JURISPRUDENCIA+AÑO+2004

Franchesca Silvestre 83774

Enero Mayo 2004 MATERIA LABORAl A

Considerando, que la categoría de apelación principal se adquiere por el momento en que el recurso de apelación se interpone, correspondiendo a aquel recurso que es elevado primero, en contraposición con el recurso incidental, que es el que se interpone sobre la misma decisión ulteriormente, sin tenerse en cuenta para la calificación, de la importancia de los aspectos recurridos ;
 * ** Apelación Principal e Incidental **
 * // B.J. NO. 1118, ENERO 2004. Falta de base legal //**

Considerando, que en el caso de la especie la decisión impugnada no es una sentencia en última o en única instancia, sino una resolución administrativa, que no tiene autoridad de cosa juzgada, por lo que no es susceptible de ser impugnada mediante el recurso de casación, conservando la recurrente el derecho de apoderar a la Corte a-qua para hacer valer sus pretensiones, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 8, inciso j) de la Constitución de la República y el Código de Trabajo vigente, razón por la cual el recurso de casación debe ser declarado inadmisible por violación de los artículos 482 del Código de Trabajo y 1 de la Ley sobre Procedimiento de Casación”. B Considerando, que por otra parte, la sentencia impugnada, al rechazar el pago de la participación en los beneficios reclamada por los recurridos, expresa que éstos “estuvieron ligados a la empresa Constructora Ureña, S. A. e Ingeniero José Miguel Ureña, por un contrato para una obra determinada”, dando la sensación de la existencia de una persona moral y otra física, pero al momento de imponer las condenaciones las dirige contra la empresa J. M., S. A., y el ingeniero José Ureña, lo que es contrario a la motivación arriba indicada, y hace que la referida sentencia carezca de motivos pertinentes y de base legal, por lo que debe ser casada, sin necesidad de examinar el otro medio del recurso; Considerando, que en la especie la Corte a-qua revocó la sentencia dictada por la Cuarta Sala del Juzgado de Trabajo del Distrito Nacional, en lo referente a la competencia de dicho tribunal, enviando el asunto por ante la Cámara Civil, Comercial y de Trabajo del Distrito Judicial de San Cristóbal, jurisdicción territorial competente, cuando debió enviarlo ante la Cámara Civil y Comercial de la Corte de Apelación de ese Departamento, en vista de que la sentencia revocada en el aspecto de la competencia había decidido el fondo de la demanda de que se trata; Considerando, que al proceder de esa manera el Tribunal a-quo incurrió en la violación que le atribuye la recurrente y dejó la sentencia carente de base legal, razón por la cual la misma debe ser casada;
 * **// Autoridad de cosa juzgada //**
 * // B.J. NO. 1120, MARZO 2004 //**
 * **// Base legal //**
 * // B.J. NO. 1118, ENERO 2004. Falta de base legal //**
 * // B.J. NO. 1118, ENERO 2004. Falta de base legal //**

C
 * **// Caducidad //**

Considerando, que al no haber en el Código de Trabajo una disposición que prescriba expresamente la sanción que corresponde cuando la notificación del memorial al recurrido no se haya hecho en el plazo de cinco días a que se refiere el artículo 643 del referido texto legal, debe aplicarse la sanción prevista en el artículo 7 de la Ley No. 3726, del 23 de noviembre de 1966, sobre Procedimiento de Casación, que declara caduco el recurso, cuando el recurrente no emplazare al recurrido en el término fijado por la ley. Esta caducidad será pronunciada a pedimento de la parte interesada o de oficio; Considerando, que habiéndose establecido que los demandantes prestaron sus servicios personales a ambas empresas, carece de trascendencia la falta de ponderación de los documentos que tenían como finalidad demostrar que la responsabilidad frente a los trabajadores sólo la tenía la empresa Gestiones y Representaciones Internacionales, S. A., pues cualquier acuerdo en ese sentido tenía un efecto limitado a las relaciones entre ellas y no afectaba los derechos de los trabajadores, pues la responsabilidad solidaria es producto de un mandato de la ley, establecida en beneficio de los trabajadores, de la que no pueden disponer los empleadores; Considerando, que al momento de la terminación del contrato de trabajo del recurrido estaba vigente la Tarifa No. 9-99, dictada por el Comité Nacional de salarios, en fecha 3 de julio del 1999, que establecía un salario mínimo de RD$2,895.00 mensuales, por lo que el monto de veinte salarios mínimos ascendía a la suma de RD$57,900.00, suma que como es evidente no alcanza la totalidad de las condenaciones que impone la sentencia recurrida, por lo que el recurso de que se trata debe ser declarado inadmisible, de conformidad con lo que prescribe el artículo 641 del Código de Trabajo; Considerando, que para la determinación del monto de las condenaciones de una sentencia a los fines de la admisión del recurso de casación, se toma en cuenta la totalidad de los valores que de acuerdo a la sentencia recurrida deba ser pagada por la parte perdidosa y no aquellos que no fueron acordados por dicha decisión, aún cuando figuren en la demanda original, pues el monto de ésta se toma en cuenta de acuerdo, al artículo 619 del Código de Trabajo, para los fines de admisión del recurso de apelación y no para el recurso de casación; Considerando, que al momento de la terminación del contrato de trabajo del recurrido estaba vigente la Tarifa No. 2-2001, dictada por el Comité Nacional de Salarios, en fecha 5 de marzo del 2001, que establecía un salario mínimo de RD$3,415.00 mensuales, por lo que el monto de veinte salarios mínimos ascendía a la suma de RD$68,300.00, monto que como es evidente no alcanzan la totalidad de las condenaciones que impone la sentencia recurrida, por lo que el recurso de que se trata debe ser declarado inadmisible, de conformidad con lo que prescribe el artículo 641 del Código de Trabajo; Considerando, que al momento de la terminación del contrato de trabajo de la recurrente estaba vigente la Tarifa No. 9-99, dictada por el Comité Nacional de Salarios, en fecha 3 de julio de 1999, que establecía un salario mínimo de RD$2,895.00 pesos mensuales, por lo que el monto de veinte salarios mínimos ascendía a la suma de RD$57,900.00 pesos, monto que como es evidente no alcanza la totalidad de las condenaciones que impone la sentencia recurrida, por lo que el recurso de que se trata debe ser declarado inadmisible, de conformidad con lo que prescribe el artículo 641 del Código de Trabajo Considerando, que si bien, un tribunal puede deducir, que en una comunicación dirigida a un trabajador en la que se le comunica la suspensión de su contrato de trabajo se encubre una terminación del contrato de trabajo, para ello es menester que los jueces precisen los hechos que dan lugar a su apreciación, no siendo suficiente el simple desconocimiento, de parte del empleador, de los requisitos esenciales para la existencia de una suspensión del contrato, como ocurre en la especie; Considerando, que del estudio de la sentencia impugnada se advierte que el Tribunal a-quo estimó, que a pesar de que en la carta comunicada por la empresa al demandante, se le informó que su contrato quedaba suspendido, la recurrente había puesto término a la relación contractual que sostenía con el actual recurrido, pero no da motivos suficientes y pertinentes para sustentar ese criterio, ni señala los hechos que conforman esa terminación del contrato de trabajo, lo que hace que la sentencia impugnada carezca de base legal, razón por la cual la misma debe ser casada, sin necesidad de examinar los demás medios del recurso;
 * // B.J. NO. 1120, MARZO 2004 //**
 * **// Cesión de empresa //**
 * // B.J. NO. 1120, MARZO 2004.Emplazamiento //**
 * **Condenaciones.**
 * // B.J. NO. 1118, ENERO 2004. //**
 * // B.J. NO. 1118, ENERO 2004. //**
 * // B.J. NO. 1118, ENERO 2004. //**
 * // B.J. NO. 1119, FEBRERO 2004 //**
 * **Contrato**
 * // B.J. NO. 1118, ENERO 2004 //**
 * // B.J. NO. 1118, ENERO 2004 //**

D Considerando, que en la especie, el trabajador demandante solicitó en su demanda original se declarara injustificado el despido de que había sido objeto y se condenara al demandado al pago de las indemnizaciones laborales y a la aplicación del ordinal 3ro. del artículo 95 del Código de Trabajo, lo que fue aceptado por el tribunal de primer grado, y constituye una condenación menor a la establecida en el artículo 86 del Código de Trabajo, por lo que el Tribunal a-quo, al calificar de desahucio la causa de la terminación del contrato de trabajo, en consonancia con ese criterio debió conceder al demandante los derechos que corresponden al trabajador desahuciado, pero limitado a lo reclamado por él y aceptado por la sentencia apelada, a fin de no agravar la situación del apelante, pero no limitarse a rechazar la aplicación del artículo 86 del Código de Trabajo por no haber sido solicitada y la del ordinal 3ro. del artículo 95 de dicho código, por no tratarse de un despido injustificado; Considerando, que asimismo se advierte que el derecho de defensa de la recurrente le fue suficientemente garantizado al darle diversas oportunidades para que hiciera sus planteamientos y aportara la prueba que estimara pertinente a los fines de demostrar sus pretensiones, no observándose que la misma invocara ante el Tribunal a-quo que la actual recurrida depositara fuera de los plazos legales los documentos que utilizó para probar la existencia del contrato de trabajo, ni que la recurrente presentara esa queja ante dicho tribunal, lo que era necesario para poder alegar esa circunstancia como un medio de casación; Considerando, que de igual manera no constituye una violación al derecho de defensa la negativa de un tribunal a ordenar la comparecencia de una persona, por ser esta una facultad privativa de los jueces del fondo que la ordenan, cuando a su juicio es necesario para la mejor sustanciación del proceso; Considerando, que del estudio de la sentencia impugnada se advierte que el Tribunal a-quo no dio por establecido los hechos de la demanda, de la aplicación del artículo 581 del Código de Trabajo, al presumirlos por la incomparecencia de la recurrente, sino que consideró que al quedar probada la relación contractual que había sido negada por la demandada, sin discutir los demás aspectos de la demanda, obviamente quedaron establecidos los demás hechos invocados por la demandante, motivo este pertinente que hace que el medio que se examina carezca de fundamento y en consecuencia debe ser desestimado. Considerando, que la contradicción de motivos cuando es grave se asimila a una falta de motivos; que en la especie, a pesar de que la Corte a-qua expresa en uno de sus considerandos, que ha quedado establecido como un hecho constante, entre otros, “que el empleador no ha pagado el salario como manda la ley, debiendo retrasos desde 1996”, en otro señala que “según se comprueba por los demás documentos que reposan en el expediente el empleador siempre pagó a su empleada en forma regular y cuando estuvo en falta por no haberla incluido en el seguro social, asumió la responsabilidad de pagar los gastos médicos”, lo que constituye una contradicción flagrante sobre un hecho determinante para la suerte del proceso, por ser la falta en el pago del salario, una de las causas invocadas por la demandante para ejercer su dimisión, cuyo único establecimiento era suficiente para probar la justa causa de la dimisión, aún cuando no se establecieren las demás invocadas por el trabajador dimitente; Considerando, que la Corte a-qua al disponer que la recurrente pagara una indemnización al recurrido, lo hizo al apreciar que el no pago de los salarios correspondientes a los meses de agosto hasta noviembre del año 2000, ocasionó daños al demandante, los cuales valoró en la suma de RD$100,000.00, que por ser de la discrecionalidad de los jueces del fondo la evaluación de los daños ocasionados por una violación escapa a la censura de la casación, salvo que se trate de una suma exorbitante o irrisoria, lo que no se aprecia en la especie;
 * **Despido**
 * // B.J. NO. 1118, ENERO 2004 //**
 * // B.J. NO. 1118, ENERO 2004 //**
 * // B.J. NO. 1118, ENERO 2004 //**
 * // B.J. NO. 1118, ENERO 2004 //**

Considerando, que en virtud del artículo 16 del Código de Trabajo, los trabajadores están exentos de la prueba de los hechos que se establecen por los libros y documentos que los empleadores están obligados a registrar y conservar ante las autoridades de trabajo, entre los que se encuentran el período vacacional que anualmente debe disfrutar; Considerando, que en la especie, si la recurrente pretendía que al trabajador sólo le correspondía una proporción del último período vacacional, por haber disfrutado sus vacaciones de manera completa en el período anterior, correspondía a ella demostrar esa circunstancia, en ausencia de cuya prueba procedía que el Tribunal a-quo acogiera la reclamación hecha por el demandante con relación al pago de la totalidad de la compensación a que tenía derecho por concepto de vacaciones no disfrutadas, tal como fue decidido, razón por la cual el medio examinado carece de fundamento y debe ser desestimado; Considerando, que al momento de la terminación del contrato de trabajo del recurrido estaba vigente la Tarifa No. 3-99, dictada por el Comité Nacional de Salarios, en fecha 3 de julio de 1999 que establecía un salario mínimo de RD$2,895.00 pesos mensuales, por lo que el monto de veinte salarios mínimos ascendía a la suma de RD$57,900.00 pesos, monto que como es evidente no alcanza la totalidad de las condenaciones que impone la sentencia recurrida, por lo que el recurso de que se trata debe ser declarado inadmisible, de conformidad con lo que prescribe el artículo 641 del Código de Trabajo; Considerando, que al momento de la terminación del contrato de trabajo de la recurrente estaba vigente la Tarifa No. 5-01, dictada por el Comité Nacional de Salarios, en fecha 15 de marzo del 2001, que establecía un salario mínimo de RD$2,490.00 mensuales, por lo que el monto de veinte salarios mínimos ascendía a la suma de RD$49,800.00, monto que como es evidente no alcanza la totalidad de las condenaciones que impone la sentencia recurrida, por lo que el recurso de que se trata debe ser declarado inadmisible de conformidad con lo que prescribe el artículo 641 del Código de Trabajo. Considerando, que al no haber en el Código de Trabajo una disposición que prescriba expresamente la sanción que corresponde cuando la notificación del memorial al recurrido no se haya hecho en el plazo de cinco días a que se refiere el artículo 643 del referido código, debe aplicarse la sanción prevista en el artículo 7 de la Ley No. 3726 del 23 de noviembre de 1966, sobre Procedimiento de Casación, que declara caduco el recurso cuando el recurrente no emplazare al recurrido en el término fijado por la ley. Esta caducidad será pronunciada a pedimento de parte interesada o de
 * // B.J. NO. 1118, ENERO 2004 //**
 * // B.J. NO. 1118, ENERO 2004 //**
 * // B.J. NO. 1118, ENERO 2004 //**
 * // B.J. NO. 1118, ENERO 2004 //**

**// B.J. NO. 1118, ENERO 2004 //** Considerando, que en la especie, el Tribunal a-quo, tras la ponderación de la prueba aportada llegó a la conclusión de que la empresa demandada no demostró las faltas imputadas al demandante para poner término a su contrato de trabajo, para lo cual hizo uso de su soberano poder de apreciación, sin que se advierta que incurriera en desnaturalización alguna; **// B.J. NO. 1118, ENERO 2004 //** Considerando, que al apreciar además, que la recurrente no demostró haber comunicado el referido despido al Departamento de Trabajo en el plazo de 48 horas que establece el artículo 91 del Código de Trabajo, la Corte a-qua procedió correctamente al declarar dicho despido injustificado y acoger la demanda en pago de prestaciones laborales de que se trata, razón por la cual el medio que se examina carece de fundamento y debe ser desestimado. **// B.J. NO. 1118, ENERO 2004 //** Considerando, que en la especie el Tribunal a-quo, descartó las declaraciones del testigo aportado por la recurrente para probar la justa causa del despido admitido por ella, al no encontrarlas fehacientes ni convincentes para esos fines, con lo que hizo uso de su poder de apreciación, sin que se advierta la desnaturalización de los hechos alegada por la recurrente, ni ninguna otra, lo que descarta ese vicio atribuido a la sentencia impugnada en el recurso de casación; **// B.J. NO. 1119, FEBRERO 2004 //** Considerando, que en la especie la Corte a-qua, tras la ponderación de la prueba aportada llegó a la conclusión de que el actual recurrente no probó el hecho del despido invocado por él para sustentar su demanda, lo que determinó que la misma fuera rechazada, no observándose que al hacer esa apreciación incurriera en la desnaturalización de los hechos y documentos atribuidos por el recurrente; **// B.J. NO. 1119, FEBRERO 2004 //** Considerando, que en la especie el Tribunal a-quo declaró la inadmisibilidad de la demanda por no exceder su cuantía al monto de diez salarios mínimos, sin precisar cual era esa cuantía y la tarifa de salarios mínimos aplicable en el caso, lo que hace que la sentencia impugnada carezca de motivos pertinentes y de base legal, razón por la cual la misma deba ser casada; **// B.J. NO. 1119, FEBRERO 2004 //** Considerando, que sin embargo el Tribunal a-quo no ponderó en toda su extensión el informe sobre la investigación realizada por la señora Delia De La Rosa, Inspectora de Trabajo, de fecha 1ro. de mayo del 2002, el que es examinado por esta corte frente al vicio de desnaturalización de los hechos que se denuncia en los medios que se examinan, y del cual solo analiza las declaraciones atribuidas al demandante, sin hacer ningún juicio sobre las expresiones, que según dicho informe formuló a la inspectora, el profesor Francisco Javier Almarante, Secretario docente de la recurrida en nombre de quien se le atribuye haber declarado que “el colegio suspendió al profesor temporalmente, que todavía el colegio no ha tomado ninguna decisión en su contra”, así como que “el profesor José Miguel Lorenzo fué suspendido hasta tanto se esclarezca la situación”; Considerando, que al no analizar esas declaraciones, que eventualmente pudieron hacer variar la decisión tomada, el Tribunal a-quo dejó la decisión impugnada carente de motivos y de base legal, razón por la cual la misma debe ser casada; **// B.J. NO. 1119, FEBRERO 2004 //** Considerando, que de igual manera el Tribunal a-quo dio por establecido que el contrato de trabajo terminó por el despido ejercido por el empleador y que el salario que devengaba el empleado era de RD$10,000.00, todo ello, al analizar la prueba aportada y hacer uso del soberano poder de apreciación de que disfrutan los jueces del fondo en esta materia, sin que se advierta que al hacerlo incurriera en desnaturalización alguna, razón por la cual el medio examinado carece de fundamento y debe ser desestimado.

**// B.J. NO. 1119, FEBRERO 2004 //** Considerando, que para el establecimiento de los hechos arriba indicados, el Tribunal a-quo hizo uso correcto del soberano poder de apreciación de que disfrutan los jueces del fondo en esta materia, sin que se advierta que al hacerlo incurrieran en desnaturalización alguna, dando las motivaciones pertinentes para sustentar su decisión, razón por la cual el medio examinado carece de fundamento y debe ser desestimado y en consecuencia rechazado el presente recurso. **// B.J. NO. 1119, FEBRERO 2004 //** Considerando, que la Corte a-qua al hacer uso del soberano poder de apreciación de las pruebas, determinó que la recurrente no probó la justa causa atribuida al recurrido, al restarle credibilidad a las declaraciones del testigo que se refirió a la discusión atribuida al demandante con el señor Alberto Silfa Reyes, único caso concreto debatido ante el Tribunal a-quo, no observándose que al realizar la ponderación de dichas pruebas incurrieran en desnaturalización alguna; Considerando, que la sentencia impugnada contiene una relación completa de los hechos y motivos suficientes y pertinentes que permiten a esta corte verificar la correcta aplicación de la ley y en consecuencia procede rechazar el presente recurso.

**// B.J. NO. 1119, FEBRERO 2004 //** Considerando, que si bien la Corte a-qua procedió incorrectamente al examinar la reclamación de horas extras y días feriados formulada por el recurrente en su demanda original y rechazada por la sentencia apelada, porque dada la ausencia de un recurso de apelación del trabajador afectado con ese rechazo el mismo se tornó irrevocable, ese proceder no tuvo ninguna incidencia en la solución del asunto por no haberse variado la decisión adoptada por el tribunal de primer grado, razón por la cual el medio examinado carece de fundamento y debe ser desestimado **// B.J. NO. 1119, FEBRERO 2004 //** Considerando, que tal como lo dispuso la sentencia impugnada, por no haber la empresa presentado la declaración jurada que debía ofrecer por ante la Dirección General de Impuestos Internos, sobre los resultados de sus actividades comerciales en el período a que alude la reclamación formulada por los recurridos, liberaba a éstos de la prueba de los beneficios obtenidos por la recurrente en dicho período, al tenor de las disposiciones del artículo 16 del Código de Trabajo, que exime a los trabajadores de la prueba de los hechos establecidos por los libros y documentos que los empleadores deben registrar y conservar, razón por la cual el medio que se examina carece de fundamento y debe ser desestimado. **// B.J. NO. 1120, MARZO 2004 //** Considerando, que si bien es cierto, que la sentencia impugnada incurre en contradicción al declarar que acoge en todas sus partes el recurso de apelación interpuesto por Taxi Anacaona, C. por A., a la vez que le impone las condenaciones que ésta había objetado, esa contradicción no tiene ninguna trascendencia ni hace dicha sentencia susceptible de casación, en vista de que la misma tiene motivos suficientes y pertinentes que permiten a esta corte apreciar la procedencia de las condenaciones; Considerando, que por igual tampoco resulta afectada la correcta aplicación de la ley con la terminología usada por la Corte a-qua al expresar que revoca en todas sus partes la sentencia impugnada, pues de la motivación que contiene la misma y las condenaciones contenidas en su ordinal 4to. se advierte una modificación de ésta, hecha de manera apropiada, sin que se observe la concesión de ningún derecho no reclamado por el demandante original, razón por la cual el medio examinado carece de fundamento y debe ser desestimado; Considerando, que del estudio de la sentencia impugnada se advierte que la Corte a-qua, tras ponderar la prueba aportada por las partes dió por establecida la existencia del contrato de trabajo, así como los demás hechos de la demanda, incluido el despido invocado por el demandante, sin incurrir en desnaturalización alguna, dando los motivos suficientes y pertinentes que permiten a esta corte verificar la correcta aplicación de la ley, razón por la cual el medio examinado carece de fundamento y debe ser desestimado. **// B.J. NO. 1120, MARZO 2004 //** Considerando, que del estudio de la decisión impugnada y de los documentos que integran el expediente se advierte que ante la Corte a-qua fueron depositados varios documentos, entre los cuales se encuentran las sentencias dictadas por la Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de Monseñor Nouel, el 18 de enero del 2001 y por el Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de Sánchez Ramírez, el 31 de mayo del 2001, en las cuales se condena al demandante al cumplimiento de obligaciones a favor de la recurrente, derivadas de la existencia de contratos civiles y comerciales, así como otros documentos donde figura el señor Lorenzo Mercedes Disla, haciendo pagos de altas sumas de dinero a la recurrente, sin que se observe que la sentencia impugnada haga referencia a los mismos, indicativo de que éstos no fueron ponderados; Considerando, que la ponderación de dichos documentos pudo, eventualmente, conducir a una solución distinta del litigio, por lo que al no hacerse, la Suprema Corte de Justicia, en funciones de Corte de Casación, no está en condiciones de verificar en el caso de la especie si se ha hecho una correcta aplicación de la ley, razón por la cual la sentencia impugnada debe ser casada por desnaturalización de los hechos y falta de base legal;

**// B.J. NO. 1120, MARZO 2004 //** Considerando, que los jueces tienen facultad para determinar cuando procede la celebración de una medida de instrucción, no estando obligados a ordenarlas, cuando a su juicio en el expediente existen los elementos suficientes para decidir el asunto a su cargo; Considerando, que es natural que un tribunal que acoja un medio de inadmisión no decida sobre el fondo de la demanda, ni exija a las partes la presentación de las pruebas de los hechos de la demanda, pues uno de los efectos de la declaratoria de inadmisibilidad es que impide que se conozca el fondo del asunto que se ha declarado inadmisible; Considerando, que en la especie, el Tribunal a-quo apreció las pruebas aportadas por las partes y del estudio de las mismas, determinó que la acción de las demandantes estaba prescrita, por lo que no tenía que ordenar ninguna medida de instrucción para establecer hechos que no iban a variar su convicción sobre la inadmisibilidad declarada y que no tendrían ninguna trascendencia para la solución del caso;

**// B.J. NO. 1120, MARZO 2004 //** Considerando, que ha sido criterio de esta Corte, que a pesar de que los jueces del fondo no tomen en cuenta la variación de la moneda en el momento de dictar una sentencia condenatoria, en el momento de ésta ser liquidada o ejecutada se produce la indexación de la moneda, por ser un imperativo legal establecido para compensar la pérdida del valor de la moneda ocurrida entre la fecha de la demanda y el momento en que concluye el litigio, lo que implica que el beneficiario de una sentencia puede aplicar la misma en ausencia de una mención expresa de la sentencia consignando tal indexación, careciendo de interés que el Tribunal a-quo no se haya pronunciado en ese sentido, razón por la cual el medio aquí analizado carece de fundamento y debe ser desestimado; **// B.J. NO. 1121, ABRIL 2004 //** Considerando, que al margen de que la recurrente no señala en su memorial el documento del cual hizo reserva de depositar con posterioridad a su escrito inicial ni los hechos que pretendía probar con el mismo, necesario para esta corte determinar si la falta atribuida al Tribunal a-quo tuvo repercusión en la decisión adoptada, el artículo 544 del Código de Trabajo declara que es facultativo del juez ordenar el depósito de documentos en esas circunstancias, por lo que no constituye una violación al mismo el hecho de que la Corte a-qua haya rechazado el pedimento de la actual recurrente, por haber actuado dentro de sus facultades privativas;

**// B.J. NO. 1121, ABRIL 2004 //** Considerando, que carece de trascendencia la falta de ponderación de documentos tendientes a probar la justa causa del despido, cuando el tribunal ha determinado que el mismo no fue comunicado en la forma que prescribe el artículo 91 del Código de Trabajo, en vista de que por mandato del artículo 93 de dicho código el mismo se reputa que carece de justa causa, razón por la cual aún cuando la Corte a-qua haya incurrido en el vicio denunciado en los medios que se examinan, el mismo no tuvo ninguna consecuencia, porque la ponderación de los documentos aludidos no tendría ninguna repercusión en la decisión a tomar; Considerando, que por otra parte, tampoco tuvo consecuencia la falta de ponderación de los documentos a los fines de establecer la deuda contraída por la recurrida con la recurrente, pues a pesar del depósito de documentos para establecer esa deuda, la recurrente no formuló ningún pedimento a fin de lograr la compensación entre las partes o para que a la demandante se reconociera deudora de la demandada por la suma que ella pretendía, limitándose a discutir la validez de la comunicación del despido al Departamento de Trabajo y la justa causa de éste, por lo que no tenía ningún sentido la ponderación de dichos documentos en procura de establecer una deuda cuyo pago no se estaba exigiendo; **// B.J. NO. 1121, ABRIL 2004 //** Considerando, que carece de trascendencia la falta de ponderación de documentos tendientes a probar la justa causa del despido, cuando el tribunal ha determinado que el mismo no fue comunicado en la forma que prescribe el artículo 91 del Código de Trabajo, en vista de que por mandato del artículo 93 de dicho código el mismo se reputa que carece de justa causa, razón por la cual aún cuando la Corte a-qua haya incurrido en el vicio denunciado en los medios que se examinan, el mismo no tuvo ninguna consecuencia, porque la ponderación de los documentos aludidos no tendría ninguna repercusión en la decisión a tomar; **// B.J. NO. 1121, ABRIL 2004. //** Considerando, que al margen de que los jueces del fondo son soberanos para decidir sobre el aplazamiento del conocimiento de una audiencia solicitado por una parte, por lo que la negativa a ese pedimento no puede constituir una violación al derecho de defensa de las partes, en la especie no ha lugar examinar la violación atribuida a la sentencia impugnada, pues la solicitud de “reenvío”, le fue solicitada al Tribunal a-quo para dar oportunidad a que estuviera presente la parte interviniente, de donde se deriva, que aún cuando el rechazo del mismo constituyera una falta, era esa parte la que debió formular los agravios contra la sentencia impugnada y no la actual recurrente, la cual carece de calidad para postular en nombre de la recurrente; Considerando, que la sentencia impugnada contiene una relación completa de los hechos y motivos suficientes y pertinentes que permiten a esta corte verificar la correcta aplicación de la ley.

Considerando, que en la especie, el Tribunal a-quo, tras ponderar las pruebas aportadas, llegó a la conclusión de que el recurrente no le prestó ningún servicio personal a la recurrida, que hiciera presumir la existencia de un contrato de trabajo y que la relación que mantuvieron derivó de un contrato de carácter civil, pactado para facilitar al demandante habitar una vivienda propiedad de la demandada, con el consecuente cuido de dicha vivienda y no con la finalidad de la prestación de un servicio personal a cambio de una remuneración; Considerando, que para ello el Tribunal a-quo analizó las declaraciones de los testigos aportados por las partes, de los cuales concedió mayores créditos a las personas que declararon a favor de la demandada, quienes les resultaron más veraces que los presentados por el demandante, sin que se advierta que al hacerlo incurrieran en desnaturalización alguna; ** B.J NO. 1122, MAYO 2004 ** Considerando, que el papel activo del juez laboral concede a éste facultad para dictar de oficio cualquier medida que le permita la mejor sustanciación de los asuntos puestos a su cargo; Considerando, que nada obsta para que los jueces del fondo dispongan la corrección de los datos de personas que se pretende hacer oir como testigos, aún cuando dicha corrección no le haya sido solicitada, permitiéndole a la parte contra la cual se hará oir el testigo hacer las observaciones que considere de lugar, sin que ello implique la sustitución de una de las partes; ** B.J NO. 1122, MAYO 2004 ** Considerando, que el artículo 539 del Código de Trabajo dispone que: “las sentencias de los juzgados de trabajo en materia de conflictos de derechos serán ejecutorias a contar del tercer día de la notificación, salvo el derecho de la parte que haya sucumbido de consignar una suma equivalente al duplo de las condenaciones prenunciadas”; Considerando, que de esa disposición legal se deriva la obligación del juez de referimiento que decida suspender la ejecución de una sentencia del juzgado de trabajo, de ordenar el depósito del duplo de las condenaciones que contiene la sentencia o en su defecto la prestación de una fianza que garantice dicho monto a cargo de la parte perdidosa, al margen de que las partes lo hayan solicitado, sin que ello implique el vicio del fallo extra petita, por ser esa garantía una condición sine qua non para la referida suspensión, salvo que el juez apoderado de la demanda aprecie que la sentencia cuya suspensión se persigue contenga una violación al derecho de defensa, a la Constitución de la República, un error grosero o un exceso de poder, en cuyo caso podrá ordenar la suspensión sin el indicado depósito; ** B.J. NO. 1122, MAYO 2004 ** Considerando, que de acuerdo a lo previsto por el artículo 16 del código de Trabajo, el trabajador está liberado de hacer la prueba de los hechos establecidos en los documentos que el empleador tiene la obligación de comunicar, registrar y conservar, de acuerdo a dicho Código y sus reglamentos; Considerando, que asimismo el artículo 225 del Código de Trabajo dispone que “en caso de que hubiere discrepancias entre las partes sobre el importe de la participación, los trabajadores pueden dirigirse al Secretario de Estado de Trabajo, para que a instancias de éste, el Director General de Impuesto sobre la Renta disponga las verificaciones de lugar”; Considerando, que de ambas disposiciones se deriva que para que el trabajador que reclama el pago de la participación en los beneficios de la empresa adquiera la obligación de probar que la misma los obtuvo, es necesario que ésta demuestre haber formulado la declaración jurada sobre el resultado de sus operaciones económicas correspondientes al período a que se contrae la reclamación; **// B.J. NO. 1118, ENERO 2004 //** Considerando, que es criterio constante de esta corte de casación, que los pagos recibidos en forma invariable y permanente por un trabajador, bajo el concepto de mantenimiento o uso de vehículo, forman parte del salario ordinario de éste y como tal su incumplimiento de parte del empleador es causa justa de la dimisión del contrato de trabajo; Considerando, que por otra parte, también constituye una causal de dimisión justificada, el no cumplimiento de cualquier obligación contraída por el empleador a favor del trabajador, aún cuando no se trate de un salario ordinario e independientemente de que la misma tenga una causa legal o contractual; **// B.J. NO. 1118, ENERO 2004 //** Considerando, que si bien la incapacidad permanente de un trabajador para continuar prestando sus servicios personales, puede ser demostrada a través de cualquier medio de prueba y no solamente a través de un certificado médico legal definitivo, como expresa la sentencia impugnada, en la especie ese criterio del Tribunal a-quo no da lugar a la nulidad de dicha sentencia, en vista de que al analizar la prueba presentada por el recurrente para demostrar que el contrato de trabajo concluyó en el mes de noviembre del año 2000, cuando le fue reportado el estado de salud del señor Francisco Estévez Guzmán, la Corte a-qua apreció que en esa fecha no hubo tal terminación del contrato de trabajo, lo que no le era posible demostrar a la recurrente, en vista de haber mantenido la posición de que entre ella y dicho señor no existió un contrato de trabajo y consecuencialmente no comunicar a las autoridades de trabajo dicha terminación, lo que habría servido de elemento de convicción a los jueces sobre la realidad de la conclusión de la relación laboral; Considerando, que esa apreciación de la Corte a-qua fue realizada en uso del soberano de poder de apreciación de que disfrutan los jueces del fondo, sin que se observe que para ello incurriera en desnaturalización alguna, lo que le permitió dar por concluido el contrato de trabajo a través de la dimisión ejercida por el trabajador el 11 de abril del 2001 y considerar que la acción judicial fue intentada dentro del plazo legal, razón por la cual los medios que se examinan carecen de fundamento y deben ser desestimados. **// B.J. NO. 1118, ENERO 2004 //** Considerando, que la Corte a-qua al instruir el proceso de la especie, y ponderando las pruebas regularmente aportadas al mismo pudo determinar que el trabajador dimitente comunicó tanto a su empleador como al Departamento de Trabajo correspondiente la terminación del contrato de trabajo de conformidad con las disposiciones del artículo 100 del Código de Trabajo; que tal y como puede apreciarse en las motivaciones de la sentencia impugnada sobre este aspecto, la Corte a-qua consideró que el trabajador recurrido llevó oportunamente a conocimiento tanto de su empleador como al Departamento de Trabajo de la Secretaría del mismo nombre, la información sobre la terminación y sus causas con relación al contrato de trabajo que los vinculaba, por lo que en modo alguno puede criticarse la sentencia en el sentido de que la misma vulnera las disposiciones del referido artículo, por lo que dicho medio debe ser desestimado por improcedente y mal fundado; **// B.J. NO. 1118, ENERO 2004 //** Considerando, que en la especie, la Corte a-qua, tras la ponderación de las pruebas aportadas llegó a la conclusión de que la recurrente incurrió en la falta de pago del salario semanal que correspondía a los demandantes, lo que constituye una causa justa de dimisión, dándole credibilidad a las declaraciones de los testigos aportados por éstos, sin que se advierta que al hacer su apreciación cometieran desnaturalización alguna; Considerando, que al margen de esas declaraciones, la Corte a-qua dio por establecida la justa causa de la dimisión, al no combatir la empresa demandada la presunción de que disfrutaban los demandantes, en cuanto a la obligación del pago de salario semanal alegado por ellos y establecido como consecuencia de la prueba de la prestación del servicio, que también soberanamente apreciaron los jueces del fondo; **// B.J. NO. 1119, FEBRERO 2004 //** Considerando, que en la especie la Corte a-qua, además de poner a cargo del trabajador la prueba de que la dimisión ejercida por él no había caducado, incurre en la contradicción de motivos y de estos con el dispositivo, al precisar que la dimisión de que se trata debía ser declarada injustificada por no haber probado el demandante las faltas atribuidas al empleador, mientras que en el dispositivo de la sentencia impugnada se declara la caducidad de la misma, a pesar de que en el cuerpo de la sentencia se consigna que el pedimento de caducidad formulado por la demandada, le había sido rechazado por sentencia del propio tribunal de fecha 19 de febrero de 1997; Considerando, que la sentencia impugnada no contiene una relación completa de los hechos, y en consecuencia carece de motivos suficientes y de base legal, razón por la cual debe ser casada; **// B.J. NO. 1119, FEBRERO 2004 //** Considerando, que en la especie, el Tribunal a-quo, tras ponderar la prueba aportada determinó que la recurrente no cumplía con las normas legales relativas al Seguro Social, lo que impidió al trabajador demandante disfrutar de los beneficios que esa institución debía prestarle al padecer de una incapacidad para el trabajo, situación ésta que no es discutida en el memorial de casación de que se trata; **// B.J. NO. 1119, FEBRERO 2004 //** Considerando, que del estudio del informe de que se trata, el cual se analiza, frente a la desnaturalización del mismo, invocada por el recurrente, se advierte que en las declaraciones atribuidas al señor Julio Hidalgo, quién aparece como Supervisor de Recursos Humanos de la empresa demandada, que éste expresó que las horas que integran las jornadas de trabajo no son siempre las mismas para todos los trabajadores y que la cantidad de horas asignadas depende del rendimiento de cada trabajador, declaración ésta que la Corte a-qua debió analizar y confrontar con los demás hechos de la causa para determinar si ella constituía una aceptación por parte de la empresa del alegato del demandante en el sentido de que su jornada de trabajo había sido reducida y su horario de trabajo variado y en caso afirmativo, si esa variación constituía una facultad de la empleadora derivada de la relación contractual; **// B.J. NO. 1119, FEBRERO 2004 //** Considerando, que mientras en las demandas por dimisión corresponde al trabajador probar las causas invocadas para poner término al contrato de trabajo y así establecer la justa causa de la dimisión, en aquellas en las que los trabajadores persiguen el pago de prestaciones laborales, alegando la existencia de un despido injustificado, una vez establecido ese hecho, está a cargo del empleador probar las faltas atribuidas al trabajador para justificar el mismo, lo que impide a los tribunales variar la calificación de la causa de terminación, en la sentencia que decide el fondo de la demanda, sin antes dar oportunidad al demandado de actuar conforme a la nueva situación procesal que se presenta; **// B.J. NO. 1120, MARZO 2004 //** Considerando, que al imponerle el pago de la máxima cantidad de días que de acuerdo a la ley tienen derechos los trabajadores por concepto de participación en los beneficios, es obvio que el Tribunal a-quo computó el último año del contrato de trabajo, el cual tuvo una duración, de acuerdo a lo establecido por la Corte a-qua, de más de cuatro años, y no el último año calendario, por lo que no tenía que fraccionar dicho derecho, ni declarar prescrita la acción ejercida en ese sentido, que por demás, no figura en la sentencia impugnada que le fuera planteada por la recurrente, razón por la cual el medio que se examina carece de fundamento y debe ser desestimado. **// B.J. NO. 1120, MARZO 2004 //** Considerando, que en la especie la Corte a-qua dió por establecido que la recurrente dispuso la suspensión de los contratos de trabajo de los recurridos, lo que les fue informado por ella a través de las comunicaciones fechadas 11 de septiembre, 2 de octubre y 6 de noviembre del año 2001, sin aportar la prueba de que hubiere sometido esas suspensiones a la consideración de las autoridades de trabajo para que las validaran, lo que tornó las mismas en ilegales, constituyendo una causa justa de dimisión; Considerando, que para formar su criterio la Corte a-qua hizo uso del soberano poder de apreciación de que disfrutan los jueces del fondo, sin que se advierta que incurriera en desnaturalización alguna, razón por la cual los medios aquí analizados carece de fundamento y deben ser desestimado.
 * // B.J. NO. 1122, MAYO 2004. //**
 * ** Dimisión **

**// B.J. NO. 1120, MARZO 2004 //** Considerando, que es a los jueces del fondo a quienes corresponden determinar si existe un contrato de trabajo a pesar de que las partes hayan firmado un documento donde se establezca la existencia de otro tipo de relación contractual, para lo que deben analizar las pruebas que se les aporten y deducir los elementos constitutivos del contrato de trabajo, lo que escapa al control de la casación, salvo cuando se incurra en alguna desnaturalización; Considerando, que del estudio de la sentencia impugnada y de los documentos que forman el expediente, resulta que la Corte a-qua, tras ponderar las pruebas aportadas, incluido el contrato firmado el 8 de julio de 1995 entre la recurrente y el señor Ramón Pompilio Ramos, formó su criterio en el sentido de que tanto ese documento, como los demás que presentaban a dicho señor como empleador del recurrido, fueron elaborados para evadir la responsabilidad de la entidad de comercio Ochoa Motors, C. por A., frente a sus trabajadores, los cuales laboraban bajo su dependencia y subordinación, tal como también lo hacía el señor Ramos;

**// B.J. NO. 1120, MARZO 2004 //** Considerando, que la recurrente critica la sentencia impugnada al considerar que la Corte a-qua no observó el principio del papel activo del juez con lo que a su modo de ver se ha vulnerado la disposición del artículo 546 del Código de Trabajo, pero tal y como puede advertirse a todo lo largo del proceso que dio origen a la sentencia impugnada las partes tuvieron suficientes oportunidades para hacer valer argumentos y la Corte a-qua dictó las medidas correspondientes y oportunas con el propósito de sustanciar dicho proceso de conformidad con la ley. Si bien es cierto que los jueces laborales gozan del papel activo con el propósito de tratar de establecer la verdad, no menos cierto es que dichos jueces en modo alguno pueden sustituir a las partes ni iniciar, ni apoderarse de oficio de un proceso, salvo las excepciones establecidas por la ley; en el caso de la especie las partes tuvieron oportunidades suficientes para ventilar sus diferencias, por lo que no es posible reprochar a la Corte las negligencias y reticencias de una parte, que no ha sabido aprovechar los espacios procesales establecidos por la ley; **// B.J. NO. 1121, ABRIL 2004 //** Considerando, que para la admisión de la tacha de un testigo no es necesario que previamente sea escuchada la persona que se pretende escuchar en esa condición, si de las informaciones y los hechos que se le presenten a los jueces el tribunal puede deducir la realidad de la tacha propuesta, siendo suficiente para ello que el tribunal aprecie que haya grave sospecha de que el testigo propuesto “tiene interés en deponer a favor o en contra de una de las partes”; Considerando, que igualmente el Tribunal a-quo apreció los hechos de la demanda de la ponderación de la prueba que le fue aportada, estableciendo el salario que devengaba el demandante, las diferencias dejadas de pagar y las comisiones no liquidadas, sin advertirse que para ello incurriera en la desnaturalización invocada por la recurrente; **// B.J. NO. 1121, ABRIL 2004 //** Considerando, que para que la falta de ponderación de documentos constituya un medio de casación, éstos deben tener incidencias en la suerte del proceso, de una manera tal que eventualmente su ponderación pudiere hacer variar la decisión adoptada por el tribunal;

Considerando, que el artículo 34 del Código de Trabajo presume que todo contrato de trabajo es por tiempo indefinido, por lo que una vez establecida la existencia de dicho contrato corresponde al empleador que invoca que se trata de un contrato de duración definida, probar ese alegato; Considerando, que los jueces del fondo son soberanos para apreciar las pruebas que se les aporten y formar su criterio del análisis de las mismas, lo que escapa al control de la casación, salvo cuando se incurre en alguna desnaturalización; Considerando, que en la especie el Tribunal a-quo dió por establecido que el contrato de trabajo, cuya existencia admitió la demandada, era por tiempo indefinido al apreciar que la actual recurrente no demostró que dicho contrato había sido pactado por una duración determinada o que la naturaleza de las labores que realizaba el trabajador eran propias de este tipo de contrato, manteniendo vigencia la disposición del referido artículo 34 del Código de Trabajo que presume que todo contrato de trabajo ha sido pactado por un tiempo indefinido, no advirtiéndose que para formar su criterio, el Tribunal a-quo haya incurrido en desnaturalización alguna;
 * // B.J. NO. 1122, MAYO 2004. //**


 * ** Desahucio **

**// B.J. NO. 1118, ENERO 2004 //** Considerando, que se trata de una situación de hechos apreciada soberanamente por la Corte a-qua, que no puede ser objeto de censura en casación, al no advertirse que en su apreciación el Tribunal a-quo incurriera en alguna desnaturalización, razón por la cual el medio que se examina carece de fundamento y debe ser desestimado; Considerando, que del estudio de la sentencia impugnada se advierte que el recurrente pretendía obtener del Tribunal a-quo una suma mayor a la acordada por la sentencia impugnada, habiendo dicho tribunal reducido los beneficios que le acordó la sentencia apelada, en lo referente a la aplicación del artículo 86 del Código de Trabajo, lo que significa que sucumbió en parte de sus pretensiones, y se pone de manifiesto en su decisión de elevar el presente recurso de casación y justifica la compensación de las costas dispuesta por la sentencia impugnada, razón por la cual el medio que se examina carece de fundamento y debe ser desestimado.

**// B.J. NO. 1118, ENERO 2004 //** Considerando, que en la especie el Tribunal a-quo totalizó los valores que correspondían al recurrido, teniendo en cuenta el tiempo de labor en la empresa y el salario devengado, lo que de igual manera hizo con la suma de dinero ofertada, pero sin precisar en cual de esos valores, el actual recurrente ofreció la suma de RD$146.60 pesos menos, lo que resulta necesario conocer para determinar, sobre todo después que el Tribunal a-quo dio como cierto el monto del salario y el tiempo de duración del contrato de trabajo utilizado por el empleador para computar el pago del preaviso omitido y auxilio de cesantía, lo que imposibilita a esta corte verificar la correcta aplicación de la ley, razón por la cual la sentencia debe ser casada por falta de base legal;

**// B.J. NO. 1118, ENERO 2004 //** Considerando, que tal como lo alega la recurrente, en la sentencia impugnada se hace constar que entre los documentos depositados por ella ante el Tribunal a-quo, figuran: “i) Copia de formularios de liquidación de cotizaciones expedidos por el Instituto Dominicano de Seguros Sociales; j) copia de tarjeta de servicios, expedida por el Instituto Dominicano de Seguros Sociales”, los cuales debieron ser ponderados por dicho tribunal para determinar si era cierto el alegato de la recurrente de que el trabajador demandante estaba inscrito en dicha institución y no limitarse a rechazar ese alegato con el razonamiento de que no se depositó una certificación del instituto Dominicano de Seguros Sociales (IDSS), donde se hiciera constar tal inscripción, pues sujetar la prueba de ese hecho a dicha certificación constituye un desconocimiento a la libertad de éstas que existe en la materia y reconocer a la misma un predominio sobre los demás documentos y medios de prueba, lo que no es admisible en esta materia, razón por la cual la sentencia impugnada carece de base legal en cuanto a la condenación impuesta a la demandada del pago de una indemnización por no tener inscrito al demandante en el Instituto Dominicano de Seguros Sociales, por lo que debe ser casada;

**// B.J. NO. 1119, FEBRERO 2004 //** Considerando, que en la especie, el Tribunal a-quo dió por establecido que la relación contractual existente entre las partes, no era producto de la existencia de un contrato de trabajo, por la forma en que esta se manifestaba en ausencia de una subordinación al realizar el demandante sus actividades sin estar bajo la dependencia y dirección de la demandada, conclusión a la que llegó la Corte a-qua, tras la ponderación principalmente de la documentación aportada y de las propias declaraciones del actual recurrente, sin que se advierta que al realizar el examen de los hechos de la causa incurriera en desnaturalización alguna;

**// B.J. NO. 1119, FEBRERO 2004 //** Considerando, que es criterio constante de esta Corte, que el pago de una suma de dinero calificada como pago de prestaciones laborales, no constituye una demostración de la existencia de un desahucio, si el trabajador se mantiene prestando sus servicios personales al empleador;

**// B.J. NO. 1119, FEBRERO 2004 //** Considerando, que la parte in-fine del artículo 131 del Código de Procedimiento Civil, aplicable en esta materia por mandato del artículo 504 del Código de Trabajo, dispone que: “Los jueces pueden también compensar las costas, en todo o en parte, si los litigantes sucumbieren respectivamente en algunos puntos, o cuando concedan un plazo de gracia a algún deudor”; Considerando, que en virtud de esa disposición la compensación de las costas de un proceso, no es un imperativo legal, sino que constituye una facultad discrecional de los jueces, quienes la dispondrían cuando a su juicio procediere, aún cuando ambas partes sucumbieren en sus pretensiones; **// B.J. NO. 1119, FEBRERO 2004 //** Considerando, que tal y como lo ha reconocido esta Suprema Corte de Justicia en atención al alto espíritu de justicia que debe primar en la aplicación de toda norma jurídica y a la disposición constitucional arriba citada, así como la intención que tuvo el legislador al disponer el pago del día del salario por cada día de retardo a que se ha hecho referencia, es preciso considerar que cuando la suma adeudada por concepto de indemnizaciones por omisión del preaviso y el auxilio de cesantía es una diferencia dejada de pagar y no la totalidad de ella, la proporción del salario diario que deberá recibir el trabajador por cada día de retardo, debe estar en armonía con el porcentaje que resulte de la suma no pagada con relación a los derechos que correspondan a éste por dichas indemnizaciones; **// B.J. NO. 1119, FEBRERO 2004 //** Considerando, que la recurrente en su cuarto medio alega que la Corte a-qua al ordenar la prestación de juramento decisorio realizó una novación de la obligación preexistente, pero tal argumento es improcedente pues la novación es la operación consistente en extinguir una obligación mediante la creación de otra nueva que sustituye a la primitiva, y tiene lugar cambiando de deudor o acreedor o cambiando de objeto y tal como se ha evidenciado en el desarrollo de la motivación que sustenta la sentencia impugnada, el crédito laboral que dio origen a la presente litis, es el mismo que ha sido confirmado como consecuencia de la negativa de la recurrente a prestar el juramento decisorio que había sido ordenado por la Corte a-qua, sin que se advierta que se hayan cambiado las partes, es decir, el acreedor y el deudor, ni el objeto de la deuda, por lo que dicho argumento debe ser desestimado por improcedente y mal fundado;

**// B.J. NO. 1119, FEBRERO 2004 //** Considerando, que en cuanto a lo alegado por la recurrente en el sentido de que los jueces del fondo no accedieron a ordenar la comparecencia de las partes, es preciso señalar con relación a dicho argumento, que de conformidad de la parte in fine del ya citado artículo 542 del Código de Trabajo, “los jueces gozan de un poder soberano de apreciación en el conocimiento de estos modos de prueba; pero además de conformidad con el criterio constante de esta Corte es potestativo de los jueces del fondo ordenar la comparecencia de las partes como medida de instrucción, pudiendo negarla cuando los mismos consideren que dicha medida resulte irrelevante y frustratoria, como es el caso de la especie, en que los jueces del fondo contaban con la prueba escrita no controvertida del desahucio de la recurrida y de la inexistencia del pago de las prestaciones ofertadas o de haber realizado una oferta real de pago de las mismas, de conformidad con la ley; Considerando, que en relación a la denuncia de violación del artículo 1315 del Código Civil, formulada por la recurrente en el sentido de que no había realizado el pago de las indemnizaciones laborales a que estaba obligada, de conformidad con el ejercicio del derecho al desahucio contra esta, debido a la supuesta negativa de la recurrida a recibir las mismas en razón de que alegaba un posible estado de embarazo, es necesario significar que en el expediente no consta ningún documento que demuestre tal afirmación, y en este sentido es criterio constante de esta Corte que no basta que un trabajador no se haya presentado a recibir el pago de sus indemnizaciones laborales para que su empleador se encuentre liberado de la aplicación del artículo 86 del Código de Trabajo, que es necesario además que el empleador frente a esa situación haga una oferta real de pago al trabajador desahuciado de los valores que le corresponden por esos conceptos, independientemente de que dicho trabajador reclamase otros derechos; **// B.J. NO. 1120, MARZO 2004 //** Considerando, que en la especie, el Tribunal a-quo restó valor probatorio a las declaraciones de la testigo presentada en la informativo testimonial, al estimar que la misma no tuvo un conocimiento directo de los hechos que relató, sino a través de otras personas, calificándola como testigo de referencias; que de igual manera dio por establecido que el último día laborado por la demandante fue el 21 de mayo del 2001, reconociéndole el derecho a reclamar salarios, incluidas comisiones, hasta esa fecha, para lo cual examinó la comunicación dirigida por la recurrente a la recurrida el día 11 de junio del 2001, en la que le expresa que “sólo es responsable de pagar comisiones hasta el 21 de mayo del año en curso”, fecha efectiva de su renuncia, tal como lo invocó la demandante en su reclamación; Considerando, que no se advierte que en la apreciación de los hechos, los jueces actuantes hubieren incurrido en desnaturalización alguna, sino que por el contrario le dieron a cada una de las pruebas examinadas el valor que les correspondía, produciendo una decisión con motivos suficientes y pertinentes que permiten a esta Corte verificar la correcta aplicación de la ley, razón por la cual los medios examinados carecen de fundamento y deben ser desestimados.

Considerando, que por otra parte, la Corte a-qua no fue que impuso las condenaciones a la Industria Nacional del Vidrio, C. por A., sino que conoció una demanda relativa a la validez de un embargo retentivo, por lo que no correspondía a dicho tribunal pronunciar la indexación de la moneda para el cálculo de las indemnizaciones que debía pagar la demandada, lo que estaba a cargo del Juez que dictó la sentencia que admitió la demanda en pago de prestaciones laborales lanzada por la señora Persia Pérez Domínguez, decisión ésta que no estaba siendo objeto de cuestionamiento ante la Corte a-qua, por lo que la sentencia impugnada tenía que abstenerse, en cuanto al monto del embargo a las condenaciones que impuso la sentencia del 8 de agosto de 1995, tal como lo hizo el Tribunal a-quo; Considerando, que asimismo, del estudio de la sentencia impugnada se advierte que la recurrente resultó sucumbió en parte de sus pretensiones, al serle rechazado su pedimento sobre la validación del embargo en lo relativo a la Corporación Dominicana de Empresas Estatales y la Comisión de Reformas de Empresas Públicas, lo que permitió al Tribunal a-quo condenarle al pago de las costas, al tenor del artículo 131 del Código de Procedimiento Civil; Considerando, que en la especie el Tribunal a-quo determinó que la oferta real de pago que le formuló la recurrente al recurrido no comprendía la totalidad de los valores que correspondían a éste último, al dar por establecido que el salario devengado por el trabajador y el tiempo de duración del contrato de trabajo, era el invocado por el demandante, al no destruir el demandado la presunción del artículo 16 del Código de Trabajo, hechos éstos que el Tribunal a-quo tenía que admitir como ciertos, sin necesidad de que el demandante hiciere prueba de los mismos, como consecuencia de la presunción creada a su favor; Considerando, que consecuentemente dicha oferta resultó ser insuficiente para producir la liberación de la recurrente, lo que es un motivo suficiente para que la Corte a-qua le impusiera la obligación de pagar al demandante las indemnizaciones correspondientes a la terminación del contrato de trabajo por desahucio; Considerando, que el hecho de que el trabajador no aceptara la invitación que le formuló la recurrente a presentarse a recibir la suma ofertada, no descartaba su acción judicial, pues al no cubrir la totalidad reclamada, la cual el tribunal dio como cierta, el trabajador no estaba obligado a aceptarla;
 * // B.J. NO. 1120, MARZO 2004 //**
 * // B.J. NO. 1120, MARZO 2004 //**

Considerando, que la Corte a-qua hizo una correcta apreciación de los medios de pruebas aportados por las partes en el proceso de la especie, determinando a la luz de los mismos, que los recurrentes eran trabajadores de la Granja Mora, C. por A., y que éstos no pudieron probar que dicha empresa los despidió o los desahució, y por otra parte la decisión en cuanto se refiere a las partes en intervención forzosa es correcta, pues las partes tampoco probaron como era su deber, la cesión o la fusión de las referidas empresas y la empresa demandada originalmente, sin que se advierta desnaturalización de los medios de pruebas que fueron objetos de examen por dicha Corte; Considerando, que en este mismo sentido, esta Corte al examinar la sentencia impugnada ha podido determinar que la Corte a-qua ha realizado una correcta apreciación de los medios de prueba que conforman el sustratum de la instrucción de este proceso, sin que en modo alguno se pueda advertir desnaturalización de dichos medios de prueba ni violación alguna de los artículos 63 y 64 del Código de Trabajo, por lo que dichos medios de casación deben ser desestimados por improcedentes y mal fundados;
 * // B.J. NO. 1121, ABRIL 2004. //**

Considerando, que en la especie, se advierte que la mención que hace la sentencia impugnada sobre el tribunal que dictó la sentencia apelada obedece a un error material, que no tuvo ninguna influencia en el fallo dictado por la Corte a-qua, en vista de que la sentencia impugnada en casación contiene copiada in-extenso el dispositivo de dicha decisión, y porque en la especie no hubo discusión alguna sobre la identificación de dicha sentencia, razón por la cual los medios aquí examinados carecen igualmente de fundamento y deben ser desestimados. Considerando, que el hecho de que el trabajador no labore todos los días laborables y que en sus labores carezca de un horario pre- establecido, no descarta la existencia del contrato de trabajo por tiempo indefinido, si esa situación se produce por la naturaleza de las labores que realiza eltrabajador y éste está obligado a prestar el servicio siempre que las necesidades de la empresa lo requieran, de manera continua e indefinida, por tratarse de interrupciones propias del tipo de labor que se realiza, por lo que no puede considerar una desnaturalización de los hechos, la calificación dada por la Corte a-qua al contrato de trabajo que ligó a las partes, a pesar de que se estableciera esa circunstancia; Considerando, que de igual manera, el Tribunal a-quo dió por establecido que el contrato de trabajo concluyó por desahucio ejercido por la recurrente, lo que también estaba dentro de su facultad, a pesar de que el propio demandante declarara la existencia de un despido, pues los amplios poderes que tiene el juez laboral y el principio de la realidad de los hechos, le permiten dar a éstos la debida calificación por encima de las expresiones de las partes y determinar cuando la terminación del contrato de trabajo tuvo como causa generadora un despido o un desahucio, aun cuando en esas expresiones no se mencione de manera especifica una de esas palabras, sobre todo cuando como en la especie, la demanda ha sido intentada sobre la base de un desahucio invocado por el demandante y rechazada en primer grado, no por la falta de la prueba sobre la causa de terminación del contrato, sino por no haberse demostrado la existencia de dicho contrato, el cual dio por establecido el tribunal de alzada; Considerando, que después de haber sido interpuesto el recurso de casación de que se trata, y antes de ser conocido, las partes en sus respectivas calidades de recurrente y recurrida, han desistido de dicho recurso, desistimiento que ha sido aceptado por las mismas. Nota: Desistimiento no ha lugar a estatuir.
 * // B.J. NO. 1121, ABRIL 2004. //**
 * // B.J. NO. 1122, MAYO 2004 //**
 * ** Desistimiento. **
 * // B.J. NO. 1119, FEBRERO 2004 //**

Considerando, que frente a la homologación del desistimiento del recurrente, el cual había sido previamente aceptado por la actual recurrida, el Tribunal a-quo no tenía que ponderar otros documentos y pruebas que nada tenían que ver con el mismo, ni dar motivos relativos al rechazo o no de la demanda de que se trata; Considerando, que por otra parte, el desistimiento hecho por una parte que ha resultado gananciosa con una sentencia de primer grado implica una renuncia del desistente, a los beneficios que le otorga dicha sentencia, cuando el desistimiento se produce después de dictada esa decisión, la cual, a los fines de las obligaciones impuestas a la parte perdidosa, queda sin ningún valor, por lo que no es necesario que el tribunal de alzada que homologa dicho desistimiento, haga ningún pronunciamiento sobre el fallo impugnado en apelación; F Considerando, que el interés es la medida de toda vía de acción o de recurso; Considerando, que en razón de que la sentencia de primer grado fue confirmada en todas sus partes por la Corte a-qua, y que la hoy recurrente estuvo en capacidad de interponer el recurso de apelación correspondiente y no lo hizo, lo que implica una falta de interés en la revocación de la misma, y su situación no resultó afectada por el fallo del Tribunal a-quo, por lo que el recurso de casación contra la sentencia impugnada debe ser declarado inadmisible por falta de interés y, en consecuencia resulta innecesario el examen de los demás aspectos del memorial de casación.
 * // B.J. NO. 1119, FEBRERO 2004 //**
 * ** Falta de interés **
 * // B.J. NO. 1120, MARZO 2004 //**

Considerando, que si bien los jueces del fondo son soberanos para apreciar la prueba que les es aportada, el resultado de esa apreciación es susceptible de la censura de la casación, cuando incurren en alguna desnaturalización o dejan de ponderar pruebas y elementos que pudieren tener influencia en la solución del asunto; Considerando, que para eliminar la presunción del contrato de trabajo establecida por el artículo 16 del Código de Trabajo, no basta el examen puro y simple de un documento donde se exprese que la prestación de servicio es producto de una relación distinta a la que forma ese contrato, sino que deben ser ponderados todos los hechos que confluyen en esa relación; I
 * ** Falta de base legal **
 * // B.J. NO. 1120, MARZO 2004 //**

Considerando, que en virtud de dichas disposiciones los agentes diplomáticos no pueden ser sometidos a la acción de la justicia del país receptor por incumplimiento de ninguna obligación contraída en el ejercicio de sus funciones oficiales, sin que ello implique que goce de una inmunidad de jurisdicción en el Estado al cual le presta sus servicios; Considerando, que por otra parte, aún cuando la legislación del país donde procede la legación diplomática reconozca la formación de contratos de trabajo entre el Estado y las personas que les prestan servicios personales, cuando esas personas son contratados por un agente diplomático para que las labores sean ejecutadas en beneficio de la misión diplomática y para el logro de los objetivos de la misma, el contrato se forma entre el trabajador y el Estado acreditante, quien resulta ser el empleador y no el agente diplomático, quien deviene en un representante de dicho Estado a cuyo nombre contrae las obligaciones derivadas de cualquier contrato de trabajo;
 * ** Inmunidad Diplomática **
 * // B.J. NO. 1119, FEBRERO 2004 //**

J

Considerando, que lo antes expresado sirve de sostén a la decisión de la Corte a-qua de utilizar la suma de RD$3,500.00, como el monto del salario para computar el pago de las indemnizaciones laborales a que tienen derecho los recurrentes, sin embargo, como el pago del salario navideño, compensación por vacaciones no disfrutadas y participación en los beneficios, no forman parte de esas indemnizaciones, sino que constituyen derechos que corresponden a los trabajadores al margen de la causa de terminación del contrato de trabajo, no se le aplica la limitación que establece el párrafo IV de la cláusula 29 del Convenio Colectivo de Condiciones de Trabajo, de que se trata, por lo que su pago deberá realizarse tomando en cuenta el salario que efectivamente devengaba cada trabajador y no como lo decidió el Tribunal a-quo, en base al salario limitado para el cómputo de las indemnizaciones laborales, razón por la cual la sentencia impugnada debe ser casada en ese aspecto; M Considerando, que no basta que la parte que le interese depositar con posterioridad al del escrito inicial un documento existente en ese momento, formule una reserva general, sino que es necesario que la misma especifique el documento que se pretende producir, el cual deberá acompañar la instancia de la solicitud cuando se pretenda hacer el depósito, con indicación del hecho que se proponga probar con él, no obstante lo cual siempre será facultativo de los jueces del fondo conceder la debida autorización; Considerando, que para cumplir con el voto de la ley no basta la simple enunciación de los textos legales y de los principios jurídicos cuya violación se invoca; es indispensable además, que el recurrente desarrolle, aunque sea de una manera sucinta, en el memorial introductivo del recurso, los medios en que lo funda y que explique en que consisten las violaciones de la ley y de los principios jurídicos invocados en el mismo. En el presente caso el recurrente no ha motivado su recurso, ni ha explicado en el memorial introductivo en que consisten las violaciones de la ley por él alegadas, por lo tanto no satisface las exigencias de la ley, y en consecuencia el recurso de casación de que se trata debe ser declarado inadmisible. Considerando, que el papel activo de que está investido el juez laboral, le permite actuar en auxilio de las partes y suplir aquellos medios de derecho, aún cuando las partes no se lo planteen, aunque está claro que esa facultad sólo puede ser ejercida cuando se trate de asuntos de orden público y no a cuestiones de puro interés privado; que como en la especie, el Tribunal a-quo pudo establecer que la demanda planteada por la recurrente en contra de la recurrida versaba sobre reclamaciones laborales derivadas del servicio prestado en beneficio de la misión diplomática y para el logro de los objetivos permanentes de la misma y frente a las inmunidades y privilegios de índole diplomática consagrados en un instrumento jurídico internacional, como lo es la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas, reconocida y adoptada mediante el procedimiento de la ratificación, por parte de nuestros poderes públicos correspondientes, de esto se desprende que se trata de una situación que interesa al orden público en vista de que estas prerrogativas y privilegios han sido establecido para garantizar el desempeño eficaz de las funciones de las misiones diplomáticas en calidad de representantes de los Estados, por lo que al apreciar esta situación y declarar de oficio la inadmisibilidad de la demanda, dicho tribunal actuó correctamente, ya que aún en ausencia de pedimento de las partes en ese sentido y tomando como base su papel activo que le permite suplir medios de derecho considerados como de orden público, el Juez a-quo estaba en la obligación, como lo hizo, de dar cumplimiento a los términos de lo pactado en dicha Convención, todo ello por aplicación del principio consagrado por el artículo 3, parte final de la Constitución de la República en el que se reconoce la aplicación de las normas del Derecho Internacional General y Americano en la medida en que nuestros poderes públicos las hayan adoptado, el que fue aplicado correctamente por dicho tribunal en su sentencia; que en consecuencia y contrario a lo alegado por la recurrente, esta Corte sostiene el criterio de que en la sentencia impugnada se realizó una correcta aplicación de la ley sin incurrir en los vicios denunciados por la recurrente en su segundo medio, razón por la cual debe ser desestimado, a la vez que se rechaza el recurso de casación de que se trata por improcedente y mal fundado. P Considerando, que el artículo 23 del Reglamento del Plan de Retiro del Banco Agrícola del año 1996, cuya aplicación en el caso no es objetada por la recurrente, dispone que las personas que fueren jubiladas después de cumplir más de 20 y menos de 25 años de servicios recibirán una proporción equivalente al 60% de los valores establecidos por el Código de Trabajo para el caso de desahucio; Considerando, que no teniendo ese pago el concepto de prestaciones laborales por desahucio, ni tener la misma extensión en cuanto a su monto, al limitarse de un determinado por ciento de su equivalencia, el hecho de que un trabajador haya optado por la pensión y no por el desahucio, no implica una renuncia a los derechos que le reconoce el referido artículo 23 del Reglamento del Plan de Retiro del Banco Agrícola, pues precisamente el pago de dicho porcentaje es uno de los derechos que adquieren los trabajadores que se benefician de la terminación del contrato de trabajo por esa causa;
 * ** Jubilación conforme a pacto colectivo **
 * // B.J. NO. 1119, FEBRERO 2004 //**
 * ** Memorial de Casación **
 * // B.J. NO. 1118, ENERO 2004 //**
 * // B.J. NO. 1119, FEBRERO 2004 //**
 * // B.J. NO. 1120, MARZO 2004 //**
 * ** Pensión **
 * // B.J. NO. 1120, MARZO 2004 //**

Considerando, que en la especie, según se afirma en la sentencia impugnada, el recurrente depositó el documento mediante el cual pretendió demostrar que había sido despedido, el día 31 de enero del 2003, después de ambas partes concluir al fondo, sin observar las prescripciones de los artículos 544 y siguientes del Código de Trabajo, que regulan el depósito de documentos que no han sido depositados conjuntamente con su escrito inicial, circunstancia ésta que imposibilita al Tribunal a-quo determinar la existencia del despido invocado por el trabajador en base a dicho documento; Considerando, que por otra parte, el Tribunal a-quo tras ponderar las pruebas aportadas por las partes, llegó a la conclusión de que la recurrente no combatió la presunción prevista en el referido artículo 16 del Código de Trabajo, al no aportar la prueba contraria al tiempo de duración y salarios invocados por los demandantes, por lo que dio por establecidos esos hechos, sin que se aprecie la desnaturalización de los hechos que se le atribuye en el memorial de casación, ni la omisión de ponderación de documentos que pudieren hacer variar la decisión adoptada; Considerando, que el ordinal 2º del artículo 97 del Código de Trabajo establece como una causal de dimisión el hecho de que el empleador no pagare al trabajador “el salario completo que le corresponde, en la forma y lugar convenidos o determinados por la ley, salvo las reducciones autorizadas por ésta”; Considerando, que la circunstancia, de que el empleador pague al trabajador dimitente, los salarios dejados de pagar y que sirvieron de fundamento para la terminación del contrato, no deja sin efecto dicha terminación, ni restituye el contrato de trabajo concluido, ni quita a la dimisión su carácter de justificada, salvo que las partes así lo hubieren convenido; Considerando, que en la especie, la Corte a-qua da como un hecho cierto que a los demandantes se les adeudaban los salarios invocados por ellos para poner término a los contratos de trabajo, pero les rechaza la demanda sobre la base de que con posterioridad a la dimisión la empresa les pagó parte, sin analizar si ese pago fue como consecuencia de un avenimiento entre las partes y cual fue el alcance del mismo, lo que deja a la sentencia impugnada carente de motivos y de base legal, razón por la cual debe ser casada; Considerando, que del estudio del expediente abierto en ocasión del presente recurso, resulta que mediante los actos Nos. 612-2002 de fecha 22 de abril del 2002 y 640-2002, de fecha 2 de mayo del 2002, diligenciados por Miguel Odalis Espinal, Alguacil de Estrados de la Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional, los recurridos notificaron a la recurrente copia de la sentencia impugnada y que el escrito contentivo del recurso de casación fue depositado en la Secretaría de la Segunda Sala de la Corte de Trabajo del Distrito Nacional, el 26 de agosto del 2003, después de haber transcurrido el plazo de un mes establecido por el artículo 641 del Código de Trabajo, por lo que el mismo fue intentado fuera del plazo legal, razón por la cual debe ser declarado inadmisible.
 * ** Ponderar Documentos **
 * // B.J. NO. 1118, ENERO 2004 //**
 * ** Pruebas **
 * // B.J. NO. 1118, ENERO 2004 //**
 * // B.J. NO. 1121, ABRIL 2004 //**
 * ** Plazo **
 * // B.J. NO. 1118, ENERO 2004 //**
 * ** Prescripción extintiva **

Considerando, que en la especie, las conclusiones que los jueces del fondo tenían que responder eran las relacionadas con el medio de inadmisión por prescripción extintiva, planteado por la demandada, tal como lo hicieron al declarar que en esta materia el mayor plazo de prescripción es de tres meses y en consecuencia declarar inadmisible la demanda ejercida por los recurrentes, para lo cual dan motivos suficientes y pertinentes que permiten a esta corte verificar la correcta aplicación de la ley, razón por la cual los medios examinados carecen de fundamento y deben ser desestimados y por ende el presente recurso.
 * // B.J. NO. 1119, FEBRERO 2004 //**

R


 * ** Recurso Principal e Incidental **

Considerando, que tal y como ha podido observarse en la disposición legal precedentemente citada, la Corte a-qua en la sentencia impugnada ha violado dicha disposición, pues es evidente que las indemnizaciones a que fueron condenados los trabajadores recurrentes sobrepasan en gran manera el límite del 15% del salario ordinario que sirvió de base a las condenaciones contenidas en dicha sentencia, por lo que la sentencia recurrida debe ser casada única y exclusivamente en este aspecto; Considerando, que el artículo 738 del Código de Trabajo dispone que: “la reglamentación de la garantía establecida en los artículos 465 y 466 será fijada de forma tripartita y consensual entre el Estado, los empleadores y los trabajadores”; Considerando, que en vista de que aún no ha sido dictada esa reglamentación los referidos artículos no han adquirido vigencia, de donde se deriva que los jueces no están obligados a dar cumplimiento a los mismos, y por tanto, es imposible que la sentencia impugnada incurriera en su violación, razón por la cual el medio examinado carece de fundamento y debe ser desestimado.
 * // B.J. NO. 1119, FEBRERO 2004 //**
 * ** Referimiento **
 * // B.J. NO. 1119, FEBRERO 2004 //**

Considerando, que si bien la decisión que ordena la suspensión de la ejecución de una sentencia laboral que ha servido de título para la realización de un embargo retentivo, puede disponer el levantamiento de dicho embargo, es a condición de que previo a ese levantamiento el demandante en suspensión haya consignado el duplo de las condenaciones impuestas a favor del embargante, en cuyo caso se produce la sustitución de una garantía por otra y se cumple la finalidad del artículo 539 del Código de Trabajo; ** B.J. NO. 1122, MAYO 2004 ** Considerando, que en su segundo y tercer medios de casación los recurrentes desarrollan como argumentos destinados a obtener la casación de la ordenanza impugnada, una crítica sobre supuesta falta de motivos o motivos contradictorios, así como la violación del artículo 1315 del Código Civil, lo que a su modo de ver implica falta de ponderación de las pruebas aportadas, pero estos señalamientos resultan improcedentes para el caso de la especie, en razón de que el juez de los referimientos no puede analizar y decidir sobre vicios procesales atribuidos a una sentencia cuya ejecución se pretende suspender, por cuestiones a ser decididas por la Corte de Trabajo, en ocasión del recurso de apelación que se interponga contra dicha sentencia, salvo que los vicios generen un error grosero, un exceso de poder o una violación al derecho de defensa de la demandante en suspensión, lo que no se advierte en el caso de la especie, por lo que dichos medios deben ser desestimados; S
 * // B.J. NO. 1120, MARZO 2004 //**


 * ** Solicitud de autorización de despido. Fuero sindical **

Considerando, que el artículo 391 del Código de Trabajo establece que “el despido de todo trabajador protegido por el fuero sindical debe ser sometido previamente a la Corte de Trabajo, a fin de que en un término no mayor de cinco días determine si la causa invocada obedece o no a una falta, gestión, función o actividad sindical. Cuando el empleador no observe esta formalidad el despido es nulo y no pondrá término al contrato”; Considerando, que la decisión que adopta la Corte de Trabajo determinando que la causa invocada por un empleador para poner término al contrato de trabajo de un trabajador amparado por el fuero sindical, obedece a una falta y no a las actividades que éste desarrolla dentro de su gestión, no es una sentencia en última instancia que prejuzgue el fondo, sino una resolución administrativa, que no tiene autoridad de la cosa juzgada, pues no obstante ello los interesados pueden recurrir al Juzgado de Trabajo correspondiente para hacer valer sus derechos en un sentido u otro; Considerando, que por igual razón no aplica el criterio sostenido por esta corte en el sentido de que el recurso de casación es admisible, aún en los casos en que la ley lo prohíbe, cuando se advierte que en la sentencia impugnada se ha incurrido en un error grosero, exceso de poder o violación al derecho de defensa, por lo que no ha lugar a examinar esos vicios planteados por la recurrente y en consecuencia procede declarar inadmisible el recurso de casación de que se trata. Considerando, que si bien el uso y la costumbre crean obligaciones que deben ser cumplidas por las partes aún cuando no estén de acuerdo a disposiciones legales, es a condición de que la práctica sea más favorable a los trabajadores en sus relaciones con los empleadores; Considerando, que en ese tenor el desconocimiento de derechos establecidos en beneficio de los trabajadores, no constituye uso y costumbre sino una violación a la ley, que no crea ninguna prerrogativa a favor de quién lo realiza; Considerando, que la regulación legal relativa al funcionamiento de los sindicatos, sólo puede ser desconocida, cuando no se trata de una disposición de orden público y los estatutos sindicales contienen una normativa diferente; Considerando, que el ordinal 3ro. del artículo 358 del Código de Trabajo, dispone que: para que una resolución que adopte la asamblea de un sindicato sea válida, requiere entre otros requisitos, que “la resolución se refiera a una cuestión señalada en la convocatoria y que cuente con el voto favorable de más de la mitad de los miembros o delegados presentes, a menos que la ley o los estatutos exijan otra mayoría; Considerando, que por otra parte, las declaraciones de una parte no pueden ser tomadas como prueba de sus pretensiones, por constituir una violación al principio de que nadie puede fabricarse su propia prueba
 * // B.J. NO. 1120, MARZO 2004 //**
 * ** Sindicato de trabajadores portuarios **
 * // B.J. NO. 1121, ABRIL 2004 //**

** B.J. NO. 1122, MAYO 2004 ** Considerando, que los convenios colectivos no constituyen créditos a favor de las partes contratantes, sino derechos y obligaciones, cuyo incumplimiento corresponde a los tribunales de trabajo decidir y, establecer los créditos que del mismo se deriven; Considerando, que en ese tenor, si una parte entiende que los créditos que generarían el cumplimiento de una cláusula de un convenio colectivo, están en riesgo por la resistencia de la otra parte a cumplir con sus obligaciones, además de intentar la demanda correspondiente para el reconocimiento de sus derechos, debe solicitar autorización al tribunal competente para que le autorice a tomar las medidas conservatorias que considere pertinente para la salvaguarda del crédito al que pudiere tener derecho;

T Considerando, que el ejercicio del recurso de tercería está reservado para aquellas personas que sin ser parte en un proceso resultan afectadas del resultado de éste, disponiendo el artículo 648 del Código de Trabajo que “el tercero cuyos derechos sean perjudicados por una sentencia, puede intentar contra ésta recurso de tercería”; Considerando, que el hecho de que en el conocimiento de un asunto se incurra en una violación a una regla procesal, que pudiere ser lesivo al derecho de defensa de una parte al no emplazársele en la forma que indica la ley, no le convierte en un tercero, sino que le permite elevar el recurso correspondiente en busca de la enmienda del error de que se trate; Considerando, que del estudio del expediente se advierte que los demandantes originales no se limitaron a demandar a la Discoteca Don Manuel, sino que también lo hicieron contra el señor Junior Mena, para lo cual utilizaron el término y/o, fórmula esta, que aún cuando diere lugar a dudas sobre el verdadero empleador, no hacía a dicho señor Junior Mena, extraño al proceso, el cual sí consideró que no era el empleador de los demandantes o que para su encausamiento no se cumplió con los requisitos legales, por lo que debió presentar la defensa correspondiente ante el tribunal de primer grado y recurrir ante el tribunal de alzada, en caso de que su reclamo no fuere atendido por el Juzgado de Trabajo;
 * ** Tercería **
 * // B.J. NO. 1119, FEBRERO 2004 //**

MATERIA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO A Considerando, que las denominadas organizaciones comunitarias están consideradas dentro de nuestro sistema jurídico como asociaciones sin fines de lucro y por lo tanto para que puedan adquirir su personería jurídica deben estar sujetas al cumplimiento de las formalidades establecidas por la Ley No. 520 de 1920 sobre asociaciones que no tengan por objeto un beneficio pecuniario, y esta ley les concede a estas entidades la prerrogativa de la personalidad jurídica que las convierte en titulares de derechos y les permite ejercerlos, siempre que estén formalmente constituidas e incorporadas por decreto del Poder Ejecutivo; por lo que, una vez agotados estos trámites podrán ser consideradas como personas aptas para el ejercicio de las actuaciones de la vida jurídica con una personalidad distinta de la de sus miembros, atributo que aunque constituye una ficción creada por esta ley es de considerable valor jurídico, ya que faculta a estas entidades a ejercer una serie de actos dentro de los que se encuentra la acción en justicia; que en la especie, los recurrentes se identifican como organizaciones comunitarias, pero no aportan los datos que permitan comprobar que se trata de entidades debidamente incorporadas y que por lo tanto tienen el interés jurídico y la facultad legal para obrar en justicia como entes con personería jurídica; que en esas condiciones el recurso de que se trata debe ser declarado inadmisible, al estar desprovistos los recurrentes de un interés jurídicamente protegido ni gozar de calidad para actuar en justicia, sin que sea necesario el examen del otro medio de inadmisión propuesto por el recurrido.
 * ** Asociaciones no incorporadas **
 * // B.J. NO. 1119, FEBRERO 2004 //**

<span style="display: block; font-family: 'Impact','sans-serif'; font-size: 21.3333px; text-align: center;">D Considerando, que de lo expuesto anteriormente se desprende, que las motivaciones contenidas en la sentencia justifican lo decidido por el Tribunal a-quo, ya que, tras haber comprobado que en la especie fueron violadas dos formalidades fundamentales relativas al procedimiento ante esa jurisdicción, como son, las que atañen a la forma y contenido de la instancia de apoderamiento, prevista por el citado artículo 23 y la que se refiere al plazo para la interposición del recurso, contemplado por el señalado artículo 9, en esas condiciones, dicho tribunal aplicó correctamente la ley al proceder de oficio a declarar inadmisible dicho recurso al tratarse de la inobservancia de reglas de orden público cuyo incumplimiento conlleva un fin de inadmisión, razón por la cual procede rechazar el recurso de casación de que se trata por improcedente y mal fundado; <span style="display: block; font-family: 'Impact','sans-serif'; font-size: 21.3333px; text-align: center;">F Considerando, que en lo referente a la alegada falta de motivos y violación a la ley los recurrentes no señalan de manera expresa, como es su deber, cual es la ley que ellos consideran ha sido violada por la sentencia impugnada; que, además, los jueces no están obligados a dar motivos especiales sobre pedimentos que tienen su fundamento en otros puntos jurídicos más sustanciales que hayan sido ya estimados y resueltos por ellos; <span style="display: block; font-family: 'Impact','sans-serif'; font-size: 21.3333px; text-align: center;">I Considerando, que por último y en cuanto a lo alegando por la recurrente en el sentido de que el Tribunal a-quo no se pronunció sobre la excepción de conexidad que le fuera planteada, violando con ello el artículo 29 de la Ley No. 834 e incurriendo en falta de motivos y de base legal; que en tal sentido es criterio de esta Corte que, tal como se consigna en el fallo impugnado, dicho tribunal procedió previamente a examinar el asunto relativo a su competencia y tras determinar que el caso planteado no era de su atribución, al haber sido reservado por ley a la competencia exclusiva de otra jurisdicción, procedió correctamente al pronunciar de oficio su incompetencia y remitir a las partes ante la jurisdicción correspondiente, ya que se trataba de la violación a una regla de competencia de atribución con carácter de orden público y esta declaración desapoderaba automáticamente al Tribunal a-quo del conocimiento del asunto y lo imposibilitaba para examinar la excepción de conexidad que le fuera planteada por la recurrente, por lo que al hacerlo así no incurrió en los vicios señalados por la recurrente, sino que por el contrario realizó una correcta aplicación de la ley; que en consecuencia procede desestimar los medios de casación propuestos, y en consecuencia, rechazar el recurso de que se trata por improcedente y mal fundado. <span style="display: block; font-family: 'Impact','sans-serif'; font-size: 21.3333px; text-align: center;">V
 * **Destitución de cargos públicos**
 * // B.J. NO. 1120, MARZO 2004 //**
 * **Falta de motivación**
 * // B.J. NO. 1118, ENERO 2004 //**
 * **Incompetencia**
 * // B.J. NO. 1118, ENERO 2004 //**


 * **Violación al derecho de defensa**

Considerando, que en cuanto a la segunda violación al derecho de defensa invocada por el recurrente dentro del medio que se analiza, bajo el argumento de que el Tribunal a-quo procedió a fallar el medio de inadmisión formulado por el Procurador, conjuntamente con el fondo del asunto y sin invitarlo a concluir sobre éste, el estudio de la decisión impugnada revela que en la misma dicho tribunal procedió a ponderar y a rechazar el medio de inadmisión solicitado por el Procurador General Administrativo y al mismo tiempo conoció y falló el fondo del asunto ventilado, sin haber puesto en mora a dicho funcionario para que en su calidad de representante de la institución municipal recurrida, produjera su dictamen sobre el fondo del asunto, requisito que al tenor del citado artículo 15 de la Ley No. 1494, resulta indispensable para la decisión de toda cuestión contenciosa que se conozca ante esa jurisdicción; que en consecuencia, el incumplimiento de este requisito constituye la violación de una regla procesal cuya observancia está a cargo de los jueces del fondo y se traduce en una violación al derecho de defensa del recurrente, por lo que la sentencia impugnada debe ser casada, sin necesidad de analizar el siguiente medio y en consecuencia envía el asunto ante el mismo Tribunal a-quo.
 * // B.J. NO. 1120, MARZO 2004. //**

<span style="display: block; font-family: 'Impact','sans-serif'; font-size: 24px; text-align: center;">MATERIA DE TIERRAS

**A** Considerando, que la autoridad de la cosa juzgada en materia de tierras no reside en la decisión rendida por el Tribunal de Jurisdicción Original mientras no se produce su confirmación sobre apelación o en virtud de la facultad de revisión que tiene el Tribunal Superior de Tierras, criterio éste que tiene aplicación también en las litis sobre derechos registrados; que por consiguiente, la Suprema Corte de Justicia estima correctos los razonamientos del Tribunal Superior de Tierras expuestos en la decisión impugnada, por todo lo cual, los medios examinados en el presente recurso carecen de fundamento y deben ser desestimados;
 * ** Autoridad de la cosa juzgada **
 * // B.J. NO. 1119, FEBRERO 2004. AUTORIDAD DE LA COSA JUZGADA //**

<span style="display: block; font-family: 'Arial Black','sans-serif'; text-align: center;">C Considerando, que el recurrente no ha demostrado como le corresponde que el comprador del solar en discusión y ahora recurrido señor Alexis de Jesús Camilo Morel, haya incurrido, ni participado en ninguna maniobra, ni acto fraudulento al adquirir por compra dicho solar, que puede afectar de nulidad el contrato de venta otorgado en su favor por el señor Néstor Porfirio Pérez Morales; que por consiguiente y contrariamente a como lo pretende el recurrente no se ha incurrido, al fallar el asunto como lo hizo el Tribunal a-quo en la alegada violación de los artículos 1116 y 2268 del Código Civil; Considerando, que por lo que se ha copiado se desprende que el Tribunal a-quo estableció mediante el estudio y ponderación de los documentos del proceso, que la porción de terreno vendida por el señor Néstor Pérez Morales al señor Daniel Antonio Guzmán González, según acto de fecha 1ro. de noviembre de 1971 y que posteriormente éste vendió a su vez a los esposos Julio A. García Báez y Lorenza Salomé Pichardo de García, no pertenecía al primero, o sea, a Pérez Morales, porque según la Decisión No. 3 de fecha 6 de diciembre de 1976 aprobada con modificaciones por Decisión No. 12 del 23 de julio de 1982 que aprobó la línea divisoria en la Parcela No. 102-A-4-A, declara y determina en su dispositivo el área que corresponde tanto al señor Néstor Pérez Morales como a los Sucesores de Ludovino Fernández y su cónyuge superviviente y estableciendo que los solares del 10 al 12 de la Manzana No. 1644, quedan ubicados en la parte deslindada a los últimos; que como se advierte por lo anterior el Solar No. 10 no correspondió en la subdivisión mencionada al señor Néstor Pérez Morales, sino a los Sucesores de Ludovino Fernández y a la cónyuge superviviente de éste, por lo que el primero no tenía ningún derecho sobre dicho solar y en consecuencia no podía venderlo; Considerando, que al apreciarlo así el Tribunal a-quo y rechazar las pretensiones de los recurrentes no ha incurrido en las violaciones invocadas por estos sino que por el contrario ha hecho una correcta aplicación de la ley, por lo que el recurso de casación que se examina carece de fundamento y debe ser desestimado. Considerando, que por lo que se ha copiado se desprende que el Tribunal a-quo estableció mediante el estudio y ponderación de los documentos del proceso, que la porción de terreno vendida por el señor Néstor Pérez Morales al señor Daniel Antonio Guzmán González, según acto de fecha 1ro. de noviembre de 1971 y que posteriormente éste vendió a su vez a los esposos Julio A. García Báez y Lorenza Salomé Pichardo de García, no pertenecía al primero, o sea, a Pérez Morales, porque según la Decisión No. 3 de fecha 6 de diciembre de 1976 aprobada con modificaciones por Decisión No. 12 del 23 de julio de 1982 que aprobó la línea divisoria en la Parcela No. 102-A-4-A, declara y determina en su dispositivo el área que corresponde tanto al señor Néstor Pérez Morales como a los Sucesores de Ludovino Fernández y su cónyuge superviviente y estableciendo que los solares del 10 al 12 de la Manzana No. 1644, quedan ubicados en la parte deslindada a los últimos; que como se advierte por lo anterior el Solar No. 10 no correspondió en la subdivisión mencionada al señor Néstor Pérez Morales, sino a los Sucesores de Ludovino Fernández y a la cónyuge superviviente de éste, por lo que el primero no tenía ningún derecho sobre dicho solar y en consecuencia no podía venderlo; Considerando, que al apreciarlo así el Tribunal a-quo y rechazar las pretensiones de los recurrentes no ha incurrido en las violaciones invocadas por estos sino que por el contrario ha hecho una correcta aplicación de la ley, por lo que el recurso de casación que se examina carece de fundamento y debe ser desestimado. Considerando, que de conformidad con las disposiciones del artículo 2262 del Código Civil: “Todas las acciones, tanto reales como personales, se prescriben por veinte años, sin que esté obligado el que alega esta prescripción a presentar ningún título ni que pueda oponérsele la excepción que se deduce de la mala fe”; Considerando, asimismo de acuerdo con el artículo 1314 del mismo código: “Cuando se han llenado las formalidades requeridas respecto a los menores o incapacitados por la ley, bien sea para la enajenación de bienes inmuebles o para la partición en una sucesión, son considerados relativamente a estos actos como si lo hubieran hecho en su mayor edad, o antes de la interdicción”;
 * ** Contrato de venta **
 * // B.J. NO. 1118, ENERO 2004. CONTRATO DE VENTA //**
 * // B.J. NO. 1119, FEBRERO 2004. //**
 * // B.J. NO. 1119, FEBRERO 2004. //**
 * // B.J. NO. 1121, ABRIL 2004 //**

Considerando, que el artículo 1304 del Código Civil dispone lo siguiente: “En todos los casos en que la acción en nulidad o rescisión de una convención, no está limitada a menos tiempo por una ley particular, la acción dura 5 años. Este tiempo no se cuenta en caso de violencia, sino desde el día en que ha cesado ésta; en caso de error o dolo, desde el día en que han sido éstos descubiertos. No se cuenta el tiempo con respecto a los incapacitados por la ley, sino desde el día en que les sea levantada la interdicción, y con relación a los actos hechos por los menores, desde el día de su mayor edad”; Considerando, que al comprobar el Tribunal a-quo que el contrato de venta fue suscrito en fecha 8 de julio de 1982 y la demanda en nulidad del contrato en discusión fue introducida al Tribunal a-quo mediante instancia de fecha 20 de mayo de 1999, o sea, más de 16 años después de la suscripción de dicho contrato, y rechazar la referida instancia, no ha incurrido en las violaciones alegadas por el recurrente; que si es cierto que el tribunal debió declarar dicha instancia inadmisible en lugar de rechazarla, no es menos cierto que los efectos y las consecuencias de tal decisión no varía la solución dada al caso, lo que no invalida la decisión impugnada, por lo que los medios del recurso que se examinan carecen de fundamentos y deben ser desestimados y en consecuencia rechazado el presente recurso.
 * **// Contrato por simulación //**
 * // B.J. NO. 1120, MARZO 2004 //**

<span style="display: block; font-family: 'Arial Black','sans-serif'; text-align: center;">D

Considerando, que si bien en nuestra legislación no solo existen las personas físicas, es decir, el individuo sino también las personas morales y jurídicas a quienes la ley otorga tales atributos, no hay sin embargo en nuestro derecho, ningún texto legal que confiera personalidad jurídica a las sucesiones y éstas no pueden por consiguiente ser emplazadas como lo ha hecho el recurrente en la especie innominadamente, sino en manos de cada uno de los miembros que la integran; que por tanto, el recurso de casación de que se trata debe ser declarado inadmisible, lo que hace innecesario el examen de los medios propuestos. Considerando, que en la especie, el emplazamiento notificado a la parte recurrida el día 11 de abril del 2003, no contiene los nombres de todas las personas que alegadamente forman la sucesión del finado Juan Alejandro Gomera, no obstante estos figuran en el encabezado de la sentencia impugnada y en el dispositivo de la decisión de jurisdicción original de fecha 17 de abril de 1995; que al ser omitidos dichos nombres en el recurso de casación de que se trata y en el emplazamiento citado, el presente recurso debe ser declarado inadmisible. Considerando, que es de principio que cuando existe indivisión en el objeto del litigio, si el recurrente ha emplazado a una o varias partes contrarias y no lo ha hecho con respecto a las demás, el recurso debe ser declarado inadmisible con respecto a todas; que si es verdad que las actuaciones del procedimiento de instancia, incluso cuando se trata de una vía de recurso, tienen carácter divisible, en el sentido de que producen sus efectos únicamente en provecho del actor y en contra del demandado o recurrido; sin embargo, es forzoso decidir lo contrario cuando el objeto del procedimiento resulta indivisible en razón de su propia naturaleza, cuando lo decidido en el caso en relación con el interés de una de las partes, afectará necesariamente al interés de las demás partes; que, por vía de consecuencia, el recurso de casación que se interponga contra una sentencia que aprovecha varias partes entre cuyos intereses exista el vínculo de la indivisibilidad, tiene que ser dirigido contra todas; que, de no hacerse así, el recurso debe ser declarado inadmisible. Considerando, que el derecho de propiedad que reclaman los recurrentes tiene como fundamento la asignación provisional de los terrenos en discusión que el Instituto Agrario Dominicano le hizo a su padre, señor Raúl Vargas Espinal, a quien le fué cancelada la misma y a cuya muerte dicho organismo se la asignó provisionalmente primero y definitivamente después, con el correspondiente certificado de título, a la señora Ana Mercedes Vargas, hija del difunto “porque era la que cultivaba la parcela y la tenía en buena producción cumpliendo los objetivos de la reforma agraria”; en consecuencia, cuando el Tribunal a-quo señala en el fallo impugnado que la recurrida fue asentada como parcelera y le otorgó el certificado de título como propietaria en uso de las facultades legales de que el Instituto Agrario Dominicano (IAD) se encuentra investido por tratarse de terrenos registrados a su nombre, no hizo otra cosa que interpretar correctamente lo que dispone el artículo 173 de la Ley de Registro de Tierras, razones por las cuales el presente recurso carece de fundamento y debe ser desestimado. Considerando, que el artículo 8, inciso 2, letra “J” de la Constitución de la República, establece que: “Nadie podrá ser juzgado sin haber sido oído o debidamente citado ni sin observancia de los procedimientos que establezca la ley para asegurar un juicio imparcial y el ejercicio del derecho de defensa. Las audiencias serán públicas, con las excepciones que establezca la ley, en los casos en que la publicidad resulte perjudicial al orden público o a las buenas costumbres”; Considerando, que sin embargo, el examen tanto de la Decisión No. 2 de fecha 4 de abril de 1997, dictada por el Tribunal Superior de Tierras de Jurisdicción Original, como de la sentencia ahora impugnada, ponen de manifiesto que en ninguna de las dos se menciona el nombre de la ahora recurrente S. Gil Morales, C. por A., como tampoco se hace constar, ni se expresa en ellas si los jueces del fondo que conocieron de la litis de que se trata, comprobaron si dicha recurrente al no comparecer fue citada para que estuviera debida y legalmente representada como es de rigor en su caso, en las audiencias celebradas por dichos tribunales; que tampoco existe en el expediente las prueba o constancia de que la referida compañía fuera citada, ni legalmente representada por algún funcionario de la misma con calidad para ello; que en tales condiciones resulta evidente que la recurrente fue privada de ejercer su derecho de presentar sus pruebas y alegatos y formular sus conclusiones en apoyo de sus pretensiones en relación con el asunto de que se trata, por todo lo cual el tribunal incurrió en el fallo impugnado en violación al derecho de defensa; que en consecuencia, dicha sentencia debe ser casada, sin que sea necesario ponderar el otro medio del recurso; <span style="display: block; font-family: 'Arial Black','sans-serif'; text-align: center;">E
 * ** Determinación de Herederos y Transferencia **
 * // B.J. NO. 1118, ENERO 2004 //**
 * // B.J. NO. 1118, ENERO 2004 //**
 * // B.J. NO. 1120, MARZO 2004 //**//.//
 * // B.J. NO. 1120, MARZO 2004 //**
 * ** Derecho de defensa **
 * // B.J. NO. 1120, MARZO 2004 //**
 * ** Emplazamiento **

Considerando, que de conformidad con el artículo 6 de la Ley sobre Procedimiento de Casación, el emplazamiento ante la Suprema Corte de Justicia, debe contener, entre otras formalidades, a pena de nulidad, los nombres y residencias de la parte recurrida; que igualmente de acuerdo con el artículo 68 del Código de Procedimiento Civil, el emplazamiento debe ser notificado al demandado, ya sea personalmente o en su domicilio; Considerando, que según el derecho común, los emplazamientos deben notificarse, en principio, a la misma persona o en su domicilio, dejándole copia; que por otra parte, de acuerdo con el artículo 135 de la Ley de Registro de Tierras, modificado por la Ley No. 4479 de 1956, cuando el Tribunal haya ordenado el registro de derechos en forma innominada en favor de una sucesión, la parte que quiera recurrir en casación deberá hacerlo siguiendo las reglas del derecho común, lo que implica que la notificación deberá hacerse individualmente a cada recurrido, disponiéndose, sin embargo, conforme a dicho texto legal, que se considerará válidamente hecha la notificación en manos de la persona que haya asumido ante el Tribunal de Tierras la representación de la sucesión gananciosa y en manos de aquellos miembros de dicha sucesión cuyos nombres figuren en el proceso; que dicho texto dispone, además, que el emplazamiento deberá también ser notificado al abogado del Estado, para que éste, en la forma en que acostumbra a hacer el Tribunal sus notificaciones, o sea, por correo certificado, entere a las partes interesadas de la existencia del recurso de casación y éstas a su vez puedan proveer a su representación y defensa conforme a la Ley sobre Procedimiento de Casación; que aunque la expresada disposición prevée expresamente el caso de que el registro de derechos sea ordenado en forma innominada en el saneamiento a favor de una sucesión, es necesario admitir que dicha disposición debe aplicarse, por identidad de razones, al caso en que el recurso de casación interpuesto sea relativo a una decisión que envuelva una determinación de herederos, por haber fallecido el dueño del derecho registrado; Considerando, que ese modo excepcional de notificar los emplazamientos en esta materia, no puede sin embargo admitirse sino cuando esté justificado por infructuosas y serias investigaciones realizadas por el ministerial actuante para descubrir la verdadera residencia de la parte que debe ser notificada, investigaciones y diligencias de las cuales debe dejar constancia en el acto o en acto separado, lo que no se ha hecho en el presente caso; <span style="display: block; font-family: 'Arial Black','sans-serif'; text-align: center;">M <span style="display: block; font-family: 'Garamond','serif'; font-size: 16px; text-align: justify;">Considerando, que por el examen de las conclusiones producidas por los recurrentes ante el Tribunal a-quo y de las demás piezas del expediente, se evidencia que el agravio antes aludido no fue sometido a la consideración de los jueces del fondo, ni estos los apreciaron por su propia determinación ni existe tampoco una disposición legal que imponga su examen de oficio; que en tal virtud el agravio que se examina constituye un medio nuevo que debe ser declarado inadmisible. <span style="display: block; font-family: 'Garamond','serif'; font-size: 16px; text-align: justify;">Nota. Es criterio jurisprudencial que ante la SCJ no se pueden hacer valer medios nuevos.
 * // B.J. NO. 1120, MARZO 2004 //**
 * // B.J. NO. 1122, MAYO 2004. //**
 * ** Medios nuevos **
 * // B.J. NO. 1118, ENERO 2004 //**
 * ** Mejoras **

Considerando, que cuando como en el caso de la especie se trata de un terreno registrado, amparado en un certificado de título que tiene de acuerdo con la ley la protección del Estado, ni éste ni ninguna persona física o moral pueden fomentar, ni levantar mejoras de ninguna naturaleza, ni realizar ningún <span style="display: block; font-family: 'Arial Black','sans-serif'; text-align: center;">P <span style="font-family: 'Garamond','serif'; font-size: 16px;">Considerando, que el plazo de dos meses establecido por el artículo 5 de la Ley sobre Procedimiento de Casación para interponer el recurso de casación, debe ser observado a pena de caducidad; que por tanto, su inobservancia puede ser invocada en todo estado de causa no siendo susceptible de ser cubierta por las defensas sobre el fondo; la Suprema Corte de Justicia, debe pronunciar de oficio la inadmisión resultante de la expiración del plazo fijado por el referido texto legal para la interposición del recurso, por tratarse de un asunto de orden público; Considerando, que los plazos de dos meses establecidos por las leyes de procedimiento deben ser contados de fecha a fecha, no computándose en ellos, de conformidad con la regla general contenida en el artículo 1033 del Código de Procedimiento Civil, el día de la notificación, ni el del vencimiento, cuando esos plazos son francos, como ocurre en esta materia, tal como lo prescribe el artículo 66 de la Ley sobre Procedimiento de Casación; Considerando, que dichos plazos se aumentarán en razón de la distancia, a razón de un día por cada 30 kilómetros o fracción mayor de 15 kilómetros, según lo disponen los artículos 67 de la Ley sobre Procedimiento de Casación y 1033 del Código de Procedimiento Civil, ya citado;
 * // B.J. NO. 1119, FEBRERO 2004. //**
 * ** Plazo **
 * // B.J. NO. 1120, MARZO 2004 //**

<span style="color: #000000; display: block; font-family: 'Garamond','serif'; font-size: 16px; text-align: justify;">Considerando, que por las motivaciones contenidas en la sentencia cuyos considerandos principales se han copiado precedentemente se advierte y comprueba que el Tribunal a-quo apreciando las circunstancias del caso y los documentos del proceso, llegó a la conclusión de que en la especie el recurrente no ha demostrado mediante escrito el acto de permuta que ha venido invocando en el proceso; que ese criterio del Tribunal a-quo es correcto en derecho, el cual comparte esta Suprema Corte de Justicia; <span style="display: block; font-family: 'Garamond','serif'; font-size: 16px; text-align: justify;">Considerando, que finalmente y en relación con los pedimentos formulados por el recurrente ante el Tribunal a-quo, que por lo que se ha expuesto precedentemente resultaban super abundantes y superfluos, puesto que no había demostrado como estaba obligado a hacerlo que las recurridas habían permutado el terreno que les fue donado en la forma que establece la Ley de Registro de Tierras, o sea, mediante escrito que cumpliera las formalidades que establece el artículo 189 de la misma, que por tanto no puede pretender que los jueces dieran motivos especiales respecto de esos pedimentos; que si ciertamente todos los pedimentos de las partes en un litigio deben dar lugar a otros tantos motivos de parte de los jueces, esta regla no puede extenderse al extremo de obligar a estos últimos a dar motivos especiales acerca de aquellos pedimentos cuya eficiencia depende de otros puntos jurídicos más sustanciales que hayan sido estimados por dichos jueces, como ha ocurrido en la especie; que, como se comprueba por el examen de la sentencia impugnada, esta contiene motivos suficientes y pertinentes que la justifican por lo que los medios propuestos deben ser desestimados por carecer de fundamento y el recurso de casación que se examina debe ser rechazado.
 * ** Permuta **
 * // B.J. NO. 1118, ENERO 2004. //**

Considerando, que el hecho de que un inmueble sea objeto de varios traspasos con motivo de ventas sucesivas otorgadas por sus correspondientes propietarios no constituye por sí solo un acto de mala fe, sino el ejercicio de un derecho legítimo; que esas ventas solo podrían ser invalidadas cuando la parte interesada demuestre que las mismas se han hecho con el propósito de perjudicarla, en sus, derechos, lo que no ha sido demostrado en el presente caso; Considerando, que de lo que se acaba de exponer, procede proclamar que en materia de terreno registrado, propietario es el primero que después de comprar registra en la oficina del Registrador de Títulos correspondiente la venta que ha sido otorgada en su favor por el propietario del inmueble de que se trata haciéndolo oponible a todo el mundo y el certificado de título que se expide en ejecución de esa operación es inalterable y perpetuo a menos que se establezca que se hizo con la intervención del comprador en fraude de los derechos del interesado en su invalidación, lo que no ocurre en la especie;
 * ** Propiedad **
 * // B.J. NO. 1118, ENERO 2004. //**

Considerando, que de acuerdo con la primera parte del artículo 175 de la Ley de Registro de Tierras: “No podrá adquirirse por prescripción o posesión detentatoria ningún derecho o interés que hubiere sido registrado de acuerdo con las prescripciones de esta ley”; que, por consiguiente si como lo comprobó el Tribunal a-quo, la recurrente no demostró, ni lo ha hecho ante esta Corte, tener ningún derecho registrado en la Parcela de que se trata, resulta evidente que al rechazar sus reclamaciones el Tribunal a-quo no ha incurrido en ninguna de las violaciones por ella invocadas en el primer medio del recurso;
 * // B.J. NO. 1122, MAYO 2004. //**

<span style="display: block; font-family: 'Arial Black','sans-serif'; text-align: center;">R Considerando, que la buena fe es una cuestión de hecho que los jueces del fondo aprecian soberanamente y por consiguiente sus fallos al respecto no pueden ser censurados en casación; el hecho de que el Tribunal a-quo por su decisión de fecha 19 de mayo de 1998, acogiendo el recurso en Revisión por Causa de Fraude, ordenara un nuevo saneamiento de la parcela, no le impedía al celebrarse el nuevo juicio apreciar si los recurridos incurrieron o no en el fraude alegado, lo que no fue demostrado como se ha expresado antes; que esa forma de proceder no puede considerarse, como erróneamente lo entiende la recurrente, como una violación a las reglas del apoderamiento, y por consiguiente, los dos medios examinados carecen de fundamento y deben ser desestimados;
 * ** Revisión por Fraude **
 * // B.J. NO. 1119, FEBRERO 2004 //**

Considerando, que el artículo 44 de la Ley No. 834 de 1978 dispone lo siguiente: “Constituye una inadmisibilidad todo medio que tienda a hacer declarar al adversario inadmisible en su demanda, sin examen al fondo, por falta de derecho para actuar, tal como la falta de calidad, la falta de interés, la prescripción, el plazo prefijado, la cosa juzgada”; Considerando, que al estudiar los alegatos del recurrente sobre la violación del derecho de defensa, esta corte ha comprobado por el examen de la sentencia impugnada que al recurrente Ing. Carlos Miranda, no se le ofreció la oportunidad en el curso de las audiencias correspondientes de exponer sus medios de defensa al fondo del asunto, como lo hizo su adversario, lo cual constituye por parte del Tribunal a-quo, un desconocimiento del principio de igualdad que debe regir en todo debate judicial y una evidente violación del derecho de defensa en perjuicio del recurrente Ing. Carlos Miranda, por lo que procede que la sentencia impugnada sea casada sin necesidad de examinar los otros medios propuestos por el recurrente; Considerando, que habiéndose demostrado que el señor Luis Gonzaga Vizcaíno, adquirió la porción de terreno en litis antes de la celebración de su matrimonio con la señora Fátima Hiraldo, era deber del Tribunal a-quo esclarecer tal hecho y establecer no solo la veracidad y certidumbre del mismo, sino también si las mejoras a las que fueron a vivir ambos esposos en dicha porción de terreno ya existían o si por el contrario fueron construidas con posterioridad a la celebración del matrimonio de ambos; que la investigación de esos hechos por el tribunal resultaban y resultan indispensables para determinar si en la especie se trata de un bien propio del esposo o de la comunidad que existe entre ambos; que al no hacerlo el Tribunal a-quo ha dejado su decisión sin motivos suficientes que justifiquen su dispositivo, por lo que la misma debe ser casada. <span style="display: block; font-family: 'Arial Black','sans-serif'; text-align: center;">S Considerando, que por tratarse en el caso de una sentencia preparatoria que no puede ser recurrida en casación sino conjuntamente con el fondo, procede que el recurso de casación dirigido contra la misma sea declarado inadmisible; Considerando, que de acuerdo con lo que dispone el artículo 132 de la Ley de Registro de Tierras: “El recurso de casación podrá ejercerse contra las sentencias definitivas del Tribunal Superior de Tierras y contra la de los Jueces de Jurisdicción Original en los casos en que sean dictadas en último recurso”; que, asimismo, de conformidad con el artículo primero de la Ley sobre Procedimiento de Casación, “La Suprema Corte de Justicia decide, como Corte de Casación, si la ley ha sido bien o mal aplicada en los fallos en última o en única instancia pronunciados por los tribunales del orden judicial”; Considerando, que la resolución dictada por el Tribunal Superior de Tierras, el 2 de agosto del 2002, impugnada ahora en casación, no tiene el carácter de una sentencia definitiva dictada entre partes, sino de una disposición administrativa, por lo que el recurso interpuesto contra ella debe ser declarado inadmisible y, en consecuencia no procede el examen de los medios del recurso;
 * // B.J. NO. 1119, FEBRERO 2004 //**
 * ** Régimen de comunidad **
 * // B.J. NO. 1119, FEBRERO 2004. //**
 * ** Sentencia preparatoria **
 * // B.J. NO. 1118, ENERO 2004 //**
 * ** Sentencia definitiva **
 * // B.J. NO. 1122, MAYO 2004 //**

Considerando, que esos motivos son suficientes y pertinentes y justifican plenamente el dispositivo de la sentencia impugnada; la comprobación de los jueces del fondo de que las recurridas tienen una posesión de 40 años hace innecesario que se abunde en mayores consideraciones; que además, en la decisión impugnada constan las comprobaciones de hecho relativas a las mejoras que se realizaron en el presente caso, comprobaciones que figuran en los motivos; que por tanto, este aspecto del recurso que se examina también carece de fundamento y debe en consecuencia ser desestimado; Considerando, que los jueces del fondo para fallar en la forma que lo hicieron respecto de la parcela en discusión, se fundamentaron en los resultados de la instrucción del asunto, para lo cual disfrutan de poder soberano en la apreciación de las pruebas que le son regularmente aportadas, sin que con ello al hacerlo, incurran en ninguna violación, salvo desnaturalización, que no ha sido invocada en el presente caso; Considerando, que aunque las recurrentes alegan que no fueron ponderados los documentos por ellas aportados al Tribunal a-quo no señalan cuales fueron esos documentos; que es de principio que todo el que alega un hecho en justicia está en la obligación de demostrarlo, lo que no han hecho las recurrentes; Considerando, finalmente, que por los hechos y circunstancias así establecidos y comprobados, los jueces del fondo formaron su convicción en el examen y apreciación de las pruebas que le fueron administradas, según consta en los considerandos que se han transcrito precedentemente, los cuales esta Suprema Corte de Justicia considera correctos y legales; que por tanto, el único medio propuesto y examinado carece de fundamento y debe ser desestimado.
 * // B.J. NO. 1119, FEBRERO 2004 //**
 * ** Saneamiento **
 * // B.J. NO. 1121, ABRIL 2004 //**
 * ** Soberana apreciación **

Considerando, que el examen del fallo impugnado pone de manifiesto que el Tribunal a-quo formó su convicción del conjunto de los medios de prueba que fueron regularmente administrados en la instrucción del asunto, resultando que lo que la recurrente llama desnaturalización, no es más que la soberana apreciación que los jueces del fondo hicieron de esos medios de prueba y a los que se refiere la sentencia recurrida en los motivos que se han copiado precedentemente; que el hecho de que al decidir el asunto no se fundara en las afirmaciones de la recurrente y a que se refiere en su memorial de casación, no constituye una desnaturalización, puesto que esa apreciación entra dentro del poder soberano de apreciación de las pruebas de que disfrutan los jueces sobre todo las escritas que les son sometidas, según se dijo antes;
 * // B.J. NO. 1122, MAYO 2004 //**

<span style="display: block; font-family: 'Arial Black','sans-serif'; text-align: center;">T Considerando, que tal como lo expresó la Suprema Corte de Justicia, por su decisión de fecha 28 de marzo de 1973 con motivo del recurso de casación entonces interpuesto por el Dr. Rafael Rodríguez Peguero, adquiriente en pública subasta de las parcelas en cuestión, contra la sentencia de fecha 1ro. de junio de 1971, y como ahora lo sostiene también en la decisión impugnada, el Tribunal a-quo, al revelarse en el proceso la existencia de un tercer adquiriente a título oneroso, que el mismo tribunal ha estimado que era de buena fe, puesto que el Certificado de Título tiene la garantía del Estado y conforme el artículo 173 de la Ley de Registro de Tierras dichos certificados deben ser aceptados en todos los tribunales de la República como documentos probatorios de cuantos derechos, acciones y cargas aparezcan en ellos; y el artículo 174 de la misma ley establece que no habrá derechos ocultos y por tanto, toda persona a cuyo nombre se hubiere expedido un Certificado de Título, sea en virtud de un Derecho de Registro, sea de una resolución de Tribunal Superior de Tierras, sea en ejecución de un acto traslativo de propiedad a título oneroso y de buena fe, retendrá dicho terreno libre de las cargas y gravámenes que no figuren en el Certificado de Títulos; que estas disposiciones legales se han dictado en protección de los terceros, calidad que ostenta el adjudicatorio de dichas parcelas Dr. Rafael Rodríguez Peguero, quien de ningún modo, podía ser lesionado en su derecho, ya que había adquirido esos inmuebles en subasta pública realizada como consecuencia de un procedimiento de embargo trabado por la acreedora hipotecaria de las personas que figuraban como propietarias de dichas parcelas en los Certificados de Títulos precedentemente mencionados; que por consiguiente al traspasar posteriormente a la compañía Exporín, C. por A., las parcelas de que se trata, quien las ocupa a título de propietaria desde que la adquirió por compra al Dr. Rafael Rodríguez Peguero, resulta evidente que dicha recurrida no puede ser perjudicada en sus derechos porque desde el momento de esa operación se convirtió en un tercer adquiriente a título oneroso y de buena fe;
 * ** Tercero adquiriente de buena fe **
 * // B.J. NO. 1118, ENERO 2004 //**

Considerando, que el artículo 141 del Código de Procedimiento Civil no es aplicable en materia de tierras, sino el artículo 84 de la ley de la materia, sobre el cual la recurrente no aporta prueba de violación alguna, dado que la sentencia impugnada además de estar correctamente concebida conforme a dicho texto legal, contiene los hechos y los motivos pertinentes en que la misma se funda;
 * ** Transferencia inmobiliaria **
 * // B.J. NO. 1119, FEBRERO 2004 //**

Considerando, que si al momento de vender porciones de esta parcela a diversas personas, Néstor Porfirio Pérez Morales incurrió en el error de vender terrenos en exceso de lo que le correspondía, las personas perjudicadas con tal forma de proceder tenían y tienen derecho a incoar sus demandas y reclamaciones por ante el tribunal competente y no a limitarse, como lo hicieron los recurridos, sin motivaciones de ninguna especie, a solicitar al tribunal la cancelación pura y simple o administrativamente de las cartas constancias del certificado de título expedidas a favor de quienes se consideran adquirientes; Considerando, que en presencia de esa situación o de tal pedimento los jueces del fondo han debido determinar en juicio público y contradictorio a la luz de la documentación que le fuera regularmente aportada, tratándose de una litis sobre terreno registrado y previas la formalidades de instrucción del proceso, si la porción de terreno objeto del presente litigio formaba o no parte de lo vendido en exceso por Néstor Porfirio Pérez Morales, para sobre esa base dictar la decisión correspondiente; Considerando, que en materia de terrenos registrados los jueces deben limitarse a pronunciarse sobre las conclusiones y pruebas que les han sido sometidas por las partes, y en ese sentido, el Juez de Jurisdicción Original al fallar en la forma que lo hizo afirma en su tercer considerando, “que del estudio de los documentos que constituyen el expediente, así como de su instrucción este tribunal ha podido establecer que los sucesores del finado Ludovino Fernández no depositaran ninguna prueba que justifique la litis sobre derechos registrados por ellos planteada con relación a la situación jurídica de la parcela No. 102-A-4-A del D. C. No. 4 del Distrito Nacional”, que esas pruebas tampoco figuran entre las piezas del expediente formado ante esta Suprema Corte, lo que pone de manifiesto que el fallo impugnado carece de base legal y, en consecuencia, debe ser casado
 * ** Tribunal de confiscaciones **
 * // B.J. NO. 1121, ABRIL 2004. //**

<span style="display: block; font-family: 'Arial Black','sans-serif'; text-align: center;">V


 * ** Violación art. 242 **

Considerando, que como se advierte por lo precedentemente transcrito, el Tribunal a-quo estableció como cuestión de hecho que el caso en cuestión no constituye una litis sobre derecho registrado sino un asunto de naturaleza penal y que la apelación de que se encintraba apoderado fue interpuesta fuera del plazo establecido en el artículo 253 de la Ley de Registro de Tierras;
 * B.J. NO. 1122, MAYO 2004**

=OSIRIS MERCEDES NUÑEZ, SIMÓN MONTERO=

MUY BIEN HAN AVANZADO, PERO RECUERDEN QUE LO IMPORTANTE ES EL O LOS CONSIDERANDOS MEDIANTE LOS CUALES LA SUPREMA RESUELVE EL ASUNTO; NO ES NECESARIO HACER CONSTAR LOS ALEGATOS DE LAS PARTES. EN UN BOLETÍN PUEDE APARECER MAS DE UN CONSIDERANDO IMPORTANTE, FAVOR COPIARLO.

=MATERIA DE TIERRAS=

B.J. NO. 1118, ENERO 2004.
 * Considerando**, finalmente, que por todo lo anteriormente expuesto, se comprueba que la sentencia impugnada contiene motivos suficientes y pertinentes que justifican su dispositivo y una exposición de los hechos de la causa que han permitido a esta corte verificar, que los jueces del fondo hicieron en el caso una justa apreciación de los hechos y una correcta aplicación de la ley; que, en consecuencia, los medios de casación propuestos deben ser desestimados por carecer de fundamento y el recurso a que se contrae el presente fallo debe ser rechazado.

B.J. NO. 1118, ENERO 2004.
 * Considerando**, que finalmente, por todo cuanto acaba de exponerse y por él examen del fallo impugnado, es evidente que éste contiene motivos suficientes y pertinentes que lo justifican, y una relación de hechos que permiten apreciar que la ley fue bien aplicada; que, por consiguiente, en el mismo no se ha incurrido en los vicios y violaciones denunciados, por lo cual el recurso de casación incidental que se examina carece también de fundamento y debe ser igualmente desestimado.

B.J. NO. 1118, ENERO 2004
 * Considerando**, que por tratarse en el caso de una sentencia preparatoria que no puede ser recurrida en casación sino conjuntamente con el fondo, procede que el recurso de casación dirigido contra la misma sea declarado inadmisible.

B.J. NO. 1118, ENERO 2004.


 * Considerando**, que el recurrente no ha demostrado como le corresponde que el comprador del solar en discusión y ahora recurrido señor Alexis de Jesús Camilo Morel, haya incurrido, ni participado en ninguna maniobra, ni acto fraudulento al adquirir por compra dicho solar, que puede afectar de nulidad el contrato de venta otorgado en su favor por el señor Néstor Porfirio Pérez Morales; que por consiguiente y contrariamente a como lo pretende el recurrente no se ha incurrido, al fallar el asunto como lo hizo el Tribunal a-quo en la alegada violación de los artículos 1116 y 2268 del Código Civil;

B.J. NO. 1118, ENERO 2004.
 * Considerando**, que al no ser la sucesión una persona física, ni moral, ni jurídica, no puede actuar en justicia; que la falta de indicación tanto en el recurso como en la notificación del mismo hecho a la parte recurrida, del nombre, la profesión y el domicilio de cada uno de los componentes de dicha sucesión, como ocurre en la especie en que en el memorial introductivo del recurso no figuran esos datos, puesto que sólo aparecen los señores Dora Reyes, Mirilio Castillo Canó, Sergio Brea Siri y Benito Arias, hace inadmisible el recurso de casación de que se trata.

B.J. NO. 1118, ENERO 2004.
 * Considerando**, que las disposiciones del artículo 174 de la Ley de Registro de Tierras son terminantes al disponer que en los terrenos registrados de conformidad con la referida ley no habrá derechos ocultos, por lo que toda persona a cuyo favor se hubiere expedido un certificado de título, en virtud de una decisión o de una resolución del Tribunal Superior de Tierras o de un acto traslativo de propiedad realizado a título oneroso y de buena fe, retendrá dicho terreno libre de las cargas y gravámenes que no figuren en el certificado.

B.J. NO. 1118, ENERO 2004.
 * Considerando**, que en relación con el segundo medio del recurso, en la sentencia impugnada se expone al respecto lo siguiente: “Que, en cuanto al mismo recurso de apelación de fecha 23 de abril del 2001, este tribunal ha comprobado que efectivamente en el expediente existe la copia certificada del referido testamento, regular y legalmente expedida, que hace prueba del mismo, y que la parte impugnada de este acto no ha probado sus alegatos, ya que se fundamenta en supuestas declaraciones verbales sobre que el notario no posee la matriz del acto auténtico ya referido; que conforme el artículo 1315 del Código Civil, todo el que alega un hecho en justicia debe probarlo; que no basta con alegar; que no habiendo prueba que fundamente la impugnación y existiendo la prueba en el expediente del testamento, procede rechazar este argumento, por improcedente y carente de base legal; que, por todo lo anteriormente señalado, se rechaza en cuanto al fondo, el recurso de apelación que se ha ponderado”; que este criterio del Tribunal a-quo es correcto en derecho, por lo que el segundo medio del recurso carece de fundamento.

B.J. NO. 1118, ENERO 2004.
 * Considerando**, que en la sentencia impugnada se expresa al respecto lo siguiente: “Que en cuanto al fondo, este Tribunal ha comprobado, por el estudio del acta introductiva del recurso y de cada uno de los documentos que conforman el expediente, así como de la instrucción del caso, que la parte apelante sustenta su recurso de apelación, en síntesis, en el argumento de que fueron favorecidos por el Estado Dominicano de una donación del inmueble en litis, y que en ningún momento se realizó permuta alguna para hacerse beneficiario de la donación referida; que prueba de ello es que no se ha depositado ningún documento que pruebe la presunta permuta que alega la contraparte y que acogió la Juez a-quo en su decisión hoy recurrida; que por tanto solicitan la revocación de la decisión apelada; que, la parte intimada respondió, en síntesis, alegando que sí hubo permuta pero no se suscribió ningún contrato; que así consta en las notas estenográficas de la audiencia celebrada por este Tribunal en fecha 29 de marzo del 2001; que solicitó que se confirme la decisión recurrida y que se rechacen las conclusiones de la parte apelante.

B.J. NO. 1118, ENERO 2004.
 * Considerando**, que de conformidad con el artículo 6 de la Ley sobre Procedimiento de Casación, el emplazamiento ante la Suprema Corte de Justicia, debe contener a pena de nulidad, entre otras enunciaciones, los nombres y residencia de la parte recurrida; que de acuerdo con el artículo 135 de la Ley de Registro de Tierras, cuando el Tribunal de Tierras haya ordenado el registro de derechos en forma innominada a favor de una sucesión, la parte que quiere recurrir en casación deberá hacerlo siguiendo las reglas del derecho común, pero la notificación del emplazamiento se considerará válidamente hecha en manos de aquellos miembros de dicha sucesión cuyos nombres figuren en el proceso, los cuales deberá obtener la parte interesada por medio de una certificación expedida por el Secretario del Tribunal. Que además, el emplazamiento deberá ser notificado también al abogado del Estado, para que éste, en la forma como acostumbra a hacer el tribunal sus notificaciones, o sea por correo certificado, entere a las partes interesadas de la existencia del recurso de casación y estas a su vez puedan proveer a su representación y defensa conforme a la Ley sobre Procedimiento de Casación.

B.J. NO. 1118, ENERO 2004.
 * Considerando**, que en las motivaciones de la sentencia impugnada, consta: “Que como única prueba de su despido el recurrente deposita en su escrito de conclusiones una “carta de despido de fecha 8 de agosto del 2001, cálculo de la Secretaría de Estado de Trabajo del 9 de agosto del 2001”, depósito que se hace el día 31 de enero del 2003, después de ambas partes haber concluido el fondo, y en violación de las disposiciones legales que regulan la materia, que disponen que los documentos deben depositarse conjuntamente con el escrito inicial o en su defecto con una instancia en solicitud de admisión de dichos documentos en los casos que procede; que esta admisión de cualquiera de los modos de pruebas señalados en el artículo que antecede, queda subordinada a que su producción se realice en el tiempo y en la forma determinada por la ley, cosa que no ha observado el recurrente, por lo que estamos en la obligación de excluir dicho documento del debate; que en vista de que el recurrente y demandante original alega que fue despedido injustificadamente está en la obligación de establecer la prueba del hecho material del despido alegado, de acuerdo con el artículo 2 del Reglamento No. 258-93 para la aplicación del Código de Trabajo y el artículo 1315 del Código Civil, y no lo ha hecho, pues en el expediente no existe prueba documental y testimonial producida en tiempo hábil, motivo por el cual se rechaza por falta de prueba la argumentación de despido.

B.J. NO. 1119, FEBRERO 2004.
 * Considerando**, que por lo que se acaba de copiar de la sentencia impugnada se demuestra que para rechazar la instancia en solicitud de corrección de un error, el Tribunal a-quo no procedió en la especie en forma administrativa, como podía hacerlo, sino que conforme a lo que dispone el artículo 16 de la Ley de Registro de Tierras, la Magistrada Presidente del Tribunal Superior de Tierras se designó conjuntamente con los demás jueces que firman la decisión impugnada para conocer del expediente formado con atención a dicha solicitud, fijando audiencia para el día 3 de abril del 2003 y no obstante la injustificada incomparecencia de la impetrante señora Olga E. Bisonó Mera, el tribunal concedió a ésta un plazo de 30 días para “que presente conclusiones y argumentos sobre su instancia de apoderamiento de corrección de error, plazo que empezaría a correr a partir de la transcripción de las notas estenográficas”; de todo lo cual se infiere que carecen de fundamento las argumentaciones relativas a su audición porque nadie puede prevalerse de su propia falta.

B.J. NO. 1119, FEBRERO 2004.
 * Considerando**, que en cuanto a que se desnaturalizaron los hechos porque los jueces del fondo no hacen constar en qué período se publicó el aviso de mensura, aunque el juez de primer grado da constancia en su decisión que comprobó que el referido aviso de mensura se publicó en un periódico de circulación nacional el 14 de agosto de 1991, resulta procedente destacar que los propios recurrentes en su memorial de casación afirman que el agrimensor contratista lo fue el señor Anexto A. Fray Acosta, quien hizo dicha publicación en el periódico “El Sol”, de fecha 14 de agosto de 1998; de acuerdo con el párrafo único del artículo 59 de la Ley de Registro de Tierras: “Independientemente de las formalidades establecidas por los artículos precedentes para la publicación, distribución y fijación de los avisos de mensura, el Tribunal Superior de Tierras podrá disponer, cuando las circunstancias lo requieran, el cumplimiento de formalidades adicionales”, por lo que si el Tribunal de Tierras no hizo uso de las facultades que le atribuye este texto, es porque al examinar la referida publicación la entendió conforme a la ley, por lo que el aspecto que se examina del presente recurso de casación carece de fundamento y debe ser desestimado.

B.J. NO. 1119, FEBRERO 2004.
 * Considerando**, que de conformidad con la primera parte del artículo 1404 del Código Civil “Los inmuebles que poseen los esposos el día de la celebración del matrimonio, o que adquieren durante su curso a título de sucesión, no entran en comunidad”...; que por consiguiente, si se comprueba como ocurrió en la especie que el esposo inicio la posesión del inmueble 20 años antes del matrimonio con la señora Evangelista Grullard, este permanece siendo un bien propio del señor Leonardo Garabito, aún cuando el plazo de la prescripción se cumpla durante el matrimonio; que por tanto, la esposa del señor Leonardo Garabito, no tenía sobre el inmueble de que se trata ningún derecho, por tratarse en el caso de un bien propio del marido; que, en consecuencia, la solución dada por el Tribunal Superior de Tierras en la sentencia impugnada en el aspecto que se examina, es correcta en derecho, según resulta de los artículos 1401 y siguientes del Código Civil.

B.J. NO. 1119, FEBRERO 2004.
 * Considerando**, que en la especie consta en la decisión impugnada que la misma fue fijada en la puerta del Tribunal que la dictó el 5 de diciembre del 2001; que, por tanto, el plazo para el depósito del memorial de casación, por ser franco, vencía el 7 de febrero del año 2002, plazo que aumentado en ocho (8) días más en razón de la distancia entre el municipio de La Isabela, de Puerto Plata, domicilio del recurrente y la ciudad de Santo Domingo, asiento de la Suprema Corte de Justicia, debía extenderse hasta quince (15) de febrero del 2001, ya que el término se aumenta en un día por cada 30 kilómetros de distancia o fracción mayor de 15 kilómetros; que habiendo sido interpuesto el recurso el día 25 de abril del 2002, mediante el depósito ese día del memorial correspondiente en la Secretaría de la Suprema Corte de Justicia, resulta evidente que dicho recurso fue interpuesto tardíamente y en consecuencia debe ser declarado inadmisible.

B.J. NO. 1119, FEBRERO 2004.
 * Considerando**, que en las motivaciones de la sentencia impugnada consta lo siguiente: “Que por Decisión No. 3, dictada en fecha 6 de diciembre de 1976, aprobada con modificaciones por la Decisión No. 12, de fecha 23 de julio de 1982, que aprobó la línea divisoria de la Parcela No. 102-A-4-A, trazada por el agrimensor Luis A. Yépez Féliz, declara en su dispositivo, el área correspondiente a la porción de cada uno de dichos copropietarios y al referirse a las manzanas y solares que corresponde a cada uno, señala que los solares 10 al 12 de la Manzana No. 1644, “Quedan ubicados en la parte deslindada a los Sucesores de Ludovino Fernández, su cónyuge superviviente común en bienes y los causantes de estos, presentes y futuros y a cualquier título que sea”; que aún cuando el Dr. Daniel Antonio Guzmán González, compró al señor Néstor Porfirio Pérez Morales, en una fecha en la cual aún le restaban derechos en la parcela que nos ocupa, el solar adquirido por él, por disposiciones de la decisión antes señalada había quedado dentro de los derechos pertenecientes a los Sucesores de Ludovino Fernández; que el Lic. Julio García Báez y la Sra. Lorenza Salomé Pichardo de García, a su vez le compraron dicho solar al señor Dr. Daniel Antonio Guzmán, quienes construyeron su casa, en la cual residen desde que la adquirieron; que ambos son terceros adquirientes a título oneroso y de buena fe, por lo cual, aún cuando legalmente es imposible reconocerles derechos de propiedad sobre el solar, por las razones expuestas, las cuales dejan establecido que compraron mal, procede declarar las mejoras construidas de buena fe y adjudicarle las mismas a sus legítimos propietarios, señores Lic. Julio A. García Báez y Lorenza Salomé Pichardo de García.

B.J. NO. 1119, FEBRERO 2004.
 * Considerando**, que también se expone en la decisión recurrida lo siguiente: “Que al examinar la decisión apelada, la documentación que la sustenta, la instrucción llevada al efecto y los hechos y circunstancias de la causa, así como los alegatos de las partes en litis, en relación con el inmueble de que se trata, este tribunal de alzada ha observado que el aspecto fundamental a que se contrae la presente litis, se contrae por una parte a que la señora Fátima Hiraldo Vargas de Vizcaíno, alega que el inmueble objeto de la presente apelación, es un bien que corresponde a la comunidad matrimonial que existe entre ella y su esposo el señor Luis Gonzaga Vizcaíno y que él dispuso del mismo sin su consentimiento; mientras que por la otra parte, la señora Deyanira Vizcaíno Bernal, alegó, que ella compró al amparo de un certificado de título que tiene la garantía del Estado Dominicano y que es una tercera adquiriente a título oneroso y de buena fe; este tribunal se ha formado su convicción en el sentido tal como lo ha alegado la señora Fátima Hiraldo Vargas de Vizcaíno, la porción de terreno de 11.50 metros lineales por 33 metros lineales, construida por el señor Luis Gonzaga Vizcaíno, dentro del ámbito de la Parcela No. 274, del Distrito Catastral No. 2, del municipio de Baní, es un bien que fue adquirido dentro de la comunidad matrimonial existente entre ellos y que siendo el mismo el asiento de la vivienda familiar no podía disponer el esposo sin el consentimiento expreso de la esposa común en bienes, en consecuencia los alegatos planteados por el apelante, señor Luis Gonzaga Vizcaíno carecen de fundamento jurídico, por lo que su recurso de apelación será rechazado por improcedente, mal fundado y carente de base legal como se dispondrá en el dispositivo de la presente sentencia. Que en cuanto al recurso presentado por los señores Deyanira Vizcaíno y Leonel Vizcaíno, por conducto de su abogado el Lic. Efraín Arias, en el que ambos alegan ser adquirientes de buena fe y a título oneroso, este tribunal estima, que comprobado el hecho de que los señores Luis Gonzaga Vizcaíno, Deyanira Vizcaíno y Leonel Vizcaíno, son tres hermanos, que se vendieron sucesivamente el referido inmueble sin que ninguno de los compradores haya entrado en posesión material del inmueble supuestamente comprado, y verificándose que en el último acto de venta de fecha 10 de agosto de 1997, aparece como vendedor el señor Luis Gonzaga Vizcaíno cuando en realidad éste ya le había vendido dicho inmueble a su hermano Leonel Vizcaíno Bernabel, según acto de venta de fecha 3 de febrero del mismo año 1997, y que observándose además, que debajo de la firma de Luis Gonzaga Vizcaíno, también aparece la firma de su hermana Deyanira Vizcaíno Bernabel, es evidente, que ambos hermanos no pueden pretender ser considerados como terceros adquirientes de buena fe y a título onerosos, habidas cuentas que sus actuaciones en las operaciones de ventas señaladas han puesto de manifiesto que los tres hermanos tenían conocimiento pleno de las maniobras dolosas que estaban envueltas en dicha operación, con el objeto de sacar el referido inmueble de los bienes que forman parte de la comunidad matrimonial existente entre los esposos Fátima Hiraldo Vargas de Vizcaíno y el señor Luis Gonzaga Vizcaíno, en consecuencia dicho recurso también será rechazado por falta de base legal.

B.J. NO. 1119, FEBRERO 2004.
 * Considerando**, que en efecto, el examen de la sentencia impugnada y de los documentos a que ella se refiere, pone de manifiesto que al conocerse el recurso en revisión por causa de fraude intentado por los señores Angelito Roustand y compartes, por ante el Tribunal a-quo, la parte intimada en ese recurso, ahora recurrente en casación, concluyó solicitando que se declarara inadmisible el recurso de revisión ya aludido en virtud de que existe un tercer adquiriente que lo es el Ing. Carlos Miranda y pidiendo que se le concediera un plazo de 30 días para depositar un escrito ampliatorio; que el tribunal luego de esas conclusiones y después de deliberar, concedió a los abogados de los recurrentes en revisión un plazo de 30 días a partir de la transcripción de las notas estenográficas de la audiencia para el depósito de un escrito de conclusiones, y al abogado del ahora recurrente un plazo igual de 30 días para contestar el escrito anterior; que depositados los escritos por los abogados de las partes y el correspondiente dictamen del abogado del Estado, el tribunal procedió a conocer el caso y produjo la decisión ahora impugnada, rechazando las conclusiones de la actual recurrente, acogiendo el recurso de revisión por causa de fraude del que estaba apoderado y ordenando la celebración de un nuevo saneamiento de la parcela en discusión; que al no proceder a fijar una nueva audiencia, como era procedente en el caso, para que el intimado ahora recurrente, fuera oído en sus conclusiones sobre el fondo, emitió el fallo impugnado en la forma que ya se ha expresado más arriba, violando así el derecho de defensa del recurrente.

B.J. NO. 1119, FEBRERO 2004.
 * Considerando**, que cuando se trata de terrenos registrados, como ocurre en la especie, ninguna persona puede levantar mejoras en dicho terreno sin autorización expresa del dueño de ese terreno, y si lo hace, no puede ser colocado en ninguna de las situaciones jurídicas pretendidas por los recurrentes, puesto que no siendo posible en un terreno registrado, que es imprescriptible, levantar mejoras de ninguna naturaleza, ni realizar acto alguno de posesión en perjuicio del dueño, quien así actúa, pierde todo derecho a formular reclamaciones sobre dichas mejoras; que por consiguiente, en la especie, puesto que se trata de terreno registrado, las referidas mejoras quedan regidas estrictamente por el ya transcrito párrafo único del artículo 127 de la Ley de Registro de Tierras, puesto que todo el procedimiento establecido por dicha ley tiene a estabilizar el derecho de propiedad y los derechos reales accesorios con el registro que le pone término a dicho procedimiento.

B.J. NO. 1119, FEBRERO 2004.
 * Considerando**, que el examen del fallo impugnado pone de relieve que los derechos reclamados por la recurrente y que alega haber adquirido de Francisco Carrasco se remonta a la época del proceso de saneamiento de ese terreno, derecho que no hizo valer, ni ha demostrado por documento tenerlo regularmente hecho, ni en ninguna otra forma, por lo cual quedaron aniquilados por el mismo.

B.J. NO. 1120, MARZO 2004.
 * Considerando**, que al fallar de ese modo el Tribunal a-quo no señala como era su deber, quien realizó ese avaluó, si fue un particular, si lo hizo el Catastro Nacional o si por el contrario fue el propio tribunal el que realizó el mismo, sino que se limitó a acoger y aplicar un avaluó al que atribuye haber sido realizado de conformidad con los Decretos Nos. 328-98 y 329-98, sin explicar si para ello se dio cumplimiento a las disposiciones que para el caso establecen las Leyes Nos. 344 de 1943 y sus modificaciones y 317 de 1968, por lo que, la sentencia impugnada debe ser casada.

B.J. NO. 1120, MARZO 2004.
 * Considerando**, que de acuerdo con lo que dispone el artículo 134 de la Ley de Registro de Tierras, el recurso de casación será interpuesto, instruido y juzgado, tanto en materia civil como en materia penal, conforme a las reglas del derecho común; que el artículo 5 de la Ley sobre Procedimiento de Casación prescribe que en los asuntos civiles y comerciales el recurso de casación se interpondrá mediante memorial suscrito por abogado, con indicación de los medios en que se funda, que deberá ser depositado en la secretaría de la Suprema Corte de Justicia, en los dos meses de la notificación de la sentencia; que por otra parte, de conformidad con la parte final del artículo 119 de la Ley de Registro de Tierras, los plazos para ejercer los recursos contra las decisiones dictadas por el Tribunal de Tierras, se cuentan desde la fecha de la fijación del dispositivo de la sentencia en la puerta principal del Tribunal que la dictó.

B.J. NO. 1120, MARZO 2004.
 * Considerando**, que al comprobar el Tribunal a-quo que el contrato de venta fue suscrito en fecha 8 de julio de 1982 y la demanda en nulidad del contrato en discusión fue introducida al Tribunal a-quo mediante instancia de fecha 20 de mayo de 1999, o sea, más de 16 años después de la suscripción de dicho contrato, y rechazar la referida instancia, no ha incurrido en las violaciones alegadas por el recurrente; que si es cierto que el tribunal debió declarar dicha instancia inadmisible en lugar de rechazarla, no es menos cierto que los efectos y las consecuencias de tal decisión no varía la solución dada al caso, lo que no invalida la decisión impugnada, por lo que los medios del recurso que se examinan carecen de fundamentos y deben ser desestimados y en consecuencia rechazado el presente recurso.

B.J. NO. 1120, MARZO 2004.
 * Considerando**, que el examen del expediente contentivo del recurso de casación de que se trata revela que la recurrente según el acto No. 260-2003, de fecha 7 de agosto del 2003, instrumentado por el alguacil Pedro Pablo Brito Rosario, Ordinal de la Cámara Penal, Sala 4, del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional, procedió a emplazar a los recurridos en la forma siguiente: 1) al señor José Candelario Castellanos Liriano, en su domicilio y residencia de la casa No. 19 de la calle 13 del Mirador Norte de esta ciudad; y 2) a los señores José E. Castellanos Cruz, José C. Castellanos Liriano, José E. Castellanos Garden, José L. Castellanos Regalado; José A. Castellanos Calcagño, Mercedes V. Calcagño, Sileny Castellanos Calcagño, Mercedes P. Castellanos Liriano y Juana (Maritza) Almonte Almonte, en el estudio profesional del Dr. Luis Francis Corporán, situado en el Hotel El Embajador de esta ciudad.

B.J. NO. 1120, MARZO 2004
 * Considerando**, que el derecho de propiedad que reclaman los recurrentes tiene como fundamento la asignación provisional de los terrenos en discusión que el Instituto Agrario Dominicano le hizo a su padre, señor Raúl Vargas Espinal, a quien le fué cancelada la misma y a cuya muerte dicho organismo se la asignó provisionalmente primero y definitivamente después, con el correspondiente certificado de título, a la señora Ana Mercedes Vargas, hija del difunto “porque era la que cultivaba la parcela y la tenía en buena producción cumpliendo los objetivos de la reforma agraria”; en consecuencia, cuando el Tribunal a-quo señala en el fallo impugnado que la recurrida fue asentada como parcelera y le otorgó el certificado de título como propietaria en uso de las facultades legales de que el Instituto Agrario Dominicano (IAD) se encuentra investido por tratarse de terrenos registrados a su nombre, no hizo otra cosa que interpretar correctamente lo que dispone el artículo 173 de la Ley de Registro de Tierras, razones por las cuales el presente recurso carece de fundamento y debe ser desestimado.

B.J. NO. 1120, MARZO 2004.
 * Considerando**, que el estudio de la sentencia impugnada pone de manifiesto que de conformidad con el artículo 68 del Código de Procedimiento Civil, el emplazamiento debe ser notificado al demandado, ya sea personalmente o en su domicilio; que al haber sido notificado el emplazamiento del presente recurso de casación, tal como consta en los actos ya mencionados, en el estudio de los abogados que habían representado a los recurridos ante el Tribunal de Tierras y no a éstos últimos personalmente, ni en su domicilio, como lo exige la disposición legal antes indicada, dicho emplazamiento no es válido.

B.J. NO. 1120, MARZO 2004.
 * Considerando**, que de acuerdo con lo que dispone el artículo 134 de la Ley de Registro de Tierras, el recurso de casación será interpuesto, instruido y juzgado, tanto en materia civil como en materia penal, conforme a las reglas del derecho común; que el artículo 5 de la Ley sobre Procedimiento de Casación, prescribe que en los asuntos civiles y comerciales el recurso de casación se interpondrá mediante memorial suscrito por abogado, con indicación de los medios en que se funda, que deberá ser depositado en la secretaría de la Suprema Corte de Justicia, en los dos meses de la notificación de la sentencia; que por otra parte, de conformidad con la parte final del artículo 119 de la Ley de Registro de Tierras, los plazos para ejercer los recursos contra las decisiones dictadas por el Tribunal de Tierras, se cuentan desde la fecha de la fijación del dispositivo de la sentencia en la puerta principal del tribunal que la dictó.

B.J. NO. 1120, MARZO 2004.
 * Considerando**, que sin embargo, el examen tanto de la Decisión No. 2 de fecha 4 de abril de 1997, dictada por el Tribunal Superior de Tierras de Jurisdicción Original, como de la sentencia ahora impugnada, ponen de manifiesto que en ninguna de las dos se menciona el nombre de la ahora recurrente S. Gil Morales, C. por A., como tampoco se hace constar, ni se expresa en ellas si los jueces del fondo que conocieron de la litis de que se trata, comprobaron si dicha recurrente al no comparecer fue citada para que estuviera debida y legalmente representada como es de rigor en su caso, en las audiencias celebradas por dichos tribunales; que tampoco existe en el expediente las prueba o constancia de que la referida compañía fuera citada, ni legalmente representada por algún funcionario de la misma con calidad para ello; que en tales condiciones resulta evidente que la recurrente fue privada de ejercer su derecho de presentar sus pruebas y alegatos y formular sus conclusiones en apoyo de sus pretensiones en relación con el asunto de que se trata, por todo lo cual el tribunal incurrió en el fallo impugnado en violación al derecho de defensa; que en consecuencia, dicha sentencia debe ser casada, sin que sea necesario ponderar el otro medio del recurso.

B.J. NO. 1121, ABRIL 2004.
 * Considerando**, que de conformidad con lo que dispone el artículo 7 de la Ley de Registro de Tierras, el Tribunal de Tierras tiene la más amplia competencia para conocer no solo en el saneamiento de un terreno, sino igualmente en las litis sobre terrenos registrados de todas las demandas que se promueven por las partes interesadas, incluyendo las demandas en falsedad, la verificación de firmas, el peritaje, así como de todas las cuestiones que surjan con motivo de dichas demandas o que sea necesario ventilar para la correcta aplicación de la ley que rige la materia.

B.J. NO. 1121, ABRIL 2004.


 * Considerando**, que en presencia de esa situación o de tal pedimento los jueces del fondo han debido determinar en juicio público y contradictorio a la luz de la documentación que le fuera regularmente aportada, tratándose de una litis sobre terreno registrado y previas la formalidades de instrucción del proceso, si la porción de terreno objeto del presente litigio formaba o no parte de lo vendido en exceso por Néstor Porfirio Pérez Morales, para sobre esa base dictar la decisión correspondiente;

B.J. NO. 1121, ABRIL 2004.


 * Considerando**, asimismo de acuerdo con el artículo 1314 del mismo código: “Cuando se han llenado las formalidades requeridas respecto a los menores o incapacitados por la ley, bien sea para la enajenación de bienes inmuebles o para la partición en una sucesión, son considerados relativamente a estos actos como si lo hubieran hecho en su mayor edad, o antes de la interdicción”;


 * Considerando**, que tal como se expresa en la sentencia impugnada, la circunstancia de que transcurrieron más de veinte años desde la fecha del acto de venta impugnado, o sea, desde el 4 de junio de 1976, al 28 de marzo del 2000 fecha de la instancia dirigida por los recurrentes al Tribunal a-quo, es evidente que dicha demanda en nulidad de esa venta está prescrita, como correctamente lo comprobaron, establecieron y decidieron los jueces del fondo; que, una vez que el Tribunal a-quo comprobó que la acción de los recurrentes había prescrito, resultaba innecesario estatuir sobre el fondo de la demanda; que por consiguiente, los motivos expuestos en la decisión impugnada sobre este último aspecto eran irrelevantes y superabundantes; que, por tanto, los medios del recurso carecen de fundamento y deben ser desestimados.

B.J. NO. 1121, ABRIL 2004.
 * Considerando**, que los jueces del fondo para fallar en la forma que lo hicieron respecto de la parcela en discusión, se fundamentaron en los resultados de la instrucción del asunto, para lo cual disfrutan de poder soberano en la apreciación de las pruebas que le son regularmente aportadas, sin que con ello al hacerlo, incurran en ninguna violación, salvo desnaturalización, que no ha sido invocada en el presente caso.

B.J. NO. 1122, MAYO 2004.
 * Considerando**, que de conformidad con el artículo 1315 del Código Civil “Todo el que alega un hecho en justicia debe probarlo”; que en la especie, el Tribunal a-quo para fallar el caso en la forma que lo hizo expresa en su sentencia que del estudio y ponderación de cada una de las piezas del expediente y de la instrucción del caso llegó a la convicción en el sentido de que la legítima propietaria del inmueble en discusión lo es la recurrida Ana Lidia Cabral Noboa, quien lo adquirió por compra que del mismo hiciera al Instituto de Auxilios y Viviendas, tal como consta en el Certificado de Título No. 64-1378, que le fue expedido por el Registrador de Títulos del Distrito Nacional, y Certificado de Título que tiene fuerza ejecutoria y que debe ser aceptado en todos los tribunales de la República como documento probatorio de cuantos derechos, acciones y cargas aparecen en él; que en lo que respecta a las confesiones de ambas partes, procede declarar que no habiéndose producido las declaraciones de las partes en las condiciones que son de rigor para que las mismas puedan ser consideradas y asuman la fuerza probatoria de una confesión, no despoja sin embargo a dichas declaraciones del valor probatorio que, por estar unidas a otras circunstancias corroborativas, las entendió y les ha atribuido el tribunal; que los jueces pueden deducir de todas las declaraciones, alegatos y peticiones que las partes hagan en los litigios o lleguen a su conocimiento como resultado de la vista de la causa, las consecuencias probatorias que de tales declaraciones y peticiones resulten de lugar, aún cuando tales consecuencias resulten contrarias al interés de la parte que las ha producido, sin que pueda considerarse como una desnaturalización de los hechos; que en la especie la deducción y convicción del Tribunal a-quo se apoyó evidentemente, según se infiere del conjunto de los considerandos de su sentencia, en el certificado de título indicado precedentemente y en los demás documentos que le fueron regularmente aportados al debate, sin que los recurrentes hayan demostrado como es su obligación, que el contenido de los mismos haya sido alterado o cambiado por el tribunal en su perjuicio.

B.J. NO. 1122, MAYO 2004. **Considerando**, que en el desarrollo de sus tres medios reunidos, el recurrente alega en síntesis: a) que el Tribunal Superior de Tierras mediante la decisión recurrida “desestimó las características de la unidad del criterio jurisprudencial según lo proclaman los artículos 119, 125, 134, 252 y 253 de la Ley de Registro de Tierras; b) que el Tribunal a-quo no investigó, examinó ni ponderó para estatuir cada uno de los aspectos que le fueron señalados y c) que dicho fallo no contiene una exposición aunque sumaria de los puntos de hecho y de derecho sobre los cuales el tribunal basó su juicio decisorio” y que por tanto la sentencia recurrida adolece de falta de base legal.Alegato de los recurrentes. SIN IMPORTANCIA.

B.J. NO. 1122, MAYO 2004.
 * Considerando**, que en la especie consta que la decisión impugnada fue fijada en la puerta del Tribunal que la dictó el 10 de mayo del 2002; que, por tanto, el plazo para el depósito del memorial de casación por ser franco vencía el día 12 de julio del año 2002, el que aumentado en tres (3) días más en razón de la distancia entre la provincia de Bonao, domicilio de la recurrente y la ciudad de Santo Domingo, asiento de la Suprema Corte de Justicia, debía extenderse hasta el quince (15) de julio del 2002, ya que el término se aumenta en razón de un día por cada 30 kilómetros de distancia o fracción mayor de 15 kilómetros; que habiendo sido interpuesto el recurso el día 26 de septiembre del 2002, mediante el depósito ese día del memorial correspondiente, en la Secretaría de la Suprema Corte de Justicia, resulta evidente que dicho recurso fue interpuesto tardíamente y en consecuencia debe ser declarado inadmisible.

B.J. NO. 1122, MAYO 2004.
 * Considerando**, que en lo que se refiere a la supuesta violación al artículo 72, letra b) de la Ley de Registro de Tierras, conforme al cual se considerarán nulos los actos que previa investigación el tribunal los declare falsos o nulos, con motivo de algún defecto o vicio aparente o no, porque según alega la recurrente el Decreto del Poder Ejecutivo del 11 de diciembre de 1995, que autorizó a la Administración de Bienes Nacionales, a otorgar la venta de la porción de terreno a favor de los recurridos fue alterado, puesto que en el mismo se cambió el número 14 de la ubicación de la calle Colón, de Barahona, por el No. 3 de la misma calle que es la porción de terreno ocupada por la recurrente procede declarar que para que la violación del artículo 72, letra b), de la Ley de Registro de Tierras, quede configurada es necesario que el tribunal declare falso o nulo el documento y no obstante ello, lo tome en cuenta y falle fundándose en su contenido, lo que no ha ocurrido en la especie

B.J. NO. 1122, MAYO 2004


 * Considerando**, que según el derecho común, los emplazamientos deben notificarse, en principio, a la misma persona o en su domicilio, dejándole copia; que por otra parte, de acuerdo con el artículo 135 de la Ley de Registro de Tierras, modificado por la Ley No. 4479 de 1956, cuando el Tribunal haya ordenado el registro de derechos en forma innominada en favor de una sucesión, la parte que quiera recurrir en casación deberá hacerlo siguiendo las reglas del derecho común, lo que implica que la notificación deberá hacerse individualmente a cada recurrido, disponiéndose, sin embargo, conforme a dicho texto legal, que se considerará válidamente hecha la notificación en manos de la persona que haya asumido ante el Tribunal de Tierras la representación de la sucesión gananciosa y en manos de aquellos miembros de dicha sucesión cuyos nombres figuren en el proceso; que dicho texto dispone, además, que el emplazamiento deberá también ser notificado al abogado del Estado, para que éste, en la forma en que acostumbra a hacer el Tribunal sus notificaciones, o sea, por correo certificado, entere a las partes interesadas de la existencia del recurso de casación y éstas a su vez puedan proveer a su representación y defensa conforme a la Ley sobre Procedimiento de Casación; que aunque la expresada disposición prevée expresamente el caso de que el registro de derechos sea ordenado en forma innominada en el saneamiento a favor de una sucesión, es necesario admitir que dicha disposición debe aplicarse, por identidad de razones, al caso en que el recurso de casación interpuesto sea relativo a una decisión que envuelva una determinación de herederos, por haber fallecido el dueño del derecho registrado.

B.J. NO. 1122, MAYO 2004


 * Considerando**, que asimismo de conformidad con el artículo 1404 del Código Civil, los inmuebles que poseen los esposos el día de la celebración del matrimonio no entran en comunidad; que por consiguiente, si se comprueba que uno de los esposos inició la posesión de un inmueble antes del matrimonio, éste permanece siendo un bien propio de dicho esposo, aún cuando el plazo de la prescripción se cumpla durante el matrimonio;

B.J. NO. 1122, MAYO 2004


 * Considerando**, que de acuerdo con lo que dispone el artículo 134 de la Ley de Registro de Tierras, el recurso de casación será interpuesto, instruido y juzgado, tanto en materia civil como en materia penal, conforme a las reglas del derecho común; que el artículo 5 de la Ley sobre Procedimiento de Casación prescribe que en los asuntos civiles y comerciales el recurso de casación se interpondrá por un memorial suscrito por abogado, con indicación de los medios en que se funda, que deberá ser depositado en la secretaría de la Suprema Corte de Justicia, en los dos meses de la notificación de la sentencia; que por otra parte, de conformidad con la parte final del artículo 119 de la Ley de Registro de Tierras, los plazos para ejercer los recursos contra las decisiones dictadas por el Tribunal de Tierras, se cuentan desde la fecha de la fijación del dispositivo de la sentencia en la puerta principal del Tribunal que la dictó;

B.J. NO. 1122, MAYO 2004


 * Considerando**, que el plazo de dos meses prescrito por el artículo 5 de la Ley sobre Procedimiento de Casación para interponer el recurso de casación debe ser observado a pena de caducidad; que por tanto, su inobservancia puede ser invocada en todo estado de causa y no siendo susceptible de ser cubierta por las defensas sobre el fondo, la Suprema Corte de Justicia, debe pronunciar de oficio la inadmisión resultante de la expiración del plazo fijado por el referido texto legal para la interposición del recurso, por tratarse de un asunto de orden público;

B.J. NO. 1122, MAYO 2004


 * Considerando**, que la resolución dictada por el Tribunal Superior de Tierras, el 2 de agosto del 2002, impugnada ahora en casación, no tiene el carácter de una sentencia definitiva dictada entre partes, sino de una disposición administrativa, por lo que el recurso interpuesto contra ella debe ser declarado inadmisible y, en consecuencia no procede el examen de los medios del recurso


 * B.J. NO. 1123, JUNIO 2004 ||


 * Considerando**, que a mayor abundamiento y contrariamente a lo que se expresa en la sentencia impugnada en relación con el artículo 726 del Código de Procedimiento Civil al sostener en la última parte del primer considerando de la página 6 “que las demandas en distracción sólo son posibles cuando el embargo hubiere sido trabado sobre terrenos registrados y sus mejoras, lo que no ocurre en los terrenos no registrados y sus mejoras, en los cuales se decidirá quien es el propietario”; que evidentemente constituye un error del Tribunal a-quo la afirmación que se acaba de copiar, ya que precisamente la parte final del referido texto legal dispone todo lo contrario al establecer que: “no se admitirán demandas en distracción cuando el embargo hubiere sido trabado sobre terrenos registrados o sus mejoras”

B.J. NO. 1123, JUNIO 2004


 * Considerando**, que por lo que se acaba de copiar se comprueba que el Tribunal a-quo, mediante el examen y ponderación de las pruebas sometidas al debate estableció que el recurso de apelación mencionado era tardío y por tanto inadmisible, por lo que los agravios dirigidos contra ese aspecto de la decisión impugnada deben ser rechazados por carecer de fundamento;

B.J. NO. 1123, JUNIO 2004


 * Considerando**, que los recurrentes no han indicado ni explicado en que consiste la alegada desnaturalización de los hechos, la falta de base legal y la contradicción de motivos, ni en qué aspectos de la sentencia se incurre en esos vicios por ellos señalados;

B.J. NO. 1123, JUNIO 2004


 * Considerando**, que de conformidad con el artículo 68 del Código de Procedimiento Civil, el emplazamiento debe ser notificado al demandado, ya sea personalmente o en su domicilio; que al haber sido notificado el emplazamiento del presente recurso de casación, tal como consta en el acto ya mencionado, en el domicilio de las co-recurridas y no a los Sucesores personalmente, ni en su domicilio, como lo exige la disposición legal antes indicada, dicho emplazamiento no es válido;

B.J. NO. 1123, JUNIO 2004


 * Considerando**, que no obstante lo anterior el examen de los argumentos contenidos en el cuarto medio del memorial de casación, el cual se examina en primer término por su carácter sustantivo, el recurrente sostiene en síntesis, que ni él, ni sus abogados fueron citados a la audiencia celebrada por el Tribunal a-quo para conocer del recurso de apelación por él interpuesto contra la sentencia dictada por el Tribunal de Tierras de Jurisdicción Original; que nunca recibieron citación alguna para comparecer a dicha audiencia, lo que no hicieron por esa causa, al ignorar que en la fecha que se indica en la sentencia se celebraría una audiencia para conocer del asunto;

B.J. NO. 1123, JUNIO 2004


 * Considerando**, que de conformidad con el numeral 9 del artículo 11 de la Ley de Registro de Tierras, los jueces del Tribunal de Tierras en ejercicio de sus funciones están facultados para disponer discrecionalmente, cualquier medida que estimen conveniente para la mejor solución de los casos sometidos a su consideración y solución, por lo que dichos jueces pueden desestimar cualquier medida de instrucción que les sea solicitada cuando determine y establezca que dicha medida resulta realmente innecesaria por existir en el expediente no solo el resultado de la misma medida ya ordenada y celebrada por el Tribunal de Primer Grado, sino además, otros documentos y pruebas suficientes para edificar la convicción de los jueces;

B.J. NO. 1123, JUNIO 2004


 * Considerando**, que en materia civil y comercial el memorial de casación debe, en principio, indicar los medios en que se funda y los textos legales que a juicio del recurrente han sido violados por la sentencia impugnada, a menos que se trate de medios que interesan al orden público; que en consecuencia, tal como alega el recurrido en su memorial de defensa, la Suprema Corte de Justicia, en funciones de Corte de Casación, debe pronunciar aún de oficio, la inadmisibilidad del recurso cuando el memorial introductivo no contenga las menciones señaladas;

B.J. NO. 1123, JUNIO 2004


 * Considerando**, que de acuerdo con lo que dispone el artículo 134 de la Ley de Registro de Tierras, el recurso de casación será interpuesto, instruido y juzgado, tanto en materia civil como en materia penal, conforme a las reglas del derecho común; que el artículo 5 de la Ley sobre Procedimiento de Casación prescribe que en los asuntos civiles y comerciales el recurso de casación se interpondrá por un memorial suscrito por abogado, con indicación de los medios en que se funda, que deberá ser depositado en la secretaría de la Suprema Corte de Justicia, en los dos meses de la notificación de la sentencia; que por otra parte, de conformidad con la parte final del artículo 119 de la Ley de Registro de Tierras, los plazos para ejercer los recursos contra las decisiones dictadas por el Tribunal de Tierras, se cuentan desde la fecha de la fijación del dispositivo de la sentencia en la puerta principal del Tribunal que la dictó;

B.J. NO. 1123, JUNIO 2004


 * Considerando**, que el plazo de dos meses establecido por las leyes de procedimiento debe ser contado de fecha a fecha, no computándose en el, de conformidad con la regla general contenida en el artículo 1033 del Código de Procedimiento Civil, el día de la notificación, ni el del vencimiento, cuando el mismo es franco, como ocurre en esta materia, tal como lo prescribe el artículo 66 de la Ley sobre Procedimiento de Casación;

B.J. NO. 1123, JUNIO 2004


 * Considerando**, que en relación con la supuesta violación del artículo 62 de la Ley de Registro de Tierras, que ciertamente faculta al Tribunal Superior de Tierras tal como lo afirma el recurrente- a dictar las órdenes que fueren necesarias para evitar que en un terreno en el cual se efectúa una mensura catastral se realicen trabajos de cualquier naturaleza con los cuales se trate de crear ventajas indebidas hasta que sean aprobados los planos sometidos a la Dirección General de Mensuras Catastrales, resulta procedente tomar en cuenta las disposiciones del artículo 9 de la misma ley, según el cual: “Mientras dure el período de saneamiento, la competencia del Tribunal de Tierras es absoluta y exclusiva para conocer de todas las acciones que se refieran a los bienes en saneamiento, salvo las excepciones previstas en la presente ley. el Tribunal de Tierras podrá ordenar, en Jurisdicción Original, no obstante revisión o cualquier otro recurso, medidas provisionales que no causen perjuicio al fondo, en los casos de urgencia, o cuando se trate de fallar provisionalmente sobre las dificultades relativas a la ejecución de un título ejecutivo o de una sentencia”; que, lo anterior indica que se trata de dos situaciones que hay que distinguir y que resultan diferentes para comprender cual es el tribunal competente en uno y en otro caso; que, de la simple lectura del artículo 62, se infiere que la demanda o pedimento de suspensión o de cualesquiera otras órdenes o medidas solo las conoce el Tribunal Superior de Tierras, en instancia única, en relación con un terreno en que se practica una mensura y hasta el momento en que los planos correspondientes sean aprobados por la Dirección General de Mensuras Catastrales; que, a partir de ésta aprobación, ya no compete al Tribunal Superior de Tierras, sino al de Jurisdicción Original que sea apoderado para conocer del proceso de saneamiento, la facultad de dictar o no las medidas provisionales correspondientes; que esa competencia del Tribunal de Tierras de Jurisdicción Original, se extiende a los casos en que se trate de fallar provisionalmente sobre dificultades relativas a la ejecución de un título ejecutorio o de una sentencia; que las facultades que éste último texto legal combinado con el ordinal 9 del artículo 11 de la misma ley atribuye a los jueces del Tribunal de Tierras, para ordenar cuantas medidas provisionales, no están restringidas a los casos de saneamiento de un terreno, sino que se aplican también en las litis sobre terreno registrado, las cuales sin embargo, no tienen un carácter imperativo, por lo cual entran dentro de los poderes de los jueces apreciar la utilidad y la conveniencia o no de dichas medidas, bastando para ello con que ofrezcan en sus decisiones los motivos pertinentes y suficientes al respecto, como ocurre en la especie, según resulta del examen del fallo impugnado;

B.J. NO. 1123, JUNIO 2004


 * Considerando**, que finalmente de conformidad con lo que establece el artículo 132 de la Ley de Registro de Tierras “El recurso de casación podrá ejercerse contra las sentencias definitivas del Tribunal Superior de Tierras y contra la de los Jueces de Jurisdicción Original en los casos en que sean dictadas en último recurso...”; que las decisiones rendidas por el Tribunal de Tierras de Jurisdicción Original, no pueden ser recurridas en casación, puesto que se trata de simples proyectos que se convierten en sentencias definitivas después de haber sido revisadas, ya de oficio o con motivo de un recurso de apelación ante el Tribunal Superior de Tierras; que, las únicas sentencias de Jurisdicción Original que tienen un carácter definitivo por se dictadas en primera y única instancia y que por consiguiente pueden ser recurridas en casación, son aquellas a que se refieren los artículos 238 de la Ley de Registro de Tierras, que trata de determinados delitos y la apelación de las cuales está excluida por el artículo 252 de la misma ley, y al artículo 255 que se refiere a la competencia de los Jueces de Jurisdicción Original para conocer de las apelaciones contra las sentencias de los Juzgados de Paz en materia posesoria;

B.J. NO. 1123, JUNIO 2004


 * Considerando**, que el recurso de casación que se examina fue introducido ante la Suprema Corte de Justicia, mediante memorial depositado en la Secretaría de la misma el día 26 de agosto del 2003, contra la Decisión No. 44 del 19 de septiembre del 2002, dictada por el Tribunal de Tierras de Jurisdicción Original y en la cual aparece la constancia de haber sido fijada en la puerta principal del tribunal que la dictó, el día 23 de septiembre del 2002; que por consiguiente, al interponer los recurrentes el recurso de casación de que ahora se trata, en la fecha antes indicada, lo han hecho después de haberse vencido ventajosamente el plazo de dos meses que establece el artículo 5 de la Ley de Casación, por lo que también por ésta causa el mismo resulta inadmisible;

B.J. NO. 1123, JUNIO 2004


 * Considerando**, que el Tribunal a-quo determinó que los recurridos son adquirientes a título oneroso y que su vendedora, que estaba en pacífica posesión de los terrenos vendidos, estaba provista de su correspondiente certificado de título el cual tiene fuerza ejecutoria y debe aceptarse en todos los tribunales de la República como documento probatorio de cuantos derechos, acciones y cargas aparezcan en él, de conformidad con el artículo 173 de la Ley de Registro de Tierras;

B.J. NO. 1123, JUNIO 2004


 * Considerando**, que el artículo 2262 del Código Civil dispone lo siguiente: “Todas las acciones, tanto reales como personales, se prescriben por veinte años, sin que esté obligado el que alega esta prescripción a presentar ningún título ni que pueda oponérsele la excepción que se deduce de la mala fe.

B.J. NO. 1124, JULIO 2004.
 * Considerando**, que el artículo 95 del Reglamento No. 258-93, para la aplicación del Código de Trabajo dispone que: “Las resoluciones del Presidente de la Corte, como juez de los referimientos, pueden ser impugnadas en el término de un mes a partir de la notificación, ante la Suprema Corte de Justicia”, de donde se deriva el derecho de la parte, que no esté conforme, a recurrir en casación contra una decisión de esta naturaleza, razón por la cual el medio de inadmisión carece de fundamento y debe ser desestimado.

B.J. NO. 1124, JULIO 2004.
 * Considerando**, que en la sentencia impugnada consta lo siguiente: “Que del estudio y ponderación del expediente, este Tribunal ha comprobado que el conjunto de facturas depositadas por la parte apelante para probar el pago del precio convenido en la operación de venta del inmueble en litis, tiene una serie de deficiencias e irregularidades que no permite a este tribunal formarse la convicción de que realmente son pruebas legales del referido pago, ya que muchas de esas facturas no están firmadas por quien debió recibir los materiales, ni selladas por la destinataria de las mismas; tampoco contienen la especificación, algunas de ellas, de que la Constructora Domínguez, C. por A., realmente fue la beneficiaria de esos despachos; que de manera detallada la Juez a-quo expresó esas irregularidades en su decisión, contenidas en las páginas 19, 20 y 21 de la decisión recurrida; que esas expresiones no se reproducen en esta sentencia por economía de la misma, pero que se adoptan en todas sus extensiones; que no habiendo probado, por tanto, la parte apelante, de manera regular y legal, sus argumentos y agravios contra la decisión impugnada, y existiendo el principio legal de que en justicia no basta con alegar, hay que probar, conforme al artículo 1315 del Código Civil, este tribunal resuelve rechazar, en cuanto al fondo, el recurso de apelación que nos ocupa, por carecer de fundamento legal.

B.J. NO. 1124, JULIO 2004.
 * Considerando**, que el estudio detenido del fallo recurrido pone de manifiesto que en relación con las porciones de terreno que le fueron vendidas a la señora María Teresa Lantigua, por la señora Modesta Pérez V., quien a su vez las había adquirido por compra al señor Willian Antonio Sánchez, quien a su vez las había comprado al señor Luis José Román Capellán Germán y este al señor Manuel Moya, porciones de terreno que no han sido objeto de discusión entre las partes y las cuales fueron deslindadas, de cuyos trabajos resultaron las parcelas Nos. 236-A y 237-A las que al ser refundidas resultaron como Parcela 236-A-Refundida del Distrito Catastral No. 2 del municipio de Nagua, a favor de la mencionada señora María Teresa Antigua, deslinde y refundición a las que no se opusieron ninguna de las partes, por lo que el tribunal a la vez que aprobó dichos trabajos también ordenó la expedición en favor de María Teresa Lantigua del correspondiente certificado de título, tal como consta en los ordinales segundo y tercero de la decisión impugnada.

B.J. NO. 1124, JULIO 2004.
 * Considerando**, en cuanto a la incompetencia del Tribunal de Tierras para conocer de la demanda que originó la sentencia impugnada, el que se examina en primer término por tratarse de un asunto de carácter perentorio; que, de conformidad con el artículo 10 de la Ley de Registro de Tierras: “Los Tribunales Ordinarios serán competentes para conocer de toda demanda que se establezca con motivo de un procedimiento de embargo inmobiliario o de un mandamiento de pago tendiente a ese fin, aún cuando se relacione esta demanda con la propiedad del inmueble cuya expropiación se persiga; o con cualquier derecho susceptible de ser registrado, como acontece en la especie; que en tales condiciones resulta evidente que en la sentencia impugnada no se ha hecho una correcta aplicación de dicho texto legal.

B.J. NO. 1124, JULIO 2004.
 * Considerando**, que la sentencia que se limita a ordenar un nuevo juicio, como ocurre con el fallo impugnado, no reúne las condiciones exigidas por el artículo 1 de la Ley sobre Procedimiento de Casación, por no ser en última ni en única instancia, sino preparatoria; que, por consiguiente, el recurso de casación interpuesto contra la misma, debe ser declarado inadmisible.

B.J. NO. 1124, JULIO 2004.
 * Considerando **, que en su memorial introductivo, los recurrentes proponen contra la sentencia impugnada, los siguientes medios de casación: Primer Medio: Violación a la Ley de Registro de Tierras, artículos 117, 128, 130, 132 al 135, 148, 175, 186, 190, 193, párrafos 11-1-IV y V, 215, 216, 240 y 245; Segundo Medio: Violación de los artículos del Código Civil 1109, 1131, 1163, 1963, 2157, 2160, 2236, 2237, 224, 2245 y 2258; Tercer Medio: Violación de los artículos del Código de Procedimiento Civil Nos. 474 y 475; Cuarto Medio: Violación al artículo 41 de la Ley 821 del 21 de noviembre de 1927 y Sexto Medio: Violación al artículo 5 de la Ley No. 3726 del 26 de diciembre de 1953. SIN IMPORTANCIA POR TRATARSE DE LOS MEDIOS DE CASACIÓN.

B.J. NO. 1124, JULIO 2004. **Considerando**, que en su memorial introductivo, el recurrente invoca contra la decisión impugnada los siguientes medios de casación: Primer Medio: Violación al derecho de defensa. Violación al Art. 8 de la Constitución de la República, acápite J), inciso 2; Segundo Medio: Violación a los artículos 60 párrafos I, II, III y 216 de la Ley de Registro de Tierras y el Reglamento General de Mensuras Catastrales; Tercer Medio: Falta de base legal. Violación a los artículos 84 de la Ley de Registro de Tierras y 141 del Código de Procedimiento Civil; Cuatro Medio: Falsa aplicación de los artículos 18 y 124 de la Ley de Registro de Tierras. SIN IMPORTANCIA POR TRATARSE DE LOS MEDIOS DE CASACIÓN. DE AQUÍ EN ADELANTE SOLO LO PONDRÉ EN ROJO SIN COMENTARIO.

B.J. NO. 1124, JULIO 2004.
 * Considerando**, que el interés de todo recurrente es el de aniquilar los efectos de la sentencia impugnada; que cuando como en el presente caso las partes mediante transacción llegan a acuerdos amigables, renunciando el recurrente a su recurso de casación y prestando aquiescencia a la sentencia impugnada, es evidente que carece de interés estatuir sobre dicho recurso.

B.J. NO. 1124, JULIO 2004.
 * Considerando**, que en efecto, en la sentencia impugnada se expresa que: “Que los Dres. Ludovino Alonzo Raposo y Esperanza C. Acosta Núñez, fundamentan su reclamación de transferencia de esta parcela a favor de su representado, en los siguientes actos de venta: 1ro. Acto bajo firma privada de fecha 17 de mayo de 1966, con firmas legalizadas por el Notario para el Municipio de Nagua, Dr. Miguel A. Escolástico, mediante el cual Francisco Mercedes, vende a favor de Fabián Pérez (hijo), “un cuadro de terreno, con algunas matas de cocos parideros pequeños, situado en la sección de El Caño, Municipio de Nagua, el cual tiene una extensión superficial de dieciocho (18) tareas,...”; 2do.- Acto auténtico No. 11 de fecha 31 de marzo de 1966, instrumentado por el Notario para el Municipio de Nagua, Dr. Miguel A. Escolástico, mediante el cual Francisco Mercedes, vende a favor de Fabián Pérez, 110 tareas más o menos; 3ro. Acto bajo firma privada de fecha 13 de julio de 1970, legalizado por el Notario para el Municipio de Nagua Dr. Miguel A. Escolástico, mediante el cual Fabián Pérez Hijo, vende a favor de Antonio Uviñas, 1,190 tareas en la sección El Caño, Municipio de Nagua; que este tribunal no tiene que analizar los 3 actos de venta, en razón de que no fueron depositados los originales de los dos actos bajo firma privada de fechas 17 de marzo de 1966 y 13 de julio de 1970, limitándose a depositar, la parte recurrida dos simple fotocopias de los mismos, los cuales no tienen validez jurídica. Que igualmente, del presunto Acto Auténtico No. 11 de fecha 31 de marzo de 1966, sólo fue depositado ante el tribunal, una simple fotocopia de la compulsa del mismo, cuando era necesario depositar copia certificada por el notario actuante, o el depositario del protocolo del notario que lo instrumentó.

B.J. NO. 1125, AGOSTO 2004.
 * Considerando**, que en efecto, en la sentencia impugnada no se hace constar que el señor Fernando Domínguez, compareciera a la audiencia celebrada por el Tribunal a-quo, ni se expresa en ella si se comprobó que dicho señor fuera citado legalmente al no comparecer a la misma; que tampoco existe en el expediente la prueba o constancia de que el referido señor fuera citado; que en tales condiciones el señor Fernando Domínguez, fue privado de presentar sus alegatos y formular sus conclusiones en apoyo de sus pretensiones respecto del asunto de que se trata, por lo cual se incurrió en el fallo impugnado en la violación de su derecho de defensa; que en consecuencia, dicha sentencia debe ser casada, sin que sea necesario ponderar los demás medios del recurso.

B.J. NO. 1125, AGOSTO 2004.
 * Considerando**, que en la sentencia impugnada se expresa en relación con el mencionado recurso de apelación lo siguiente: “Que, en cuanto a la forma, este tribunal ha comprobado que el recurso de apelación es de fecha 12 de octubre del 2001; que, conforme al artículo 121 de la Ley de Registro de Tierras el plazo legal para apelar es de un mes; que conforme a la combinación armoniosa del binomio formado por los artículo 118 y 119 de la Ley de Registro de Tierras, en los asuntos controvertidos el tribunal notificará por correo certificado a las partes el dispositivo de la sentencia, y que el mismo se fijará en la puerta principal del tribunal que dictó; que conforme a la parte in fine del referido artículo 119, los plazos comenzarán a contarse a partir de la fijación del dispositivo de la sentencia en la puerta principal del tribunal que la dictó; que conforme consta en el expediente el referido dispositivo fue fijado en la puerta del Tribunal el 13 de julio del 2001, y las demás formalidades legales fueron cubiertas; que, por tanto, el plazo para apelar, que se cuenta de fecha a fecha, comenzó el 13 de julio del 2001; y expiró el 13 de agoto del 2001; que habiéndose interpuesto el recurso que nos ocupa el 12 de octubre del 2001; sin que se haya probado ninguna causa legal que justifique el haberse interpuesto en esa fecha, es obvio que se interpuso fuera del plazo legal; que aunque la parte apelante alega que no recibió la notificación de la sentencia, no depositó ninguna prueba que avale su afirmación; que en justicia no basta con alegar, hay que probar, conforme al artículo 1315 del Código Civil; que habiendo solicitado la parte recurrida la inadmisibilidad del recurso por extemporáneo, y siendo este medio de inadmisión de orden público, se impone acogerlo, como al efecto se acoge, por lo que el recurso que nos ocupa es declarado inadmisible por extemporáneo.

B.J. NO. 1125, AGOSTO 2004. **Considerando**, que el recurrente propone en apoyo de su recurso de casación el siguiente medio: Único: Falsa e incorrecta aplicación del derecho y falta de base legal. Falsa e incorrecta aplicación de la Ley No. 834 del año 1978, artículos 52, 88, 504, 537, 544, 712 y 730 del Código de Trabajo y 1134, 1165, 1536 y 1382 del Código Civil. Falta de motivos, insuficiencia de motivos, motivación vaga.

B.J. NO. 1125, AGOSTO 2004.
 * Considerando**, que el examen del fallo impugnado pone de manifiesto que el Tribunal a-quo formó su convicción en el conjunto de los medios de prueba que fueron administrados en la instrucción del asunto, resultando evidente que lo que las recurrentes llaman desnaturalización no es más que la soberana apreciación que los jueces del fondo hicieron del estudio y ponderación de esos medios de prueba regularmente aportados y a los que se refiere la sentencia en los motivos que contiene; que además la misma contiene una relación completa de los hechos y una correcta aplicación del derecho, por lo que los medios del recurso deben ser desestimados y rechazado el recurso.

B.J. NO. 1125, AGOSTO 2004.
 * Considerando**, que el texto que rige para la motivación de las sentencias de la jurisdicción de tierras, no es el artículo 141 del Código de Procedimiento Civil, sino el artículo 84 de la Ley de Registro de Tierras, según el cual “en todas las sentencias de los tribunales de tierras, se hará constar el nombre de los jueces, el nombre de las partes, el domicilio de éstas si fuere posible, los hechos y los motivos jurídicos en que se funda el fallo impugnado.

B.J. NO. 1125, AGOSTO 2004.
 * Considerando**, que de acuerdo con el artículo 132 de la Ley de Registro de Tierras: “El recurso de casación podrá ejercerse contra las sentencias definitivas del Tribunal Superior de Tierras y contra la de los Jueces de Jurisdicción Original en los casos en que sean dictadas en último recurso”; que asimismo de conformidad con el artículo primero de la Ley sobre Procedimiento de Casación “La Suprema Corte de Justicia decide, como Corte de Casación, si la ley ha sido bien o mal aplicada en los fallos en última instancia pronunciados por los tribunales del orden judicial.

B.J. NO. 1125, AGOSTO 2004.
 * Considerando**, que de conformidad con las disposiciones del artículo 133 de la Ley de Registro de Tierras, podrán recurrir en casación en materia civil, las partes interesadas que hubieren figurado verbalmente o por escrito en el procedimiento seguido ante el tribunal que dictó la sentencia impugnada; que, además, de acuerdo con el artículo 4 de la Ley sobre Procedimiento de Casación: “Pueden pedir la casación: primero, las partes interesadas que hubieren figurado en el juicio …”; que, por tanto, es inadmisible el recurso de casación interpuesto por una parte que no apeló el fallo de jurisdicción original, ya que su abstención implica aquiescencia a la sentencia dictada.

B.J. NO. 1125, AGOSTO 2004.
 * Considerando**, que de conformidad con lo que dispone el artículo 132 de la Ley de Registro de Tierras: “El recurso de casación podrá ejercerse contra las sentencias definitivas del Tribunal Superior de Tierras y contra la de los Jueces de Jurisdicción Original en los casos en que sean dictadas en último recurso”; que, asimismo, de conformidad con el artículo primero de la Ley sobre Procedimiento de Casación “La Suprema Corte de Justicia decide, como Corte de Casación, si la ley ha sido bien o mal aplicada en los fallos en última instancia pronunciados por los tribunales del orden judicial.

B.J. NO. 1126, SEPTIEMBRE 2004.
 * Considerando**, que la resolución dictada por el Tribunal Superior de Tierras del Departamento Norte, impugnada ahora en casación, no tiene el carácter de una sentencia definitiva dictada entre las partes, sino de una disposición administrativa, por lo que el recurso interpuesto contra ella debe ser declarado inadmisible y, en consecuencia no procede el examen de los medios propuestos en el recurso.

B.J. NO. 1126, SEPTIEMBRE 2004.
 * Considerando**, que al declinar el Tribunal Superior de Tierras del Departamento Central, el conocimiento del asunto por ante el Tribunal Superior de Tierras del Departamento Norte, basándose en las disposiciones transitorias del artículo 6 de la Ley No. 267 de 1998, ha desconocido la autoridad de la cosa juzgada que adquirió la sentencia de esta Corte del 29 de diciembre de 1999, mediante la cual casó la sentencia dictada por el mismo tribunal el 5 de mayo de 1997 y envió el asunto por ante dicho tribunal, incurriendo con ello en violación del texto legal citado que se refiere a los asuntos que al momento de entrar en vigencia dicha ley no se encontraban en estado de fallo; que, por tanto la sentencia impugnada debe ser casada por falta de base legal.

B.J. NO. 1126, SEPTIEMBRE 2004.
 * Considerando**, que por los hechos y circunstancias así establecidos y comprobados, los jueces del fondo formaron su convicción en el examen y apreciación de las pruebas que les fueron administradas, según figura expresado en los considerandos tanto de la sentencia impugnada, como en la de jurisdicción original que fue confirmada por la primera, los cuales esta Suprema Corte de Justicia considera correctos y legales, por lo que los medios del recurso carecen de fundamento y deben ser desestimados.

B.J. NO. 1126, SEPTIEMBRE 2004.
 * Considerando**, que el artículo 10 de la Ley de Registro de Tierras dispone que: “ Los Tribunales ordinarios serán competentes para conocer de toda demanda que se establezca con motivo de un procedimiento de embargo inmobiliario o de un mandamiento de pago tendiente a ese fin, aún cuando se relacione esta demanda con la propiedad del inmueble cuya expropiación se persiga; o con cualquier derecho susceptible de registrar, y aún cuando esté en proceso de saneamiento dicho inmueble.

B.J. NO. 1126, SEPTIEMBRE 2004. **Considerando**, que en el desarrollo del primer medio de casación propuesto el recurrente alega en síntesis, que como en virtud del artículo 7 de la Ley de Registro de Tierras, el Tribunal de Tierras tiene competencia para conocer de todas las cuestiones referentes al estado, calidad, capacidad o filiación de los reclamantes, el Tribunal a-quo en lugar de sobreseer el conocimiento del recurso de apelación de que está apoderado hasta tanto la jurisdicción ordinaria decida definitivamente sobre la demanda civil en desconocimiento de paternidad y maternidad intentada por Carmencita Báez Jiménez, contra el recurrente Pedro Rafael Pérez Báez, debió conocer la contestación surgida respecto de la calidad del recurrente, por tratarse de un procedimiento de determinación de herederos en relación con un inmueble registrado para lo que es competente dicho tribunal, de acuerdo con el referido texto legal, que al no hacerlo así se ha incurrido en la violación de dicha disposición por lo que entiende el recurrente, debe procederse a la casación de la sentencia.

B.J. NO. 1126, SEPTIEMBRE 2004.
 * Considerando**, que la primera parte del artículo 7 de la Ley de Registro de Tierras, dispone: “El Tribunal de Tierras tendrá competencia exclusiva para conocer: 1E de los procedimientos relativos al saneamiento y registro de todos los terrenos, construcciones y mejoras permanentes, o de cualquier interés en los mismos; 2E de los procedimientos para la mensura, deslinde y partición de terrenos comuneros; 3E de la depuración de los pesos o títulos de acciones que se refieran a terrenos comuneros; 4E de las litis sobre derechos registrados; y 5E de los demás procedimientos y casos específicamente tratados en la presente ley. Asimismo conocerá de todas las cuestiones que surjan con motivo de tales acciones o que sea necesario ventilar para la correcta aplicación de esta ley, sin excluir las que puedan referirse al estado, calidad, capacidad o filiación de los reclamante.

B.J. NO. 1126, SEPTIEMBRE 2004.
 * Considerando**, finalmente, que por todo lo anteriormente expuesto, se comprueba que la sentencia impugnada contiene motivos suficientes, pertinentes y congruentes que justifican su dispositivo y una exposición de los hechos de la causa que permiten verificar, que los jueces del fondo hicieron en el caso una justa apreciación de los hechos y una correcta aplicación de la ley; que, en consecuencia, el recurso a que se contrae la presente decisión debe ser rechazado.

B.J. NO. 1127, OCTUBRE 2004.
 * Considerando**, que son inexistentes los vicios que los recurrentes le atribuyen al fallo impugnado, pues éste está debidamente motivado de conformidad con la ley por el Tribunal a-quo, cuyos jueces formaron su convicción en el conjunto de los medios de prueba que le fueron regularmente aportados en la instrucción del asunto, y su criterio no es más que la consecuencia de la soberana apreciación que los mismos hicieran de su estudio y ponderación, en uso de las facultades de que se encuentran investidos, interpretación que no puede ser censurada por la Suprema Corte de Justicia, al no advertirse que incurrieron en desnaturalización alguna.

B.J. NO. 1127, OCTUBRE 2004.
 * Considerando**, que de acuerdo con lo que dispone el artículo 144 de la Ley de Registro de Tierras la instancia en revisión por causa de error “deberá ser notificada previamente en copia a todos los interesados, dándose constancia de ello en el original, en el cual los interesados podrán dar asentimiento al pedimento o podrán hacerlo por instancia aparte u oponerse a la revisión”; y el artículo 146 de la misma ley establece que: “Cuando haya oposición de parte de algún interesado, el caso se conocerá en audiencia pública, previa citación de las partes y del Abogado del Estado, quien opinará acerca del mismo en la audiencia o dentro del plazo que podrá solicitar al efecto.

B.J. NO. 1127, OCTUBRE 2004. **Considerando**, que el recurrente propone contra la sentencia impugnada los siguientes medios de casación: Primer Medio: Violación del derecho de defensa y de los artículos 7 párrafo 1; 72 y 192 de la Ley de Registro de Tierras; y 1116 del Código Civil. Falta de motivos; Segundo Medio: Violación de los artículos 143 y 205 de la Ley de Registro de Tierras; Tercer Medio: Violación del Art. 143 en otro aspecto; Cuarto Medio: Violación del artículo 205 de la Ley de Registro de Tierras; Quinto Medio: Desnaturalización de los hechos. Falta de base legal; Sexto Medio: Falta de ponderación de documentos. Falta de base legal.

B.J. NO. 1127, OCTUBRE 2004.
 * Considerando**, que en el estado actual del derecho dominicano, que se inclina cada vez más hacia el imperio de una justicia sustantiva, y por tanto hacia la eliminación del exceso de formalismos procesales y de medidas dilatorias tendentes al estancamiento de la solución del fondo de los asuntos sometidos a la decisión de los tribunales, disposiciones legales entre otras el artículo 37 de la Ley No. 834 de 1978, que establece: “Ningún acto de procedimiento puede ser declarado nulo por vicio de forma si la nulidad no está expresamente prevista por la ley, salvo en caso de incumplimiento de una formalidad substancial o de orden público. La nulidad no puede ser pronunciada sino cuando el adversario que la invoca pruebe el agravio que le causa la irregularidad, aún cuando se trate de una formalidad substancial o de orden público.

B.J. NO. 1127, OCTUBRE 2004.
 * Considerando**, que por todo lo anteriormente expuesto se advierte que la señora Julia Antonia Durán Andújar, después de haber vendido el inmueble en discusión a la ahora recurrida Ana Mireya Zena, procedió a realizar una serie de maniobras, que incluye la hipoteca convencional otorgada a favor de la recurrente, con el propósito evidente de defraudar a su compradora y despojarla de dicho inmueble, llegando al extremo de no entregar a la adquiriente el Certificado de Título correspondiente para que se pudiera efectuar la transferencia de lugar, por lo que la oposición requerida por dicha compradora al traspaso de dicho terreno, la cual fue debidamente inscrita oportunamente fue correctamente ponderada por los jueces del fondo, por lo que los medios del recurso propuesto por la recurrente carecen de fundamento y deben ser desestimados.

B.J. NO. 1127, OCTUBRE 2004.
 * Considerando**, que de acuerdo con el artículo 132 de la Ley de Registro de Tierras: “El recurso de casación podrá ejercerse contra las sentencias definitivas del Tribunal Superior de Tierras y contra la de los Jueces de Jurisdicción Original en los casos en que sean dictadas en último recurso”; que asimismo, de conformidad con el artículo primero de la Ley sobre Procedimiento de Casación, “La Suprema Corte de Justicia en funciones de Corte de Casación, decide si la ley ha sido bien o mal aplicada en los fallos en última instancia pronunciados por los tribunales del orden judicial.

B.J. NO. 1127, OCTUBRE 2004.
 * Considerando**, que de conformidad con el artículo 44 de la Ley No. 834 del año 1978 la prescripción es causa de inadmisibilidad, la cual es de orden público conforme al artículo 47 de la misma ley y cuando el tribunal la declara no procede el examen al fondo, en consecuencia, la acción de los recurrentes resulta extemporánea y por tanto inadmisible.

B.J. NO. 1128, NOVIEMBRE 2004.
 * Considerando**, que en efecto, el examen de la sentencia impugnada pone de manifiesto que con motivo de la demanda en determinación de herederos, impugnación de acto de venta y del testamento otorgado por la finada señora María Peña Jiménez, el Tribunal Superior de Tierras, dictó como tribunal de alzada, la sentencia ahora impugnada, en la que aparecen como beneficiarios de la misma los sucesores de la indica finada, o sea, los señores Demetrio Peña, Edita Peña, los sucesores de Eusebio Pérez Peña, Juana Joaquina Peña García, Carlos Peña García, Julio A. Peña, Porfirio Pérez Peña y Epifanio Cepeda Peña, así como los recurridos señores María Antonia Lugo y Manuel Antonio Marte Lugo, en favor de quienes se declaró válida la venta otorgada en su favor por la señora María Peña Jiménez, el 17 de enero de 1997; que no obstante lo expuesto, el recurrente Manuel Demetrio Peña, al interponer su recurso de casación solo ha emplazado a los señores Manuel Antonio Marte Lugo y María Antonia Lugo Delgado, no haciéndolo en relación con los sucesores de la mencionada finada.

B.J. NO. 1128, NOVIEMBRE 2004.
 * Considerando**, que en efecto, el caso a que se contrae la instancia de apoderamiento del Tribunal Superior de Tierras fue resuelto por sentencias que adquirieron el carácter de la cosa definitivamente juzgada y las cuales aparecen relacionadas en el historial que aparece en parte anterior de esta decisión; que no se trata en la especie, como alegan los recurrentes de una revisión por causa de error material, sino de una solicitud de nulidad de decisiones emanadas del mismo tribunal, por lo que al rechazar las pretensiones de los recurrentes, hizo una correcta aplicación de la ley.

B.J. NO. 1128, NOVIEMBRE 2004.
 * Considerando**, que de conformidad con el artículo 185 de la Ley de Registro de Tierras, el cual dispone que: “Después que un derecho ha sido objeto del primer registro, cualquier acto voluntario o forzoso que se relacione con esos mismos derechos solamente surtirá efecto, de acuerdo con esta ley, desde el momento en que se practique su registro en la oficina del Registrador de Títulos correspondiente.

B.J. NO. 1128, NOVIEMBRE 2004.
 * Considerando**, que el examen del fallo impugnado pone de manifiesto que el Tribunal a-quo formó su convicción en el conjunto de los medios de prueba que fueron al administrados en la instrucción del asunto, resultando evidente que lo que la recurrente invoca como violación de propiedad, desnaturalización de los hechos y falta de base legal, no es más que la soberana apreciación que los jueces del fondo hicieron del estudio y ponderación de esos medios de prueba regularmente aportados y a los que se refiere la sentencia en los motivos que contiene; que además la misma hace una relación completa de los hechos y una correcta aplicación del derecho, razones por las cuales los medios de casación propuestos deben ser desestimados y rechazado el recurso.

B.J. NO. 1128, NOVIEMBRE 2004.
 * Considerando**, que es de principio, que cuando existe indivisión en el objeto del litigio, si el recurrente ha emplazado a una o varias de las partes contrarías y no lo ha hecho con respecto a los demás, el recurso debe ser declarado inadmisible con respecto a todas, razones que hacen innecesario el examen del medio propuesto por los recurrentes.

B.J. NO. 1129, DICIEMBRE 2004.
 * Considerando**, que sin embargo, en la parte final del último considerando de dicho fallo el Tribunal expresa lo siguiente: “Por lo que en ese aspecto la decisión apelada será revocada bajo el entendido de que el señor Juan María Noboa Ortiz, en su calidad de co-propietario de los referidos inmuebles podía perfectamente disponer del 50% de dichos bienes, pero no podía vender el otro 50% que le pertenece a su ex -esposa común en bienes; y se reservará el registro de las mejoras fomentadas dentro del ámbito de dicha parcela, por los señores Juana de la Cruz Minyetti y Joan José González Minyetti.

B.J. NO. 1129, DICIEMBRE 2004.
 * Considerando**, que el memorial de casación depositado en Secretaría el 18 de agosto del 2003, por el Lic. Luis Heriberto Paulino, abogado constituido por los recurrentes, no contiene la enunciación, ni la exposición de los medios en que se funda el recurso, ni tampoco la indicación de los textos legales violados por la sentencia impugnada, ni su escrito contiene expresión alguna que permita determinar la regla o principio jurídico que haya sido violado; que, por tanto, el recurso de casación a que se contrae la presente decisión debe ser declarado inadmisible.

B.J. NO. 1129, DICIEMBRE 2004.
 * Considerando**, que el examen de la sentencia impugnada pone de manifiesto que la misma contiene motivos suficientes y pertinentes, así como una exposición completa de los hechos y una descripción de las circunstancias de la causa, que han permitido a ésta Corte verificar, que el Tribunal a-quo hizo en el caso una correcta aplicación de la ley a los hechos comprobados; que, por consiguiente, los medios del recurso de casación examinados, carecen de fundamentos y deben ser desestimados.

B.J. NO. 1129, DICIEMBRE 2004.
 * Considerando**, que de conformidad con lo que dispone el artículo 5 de la Ley sobre Procedimiento de Casación “en los asuntos civiles y comerciales el recurso de casación se interpondrá con un memorial suscrito por abogado, que contendrá todos los medios en que se funda.

B.J. NO. 1129, DICIEMBRE 2004.
 * Considerando**, que finalmente por todo lo anteriormente expuesto, se comprueba que la sentencia impugnada contiene motivos suficientes y pertinentes que justifican su dispositivo y una exposición de los hechos de la causa que permiten a esta corte verificar, que los jueces del fondo hicieron en el caso de la especie una justa apreciación de los hechos y una correcta aplicación de la ley; que, en consecuencia, el recurso a que se contrae la presente decisión debe ser rechazado; que por tanto, los medios del recurso que se examinan carecen de fundamento y deben ser desestimados por lo que en consecuencia, el recurso a que se contrae la presente decisión debe ser rechazado.

B.J. NO. 1129, DICIEMBRE 2004.
 * Considerando**, que con excepción del aspecto relativo a la inadmisión de la demanda que originó la presente litis, la sentencia impugnada no ha incurrido en los demás aspectos en ninguna de las violaciones y vicios alegados por la recurrente, ya que la misma contiene motivos suficientes, pertinentes y congruentes que justifican su dispositivo en cuanto a la incompetencia del tribunal para conocer del asunto de que se trata, por lo que procede rechazar el recurso de casación que se examina, por carecer de fundamento, salvo en el aspecto arriba señalado.

B.J. NO. 1129, DICIEMBRE 2004. **Considerando**, que los recurrentes proponen contra la sentencia impugnada, los siguientes medios de casación: Primer Medio: Violación del derecho de defensa y falta de base legal; Segundo Medio: Violación a la ley (violación del artículo 211 de la Ley No. 301 de 1964 sobre Notariado y la primera parte del artículo 189 de la Ley de Registro de Tierras; Tercer Medio: Violación al artículo 2254 de 1950 de impuesto sobre documentos; Cuarto Medio: Violación del artículo 1322 del Código Civil y 71 de la Ley de Registro de Tierras.

=MATERIA LABORAL=

B.J. NO. 1118, ENERO 2004.
 * Considerando**, que el objetivo básico del derecho del trabajo es la protección del trabajador, pero no debe menospreciar la fuerza que los elementos de la economía ejercen sobre su ámbito material. La empresa debe ser preservada y con ella todo el sistema de protección a los planes de seguridad social contentivos de beneficios para el retiro, jubilación y pensión de los trabajadores.

B.J. NO. 1118, ENERO 2004.
 * Considerando**, que al respecto en la sentencia impugnada consta: “que la falta de pago de los salarios de los trabajadores, o el pago incompleto del mismo constituye una falta sustancial al Código de Trabajo que el legislador sanciona como grave, independientemente del derecho a dimitir que acuerda el artículo 97 del mismo código, por lo que la Corte evalúa los daños recibidos por los recurrentes en Cuarenta Mil Pesos para cada uno como justa reparación por los daños y perjuicios recibidos por la falta de su empleador.

B.J. NO. 1118, ENERO 2004.
 * Considerando**, que en la apreciación que hizo la sentencia impugnada de la carencia de prueba de la justa causa del despido por parte del empleador, escapa de la censura de la casación por no advertirse que para la formación de ese criterio se incurriera en desnaturalización alguna y por contener dicha sentencia motivos suficientes que justifican ese aspecto, no ocurre lo mismo en cuanto a la condenación impuesta a la recurrente del pago de valores por concepto de salario de navidad y participación en los beneficios, pues mientras en sus motivaciones se habla de la liquidación de esos valores y de una deuda contraída por el trabajador con la empresa y el plan de pensiones de CODETEL, C. por A., la sentencia impugnada no precisa el destino de esa deuda y sí con los indicados valores fue cubierta la misma, razón por la cual la misma debe ser casada en cuanto a esos aspectos.

B.J. NO. 1118, ENERO 2004.
 * Considerando**, que una vez demostrada la prestación del servicio está a cargo del empleador probar que éstos fueron debidamente remunerados, estando exentos de probar el monto de esa remuneración y la forma en que se realiza, al tenor de las disposiciones del artículo 16 del Código de Trabajo, que exime a los trabajadores de la prueba de los hechos establecidos en los libros y documentos que los empleadores están en la obligación de registrar y conservar por ante las autoridades de trabajo.

B.J. NO. 1118, ENERO 2004.
 * Considerando**, que después de haber sido interpuesto el recurso de casación de que se trata, y antes de ser conocido, las partes en sus respectivas calidades de recurrente y recurrida, han desistido de dicho recurso, desistimiento que ha sido aceptado por las mismas.

B.J. NO. 1118, ENERO 2004.
 * Considerando**, que después de haber sido interpuesto el recurso de casación de que se trata, y antes de ser conocido, las partes en sus respectivas calidades de recurrente y recurrida, han desistido de dicho recurso, desistimiento que ha sido aceptado por las mismas.

B.J. NO. 1118, ENERO 2004. **Considerando**, que en el desarrollo de los medios de casación primero y segundo, los que se reunen para su examen por su vinculación, la recurrente alega: que la Corte a-qua le condenó al pago de salarios caídos, en base a un salario mensual de RD$15,000.00, sin tomar en cuenta los recibos de pagos de salarios quincenales depositados por la compañía, en los cuales se hace constar que el señor Alberto Antonio Méndez Espinosa devengaba un salario mensual de RD$12,000.00, tomando en cuenta su salario fijo y las comisiones recibidas por él en los últimos seis (6) meses, lo que constituye una falta de ponderación de un documento importante y deja la sentencia carente de base legal; que asimismo le condenó al pago de 15 días de salario por concepto de salario de navidad y proporción de su participación en los beneficios de la empresa, sin tomar en cuenta que no se ha demostrado por ningún medio que ésta obtuviera beneficios para poder pagar dicha proporción y no delimita cuantos días corresponden al salario de navidad y cuantos a la participación en los beneficios.

B.J. NO. 1118, ENERO 2004.
 * Considerando**, que al no haber en el Código de Trabajo una disposición que prescriba expresamente la sanción que corresponde cuando la notificación del memorial al recurrido no se haya hecho en el plazo de cinco días a que se refiere el artículo 643 del referido código, debe aplicarse la sanción prevista en el artículo 7 de la Ley No. 3726 del 23 de noviembre de 1966, sobre Procedimiento de Casación, que declara caduco el recurso cuando el recurrente no emplazare al recurrido en el término fijado por la ley. Esta caducidad será pronunciada a pedimento de parte interesada o de oficio.

B.J. NO. 1118, ENERO 2004. **Considerando**, que en su memorial de defensa, la recurrida invoca la inadmisibilidad del recurso, bajo el alegato de que las condenaciones impuestas por la sentencia recurrida no sobrepasan el monto de veinte salarios mínimos que exige el artículo 641 del Código de Trabajo para hacer admisible un recurso de casación.

B.J. NO. 1118, ENERO 2004.
 * Considerando**, que al momento de la terminación del contrato de trabajo del recurrido estaba vigente la Tarifa No. 3-99, dictada por el Comité Nacional de Salarios, en fecha 3 de julio de 1999 que establecía un salario mínimo de RD$2,895.00 pesos mensuales, por lo que el monto de veinte salarios mínimos ascendía a la suma de RD$57,900.00 pesos, monto que como es evidente no alcanza la totalidad de las condenaciones que impone la sentencia recurrida, por lo que el recurso de que se trata debe ser declarado inadmisible, de conformidad con lo que prescribe el artículo 641 del Código de Trabajo.

B.J. NO. 1118, ENERO 2004.
 * Considerando**, que tal y como se puede observar en la sentencia impugnada, la Corte a-qua dio por establecido, previa ponderación de las pruebas aportadas, que el empleador violentó deberes y prohibiciones que le impone el Código de Trabajo, y muy particularmente, el respeto debido a la dignidad del trabajador, y sobre todo por haberle creado a éste último con su conducta un estado de desasosiego debidamente comprobado por la deposición de los testigos que fueron oídos en la instrucción del proceso; que en esa virtud la Corte a-qua, en modo alguno ha violentado las disposiciones del artículo 712 del Código de Trabajo al establecer la suma de RD$20,000.00 pesos como justa reparación de los daños y perjuicios ocasionados al mismo, suma esta que esta Corte considera razonable y ajustada a las disposiciones de la ley, por lo que dicho medio debe ser desestimado por improcedente y mal fundado.

B.J. NO. 1118, ENERO 2004.
 * Considerando**, que en las motivaciones de la sentencia impugnada consta: “que Autoridad Portuaria Dominicana sostiene que la señora Arlyn J. Díaz Perera no ha probado que la empresa haya obtenido beneficios, en ese sentido nuestra Suprema Corte de Justicia ha dicho: “participación de los beneficios, obligación del trabajador cuando el empleador demuestra haber depositado la declaración jurada en la Dirección General de Impuestos Internos; sentencia del 24 de mayo del 2000, No. 9,
 * Considerando**: que por otra parte, la obligación que tienen los trabajadores de probar que los empleadores demandados en pago de participación en los beneficios obtuvieron utilidades en el período reclamado surgió en el momento en que el demandado demuestra haber presentado a la Dirección General de Impuestos Internos la declaración jurada correspondiente: que hasta que eso no ocurra el demandante está liberado de probar sus pretensiones, lo que se deriva de una interpretación de las disposiciones convenidas de los Arts. 16 y 225 del Código de Trabajo, que en consecuencia, el medio que se examina carece de fundamento y debe ser desestimado, Boletín Judicial mayo del 2000, No. 1074, año 90E, Pág. 537.

B.J. NO. 1118, ENERO 2004.
 * Considerando**, que el artículo 12 del Código de Trabajo dispone que “no son intermediarios, sino empleadores, los que contratan obras o partes de obras en beneficio de otro para ejecutarlas por cuenta propia y sin sujeción a éste, “sin embargo, son intermediarios y solidariamente responsables con el contratista o empleador principal, las personas que no dispongan de elementos o condiciones propias para cumplir las obligaciones que deriven de las relaciones con sus trabajadores.

B.J. NO. 1118, ENERO 2004.
 * Considerando**, que el artículo 98 del Código de Trabajo dispone que: “el derecho del trabajador a dar por terminado el contrato de trabajo, presentando su dimisión por cualquiera de las causas enunciadas en el artículo 97, caduca a los quince días. Este plazo se cuenta a partir de la fecha en que se ha generado ese derecho.

B.J. NO. 1118, ENERO 2004. **Considerando**, que en el desarrollo del segundo medio propuesto la recurrente alega, en síntesis: que la Corte a-qua violó el artículo 581 del Código de Trabajo, que dispone que “la falta de comparecencia o la negativa a contestar de una de las partes, sin causa justificada, puede ser admitida como presunción contra ella” y que a la recurrente no se le dio oportunidad de declarar, porque no se tomaron en cuenta las excusas médicas que envió para justificar su inasistencia, lo que impedía al Tribunal a-quo a dar por probado los hechos relativos al tiempo de ejecución del supuesto contrato, por la sola alegación de la hoy recurrida.

B.J. NO. 1118, ENERO 2004.
 * Considerando**, que como consecuencia de ello, cuando un empleador hace una oferta real de pago o ejecuta el pago de las indemnizaciones laborales conjuntamente con otros valores a que tiene derecho el trabajador, los tribunales deben precisar, cuando la suma de dinero ofertada o pagada sea insuficiente para cubrir la deuda total, si la diferencia corresponde a las indemnizaciones pendientes o a los demás derechos, pues sólo en el primer caso corresponde la aplicación del referido artículo 86 del Código de Trabajo.

B.J. NO. 1118, ENERO 2004.
 * Considerando**, que en la especie, el trabajador demandante solicitó en su demanda original se declarara injustificado el despido de que había sido objeto y se condenara al demandado al pago de las indemnizaciones laborales y a la aplicación del ordinal 3ro. del artículo 95 del Código de Trabajo, lo que fue aceptado por el tribunal de primer grado, y constituye una condenación menor a la establecida en el artículo 86 del Código de Trabajo, por lo que el Tribunal a-quo, al calificar de desahucio la causa de la terminación del contrato de trabajo, en consonancia con ese criterio debió conceder al demandante los derechos que corresponden al trabajador desahuciado, pero limitado a lo reclamado por él y aceptado por la sentencia apelada, a fin de no agravar la situación del apelante, pero no limitarse a rechazar la aplicación del artículo 86 del Código de Trabajo por no haber sido solicitada y la del ordinal 3ro. del artículo 95 de dicho código, por no tratarse de un despido injustificado.

B.J. NO. 1118, ENERO 2004.
 * .****Considerando**, que del estudio de la sentencia impugnada se advierte que el recurrente pretendía obtener del Tribunal a-quo una suma mayor a la acordada por la sentencia impugnada, habiendo dicho tribunal reducido los beneficios que le acordó la sentencia apelada, en lo referente a la aplicación del artículo 86 del Código de Trabajo, lo que significa que sucumbió en parte de sus pretensiones, y se pone de manifiesto en su decisión de elevar el presente recurso de casación y justifica la compensación de las costas dispuesta por la sentencia impugnada, razón por la cual el medio que se examina carece de fundamento y debe ser desestimado.

B.J. NO. 1118, ENERO 2004.
 * Considerando**, que en el desarrollo del tercer medio propuesto la recurrente alega, que la Corte a-qua denomina como apelación incidental la presentada por la Autoridad Portuaria Dominicana, en fecha 4 de octubre del 2002 y la presentada por los demandantes, en fecha 3 de octubre del 2002, como recurso de apelación principal, cuando debió ser lo contrario, lo cual es violatorio a su derecho de defensa.

B.J. NO. 1118, ENERO 2004.
 * Considerando**, que al momento de la terminación del contrato de trabajo del recurrido estaba vigente la Tarifa No. 2-2001, dictada por el Comité Nacional de Salarios, en fecha 5 de marzo del 2001, que establecía un salario mínimo de RD$3,415.00 mensuales, por lo que el monto de veinte salarios mínimos ascendía a la suma de RD$68,300.00, monto que como es evidente no alcanzan la totalidad de las condenaciones que impone la sentencia recurrida, por lo que el recurso de que se trata debe ser declarado inadmisible, de conformidad con lo que prescribe el artículo 641 del Código de Trabajo.

B.J. NO. 1118, ENERO 2004.
 * .****Considerando**, que del estudio de la sentencia impugnada se advierte que el Tribunal a-quo estimó, que a pesar de que en la carta comunicada por la empresa al demandante, se le informó que su contrato quedaba suspendido, la recurrente había puesto término a la relación contractual que sostenía con el actual recurrido, pero no da motivos suficientes y pertinentes para sustentar ese criterio, ni señala los hechos que conforman esa terminación del contrato de trabajo, lo que hace que la sentencia impugnada carezca de base legal, razón por la cual la misma debe ser casada, sin necesidad de examinar los demás medios del recurso.

B.J. NO. 1118, ENERO 2004.
 * Considerando**, que del estudio del expediente abierto en ocasión del presente recurso, resulta que mediante los actos Nos. 612-2002 de fecha 22 de abril del 2002 y 640-2002, de fecha 2 de mayo del 2002, diligenciados por Miguel Odalis Espinal, Alguacil de Estrados de la Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional, los recurridos notificaron a la recurrente copia de la sentencia impugnada y que el escrito contentivo del recurso de casación fue depositado en la Secretaría de la Segunda Sala de la Corte de Trabajo del Distrito Nacional, el 26 de agosto del 2003, después de haber transcurrido el plazo de un mes establecido por el artículo 641 del Código de Trabajo, por lo que el mismo fue intentado fuera del plazo legal, razón por la cual debe ser declarado inadmisible.

B.J. NO. 1118, ENERO 2004.
 * Considerando**, que si bien la incapacidad permanente de un trabajador para continuar prestando sus servicios personales, puede ser demostrada a través de cualquier medio de prueba y no solamente a través de un certificado médico legal definitivo, como expresa la sentencia impugnada, en la especie ese criterio del Tribunal a-quo no da lugar a la nulidad de dicha sentencia, en vista de que al analizar la prueba presentada por el recurrente para demostrar que el contrato de trabajo concluyó en el mes de noviembre del año 2000, cuando le fue reportado el estado de salud del señor Francisco Estévez Guzmán, la Corte a-qua apreció que en esa fecha no hubo tal terminación del contrato de trabajo, lo que no le era posible demostrar a la recurrente, en vista de haber mantenido la posición de que entre ella y dicho señor no existió un contrato de trabajo y consecuencialmente no comunicar a las autoridades de trabajo dicha terminación, lo que habría servido de elemento de convicción a los jueces sobre la realidad de la conclusión de la relación laboral.

B.J. NO. 1118, ENERO 2004.
 * Considerando**, que asimismo del estudio de la sentencia impugnada se advierte que el único punto objeto de discusión ante los jueces del fondo fue el referente a la justa causa del despido, por lo que no procede el análisis de la violación al artículo 225 del Código de Trabajo que se le imputa a la Corte a-qua por haber condenado a la recurrente al pago de la participación en los beneficios, pues dicha condenación se produjo al no haber sido controvertida esa reclamación y constituir ese alegato un medio nuevo en casación, que como tal es inadmisible.

B.J. NO. 1118, ENERO 2004.
 * Considerando**, que en el desarrollo de los dos medios de casación propuestos, los cuales se reúnen para su examen por su vinculación, la recurrente alega, en síntesis: que al declarar la dimisión como regular y válida sobre el fundamento del ordinal 14 del artículo 97 del Código de Trabajo, alegando que el empleado no había disfrutado de sus vacaciones, las cuales no estaban consignadas dentro de las causas de la dimisión, el tribunal dictó un fallo extra-petita; que al rechazar la sentencia de primer grado el argumento de que la empleadora no había realizado el pago de comisiones correspondientes a tres quincenas y ocho días y el pago de la suma de RD$6,600.00 por comisión de ventas al empleado, la dimisión carece de justa causa, por lo que la demanda debió ser rechazada y no declararla justificada, en virtud de que la alegada falta de pago de la suma de RD$4,414.00 por servicio y mantenimiento de vehículo, no implica una falta de pago de salarios, por no constituir salario la suma de dinero recibida por ese concepto, más aún cuando se probó que los cheques de esos pagos existían, pero que no fueron retirados por el trabajador, lo que descarta toda falta de parte del empleador.

B.J. NO. 1118, ENERO 2004.
 * Considerando**, que en su memorial de casación el recurrente admite que la sentencia impugnada contiene condenaciones que no exceden al monto de veinte salarios mínimos, pero rechazando la inadmisibilidad propuesta bajo el alegato de que el Tribunal a-quo excluyó la condenación por ajuste de inflación previsto en el artículo 537 del Código de Trabajo, que había sido incluida en la sentencia de primer grado.

B.J. NO. 1118, ENERO 2004.
 * Considerando**, que al apreciar además, que la recurrente no demostró haber comunicado el referido despido al Departamento de Trabajo en el plazo de 48 horas que establece el artículo 91 del Código de Trabajo, la Corte a-qua procedió correctamente al declarar dicho despido injustificado y acoger la demanda en pago de prestaciones laborales de que se trata, razón por la cual el medio que se examina carece de fundamento y debe ser desestimado.

B.J. NO. 1118, ENERO 2004.
 * Considerando**, que en virtud de las disposiciones del artículo 7 de la Ley No. 834, del 15 de julio de 1978, aplicable en esta materia, por ausencia de una disposición contraria en la legislación laboral, cuando una corte de trabajo revoque la parte relativa a la competencia declarada por un tribunal de primer grado y cuya jurisdicción de apelación no corresponda a la jurisdicción que era competente en primera instancia, debe enviar el conocimiento del recurso ante la corte correspondiente, si en la sentencia apelada se hubiere decidido el fondo de la demanda, para que conozca ese aspecto en grado de apelación.

B.J. NO. 1118, ENERO 2004.
 * Considerando**, que en cuanto a la violación del artículo 544, numeral 1 del Código de Trabajo y del artículo 141 del Código de Procedimiento Civil, el recurrente alega, en síntesis: que a pesar de que solicitó a la Corte a-qua la oportunidad de depositar los documentos en los que sustentaba su defensa, no se le concedió, no obstante haber hecho reservas en el recurso de apelación de realizar tal depósito; que la sentencia impugnada no contiene algunos de los elementos que exige a toda sentencia el artículo 141 del Código de Procedimiento Civil.

B.J. NO. 1118, ENERO 2004.
 * Considerando**, que de acuerdo con el artículo 16 del Código de Trabajo, los trabajadores están exentos de la prueba de los hechos establecidos por los documentos que los empleadores deben comunicar, registrar y conservar, tales como planillas, carteles y el libro de sueldos y jornales; que entre esos hechos se encuentran la duración del contrato de trabajo y el salario.

B.J. NO. 1118, ENERO 2004.
 * Considerando**, que el artículo 8 de la Constitución de la República, en su numeral 2, literal J, prescribe que nadie podrá ser juzgado sin haber sido oído o debidamente citado; que en esa virtud todo tribunal, antes de conocer de cualquier proceso, debe comprobar que toda persona involucrada como parte en el mismo, haya sido regularmente citada, en ausencia de lo cual no podrá celebrarse ninguna audiencia, salvo que la parte afectada por la carencia de citación se encuentre presente o representada.

B.J. NO. 1118, ENERO 2004.
 * Considerando**, que al momento de la terminación del contrato de trabajo del recurrido estaba vigente la Tarifa No. 9-99, dictada por el Comité Nacional de salarios, en fecha 3 de julio del 1999, que establecía un salario mínimo de RD$2,895.00 mensuales, por lo que el monto de veinte salarios mínimos ascendía a la suma de RD$57,900.00, suma que como es evidente no alcanza la totalidad de las condenaciones que impone la sentencia recurrida, por lo que el recurso de que se trata debe ser declarado inadmisible, de conformidad con lo que prescribe el artículo 641 del Código de Trabajo.

B.J. NO. 1119, FEBRERO 2004.
 * Considerando**, que en la especie, el Tribunal a-quo, tras ponderar las pruebas aportadas, de manera principal, la carta de comunicación del despido dirigida por la recurrente al Departamento de Trabajo el 31 de mayo del año 2002, informando haber puesto término a los contratos de trabajo de las recurridas, estimó que esa fue la real causa de terminación de la relación contractual entre las partes, a pesar de que la demanda fue interpuesta y conocida por el juzgado de primera instancia por dimisión justificada, lo que le obligaba a dar la oportunidad a la recurrente de aportar la prueba de la justa causa de dicho despido; que al no hacerlo, la Corte a-qua incurrió en violación al derecho de defensa de la demandada y dejó la sentencia carente de base legal, razón por la cual la misma debe ser casada, sin necesidad de examinar los demás medios del recurso.

B.J. NO. 1119, FEBRERO 2004.
 * Considerando**, que en su memorial de defensa, la recurrida invoca la inadmisibilidad del recurso, bajo el alegato de que las condenaciones impuestas por la sentencia recurrida no sobrepasan el monto de veinte salarios mínimos que exige el artículo 641 del Código de Trabajo para hacer admisible un recurso de casación.

B.J. NO. 1119, FEBRERO 2004.
 * Considerando**, que en el desarrollo del medio de casación propuesto, el recurrente alega: que la Corte a-qua rechazó como medio de prueba, el informe rendido por la señora Leonor M. Martínez M., Inspectora de Trabajo, actuante en el caso, porque según ella se limita a recoger declaraciones que unilateralmente le narraron las partes en litis, lo que es inexacto, porque en dicho informe se expresa además que los trabajadores le entregaron copia del horario del trabajo, donde se hace constar el cambio alegado por el demandante, lo que constituye una comprobación personal hecha por una funcionaria con calidad para ello, la que emite una opinión sobre la realidad de los hechos en las relaciones de trabajo, lo que es además una prueba de que la inspectora verificó la falta atribuida a la empresa a quien señaló que su actitud era incorrecta y violatoria; que al rechazar dicho informe la Corte a-qua violó, por falsa aplicación los artículos 1315 del Código Civil; 16, 423 y 424 del Código de Trabajo y 2 del Reglamento para la aplicación del Código de Trabajo, desnaturalizando los hechos y documentos de la causa, distorsionando el contenido de la inspectora actuante en el caso, atribuyéndole un alcance totalmente distinto al que realmente tiene, desechándolo como elemento probatorio y restándole calidad a una funcionaria que por ley tiene la facultad de hacer la comprobación que hizo.

B.J. NO. 1119, FEBRERO 2004.
 * Considerando**, que en el presente caso la recurrente no ha motivado su recurso, limitándose a señalar que “como se puede apreciar la sentencia recurrida ahora en casación carece de motivos suficientes y pertinentes, los cuales entran en contradicción con el contenido de su dispositivo; que como se ve, las motivaciones dadas por el tribunal de alzada no contienen ningún análisis fundamentado en elementos de juicio pertinentes para justificar el dispositivo de la misma, no habiéndose hecho por tanto una correcta aplicación de las disposiciones del Código de Trabajo acerca de los fondos y las pruebas, ni de las garantías del derecho de defensa, constituyendo estos hechos una desnaturalización del derecho y de los hechos de la causa, por si puede corregir que el tribunal de alzada evidentemente incurrió en los vicios invocados en los anteriores medios de casación lo que no constituye una motivación suficiente que satisfaga las exigencias de la ley, por lo que el recurso de casación de que se trata debe ser declarado inadmisible”.

B.J. NO. 1119, FEBRERO 2004.
 * Considerando**, que la sentencia impugnada contiene una relación completa de los hechos y motivos suficientes y pertinentes que permiten a esta Corte en funciones de Corte de Casacón, verificar la correcta aplicación de la ley, razón por la cual los medios examinados carecen de fundamento y deben ser desestimados.

B.J. NO. 1119, FEBRERO 2004.
 * Considerando**, que en relación a la denuncia de violación del artículo 1315 del Código Civil, formulada por la recurrente en el sentido de que no había realizado el pago de las indemnizaciones laborales a que estaba obligada, de conformidad con el ejercicio del derecho al desahucio contra esta, debido a la supuesta negativa de la recurrida a recibir las mismas en razón de que alegaba un posible estado de embarazo, es necesario significar que en el expediente no consta ningún documento que demuestre tal afirmación, y en este sentido es criterio constante de esta Corte que no basta que un trabajador no se haya presentado a recibir el pago de sus indemnizaciones laborales para que su empleador se encuentre liberado de la aplicación del artículo 86 del Código de Trabajo, que es necesario además que el empleador frente a esa situación haga una oferta real de pago al trabajador desahuciado de los valores que le corresponden por esos conceptos, independientemente de que dicho trabajador reclamase otros derechos.

B.J. NO. 1119, FEBRERO 2004.
 * Considerando**, que toda demanda cuyo conocimiento sea competencia de los tribunales de trabajo, está regulada por el régimen de la prescripción en materia laboral, instituido por los artículos 701 al 704 del Código de Trabajo; que como los propios recurrentes admiten que la acción en reparación de daños y perjuicios la iniciaron ante el tribunal de trabajo después de vencido el plazo de tres meses establecido por el artículo 703 del precitado código la prescripción declarada por el Tribunal a-quo es correcta, razón por la cual el medio que se examina carece de fundamento y debe ser desestimado.

B.J. NO. 1119, FEBRERO 2004.
 * Considerando**, que en la sentencia impugnada consta lo siguiente: “que el juramento decisorio combate las prescripciones laborales, ya que éstas son asimiladas a las cortas prescripciones del derecho común, que reposan en una presunción de pago, y en el caso de la especie se trata de una deuda impuesta por la ley, por lo que debe ser rechazado el medio de inadmisión basado en la prescripción de la acción y acoge la demanda por desahucio incoada por la parte recurrente.

B.J. NO. 1119, FEBRERO 2004.
 * Considerando**, que el artículo 641 del Código de Trabajo dispone que no será admisible el recurso de casación contra las sentencias que impongan una condenación que no exceda de veinte salarios mínimos.

B.J. NO. 1119, FEBRERO 2004.
 * Considerando**, que en la especie, el Tribunal a-quo no sólo dio por establecido el contrato de trabajo del reconocimiento hecho por los recurrentes de la prestación de servicios de los recurridos, con lo que operó la presunción dispuesta por el artículo 15 del Código de Trabajo, sino además de la ponderación de las pruebas aportadas por las partes, de manera principal el testimonio del señor Atahualpa Ovalle González, presentado por el demandante, cuyas declaraciones le merecieron crédito a la Corte a-qua, sin haber sido contradichas por los recurrentes por ningún medio; que al actuar de esa manera el tribunal hizo uso del soberano poder de apreciación de que disfruta, sin que se advierta que cometiera desnaturalización alguna al hacerlo, por lo que su apreciación escapa al control de la casación.

B.J. NO. 1119, FEBRERO 2004.
 * Considerando**, que si bien la Corte a-qua procedió incorrectamente al examinar la reclamación de horas extras y días feriados formulada por el recurrente en su demanda original y rechazada por la sentencia apelada, porque dada la ausencia de un recurso de apelación del trabajador afectado con ese rechazo el mismo se tornó irrevocable, ese proceder no tuvo ninguna incidencia en la solución del asunto por no haberse variado la decisión adoptada por el tribunal de primer grado, razón por la cual el medio examinado carece de fundamento y debe ser desestimado.

B.J. NO. 1119, FEBRERO 2004.
 * Considerando**, que la recurrente impugna la sentencia de fecha 28 de mayo del 2003, dictada por la Cámara Civil, Comercial y de Trabajo de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de San Cristóbal, bajo el predicamento de que la Corte a-qua ha violado las disposiciones de los artículos 1134, 2044 y 2048 del Código Civil, al conferirle mayor alcance a la transacción a que arribaron la recurrente y recurrido para el pago de prestaciones laborales.

B.J. NO. 1119, FEBRERO 2004.
 * Considerando**, que la parte in-fine del artículo 131 del Código de Procedimiento Civil, aplicable en esta materia por mandato del artículo 504 del Código de Trabajo, dispone que: “Los jueces pueden también compensar las costas, en todo o en parte, si los litigantes sucumbieren respectivamente en algunos puntos, o cuando concedan un plazo de gracia a algún deudor.

B.J. NO. 1119, FEBRERO 2004.
 * Considerando**, que después de haber sido interpuesto el recurso de casación de que se trata, y antes de ser conocido, las partes en sus respectivas calidades de recurrente y recurrida, han desistido de dicho recurso, desistimiento que ha sido aceptado por las mismas.

B.J. NO. 1119, FEBRERO 2004.
 * Considerando**, que al momento de la terminación del contrato de trabajo del recurrido estaba vigente la Tarifa No. 3-97, dictada por el Comité Nacional de Salarios, en fecha 29 de septiembre de 1997, que establecía un salario mínimo de RD$2,412.00 mensuales, por lo que el monto de veinte salarios mínimos ascendía a la suma de RD$48,240.00, monto que como es evidente no alcanza la totalidad de las condenaciones que impone la sentencia recurrida, por lo que el recurso de que se trata debe ser declarado inadmisible, de conformidad con lo que prescribe el artículo 641 del Código de Trabajo.

B.J. NO. 1119, FEBRERO 2004.
 * Considerando**, que en la sentencia impugnada consta lo siguiente: “que de conformidad con los principios que dominan el régimen de la prueba en materia de despido, sustentados principalmente, en los artículos 2 del Código de Trabajo y 1315 del Código Civil, en esta situación correspondía al trabajador aportar la prueba del despido alegado por él; que a estos fines, el trabajador hizo oír como testigo al señor Luis de la Cruz, quien, entre otras afirmaciones, dijo (cuando se le interrogó con relación al despido en cuestión): “...lo que pasó (sic) fue que yo fui a comprar un desayuno ahí cuando yo fui él le dijo que estaba finito a José que está despedido”; que, además, Nelson Cabrera (el administrador de la empresa dijo al trabajador que “...estaba descartado que no había más trabajo para él y que ya había otro”, que “...estaba retirado”; que, de conformidad con este testimonio, que esta Corte acoge como confiable, quedó debidamente probado el hecho del despido invocado por el trabajador, situación en la cual correspondía a la empresa recurrente y demandada probar la justa causa de ese hecho, y que, también, había dado cumplimiento a las prescripciones del artículo 91 del Código de Trabajo; pruebas que no aportó, razón por la cual procede declarar el carácter injustificado de dicho despido, con todas sus consecuencias legales.

B.J. NO. 1119, FEBRERO 2004.
 * Considerando**, que de igual manera el Tribunal a-quo dio por establecido que el contrato de trabajo terminó por el despido ejercido por el empleador y que el salario que devengaba el empleado era de RD$10,000.00, todo ello, al analizar la prueba aportada y hacer uso del soberano poder de apreciación de que disfrutan los jueces del fondo en esta materia, sin que se advierta que al hacerlo incurriera en desnaturalización alguna, razón por la cual el medio examinado carece de fundamento y debe ser desestimado.

B.J. NO. 1119, FEBRERO 2004.
 * Considerando**, que en su memorial de defensa, la recurrida invoca la inadmisibilidad del recurso, bajo el alegato de que las condenaciones impuestas por la sentencia recurrida no sobrepasan el monto de veinte salarios mínimos que exige el artículo 641 del Código de Trabajo para la admisibilidad del recurso de casación.

B.J. NO. 1119, FEBRERO 2004.
 * Considerando**, que en virtud de los artículos 640 y 642 del Código de Trabajo, el recurso de casación se interpone mediante un escrito depositado en la secretaría del tribunal que dictó la sentencia, y el mismo contendrá los medios en los cuales se funda el recurso, así como los fundamentos en que se sustentan las violaciones de la ley alegadas por el recurrente, formalidad sustancial para la admisión del recurso de casación.

B.J. NO. 1119, FEBRERO 2004.
 * Considerando**, que en virtud del artículo 39 de la Ley No. 1896, sobre Seguros Sociales, vigente en la época en que acontecieron los hechos, constituía una obligación sustancial a cargo de los empleadores su inscripción en el Instituto Dominicano de Seguros Sociales, así como de los trabajadores bajo su dependencia, por lo que toda violación a esa disposición legal constituía una causal de dimisión al tenor del ordinal 14º del artículo 97 del Código de Trabajo, que autoriza a los trabajadores a poner término a los contratos de trabajo, con responsabilidad para el empleador, cuando éste no cumple con una obligación sustancial derivada de la ley o del contrato.

B.J. NO. 1119, FEBRERO 2004. **Considerando**, que la recurrente propone en su recurso de casación los siguientes medios: Primer Medio: Desnaturalización de los hechos y documentos. Falta de motivos y de base legal. Violación del artículo 141 del Código de Procedimiento Civil. Violación del artículo 31 del Código de Trabajo; Segundo Medio: Violación de los artículos 232, 233, 15, 16 y 34 del Código de Trabajo.

B.J. NO. 1119, FEBRERO 2004. **Considerando**, que en el desarrollo del único medio de casación propuesto, los recurrentes se limitan a copiar textualmente varios artículos del Código de Trabajo y a hacer comentarios sobre los mismos, sin imputarle ninguna violación a la decisión producida por la Corte a-qua, expresando únicamente, en ese sentido: “que ciertamente, ha habido una incorrecta, errada y equivocada aplicación de la ley, al tratar de colar un elemento legal donde no va, como es el caso de la especie, donde se ha querido dejar pasar los artículos 465 y 466 de manera inconsciente o no; sin hacer las observaciones establecidas en el artículo 670 del Código de Trabajo.

B.J. NO. 1119, FEBRERO 2004.
 * Considerando**, que cuando la sentencia impugnada contiene un dispositivo correcto el recurso de casación debe ser rechazado, a pesar de que la misma esté basada en algunos motivos impropios, pudiendo la corte de casación suplir los motivos pertinentes, como acontece en la especie, razón por la cual los medios que se examinan carecen de fundamento y deben ser desestimados.

B.J. NO. 1119, FEBRERO 2004.
 * Considerando**, que en la especie la Corte a-qua, además de poner a cargo del trabajador la prueba de que la dimisión ejercida por él no había caducado, incurre en la contradicción de motivos y de estos con el dispositivo, al precisar que la dimisión de que se trata debía ser declarada injustificada por no haber probado el demandante las faltas atribuidas al empleador, mientras que en el dispositivo de la sentencia impugnada se declara la caducidad de la misma, a pesar de que en el cuerpo de la sentencia se consigna que el pedimento de caducidad formulado por la demandada, le había sido rechazado por sentencia del propio tribunal de fecha 19 de febrero de 1997.

B.J. NO. 1119, FEBRERO 2004.
 * Considerando**, que la sentencia impugnada contiene motivos suficientes y pertinentes que permiten a esta corte verificar que la atribución como parte del proceso, que le otorgó la Corte a-qua al señor Manuel de Jesús Mena Díaz se hizo dentro del marco de la ley y sin contener los vicios invocados por la recurrente, razón por la cual los medios examinados carecen de fundamento y deben ser desestimados.

B.J. NO. 1119, FEBRERO 2004.
 * Considerando**, que para decidir la admisibilidad o no de un recurso de apelación contra una sentencia del juzgado de trabajo, es necesario que el tribunal establezca cual es el monto de las reclamaciones que formula el demandante, la tarifa de salarios mínimos aplicable a la empresa, tipo de actividad a que ésta se dedica o a las labores que realiza el trabajador en el momento de la terminación del contrato de trabajo y cual es el monto de diez de esos salarios mínimos.

B.J. NO. 1119, FEBRERO 2004.
 * Considerando**, que en las motivaciones de la sentencia impugnada consta: “que como en la especie la empresa originaria y actual recurrida ha negado reiteradamente haber despedido al demandante originario y actual recurrente, Sr. René Hernández Ayala, correspondía este último probar, en el alcance de los artículos 2 del Reglamento No. 258-93 para la aplicación del Código de Trabajo, y 1315 del Código Civil, el hecho material del despido que alega, cosa que no hizo ni por ante el Juzgado a-quo ni por ante esta alzada, razón por la que procede el rechazo de los términos de la instancia introductiva de la demanda y del presente recurso de apelación, por falta de pruebas; que el demandante en su instancia introductiva reclama el pago de supuestas comisiones a él dejadas de pagar, pedimento que debe ser rechazado por el hecho de que fuera de que no indicó un monto específico de lo supuestamente adeudádole por ese concepto, tampoco refirió detalle alguno de las ventas que supuestamente realizara y que generaran alegado crédito a su favor.

B.J. NO. 1119, FEBRERO 2004. **Considerando**, que en el desarrollo de los dos medios propuestos, los que se reúnen para su examen por su vinculación, el recurrente alega, en síntesis: que ante la corte se establecieron los hechos que evidencian la existencia de una relación de trabajo que satisfacía necesidades permanentes de la empleadora Galápagos, S. A., bajo la modalidad de control a través de sistema electrónico, dirigido y controlado por éste por medio de un representante que verificaba las operaciones y la percepción de un salario con la modalidad de pago del 8% de las ventas que se realizaban, pero la corte hizo una mala aplicación de la ley laboral al indicar que el trabajador carece de calidad para demandar en pago de prestaciones laborales al recurrido, tal como había decidido el tribunal de primer grado, violando de paso, los Principios VIII y IX del Código de Trabajo, así como los artículos 534 y 542 de dicho código, al desconocer los hechos que se imponen a los documentos, sin dar motivos suficientes para ello, lo que le motivo a declarar inadmisible la reclamación del demandante, sustentada en la supuesta falta de calidad, a pesar de la prueba de la existencia del contrato de trabajo.

B.J. NO. 1119, FEBRERO 2004.
 * Considerando**, que si bien una actitud sostenida por un trabajador que produzca entorpecimiento en las labores de una empresa o que revele una situación de desconfianza puede dar lugar a una imposibilidad del mantenimiento del vínculo contractual y consecuentemente una causal de despido justificado, cuando la imputación se limita a la violación de los ordinales 3ro. y 4to. del artículo 88 del Código de Trabajo, en la parte que sanciona a los trabajadores que realicen actos o intentos de violencias, injurias o malos tratamientos contra alguno de sus compañeros, es menester que los mismos hayan generado una alteración al orden del lugar donde se trabaje, tal como lo dispone la parte final del referido ordinal 4to.

B.J. NO. 1119, FEBRERO 2004. **Considerando**, que en su memorial de defensa, la recurrida invoca la inadmisibilidad del recurso, bajo el alegato de que las condenaciones impuestas por la sentencia recurrida no sobrepasa el monto de veinte salarios mínimos que exige el artículo 641 del Código de Trabajo para hacer admisible un recurso de casación.

B.J. NO. 1120, MARZO 2004.
 * Considerando**, que en virtud del artículo 15 del Código de Trabajo, se presume la existencia del contrato de trabajo en toda relación de trabajo, bastando para que esa presunción adquiera aplicación que la persona que pretenda estar ligada por un contrato de trabajo demuestre haber prestado sus servicios personales a quien considera su empleador, siendo ésta a la vez la que debe probar que la prestación de servicios se originó como consecuencia de un contrato de otro tipo.

B.J. NO. 1120, MARZO 2004.
 * Considerando**, que la exigencia de las disposiciones de los artículos 439 y 441 del Código de Trabajo, que exigen las firmas de las partes, están dirigidas a las actas de infracción levantadas por los inspectores de trabajo y tiene como efecto dar carácter de ciertos hasta inscripción en falsedad a los hechos relatados en el acta, siempre que esta haya sido firmada por los testigos y por el infractor o su representante, sin protestas ni reservas y no para dar validez a la actuación de los inspectores.

B.J. NO. 1120, MARZO 2004.
 * Considerando**, que en la especie, el Tribunal a-quo, además no precisa elementos resaltantes del “acuerdo de partes”, firmado el día 20 de marzo del 2000, entre los que se encuentran el establecimiento de un horario de trabajo diario y semanal, la exclusividad de los servicios a favor de la recurrida, la facilitación de los instrumentos de trabajo de parte de ésta y la atribución de propiedad de la banda, entendida ésta como el conjunto de los demandantes y la facultad del Supercanal para elaborar un contrato donde se determinarían las bases y condiciones de las partes y el pago de una suma de dinero, calificada en dicho acuerdo como contraprestación por los servicios prestados, elementos éstos que la Corte a-qua debió confrontar con los hechos para determinar como se manifestaban, pues podrían ser los que conforman la subordinación jurídica que caracteriza el contrato de trabajo.

B.J. NO. 1120, MARZO 2004. **Considerando**, que en el desarrollo del segundo medio de casación propuesto, el recurrente expresa: que la sentencia impugnada violó el artículo 537 del Código de Trabajo que obliga a los jueces en la fijación de condenaciones, a tener en cuenta la variación en el valor de la moneda durante el tiempo que mediare entre la fecha de la demanda y la fecha en que se pronunció la sentencia, lo que constituye una obligación legal y no una facultad.

B.J. NO. 1120, MARZO 2004.
 * Considerando**, que por otra parte, el artículo 16 del Código de Trabajo libera a los trabajadores de probar los hechos que establecen los documentos que el empleador tiene la obligación de comunicar, registrar y conservar, tales como planillas, carteles y el Libro de Sueldos y Jornales, entre los que se encuentran la duración del contrato de trabajo y el salario devengado.

B.J. NO. 1120, MARZO 2004.
 * Considerando**, que asimismo, del estudio de la sentencia impugnada se advierte que la recurrente resultó sucumbió en parte de sus pretensiones, al serle rechazado su pedimento sobre la validación del embargo en lo relativo a la Corporación Dominicana de Empresas Estatales y la Comisión de Reformas de Empresas Públicas, lo que permitió al Tribunal a-quo condenarle al pago de las costas, al tenor del artículo 131 del Código de Procedimiento Civil.

B.J. NO. 1120, MARZO 2004. **Considerando**, que la parte recurrida en su memorial de defensa concluye en el sentido de que se declare inadmisible el recurso de casación de que se trata, por haber dado aquiescencia la recurrente a la sentencia de primer grado, bajo el argumento siguiente: “que como primer medio contra el recurso, los exponentes entienden que el mismo debe ser declarado inadmisible en virtud de la aquiescencia que dió la Constructora Acosta Bello, S. A., a la sentencia de primer grado, pues no interpuso contra la misma ninguna vía de recurso.

B.J. NO. 1120, MARZO 2004.
 * Considerando**, que después de haber sido interpuesto el recurso de casación de que se trata, y antes de ser conocido, las partes en sus respectivas calidades de recurrente y recurrido, han desistido de dicho recurso, desistimiento que ha sido aceptado por las mismas.

B.J. NO. 1120, MARZO 2004.
 * Considerando**, que después de haber sido interpuesto el recurso de casación de que se trata, y antes de ser conocido, las partes en sus respectivas calidades de recurrente y recurrida, han desistido de dicho recurso, desistimiento que ha sido aceptado por las mismas.

B.J. NO. 1120, MARZO 2004.
 * Considerando**, que los artículos 63 y 64 del Código de Trabajo establecen una responsabilidad solidaria entre los empleadores, cuando se produce una cesión de empresa, de una sucursal o de una dependencia de la misma, que implique el traspaso o transferimiento de un trabajador de una empresa a otra, debiendo cumplir ambos empleadores, sustituto y sustituido, con las obligaciones a favor de los trabajadores afectados con la transferencia.

B.J. NO. 1120, MARZO 2004.
 * Considerando**, que si bien la decisión que ordena la suspensión de la ejecución de una sentencia laboral que ha servido de título para la realización de un embargo retentivo, puede disponer el levantamiento de dicho embargo, es a condición de que previo a ese levantamiento el demandante en suspensión haya consignado el duplo de las condenaciones impuestas a favor del embargante, en cuyo caso se produce la sustitución de una garantía por otra y se cumple la finalidad del artículo 539 del Código de Trabajo.

B.J. NO. 1120, MARZO 2004.
 * Considerando**, que es natural que un tribunal que acoja un medio de inadmisión no decida sobre el fondo de la demanda, ni exija a las partes la presentación de las pruebas de los hechos de la demanda, pues uno de los efectos de la declaratoria de inadmisibilidad es que impide que se conozca el fondo del asunto que se ha declarado inadmisible.

B.J. NO. 1120, MARZO 2004.
 * Considerando**, que la ponderación de dichos documentos pudo, eventualmente, conducir a una solución distinta del litigio, por lo que al no hacerse, la Suprema Corte de Justicia, en funciones de Corte de Casación, no está en condiciones de verificar en el caso de la especie si se ha hecho una correcta aplicación de la ley, razón por la cual la sentencia impugnada debe ser casada por desnaturalización de los hechos y falta de base legal.

B.J. NO. 1120, MARZO 2004.
 * Considerando**, que después de haber sido interpuesto el recurso de casación de que se trata, y antes de ser conocido, las partes en sus respectivas calidades de recurrente y recurrido, han desistido de dicho recurso, desistimiento que ha sido aceptado por las mismas.

Por tales motivos, **Primero:** Da acta del desistimiento hecho por CODETEL, C. por A., de su recurso de casación interpuesto contra la sentencia dictada por la Segunda Sala de la Corte de Trabajo del Distrito Nacional, el 19 de agosto del 2003; **Segundo:** Declara que no ha lugar a estatuir sobre dicho recurso; **Tercero:** Ordena el archivo del expediente.

B.J. NO. 1120, MARZO 2004.
 * Considerando**, que en la sentencia impugnada consta: “que del mismo modo, la inmunidad de jurisdicción deriva en una inadmisibilidad de la demanda introductiva de instancia, ya que provoca que la misma sea descartada sin previo examen del fondo al tenor de las estipulaciones del artículo 44 de la Ley No. 834 de 1978, la cual es invocada de oficio por contener situaciones que interesan al orden público en vista de las funciones de interacción política interestatal investidas a los agentes diplomáticos; que los jueces deben suplir de oficio los medios de derecho en los asuntos que le sometan a su consideración por aplicación del artículo 534 del Código de Trabajo.

B.J. NO. 1120, MARZO 2004. **Considerando**, que en el desarrollo de los medios de casación propuestos, los cuales se reunen para su examen por su vinculación, la recurrente alega: que la corte incurre en el error de rechazar el testigo presentado por ella bajo el alegato de que el informativo testimonial resultó de simple referencia, sin antes examinar sus declaraciones, porque las mismas favorecen a la empresa, al declarar éste que el salario devengado por la demandante señora Monserrat Acosta Moquete era de RD$10,000.00, lo que debió ser tomado en cuenta; que como la recurrente negó que fuera el 21 de mayo que la trabajadora abandonara su trabajo, ya que sucedió el día 7 de ese mes, correspondía a la trabajadora demostrar la fecha invocada por ella, contrario a lo que sucede cuando la terminación del contrato se produce por despido del empleador; que asimismo el dispositivo de la sentencia impugnada está carente de motivaciones y justificaciones, lo que constituye una violación al artículo 141 del Código de Procedimiento Civil.

B.J. NO. 1120, MARZO 2004.
 * Considerando**, que de acuerdo a lo establecido por el artículo 1E de la Ley sobre Procedimiento de Casación: “La Suprema Corte de Justicia decide como Corte de Casación, si la ley ha sido bien o mal aplicada en los fallos en última instancia o en única instancia pronunciados por los tribunales del orden Judicial. Admite o desestima los medios en que se basa el recurso, pero sin conocer en ningún caso del fondo del asunto.

B.J. NO. 1120, MARZO 2004.
 * Considerando**, que al no haber en el Código de Trabajo una disposición que prescriba expresamente la sanción que corresponde cuando la notificación del memorial al recurrido no se haya hecho en el plazo de cinco días a que se refiere el artículo 643 del referido texto legal, debe aplicarse la sanción prevista en el artículo 7 de la Ley No. 3726, del 23 de noviembre de 1966, sobre Procedimiento de Casación, que declara caduco el recurso, cuando el recurrente no emplazare al recurrido en el término fijado por la ley. Esta caducidad será pronunciada a pedimento de la parte interesada o de oficio.

B.J. NO. 1120, MARZO 2004.
 * Considerando**, que el artículo 38 del Reglamento No. 258-93 del 19 de octubre de 1993 para la aplicación del Código de Trabajo, establece las reglas que rigen la determinación de la participación individual en los beneficios de la empresa, en virtud de las cuales es posible establecer el monto de una condenación por este concepto, lo que hace que la misma tenga un valor determinable, careciendo de fundamento el alegato de la recurrente por lo que procede examinar la inadmisión planteada.

B.J. NO. 1120, MARZO 2004.
 * Considerando**, que la decisión que adopta la Corte de Trabajo determinando que la causa invocada por un empleador para poner término al contrato de trabajo de un trabajador amparado por el fuero sindical, obedece a una falta y no a las actividades que éste desarrolla dentro de su gestión, no es una sentencia en última instancia que prejuzgue el fondo, sino una resolución administrativa, que no tiene autoridad de la cosa juzgada, pues no obstante ello los interesados pueden recurrir al Juzgado de Trabajo correspondiente para hacer valer sus derechos en un sentido u otro.

B.J. NO. 1120, MARZO 2004.
 * Considerando**, que del estudio de la sentencia impugnada se advierte que la Corte a-qua, tras ponderar la prueba aportada por las partes dió por establecida la existencia del contrato de trabajo, así como los demás hechos de la demanda, incluido el despido invocado por el demandante, sin incurrir en desnaturalización alguna, dando los motivos suficientes y pertinentes que permiten a esta corte verificar la correcta aplicación de la ley, razón por la cual el medio examinado carece de fundamento y debe ser desestimado.

B.J. NO. 1120, MARZO 2004.
 * Considerando**, que después de haber sido interpuesto el recurso de casación de que se trata, y antes de ser conocido, las partes en sus respectivas calidades de recurrente y recurrido, han desistido de dicho recurso, desistimiento que ha sido aceptado por las mismas.

B.J. NO. 1120, MARZO 2004.
 * Considerando**, que el IX Principio Fundamental del Código de Trabajo dispone que “el contrato de trabajo no es el que consta en un escrito, sino el que se ejecuta en hechos. Es nulo todo contrato por el cual las partes hayan procedido en simulación o fraude a la ley laboral, sea aparentando normas contractuales no laborales, interposición de personas o de cualquier otro medio. En tal caso, la relación de trabajo quedará regida por este código.

B.J. NO. 1120, MARZO 2004.
 * Considerando**, que de esa disposición se deriva que la compensación de las costas, por sucumbir ambas partes en sus pretensiones, es una facultad privativa de los jueces, los que pueden hacer uso de la misma a su mejor criterio, y descarta como un vicio de casación, el hecho de que un tribunal no compense las costas entre dos partes que han sucumbido parcialmente, como ocurre en la especie, razón por la cual el medio que se examina carece de fundamento y debe ser desestimado y en consecuencia, el presente recurso.

B.J. NO. 1120, MARZO 2004.
 * Considerando**, que la suspensión de los efectos del contrato de trabajo no autorizada por el Departamento de Trabajo mediante una resolución de lugar, dictada en ocasión de un pedimento que en ese sentido le formule el empleador, al tenor de los artículos 55 y 56 del Código de Trabajo, es ilegal y como tal da derecho al trabajador afectado de la misma a presentar dimisión justificada de su contrato.

B.J. NO. 1120, MARZO 2004.
 * Considerando**, que al imponerle el pago de la máxima cantidad de días que de acuerdo a la ley tienen derechos los trabajadores por concepto de participación en los beneficios, es obvio que el Tribunal a-quo computó el último año del contrato de trabajo, el cual tuvo una duración, de acuerdo a lo establecido por la Corte a-qua, de más de cuatro años, y no el último año calendario, por lo que no tenía que fraccionar dicho derecho, ni declarar prescrita la acción ejercida en ese sentido, que por demás, no figura en la sentencia impugnada que le fuera planteada por la recurrente, razón por la cual el medio que se examina carece de fundamento y debe ser desestimado.

B.J. NO. 1121, ABRIL 2004.
 * Considerando**, que en la especie, se advierte que la mención que hace la sentencia impugnada sobre el tribunal que dictó la sentencia apelada obedece a un error material, que no tuvo ninguna influencia en el fallo dictado por la Corte a-qua, en vista de que la sentencia impugnada en casación contiene copiada in-extenso el dispositivo de dicha decisión, y porque en la especie no hubo discusión alguna sobre la identificación de dicha sentencia, razón por la cual los medios aquí examinados carecen igualmente de fundamento y deben ser desestimados.

B.J. NO. 1121, ABRIL 2004.
 * Considerando**, que en este mismo sentido, esta Corte al examinar la sentencia impugnada ha podido determinar que la Corte a-qua ha realizado una correcta apreciación de los medios de prueba que conforman el sustratum de la instrucción de este proceso, sin que en modo alguno se pueda advertir desnaturalización de dichos medios de prueba ni violación alguna de los artículos 63 y 64 del Código de Trabajo, por lo que dichos medios de casación deben ser desestimados por improcedentes y mal fundados.

B.J. NO. 1121, ABRIL 2004.
 * Considerando**, que en virtud del artículo 16 de la Ley No. 2920, que constituía el Código de Trabajo vigente en la época en que ocurrieron los hechos, se presumía la existencia de un contrato de trabajo entre la persona que presta un servicio a otra y aquella a quién le es prestado, lo que implicaba que una vez demostrada una prestación de servicios, los tribunales debían dar por establecido que la misma era producto de un contrato de trabajo, hasta tanto la persona a quién se le prestaron los servicios demostrara que éstos tenían su origen en otro tipo de contrato.

B.J. NO. 1121, ABRIL 2004.
 * Considerando**, que después de haber sido interpuesto el recurso de casación de que se trata, y antes de ser conocido, las partes en sus respectivas calidades de recurrente y recurrido, han desistido de dicho recurso, desistimiento que ha sido aceptado por las mismas.

Por tales motivos, **Primero:** Da acta del desistimiento hecho por Central Romana Corporation, LTD., de su recurso de casación interpuesto contra la sentencia dictada por la Corte de Trabajo del Departamento Judicial de San Pedro de Macorís, el 26 de agosto del 2003; **Segundo:** Declara que no ha lugar a estatuir sobre dicho recurso; **Tercero:** Ordena el archivo del expediente.

B.J. NO. 1121, ABRIL 2004. **Considerando**, que en el desarrollo de los medios de casación propuestos, los cuales se reúnen para su examen por su vinculación, los recurrentes expresan, lo siguiente: que los trabajadores demandantes cumplieron con todos los requisitos para ejercer una dimisión justificada, comunicando a ésta dentro del plazo que establece la ley, con indicación de las causas que la motivaron, ya que nunca se le pagó sus salarios en el tiempo que debió hacerse, adeudándole la empresa cuatro meses de salarios en el momento en que se produjo la dimisión, como tampoco se les pagaban las horas extras trabajadas, incurriendo la Corte a-qua en el error de declarar injustificada la dimisión sobre el supuesto de que las partes habían llegado a una conciliación y que los salarios adeudados se les habían pagados, lo que no es cierto, porque el pago se hizo después de fijada la audiencia para producción y discusión de pruebas, lo que significa que la falta ya se había cometido cuando la dimisión se produjo, habiendo producido el daño que justificó la terminación del contrato, aún cuando el pago se hiciera con posterioridad.

B.J. NO. 1121, ABRIL 2004. **Considerando**, que en su memorial de defensa, el recurrido invoca la inadmisibilidad del recurso, bajo el alegato de que las condenaciones impuestas por la sentencia recurrida no sobrepasan el monto de veinte salarios mínimos que exige el artículo 641 del Código de Trabajo para hacer admisible un recurso de casación.

B.J. NO. 1121, ABRIL 2004.
 * Considerando**, que del estudio de los documentos que refiere la recurrente, resulta que éstos no establecen una situación contraria a los hechos comprobados establecidos por el Tribunal a-quo, como consecuencia de la apreciación de la prueba aportada, de manera principal de las declaraciones de los testigos aportados por las partes, las que fueron analizadas por los jueces, en uso del soberano poder de apreciación de que disfrutan en esta materia, lo que les permitió llegar a la conclusión de que el contrato de trabajo de que se trata estuvo vigente hasta el momento en que el trabajador presentó dimisión del mismo, lo que no es desmentido por las certificaciones del Departamento de Trabajo, donde se expresa que en sus archivos no figuraba ninguna comunicación de despido o desahucio en contra del demandante, en el período anterior a la fecha de la dimisión por él ejercida.

B.J. NO. 1121, ABRIL 2004.
 * Considerando**, que después de haber sido interpuesto el recurso de casación de que se trata, y antes de ser conocido, las partes en sus respectivas calidades de recurrente y recurrido, han desistido de dicho recurso, desistimiento que ha sido aceptado por las mismas.

Por tales motivos, **Primero:** Da acta del desistimiento hecho por el Consorcio Azucarero del Caribe, S. A. (CONAZUCAR) y el Ingenio Boca Chica, de su recurso de casación interpuesto contra la sentencia dictada por la Segunda Sala de la Corte de Trabajo del Distrito Nacional, el 19 de noviembre del 2003; **Segundo:** Declara que no ha lugar a estatuir sobre dicho recurso; **Tercero:** Ordena el archivo del expediente.

B.J. NO. 1121, ABRIL 2004.
 * Considerando**, que en su memorial de defensa, el recurrido invoca la inadmisibilidad del recurso, bajo el alegato de que las condenaciones impuestas por la sentencia recurrida no sobrepasan el monto de veinte salarios mínimos que exige el artículo 641 del Código de Trabajo para hacer admisible un recurso de casación;


 * Considerando**, que el artículo 641 del Código de Trabajo, declara que no serán admisibles los recursos de casación contra las sentencias cuyas condenaciones no excedan de veinte salarios mínimos.

B.J. NO. 1121, ABRIL 2004.
 * Considerando**, que al momento de la terminación del contrato de trabajo del recurrido estaba vigente la Tarifa No. 9-99, dictada por el Comité Nacional de Salarios, en fecha 3 de julio de 1999, que establecía un salario mínimo de RD$2,895.00 mensuales, por lo que el monto de veinte salarios mínimos ascendía a la suma de RD$57,900.00, monto que como es evidente no alcanza la totalidad de las condenaciones que impone la sentencia recurrida, por lo que el recurso de que se trata debe ser declarado inadmisible, de conformidad con lo que prescribe el artículo 641 del Código de Trabajo.

B.J. NO. 1121, ABRIL 2004.
 * Considerando**, que carece de trascendencia la falta de ponderación de documentos tendientes a probar la justa causa del despido, cuando el tribunal ha determinado que el mismo no fue comunicado en la forma que prescribe el artículo 91 del Código de Trabajo, en vista de que por mandato del artículo 93 de dicho código el mismo se reputa que carece de justa causa, razón por la cual aún cuando la Corte a-qua haya incurrido en el vicio denunciado en los medios que se examinan, el mismo no tuvo ninguna consecuencia, porque la ponderación de los documentos aludidos no tendría ninguna repercusión en la decisión a tomar.

B.J. NO. 1121, ABRIL 2004. **Considerando**, que en su memorial de defensa el recurrido invoca la inadmisibilidad del recurso, bajo el alegato de que las condenaciones impuestas por la sentencia impugnada no sobrepasan el monto de veinte salarios mínimos que exige el artículo 641 del Código de Trabajo para la admisibilidad del recurso de casación.

B.J. NO. 1121, ABRIL 2004.
 * Considerando**, que el ordinal 3ro. del artículo 358 del Código de Trabajo, dispone que: para que una resolución que adopte la asamblea de un sindicato sea válida, requiere entre otros requisitos, que “la resolución se refiera a una cuestión señalada en la convocatoria y que cuente con el voto favorable de más de la mitad de los miembros o delegados presentes, a menos que la ley o los estatutos exijan otra mayoría.

B.J. NO. 1121, ABRIL 2004.
 * Considerando**, que cuando el artículo 91 del Código de Trabajo dispone que: “en las cuarenta y ocho horas siguientes al despido, el empleador lo comunicará, con indicación de causa, tanto al trabajador como al Departamento de Trabajo o a la autoridad local que ejerza sus funciones”; establece que la obligación se cumpla en uno de estos dos lugares dependiendo de que el contrato se ejecute en la localidad donde funciona el Departamento de Trabajo, o fuera de esa localidad, en cuyo caso debe hacerse ante el Representante Local, que es la autoridad local que ejerce las funciones del Director General de Trabajo, para velar por el cumplimiento de las normas laborales.

B.J. NO. 1121, ABRIL 2004.
 * Considerando**, que al margen de que la recurrente no señala en su memorial el documento del cual hizo reserva de depositar con posterioridad a su escrito inicial ni los hechos que pretendía probar con el mismo, necesario para esta corte determinar si la falta atribuida al Tribunal a-quo tuvo repercusión en la decisión adoptada, el artículo 544 del Código de Trabajo declara que es facultativo del juez ordenar el depósito de documentos en esas circunstancias, por lo que no constituye una violación al mismo el hecho de que la Corte a-qua haya rechazado el pedimento de la actual recurrente, por haber actuado dentro de sus facultades privativas.

B.J. NO. 1121, ABRIL 2004.
 * Considerando**, que en la especie, la Corte a-qua, en uso de sus facultades compensó una parte de las costas causadas en grado de apelación, al sucumbir, tanto la recurrente como el recurrido en parte de sus pretensiones, lo que determinó que la sentencia recurrida fuere confirmada en todas sus partes y que la nueva compensación hecha por el Tribunal a-quo sólo tuviera efecto en el momento de ser liquidadas las costas causadas en dicha alzada, al margen de la decisión, que en ese aspecto adoptó el juzgado de trabajo.

B.J. NO. 1122, MAYO 2004. **Considerando**, que en el desarrollo de los tres medios propuestos, los cuales se reúnen para su examen por su vinculación, los recurrentes alegan: que la Corte a-qua no tomó en cuenta que el acta de acuerdo es un documento fundamental del presente caso y que el mismo debía ser ponderado con especial cuidado y profundidad, porque fue el que originó la obligación cuyo cumplimiento fue el objeto de la demanda, pero pese a que no lo ponderó debidamente la corte consideró erróneamente que el mismo estuvo condicionado a una formula que se publicó, con lo que fue desnaturalizado; que para basar su fallo la sentencia señala una coincidencia entre lo planteado por la testigo Nancy Mercedes Tejada y los documentos depositados por la recurrida, cuando en realidad en el expediente reposan las facturas de costos de otros períodos y de conceptos de gastos no computables a los costos en cuestión, dándole validez a las facturas para probar el argumento del aumento de los costos, cuando en realidad, éstos mismos documentos o facturas sirvieron para probar una grosera manipulación de los costos de períodos, incluyéndose gastos que correspondían a otro período, entre los que figura una factura por compra de piezas de repuestos, fechada 27 de junio de 1997, y sin embargo la ubican en el período de la reclamación.

B.J. NO. 1122, MAYO 2004.
 * Considerando**, que en virtud del artículo 223 del Código de Trabajo, los trabajadores que tienen derecho a participación de las utilidades o beneficios netos anuales de las empresas, son aquellos vinculados a éstas a través de contratos de trabajo por tiempo indefinido.

B.J. NO. 1122, MAYO 2004.
 * Considerando**, que si bien el artículo 713 del Código de Trabajo, dispone que “la responsabilidad civil de las personas mencionadas en el artículo 712 está regida por el derecho civil, salvo disposición contraria del presente código”, ese mismo artículo dispone que corresponde a los tribunales de trabajo conocer de las acciones de esa especie dirigidas contra los empleadores, estableciendo el referido artículo 712, la responsabilidad civil de éstos por los actos que realicen en violación de las disposiciones del Código de Trabajo y que el demandante queda liberado de la prueba del perjuicio.

B.J. NO. 1122, MAYO 2004.
 * Considerando**, que en las consideraciones contenidas en la ordenanza impugnada no se advierten las contradicciones que le son imputadas por los recurrentes, por ser estas motivaciones lógicas y coherentes que justifican el dispositivo de la misma, el cual dispone la sustitución de la primera fianza otorgada por la Primera Oriental de Seguros, al producirse con posterioridad a la emisión de la póliza correspondiente la revocación de la licencia para operar de dicha compañía.

B.J. NO. 1122, MAYO 2004.
 * Considerando**, que al no haber en el Código de Trabajo una disposición que prescriba expresamente la sanción que corresponde cuando la notificación del memorial al recurrido no se haya hecho en el plazo de cinco días a que se refiere el artículo 643 del referido texto legal, debe aplicarse la sanción prevista en el artículo 7 de la Ley No. 3726 del 23 de noviembre de 1966 sobre Procedimiento de Casación, que declara caduco el recurso, cuando el recurrente no emplazare al recurrido en el término fijado por la ley. Esta caducidad será pronunciada a pedimento de la parte interesada o de oficio.

B.J. NO. 1122, MAYO 2004.
 * Considerando**, que del estudio de la sentencia impugnada y de los documentos que integran el expediente se establece que el Tribunal a-quo, tras la ponderación de la prueba aportada, de manera particular las declaraciones del señor Rafael Martínez y de la comunicación fechada 21 de febrero de 1996, firmada por el señor Eduardo Lama, dio por establecido que el recurrido le prestó sus servicios personales a la recurrente como consecuencia de un contrato de trabajo pactado entre las partes, sin que se advierta que incurrieran en desnaturalización alguna, con lo que rechazó la inadmisibilidad planteada por la demandada bajo el alegato de la ausencia de la relación laboral.

B.J. NO. 1122, MAYO 2004. **Considerando**, que en su memorial de defensa, la recurrida invoca la inadmisibilidad del recurso, bajo el alegato de que las condenaciones impuestas por la sentencia recurrida no sobrepasan el monto de veinte salarios mínimos que exige el artículo 641 del Código de Trabajo para hacer admisible un recurso de casación.

B.J. NO. 1122, MAYO 2004.
 * Considerando**, que ese hecho es una causal de dimisión, al tenor del ordinal 14 del artículo 97 del Código de Trabajo, por constituir la omisión de inscripción en el seguro social el incumplimiento de una obligación sustancial puesta a cargo de los empleadores.

B.J. NO. 1122, MAYO 2004.
 * Considerando**, que en la especie la sentencia impugnada refiere que la Corte a-qua ordenó la celebración de la comparecencia personal de las partes, a solicitud de la parte demandada, fijándose el día 14 de enero del 2002, para el conocimiento de dicha medida, no figurando en cambio en la decisión del Tribunal a-quo, ninguna mención sobre el resultado de la celebración de la misma, es decir si se efectuó o no, lo que hace que el fallo recurrido carezca de motivos y de base legal, razón por la cual debe ser casada, sin necesidad de examinar los demás medios del recurso.

B.J. NO. 1122, MAYO 2004.
 * Considerando**, que en cuanto a lo alegado por el recurrente en el primer medio de su recurso en el sentido de que la Corte a-qua ha desnaturalizado los hechos, circunstancias y documentos de la causa al considerar que el testigo Sr. José Antonio Rodríguez Jiménez y el recurrido demandante original Sr. Francisco Ramón Vargas nunca pudieron coincidir, a su modo de ver, en el mismo lugar de trabajo, en razón de la naturaleza de las labores que realizaban, a la vez que imputa a dicha Corte la falta de investigación de los hechos que servían de base a la demanda de que se encontraban apoderados, pero tal y como puede observarse en la motivación preseñalada, la declaración del testigo José Antonio Rodríguez Jiménez fue apreciada correctamente por la Corte a-qua, sin que se advierta que hayan desnaturalizado los hechos de la causa, pues por otro lado el recurrente, en modo alguno, hizo prueba durante el proceso de la certeza de sus alegatos y en ese sentido la apreciación formulada por los jueces del fondo, sobre los hechos investigados, escapa al control de la casación, pues los jueces hicieron un uso adecuado del poder soberano de apreciación de que disfrutan sobre las pruebas que les son aportadas, por lo que dicho medio debe ser desestimado por improcedente y mal fundado.

B.J. NO. 1122, MAYO 2004. **Considerando**, que los recurrentes proponen en su recurso de casación los siguientes medios: Primer Medio: Falta de motivos. Violación a los artículos 141 del Código de Procedimiento Civil y 537 del Código de Trabajo. Desconocimiento del artículo 95, ordinal 3ro., mandato de orden público; Segundo Medio: Falta de estatuir y ponderación de los documentos sometidos a los debates. Falta de base legal; Tercer Medio: Desconocimiento de los artículos 494, 530, 534 y 634 del Código de Trabajo que establecen el papel activo del juez laboral. Desnaturalización de las pruebas del proceso.

B.J. NO. 1122, MAYO 2004.
 * Considerando**, que los accionistas de una sociedad comercial, aún los mayoritarios, no son responsables del cumplimiento de las obligaciones que se derivan de los contratos de trabajo pactados por dicha sociedad, de cuyos trabajadores es ella la empleadora, siendo los accionistas que laboren como administradores, gerentes o directores de la empresa como representantes de ésta, al tenor del artículo 6 del Código de Trabajo.

B.J. NO. 1122, MAYO 2004.
 * Considerando**, que el artículo 95 del Código de Trabajo, reconoce una opción al trabajador amparado por un contrato para una obra o servicio determinado, para en caso de terminación del contrato por despido antes de la finalización de la obra o servicio convenido, reclamar la suma mayor “entre el total de salarios que faltare hasta el vencimiento del término o hasta la conclusión del servicio o la obra convenidos y la suma que habría recibido en caso de desahucio.

B.J. NO. 1122, MAYO 2004.
 * Considerando**, que el artículo 640 del Código de Trabajo dispone que el recurso de casación se interpondrá mediante escrito depositado en la secretaría del tribunal que dictó la sentencia, mientras que el ordinal 4to. del artículo 642 establece que dicho escrito contendrá los medios en que se funda el recurso y las conclusiones.

B.J. NO. 1122, MAYO 2004.
 * Considerando**, que no basta a un empleador pagar una porción de las indemnizaciones laborales a un trabajador desahuciado para librarse de la aplicación de la parte in fine del artículo 86 del Código de Trabajo, que le obliga a pagar un día de salario por cada día de retardo en el pago de dichas indemnizaciones, en cuyo caso el tribunal deberá aplicar dicho pago en forma proporcional a la parte dejada de pagar.

B.J. NO. 1122, MAYO 2004.
 * Considerando**, que la disposición contenida en el artículo 539 del Código de Trabajo, en el sentido de que “cuando la consignación se realice después de comenzada la ejecución, ésta quedará suspendida en el estado en que se encuentre”, no impide al juez de la ejecución disponer el levantamiento de cualquier medida, conservatoria o de ejecución, realizada antes del depósito de la garantía correspondiente, una vez éste se haya cumplido, pues de lo contrario sería permitir el establecimiento de una doble garantía para el mismo crédito, lo que constituye una medida irracional e injusta, ajena a la finalidad de dicho artículo 539 del Código de Trabajo, el cual persigue garantizar el cobro de los créditos reconocidos por los tribunales de trabajo a través de una sentencia que haya adquirido la autoridad de la cosa irrevocablemente juzgada, para lo que es suficiente el depósito de la garantía del duplo de las condenaciones.

B.J. NO. 1122, MAYO 2004.
 * Considerando**, que en virtud del literal e) del artículo 38, del Reglamento No. 258-93, para la aplicación del Código de Trabajo, “si las utilidades de la empresa no son suficientes para cubrir el límite de los cuarenta y cinco o sesenta días fijado por el artículo 223 del Código de Trabajo, se dividirá la suma a distribuir entre el importe total de lo que hubiere correspondido a los trabajadores de haberse cubierto el límite mencionado y el cuociente obtenido se multiplicará por la participación individual de cada trabajador.

B.J. NO. 1122, MAYO 2004.
 * Considerando**, que si bien el artículo 9 de la Ley Orgánica de la Suprema Corte de Justicia No. 25-91, modificado por el artículo 1 de la Ley No. 156-97, compete a la Tercera Cámara conocer y fallar los recursos de casación que se interpongan por primera vez en materia laboral, el artículo 17 de dicha ley reconoce competencia al Presidente de la Suprema Corte de Justicia para recibir, a través de la Secretaría General del Tribunal, todos los expedientes y cursarlos según su naturaleza a la cámara correspondiente para su solución, de donde se deriva que está bien encaminado el expediente que deba ser decidido por una cámara específica de la Suprema Corte de Justicia, aún cuando esté dirigido al pleno del tribunal, pues en todo caso, es el Presidente del mismo el que hace llegar el recurso a la cámara que deba decidirlo, razón por la cual el medio de inadmisibilidad que se examina carece de fundamento y debe ser desestimado.

B.J. NO. 1122, MAYO 2004. **Considerando**, que en el desarrollo del segundo medio propuesto, la recurrente expresa, en síntesis, lo siguiente: que la sentencia impugnada confirma la sentencia de primer grado que condena a la empresa al pago de la participación en los beneficios, lo que constituye una violación al artículo 1315 del Código Civil, por su falta de motivación y por la ausencia de prueba de que la recurrente tuviera beneficios para ser distribuidos entre sus trabajadores, lo que debió ser demostrado por el demandante, para lo cual el artículo 225 del Código de Trabajo señala que en caso de discrepancias sobre los beneficios de la empresa el Secretario de Estado de Trabajo puede dirigirse al Director General de Impuesto sobre la Renta para que realice las investigaciones de lugar y el artículo 494 permite al juez laboral solicitar a cualesquier persona, todos los datos e informaciones que tengan relación con los asuntos que cursen en ellos.

B.J. NO. 1122, MAYO 2004.
 * C onsiderando **, que en su segundo y tercer medios de casación los recurrentes desarrollan como argumentos destinados a obtener la casación de la ordenanza impugnada, una crítica sobre supuesta falta de motivos o motivos contradictorios, así como la violación del artículo 1315 del Código Civil, lo que a su modo de ver implica falta de ponderación de las pruebas aportadas, pero estos señalamientos resultan improcedentes para el caso de la especie, en razón de que el juez de los referimientos no puede analizar y decidir sobre vicios procesales atribuidos a una sentencia cuya ejecución se pretende suspender, por cuestiones a ser decididas por la Corte de Trabajo, en ocasión del recurso de apelación que se interponga contra dicha sentencia, salvo que los vicios generen un error grosero, un exceso de poder o una violación al derecho de defensa de la demandante en suspensión, lo que no se advierte en el caso de la especie, por lo que dichos medios deben ser desestimados.

B.J. NO. 1122, MAYO 2004.
 * Considerando**, que agregado al plazo de un mes establecido por el referido artículo 95 el día a-quo y el día a-quem, más los domingos 11, 18 y 25 de mayo, y 1 y 8 de junio del 2003, declarados por ley no laborables, comprendidos en el período iniciado el 7 de mayo del 2003, fecha de la notificación de la sentencia, el plazo para el ejercicio del recurso de casación vencía el 14 de junio del 2003; consecuentemente, al haberse interpuesto los recursos el 9 de junio del 2003, los mismos fueron ejercidos en tiempo hábil, razón por la cual el medio de inadmisión que se examina es desestimado por carecer de fundamento.

B.J. NO. 1122, MAYO 2004. **Considerando**, que el recurrente propone en su recurso de casación los siguientes medios: Primer Medio: Mala aplicación de la ley laboral. Violación de las reglas de la apelación, artículos 16, 534, 541, 542, 548, 594, numeral, inciso J, artículo 8 de la Constitución de la República; Segundo Medio: Falta de motivos y de base legal. Violación al artículo 141 del Código de Procedimiento Civil.

B.J. NO. 1122, MAYO 2004.
 * Considerando**, que al margen de que el Tribunal a-quo no basó su decisión exclusivamente en las declaraciones del Dr. Juan Onésimo Tejada, por lo que su exclusión como testigo en nada afecta el fallo impugnado, para que esa exclusión se produjera era necesario que la actual recurrente hiciera las objeciones de lugar antes de que la Corte a-qua le tomara el juramento de rigor, por lo que su alegato de que el mismo no debió ser tomado en cuenta resulta extemporáneo.

B.J. NO. 1122, MAYO 2004.
 * Considerando**, que en la especie el Tribunal a-quo dió por establecido que el contrato de trabajo, cuya existencia admitió la demandada, era por tiempo indefinido al apreciar que la actual recurrente no demostró que dicho contrato había sido pactado por una duración determinada o que la naturaleza de las labores que realizaba el trabajador eran propias de este tipo de contrato, manteniendo vigencia la disposición del referido artículo 34 del Código de Trabajo que presume que todo contrato de trabajo ha sido pactado por un tiempo indefinido, no advirtiéndose que para formar su criterio, el Tribunal a-quo haya incurrido en desnaturalización alguna.

B.J. NO. 1122, MAYO 2004.
 * Considerando**, que habiendo establecido el tribunal a-quo, tal como ha sido expuesto en el examen de los medios anteriores, la existencia del contrato de trabajo por tiempo indefinido, es lógico que constituyera una falta a cargo del empleador la ausencia de la concesión de las vacaciones anuales, salario navideño y participación en los beneficios, la que en virtud del artículo 712 del Código de Trabajo dio lugar a la reparación de los daños y perjuicios que esa falta produjo al trabajador demandante y que la Corte a-qua estimó, de manera soberana en la suma de veinte mil pesos oro (RD$20,000.00), que sólo podría ser cuestionada en casación, si se considerara una suma excesiva, lo que en la especie no es apreciado de esa manera por esta Corte.

B.J. NO. 1122, MAYO 2004.


 * Considerando**, que después de haber sido interpuesto el recurso de casación de que se trata, y antes de ser conocido, las partes en sus respectivas calidades de recurrente y recurrido, han desistido de dicho recurso, desistimiento que ha sido aceptado por las mismas.

B.J. NO. 1123, JUNIO 2004
 * Considerando**, que la recurrente propone en su recurso de casación el siguiente medio: Primer Medio: Que la violación de los artículos números 87 (parte in fine); Art. 8 del Reglamento No. 258-93, para la aplicación del Código de Trabajo; Art. 141 del Código de Procedimiento Civil, sobre la violación de las conclusiones del abogado; Art. 146, parte in fine, del Código Penal de la República Dominicana; Segundo Medio: Ausencia o falta de motivos en la sentencia impugnada e insuficiencia en la remuneración y descripción de los hechos de la causa; Tercer Medio: Desnaturalización de los hechos y falta de base legal; Cuarto Medio: Desnaturalización de las pruebas del proceso;


 * Considerando**, que en su memorial de defensa, el recurrido invoca la inadmisibilidad del recurso, bajo el alegato de que las condenaciones impuestas por la sentencia impugnada no sobrepasan el monto de veinte salarios mínimos que exige el artículo 641 del Código de Trabajo para hacer admisible un recurso de casación;

B.J. NO. 1123, JUNIO 2004
 * Considerando**, que una sentencia no puede ser objeto de dos recursos de casación sucesivos interpuestos por la misma parte y menos cuando, como ocurre en el presente caso, se proponen contra la decisión impugnada los mismos medios de casación y los mismos agravios o desarrollos, que por figurar ya en la decisión de esta Cámara, del 23 de junio, resulta innecesario repetir ahora;


 * Considerando**, que por haberse resuelto el recurso de casación del 14 de abril del 2002, conocido en la audiencia del 9 de junio del 2004, es obvio que este segundo recurso conocido en la audiencia del 16 de junio del 2004, debe ser declarado inadmisible;

B.J. NO. 1123, JUNIO 2004
 * Considerando**, que agregado al plazo de un mes establecido por el referido artículo 641, el día a-quo y el día a-quem, más los domingos 19 y 26 de octubre; 2, 9 y 16 de noviembre y el 10, día de la Constitución, declarados por ley no laborables, comprendidos en el período iniciado el 15 de octubre del 2003, fecha en que según la propia recurrente fue notificada la sentencia impugnada, el plazo para el ejercicio del recurso de casación vencía el 23 de noviembre del 2003, que por ser día no laborable, se extendió hasta el 24 de dicho mes, por lo que consecuentemente, al haberse interpuesto el recurso el 17 de noviembre del 2003, el mismo fue ejercido en tiempo hábil, razón por la cual el medio de inadmisión que se examina es desestimado por carecer de fundamento;

B.J. NO. 1123, JUNIO 2004
 * Considerando**, que la recurrente propone en su recurso de casación los siguientes medios: Primer Medio: Desnaturalización de los hechos y documentos. Falta de base legal. Violación de los artículos 97 y siguientes del Código de Trabajo. Violación al papel activo del Juez; Segundo Medio: Falta de base legal. Contradicción de fallo. Falta de motivos. Violación del artículo 1315 del Código Civil. Violación del artículo 712 del Código de Trabajo;

B.J. NO. 1123, JUNIO 2004
 * Considerando**, que si bien el artículo 704 del Código de Trabajo establece que el plazo de la prescripción se inicia un día después de la terminación del contrato de trabajo, cuando la causa de la terminación es el desahucio ejercido por el empleador, dentro de ese plazo no se cuentan los primeros diez días, en vista de que por mandato del artículo 86 del Código de Trabajo, ese es el tiempo que tiene el empleador para realizar el pago de las indemnizaciones por el auxilio de cesantía y omisión del preaviso y durante el cual el trabajador no puede ejercer ninguna acción en los tribunales, por no estar aún en falta el empleador, lo que está avalado por el principio de que en los plazos de la prescripción no se cuenta el período en que una persona está impedida de actuar en justicia;

B.J. NO. 1123, JUNIO 2004
 * Considerando**, que en la especie, el Tribunal a-quo ordenó la exclusión de la grúa marca FAUN, modelo RTF 40-3, No. WFN3RT9N4040114, color blanco, del año 1994 y sus partes accesorias, dando como motivo para ello que la misma había ingresado al país bajo el régimen de internamiento temporal, y debía ser reembarcada a su país de origen, so pena de ser incautada por la Dirección General de Aduanas, si el traslado no se producía, lo que constituyó una decisión que cuestionó el derecho de disponibilidad sobre la misma de la recurrida y en consecuencia, la propia validez del embargo conservatorio y que como tal escapa a las facultades y poderes del juez de referimientos, al ser objeto de una contestación seria, que debe ser decidida por el juez apoderado de la demanda en validez, razón por la cual la ordenanza impugnada carece de base legal y debe ser casada;

B.J. NO. 1123, JUNIO 2004
 * Considerando**, que en la especie, del estudio de la sentencia impugnada se advierte que la recurrente no discutió la fecha del depósito de los documentos por parte de la recurrida, dando por válido dicho depósito, lo que hacía innecesario que el Tribunal a-quo hiciera referencia a la misma; que por demás, el monto de la reclamación formulada por el demandante, único elemento que incidió en la decisión adoptada por la Corte a-qua, de los que contiene el acto introductivo de la demanda, el cual es el documento objetado en su recurso de casación por la recurrente, figura inserto en la sentencia apelada, por lo que aún cuando el Tribunal a-quo no hubiere ponderado dicho documento, podía deducir la inadmisibilidad decretada del examen de dicha sentencia;

B.J. NO. 1123, JUNIO 2004
 * Considerando**, que en virtud del artículo 712 del Código de Trabajo, los empleadores son responsables civilmente de los actos que realicen en violación de las disposiciones de dicho código, al margen de cualquier otra sanción que se les pudiere aplicar por la violación cometida, lo que permite a los tribunales establecer cuando la actuación de un empleador, además de implicar el pago de indemnizaciones laborales, compromete su responsabilidad civil y le acarrea la obligación de reparar los daños de esa índole que su proceder hubiere producido;

B.J. NO. 1123, JUNIO 2004
 * Considerando**, que el artículo 639 del Código de Trabajo dispone que salvo lo establecido de otro modo en el capítulo de dicho código que trata del recurso de casación, son aplicables a éste las disposiciones de la Ley sobre Procedimiento de Casación;


 * Considerando**, que al no haber en el Código de Trabajo una disposición que prescriba expresamente la sanción que corresponde cuando la notificación del memorial al recurrido no se haya hecho en el plazo de cinco días a que se refiere el artículo 643 del referido código, debe aplicarse la sanción prevista en el artículo 7 de la Ley No. 3726, del 23 de noviembre de 1966, que declara caduco el recurso, cuando el recurrente no emplazare al recurrido en el término fijado por la ley. Esta caducidad será pronunciada a pedimento de la parte interesada o de oficio;

B.J. NO. 1123, JUNIO 2004
 * Considerando**, que corresponde al trabajador que demanda en pago de indemnizaciones laborales por dimisión justificada demostrar, en primer término que comunicó dicha dimisión al Departamento de Trabajo en el término del plazo de 48 horas previsto en el artículo 100 del Código de Trabajo y en segundo término de las faltas atribuidas al empleador y que sustentaron la terminación del contrato;

B.J. NO. 1123, JUNIO 2004
 * Considerando**, que la sentencia de primer grado modificada por el fallo impugnado, condena a la recurrida pagar al recurrente, los valores siguientes: RD$2,335.30, por concepto de proporción de regalía pascual y RD$11,760.00, por concepto de proporción en la participación individual de beneficios, lo que hace un total de RD$14,095.30;


 * Considerando**, que al momento de la terminación del contrato de trabajo del recurrente estaba vigente la Tarifa No. 2-01, dictada por el Comité Nacional de Salarios, en fecha 13 de febrero del 2001, que establecía un salario mínimo de RD$3,415.00 mensuales, por lo que el monto de veinte salarios mínimos ascendía a la suma de RD$68,300.00, monto que como es evidente no alcanza la totalidad de las condenaciones que impone la sentencia recurrida, por lo que el recurso de que se trata debe ser declarado inadmisible, de conformidad con lo que prescribe el artículo 641 del Código de Trabajo.

B.J. NO. 1123, JUNIO 2004
 * Considerando**, que los recurrentes proponen en su recurso de casación los siguientes medios: Primer Medio: Falta de base legal, falta de ponderación de los documentos sometidos al debate. Desnaturalización de los hechos de la causa y violación artículo 141 del Código de Procedimiento Civil; Segundo Medio: Violación del artículo 586 del Código de Trabajo. Falta de base legal; Tercer Medio: Violación del Principio IV del Código de Trabajo; Cuarto Medio: Violación del artículo 541, ordinal octavo del Código de Trabajo;

B.J. NO. 1123, JUNIO 2004
 * Considerando**, que en su memorial de defensa, la recurrida invoca la inadmisibilidad del recurso, bajo el alegato de que las condenaciones impuestas por la sentencia recurrida no sobrepasan el monto de veinte salarios mínimos que exige el artículo 641 del Código de Trabajo para hacer admisible un recurso de casación;


 * Considerando**, que el artículo 641 del Código de Trabajo, declara que no serán admisibles los recursos de casación contra las sentencias cuyas condenaciones no excedan de veinte salarios mínimos;

B.J. NO. 1123, JUNIO 2004
 * Considerando**, que en la especie, el Tribunal a-quo dio por establecido que el demandante prestaba sus servicios personales a la demandada mediante un contrato de trabajo por tiempo indefinido, criterio formado del análisis de la admisión hecha por ésta última, en el sentido de que el recurrido le prestaba sus servicios personales, y de la ponderación de las demás pruebas aportadas, las cuales, a su juicio, no demostraron que la presunción del contrato de trabajo por tiempo indefinido, derivada del mandato de los artículos 15 y 34 del Código de Trabajo, había sido combatida por la recurrente;

B.J. NO. 1123, JUNIO 2004
 * Considerando**, que en la especie, la decisión impugnada no indica si al recurrente le fue exigida la certificación a que alude el artículo 70 del Código de Trabajo y si los trabajadores demandantes solicitaron el pago de los salarios dejados de pagar antes de que el empleador cumpliera con su obligación, elementos éstos necesarios para esta Corte, en funciones de Corte de Casación verificar si en la especie la ley ha sido bien aplicada, incurriendo por tanto en los vicios denunciados por la recurrente, en cuanto a la falta de motivos y de base legal, razón por la cual la sentencia impugnada debe ser casada;

B.J. NO. 1123, JUNIO 2004
 * Considerando**, que en las motivaciones de la sentencia impugnada consta: “Que respecto al despido alegado por la trabajadora recurrida, este quedó comprobado por las declaraciones de la testigo hecha oír ante esta Corte por la recurrida señora Fénix Elena Alvarez Moronta de Despradel, quien aseguró que ésta fue despedida por el hecho de haber llegado tarde a una reunión convocada por la empresa, y haberse negado a realizar una venta a una pareja, no obstante, haber recibido las ordenes del señor Jhonny, jefe de venta; que la despidió Robert Marticotte, quien le dijo que ella estaba causando conflictos en la empresa; que estas declaraciones nos merecen entero crédito para establecer el despido del cual fue objeto la trabajadora recurrida; que si bien es cierto conforme a las declaraciones vertidas por la testigo de referencia, que la trabajadora se negó a realizar una labor asignada por el representante de venta de la empresa, y que ésta llegó tarde a una reunión convocada por la empresa, no es menos cierto que esta última no dio cumplimiento a las exigencias del artículo 91 del Código de Trabajo, el cual expresa: “En las cuarenta y ocho horas siguientes al despido, el empleador lo comunicará, con indicación de causa, tanto al trabajador como al Departamento de Trabajo o a la autoridad local que ejerza sus funciones”;

B.J. NO. 1123, JUNIO 2004
 * Considerando**, que las disposiciones del artículo 16 del Código de Trabajo liberan al trabajador de la prueba de los hechos establecidos en los libros y documentos que el empleador tiene que registrar y conservar ante las autoridades de trabajo, por lo que cuando el trabajador demanda en pago de prestaciones laborales por la falta de cumplimiento del empleador a cualquiera de las obligaciones que se derivan del contrato de trabajo, una vez demostrada la prestación del servicio corresponde a este último demostrar que cumplió con tales obligaciones;

B.J. NO. 1123, JUNIO 2004
 * Considerando**, que como correctamente lo expresa la sentencia impugnada en sus motivaciones, las situaciones contempladas por las sentencias dictadas respectivamente por la Cámara de lo Civil, Comercial y de Trabajo del Distrito Judicial de San Cristóbal, adquirieron la autoridad de la cosa irrevocablemente juzgada, y que por tanto y en aplicación de las disposiciones del artículo 8 de la Constitución de la República, ordinal 2, literal h, como también de las disposiciones del artículo 1315 del Código Civil, no pueden ser objeto de ninguna modificación o alteración, por haber dicha sentencia adquirido la autoridad de la cosa irrevocablemente juzgada;

B.J. NO. 1123, JUNIO 2004
 * Considerando**, que la parte recurrente en sus dos medios de casación examinados en conjunto por su conexidad, sostiene que “la Corte a-qua ha desnaturalizado en la sentencia impugnada los hechos y documentos de la causa, dejando dicha decisión sin base legal, a la vez que le imputa violación a las disposiciones del artículo 403 del Código de Procedimiento Civil y a la vez contradicción de fallos y sostiene además en ambos medios, que la Corte a-qua ha violado las reglas de la aquiescencia válida y otros aspectos del desistimiento, así como el artículo 403 del Código de Procedimiento Civil y 586 del Código de Trabajo, fallo ultra o extra petita”;

B.J. NO. 1123, JUNIO 2004
 * Considerando**, que la decisión impugnada dispone lo siguiente: Se condena a la parte demandada pagar al demandante, los siguientes valores: a) RD$2,937.34, por concepto de 14 días de preaviso; b) RD$2,727.53, por concepto de 13 días de auxilio de cesantía; c) RD$30,000.00, por concepto de 6 meses de salario en virtud del artículo 95 ordinal tercero del Código de Trabajo; d) RD$15,000.00, por concepto de tres meses de trabajo realizado y no pagado, todo en base a un salario de RD$5,000.00, lo que hace un total de RD$50,665.12;


 * Considerando**, que al momento de la terminación del contrato de trabajo del recurrido estaba vigente la Tarifa No. 2-01, dictada por el Comité Nacional de Salarios, en fecha 13 de febrero del 2001, que establecía un salario mínimo de RD$3,415.00 pesos mensuales, por lo que el monto de veinte salarios mínimos ascendía a la suma de RD$68,300.00, monto que como es evidente no alcanza la totalidad de las condenaciones impuestas en la sentencia recurrida, por lo que el recurso de que se trata debe ser declarado inadmisible, de conformidad con lo que prescribe el artículo 641 del Código de Trabajo.

B.J. NO. 1123, JUNIO 2004
 * Considerando**, que el artículo 639 del Código de Trabajo dispone que salvo lo establecido de otro modo en el capítulo de dicho código que trata del recurso de casación, son aplicables a éste las disposiciones de la Ley sobre Procedimiento de Casación;


 * Considerando**, que al no haber en el Código de Trabajo una disposición que prescriba expresamente la sanción que corresponde cuando la notificación del memorial al recurrido no se haya hecho en el plazo de cinco días a que se refiere el artículo 643 del referido código, debe aplicarse la sanción prevista en el artículo 7 de la Ley No. 3726, del 23 de noviembre de 1966, que declara caduco el recurso, cuando el recurrente no emplazare al recurrido en el término fijado por la ley. Esta caducidad será pronunciada a pedimento de la parte interesada o de oficio;

B.J. NO. 1123, JUNIO 2004
 * Considerando**, que el artículo 495 del Código de Trabajo, establece que “Los plazos de procedimientos para las actuaciones que deban practicar las partes son francos y se aumentarán en razón de la distancia, en la proporción de un día por cada treinta kilómetros o fracción de más de quince kilómetros. Los días no laborables comprendidos en un plazo no son computables en éste. Si el plazo vence en día no laborable, se prorroga hasta el siguiente. No puede realizarse actuación alguna en los días no laborables, ni antes de las seis de la mañana o después de las seis de la tarde en los demás”;

B.J. NO. 1123, JUNIO 2004
 * Considerando**, que en el desarrollo del cuarto medio de casación propuesto, el recurrente alega en síntesis, lo siguiente: que la demandante inicial sucumbió en los aspectos medulares de su demanda original, sin embargo y contrario a lo que imponen los artículos 130 y siguientes del Código de Procedimiento Civil, la Corte a-qua no ordenó la compensación de las costas entre las partes, por haber sucumbido ambas parcialmente, lo que es un motivo de casación de la sentencia impugnada;


 * Considerando**, que la parte in fine del artículo 131 del Código de Procedimiento Civil dispone que “Los jueces pueden también compensar las costas, en todo o en parte, si los litigantes sucumbieren respectivamente en algunos puntos, o cuando concedan un plazo de gracia a algún deudor”, de donde se deriva que la compensación de las costas por haber sucumbido una parte en alguno punto, no es un imperativo de la ley, sino una facultad que se le otorga al juez, la que podrá usar dentro de sus poderes discrecionales;

B.J. NO. 1123, JUNIO 2004
 * Considerando**, que la parte in fine del artículo 131 del Código de Procedimiento Civil dispone que “Los jueces pueden también compensar las costas, en el todo o en parte, si los litigantes sucumbieren respectivamente en algunos puntos, o cuando concedan un plazo de gracia a algún deudor”, de donde se deriva que la compensación de las costas por haber sucumbido una parte en alguno de los puntos, no es un imperativo de la ley, sino una facultad que se le otorga al juez, la que podrá usar dentro de sus poderes discrecionales;

B.J. NO. 1123, JUNIO 2004
 * Considerando**, que la parte in fine del artículo 131 del Código de Procedimiento Civil dispone que: “Los jueces pueden también compensar las costas, en el todo o en parte, si los litigantes sucumbieren respectivamente en algunos puntos, o cuando concedan un plazo de gracia a algún deudor”, de donde se deriva que la compensación de las costas por haber sucumbido las partes en algunos de sus puntos, no es un imperativo de la ley, sino una facultad otorgada al juez, la que podrá usar dentro de sus poderes discrecionales;

B.J. NO. 1123, JUNIO 2004
 * Considerando**, que en su memorial de defensa, el recurrido invoca la inadmisibilidad del recurso, bajo el alegato de que las condenaciones impuestas por la sentencia recurrida no sobrepasan el monto de veinte salarios mínimos que exige el artículo 641 del Código de Trabajo para hacer admisible un recurso de casación;


 * Considerando**, que el artículo 641 del Código de Trabajo, declara que no serán admisibles los recursos de casación contra las sentencias cuyas condenaciones no excedan de veinte salarios mínimos;

B.J. NO. 1123, JUNIO 2004
 * Considerando**, que del estudio de la sentencia impugnada se advierte que efectivamente la recurrente solicitó a la Corte a-qua que se compensen los derechos adquiridos correspondientes al demandante con derechos contraídos con ésta”, y no se advierte que dicho tribunal tomara alguna decisión sobre dicho pedimento, lo que constituye el vicio de omisión de estatuir, atribuido por la recurrente a la sentencia impugnada, razón por la cual la misma debe ser casada en ese aspecto;

B.J. NO. 1123, JUNIO 2004
 * Considerando**, que el artículo 15 del Código de Trabajo presume la existencia del contrato de trabajo en toda relación laboral, mientras que el artículo 34 de dicho código considera que todo contrato de trabajo ha sido pactado por tiempo indefinido;


 * Considerando**, que en la especie la propia recurrente admite que el recurrido le prestó sus servicios personales, alegando que no lo hacía permanentemente, sino de manera definida e interrumpida lo que, a juicio de la Corte a-qua, no demostró, manteniendo vigencia la presunción legal de la existencia del contrato de trabajo por tiempo indefinido que establecen los precitados artículos 15 y 34 del Código de Trabajo;

B.J. NO. 1124, JULIO 2004
 * Considerando**, que en la sentencia impugnada consta lo siguiente: “que del análisis de la cláusula transcrita anteriormente no se evidencia que la recurrente principal le haya garantizado un tiempo específico al reclamante durante el cual utilizaría sus servicios, tal y como está previsto en el artículo 26 del Código de Trabajo, sino que más bien lo establece esa cláusula es que transcurrido el tiempo y justo a partir del día 1ro. de julio del 2002 entraría a ser admitido como socio oficial de la compañía, por lo que en modo alguno, la condición convenida por los contratantes para adquirir la calidad de socio oficial, no podría constituir una garantía al tiempo de duración del contrato de trabajo, toda vez que no son excluyentes ambas posiciones, y nada se opone que un trabajador adquiera la calidad de socio de una empresa y al mismo tiempo continúe su contrato como trabajador”; y agrega “que al determinar que en el contrato de trabajo celebrado entre las partes no se le ha garantizado al trabajador ningún tiempo de vigencia en su lugar de trabajo y que en consecuencia el desahucio operado no es nulo, tampoco procede condenar al empleador al pago de la suma reclamada y con mayor razón resulta improcedente ordenar el reintegro del trabajador recurrido”;

B.J. NO. 1124, JULIO 2004
 * Considerando**, que la recurrente propone en su recurso de casación el siguiente medio: Primer Medio: Falta de prueba o base legal sobre el principal punto controvertido de la demanda el despido alegado por la parte recurrida; Segundo medio: Violación de las reglas de aportación y carga de la prueba contemplada por los artículos 1351 y 2 del reglamento para la aplicación del Código de Trabajo ; Tercero Medio Desnaturalización de los medios de pruebas usados para probar hechos fundamentales de la causa, el despido alegado por el trabajador y negado por el empleador ante los jueces de los hechos;

B.J. NO. 1124, JULIO 2004
 * Considerando**, que el artículo 641 del Código de Trabajo dispone que: no será admisible el recurso contra la sentencia que imponga condenaciones que no excedan del monto de 20 salarios mínimos;


 * Considerando**, que el artículo 641 del Código de Trabajo, declara que no serán admisibles los recursos de casación contra las sentencias cuyas condenaciones no excedan de veinte salarios mínimos;

B.J. NO. 1124, JULIO 2004
 * Considerando**, que en la especie, la recurrente admite que no pagó el salario navideño a los recurridos en el término precisado por la ley, aduciendo que ese incumplimiento estuvo motivado por la ausencia de los trabajadores en el momento de realizarse el pago, lo que le impidió efectuar el mismo; que en esa circunstancia correspondía a ella demostrar ese impedimento, lo que no hizo, a juicio de la Corte a-qua, al no merecerle credibilidad a dicha corte las declaraciones del testigo presentado por la demandada, Gustavo Antonio Paredes Tineo, cuyas declaraciones fueron descartadas en uso, de los magistrados del soberano poder de apreciación de que disfrutan, sin que se advierta que hubieren incurrido en desnaturalización alguna;

B.J. NO. 1124, JULIO 2004
 * Considerando**, que el artículo 641 del Código de Trabajo dispone que no será admisible el recurso de casación contra la sentencia que imponga condenaciones que no excedan del monto de 20 salarios mínimos;

B.J. NO. 1124, JULIO 2004
 * Considerando**, que el artículo 643 del Código de Trabajo, dispone que en los cinco días que sigan al depósito del escrito constitutivo del recurso de casación, el recurrente debe notificar copia del mismo a la parte contraria;


 * Considerando**, que del estudio del expediente abierto en ocasión del presente recurso se advierte que el escrito contentivo del recurso de casación fue depositado en la secretaría de la Segunda Sala de la Corte de Trabajo del Distrito Nacional el 4 de marzo del 2004, no encontrándose ningún acto de notificación de dicho escrito con posterioridad a esa fecha;

B.J. NO. 1124, JULIO 2004
 * Considerando**, que después de haber sido interpuesto el recurso de casación de que se trata, y antes de ser conocido, las partes en sus respectivas calidades de recurrente y recurrido, han desistido de dicho recurso, desistimiento que ha sido aceptado por las mismas.

B.J. NO. 1124, JULIO 2004
 * Considerando**, que en la especie, el reclamo de indemnizaciones por daños y perjuicios formulado por el recurrente no fue decidido por la Sexta Sala del Juzgado de Trabajo del Distrito Nacional, lo que obligaba al demandante a recurrir la decisión de ese tribunal para que el asunto pudiere ser conocido por la Corte a-qua, lo que no hizo, por lo que dicho tribunal sólo estuvo apoderado del recurso de apelación interpuesto por la demandada, la que obviamente se benefició de la omisión del Juzgado de Primera Instancia y como tal no podía resultar afectada por su propio recurso, lo que hubiere sucedido, si la corte apoderada por ella, sobre los aspectos que le resultaron perjudiciales de la sentencia apelada, le hubiese impuestos condenaciones no contempladas en la sentencia apelada;

B.J. NO. 1124, JULIO 2004
 * Considerando**, que con relación a lo anterior en las motivaciones de la sentencia impugnada consta: “Que el trabajador recurrido presentó por ante el Tribunal a-quo y esta Corte al señor Esteban Garcé Meléndez, quien declaró que acompañó al trabajador a la compañía, “yo me senté al lado de la oficina de la señora, estaban discutiendo, ella le dijo que se fuera y él le dijo que le dé su liquidación y ella le dijo que se vaya y que se fuera donde él quisiera, que no le iba a dar nada, yo estaba sentado; y que ella dijo que era doña Pimpa, declaraciones que le merecieron todo crédito a esta Corte, por lo tanto se probó con las mismas el hecho material del despido, por lo que se acoge la demanda de que se trata en este aspecto”;


 * Considerando**, que en la especie, la Corte a-qua, tras ponderar la prueba aportada por las partes, de manera principal las declaraciones del señor Esteban Garcé Meléndez, dio por establecido que el demandante fue despedido por la demandada, sin causa justificada, no advirtiéndose que incurriera en la desnaturalización invocada por la recurrente, ni omitiera referirse a pedimento alguno de ésta, pues el análisis de esas declaraciones revelan que el Tribunal a-quo ponderó el documento aludido por Guardianes Dominicanos, C. por A., tal como ésta lo había solicitado, razón por la cual el medio que se examina carece de fundamento y debe ser desestimado, y en consecuencia, el presente recurso;

B.J. NO. 1124, JULIO 2004
 * Considerando**, que en la especie el Tribunal a-quo, tras ponderar las pruebas aportadas, llegó a la conclusión de que la recurrente no demostró que el recurrido incurriera en faltas graves que justificaran el despido de que fue objeto, sin que se observe, que al analizar dichas pruebas haya incurrido en desnaturalización alguna;

B.J. NO. 1124, JULIO 2004
 * Considerando**, que del estudio de la sentencia impugnada se advierte que los errores atribuidos por la recurrente a la misma, son intrascendentes, por no haber impedido la aplicación correcta del derecho de parte del Tribunal a-quo y porque a pesar de los mismos, las partes son perfectamente identificables;


 * Considerando**, que por demás, como ha sido expresado más arriba la Corte a-qua al analizar la prueba aportada dió por establecido el despido de que fue objeto el demandante, con señalamiento de la fecha en que éste se produjo, por lo que carece, igualmente, de importancia, la variación que tuvo el actual recurrido al indicar la fecha en que dicho despido se originó, pues los jueces, después de la sustanciación del proceso, tienen facultad para determinar las circunstancias y el momento en que se originan lo hechos sustentadores de una demanda, al margen de la opinión de las partes involucradas;


 * Considerando**, que la sentencia impugnada contiene una relación completa de los hechos y motivos suficientes y pertinentes que permiten a esta corte verificar la correcta aplicación de la ley, razón por la cual el medio ahora examinado carece de fundamento y debe ser desestimado y en consecuencia el presente recurso.

B.J. NO. 1124, JULIO 2004
 * Considerando**, que en cuanto al contenido del segundo medio de casación, la recurrente alega en síntesis, que: “la sentencia de la Corte a-qua adolece de una manifiesta falta de motivos en cuanto a la interpretación de los artículos 14 y 32 del Reglamento para la aplicación del Código de Trabajo, lo solicitado por los hoy recurridos en sus conclusiones, se orientó a que si en el supuesto caso de que se declararan aplicables los artículos antes señalados, se dispusiera que el cálculo de las prestaciones (preaviso y cesantía), fueran realizados a partir del salario diario que resulte al dividir el importe total de los salarios devengados durante el último año entre el número de horas trabajadas, y el cociente sea multiplicado por el número de horas diarias efectivamente trabajadas; la sentencia emitida carece de toda motivación al pedimento formulado a los fines de que la Corte a-qua se pronunciara sobre tales pretensiones, pues se limita a indicar que dichos alegatos deben ser desestimados, ya que en el caso de que se trata, el cálculo de salarios diarios correspondientes a los hoy recurrentes se hizo siguiendo las reglas contenidas en el Reglamento No. 258-93, para la aplicación del Código de Trabajo, en sus artículos 14, letra a) y 32 letra a); la Corte de Trabajo pretende ampararse en los motivos de la sentencia apelada, que de igual forma manifiesta el mismo vicio, pues se limita a señalar los textos aplicados sin avocarse a una acabada y convincente motivación de lo solicitado; competía al tribunal de alzada con motivo de las conclusiones presentadas realizar la motivación de lugar y pertinente que justificara su fallo especialmente por tratarse de un pedimento determinante para el interés de las partes, razón esta por lo que la sentencia impugnada debe ser casada”;

B.J. NO. 1124, JULIO 2004
 * Considerando**, que la Corte a-qua hizo una correcta interpretación de la ley a la luz de los hechos analizados y ponderados por ella, de conformidad con los principios fundamentales del derecho del trabajo, en el sentido de que esta es una normativa donde la realidad se impone a las disposiciones teóricas, es decir, es un derecho de realidades, y de esa manera el Tribunal a-quo estableció al analizar las pruebas aportadas, que el recurrente se encontraba amparado por un contrato de trabajo para una obra determinada, y que dicha relación de trabajo terminó con la conclusión de los referidos servicios en la obra contratada, por lo que en el presente caso no existe el despido que dio origen a la referida demanda;


 * Considerando**, que los jueces del fondo están facultados para apreciar soberanamente los hechos de la causa, salvo desnaturalización de los mismos, lo que escapa al control de la casación, y en consecuencia descarta los fundamentos de la recurrente, en ese sentido;

B.J. NO. 1124, JULIO 2004
 * Considerando**, que en la especie, el Tribunal a-quo rechazó la demanda en perención de instancia intentada por el señor Víctor Manuel Polonia Núñez, bajo el fundamento de que desde el 11 de abril del 2003, fecha en que la empresa emplazó al trabajador demandante para continuar con el conocimiento del recurso de apelación, al momento de la demanda en perención no había transcurrido el plazo de tres años requerido para la perención de instancia, pero sin indicar cual fue la suerte de la audiencia que motivó dicho acto de emplazamiento, ni precisar si la misma fue celebrada, en cuyo caso esa sería la fecha de la última actuación procesal, o si fue cancelado su rol, la causa que originó esa cancelación, lo que deja a la sentencia impugnada carente de motivos y de base legal, razón por la cual debe ser casada;

B.J. NO. 1124, JULIO 2004
 * Considerando**, que en virtud del artículo 23 de la Ley No. 70 del 17 de diciembre de 1970, que crea la Autoridad Portuaria Dominicana (APORDOM), esa entidad está exenta del pago de impuestos y consecuentemente de la fiscalización de sus actividades económicas de parte de la Dirección General de Impuestos Internos, lo que también le libera de la presentación de la declaración jurada ante esa institución;


 * Considerando**, que en esa virtud, la Corte a-qua no podía condenarle al pago de participación de sus beneficios, bajo el motivo de que éste es un derecho que corresponde a todo trabajador, lo que es un motivo erróneo e insuficiente, porque el disfrute de ese derecho está sujeto a que la empresa obtuviere utilidades en el período reclamado; que si bien ha sido criterio constante de esta corte, que la obligación del trabajador demandante de probar la existencia de esos beneficios surge cuando la demandada ha hecho la declaración jurada correspondiente por ante la Dirección General de Impuestos Internos, por lo que la ausencia de la misma le libera de hacer dicha prueba, el mismo no es aplicable en los casos, como el de la especie, en que por estar exonerado del pago de impuestos fiscales, la demandada no tiene obligación de hacer tal declaración;

B.J. NO. 1124, JULIO 2004
 * Considerando**, que al momento de la terminación del contrato de trabajo del recurrido estaba vigente la Tarifa No. 2-01, dictada por el Comité Nacional de Salarios, en fecha 13 de mayo del 2001, que establecía un salario mínimo de RD$3,415.00 mensuales, por lo que el monto de veinte salarios mínimos ascendía a la suma de RD$68,300.00, monto que como es evidente no alcanza la totalidad de las condenaciones que impone la sentencia recurrida, por lo que el recurso de que se trata debe ser declarado inadmisible, de conformidad con lo que prescribe el artículo 641 del Código de Trabajo;


 * Considerando**, que por su parte, el recurrido Juan Javier Díaz, en su memorial de defensa eleva un recurso incidental contra la sentencia impugnada por Comercial Báez, el cual debe ser declarado igualmente inadmisible, en vista de que la inadmisibilidad de un recurso de casación principal conlleva la inadmisibilidad de todo recurso incidental;

B.J. NO. 1124, JULIO 2004
 * Considerando**, que aun cuando la recurrente dio aquiescencia a la decisión incidental del Juez a-quo, así como la parte demandada, sin formular reservas al respecto, es pertinente señalar, en atención al medio propuesto por la recurrente, que es innegable que el Juez a-quo, ponderó las resoluciones del Director de Trabajo y del Secretario del mismo organismo, y pudo establecer que del análisis de dichos documentos quedó establecido que los trabajadores eran titulares de créditos por concepto de salarios caídos, y que los mismos no fueron objeto del descargo que por prestaciones laborales ha hecho valer la recurrente; esta decisión en modo alguno desnaturaliza dichos recibos, pues el crédito que da nacimiento a la autorización para el embargo no fue objeto de descargo por los recurridos, como muy bien lo apreció el Juez a-quo en la motivación de la ordenanza;


 * Considerando**, que la ordenanza impugnada contiene motivos suficientes y pertinentes que permiten a esta Corte en funciones de Corte de Casación, verificar la correcta aplicación de la ley, razón por la cual los medios examinados carecen de fundamento y deben ser desestimados, y en consecuencia rechazado el presente recurso.

B.J. NO. 1124, JULIO 2004
 * Considerando**, que si bien la retractación de un testigo sobre las declaraciones ofrecidas en la sustanciación de un proceso puede influir, en cuanto a la valoración que hagan los jueces del fondo sobre esas declaraciones y determinar su falta de credibilidad, para ello es necesario que el tribunal pondere el testimonio retractado y lo coteje con la nueva versión que se le presente y del análisis de los mismos formar su criterio, pero no puede descartar unas declaraciones que no han sido analizadas previamente, sobre todo cuando el desmentido del testigo se presenta mediante documento no elaborado como consecuencia de la actividad procesal, lo que impide al tribunal saber las circunstancias de su elaboración;

B.J. NO. 1124, JULIO 2004 rias a contar del tercer día de la notificación, salvo el derecho de la parte que haya sucumbido, de consignar una suma equivalente al duplo de las condenaciones pronunciadas. “Cuando la consignación se realice después de comenzada la ejecución, ésta quedará suspendida en el estado en que se encuentre. En los casos de peligro en la demora, el juez presidente puede ordenar en la misma sentencia la ejecución inmediatamente después de la notificación. Los efectos de la consignación en tal caso, se regirán por lo dispuesto en el segundo párrafo de este artículo”;
 * Considerando**, que el artículo 539 del Código de Trabajo dispone que: “Las sentencias de los juzgados de trabajo en materia de conflictos de derechos serán ejecuto

B.J. NO. 1125, AGOSTO 2004
 * Considerando**, que al no haber en el Código de Trabajo una disposición que prescriba expresamente la sanción que corresponde cuando la notificación del memorial al recurrido no se haya hecho en el plazo de cinco días a que se refiere el artículo 643 del referido código, debe aplicarse la sanción prevista en el artículo 7 de la Ley No. 3726 sobre Procedimiento de Casación, del 23 de noviembre de 1966, que declara la caducidad el recurso, cuando el recurrente no emplazare al recurrido en el término fijado por la ley, la cual podrá ser pronunciada a pedimento de la parte interesada o de oficio;

B.J. NO. 1125, AGOSTO 2004
 * Considerando**, que el artículo 641 del Código de Trabajo dispone que no será admisible el recurso contra la sentencia que imponga condenaciones que no excedan del monto de 20 salarios mínimos;


 * Considerando**, que al momento de la conclusión del contrato de trabajo de que se trata, estaba vigente la Resolución No. 9-99, dictada por el Comité Nacional de Salarios, el 3 de julio de 1999, que establecía un salario mínimo de Dos Mil Ochocientos Noventa y Cinco Pesos 00/100 (RD$2,895.00) mensuales, por lo que el monto de veinte salarios mínimos ascendía a Cincuenta y Siete Mil Novecientos Pesos 00/100 (RD$57,900.00), suma que como es evidente no alcanza las condenaciones impuestas por la sentencia impugnada a los recurrentes, razón por la cual el recurso de casación debe ser declarado inadmisible.

B.J. NO. 1125, AGOSTO 2004
 * Considerando**, que en la especie, tras ponderar la prueba aportada la Corte a-qua llegó a la conclusión de que los trabajadores Edwin Sánchez Marte, Roberto González, Antonio Santos Marte y Pedro Henríquez Padilla, fueron contratados para prestar sus servicios durante 4 días con los recurridos y que sus contratos de trabajo ya se habían ejecutado cuando se le notificó a la empresa la decisión de los trabajadores de formar un sindicato y se le ofreció sus nombres como miembros del comité gestor de dicho sindicato; estimando a la vez, que en cambio cuando se tomó la decisión de poner término al contrato de trabajo del señor Ramón José Ortega Olivo, este todavía era trabajador de los recurridos, amparado por un contrato por tiempo indefinido;

B.J. NO. 1125, AGOSTO 2004
 * Considerando**, que la recurrente propone en apoyo de su recurso de casación, los siguientes medios: Primer Medio: Violación al artículo 141, falta de motivos y de base legal; Segundo Medio: Violación al artículo 8, ordinal 2 literal j, de la Constitución de la República y omisión de estatuir;


 * Considerando**, que en el desarrollo de los medios de casación propuestos, los que se reúnen para su examen por su vinculación, la recurrente alega: que la sentencia impugnada no contiene motivos suficientes para justificar el fallo, señalando que del análisis de las pruebas aportadas se desprende que ha habido cesación de los procedimientos desde el día 8 de octubre de 1998, pero sin especificar de qué medio de prueba se valió para arribar a tal conclusión, tampoco dicen los jueces mediante qué acto se citó y emplazó la demandada en perención, ni ponderan dicho documento ni pieza alguna, siendo inconstitucional el acto 174-2003, porque no se le notificó en el domicilio real de los hoy recurrentes, sin embargo, todos los demás alguaciles los han encontrado, lo que evidencia que el alguacil Moisés de la Cruz nunca se trasladó a hacer la diligencia que la ley pone a su cargo; que la perención no opera de pleno derecho, sino que hay que demandarla emplazando al demandado en perención, que por la forma amañada como se notificó el acto del supuesto emplazamiento, los demandados nunca se enteraron hasta la notificación de la sentencia;

B.J. NO. 1125, AGOSTO 2004
 * Considerando**, que en el desarrollo del único medio propuesto la recurrente alega: que en vista de que el trabajador dejó de laborar el 4 de octubre de 1999, la Corte a-qua le condenó al pago de proporción de salario navideño, en razón de 11.5 meses, con lo que hizo una mala aplicación del artículo 219 del Código de Trabajo; que asimismo a pesar de que el propio trabajador en su demanda reclamó un salario mensual de US$750.00 dólares, fijando en RD$12,000.00 su equivalencia en pesos dominicanos, la corte computa el salario en dólares, pero al valor de la moneda en el momento de la sentencia, lo que constituye un fallo extra petita, situación que se agrava porque también el tribunal ordenó la indexación de la moneda, la que precisamente ha sido establecida para compensar la pérdida del valor de la moneda con relación a la moneda norteamericana;

B.J. NO. 1125, AGOSTO 2004
 * Considerando**, que en relación al vicio de violación del artículo 225 del Código de Trabajo, la recurrente no precisa en qué consistió dicha violación, lo que impide a esta corte determinar la veracidad de la misma, por lo que no ha lugar a pronunciarse al respecto;


 * Considerando**, que en cuanto al pago de vacaciones no disfrutadas, el artículo 16 del Código de Trabajo, libera al trabajador de la prueba de los hechos establecidos en los libros y documentos que el empleador tiene que registrar y mantener ante las autoridades de trabajo, entre cuyos hechos se encuentra el disfrute de las vacaciones anuales; que en esa virtud, cuando un trabajador reclama el pago de la compensación de las vacaciones correspondientes al último año laborado, es al empleador que corresponde demostrar que el reclamante disfrutó de su período vacacional o de parte de él;

B.J. NO. 1125, AGOSTO 2004
 * Considerando**, que en esta materia el recurrente no está obligado a realizar el depósito auténtico de la sentencia impugnada, en vista de que por las disposiciones del artículo 643 del Código de Trabajo, en los cinco días que sigan al depósito del escrito contentivo del recurso de casación el secretario del tribunal “remitirá el expediente completo y un inventario en duplicado de las piezas del mismo al secretario de la Suprema Corte de Justicia”, donde obviamente debe figurar la sentencia objeto del recurso de casación, razón por la cual este medio de inadmisibilidad también es rechazado por falta de fundamento;

B.J. NO. 1125, AGOSTO 2004
 * Considerando**, que en las motivaciones de la sentencia impugnada consta: “Que el artículo 91 del Código de Trabajo, dispone que el despido ejercido por el empleador debe ser comunicado en las cuarenta y ocho horas siguientes con indicación de causa, tanto al trabajador como al Departamento de Trabajo o a la Autoridad que ejerza sus funciones, considerándolo que carece de justa causa, cuando no se le ha dado cumplimiento a esta disposición de la ley, según lo provee el artículo 93 del citado Código de Trabajo; por lo que al no haber aportado la recurrente ninguna prueba contraria a lo que ha sido alegado por el trabajador, debe ser acogida la demanda por él interpuesta en su contra”;

B.J. NO. 1125, AGOSTO 2004
 * Considerando**, que en el desarrollo del primer medio de casación propuesto, los recurrentes alegan: que la Corte a-qua declaró inadmisible la demanda bajo el argumento de que ellos no probaron haber sido trabajadores de la recurrida, desconociendo que el contrato de trabajo no era un elemento controvertido, en vista de que la Autoridad Portuaria Dominicana, en su escrito de defensa ante el tribunal de primer grado, el cual fue depositado ante el Tribunal a-quo, admitió que los recurrentes eran sus trabajadores, documento este que si hubiere sido ponderado por la Corte a-qua, habría dado como consecuencia un fallo distinto;

B.J. NO. 1125, AGOSTO 2004
 * Considerando**, que la disposición del artículo 663 del Código de Trabajo, en el sentido de que “en el embargo retentivo, el tercero embargado pagará en manos del ejecutante el importe de las condenaciones, a presentación de sentencia con autoridad irrevocable de la cosa juzgada”, complementada por el artículo 94 del Reglamento No. 258-93, para la aplicación de dicho código, que declara que: la sentencia con autoridad irrevocable de la cosa juzgada de que trata el párrafo tercero del artículo 663 del Código de Trabajo es la sentencia que pronunció las condenaciones”, no libera al tercer embargado de la obligación de entregar ese importe, cuando a través de una sentencia dictada en ocasión del embargo retentivo, el mismo se torne ejecutivo y el tribunal le haya impuesto esa obligación;

B.J. NO. 1125, AGOSTO 2004
 * Considerando**, que para cumplir con el voto de la ley no basta la simple enunciación de los textos legales y de los principios jurídicos cuya violación se invoca; que es indispensable además, que el recurrente desarrolle, aunque sea de una manera sucinta, en el memorial introductivo del recurso, los medios en que lo funda y que explique en que consisten las violaciones de la ley y de los principios jurídicos invocados;

B.J. NO. 1125, AGOSTO 2004
 * Considerando**, que tal como lo expone la recurrente la Corte a-qua estimó que los descuentos realizados por el empleador al salario del trabajador para pagar la compra de un vehículo de éste, fueron válidos por haber sido autorizados por dicho trabajador, considerando en su motivación que la sentencia de primer grado debía ser revocada en ese aspecto; sin embargo en el dispositivo de la sentencia impugnada la Corte a-qua confirmó la decisión impugnada, la que en el literal e) del ordinal segundo dispone la devolución de “la suma descontada de su salario por la compra del carro, ascendente a la suma de Treinta y Cuatro Mil Seiscientos Veintinueve Pesos con 00/100 (RD$34,629.00)”, con lo que incurrió en contracción de motivos y el dispositivo en un aspecto de importancia para el asunto juzgado, razón por la cual la sentencia debe ser casada en ese sentido, por carecer de base legal;

B.J. NO. 1125, AGOSTO 2004
 * Considerando**, que cuando el trabajador invoca que ha sufrido daños por la forma en que ha sido despedido, los tribunales están obligados a examinar las causas que originaron el despido, aún cuando el mismo se repute carente de justa causa por no haber sido comunicado al Departamento de Trabajo en el plazo legal, no ya para variar esa presunción establecida por el artículo 93 del Código de Trabajo, sino para determinar si además de injustificado, el despido originó un daño para determinar circunstancias;

B.J. NO. 1125, AGOSTO 2004
 * Considerando**, que la liberación de la prueba que dispone el artículo 16 del Código de Trabajo a favor del trabajador, de los hechos establecidos en los libros y documentos que el empleador debe registrar y mantener ante las autoridades de trabajo, entre los que se encuentra el salario, constituye una presunción hasta prueba en contrario, de donde se deriva que la misma cede frente a la prueba que aporte el empleador para combatir el alegato del trabajador, lo que obliga a los jueces a ponderarla y precisar las razones por las que, no obstante esa prueba, se mantiene dicha presunción;

B.J. NO. 1125, AGOSTO 2004
 * Considerando**, que por otra parte, el plazo para la caducidad del derecho del empleador a ejercer el despido contra un trabajador que haya cometido una falta, es de quince días a partir del momento en que se genera ese derecho, por lo que no constituye ninguna violación a la ley la circunstancia de que el demandante hubiere laborado ocho horas después de la comisión del hecho que se le imputa, como alega el recurrente;

B.J. NO. 1125, AGOSTO 2004
 * Considerando**, que en el desarrollo del segundo medio de casación propuesto, la recurrente, además de reiterar argumentos expuestos en el desarrollo del medio anterior, se limita a criticar a la Corte a-qua por haber violado el principio de la inmutabilidad del proceso, al juzgar como desahucio una demanda intentada por despido injustificado e incurrir en el vicio de violar el artículo 86 del Código de Trabajo, lo que de ser cierto no le ocasionó ningún perjuicio, en razón de que el Tribunal a-quo rechazó las pretensiones del demandante, en el sentido de que se le pagaran indemnizaciones laborales, alegando que el contrato de trabajo terminó con responsabilidad para el recurrente y en consecuencia rechazando la demanda en ese aspecto, lo que descarta el vicio que le atribuye a la sentencia impugnada la recurrente, razón por la cual dicho medio carece de fundamento y debe ser desestimado, y en consecuencia el presente recurso.

B.J. NO. 1125, AGOSTO 2004
 * Considerando**, que la presunción que establecen los artículos 15 y 34 del Código de Trabajo, sobre la existencia de un contrato por tiempo indefinido en toda relación laboral, es hasta prueba en contrario, lo que permite a los empleadores demostrar que la prestación de un servicio personal es producto de un contrato distinto al de trabajo, o que éste ha sido pactado para una obra o servicio determinado;

B.J. NO. 1125, AGOSTO 2004
 * Considerando**, que al no haber en el Código de Trabajo una disposición que prescriba expresamente la sanción que corresponde cuando la notificación del memorial al recurrido no se haya hecho en el plazo de cinco días a que se refiere el artículo 643 del referido código, debe aplicarse la sanción prevista en el artículo 7 de la Ley No. 3726 sobre Procedimiento de Casación, del 23 de noviembre de 1966, que declara caduco el recurso, cuando el recurrente no emplazare al recurrido en el término fijado por la ley, la cual podía ser pronunciada a pedimento de la parte interesada o de oficio;

B.J. NO. 1125, AGOSTO 2004
 * Considerando**, que en virtud de la amplitud del recibo de descargo y de la finalidad evidente del acuerdo transaccional pactado con ella, lo que le llevó a recibir una suma mayor a la recibida en el momento de la terminación del contrato de trabajo, no era necesario que se consignarán los derechos que incluía el referido arreglo para que fueran alcanzado por el mismo y pusiera término de manera definitiva y total a las dificultades que se presentaron entre las partes como consecuencia del contrato de trabajo que le ligó y su consecuente terminación;

B.J. NO. 1125, AGOSTO 2004
 * Considerando**, que en la especie, la Corte a-qua dio por establecido que la conclusión del contrato de trabajo del recurrente se produjo el 4 julio del año 2001, para lo cual examinó y apreció soberanamente la prueba aportada, de manera principal recibo de pago de prestaciones laborales suscrito por el demandante y, el hecho de que esa fue la última fecha en que el mismo estuvo presente en la empresa, por lo que fue correcta la decisión del Tribunal a-quo de declarar prescrita su acción iniciada el 4 de diciembre del 2001, por haber transcurrido ventajosamente el plazo de 3 meses, que como período máximo para el ejercicio de una acción laboral establece el artículo 703 del Código de Trabajo;

B.J. NO. 1125, AGOSTO 2004
 * Considerando**, que la sustitución del empleador no produce la terminación del contrato de los trabajadores que permanezcan laborando con la nueva empresa, por lo que debe entenderse que la solidaridad a que se refiere el artículo 64 del Código de Trabajo se extiende hasta dos meses después, para la reclamación de indemnizaciones laborales, y tres meses, si se persiguen otros derechos, de la terminación del contrato de trabajo, de acuerdo a las disposiciones de los artículos 702, 703 y 704 del Código de Trabajo, que establecen el plazo de la prescripción en esta materia y su punto de partida;

B.J. NO. 1125, AGOSTO 2004
 * Considerando**, que la recurrente propone en apoyo de su recurso de casación, el siguiente medio: Unico: Violación al régimen de las pruebas, violación de los artículos 1135 del Código Civil y 96 del Código de Trabajo, por falsa aplicación y desnaturalización de las pruebas;


 * Considerando**, que en el desarrollo del único medio de casación propuesto la recurrente alega: que como se trataba de una demanda en pago de prestaciones laborales por dimisión justificada, correspondía al trabajador demandante probar la justa causa de dicha dimisión, lo que le obligaba a demostrar haber trabajado más horas de las que le fueron pagadas y que en calidad de horas extras eran reclamadas por él, lo cual no hizo, lo que conllevaba el rechazo de la demanda de que se trata; que de igual manera el Tribunal a-quo desnaturalizó el alcance de las pruebas, ya que considera como producidas por el empleador, los cheques depositados, mediante los cuales se pagaron las horas extras laboradas por el demandante, sin advertir que éste no negó esa situación y que fueron recibidos por él;

B.J. NO. 1125, AGOSTO 2004
 * Considerando**, que ni del estudio de la sentencia impugnada, ni de los documentos que integran el expediente se advierte que la recurrente hubiere pedido la celebración de las medidas de instrucción que invoca en su memorial de casación, que tuvieren que ser decididas por el Tribunal a-quo, habiéndose verificado que el 22 de agosto del 2002 dicho tribunal aún no estaba apoderado del recurso de apelación de que se trata, pues esa es la fecha en que el juzgado de primera instancia dictó la sentencia apelada, razón por la cual el medio que se examina carece de fundamento y debe ser desestimado.

B.J. NO. 1125, AGOSTO 2004
 * Considerando**, que la medida que adopta el juez de los referimientos de ordenar la suspensión de la ejecución de una sentencia del juzgado de trabajo, mediante el depósito de una fianza, es una modalidad derivada de la interpretación del referido artículo 539, que persigue facilitar a la parte perdidosa lograr dicha suspensión, a través de una garantía, sin necesidad de inmovilizar una suma de dinero ascendente al duplo de las condenaciones;

B.J. NO. 1125, AGOSTO 2004
 * Considerando**, que cuando el depósito de los documentos es solicitado por una de las partes, para el uso de esa facultad el tribunal apoderado debe exigir el cumplimiento de las formalidades exigidas en dicho texto legal y los artículos 545 y 546 del Código de Trabajo, entre las que se encuentran, la previa reserva de la facultad de solicitar la admisión del documento cuando se trate de un documento preexistente, la demostración de que no se haya podido producirlo en la fecha del depósito del escrito inicial, a pesar de esfuerzos razonables para esos fines y la remisión a la contra parte de la solicitud formulada para que se pronuncie al respecto;

B.J. NO. 1126, SEPTIEMBRE 2004
 * Considerando**, que el artículo 544 del Código de Trabajo, aplicable en grado de apelación de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 631 de dicho código, establece que “es facultativo para el juez, oídas las partes, autorizar con carácter de medida de instrucción, la producción posterior al depósito del escrito inicial, de uno o más documentos, cuando “la parte que lo solicite no haya podido producirlos en la fecha del depósito del escrito inicial, a pesar de haber hecho esfuerzos razonables para ello y siempre que en dicho escrito, o en la declaración depositada con éste, se haya reservado la facultad de solicitar su admisión en el curso de los procedimientos, especificando el documento de que se trata”, o cuando se trate de documentos desconocidos por el solicitante en el momento del depósito del escrito inicial;

B.J. NO. 1126, SEPTIEMBRE 2004
 * Considerando**, que la recurrente en la parte final de su segundo medio imputa a la decisión recurrida el vicio de violación a la ley, en razón de que la Corte a-qua decidió que el medio de inadmisión presentado fundamentado en la supuesta falta de calidad e interés, más que el medio de inadmisión constituye una defensa al fondo; pero,

B.J. NO. 1126, SEPTIEMBRE 2004
 * Considerando**, que en la especie, en la sentencia impugnada se hace referencia a la audición de un testigo, del cual no se señala su nombre, y que según consta en el acta de audiencia del 12 de agosto del 2003 responde al nombre de Daylin Yoedy García Delgado, cuyas declaraciones no fueron ponderadas por la Corte a-qua, pues ésta no hace ninguna mención de su contenido ni de los resultados de la medida de audición de un testigo, que como expresa la recurrente, fue presentado por ella con la finalidad de probar un alegado abuso de derecho atribuido a la recurrida y que como tal pudo haber tenido influencia en la solución del caso, razón por la cual la sentencia impugnada carece de base legal y debe ser casada;

B.J. NO. 1126, SEPTIEMBRE 2004
 * Considerando**, que en su memorial de defensa, el recurrido a su vez invoca la inadmisibilidad del recurso, bajo el alegato de que las condenaciones impuestas por la sentencia recurrida no sobrepasan el monto de veinte salarios mínimos que exige el artículo 641 del Código de Trabajo para hacer admisible un recurso de casación;


 * Considerando**, que el artículo 641 del Código de Trabajo, declara que no serán admisibles los recursos de casación contra las sentencias cuyas condenaciones no excedan de veinte salarios mínimos;

B.J. NO. 1126, SEPTIEMBRE 2004
 * Considerando**, que si bien, los artículos 621 y 626 del Código de Trabajo, que regulan el depósito de los escritos contentivos del recurso de apelación y de defensa del intimado, no exigen a las partes depositar los documentos conjuntamente con esos escritos, por analogía y dadas las razones que obligan el depósito de los documentos ante el Juzgado de Trabajo, en el momento en que depositan los escritos iniciales, se debe entender que en grado de apelación, el depósito de los mismos debe hacerse en el momento en que se realiza el recurso de apelación o se hace el escrito de defensa;


 * Considerando**, que ese criterio queda robustecido, por las disposiciones del artículo 631 del Código de Trabajo, que faculta a la Corte a autorizar el depósito de documentos, previo cumplimiento de la formalidad dispuesta por el artículo 644 del mismo, hasta 8 días antes, por lo menos del fijado para el conocimiento del recurso de apelación;

B.J. NO. 1126, SEPTIEMBRE 2004
 * Considerando**, que el artículo 641 del Código de Trabajo, declara que no serán admisibles los recursos de casación contra las sentencias cuyas condenaciones no excedan de veinte salarios mínimos;


 * Considerando**, que la sentencia impugnada condena a la recurrente pagar a la recurrida, la suma de RD$55,100.00, por concepto de compensación equivalente a las prestaciones correspondientes al desahucio;


 * Considerando**, que al momento de la terminación del contrato de trabajo del recurrido estaba vigente la Resolución No. 2-2001, dictada por el Comité Nacional de Salarios, en fecha 13 de febrero del 2001, que establecía un salario mínimo de RD$3,415.00 mensuales, por lo que el monto de veinte salarios mínimos ascendía a la suma de RD$68,300.00, monto que como es evidente no alcanza la totalidad de las condenaciones que impone la sentencia recurrida, por lo que el recurso de que se trata debe ser declarado inadmisible, de conformidad con lo que prescribe el artículo 641 del Código de Trabajo.

B.J. NO. 1126, SEPTIEMBRE 2004
 * Considerando**, que por otra parte, si bien la planilla de personal fijo, es un documento idóneo para probar los hechos contrarios a los sustentados por los trabajadores y de esta manera eliminar la presunción establecida por el artículo 16 del Código de Trabajo, los jueces del fondo siempre conservan el poder de apreciar el alcance y valor probatorio de la misma; que en la especie, el Tribunal a-quo restó valor a la planilla del personal fijo depositada por la recurrente a fin de demostrar el tiempo de duración y salario percibido por la demandante, sobre la base de que ésta estaba redactada en forma incompleta, con acrecencia de sello y firma, por lo que a su juicio no tenía ningún valor probatorio;


 * Considerando**, que el examen del fallo impugnado pone de manifiesto que el mismo contiene una relación completa de los hechos y motivos suficientes y pertinentes que justifican su dispositivo y que han permitido a esta Corte verificar que en la especie se ha hecho una correcta apreciación de los hechos y una adecuada aplicación de la ley, razón por la cual los medios examinados carecen de fundamento y deben ser desestimados.

B.J. NO. 1126, SEPTIEMBRE 2004
 * Considerando**, que en la especie el Tribunal a-quo da por establecido que el contrato de trabajo que ligó a las partes fue pactado por un servicio determinado, sin señalar en que consistió ese servicio y la razón de ser de este tipo de contratación, declarando en consecuencia inadmisible la demanda del reclamante, sin analizar tampoco que en determinados casos los empleadores adquieren responsabilidad con la terminación de un contrato de trabajo para una obra o servicio determinado, omisiones éstas qué dejan la sentencia carente de motivos pertinentes y de base legal, razón por la cual la misma debe ser casada;


 * Considerando**, que en su memorial de defensa la recurrida también impugnó, de manera incidental la sentencia impugnada por el recurrente principal, proponiendo como medio de casación, la violación de la ley, más específicamente los artículos 713 y VI Principio del Código de Trabajo. Omisión de estatuir;

B.J. NO. 1126, SEPTIEMBRE 2004
 * Considerando**, que en la especie se trata de un recurso de casación intentado contra la sentencia No. 24 de fecha 26 de febrero del 2002, citada por la Corte de Trabajo del Departamento Judicial de San Pedro de Macorís, que declaró inadmisible la impugnación elevada por los actuales recurrentes contra el Auto No. 81-2002, del 2 de abril del 2002, dictado por el Juez Presidente de ese tribunal, que aprobó un estado de gastos y honorarios sometido a su consideración;


 * Considerando**, que en virtud del referido artículo 11 de la Ley sobre Honorarios de Abogados, la sentencia impugnada no era susceptible de ningún recurso, razón por la cual el mismo debe ser declarado inadmisible;

B.J. NO. 1126, SEPTIEMBRE 2004
 * Considerando**, que en su memorial de defensa la recurrida a su vez invoca la inadmisibilidad del recurso, bajo el alegato de que las condenaciones impuestas por la sentencia recurrida no sobrepasan el monto de veinte salarios mínimos que exige el artículo 641 del Código de Trabajo para hacer admisible un recurso de casación;


 * Considerando**, que el artículo 641 del Código de Trabajo, declara que no serán admisibles los recursos de casación contra las sentencias cuyas condenaciones no excedan de veinte salarios mínimos;

B.J. NO. 1126, SEPTIEMBRE 2004
 * Considerando**, que la Corte a-qua al hacer uso de su poder soberano para la apreciación de las pruebas aportadas al proceso, determinó que el recibo de pago otorgado por el recurrido, (cheque No. 015619 y su coletilla, debidamente canjeado), se refería en forma general a todos los derechos que podía asistirle a dicha parte a la terminación de la relación de trabajo que los unía; que al actuar de esta manera la misma no incurrió en desnaturalización alguna, por lo que su apreciación de que en la especie, el demandante original carece de interés por haber recibido el pago de todas sus prestaciones, escapa al control de la casación, y en esa virtud dicha Corte podía, tal y como lo hizo, declarar inadmisible la demanda que dio origen a esta litis, sin que se advierta que haya vulnerado las disposiciones del artículo 586 del Código de Trabajo;

B.J. NO. 1126, SEPTIEMBRE 2004
 * Considerando**, que la Corte a-qua determinó que una de las causas de la dimisión de la recurrente fue la falta de inscripción de éste en el Instituto Dominicano de Seguros Sociales, obligación a cargo del empleador, lo que constituye un estado continuo de faltas de su parte, que como se ha expresado más arriba hizo que el plazo para el trabajador ejercer su derecho a la dimisión estuviera abierto hasta tanto el empleador cumpliera con esa obligación, lo que, a la apreciación de la Corte a-qua ocurrió, y descarta que al momento de la ruptura del contrato de trabajo dicho derecho hubiere caducado;

B.J. NO. 1126, SEPTIEMBRE 2004
 * Considerando**, que en esa virtud cuando el empleador, para defenderse de una demanda en pago de prestaciones laborales por despido injustificado se limita a invocar la inexistencia del contrato de trabajo, si el tribunal apoderado da por establecida dicho contrato, también debe dar por establecido la causa de terminación del mismo invocada por el trabajador, salvo cuando por la especificidad del caso el alegato del empleador implique una negación de su responsabilidad con conclusión del vínculo laboral;


 * Considerando**, que en la especie el Tribunal a-quo reconoció que el recurrente estaba unido a la recurrida por un contrato por tiempo indefinido, a pesar de que ésta había negado la existencia de ese contrato, sin embargo rechazó la demanda en pago de prestaciones laborales por despido injustificado, al atribuir al trabajador la culpa de la terminación del contrato y a la vez indicar que éste no demostró el despido invocado, sin señalar, si de manera especifica el demandado objetó su responsabilidad en la conclusión de la relación laboral previamente establecida por la Corte a-qua, lo que hace que la sentencia impugnada carezca de motivos suficientes y de base legal, razón por la cual debe ser casada;

B.J. NO. 1126, SEPTIEMBRE 2004
 * Considerando**, que independientemente de que en la especie figura esa copia auténtica formando parte del expediente, en esta materia el recurrente no está obligado a realizar tal depósito, en vista de que por las disposiciones del artículo 643 del Código de Trabajo, en los cinco días que sigan al depósito del escrito contentivo del recurso de casación el secretario del tribunal “remitirá el expediente completo y un inventario en duplicado de las piezas del mismo a la secretaria de la Suprema Corte de Justicia”, donde obviamente debe figurar la sentencia objeto del recurso de casación, razón por la cual este medio de inadmisibilidad es rechazado por falta de fundamento;

B.J. NO. 1126, SEPTIEMBRE 2004
 * Considerando**, que tal y como se puede apreciar en la motivación de la referida ordenanza el Juez Presidente de la Corte de Trabajo decidió un conflicto referente a la ejecución de una sentencia laboral de conformidad con las disposiciones del artículo 207 del Código de Trabajo, con la particularidad de que la adjudicataria en el proceso de licitación del inmueble embargado, como etapa final del conflicto laboral que existiera entre el recurrido y su empleador lo fue la recurrente, quien alega ser un tercero en dicho proceso, pero en realidad, ella es una participante como licitadora en el proceso que culmina con la ejecución de la sentencia laboral, por lo que dicho argumento debe ser desestimado por improcedente;

B.J. NO. 1126, SEPTIEMBRE 2004
 * Considerando**, que después de haber sido interpuesto el recurso de casación de que se trata, y antes de ser conocido, las partes en sus respectivas calidades de recurrente y recurrido, han desistido de dicho recurso, desistimiento que ha sido aceptado por las mismas.

B.J. NO. 1126, SEPTIEMBRE 2004
 * Considerando**, que después de haber sido interpuesto el recurso de casación de que se trata, y luego de ser conocido, las partes en sus respectivas calidades de recurrente y recurrida, han desistido de dicho recurso, desistimiento que ha sido aceptado por las mismas.

B.J. NO. 1126, SEPTIEMBRE 2004
 * Considerando**, que por otra parte, al dar por establecido que el demandante laboró con ambas recurrentes, fue correcta la decisión de la Corte a-qua de condenarle solidariamente al cumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato de trabajo que mantuvo con ellas el recurrido, sin que fuere necesario para que se produjera esa solidaridad la existencia de fraude alguno, pues la Corte a-qua apreció que entre las empresas demandadas existía un conjunto económico y que el contrato de trabajo se ejecutó en cada una de las empresas condenadas;

B.J. NO. 1126, SEPTIEMBRE 2004
 * Considerando**, que en su memorial de defensa, la recurrida invoca la inadmisibilidad del recurso, alegando que las condenaciones impuestas por la sentencia recurrida no sobrepasan el monto de veinte salarios mínimos que exige el artículo 641 del Código de Trabajo para hacer admisible un recurso de casación;


 * Considerando**, que el artículo 641 del Código de Trabajo, declara que no serán admisibles los recursos de casación contra las sentencias cuyas condenaciones no excedan de veinte salarios mínimos;

B.J. NO. 1126, SEPTIEMBRE 2004
 * Considerando**, que en esa virtud, la circunstancia de que una persona no figure registrada en la planilla del personal de una empresa ni en el Instituto Dominicano de Seguros Sociales, no significa que la misma no ostente la condición de trabajadora de dicha empresa, lo que puede ser demostrado a través de cualquier otro medio de prueba legal, estando en la facultad de los jueces del fondo apreciar la realidad de los hechos que se opongan al contenido de esos documentos al tenor del IX Principio Fundamental del Código de Trabajo que reconoce predominio a los hechos frente a los documentos, en el momento de establecer la existencia de un contrato de trabajo;


 * Considerando**, que en la especie, la Corte a-qua en uso del poder soberano de apreciación de que disfrutan los jueces del fondo en esta materia, dieron por establecido que los demandantes prestaron sus servicios personales a la demandada original, a través de contratos de trabajo por tiempo indefinido, los cuales terminaron con responsabilidad para la recurrente, sin que se advierta que para llegar a esa conclusión incurrieran en desnaturalización alguna;

B.J. NO. 1126, SEPTIEMBRE 2004
 * Considerando**, que con relación a la reclamación de participación en los beneficios formulada por el recurrido, en la sentencia impugnada consta lo siguiente; que con relación al pago de RD$17,373.00, por concepto de 60 días de salario por concepto de participación en los beneficios correspondientes al ejercicio fiscal del año 2000, es a la empresa recurrida que le corresponde demostrar haber pagado la proporción que le corresponde conforme lo disponen los artículos 1315, 2da. parte del Código Civil y 225 del Código de Trabajo; además de la declaración jurada de ganancias o pérdidas que debe ser depositada por ante la Dirección Local de Impuestos Internos de Puerto Plata, documento que no consta depositado en este expediente; que conforme a la antigüedad y salario del trabajador y por mandato de la ley laboral específicamente en los artículos 223 del Código de Trabajo y 38 del Reglamento para su aplicación No. 258-93, se ordena el pago de la suma reclamada, sin deducción de ninguna especie, por no reposar en el expediente constancia alguna de que el trabajador hubiese recibido suma de dinero por este concepto, tal como se consigna en la sentencia impugnada; en tal virtud, el señor Tineo Domínguez debe recibir la suma de RD$17,773.00; por tanto se modifica la sentencia impugnada”;

B.J. NO. 1126, SEPTIEMBRE 2004
 * Considerando**, que en otro sentido, del estudio de la sentencia impugnada y de los documentos que integran el expediente, se advierte que, tal como lo expresa el recurrente, la empresa demandada no depositó la constancia de haber presentado la declaración jurada a la Dirección General de Impuestos Internos sobre los resultados económicos del período 2001-2002, de los cuales solicitó el de participación en los beneficios, sino la correspondiente al período 2002-2003, cuya reclamación no se formuló, por lo que el trabajador estaba liberado de hacer la prueba de dichos beneficios, como erróneamente lo decidió la sentencia impugnada, razón por la cual la misma debe ser casada, por carecer de base legal en ese sentido;

B.J. NO. 1126, SEPTIEMBRE 2004
 * Considerando**, que en su memorial de defensa, la recurrida presenta un recurso de casación incidental, en el cual se limita a hacer comentarios sobre los hechos de la causa, sin formular un pedimento de casación de la sentencia ni los aspectos en que pretende la misma sea anulada, razón por la cual el mismo no cumple con el voto de la ley y debe ser declarado inadmisible;

B.J. NO. 1126, SEPTIEMBRE 2004
 * Considerando**, que para la aplicación de la presunción del contrato de trabajo en toda relación laboral que establece el artículo 15 del Código de Trabajo, es necesario que el demandante demuestre haber prestado un servicio personal al demandado, correspondiendo a los jueces del fondo apreciar las pruebas que se le presenten para determinar si esa prestación de servicios existió;

B.J. NO. 1126, SEPTIEMBRE 2004
 * Considerando**, que al no haber en el Código de Trabajo una disposición que prescriba expresamente la sanción que corresponde cuando la notificación del memorial al recurrido no se haya hecho en el plazo de cinco días a que se refiere el artículo 643 del referido código, debe aplicarse la sanción prevista en el artículo 7 de la Ley No. 3726 del 23 de noviembre de 1966, que declara caduco el recurso cuando el recurrente no emplazare al recurrido en el término fijado por la ley, caducidad que podría ser a pedimento de la parte interesada o de oficio;


 * Considerando**, que del estudio de las piezas que componen el expediente abierto en ocasión del presente recurso, se advierte que el mismo fue interpuesto mediante escrito depositado por la recurrente en la secretaría de la Corte de Trabajo del Distrito Nacional, el 21 de noviembre del 2003, y notificado al recurrido el 13 de diciembre del 2003 por acto número 812-2003, diligenciado por Eduard Leger, Alguacil de Estrados de la Corte de Trabajo del Distrito Nacional, cuando se había vencido el plazo de cinco días establecido por el artículo 643 del Código de Trabajo para la notificación del recurso de casación, razón por la cual debe declararse su caducidad.

B.J. NO. 1126, SEPTIEMBRE 2004
 * Considerando**, que el artículo 86 del Código de Trabajo dispone que en caso de que las indemnizaciones laborales no fueren pagadas en el plazo de diez días a partir de la terminación del contrato de trabajo por desahucio, “el empleador debe pagar, en adición, una suma igual a un día del salario devengado por el trabajador, por cada día de retardo”, sin establecer límite para ello, lo que contrasta con la disposición del ordinal 3ro. del artículo 95 del Código de Trabajo, que limita a seis meses el monto de los salarios que deberá pagar el empleador al trabajador cuyo despido haya sido declarado injustificado, lo cual es indicativo de que el legislador no quiso establecer ninguna limitación a la sanción que impone al empleador que sin la existencia de ninguna causa, pone término al contrato de trabajo;

B.J. NO. 1126, SEPTIEMBRE 2004
 * Considerando**, que por otra parte, del estudio de la sentencia impugnada se advierte que la condenación que le fue impuesta a la recurrente como reparación de los daños y perjuicios sufridos por ella, no estuvo fundamentada en la terminación del contrato de trabajo, sino en las faltas cometidas por el empleador durante la vigencia del contrato de trabajo, al no pagarle las comisiones arriba indicadas, lo que a juicio de dicho tribunal le produjo daños que debían ser resarcidos, al tenor de los artículos 712 y 713 del Código de Trabajo, tal como fue decidido, por lo que en ese sentido el medio examinado carece de fundamento;

B.J. NO. 1127, OCTUBRE 2004
 * Considerando**, que de conformidad con las disposiciones del artículo 473 del Código de Trabajo, modificado por la Ley No. 142-98, de fecha 6 del mes de mayo de 1998, G.O. 9982 del 15 de mayo de 1998, las Cortes de Trabajo se compondrán de 5 jueces designados por la Suprema Corte de Justicia, quien nombrará su presidente y su primer y segundo sustitutos del presidente, además de dos vocales tomados preferentemente de las nóminas formadas por los empleadores y los trabajadores, o de la forma en cada caso por la Secretaría de Estado de Trabajo;

B.J. NO. 1127, OCTUBRE 2004
 * Considerando**, que del estudio de la sentencia impugnada no se advierte que el Tribunal a-quo haya autorizado el depósito de documentos al margen de las disposiciones de los artículos 543 y siguientes del Código de Trabajo, como alega el recurrente, observándose que la misma contiene una relación completa de los hechos y motivos suficientes y pertinentes que permiten a esta Corte verificar la correcta aplicación de la ley, razón por la cual el medio examinado carece de fundamento y debe ser desestimado y en consecuencia rechazado el presente recurso.

B.J. NO. 1127, OCTUBRE 2004
 * Considerando**, que en la sentencia impugnada consta a respecto: “Que procede asimismo rechazar las pretensiones de la empresa recurrente de que se condene a los recurridos al pago de una indemnización por los daños y perjuicios por ella experimentados a consecuencia de la actitud negligente de estos, que al respecto si bien es cierto, como se ha dicho que la parte demandante esta exenta de establecer el perjuicio experimentado, por aplicación de las disposiciones del Código de Trabajo, cuando la falta encuentre su apoyo en una violación a alguna de las disposiciones de dicho Código, no es menos cierto que, como en la especie, cuando lo que se pretende es la reparación de un perjuicio material, y a los fines de acordar el pago de los mismos, es preciso establecer el hecho de la perdida material y el valor de las mismas, lo que no se ha verificado en la especie, por lo que y en este aspecto procede rechazar las pretensiones del recurrente”;

B.J. NO. 1127, OCTUBRE 2004
 * Considerando**, que al momento de la terminación del contrato de trabajo de los recurridos estaba vigente la Resolución No. 10-99, dictada por el Comité Nacional de Salarios, en fecha 27 de julio de 1999, que establecía un salario mínimo de RD$2,633.00 mensuales, por lo que el monto de veinte salarios mínimos ascendía a la suma de RD$52,660.00, monto que como es evidente no alcanza la totalidad de las condenaciones que impone la sentencia recurrida, por lo que el recurso de que se trata debe ser declarado inadmisible de conformidad con lo que prescribe el artículo 641 del Código de Trabajo.

B.J. NO. 1127, OCTUBRE 2004
 * Considerando**, que sin embargo la Corte a-qua no deriva ninguna consecuencia de dicha certificación, la que por la forma en que está redactada la cláusula 18 del Convenio Colectivo pactado entre la empresa y el Sindicato, mediante la cual la recurrida se obliga a entregar la cantidad de 66 días por concepto de bonificación a sus trabajadores con más de un año de labor en la empresa, sin sujetar esa entrega al hecho de obtener beneficios como consecuencia de sus actividades comerciales, pudo haber constituido un reconocimiento de la deuda reclamada por el demandante, circunstancia ésta que debió ser analizada por el Tribunal a-quo y que pudo eventualmente hacer variar la decisión adoptada, razón por la cual la sentencia impugnada incurre en la falta de ponderación de un documento esencial de la causa, desnaturalización de documentos y falta de base legal, por lo que debe ser casada;

B.J. NO. 1127, OCTUBRE 2004
 * Considerando**, que en la especie los motivos que da la Corte a-qua para confirmar la decisión apelada, en la cual declaró injustificado el despido del recurrido son suficientes, en vista de que esa declaratoria estuvo basada en la ausencia de la comunicación al despido, comprobable por la certificación expedida por la Representación Local del Trabajo del Distrito Nacional el 9 de septiembre del 2002, haciendo constar que en los archivos de ese departamento no figura tal comunicación, lo que al tenor del artículo 93 del Código de Trabajo hizo reputar como carente de justa causa la terminación del contrato por la voluntad unilateral del empleador;


 * Considerando**, que la sentencia impugnada contiene una relación completa de los hechos y motivos suficientes y pertinentes que permite a esta Corte verificar la correcta aplicación de la ley, razón por la cual el medio examinado carece de fundamento y debe ser desestimado y en consecuencia el presente recurso.

B.J. NO. 1127, OCTUBRE 2004
 * Considerando**, que el artículo 712 el Código de Trabajo establece que en las acciones en responsabilidad civil contra las personas que realicen violaciones de las disposiciones de dicho código, “el demandante queda liberado de la prueba del perjuicio”;


 * Considerando**, que en la especie el Tribunal a-quo dio motivos que justifican el dispositivo de la sentencia impugnada en cuanto a la reparación de los daños y perjuicios sufridos por la recurrida, estableciendo una suma a los fines de resarcir esos daños que esta Corte no considera exorbitante, razón por la cual el medio ahora examinado carece de fundamento y debe ser desestimado, y en consecuencia el presente recurso de casación.

B.J. NO. 1127, OCTUBRE 2004
 * Considerando**, que en la especie, tal como se observa el actual recurrente y demandante original sostuvo ante la Corte a-qua su reclamación de pago de salarios por concepto de comisiones dejadas de pagar y de la renta del carro correspondiente a los meses de julio y agosto, lo que obligaba al Tribunal a-quo a ofrecer razones adicionales sobre esa reclamación, al margen de las que dio para rechazar el alegato de despido hecho por el demandante, lo que al no hacer deja la sentencia carente de base legal, por lo que debe ser casada;

B.J. NO. 1127, OCTUBRE 2004
 * Considerando**, que en la especie, del estudio de la sentencia impugnada y de los documentos que le sirven de fundamento resulta que la recurrida despidió al recurrente el día 30 de junio de 1998, lo cual comunicó al Departamento de Trabajo mediante comunicación de esa fecha, pero recibida por las autoridades de trabajo el 2 de julio de 1998, antes del vencimiento del plazo de 48 horas fijado por el artículo 91 del Código de Trabajo;


 * Considerando**, que al haber cumplido el empleador con esa obligación estaba en aptitud de demostrar la justa causa invocada por él para poner término al contrato de trabajo del recurrente, lo que a juicio de la Corte a-qua hizo mediante la prueba testimonial, la que, en uso de su soberano poder de apreciación, dicho tribunal apreció suficiente para demostrar que la falta imputada al demandante, en el sentido de que actuó con descuido y negligencia en el reporte de la sustracción de que fue objeto, consistente en una considerable suma de dinero propiedad de la demandada, sin que se advierta que al hacerlo incurriera en desnaturalización alguna;

B.J. NO. 1127, OCTUBRE 2004
 * Considerando**, que en cuanto al pago de la participación en los beneficios, del estudio de la sentencia impugnada no se advierte que la recurrente haya discutido esa reclamación hecha por el demandante alegando que no obtuvo beneficios en el período reclamado, por lo que el Tribunal a-quo no tenía que exigir a éste que hiciera la prueba de esa circunstancia, al no tratarse de un hecho controvertido;


 * Considerando**, que la sentencia impugnada contiene una relación completa de los hechos y motivos pertinentes que justifican la decisión y permiten a esta Corte verificar la correcta aplicación de la ley, razón por la cual el medio que se examina carece de fundamento y debe ser desestimado.

B.J. NO. 1127, OCTUBRE 2004
 * Considerando**, que la decisión que adopta el juez de referimiento aprobando o desestimando una póliza expedida para lograr la suspensión de la ejecución de una sentencia de los juzgados de trabajo, no tiene carácter de sentencia definitiva, sino que se trata de una resolución administrativa no susceptible del recurso de casación, por cuanto éste, de acuerdo con el artículo 482 del Código Trabajo y del artículo primero de la Ley No. 3726 sobre Procedimiento de Casación, está reservado para las sentencias dictadas en única o última instancia;


 * Considerando**, que en la especie se trata de una ordenanza dictada por el Juez Presidente en funciones de la Corte de Trabajo del Distrito Nacional, en atribuciones de Juez de los Referimientos, que desestimó la Póliza No. FG-8535, expedida el 6 de noviembre del 2003 por la Imperial de Seguros, S. A., por no garantizar plenamente el crédito derivado de la sentencia dictada por el Juzgado de Trabajo del Distrito Nacional el 28 de julio del 2003, de cuya ejecución se ordenó la suspensión previo depósito de una fianza por la suma de Tres Millones Setecientos Cincuenta y Siete Mil Ochocientos Cincuenta y Uno con 10/100 pesos (RD$3,757,851.10), que tiene un carácter de resolución administrativa, por lo que procede declarar la inadmisibilidad del recurso intentado contra ella;

B.J. NO. 1127, OCTUBRE 2004
 * Considerando**, que si bien esta Corte ha sostenido que el trabajador que reclama se le conceda participación en los beneficios de la empresa, debe establecer que la misma ha obtenido ganancias, cuyo diez por ciento debe distribuir entre sus trabajadores, al tenor del artículo 223 del Código de Trabajo, también es criterio de esta Corte, que el mismo está liberado de realizar esa prueba cuando la demandada no demuestra haber presentado la declaración jurada a la Dirección General de Impuestos Internos sobre el resultado de sus operaciones comerciales en el período que corresponda a la reclamación; que en el caso de la especie, tal y como lo señala la sentencia recurrida ha quedado comprobado que la Compañía de Seguros Palic, S. A., no pudo probar oportunamente haber realizado la declaración jurada a la Dirección General de Impuestos Internos, que demostrara la no existencia de beneficios durante el período señalado, y que en esas circunstancias el recurrente estaba eximido de realizar la prueba de la existencia de los mismos;

B.J. NO. 1127, OCTUBRE 2004
 * Considerando**, que en la especie, la Corte a-qua reconoce que los señores Dres. Víctor Manuel Espaillat y Milagros González Mejía no fueron testigos presenciales de los hechos que relataron, sin embargo le da credibilidad a sus declaraciones por coincidir con las afirmaciones de la demandante y la reseña de los hechos acontecidos en la reunión calificada por ésta como injuriosa, la cual a juicio de esta Corte ha sido desnaturalizada, al dársele un sentido y alcance distinto a su contenido, razón por la cual la sentencia impugnada debe ser casada por falta de base legal;

B.J. NO. 1127, OCTUBRE 2004
 * Considerando**, que en la especie la Corte a-qua, tras la ponderación de la prueba aportada, de manera principal las declaraciones del propio representante de la empresa, dio por establecido la existencia de un contrato de trabajo entre la recurrente y el recurrido y el despido, hecho este último que no estaba obligado a demostrar el demandante, en vista de que la demandada se limitó a negar la existencia del mismo, para eludir las responsabilidades que dimanan de su ruptura cuando estas son producto de la voluntad unilateral del empleador;


 * Considerando**, que por último, del estudio de la sentencia impugnada no se advierte que la Corte a-qua haya incurrido en desnaturalización alguna y sí que la misma contiene una relación completa de los hechos y motivos suficientes y pertinentes, que permiten a esta Corte en funciones de Casación, verificar la correcta aplicación de la ley, razón por la cual el medio examinado carece de fundamento y debe ser desestimado.

B.J. NO. 1127, OCTUBRE 2004
 * Considerando**, que esa apreciación, así como la que le llevó a formar su criterio de que el demandante no demostró la justa causa invocada por él para poner fin al contrato de trabajo a través de la dimisión, la hizo la Corte a-qua en uso del soberano poder de apreciación de que disfrutan los jueces del fondo en esta materia, sin que se advierta que al hacerlo incurriera en desnaturalización alguna, razón por la cual el medio que se examina carece de fundamento;

B.J. NO. 1127, OCTUBRE 2004
 * Considerando**, que en la especie el recurrente entregó a la recurrida una suma de dinero por concepto de indemnizaciones laborales, reconociendo en el momento de la entrega que la reclamante se encontraba en estado de embarazo, y esto constituía un impedimento para la terminación del contrato de trabajo por desahucio ejercido por el empleador, lo que convenció a la Corte de que éste no concluyó por el mutuo consentimiento de las partes, sino por el desahucio ejercido por el empleador, que en virtud del artículo 232 del Código de Trabajo resulta nulo frente al estado de embarazo en que se encontraba la reclamante;


 * Considerando**, que de acuerdo con el IX Principio Fundamental del Código de Trabajo, en materia de contrato de trabajo, no son los documentos los predominantes, sino los hechos, lo que en el caso de la especie permitió a la Corte a-qua a decidir contrario a la documentación presentada por la empresa demandada que indicaba que la demandante solicitó poner término al contrato de trabajo por mutuo consentimiento, apreciando que real y efectivamente se produjo un desahucio de parte del empleador, apreciación ésta que al realizarse, sin incurrir en desnaturalización alguna, escapa al control de la casación, razón por la cual los medios examinados carecen de fundamento y deben ser desestimados.

B.J. NO. 1127, OCTUBRE 2004
 * Considerando**, que en la especie, no existe constancia de que la recurrente depositara el contrato de trabajo por escrito que, según ella demostraba que la relación laboral con el recurrido estaba regida por un contrato para una obra determinada, como tampoco depositó el escrito de defensa que exige el referido artículo 525 el Código de Trabajo, por lo que para formar su criterio el Tribunal a-quo tenía que ponderar los documentos que figuraban en el expediente depositado por la recurrida;

B.J. NO. 1127, OCTUBRE 2004
 * Considerando**, que en la especie, en el recurso incidental se desarrolla el primer medio propuesto, atribuyéndose a la Corte haber confundido el derecho que le reconoce el artículo 50, párrafo c) de la Ley No. 1896 relativo al subsidio de lactancia con el período de tiempo remunerado que debe conceder todo empleador a las trabajadoras con la finalidad de amamantar a sus hijos recién nacidos, presentando algunos hechos en el desarrollo del segundo medio, pero sin deducir ninguna consecuencia de esa confusión ni formular conclusión alguna a favor de las recurrentes, sino en beneficio del señor Nelson Hipólito Castillo, a favor de quien se solicita la casación, “en lo que respecta a las condenaciones por concepto de preaviso y auxilio de cesantía”, a pesar de éste no figurar como recurrente, razón por la cual dicho memorial carece del desarrollo sucinto de los medios de casación y de las consecuentes conclusiones, por lo que debe ser declarado inadmisible;

B.J. NO. 1127, OCTUBRE 2004
 * Considerando**, que de acuerdo con el artículo 232 del Código de Trabajo, “es nulo el desahucio ejercido por el empleador durante el período de gestación de la trabajadora y hasta tres meses después de la fecha del parto. La trabajadora debe notificar su embarazo al empleador, por cualquier medio fehaciente. La notificación debe indicar la fecha presumible del parto”;

B.J. NO. 1127, OCTUBRE 2004
 * Considerando**, que el Convenio Colectivo que ha servido de base a las pretensiones de la parte recurrida nunca fue denunciado por la recurrente como viciado ni en su forma ni en el fondo del mismo, sino que al contrario fue siempre la norma por la que se regían las partes en su cotidianidad y además aún cuando hubiera transcurrido el año de vigencia del mismo, según lo expresa la recurrente, al no haber sido denunciado formalmente el mismo seguía rigiendo las relaciones entre las partes, de conformidad con las disposiciones del artículo 135 del Código de Trabajo, tal y como fue ponderado y decidido por la Corte a-qua en la sentencia recurrida;

B.J. NO. 1127, OCTUBRE 2004
 * Considerando**, que los recurrentes proponen en apoyo de su recurso de casación, los siguientes medios: Primer Medio: Falta de base legal; Segundo Medio: Violación de la regla de la prueba. Falta de motivos;


 * Considerando**, que en el desarrollo de los dos medios de casación propuestos, los cuales se reunen para su examen por su vinculación, los recurrentes alegan, en síntesis, lo siguiente: Que la Corte a-qua incurrió en falta de base legal, al no tener en cuenta que como los demandados negaron la existencia de contratos de trabajo por tiempo indefinido, de manera pura y simple, al demostrarse que realmente existieron esos contratos quedó establecido el hecho del despido, lo que liberaba a los trabajadores de hacer esa prueba, sin embargo la Corte a-qua rechazó la demanda, por que a su juicio, las declaraciones que se presentaron para probar el despido fueron interesadas y consecuencialmente las rechazó;

B.J. NO. 1128, NOVIEMBRE 2004
 * Considerando**, que en el desarrollo del tercer medio de casación propuesto, la recurrente alega en síntesis: que la corte expresa que no procede ponderar la reclamación en daños y perjuicios, por no haber sido decidida por el tribunal de primera instancia y al no ser apelada por ninguna de las partes adquirió la autoridad de la cosa juzgada, lo que constituye una contradicción, porque si no fue decidida en primera instancia no podía adquirir la autoridad de la cosa juzgada;

B.J. NO. 1128, NOVIEMBRE 2004
 * Considerando**, que al momento de la terminación del contrato de trabajo de la recurrida estaba vigente la Resolución No. 9-99, dictada por el Comité Nacional de Salarios, en fecha 3 de julio de 1999, que establecía un salario mínimo de RD$2,895.00, mensuales, por lo que el monto de veinte salarios mínimos ascendía a la suma de RD$57,900.00, que como es evidente no alcanza la totalidad de las condenaciones que impone la sentencia recurrida, por lo que el recurso de que se trata debe ser declarado inadmisible, de conformidad con lo que prescribe el artículo 641 del Código de Trabajo.

B.J. NO. 1128, NOVIEMBRE 2004
 * Considerando**, que los recurrentes proponen en su recurso de casación, el siguiente medio: Unico: Violación al derecho de defensa, al debido proceso de ley y al derecho a la necesaria igualdad procesal. Falsa aplicación del artículo 621 del Código de Trabajo. Violación por desconocimiento de los artículos 69, ordinales 5to. y 7mo., 70 del Código de Procedimiento Civil y 44 de la Ley No. 834 de 1978. Falta de base legal y no ponderación de los documentos depositados por las partes. Contradicción de motivos. Violación por desconocimiento de los artículos 1200 y siguientes del Código Civil, que regulan la solidaridad;

B.J. NO. 1128, NOVIEMBRE 2004
 * Considerando**, que el artículo 621 del Código de Trabajo dispone que: “La apelación debe ser interpuesta mediante escrito depositado en la secretaría de la corte competente, en el término de un mes a contar de la notificación de la sentencia impugnada”;


 * Considerando**, que en la especie, el recurrente depositó el escrito contentivo del recurso de casación en la secretaría de la Suprema Corte de Justicia y no de acuerdo a las prescripciones legales más arriba indicadas con lo que violó un requisito esencial para la admisibilidad del recurso de casación en esta materia, razón por la cual el mismo debe ser declarado inadmisible.

B.J. NO. 1128, NOVIEMBRE 2004
 * Considerando**, que asimismo, las personas que son demandadas como empleadoras por su función dirigencial en una empresa, que aleguen que la misma es una persona jurídica y que ellas son empleadas o representantes de éstas, están en la obligación de demostrar esa situación presentando la prueba de su constitución legal, en ausencia de la cual serán responsables del cumplimiento de las obligaciones que contraiga con la contratación y utilización de personas subordinadas de su parte, con la utilización de un nombre que no responda a una persona moral;


 * Considerando**, que en la especie, tras ponderar la prueba aportada, tanto documental como testimonial, la Corte a-qua dio por establecido los hechos en que los demandantes fundamentaron su demanda, de manera principal la ausencia de la prueba de la justa causa del despido de parte de la recurrente y la prueba de que Inmuebles Rex, S. A., era el nombre comercial con el que el señor Ricardo Gadala María operaba la Estación de Gasolina Esso Naco, lo que determinó se impusieran las condenaciones contenidas en el dispositivo de la sentencia impugnada, sin que se advierta que en la apreciación de las mismas se haya incurrido en desnaturalización ni omisión alguna, razón por la cual los medios examinados carecen de fundamento y deben ser desestimados.

B.J. NO. 1128, NOVIEMBRE 2004
 * Considerando**, que así como es necesario para que se presuma la existencia del contrato de trabajo, que el reclamante demuestre la prestación del servicio personal, para que el empleador se obligue a pagar horas extraordinarias reclamadas por un trabajador es menester que éste demuestre haber laborado en jornadas extraordinarias de trabajo, al no derivarse esa obligación de la simple existencia del contrato de trabajo, como es el caso de la participación en los beneficios, salarios y disfrute de vacaciones, sino de la prestación del servicio después de concluida la jornada normal de trabajo, lo que no siempre ocurre, de suerte que el no reporte de horas extraordinarias de parte del empleador puede estar motivada a la ausencia de las mismas y no a una falta de éste;

B.J. NO. 1128, NOVIEMBRE 2004
 * Considerando**, que al momento de la terminación del contrato de trabajo del recurrido estaba vigente la Resolución No. 02-01, dictada por el Comité Nacional de Salarios, en fecha 13 de febrero del 2001, que establecía un salario mínimo de RD$3,415.00 mensuales, por lo que el monto de veinte salarios mínimos ascendía a la suma de RD$68,300.00, que como es evidente no alcanza la totalidad de las condenaciones que impone la sentencia recurrida, por lo que el recurso de que se trata debe ser declarado inadmisible, de conformidad con lo que prescribe el artículo 641 del Código de Trabajo.

B.J. NO. 1128, NOVIEMBRE 2004
 * Considerando**, que al momento de la terminación del contrato de trabajo del recurrido estaba vigente la Resolución No. 2-01, dictada por el Comité Nacional de Salarios, en fecha 3 de febrero del 2001, que establecía un salario mínimo de RD$3,415.00 pesos mensuales para los vigilantes de compañías de guardianes, por lo que el monto de veinte salarios mínimos ascendía a la suma de RD$68,300.00 pesos, que como es evidente no alcanza la totalidad de las condenaciones que impone la sentencia recurrida, por lo que el recurso de que se trata debe ser declarado inadmisible, de conformidad con lo que prescribe el artículo 641 del Código de Trabajo.

B.J. NO. 1128, NOVIEMBRE 2004
 * Considerando**, que el artículo 495 del Código de Trabajo, establece que: “Los plazos de procedimientos para las actuaciones que deban practicar las partes son francos y se aumentarán en razón de la distancia, en la proporción de un día por cada treinta kilómetros o fracción de más de quince. Los días no laborables comprendidos en un plazo no son computables en éste. Si el plazo vence en día no laborable, se prorroga hasta el siguiente. No puede realizarse actuación alguna en los días no laborables, ni antes de las seis de la mañana o después de las seis de la tarde en los demás”;

B.J. NO. 1128, NOVIEMBRE 2004
 * Considerando**, que al momento de la terminación del contrato de trabajo del recurrente estaba vigente la Resolución No. 3-95 dictada por el Comité Nacional de Salarios, en fecha 8 de mayo de 1995, que establecía un salario mínimo de Dos Mil Diez Pesos 00/100 (RD$2,010.00) mensuales, por lo que el monto de veinte salarios mínimos ascendía a la suma de Cuarenta Mil Doscientos 00/100 Pesos (RD$40,200.00), monto que como es evidente no alcanza la totalidad de las condenaciones impuestas en la sentencia recurrida, por lo que el recurso de que se trata debe ser declarado inadmisible, de conformidad con lo que prescribe el artículo 641 del Código de Trabajo.

B.J. NO. 1128, NOVIEMBRE 2004
 * Considerando**, que en virtud de lo que dispone el artículo 482 del Código de Trabajo compete a la Suprema Corte de Justicia, conocer de los recursos de casación contra las sentencias dictadas en última instancia por los tribunales de trabajo, con las excepciones establecidas en dicho código;


 * Considerando**, que de acuerdo a lo establecido por el artículo 1ro. de la Ley sobre Procedimiento de Casación: “La Suprema Corte de Justicia, decide como Corte de Casación, si la ley ha sido bien o mal aplicada en los fallos en última o en única instancia pronunciados por los tribunales del orden judicial. Admite o desestima los medios en que se basa el recurso, pero sin conocer en ningún caso del fondo del asunto”;

B.J. NO. 1128, NOVIEMBRE 2004
 * Considerando**, que en la especie, tras la ponderación de la prueba aportada, la Corte a-qua dio por establecido que la demandante cometió las faltas invocadas por la demandada para poner término a su contrato de trabajo mediante el uso del despido, el cual, por esas razones, declaró justificado dando suficientes motivos que permiten a esta Corte verificar la adecuada apreciación de los hechos y la correcta aplicación de la ley y que en la misma no se incurrió en desnaturalización alguna, razón por la cual los medios examinados carecen de fundamento y deben ser desestimados.

B.J. NO. 1129, DICIEMBRE 2004
 * Considerando**, que en esas mismas circunstancias el Tribunal a-quo dio por establecido que el contrato de trabajo terminó por despido ejercido por la demandada contra el demandante, sin que se advierta que para llegar a su convencimiento incurriera en desnaturalización alguna, razón por la cual el medio que se examina carece de fundamento y debe ser desestimado;


 * Considerando**, que en el desarrollo de los medios segundo y tercero, los que se reúnen para su examen por su vinculación, la recurrente alega: que se le violó su derecho de defensa al negársele la oportunidad de hacer valer testigo para contrarrestar las versiones ofrecidas por la persona presentada por el recurrido y objetada por el exponente al encontrarse en una de las tachas expresamente previstas por la ley, lo que le limitó la posibilidad de hacer la prueba contraria a los hechos presentados por el demandante; que de igual manera la Corte a-qua distorsionó los hechos al señalar que el salario, el tiempo y los derechos adquiridos, tales como compensación por vacaciones no disfrutadas, salario de navidad y participación en los beneficios no fueron puntos controvertidos, lo que no es cierto, en vista de que la representante de la empresa declaró que se le pagaba en base a un servicio que se le brindaba a la empresa y que la empresa no pagó esos derechos porque no era su empleado;

B.J. NO. 1129, DICIEMBRE 2004
 * Considerando**, que en el desarrollo de los medios segundo y tercero, los que se reúnen para su examen por su vinculación, el recurrente alega: que se le violó su derecho de defensa al negársele la oportunidad de hacer valer testigo para contrarrestar las versiones ofrecidas por la persona presentada por el recurrido y objetada por el exponente al encontrarse en una de las tachas expresamente previstas por la ley, lo que le limitó la posibilidad de hacer la prueba contraria a los hechos presentados por el demandante; que de igual manera la Corte a-qua distorsionó los hechos al señalar que el salario, el tiempo y los derechos adquiridos, tales como compensación por vacaciones no disfrutadas, salario de navidad y participación en los beneficios no fueron puntos controvertidos, lo que no es cierto, en vista de que la representante de la empresa declaró que se le pagaba en base a un servicio que se le brindaba a la empresa y que la empresa no pagó esos derechos porque no era su empleado;

B.J. NO. 1129, DICIEMBRE 2004
 * Considerando**, que el citado texto legal no exige ni condiciona la suspensión de la ejecución de la sentencia a que haya un principio de ejecución de la misma, pues la finalidad del depósito del duplo de las condenaciones, no es el de exclusivamente paralizar una ejecución ya iniciada, sino restituir al recurso de apelación el efecto suspensivo propio de este tipo de recurso para evitar que la continuación del proceso esté matizado con acciones ejecutorias que podrían entorpecer el conocimiento del mismo, a la vez que se garantiza a la parte gananciosa que al final del litigio tendrá a su disposición el monto de sus acreencias, sin necesidad de recurrir a la ejecución forzosa;


 * Considerando**, que este criterio se encuentra robustecido en el referido artículo 539 en la parte que dispone que, “cuando la consignación se realice después de comenzada la ejecución, ésta quedará suspendida en el estado en que se encuentre”, lo que es indicativo de que también es posible recurrir a la suspensión de la ejecución de la sentencia antes de que ésta sea iniciada;

B.J. NO. 1129, DICIEMBRE 2004
 * Considerando**, que del estudio de la sentencia impugnada se advierte que, tal como lo expresa el recurrente, la Corte a-qua da motivos para justificar su fallo en torno a la existencia del contrato de trabajo y el despido invocado por el recurrido, pero no así en cuanto a la condenación que se le impuso al demandado de pagar sumas de dinero por concepto de proporción de salario navideño y participación en los beneficios, razón por la cual la sentencia impugnada debe ser casada en esos aspectos por falta de motivos;

B.J. NO. 1129, DICIEMBRE 2004
 * Considerando**, que del estudio de la decisión impugnada y de los documentos que integran el expediente se advierte que, tal como lo expresa la recurrente, la demandante original solicitó el pago de 8 días de salarios por concepto de compensación por vacaciones no disfrutadas ni pagadas, cantidad ésta que debió el Tribunal a-quo concederle, salvo que precisara las razones por las que concedía un derecho por encima del que le fue solicitado, lo que no ocurrió en la especie, razón por la cual la sentencia debe ser casada en ese aspecto;

B.J. NO. 1129, DICIEMBRE 2004
 * Considerando**, que los jueces del fondo son soberanos en la apreciación de las pruebas, pudiendo basar su fallo del análisis de las mismas, con facultad de determinar cuales de ellas les resultan más creíbles, lo que sólo puede ser censurado en casación, cuando incurran en alguna desnaturalización;


 * Considerando**, que en la especie, en uso de ese poder soberano de apreciación, los jueces actuantes formaron su criterio en el sentido de que las recurridas no realizaron ningún acto doloso contra la empresa y que las prórrogas que se les concedieron fueron promovidas en forma normal, sin emplear ningún procedimiento irregular para esos fines, no advirtiéndose que para formar ese criterio la Corte a-qua haya dado un sentido y alcance distinto a las declaraciones de los testigos aportados por las partes, ni que haya dejado de ponderar ningún documento que tuviere incidencia en la solución del caso;

B.J. NO. 1129, DICIEMBRE 2004
 * Considerando**, que el artículo 16 del Código de Trabajo libera al trabajador de la prueba de los hechos establecidos en los libros y documentos que el empleador debe registrar y conservar ante las autoridades de trabajo, entre los que se encuentran la duración del contrato de trabajo y el salario percibido;


 * Considerando**, que la sentencia impugnada contiene una relación completa de los hechos y motivos suficientes y pertinentes que permiten a esta Corte verificar la correcta aplicación de la ley, razón por la cual los medios examinados carecen de fundamento y deben ser desestimados.

B.J. NO. 1129, DICIEMBRE 2004
 * Considerando**, que al momento de la terminación del contrato de trabajo de los recurridos estaba vigente la Resolución No. 2-01, dictada por el Comité Nacional de Salarios, en fecha 13 de febrero del 2001, que establecía un salario mínimo de Tres Mil Cuatrocientos Quince Pesos con 00/100 (RD$3,415.00) mensuales, por lo que el monto de veinte salarios mínimos ascendía a la suma de Sesenta y Ocho Mil Trescientos Pesos (RD$68,300.00), que como es evidente no alcanza la totalidad de las condenaciones que impone la sentencia recurrida, por lo que el recurso de que se trata debe ser declarado inadmisible, de conformidad con lo que prescribe el artículo 641 del Código de Trabajo.

B.J. NO. 1129, DICIEMBRE 2004
 * Considerando**, que al momento de la terminación del contrato de trabajo del recurrido estaba vigente la Resolución No. 10-99, dictada por el Comité Nacional de Salarios, en fecha 27 de julio de 1999, que establecía un salario mínimo de Dos Mil Seiscientos Treinta y Tres Pesos (RD$2,633.00) mensuales, por lo que el monto de veinte salarios mínimos ascendía a la suma de Cincuenta y Dos Mil Seiscientos Sesenta Pesos (RD$52,660.00), monto que como es evidente no alcanza la totalidad de las condenaciones que impone la sentencia recurrida, por lo que el recurso de que se trata debe ser declarado inadmisible de conformidad con lo que prescribe el artículo 641 del Código de Trabajo;

B.J. NO. 1129, DICIEMBRE 2004
 * Considerando**, que dada la libertad de pruebas que existe en esta materia y el predominio de los hechos sobre los documentos, nada impide que los tribunales laborales den por establecida la existencia de una falta laboral, a pesar de que la jurisdicción represiva no encuentre indicios de que se haya cometido una infracción penal con la actuación de un trabajador despedido por haber cometidos violaciones a sus obligaciones, que eventualmente podrían constituir un crimen o un delito, ya que la falta laboral tiene características propias que la diferencian del hecho ilícito penal;


 * Considerando**, que tras ponderar las pruebas documentales y testimoniales presentadas por las partes, el Tribunal a-quo dio por establecida la comisión de las faltas que justificaron el despido del recurrente, para lo cual hizo uso del soberano poder de apreciación de que disfrutan los jueces en esta materia, sin incurrir en desnaturalización alguna ni en la omisión de ponderación de ningún documento esencial para la suerte del litigio, razón por la cual el medio examinado carece de fundamento y debe ser desestimado.

B.J. NO. 1129, DICIEMBRE 2004
 * Considerando**, que después de haber sido interpuesto el recurso de casación de que se trata, y después de ser conocido, la recurrente Grullón Frenos, S. A., ha desistido de dicho recurso, desistimiento que ha sido aceptado por el recurrido.

B.J. NO. 1129, DICIEMBRE 2004
 * Considerando**, que después de haber sido interpuesto el recurso de casación de que se trata, y después de ser conocido, la recurrente Josefa Cabrera (Fefita La Grande) ha desistido de dicho recurso, desistimiento que ha sido aceptado por el recurrido.

B.J. NO. 1129, DICIEMBRE 2004
 * Considerando**, que lo mismo acontece con el segundo medio propuesto, al limitarse la recurrente a copiar la parte in fine del artículo 539 del Código de Trabajo, el cual expresa;… “salvo el derecho de la parte que haya sucumbido de consignar una suma equivalente al doble de las condenaciones pronunciadas, cuando la consignación se realice después de comenzada la ejecución, esta quedará suspendida en el estado en que se encuentra”, pero sin hacer ninguna referencia a la circunstancia en que esa disposición legal fue violada por el Tribunal a-quo y la consecuencia que tuvo dicha violación en la solución del caso, razón por la cual también se declara inadmisible;

B.J. NO. 1129, DICIEMBRE 2004
 * Considerando**, que al tenor del IX Principio Fundamental del Código de Trabajo, en materia de contrato de trabajo no son los documentos los que prevalecen sino los hechos, de donde se deriva que por cualquier medio de prueba se pueden contradecir los mismos aunque figuren consignados en un documento, si a juicio del tribunal ese otro medio de prueba presenta la situación real de los hechos generados por una relación contractual;


 * Considerando**, que del estudio de la sentencia impugnada y de los documentos que integran el expediente se advierte que la Corte a-qua ponderó todos los documentos que le fueron aportados por las partes, los cuales cotejó con los demás medios de pruebas presentados, de cuya ponderación llegó a la conclusión de que el demandante demostró los hechos en que fundamentó su demanda, relativos a la existencia del contrato de trabajo, duración del mismo, salario y el despido invocado, sin que se advierta que incurriera en desnaturalización alguna;


 * Considerando**, que la sentencia impugnada contiene una relación completa de los hechos y motivos suficientes y pertinentes que permiten a esta Corte verificar la correcta aplicación de la ley, razón por la cual el medio examinado carece de fundamento y debe ser desestimado.

= = = = =matera contensioso-tributario=

=D=

DESISTIMIENTO
B.J. NO. 1119, FEBRERO 2004
 * Considerando**, que después de haber sido interpuesto el recurso de casación de que se trata, y antes de ser conocido, las partes en sus respectivas calidades de recurrente y recurrida, han desistido de dicho recurso, desistimiento que ha sido aceptado por las misma

=R=

RECURSO JERARJICO
B.J. NO. 1125, AGOSTO 2004
 * Considerando**, que no obstante la interpretación errónea del Tribunal a-quo con respecto a la naturaleza del plazo consagrado por el articulo 144 del Código Tributario, en la especie se ha podido establecer que la recurrente interpuso su recurso de forma tardía, ya que, según consta en la sentencia impugnada, la resolución recurrida le fue notificada a dicha empresa el 24 de agosto de 1999, por lo que al ser franco el plazo como ha sido establecido por esta Corte en otra parte de esta sentencia, dicha empresa podía interponer hábilmente su recurso hasta el día 9 de septiembre de 1999; que como dicho recurso fue interpuesto el día 10 de septiembre de 1999, cuando ya había vencido el plazo, resulta evidente que al declararlo inadmisible por tardío, el Tribunal a-quo actuó correctamente; independientemente de que dicha sentencia contenga motivos erróneos al establecer que el plazo no es franco, por lo que no obstante esta interpretación errada, se ha podido comprobar que el dispositivo de la sentencia es correcto, lo que no amerita que la misma sea casada y procede en consecuencia, rechazar los argumentos de la recurrente que se examinan, así como el recurso de casación de que se trata.

= = =MATERIA CIVIL=

=I=

INADMISIBILIDAD
B.J. NO. 1119, FEBRERO 2004
 * Considerando**, que sin embargo el Tribunal a-quo no ponderó en toda su extensión el informe sobre la investigación realizada por la señora Delia De La Rosa, Inspectora de Trabajo, de fecha 1ro. de mayo del 2002, el que es examinado por esta corte frente al vicio de desnaturalización de los hechos que se denuncia en los medios que se examinan, y del cual solo analiza las declaraciones atribuidas al demandante, sin hacer ningún juicio sobre las expresiones, que según dicho informe formuló a la inspectora, el profesor Francisco Javier Almarante, Secretario docente de la recurrida en nombre de quien se le atribuye haber declarado que “el colegio suspendió al profesor temporalmente, que todavía el colegio no ha tomado ninguna decisión en su contra”, así como que “el profesor José Miguel Lorenzo fué suspendido hasta tanto se esclarezca la situación”;


 * Considerando**, que al no analizar esas declaraciones, que eventualmente pudieron hacer variar la decisión tomada, el Tribunal a-quo dejó la decisión impugnada carente de motivos y de base legal, razón por la cual la misma debe ser casada;