posesión física real de esta parcela por el tiempo que requiere la ley, desprendiéndose que su reclamación resulta infundada al no cumplir con los requisitos que son imperativos para que en el proceso de saneamiento se pueda reconocer que los recurridos son los que cumplen con las condiciones para que esta parcela sea adjudicada a su favor, como lo hizo el Tribunal de Jurisdicción Original que conoció del proceso de saneamiento;

<span style="color: #666666; font-family: 'Verdana','sans-serif'; font-size: 13.3333px;">B.J. NO. 1195, JUNIO 2010


 * <span style="color: #666666; font-family: 'Verdana','sans-serif'; font-size: 13.3333px;">Considerando **<span style="color: #666666; font-family: 'Verdana','sans-serif'; font-size: 13.3333px;">, que esos hechos así establecidos y comprobados por el Tribunal a-quo demuestran que en el caso de la especie las ventas atribuidas a quien ya tenía casi 3 años de fallecido justifican plenamente la solución dada al caso por los jueces del fondo, al proceder a declarar nulos los actos de venta y por tanto sin necesidad de entrar en mayores análisis resulta evidente que procede rechazar los medios de casación primero, segundo y tercero por carecer de fundamento;


 * <span style="color: #666666; font-family: 'Verdana','sans-serif'; font-size: 13.3333px;">Considerando **<span style="color: #666666; font-family: 'Verdana','sans-serif'; font-size: 13.3333px;">, que los hechos cometidos por el recurrente Carlos Núñez, caracterizan un fraude evidente y las actuaciones, maniobras y medios de que él se prevaleció para fabricar en su favor la venta de las indicadas parcelas, fueron realizadas para perjudicar en sus derechos a la recurrida, quien cuando vino a tener conocimiento de esa realidad ejerció en tiempo hábil la demanda en nulidad correspondiente, acción que en el presente caso, contrariamente a lo que alega el recurrente, no puede prescribir, debido a la causa que la originó, en el plazo de cinco años fijado por el artículo 1304 del Código Civil, relativo a las nulidades relativas, sino en el plazo de veinte años, establecido por el artículo 2262 del mismo Código Civil para las nulidades absolutas”;

<span style="color: #666666; font-family: 'Verdana','sans-serif'; font-size: 13.3333px;">B.J. NO. 1195, JUNIO 2010


 * <span style="color: #666666; font-family: 'Verdana','sans-serif'; font-size: 13.3333px;">Considerando **<span style="color: #666666; font-family: 'Verdana','sans-serif'; font-size: 13.3333px;">, que tal como acertadamente lo señala el Tribunal a-quo en la sentencia impugnada, la única forma en que puede ser impugnada a fines de nulidad o revocación la decisión de un tribunal es mediante la interposición de los recursos ordinarios o extraordinarios que establece la ley, puesto que en el derecho dominicano no existe la acción en nulidad por vía principal contra una sentencia, más aún, cuando como en el caso de la especie, la decisión contra la que se persigue la nulidad ha adquirido la autoridad de la cosa irrevocablemente juzgada y por consiguiente no es susceptible de ningún recurso;


 * <span style="color: #666666; font-family: 'Verdana','sans-serif'; font-size: 13.3333px;">Considerando **<span style="color: #666666; font-family: 'Verdana','sans-serif'; font-size: 13.3333px;">, que la autoridad de la cosa irrevocablemente juzgada inherente a las sentencias pronunciadas por los tribunales surte sus efectos plenos sobre las acciones o recursos que posteriormente puedan intentar o interponer las mismas partes en relación con el mismo objeto o cosa y respecto de la misma causa. La aplicación de este principio general, establecido por el artículo citado, queda justificada por los artículos 44 y 47 de la Ley núm. 834 ya citada, cada vez que, como en la especie, se pretende repetir una controversia ya resuelta irrevocablemente por los tribunales con anterioridad al ejercicio de la nueva acción, obviamente siempre que, como ya se ha dicho, se trate de un asunto promovido ulteriormente por la misma causa, el mismo objeto y entre las mismas partes, casos en los cuales no pueden los tribunales conocer de nuevo de la contestación posteriormente surgida, porque a ello se opone no sólo el artículo 1351 del Código Civil ya mencionado, como resultaba indispensable antes, para su aplicación perentoria y de oficio, sin examen al fondo en casos como el de la especie, sino además de las claras y terminantes disposiciones y mandato expreso de los artículos 44 y 47 de la Ley núm. 834 de 1978; que por tanto, al declarar inadmisible e irrecibible la instancia y las pretensiones de la ahora recurrente, el Tribunal a-quo procedió correctamente, dando para ello los motivos jurídicos útiles y suficientes que justifican la solución del asunto; que por consiguiente, los medios que se examinan carecen de fundamento y deben ser desestimados y rechazado el recurso.

<span style="color: #666666; font-family: 'Verdana','sans-serif'; font-size: 13.3333px;">B.J. NO. 1195, JUNIO 2010


 * <span style="color: #666666; font-family: 'Verdana','sans-serif'; font-size: 13.3333px;">Considerando **<span style="color: #666666; font-family: 'Verdana','sans-serif'; font-size: 13.3333px;">, que las conclusiones producidas en audiencia por las partes son las que ligan a los jueces, los cuales no pueden admitir, ni ampliar, ni estatuir sobre cuestiones de las que no sean apoderados por tales conclusiones; que además una parte no tiene interés en criticar la sentencia por no haberse estudiado y pronunciado sobre las conclusiones de la otra parte; que tampoco están obligados los jueces a responder los argumentos formulados por las partes en sus escritos de ampliación puesto que su obligación se refiere a responder los pedimentos o conclusiones de audiencia; que el estudio de la sentencia impugnada revela, sin embargo, que en ella fueron contestadas tanto los argumentos como las conclusiones de las partes, con abundancia de razonamientos válidos y correctos por parte de los jueces que dictaron el fallo, lo que, contrariamente a como lo alega la recurrente, impide el acogimiento de sus agravios por carecer de fundamento;


 * <span style="color: #666666; font-family: 'Verdana','sans-serif'; font-size: 13.3333px;">Considerando **<span style="color: #666666; font-family: 'Verdana','sans-serif'; font-size: 13.3333px;">, que en cuanto a los alegatos de la recurrente de que la sentencia impugnada carece de base legal y de motivos por todo lo precedentemente expuesto se comprueba que dicha sentencia contiene motivos suficientes y pertinentes que justifican su dispositivo, así como una relación completa de los hechos y circunstancias de la causa que han permitido verificar que el Tribunal a-quo hizo en el caso, una correcta aplicación de la ley a los hechos soberanamente comprobados sin incurrir en desnaturalización alguna, la que no ha sido invocada por la recurrente.

MATERIA LABORAL
<span style="display: block; font-family: Verdana,sans-serif; font-size: 12px; text-align: justify;">B.J. NO. 1193, ABRIL 2010 **<span style="font-family: 'Verdana','sans-serif'; font-size: 12px;">Considerando **<span style="font-family: 'Verdana','sans-serif'; font-size: 12px;">, que contrario a lo afirmado por el recurrido el escrito contentivo del recurso de casación contiene un desarrollo adecuado de sus medios, que permite a esta corte examinarlos y determinar su procedencia o no, razón por la cual el medio de inadmisión propuesto carece de fundamento y debe ser desestimado; **<span style="font-family: 'Verdana','sans-serif'; font-size: 12px;">Considerando **<span style="font-family: 'Verdana','sans-serif'; font-size: 12px;"> que el artículo 495, del Código de Trabajo, establece que “Los plazos de procedimientos para las actuaciones que deban practicar las partes son francos y se aumentarán en razón de la distancia, en la proporción de un día por cada treinta kilómetros o fracción de mas de quince kilómetros. Los días no laborables comprendidos en un plazo no son computables en éste. Si el plazo vence en día no laborable, se prorroga hasta el siguiente. No puede realizarse actuación alguna en los días no laborables, ni antes de las seis de la mañana o después de las seis de la tarde en los demás”;

**<span style="font-family: 'Verdana','sans-serif'; font-size: 12px;">Considerando **<span style="font-family: 'Verdana','sans-serif'; font-size: 12px;">, que al tenor de esas disposiciones, para los jueces determinar cuando vence el plazo de un mes, que para la interposición del recurso de apelación establece el artículo 621 del Código de Trabajo, el tribunal debe tener en cuenta la cantidad de días no laborables comprendidos en dicho plazo, a los cuales debe agregarse el dia a-quo y el día a-quem;

<span style="display: block; font-family: Verdana,sans-serif; font-size: 12px; text-align: justify;">**Considerando**, que habiendo dado por establecido el Tribunal a-quo, que la sentencia de primer grado fue notificada al actual recurrente el primero de noviembre de 2007, no podía computar ese día por tratarse de un plazo franco, ni los domingos 4, 11, 18, y 25 del mes de noviembre ni el 2 de diciembre, como tampoco el lunes 5 de noviembre, festivo por ser el día de La Constitución, por tratarse todos ellos de días no laborables de acuerdo a la ley, por lo que dicho plazo se cumplía el 7 de diciembre, que por ser el día a-quem, tampoco era computable, extendiéndose su vigencia al 8 de diciembre, que por ser sábado, día en que el recurso de apelación no era posible depositarlo en la secretaría de la corte, por no ser laborable para ella, el día se transfirió para el lunes 10 de diciembre, próximo día laborable;

<span style="display: block; font-family: Verdana,sans-serif; font-size: 12px; text-align: justify;">**Considerando**, que en vista de que el recurso de apelación se interpuso el día 10 de diciembre de 2007, el mismo fue intentado en tiempo hábil, por lo que al ser declarado inadmisible por el Tribunal a-quo este incurrió en la violación alegada por la recurrente, razón por la cual la sentencia impugnada carece de base legal y debe ser casada, sin necesidad de examinar los demás medios del recurso; B.J. NO. 1193, ABRIL 2010 [CADUCIDAD] B.J. NO. 1193, ABRIL 2010 [INADMISIBLE]

<span style="display: block; font-family: Verdana,sans-serif; font-size: 12px; text-align: justify;">B.J. NO. 1193, ABRIL 2010 **<span style="font-family: 'Verdana','sans-serif'; font-size: 12px;">Considerando **<span style="font-family: 'Verdana','sans-serif'; font-size: 12px;">, que el estudio del texto que se acaba de copiar conduce a declarar que para que el empleador cumpla con el propósito perseguido por la ley, es indispensable que ejerza su derecho para despedir al trabajador por una de las causas enumeradas en el artículo 88 dentro del improrrogable plazo de 15 días a partir de la fecha en que tiene conocimiento del hecho o de los hechos, que a su juicio, lo justifican; que el propósito de la ley al prefijar y establecer el plazo para el ejercicio del despido es impedir que contra un trabajador pueda extenderse indefinidamente la amenaza de ser despedido, con la consecuente inestabilidad e inseguridad que esa situación le crea; **<span style="font-family: 'Verdana','sans-serif'; font-size: 12px;">Considerando **<span style="font-family: 'Verdana','sans-serif'; font-size: 12px;">, que sólo cuando el empleador desconoce los hechos constitutivos de las faltas en que ha incurrido el trabajador, y por consiguiente son ignoradas totalmente por él y a pesar de las cuales el trabajador permanece en el desempeño de sus labores cometiendo las mismas, podría justificarse que el despido sea ejercido después del plazo de 15 días que establece la ley; **<span style="font-family: 'Verdana','sans-serif'; font-size: 12px;">Considerando **<span style="font-family: 'Verdana','sans-serif'; font-size: 12px;">, que por otra parte, si el derecho a ejercer el despido ha sido declarado caduco, el tribunal apoderado del conocimiento de una demanda en pago de indemnizaciones laborales por despido injustificado, está impedido de examinar las faltas atribuidas al trabajador para justificar la terminación del contrato de trabajo; **<span style="font-family: 'Verdana','sans-serif'; font-size: 12px;">Considerando **<span style="font-family: 'Verdana','sans-serif'; font-size: 12px;">, que al haber realizado el despido el 31 de mayo de 2008, el empleador hizo uso de un derecho cuando el mismo ya había caducado, lo que determina que las faltas imputadas a la despedida no pudieran ser tomadas en cuenta para justificar dicho despido, tal como lo decidió la Corte a-qua, la que formó su criterio después de haber examinado las pruebas aportadas, haciendo uso del soberano poder de apreciación de que disfrutan los jueces del fondo, sin incurrir en desnaturalización alguna;

B.J. NO. 1193, ABRIL 2010 [Desistimiento]

<span style="display: block; font-family: Verdana,sans-serif; font-size: 12px; text-align: justify;">B.J. NO. 1193, ABRIL 2010 **<span style="font-family: 'Verdana','sans-serif'; font-size: 12px;">Considerando **<span style="font-family: 'Verdana','sans-serif'; font-size: 12px;">, que la Corte a-qua fundamenta su decisión en la comprobación de las faltas cometidas por el trabajador demandante mediante los testimonios aportados, las que fueron señaladas en su comunicación de despido, dirigidas tanto al Departamento de Trabajo de la Secretaría de Trabajo como al trabajador demandante, es decir que la recurrida hizo la prueba correcta de la comisión, por parte del recurrente, de las faltas que justificaron legalmente el ejercicio del derecho, por su parte, al despido que puso fin al contrato de trabajo existente entre ambos;

<span style="display: block; font-family: Verdana,sans-serif; font-size: 12px; text-align: justify;">B.J. NO. 1193, ABRIL 2010 **<span style="font-family: 'Verdana','sans-serif'; font-size: 12px;">Considerando **<span style="font-family: 'Verdana','sans-serif'; font-size: 12px;">, que cuando el trabajador otorga recibo de descargo y declara no tener ninguna reclamación pendiente de hacer al empleador en ocasión de la terminación del contrato de trabajo, el tribunal apoderado en pago de una reclamación de indemnizaciones laborales no tiene que establecer la causa de terminación, ni los hechos ocurridos durante la vigencia de la relación contractual, pues si el pago ha sido recibido libre y voluntariamente, sin que se establezca ningún vicio del consentimiento, el recibo es válido y cierra el paso a cualquier reclamación vinculada con la relación laboral finalizada, sin importar la causa de su conclusión ni esos hechos; **<span style="font-family: 'Verdana','sans-serif'; font-size: 12px;">Considerando **<span style="font-family: 'Verdana','sans-serif'; font-size: 12px;">, que si bien el V Principio Fundamental del Código de Trabajo, establece impedimento de renuncia de derechos reconocidos a los trabajadores, el alcance de esa prohibición se circunscribe al ámbito contractual y no después de la finalización del contrato de trabajo, siendo válido todo recibo de descargo expedido con posterioridad a dicho contrato, aún cuando después de recibido el pago se comprobare diferencia a favor del trabajador, siempre que éste no haga consignar en el momento de expedir el recibo su inconformidad con el pago y formule reservas de reclamar esos derechos; **<span style="font-family: 'Verdana','sans-serif'; font-size: 12px;">Considerando **<span style="font-family: 'Verdana','sans-serif'; font-size: 12px;">, que no atenta contra ningún mandato ni principio constitucional un recibo de descargo consentido voluntariamente por las partes, por el hecho de que el ex-trabajador que ha transigido en sus derechos, manifieste posteriormente inconformidad por los valores recibidos o exprese haber hecho reservas de los valores recibidos y su deseo de demandar por diferencias que se le hayan dejado de pagar;

<span style="display: block; font-family: Verdana,sans-serif; font-size: 12px; text-align: justify;">B.J. NO. 1193, ABRIL 2010 **<span style="font-family: 'Verdana','sans-serif'; font-size: 12px;">Considerando **<span style="font-family: 'Verdana','sans-serif'; font-size: 12px;">, que toda parte contra quien se haya dictado una decisión que le afecte, tiene un interés legítimo de hacer revertir esa decisión a través del recurso correspondiente; **<span style="font-family: 'Verdana','sans-serif'; font-size: 12px;">Considerando **<span style="font-family: 'Verdana','sans-serif'; font-size: 12px;">, que por otra parte, el plazo para interponer el recurso de casación contra las sentencias dictadas por las cortes de trabajo es de un mes, de acuerdo con las disposiciones del artículo 641 del Código de Trabajo, sin que exista diferencia entre las decisiones dictadas en materia ordinaria y la sumaria; **<span style="font-family: 'Verdana','sans-serif'; font-size: 12px;">Considerando **<span style="font-family: 'Verdana','sans-serif'; font-size: 12px;">, que cuando un acreedor recurre al tribunal para que disponga que el tercero embargado haga la declaración afirmativa de las deudas que tenga a favor del embargado, este no puede declararlo deudor puro y simple de las causas del embargo, sin antes disponer la realización de esa declaración y otorgarle un plazo para que la cumpla, en ausencia de la cual podría disponer la medida condenatoria en su contra; **<span style="font-family: 'Verdana','sans-serif'; font-size: 12px;">Considerando **<span style="font-family: 'Verdana','sans-serif'; font-size: 12px;">, que para el cumplimiento de la obligación que impone al artículo 663 del Código de Trabajo, para que en el embargo retentivo, el tercero embargado pague en manos del ejecutante el importe de las condenaciones, a presentación de sentencia con autoridad irrevocable de la cosa juzgada, es necesario que se establezca que el tercer embargado es deudor del deudor principal, para lo que se necesita darle oportunidad al primero de hacer la referida declaración afirmativa, la que no se le otorga si el tribunal apoderado de un pedimento, en ese sentido, le condena al pago de las causas del embargo, antes de disponer que cumpla con esa declaración; **<span style="font-family: 'Verdana','sans-serif'; font-size: 12px;">Considerando **<span style="font-family: 'Verdana','sans-serif'; font-size: 12px;">, que cuando la casación se produce por faltas procesales puestas a cargo de los jueces, como es la falta de base legal, las costas pueden ser compensadas,

<span style="display: block; font-family: Verdana,sans-serif; font-size: 12px; text-align: justify;">B.J. NO. 1193, ABRIL 2010 **<span style="font-family: 'Verdana','sans-serif'; font-size: 12px;">Considerando **<span style="font-family: 'Verdana','sans-serif'; font-size: 12px;">, que los jueces del fondo son soberanos para la apreciación de las pruebas aportadas al proceso, lo cual escapa al control de esta Suprema Corte de Justicia, cuando, como en la especie no se advierte ninguna desnaturalización de las pruebas aportadas;

<span style="display: block; font-family: Verdana,sans-serif; font-size: 12px; text-align: justify;">B.J. NO. 1193, ABRIL 2010 **<span style="font-family: 'Verdana','sans-serif'; font-size: 12px;">Considerando **<span style="font-family: 'Verdana','sans-serif'; font-size: 12px;">, que en la especie, del estudio de los documentos que forman el expediente, de manera particular el acta levantada por el Tribunal a-quo sobre la audiencia celebrada el día 10 de marzo del año 2009, se advierte, que en esa fecha la Corte a-qua celebró un informativo testimonial en el que depusieron Valentín Correa y Cristino Fermín, testigos presentados por el actual recurrente; **<span style="font-family: 'Verdana','sans-serif'; font-size: 12px;">Considerando **<span style="font-family: 'Verdana','sans-serif'; font-size: 12px;">, que sin embargo, en la sentencia impugnada no se hace constar la celebración de esa medida de instrucción ni la misma da constancia de que el Tribunal a-quo haya examinado las declaraciones aportadas por esos dos testigos, lo que revela que las mismas no fueron ponderadas, lo que deja a la decisión impugnada carente de base legal, por lo que la misma debe ser casada; <span style="display: block; font-family: Verdana,sans-serif; font-size: 12px; text-align: justify;">--- <span style="display: block; font-family: Verdana,sans-serif; font-size: 12px; text-align: justify;">B.J. NO. 1193, ABRIL 2010 **<span style="font-family: 'Verdana','sans-serif'; font-size: 12px;">Considerando **<span style="font-family: 'Verdana','sans-serif'; font-size: 12px;">, que conforme a las disposiciones de los artículos 1036 del Código de Procedimiento Civil y 374 del Código Penal, los tribunales pueden ordenar, aún de oficio, la supresión de todos los escritos injuriosos y difamatorios producidos ante ellos, por lo que esta Corte decide dar por suprimidas las frases criticadas y las alusiones personales, impropias o innecesarias, hechas por el recurrente en el indicado escrito, advirtiendo, que en lo sucesivo y en caso de repetirse tal modo de expresión, se aplicarán sanciones más drásticas, procediendo en consecuencia esta Corte a examinar, única y exclusivamente, los aspectos jurisdiccionales de la decisión impugnada, desestimando, en consecuencia, el pedimento de inadmisión formulado por la recurrida **<span style="font-family: 'Verdana','sans-serif'; font-size: 12px;">Considerando **<span style="font-family: 'Verdana','sans-serif'; font-size: 12px;">, que tal y como lo ha apreciado la Corte a-qua “cuando se niega la existencia de una relación laboral”, es preciso analizar los hechos y acontecimientos del caso sometido, para determinar la naturaleza y calificación de la relación contractual y poder calificar la misma en laboral o no; producto de este análisis realizado por el tribunal de alzada, la misma pudo determinar,al ponderar tanto las pruebas testimoniales como las documentales aportadas al proceso, que los mismos excluían la existencia de un contrato de trabajo, puesto que la labor realizada por el recurrido no se caracterizaba por el estado de subordinación necesario para tipificar un contrato de naturaleza laboral, de conformidad con las leyes vigentes, razones que justifican la decisión evacuada por la Corte a-qua y que acaba de ser examinada; <span style="display: block; font-family: Verdana,sans-serif; font-size: 12px; text-align: justify;">B.J. NO. 1193, ABRIL 2010 **<span style="font-family: 'Verdana','sans-serif'; font-size: 12px;">Considerando **<span style="font-family: 'Verdana','sans-serif'; font-size: 12px;">, que el Sistema Dominicano de Seguros Sociales tiene un carácter universal que impone a los empleadores la obligación de inscribir en el régimen contributivo a todos los trabajadores, sin importar el monto del salario devengado;

**<span style="font-family: 'Verdana','sans-serif'; font-size: 12px;">Considerando **<span style="font-family: 'Verdana','sans-serif'; font-size: 12px;">, que ese Sistema está integrado por el Seguro de Vejez, Discapacidad y Sobrevivencia, el Seguro Familiar de Salud y el Seguro de Riesgos Laborales, de suerte que para cumplir con el mandato de la Ley núm. 87-01, del 9 de mayo de 2001, que instituye el Sistema Dominicano de Seguridad Social, no basta con estar inscrito en uno de ellos, siendo necesario que la protección abarque cada uno de esos aspectos; **<span style="font-family: 'Verdana','sans-serif'; font-size: 12px;">Considerando **<span style="font-family: 'Verdana','sans-serif'; font-size: 12px;">, que cuando la causa de la dimisión alegada por un trabajador para poner término a su contrato de trabajo por medio de la dimisión consiste en la violación de una obligación esencial derivada de la existencia del contrato de trabajo a cargo del empleador, basta al demandante probar la existencia de esa relación contractual; **<span style="font-family: 'Verdana','sans-serif'; font-size: 12px;">Considerando **<span style="font-family: 'Verdana','sans-serif'; font-size: 12px;">, que como en la especie no hubo discusión sobre la existencia del contrato de trabajo, correspondía a la empleadora demostrar que cumplió con las obligaciones que esa condición le imponía, como era haber inscrito en el Sistema Dominicano de Seguridad Social a la recurrente; que al considerar el Tribunal a-quo que la demandada cumplió con esa obligación por el hecho de tener inscrita a la demandante en la ARS Universal, que sólo cubre riesgos de salud, y no referirse a los demás aspectos que integran el Sistema Dominicano de Seguridad Social, ha incurrido en el vicio de falta de base legal, pues de no demostrarse que el empleador satisfizo las exigencias que se derivan de la aplicación de la referida Ley núm. 87-01, la dimisión de la actual recurrente podría declararse justificada, pues esa fue una de las causas invocadas por ella para poner término a la relación contractual, razón por la cual la sentencia impugnada debe ser casada; <span style="display: block; font-family: Verdana,sans-serif; font-size: 12px; text-align: justify;">B.J. NO. 1193, ABRIL 2010 **<span style="font-family: 'Verdana','sans-serif'; font-size: 12px;">Considerando **<span style="font-family: 'Verdana','sans-serif'; font-size: 12px;">, que la causa de la terminación del contrato de trabajo es una cuestión de hecho que está a cargo de los jueces del fondo establecer, para lo cual disponen de un amplio poder de apreciación, cuyo resultado escapa al control de la casación, salvo cuando incurran en alguna desnaturalización;

**<span style="font-family: 'Verdana','sans-serif'; font-size: 12px;">Considerando **<span style="font-family: 'Verdana','sans-serif'; font-size: 12px;">, que la simple omisión del señalamiento de las faltas atribuidas a un trabajador en la carta en la que el empleador le comunica su decisión de poner término al contrato de trabajo mediante el uso del despido, no torna el mismo en un desahucio, aunque es un elemento a tomar en cuenta por el tribunal apoderado para determinar la verdadera causa de la terminación del contrato de trabajo, en el momento de la apreciación de las pruebas que se les aporten; **<span style="font-family: 'Verdana','sans-serif'; font-size: 12px;">Considerando **<span style="font-family: 'Verdana','sans-serif'; font-size: 12px;">, que habiendo sido establecido que la causa de terminación de los contratos de trabajo de los recurrentes fue por el despido ejercido contra ellos por el empleador, es obvio que éste no estaba obligado a ofertarle el pago del día de salario que dispone el artículo 86 del Código de Trabajo para los casos en que la terminación de los contratos de trabajo se produce por el desahucio ejercido por el empleador, siendo correcta en consecuencia la decisión del tribunal a-quo al considerar que la oferta real de pago de los valores correspondientes a auxilio de cesantía y omisión del preaviso, cubría la obligación del recurrido de pagar esos valores por haber realizado un despido injustificado y consecuentemente declararla válida; <span style="display: block; font-family: Verdana,sans-serif; font-size: 12px; text-align: justify;">B.J. NO. 1193, ABRIL 2010 **Considerando**, que el artículo 667 del Código de Trabajo, faculta al Presidente de la Corte a prescribir siempre “en referimiento las medidas conservatorias que se impongan, sea para prevenir un daño inminente, sea para hacer cesar una perturbación manifiestamente ilícita” **Considerando**, que cuando la ejecución de una sentencia ha sido garantizada con el depósito del duplo de las condenaciones impuestas por dicha sentencia o con la suscripción de una póliza de una compañía aseguradora que se obligue al pago de esas condenaciones, en caso que fuere necesario, el mantenimiento de cualquier embargo o medida conservatoria adicional constituye el establecimiento de una doble garantía y como tal se torna en una perturbación ilícita para el deudor, lo que faculta al Juez de los Referimientos, para que en virtud de las disposiciones del referido artículo 667 del Código de Trabajo, disponga su levantamiento;

B.J. NO. 1193, ABRIL 2010 **Considerando**, que en la sentencia recurrida se establece con claridad que el desahucio ejercido por la Internacional School y Bernadette Blenck, es nulo de pleno derecho, por violentar las disposiciones del artículo 75 del Código de Trabajo; que en relación a la comparecencia personal de la Sra. Claudia Del Luján López Pérez para que la propuesta de reintegro al trabajo y pago de salarios le fuera hecha a la persona de la trabajadora, en el caso de la especie innecesaria, por estar debidamente representada, amén de que no era relevante su presencia para que el tribunal apreciara la marcada intención de la hoy recurrente, sin dejar de mencionar, la facultad que tienen los jueces de fondo para decidir cuando procede una medida solicitada por una de las partes; **Considerando** que el informe de inspección, no obstante el juez laboral tiene la libertad de dar crédito o no al documento que se le presente como medio de prueba, para fundamentar su decisión, dicho informe lo que perseguía demostrar era que la empresa puso fin al contrato de trabajo cuando el empleador había garantizado a la trabajadora que utilizaría sus servicios y ésto quedó totalmente satisfecho en la decisión que hoy se recurre, ya que la Segunda Sala de la Corte de Trabajo del Distrito Nacional, en la sentencia objeto del presente recurso, declara nulo de pleno derecho el desahucio ejercido por el empleador, por la causa mencionada en el informe de la inspectora de la Secretaría de Estado de Trabajo; B.J. NO. 1193, ABRIL 2010 **Considerando**, que en la especie, el Tribunal a-quo, tras ponderar la prueba aportada por las partes llegó a la conclusión de que los contratos de trabajo concluyeron el día 6 de julio de 2007, sin que se advierta que al hacerlo incurriera en desnaturalización alguna, por lo que fue correcta su decisión de declarar prescrita la acción en pago de indemnizaciones laborales intentada por los trabajadores el 17 de septiembre de 2007, por haber transcurrido el plazo de dos meses que para esos fines establece el artículo 702 del Código de Trabajo, razón por la cual el medio que se examina carece de fundamento y debe ser desestimado; **Considerando**, que si bien el reconocimiento de una deuda hecha por el deudor produce una novación en el plazo de la prescripción, tornando la prescripción corta laboral en la prescripción larga del Derecho Civil, para que un tribunal declare la misma es necesario que esto sea invocado por el que se pretende acreedor, quien debe demostrar, además, el medio a través del cual se produjo el reconocimiento de la deuda; **Considerando**, que del estudio de la sentencia impugnada y de los documentos que forman el expediente no se advierte que los recurrentes invocaran que la recurrida reconociera ser deudora de la suma reclamada por el señor Cristino Montero por concepto de trabajo realizado y no pagado y mucho menos que demostrara esa circunstancia, lo que descarta que el Tribunal a-quo incurriera en el vicio que se le atribuye en el medio que se examina, el cual carece de fundamento y como tal es desestimado. B.J. NO. 1193, ABRIL 2010 [Inadmisible]

MAYO B.J. NO. 1194, MAYO 2010 **Considerando**, que de acuerdo con el artículo 543 del Código de Trabajo, la “parte que desee valer como modo de prueba un acta auténtica o privada, actas o registros de las autoridades administrativas de trabajo o libros, libretas, registros o papeles”, está obligado a depositarlos en la secretaría del tribunal de trabajo correspondiente con el escrito inicial; **Considerando**, que es facultativo para los jueces autorizar el depósito posterior a ese instante, de cualquier documento, previo cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 544 del Código de Trabajo, el cual exige la demostración de que dicho documento no era conocido por la parte que pretende hacerlo valer en el momento del escrito inicial o que le fue imposible hacer la comunicación en ese momento, en cuyo caso debió reservarse la facultad de solicitar su admisión en el curso de los procedimientos; **Considerando**, que el rechazo de admitir documentos que no hayan sido presentados en cumplimiento con la normativa procesal vigente, no constituye una violación al derecho de defensa consagrado en la Constitución dominicana y los Pactos Internacionales sobre Derechos Humanos, pues para el disfrute de los derechos que consagran esos instrumentos jurídicos se han instituido normas y reglamentos que deben ser cumplidos, con la finalidad de que los derechos constitucionales y de otra naturaleza sea ejercidos por la totalidad de sus beneficiarios, sin entorpecer el derecho de los demás; **Considerando**, que del estudio de los documentos que integran el expediente y de la sentencia impugnada, se advierte que el tribunal a-quo confirmó la sentencia del Juzgado de Trabajo que había rechazado autorizar al recurrente el depósito de documentos no presentados en su escrito inicial, al no tratarse de documentos nuevos y no haber cumplido el impetrante con las disposiciones del artículo 544 del Código de Trabajo, con lo que hizo una correcta aplicación del derecho, lo que descarta que incurriera en los vicios que se le atribuye en el memorial de casación, razón por la cual los medios examinados carecen de fundamento y deben ser desestimados.

B.J. NO. 1194, MAYO 2010 **Considerando**, que para poner en condiciones a un tribunal de decidir sobre el pedimento de exclusión del escrito de defensa presentado por un recurrido en apelación, bajo el alegato de que el mismo es tardío, el recurrente debe demostrar que hizo la notificación del recurso de apelación y la fecha en que esa notificación se produjo;

**Considerando**, que asimismo para el examen de un medio basado en la falta de ponderación de documentos, es preciso que el recurrente identifique los documentos cuyo análisis no fue realizado por la corte a-qua, pues para que ese medio sea motivo de la nulidad de una sentencia se requiere que la falta de ponderación afecte piezas que por su importancia pudieren incidir en la suerte del proceso, lo que no es posible determinar por la corte de casación sin la señalada identificación;

**Considerando**. que del estudio de la sentencia impugnada y de los documentos que integran el expediente, resulta que tal como lo expresa la corte a-qua, la actual recurrente no demostró la fecha en que notificó el recurso de apelación a la actual recurrida, lo que imposibilitó al tribunal determinar si el depósito del escrito de defensa fue hecho de manera tardía y la consecuencia de esa circunstancia, por lo que al proceder de la manera que lo hizo no incurrió en el vicio que se le atribuye en el memorial de casación; **Considerando**, que en la especie esta corte no está en condiciones de verificar si la Corte a-qua dejó de ponderar algún documento de importancia para la solución del asunto y cuya ponderación hubiere sido susceptible de variar el fallo impugnado, en razón de que la actual recurrente no identifica los documentos que a su juicio fueron omitidos en su examen por el Tribunal a-quo;

**Considerando**, que la sentencia impugnada contiene una relación completa de los hechos y motivos suficientes y pertinentes que permiten a esta corte verificar la correcta aplicación de la ley, razón por la cual los medios examinados carecen de fundamento y deben ser desestimados y en consecuencia rechazado el presente recurso.

B.J. NO. 1194, MAYO 2010 **Considerando**, que el numeral 14 del artículo 97 del Código de Trabajo instituye como una causal de dimisión el “incumplimiento de una obligación sustancial a cargo del empleador”, lo que implica que cada vez que un empleador no cumple con una obligación que se derive de la ley o del contrato de trabajo el trabajador puede poner término a dicho contrato a través del ejercicio de la dimisión, sin que fuere necesario que el artículo 97 precise cada una de las situaciones que constituyen esos incumplimientos: **Considerando**, que en virtud de la ley, de manera específica el artículo 202 de la Ley 87-01, que crea el Sistema Nacional de Seguridad Social, el empleador está obligado a inscribir en el Seguro de Riesgos Laborales a sus trabajadores, por lo que el no cumplimiento de esa obligación constituye una causa justificada de dimisión por parte del trabajador afectado, al tenor del referido artículo 97 del Código de Trabajo; **Considerando**, que en la especie, si bien el tribunal a-quo incurrió en el error de declarar injustificada la dimisión ejercida por el trabajador demandante, sobre la base de que entre las causales de dimisión “no se encuentra no haber sido indemnizado por los daños sufridos por un accidente”, lo que obviamente sucede cuando el empleador ha dejado de cumplir con su obligación de inscribir al trabajador accidentado en dicho Seguro de Riesgos Laborales, esta Corte está impedida de casar la sentencia impugnada, frente a la ausencia de un recurso de parte del actual recurrido, parte que resultó afectada por el vicio en que incurrió la Corte a-qua; **Considerando**, que en la especie, el tribunal a-quo, en uso de sus facultades privativas, apreció que como consecuencia de la violación cometida por la actual recurrente al no dotar al actual recurrido de la protección contra los riesgos laborales le ocasionó a éste daños morales que evaluó en la suma de RD$500.000.00, que esta corte estima adecuada y enmarcada dentro del petitorio formulado por el trabajador demandante, razón por la cual los medios que se examinan carecen de fundamento y deben ser desestimados;

B.J. NO. 1194, MAYO 2010 **Considerando**, que en virtud de las disposiciones del IX Principio Fundamental del Código de Trabajo, en materia de contratos de trabajo, no son los documentos los que predominan sino los hechos; **Considerando**, que la terminación de los contratos de trabajo es una cuestión de hechos que cae dentro de las facultades de los jueces del fondo determinar, quienes pueden, tras ponderar las pruebas, regularmente aportadas, apreciar la continuidad de la relación contractual, no obstante la existencia de un documento que exprese lo contrario, si del resultado de esa ponderación los hechos determinan una realidad distinta a la prueba documental; **Considerando**, que por otra parte, el artículo 16 del Código de Trabajo libera a los trabajadores de la prueba de los hechos establecidos por los libros y documentos que los empleadores deben registrar y conservar ante las autoridades del trabajo, entre los que se encuentra el salario;

**Considerando**, que al dar por establecidas diferencias en cuanto a la duración de los contratos de trabajo y al monto del salario utilizado como base por el empleador para formular la oferta real de pago que se les hizo a los demandantes, es obvio que la misma no se hizo por la totalidad de los créditos adeudados, lo que indujo a la Corte a-qua a declararla insuficiente y acoger la demanda de los actuales recurridos, para lo cual la Corte a-qua da motivos suficientes y pertinentes, sin incurrir en desnaturalización alguna, razón por la cual los medios examinados carecen de fundamento y deben ser desestimados y en consecuencia rechazado el presente recurso. B.J. NO. 1194, MAYO 2010 **Considerando**, que de conformidad con el III Principio Fundamental del Código de Trabajo éste “Se aplica a los trabajadores que prestan sus servicios en empresas del Estado y en sus organismos oficiales autónomos de carácter industrial, comercial, financiero o de transporte”, no aplicándose, en consecuencia, a las instituciones autónomas del Estado que carezcan de cualquiera de esas características; **Considerando**, que dadas las características y objetivos de la recurrida, en sus relaciones de trabajo no se le aplica la legislación laboral, al tenor del referido III Principio Fundamental del Código de Trabajo, por no tratarse de una institución autónoma del Estado con fines comerciales, industriales, financieros, ni ofrecer servicios de transporte; **Considerando**, que por otra parte, del estudio de la sentencia impugnada, y de los documentos que forman el expediente, no se advierte, que ante la Corte a-qua se hubiere depositado algún documento donde se verifique que la Comisión Hípica actuara como ente privado asumiendo el compromiso de pagar indemnizaciones laborales al demandante, lo que pudiere hacer aplicable la legislación laboral en la especie, descartándose que el Tribunal a-quo dejare de ponderar el contrato de arrendamiento a que alude el recurrente o documento alguno que tuviere incidencia en la solución del caso; B.J. NO. 1194, MAYO 2010 [Desistida] B.J. NO. 1194, MAYO 2010 [Desistida] B.J. NO. 1194, MAYO 2010 [Inadmisible] B.J. NO. 1194, MAYO 2010 [Inadmisible] B.J. NO. 1194, MAYO 2010 [Inadmisible] B.J. NO. 1194, MAYO 2010 [Inadmisible] B.J. NO. 1194, MAYO 2010 **Considerando**, que cuando el trabajador otorga recibo de descargo y declara no tener ninguna reclamación pendiente de hacer al empleador en ocasión de la terminación del contrato de trabajo, resultaría frustratorio que un tribunal analice los hechos en que se funda una demanda después de haber considerado que la misma no procede, por apreciar que el demandante ha otorgado válido recibo de descargo con el otorgamiento del finiquito correspondiente, particularmente cuando se refiere a hechos ocurridos antes de la terminación del contrato; **Considerando**, que esa situación de impedimento de conocer los hechos en que se fundamenta una demanda, ajenos a la discusión sobre la validez del recibo de descargo, es asimilable al impedimento que se presenta cada vez que un tribunal declara la inadmisibilidad de una acción, por lo que resulta intrascendente que se examine un alegato de que con el otorgamiento del recibo de descargo se crea una falta de interés que da lugar a la inadmisibilidad de la demanda o si la invocación de la existencia del mismo constituye un medio de defensa sobre el fondo de dicha demanda, habida cuenta de que en ambos casos se produce el mismo efecto;

**Considerando**, que en la especie, el Tribunal a-quo reconoció valor al recibo de descargo otorgado por el recurrente a la recurrida después de la terminación de su contrato de trabajo, al demostrarse que de manera voluntaria el demandante declaró no tener nada que reclamar por ningún concepto y otorgar descargo, completo e irrevocable, a la demandada, para lo cual da motivos suficientes y pertinentes, sin incurrir en desnaturalización alguna, razón por la cual los medios examinados carecen de fundamento y deben ser desestimados y en consecuencia rechazado el presente recurso. B.J. NO. 1194, MAYO 2010

**Considerando**, que el artículo 15 del Código de Trabajo presume la existencia del contrato de trabajo en toda relación de trabajo, la que se da por establecida en todo proceso cuando quien se pretende amparado por ese tipo de contrato demuestra haber prestado sus servicios personales al demandado; **Considerando**; que aquel litigante que para librarse del pago de indemnizaciones laborales, invoca ante los jueces del fondo, que al culminar la relación laboral que sostuvo con el demandante, cubrió el importe de ese derecho o que el trabajador le otorgó recibo de descargo con formal renuncia de no formular futuras reclamaciones relacionadas con esa relación, no puede presentar como un medio de casación la inexistencia del contrato de trabajo, pues su actitud frente al tribunal de donde emana la sentencia impugnada en casación constituye una admisión de la condición de trabajador del demandante; **Considerando**, que en la especie, del estudio de la sentencia impugnada y de los documentos que forman el expediente, se advierte, que la actual recurrente basó su defensa ante la Corte a-qua en la existencia de un recibo de descargo por el pago de las prestaciones laborales atribuido a los actuales recurridos, el que le fue rechazado por los jueces del fondo, al no representar garantía de que real y efectivamente los trabajadores hubieren recibido el alegado pago; **Considerando**, que ese sólo alegato unido a la ponderación de la prueba aportada que hizo el Tribunal a-quo convencieron a la Corte a-qua de la existencia del contrato de trabajo invocado por los demandantes y consecuencialmente acoger su reclamación sobre el pago de indemnizaciones laborales y otros derechos, sin que se observe que al proceder de esa manea incurrieran en desnaturalización alguna, razón por la cual el medio que se examina carece de fundamento y debe ser desestimado. B.J. NO. 1194, MAYO 2010 **Considerando**, que de todo lo anterior se observa, en la especie, que el Tribunal a-quo apreció correctamente que el propósito del actual recurrente al solicitar la certificación, que según el artículo 70 Código de Trabajo, debe entregar el empleador a todo trabajador cuyo contrato de trabajo ha concluido, que así lo solicite, era reunir los datos necesarios para obtener una pensión del Estado dominicano por el tiempo laborado en la administración pública, lo que fue cumplido con la obtención de dicha pensión, e hizo pertinente la eliminación del astreinte que se le había fijado a la actual recurrida como medida conminatoria para la entrega de dicha certificación; B.J. NO. 1194, MAYO 2010 **Considerando**, que el examen de los motivos transcritos anteriormente permite comprobar que contrario a lo que alega el recurrente, el Tribunal a-quo hizo una correcta aplicación de los artículos 82 y 83 de la entonces vigente Constitución de la República, los que proclaman la capacidad e independencia de los ayuntamientos para actuar en el ejercicio de sus funciones, sujeto a las restricciones y limitaciones establecidas por el ordenamiento jurídico, limites que no fueron transgredidos en la especie, según lo comprobado por dicho tribunal, y así lo establece en su sentencia donde consta que “el contrato en cuestión fue suscrito dentro del periodo constitucional de cuatro años que prescribe la carta magna para la gestión municipal, lo que supone que todas las decisiones tomadas en ese espacio se le imponen al nuevo incumbente de la institución y que desconocerlo, como pretende el Ayuntamiento Municipal de San Cristóbal, sería una franca violación al Estado de Derecho imperante en la nación”; que esta consideración expuesta por el Tribunal a-quo se fundamenta en dos de los principios que sostienen al Derecho Administrativo, como son el de la continuidad del Estado y el de la seguridad jurídica, que permiten preservar los derechos adquiridos por los administrados que contratan con una Administración anterior, derechos que bajo ningún concepto pueden ser desconocidos ni menoscabados por las nuevas autoridades administrativas, tal como lo establece el Tribunal a-quo en su sentencia; que en cuanto a lo alegado por el recurrente, en el sentido de que la sentencia impugnada viola el principio de irretroactividad de la ley al basarse en la Ley núm. 176-07 sobre municipios, que es posterior al contrato suscrito en la especie, el estudio de dicho fallo revela que para tomar su decisión el Tribunal a-quo no se fundamentó en las disposiciones de dicha ley, sino que dentro de los motivos principales que sostienen su sentencia se encuentran las disposiciones de los artículos 82 y 83 de la Constitución del 2002, los que proclaman de forma sustantiva y originaria la capacidad e independencia de los ayuntamientos para el ejercicio de sus atribuciones, que los faculta para adquirir derechos y contraer obligaciones, tal como fue apreciado por el Tribunal a-quo, estableciendo motivos que justifican lo decidido y que permiten a esta Corte comprobar que en el presente caso se ha efectuado una correcta aplicación de la ley, sin incurrir en los vicios denunciados por el recurrente, por lo que procede rechazar el recurso de casación de que se trata por improcedente y mal fundado; B.J. NO. 1194, MAYO 2010

**Considerando**, que el artículo 731 del Código de Trabajo dispone que “Se deroga toda norma o disposición legal que prohíba el embargo de los bienes del empleador en perjuicio de los créditos de los trabajadores que hayan sido reconocidos por una sentencia definitiva con autoridad de la cosa juzgada”; **Considerando**, que en virtud de esa disposición legal contra las empresas o instituciones estatales a quienes se les aplique el Código de Trabajo, pero que como consecuencia de una norma jurídica disfruten de la inembargabilidad de sus bienes, sólo podrán adoptarse medidas de ejecución cuando se les impongan condenaciones a favor de alguno de sus trabajadores por sentencia que haya adquirido la autoridad irrevocable de la cosa juzgada; **Considerando**, que la inembargabilidad de bienes incluye el impedimento de realizar todo tipo de embargos, incluido el retentivo y el conservatorio, aunque en su primera etapa éstos constituyan medidas conservatorias y no ejecutorias, constituyendo una turbación ilícita la realización de una medida de esta naturaleza contra una persona cuyos bienes no son susceptibles de ser embargados; **Considerando**, que del análisis de los artículos 539 y 731 del Código de Trabajo, no se advierte que se trate de normas legales contrapuestas, pués los mismos regulan situaciones jurídicas distintas, ambos a favor de los trabajadores que han obtenido condenaciones en contra de sus empleadores mediante sentencias judiciales, que no se contradicen entre sí, ni uno impide la aplicación del otro, pues mientras el artículo 539 declara ejecutables las sentencias de los juzgados de trabajo que contengan condenaciones, a partir del tercer día de su notificación, el 731, elimina la inembargabilidad de los bienes de los empleadores en contra de quienes exista una sentencia que haya adquirido la autoridad de la cosa irrevocablemente juzgada, que impongan condenaciones a favor de trabajadores;

**Considerando**, que en ese tenor, al Tribunal a-quo no se le presentó la disyuntiva de aplicar la norma mas favorable, pués el ya citado artículo 731, no impide la ejecución de las sentencias que dicten los juzgados de trabajo y que es autorizada por el artículo 539, sino que ha sido elaborado para eliminar la imposibilidad de ejecución de las instituciones amparadas por la inembargabilidad de sus bienes, pero sujeta a la condición de que se tratare de sentencias con el carácter de la cosa irrevocablemente juzgada, lo que descarta que el Tribunal a-quo incurriera en la violación que le atribuye el recurrente;

B.J. NO. 1194, MAYO 2010 [Inadmisible]

B.J. NO. 1194, MAYO 2010 **Considerando**, que la limitación que dispone el artículo 619 del Código de Trabajo al ejercicio del recurso de apelación, se basa en la cuantía de la demanda, la cual debe ser mayor al monto de diez salarios mínimos, sin importar el monto de las condenaciones impuestas por la sentencia del juzgado de trabajo;

**Considerando**, que por su parte, el artículo 480 del Código de Trabajo, en su numeral 2, prescribe que el Juzgado de Trabajo conocerá a cargo de apelación la demanda cuando la misma sea indeterminada;

**Considerando**, que en adición a eso, el citado artículo 619, dispone que “Las sentencias que decidan sobre competencia son apelables en todos los casos”;

**Considerando**, que en la especie, tal como lo precisa la sentencia impugnada, en su demanda original la actual recurrente solicitó que el demandado, actual recurrido, a condenado al pago de los meses que pudieren vencerse durante el curso de la demanda, lo que hace que la cuantía de su acción no pudiere determinarse antes de que esta culminara con una sentencia irrevocable; que por demás, la sentencia recurrida en apelación había rechazado un pedimento de incompetencia que se le había formulado, lo que reitera que la misma era susceptible del recurso de apelación, al margen de la cuantía envuelta en el litigio; B.J. NO. 1194, MAYO 2010 [Inadmisible] **Considerando**, que el artículo 641 del Código de Trabajo dispone que “No será admisible el recurso después de un mes a contar de la notificación de la sentencia ni cuando ésta imponga una condenación que no exceda de veinte salarios mínimos”;

**Considerando**, que del estudio del expediente formado en ocasión del presente recurso se advierte que la sentencia impugnada le fue notificada a la sociedad Tropical Manufacturing Co, S. A., el 27 de enero de 2009, mediante acto núm. 054-2009, diligenciado por Félix Antonio Estrella Céspedes, Alguacil Ordinario de la Corte de Trabajo del Departamento Judicial de Santiago, mientras que dicha sociedad depositó el escrito contentivo de su recurso de casación, en la secretaría de la Corte de Trabajo del Departamento Judicial de Santiago el 9 de julio de 2009, cuando había transcurrido el plazo previsto en el referido artículo 641 del Código de Trabajo, por lo que el mismo debe ser declarado inadmisible.

B.J. NO. 1194, MAYO 2010 [INADMISIBLE] B.J. NO. 1194, MAYO 2010 [CADUCIDAD] B.J. NO. 1194, MAYO 2010 [INADMISIBLE] B.J. NO. 1194, MAYO 2010 [INADMISIBLE] B.J. NO. 1194, MAYO 2010 [INADMISIBLE]

B.J. NO. 1194, MAYO 2010 **Considerando**, que un documento interno mediante el cual se cumple un trámite administrativo, cursado entre empleados de alta o baja categoría de una empresa que ha sido demandada en pago de indemnizaciones laborales, pero sin facultad para comprometer la responsabilidad de la misma, no constituye un reconocimiento de deuda, susceptible de generar la novación de la prescripción; **Considerando**, que en la especie, del estudio del documento aludido por la recurrente, el cual se examina frente a su alegato de desnaturalización, se advierte que se trata de una información que la encargada de nóminas de la recurrida suministra al Director Legal de la Institución, mediante el cual le informa que la actual recurrente no ha “cobrado sus prestaciones laborales por el monto de Treinta Mil Trescientos Cuatro Pesos con 07/100 (RD$30,304.07)”, lo que en modo alguno constituye un reconocimiento de deuda, tal como apreció correctamente el Tribunal a-quo, sin incurrir en la desnaturalización alegada, razón por la cual los medios examinados carecen de fundamento y deben ser desestimados.

B.J. NO. 1194, MAYO 2010 **Considerando**, que el artículo 15 del Código de Trabajo presume la existencia de un contrato de trabajo en toda relación laboral, bastando para que esta presunción se cumpla la demostración de que una persona prestaba sus servicios personales a otra con lo que se da por probada que esa relación es producto de un contrato de trabajo, hasta tanto la persona a quien se le preste el servicio demuestre que la prestación de servicios tenía su causa en otro tipo de relación contractual; **Considerando**, que cuando un trabajador invoca varias causas para fundamentar su dimisión basta con la demostración de una de ellas para que dicha dimisión sea declarada justificada, no variando esa calificación el hecho de que algunas de ellas no hayan sido establecidas o que el derecho al trabajador a dimitir haya caducado con relación a otras;

**Considerando**, que el artículo 100 al disponer la obligación del trabajador de comunicar la dimisión al Departamento de Trabajo, con indicación de causas en el término de las 48 horas de haberse realizado, no sanciona con la declaratoria de injustificada la omisión del señalamiento de las causas, sino cuando la comunicación no se produce en el referido término, por lo que importa poco que en la misma el trabajador dimitente precise los hechos que constituyen las faltas atribuidas al empleador o que simplemente indiquen los ordinales del artículo 97 del Código de Trabajo que las consagran;
 * Considerando**, que asimismo, si las faltas atribuidas al empleador consisten en la violación a derechos que son consustanciales a los contratos de trabajo, después de demostrada la existencia del contrato corresponde al empleador demostrar haber satisfecho esos derechos, debiendo ser declarada justificada la dimisión si el demandado no hiciere tal prueba;

**Considerando**, que en la especie, el tribunal a-quo tras ponderar las pruebas aportadas por las partes, llegó a la conclusión de que el trabajador demandante demostró haber prestado sus servicios personales a la recurrente de manera subordinada, con lo que se dio por establecida la existencia de un contrato de trabajo por tiempo indefinido, al tenor de los artículos 15 y 34 del Código de Trabajo, el cual se mantuvo vigente hasta que se produjo su ruptura a través de la dimisión ejercida por el demandante;

**Considerando**, que frente al establecimiento del contrato de trabajo, correspondía a la actual recurrente demostrar que cumplió con los derechos reclamados por el trabajador dimitente, con relación al disfrute y pago de las vacaciones y salarios navideños, por ser éstos derechos que deben ser disfrutados por todas las personas amparadas por un contrato de trabajo, apreciando los jueces del fondo, tras el uso del soberano poder de apreciación de que disponen, que tal prueba no fue realizada, sin que se advierta que al formar ese criterio incurrieran en desnaturalización alguna, lo que es suficiente para que la referida dimisión fuere declarada justificada, razón por la cual los medios que se examinan carecen de fundamento y deben ser desestimados; **Considerando**, que en virtud del artículo 16 del Código de Trabajo, los trabajadores están liberados de hacer la prueba de los hechos establecidos en los libros y documentos que el empleador debe registrar y conservar ante las autoridades del trabajo, entre los que se encuentran el salario invocado por un demandante; que de esta disposición se deriva que para destruir la presunción de que el trabajador devengaba el salario con el cual pretende se calculen sus derechos, el empleador, si invoca que el salario era menor, debe presentar la prueba de ese hecho y en ausencia de la misma el tribunal debe acoger como cierto el indicado por el trabajador demandante, tal como ocurrió en la especie; **Considerando**, que por otra parte, la obligación que tienen los trabajadores de probar que los empleadores demandados en pago de participación en los beneficios obtuvieron utilidades en el período reclamado, surge en el momento en que el demandado demuestra haber presentado a la Dirección General de Impuestos Internos la declaración jurada correspondiente; que hasta que eso no ocurra, el demandante está liberado de probar sus pretensiones, lo que se deriva de una interpretación de las disposiciones combinadas contenidas en los artículos 16 y 225 del Código de Trabajo; **Considerando**, que el rechazo de las declaraciones juradas presentadas por el empleador para demostrar los resultados de sus actividades económicas durante el periodo al que corresponde la reclamación en participación de los beneficios formulada por el demandante, por no haberse depositado en los términos que prescribe la ley, no es contradictorio con el análisis que de dichas declaraciones hace el Tribunal a-quo, al apreciar que las mismas no tienen validez por no haber constancia de que fueron recibidas por la Dirección General de Impuestos Internos, pues más que como motivos contradictorios las mismas deben verse como complementarias y en ambos casos tienen como resultado la ausencia de la declaración jurada de los resultados económicos de las actividades de la empleadora, lo que fundamentó sean condenadas al pago de la participación en los beneficios reclamados por el actual recurrido;

B.J. NO. 1194, MAYO 2010 **Considerando**, que mientras la terminación del contrato de trabajo por despido se caracteriza por ser un derecho que ejerce el empleador cuando entiende que el trabajador ha cometido una falta, la que en un proceso judicial pretende demostrar para librarse del pago de las indemnizaciones laborales, el desahucio, siendo un derecho que puede ser ejercido por ambas partes, se caracteriza porque al ser utilizado por el trabajador o el empleador, éstos no tienen que alegar causa alguna, sólo manifestar su intención de romper la relación contractual;
 * Considerando**, que en vista de ello, en toda terminación del contrato de trabajo por la voluntad unilateral del empleador, sin imputar ninguna falta al trabajador, ha de verse una terminación producto del uso del desahucio de su parte, salvo que, no obstante no alegar causa en la carta de comunicación de la terminación del contrato de trabajo, demuestre en el plenario, que real y efectivamente, la terminación se produjo por un despido, lo que deberá ser ponderado por los jueces del fondo, los cuales tienen facultad para apreciar las pruebas que se les aporten y determinar la verdadera causa de terminación de un contrato de trabajo, así como los demás hechos de la demanda;


 * Considerando**, que por otra parte, si bien por si sólas las fotocopias no constituyen una prueba, ello no impide que el juez aprecie el contenido de las mismas y deduzca consecuencias, sobre todo en una materia donde existe la libertad de pruebas y el juez tiene un amplio poder de apreciación;


 * Considerando**, que por demás, cuando los documentos son presentados en fotocopias y estas no son objetadas por la parte a quién se les oponen esos documentos, estos les reconocen valor probatorio y los jueces pueden basar sus fallos en los mismos;


 * Considerando**, que en la especie, el Tribunal a-quo dió por establecido que los contratos de trabajo de los recurridos terminaron por desahucio ejercido contra ellos por la actual recurrente, a cuya convicción llegó tras el análisis de las pruebas presentadas por las partes y de manera fundamental los formularios de “Acción de Personal” de fecha 16 y 17 de septiembre de 2004, mediante los cuales se les hace saber que “Cortésmente se le comunica que esta Dirección Ejecutiva ha decidido rescindir el contrato de trabajo existente entre Ud y esta entidad”, sin alegar ninguna causa para ello, lo que evidencia la determinación de la empresa de poner fin al contrato de trabajo de que se trata a través de un desahucio, tal como lo decidió el Tribunal a-quo, no observándose que al formar su criterio éste incurriera en alguna desnaturalización;


 * Considerando**, que los vicios atribuidos a una sentencia recurrida en casación tienen que estar relacionados a los puntos controvertidos por el recurrente por ante los jueces del fondo, constituyendo un medio nuevo en casación toda invocación que atribuya al tribunal que dictó la sentencia sobre un aspecto que no fue discutido ante él;


 * Considerando**, que del estudio del expediente formado en ocasión del presente recurso, se advierte, que la recurrente no invocó ante la Corte a-qua que el tribunal de primer grado no particularizó las condenaciones impuestas a favor de los demandantes, sino que se limitó a negar haber puesto término al contrato de trabajo de éstos y que el tribunal de primer grado falló sin que éstos hicieran prueba de ese hecho, por lo que su invocación en casación constituye un medio nuevo, que como tal debe ser declarado inadmisible

** JUNIO ** B.J. NO. 1195, JUNIO 2010
 * Considerando**, que entre los hechos que está a cargo de los jueces del fondo dar por establecidos a partir de las pruebas aportadas, está la fecha de la terminación del contrato de trabajo;


 * Considerando**, que en la especie, el Tribunal a-quo basa su fallo en la apreciación que hizo de las pruebas aportadas, de manera principal las declaraciones de los testigos presentados por las partes, de las cuales dio por establecido que el despido se originó el día 8 de diciembre de 2005 y que la demanda introductiva de instancia se presentó dentro del plazo que dispone la ley a esos fines, sin incurrir en desnaturalización alguna y dando los motivos suficientes y pertinentes que permiten a ésta Corte verificar la aplicación correcta de la ley, razón por la cual los medios que se examinan carecen de fundamento y deben ser desestimados;
 * Considerando**, que los medios de casación deben estar basados en los aspectos que han sido discutidos ante los jueces del fondo, pues la presentación de un medio que no ha sido debatido ante dichos jueces es considerado un medio nuevo en casación y como tal inadmisible;
 * Considerando**, que del estudio de la sentencia impugnada y de los documentos que forman el expediente, se advierte, que los hechos en que el actual recurrido fundamentó su demanda no fueron discutidos por la actual recurrente en su condición de demandada, salvo la fecha de la terminación del contrato de trabajo, lo que hizo para sustentar su alegato de que la acción ejercida por el demandante estaba prescrita;
 * Considerando**, que en consecuencia el monto del salario, ni su integración, aspectos invocados por el demandante fueron objeto de discusión de parte de la demandada, por lo que su alegato en este medio de que el tribunal aplicó un salario donde se computaron los valores correspondientes al pago de horas extras y al descanso semanal, constituye un medio nuevo en casación, que como tal debe ser declarado inadmisible;

B.J. NO. 1195, JUNIO 2010


 * Considerando**, que si bien el artículo 539 del Código de Trabajo dispone que las sentencias dictadas por los Juzgados de Trabajo son ejecutorias al tercer día de la notificación, salvo que la parte perdidosa haga consignación del duplo de las condenaciones impuestas por esas sentencia, es también lo que ha sido criterio sostenido por esta Corte de Casación, que el Juez de los Refermientos puede disponer la suspensión de la ejecución de esas sentencias, cuando a su juicio las mismas incurren en un error grosero, una nulidad evidente, una violación al derecho de defensa o a cualquier norma constitucional, sin necesidad de depósito alguno;


 * Considerando**, que el Juez de los Referimientos tiene facultad para detectar esos vicios, sin necesidad de enjuiciar y decidir aspectos relativos al fondo de lo principal;


 * Considerando**, que el hecho de que una parte haya motus propio depositado una garantía para lograr la suspensión de una sentencia condenatoria, no impide recurrir al Juez de los Referimientos para liberar esa garantía si entiende que por incurrir el juez de primer grado en uno de los vicios arriba señalados, este Juez, el de los Referimiento puede disponer la suspensión, sin necesidad de prestación de garantía;


 * Considerando**, que por demás, las decisiones del Juez de los Referimiento tienen carácter provisional, lo que permite que éste pueda tomar decisiones distintas a las adoptadas anteriormente, sin que se le presenten solicitudes de adoptar nuevas medidas provisionales con sustento legal;

B.J. NO. 1195, JUNIO 2010 [DESISTIDA] B.J. NO. 1195, JUNIO 2010
 * Considerando**, que en la especie, el Tribunal a-quo apreció que la sentencia cuya suspensión había sido solicitada, sin el depósito de una fianza, contenía un error grosero, al señalarse en la misma que el depósito de la comunicación de dimisión había sido hecha en la provincia de La Altagracia, cuando en verdad ocurrió en la Secretaría de Estado de Trabajo, en la ciudad de Santo Domingo, lo que utilizó como motivo para mantener la suspensión de la ejecución de dicha sentencia, que ya había logrado la demandada, pero sin el depósito de la garantía que voluntariamente esa parte había consignado, decisión ésta que está acorde con la apreciación hecha por el Juez a-quo y las facultades que tiene el Presidente de la Corte de Trabajo, actuando como Juez de los Referimiento en esta materia, sin que se advierta que al adoptar esa decisión enfrentara ninguna contestación seria ni incurriera en violación a norma jurídica alguna, razón por la cual los medios examinados carecen de fundamento y deben ser desestimados y en consecuencia rechazado el presente recurso.
 * Considerando**, que en virtud del artículo 15 del Código de Trabajo se presume la existencia del contrato de trabajo en toda relación laboral, por lo que basta que todo el que pretenda ser trabajador amparado y estar por un contrato de trabajo, demuestre haber prestado sus servicios personales a una persona, para que se le reconozca esa condición, estando a cargo del demandado demostrar que dichos servicios fueron prestados en ocasión de otro tipo de relación contractual;
 * Considerando**, que cuando la reclamación de un trabajador consiste en salarios dejados de pagar, carece de importancia determinar la naturaleza del contrato de trabajo, pues siempre que se demuestre la prestación del servicio el empleador está en la obligación de demostrar que retribuyó el mismo, sin importar que se tratare de un contrato por tiempo indefinido o por una obra o servicio determinados;
 * Considerando**, que el empleador que no cumpla con las obligaciones que le imponen las leyes o el contrato de trabajo, compromete su responsabilidad civil, pudiendo ser condenado a la reparación de los daños y perjuicios que su actitud haya podido producir, al tenor de las disposiciones del artículo 712 del Código de Trabajo, los cuales son evaluados por los jueces del fondo, quienes están facultados para establecer el monto de dicha reparación, lo que escapa al control de la casación, salvo cuando fijaren una suma desproporcionada;


 * Considerando**, que cuando la prestación del servicio se realiza a favor de más de una persona, cada una de ellas es responsable del cumplimiento de las obligaciones que se derivan del contrato de trabajo, por lo que el tribunal puede imponerles condenaciones solidarias, sin que fuere necesario el establecimiento de ninguna acción fraudulenta de parte de ellas;

B.J. NO. 1195, JUNIO 2010
 * Considerando**, que en la especie, el Tribunal a-quo, tras ponderar las pruebas aportadas, dio por establecido que el demandante realizó trabajos a los demandados por un monto de Ciento Cincuenta y Ocho Mil Trescientos Pesos Oro Dominicanos (RD$158,300.00), los que no le fueron pagados por lo que le impuso la obligación de cubrir ese pago, así como una suma igual por concepto de la reparación de los daños y perjuicios ocasionados por la falta incurrida por los actuales recurrentes, no advirtiéndose que al formar su criterio e imponer las referidas condenaciones, incurriera en desnaturalización alguna, ni que el monto fijado para resarcir los daños sufridos por el actual recurrente, fuere desproporcionado, razón por la cual, los medios examinados carecen de fundamento y deben ser desestimados y en consecuencia rechazado el presente recurso.


 * Considerando**, que habiendo el Tribunal a-quo declarado inadmisible el recurso principal presentado por el recurrente, para dejar subsistente el recurso de apelación incidental intentado por el recurrido y en base a su conocimiento revocar la sentencia impugnada, dicho tribunal debió examinar si al interponer ese recurso, el recurrente incidental cumplió con los requisitos exigidos por la ley para la interposición del recurso principal, apreciando si al recurrido incidental le fue notificado el mismo y le fueron concedidos los plazos para la preparación del escrito de defensa; que al no existir en la sentencia impugnada ninguna referencia sobre esas circunstancia procesales, la misma debe ser casada por falta de base legal;

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 * Considerando**, que al descartarse un medio de prueba por no cumplir con los requisitos que exige la ley para considera válida una prueba o el hecho de que un tribunal le reste valor probatorio, en modo alguno constituye una violación al derecho de defensa de la parte contra quien se adopta esa medida, pues con la misma no se le priva del ejercicio de ese derecho, sino que se actúa en consonancia con las formalidades establecidas por la ley para el adecuado ejercicio del mismo;

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 * Considerando**, que en la especie, la Corte a-qua, tras ponderar las pruebas aportadas por ambas partes, llegó a la conclusión de que el contrato de trabajo que amparaba al trabajador era de naturaleza indefinida y que el mismo terminó el día 8 de noviembre de 2005 por la dimisión ejercida por éste, contrario a lo afirmado por la actual recurrente en el sentido de que el mismo fue pactado por cierto tiempo y que concluyó con la llegada del término el 5 de noviembre de dicho año, sin que se advierta que al formar su criterio el Tribunal a-quo incurriera en desnaturalización alguna, ni en ninguno de los vicios que le atribuye la recurrente, razón por la cual los medios examinados carecen de fundamento y deben ser desestimados.

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 * Considerando**, que el dispositivo de una sentencia tiene que estar sustentado en motivos que sean coherentes con la decisión del tribunal, siendo una causa de nulidad de toda sentencia recurrida en casación el hecho de que el tribunal adopte una decisión contraria a lo expresado en los motivos de la misma;
 * Considerando**, que del estudio de la sentencia impugnada se advierte que en las motivaciones dadas por la Corte a-qua, se reconoce que la actual recurrente pagó al demandante los valores correspondientes al salario navideño del año 2007, indicando de manera expresa, que por esa circunstancia se debía revocar la sentencia apelada, sin embargo en el dispositivo de la misma se condena a ésta demandada al pago de la suma de Doce Mil Novecientos Ochenta y Seis Pesos con 11/100 (RD$12,986.11), por concepto de dicho salario navideño, tal como lo había dispuesto la sentencia recurrida en apelación, con lo que ciertamente el Tribunal a-quo incurrió en el vicio que se le atribuye en el recurso de casación, razón por la cual la decisión impugnada debe ser casada en ese aspecto;
 * Considerando**, que constituye una causal de la dimisión de un trabajador, el hecho de que el empleador lo tenga registrado en el Sistema Nacional de la Seguridad Social, pero no cubra puntualmente las cotizaciones de lugar, pues no basta con la simple inscripción del mismo, sino que además es necesario que el empleador cumpla a cabalidad con sus obligaciones en ese sentido, para permitir que el trabajador pueda recurrir a la protección, que en el orden de la salud, de los riesgos laborales o de retiro por antigüedad o discapacidad, le brinda el sistema;
 * Considerando**, que en consecuencia esa falta es susceptible de generar daños y perjuicios al trabajador afectado, los que son apreciados por los jueces del fondo, quienes tienen facultad, además, para determinar el monto con el cual deben ser reparados demás daños, lo que escapa al control de la casación, salvo cuando se tratare de una suma desproporcionada;

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 * Considerando**, que en la especie, el Tribunal a-quo llegó a la conclusión, tras ponderar la prueba aportada por los recurrentes, de que si bien es cierto que ésta tenía registrada a la demandante en el Sistema Nacional de Seguridad Social, también lo es que había incurrido en falta al no pagar puntualmente las cotizaciones correspondientes, estando en ese estado de incumplimiento en el momento en que se produjo la dimisión del contrato de trabajo, lo que constituye un motivo suficiente para que sea declarada como justificada dicha dimisión y para la fijación de la suma de Veinticinco Mil Pesos (RD$25,000.00), por concepto de los daños y perjuicios, que al criterio de los jueces del fondo, le ocasionó dicha violación, la que esta corte considerada adecuada, razón por la cual esta parte del recurso carece de fundamento y debe ser desestimado;


 * Considerando**, que el recurso de casación, examinado en todos sus aspectos, se resume a la critica de que la sentencia impugnada adolece de varios vicios que ameritan su acumulación, pero tal y como puede observarse en la motivación y desarrollo de la misma, la Corte a qua, fue apoderada de un recurso en materia sumaria, destinado a resolver dificultades en la ejecución de una sentencia condenatoria y es obvio, que para llegar a las conclusiones contenidas en el dispositivo de la misma, la Corte a qua hizo los razonamientos de lugar encaminados a solucionar las dificultades de ejecución de la sentencia de fecha 26 de mayo de 2006, para lo cual se encontraba debidamente apoderada, por lo que no se advierte que en la misma aparezcan los vicios alegados de fallo extrapetita ni exceso de poder.


 * Considerando**, que por otra parte, la sentencia impugnada, contiene todas las menciones requeridas por la ley y el artículo 141 del Código de Procedimiento Civil, imprescindibles para ser sustentada;

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 * Considerando**, que cuando el tribunal concede a unas declaraciones un alcance distinto al que éstas tienen o hace una apreciación incorrecta de las mismas, incurre en el vicio de desnaturalización. Lo que permite a la corte de casación examinar la apreciación hecha por los jueces del fondo a pesar del poder soberano que en este sentido disfrutan;
 * Considerando**, que en la especie, la Corte a-qua, para dar por establecidos que los contratos de trabajo de los actuales recurridos eran de naturaleza indefinida, se basó en las declaraciones de los señores Félix Manuel Hermida García, Aquiles Azor Jazmín y Mártire Mateo, a quienes atribuye haber declarado que la empresa utilizaba a los demandantes en diferentes equipos de trabajadores para diferentes obras;
 * Considerando**, que del análisis de las declaraciones de esos señores, el cual se hace en virtud del alegato de desnaturalización de las mismas que hace la recurrente, se advierte que el Tribunal a-quo le dio un alcance y sentido distinto al que tienen dichas declaraciones, pues de las expresiones vertidas por las personas aludidas en modo alguno se aprecia la ocurrencia de los hechos deducidos por la corte a-qua, lo que constituye el vicio de desnaturalización que se le atribuye a la sentencia impugnada y que influyó en la suerte del proceso por ser determinante para que el Tribunal a-quo diera por establecido un elemento determinante para la solución del caso, el cual es la naturaleza de los contratos de trabajo que ligó a la recurrente con los recurridos, lo que hace que la sentencia carezca de base legal y como tal deba ser casada;

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 * Considerando**, que la finalidad del artículo 539 del Código de Trabajo al exigir el depósito del duplo de las condenaciones impuestas por una sentencia del Juzgado de Trabajo para que la parte perdidosa logre la suspensión de su ejecución, es garantizar que al final de litigio la parte gananciosa tendrá a su disposición el disfrute de su crédito, sin necesidad de recurrir a la ejecución y sin temor de que la insolvencia de su contraparte imposibilite el cumplimiento de las obligaciones consagradas por la sentencia cuya ejecución ha sido suspendida;
 * Considerando**, que en tal virtud, cuando la sentencia del juzgado de trabajo condena a más de una persona, basta con que una de ellas preste la garantía dispuesta por el Juez de los Referimientos al ordenar la suspensión de la ejecución de la sentencia, para que sea cumplida la finalidad del referido artículo 539 del Código de Trabajo;
 * Considerando**, que fue tomando en cuenta esas consideraciones que el Tribunal a-quo dictó el fallo impugnado, al rechazar las pretensiones del actual recurrente de que se ordenara la regularización de la consignación hecha por el señor Marcelino San Miguel, para que además figurara como consignante la Fundación San Miguel Arcángel, pues con esa consignación era posible liberar al consignatario del crédito reconocido por la sentencia condenatoria, lo que le impedía realizar un nuevo cobro a la referida Fundación, al tratarse de una condenación que se imponía en su totalidad a ambas partes, razón por la cual los medios que se examinan carecen de fundamento y deben ser desestimados.
 * Considerando**, que cuando varias empresas por su vinculación o interrelación utilizan trabajadores que laboran a su vez en cada una de ellas, las mismas son solidariamente responsables del cumplimiento de las obligaciones que se derivan de los contratos de trabajo, en aplicación a las disposiciones de los artículos 63 y 64 del Código de Trabajo, aún cuando éstas cuenten con personería jurídica y representantes distintos;
 * Considerando**, que son los jueces del fondo, los que están en facultad de determinar cuando esa circunstancia se produce y las empresas que utilizan al mismo personal para la ejecución de sus contratos de trabajo, para lo cual cuentan con un soberano poder de apreciación de las pruebas que se les aporten, el cual escapa al control de la casación, salvo cuando incurran en alguna desnaturalización;
 * Considerando**, que en la especie, el Tribunal a-quo, tras ponderar las pruebas aportadas por las partes, llegó a la conclusión de que las trabajadoras demandantes prestaban indistintamente sus servicios a cada una de las empresas demandadas, por lo que les condenó a todas al pago de los derechos reclamados por las actuales recurridas, sin que se advierta que incurrieran en desnaturalización alguna, razón por la cual los medios que se examinan carecen de fundamento y deben ser desestimados;
 * Considerando**, que tal como se observa, la Corte a-qua motiva la verificación del cumplimiento de la obligación de las trabajadoras dimitentes, de comunicar la dimisión a las autoridades del trabajo, citando el medio utilizado por ellas para tales fines, como es el acto de alguacil diligenciado el 11 de junio de 2001, por el ministerial Nelson Pérez Escalante, lo que descarta que en la sentencia impugnada se incurriera en el vicio que se le atribuye en este medio, por lo que el mismo carece de fundamento y debe ser desestimado.

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 * Considerando**, que si bien el artículo 34 del Código de Trabajo exige que los contratos de trabajo por cierto tiempo o para una obra o servicio determinados deben redactarse por escrito, dicho escrito no es una condición sine qua non para la existencia de estos últimos contratos, sino uno de los medios de aniquilar la presunción de que el contrato de trabajo es por tiempo indefinido, pudiendo ser probada la duración definida de dicho contrato por cualquier medio de prueba, en vista de la libertad de prueba que predomina en esta materia y a las disposiciones del IX Principio Fundamental del Código de Trabajo, el cual establece que el contrato de trabajo no es aquel que consta en un escrito, sino el que se ejecuta en los hechos;
 * Considerando**, que corresponde a los jueces del fondo determinar cuando un contrato de trabajo ha sido pactado para una obra determinada y cuando el mismo termina con la conclusión de la obra, para lo cual están dotados de un soberano poder de apreciación de la prueba, que escapa al control de la casación, salvo cuando incurran en alguna desnaturalización;


 * Considerando**, que en la especie, el Tribunal a-quo, tras ponderar las pruebas aportadas por las partes, llegó a la conclusión de que los actuales recurrentes estaban vinculados a la recurrida por sendos contratos de trabajo para una obra determinada, los cuales terminaron sin responsabilidad para las partes, con la conclusión de la obra, de todo lo que da motivos suficientes y pertinentes, sin incurrir en desnaturalización alguna, razón por la cual los medios que se examinan carecen de fundamento y deben ser desestimadas.

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 * Considerando**, que frente a la negativa de un demandado de ser empleador del demandante, la constancia del organismo recaudador de la Seguridad Social certificando que este último figura como cotizante y el primero como empleador, es un documento que tiene una gran importancia para el establecimiento de la relación contractual negada, por lo que si el tribunal no deduce de la misma, la existencia del contrato de trabajo, debe dar las razones que ha tenido para ello;
 * Considerando**, que en la especie, en la sentencia impugnada se da fe de que el actual recurrente depositó en el expediente la Certificación núm. 25035, expedida el 26 de mayo de 2008, por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se hace constar que el señor Samuel Alcántara Salomón figura en los registros de esa entidad cotizando en dos meses del año 2007, teniendo como empleador a la Constructora Hidalgo, S. A.;
 * Considerando**, que sin embargo en la motivación de la sentencia impugnada, la Corte a-qua no hace mención de la misma, ni expresa la razón por la que una empresa que niega la existencia del contrato de trabajo figura en la Tesorería de la Seguridad Social como empleadora de quien alega es su trabajador, lo que es un indicativo de que ese documento, cuya ponderación pudo eventualmente haber variado el fallo impugnado, no fue examinado por el Tribunal a-quo, razón por la cual el mismo carece de base legal, por lo que debe ser casado;

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 * Considerando**, que es criterio sostenido de esta Suprema Corte de Justicia que es válida la renuncia de derechos de parte de los trabajadores cuando la relación contractual ha concluido y antes de que esos derechos hayan sido reconocidos por una sentencia con el carácter de la cosa irrevocablemente juzgada;


 * Considerando**, que de igual manera, el otorgamiento de un recibo de descargo en forma amplia y general, en el que se exprese la satisfacción del trabajador por los valores recibidos y se declare renunciar a las acciones que hubieren sido ejercidas o las que se ejercieren con posterioridad a la de la terminación del contrato de trabajo o con el señalamiento de no tener ninguna reclamación pendiente de formular derivada de la terminación de la relación contractual cierra la oportunidad a éste de reclamar posteriormente derechos derivados de dicha relación, sin que fuere necesario que en el recibo de descargo o acuerdo transaccional se especifique cada uno de esos derechos;


 * Considerando**, que a través de la transacción se persigue poner término, no tan sólo a las acciones ya ejercidas, sino además, evitar que éstas se produzcan en el futuro, lo que se logra con la renuncia presentada en forma general a cualquier posibilidad de ejercer acciones derivadas o vinculadas con los hechos que dieron al acuerdo transaccional;


 * Considerando**, que en la especie el otorgamiento de la pensión del actual recurrido fue una consecuencia del vínculo laboral que éste sostuvo con la recurrente, por lo que al declarar en el acuerdo transaccional que renunciaba al ejercicio de cualquier acción presente o futura con vinculación directa o indirecta a la terminación de la relación contractual que le unió a la empresa demandada, estaba renunciando a formular posteriormente reclamaciones vinculadas a dicha pensión y a cualquier otro derecho relacionado con su finalizada relación laboral;


 * Considerando**, que al tribunal dar una interpretación distinta al referido acuerdo transaccional, le dio un sentido y alcance distinto al que tiene el mismo y por ende incurrió en el vicio de desnaturalización invocado por la recurrente, dejando a la sentencia impugnada carente de base legal, razón por la cual la misma debe ser casada, sin necesidad de examinar los demás medios del recurso;