JURISPRUDENCIA+AÑO+2002

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__//**Sentencias en materia de Tierras**//__ B.J. NO. 1094, ENERO 2002

 **Considerando**, que en la sentencia impugnada se expone al respecto lo siguiente: “Que del estudio y ponderación del caso, este tribunal ha comprobado que se trata de una litis sobre derechos registrados originada por la confusión que produjo el extravío del certificado de título en el Registro de Títulos del Departamento de La Vega; que eso dio como consecuencia que se expidiera un nuevo certificado de título como el acto de la transferencia de derechos... que recae sobre el inmueble que nos ocupa; que además el Banco Mercantil, S. A., no ha podido obtener la constancia de sus derechos hipotecarios, cuyos documentos fueron depositados por ante el mencionado registrador de títulos; que a tal efecto, la presidencia de este tribunal apoderó al Juez a-quo para que decidiera e instruyera este caso como litis sobre derechos registrados, conforme al Art. 7 en su ordinal cuarto, y el 206 de la Ley de Registro de Tierras; que el Art. 10 de la Ley de Registro de Tierras establece que: “Los tribunales ordinarios serán competentes para conocer de toda demanda que se establezca con motivo de un embargo inmobiliario o un mandamiento de pago tendiente a ese fin...”; que evidentemente no se trata de ese caso, porque no existe todavía un procedimiento de embargo inmobiliario, ni se ha producido el mandamiento de pago tendiente a ese fin; que por consiguiente el Art. 10 de la Ley de Registro de Tierras no se aplica en el actual estado del caso que nos ocupa; que por tanto, se rechaza en cuanto al fondo, el referido recurso de apelación, por ser improcedente, mal fundado y carente de base legal; que se rechazan las conclusiones presentadas por la parte apelante, y no se dará acta de lo solicitado, porque en este expediente del Tribunal Superior de Tierras no están los documentos referidos por la apelante; que, además, se acogen en parte las conclusiones de la parte intimada; por ser conformes al derecho”

B.J. NO. 1095, FEBRERO 2002


 * Considerando **, que es evidente que de acuerdo con el primero de dichos textos legales no podrá hacerse testamento por dos o más personas en el mismo documento, que por consiguiente, la prohibición contenida en dicha disposición legal es aplicable en el presente caso, y también lo es el Art. 1097 del mismo código porque los mencionados esposos han dispuesto recíprocamente el uno a favor del otro, o sea mutuamente y por un solo y único documento de los bienes de la comunidad que rige su matrimonio, en violación del último de dichos textos, por lo que al declarar la nulidad del testamento, el Tribunal a-quo no ha incurrido en las violaciones alegadas por el recurrente;

B.J. NO. 1095, FEBRERO 2002


 * Considerando **, que en efecto, de conformidad con lo que dispone el artículo 134 de la Ley de Registro de Tierras, el recurso de casación será interpuesto, instruido y juzgado, tanto en materia civil como en materia penal, conforme a las reglas del derecho común; que el artículo 5 de la Ley sobre Procedimiento de Casación prescribe que en los asuntos civiles y comerciales el recurso de casación se interpondrá por un memorial suscrito por abogado, con indicación de los medios en que se funda, que deberá ser depositado en la secretaría de la Suprema Corte de Justicia, en los dos meses de la notificación de la sentencia; que por otra parte, de conformidad con la parte final del artículo 119 de la Ley de Registro de Tierras, los plazos para ejercer los recursos contra las decisiones dictadas por el Tribunal de Tierras, se cuentan desde la fecha de la fijación del dispositivo de la sentencia en la puerta principal del Tribunal que la dictó;

B.J. NO. 1095, FEBRERO 2002


 * Considerando **, que en cuanto al segundo medio (letra b) en la sentencia impugnada se expone lo siguiente: “Que el artículo 44 de la Ley No. 834 de fecha 12 de julio de 1978 dice así: “Constituye una inadmisibilidad todo medio que tienda a hacer declarar al adversario inadmisible en su demanda, sin examen al fondo, por falta de derecho para actuar, tal como la falta de calidad, la falta de interés, la prescripción, el plazo prefijado, la cosa juzgada”. Como se advierte en las conclusiones vertidas en la audiencia celebrada por el Tribunal en fecha 8 de septiembre y en su Escrito Ampliatorio de Conclusiones suscrito por el Dr. Nelson R. Santana A., por sí y por el Dr. Arsenio Toribio Amaro, a nombre y representación de la Sra. Guillermina Landestoy Vda. Parra, la parte intimada invoca en apoyo del rechazo o inadmisión de la acción incoada por la compañía Agroindustrial La Sierra, S. A., la autoridad de la cosa juzgada, la prescripción extintiva, su falta de calidad y su falta de interés; aspectos de los que el Tribunal ha examinado previamente la autoridad de la cosa juzgada y en lo que respecta a los demás medios, es decir, en cuanto a la prescripción extintiva, la calidad y falta de interés de la parte intimada, el Tribunal entiende lo siguiente: a) Que la prescripción extintiva es propia de los derechos de crédito o derechos personales y que la misma no es aplicable al caso de la especie donde se trata de hacer valer un derecho real inmobiliario, el cual una vez registrado en la oficina de Registro de Títulos correspondiente, es irrevocable, imprescriptible, perpetuo y absoluto; b) Que la calidad de la compañía Agroindustrial La Sierra, S. A., y su interés están caracterizadas en su condición de co-propietaria de la Parcela No. 273, del Distrito Catastral No. 27, del Distrito Nacional, parcela en la cual tiene derechos registrados y mejoras fomentadas que sustentan sus derechos a ser oídos, citados y tomados en cuenta en cualesquier operación o procedimiento que se relacione con la unidad catastral registrada en copropiedad entre dicha compañía y otros copropietarios;

B.J. NO. 1095, FEBRERO 2002

 **Considerando**, que en la sentencia impugnada se expone al respecto lo siguiente: “Que, en cuanto a los agravios presentados por la parte apelante, este tribunal entiende y considera lo siguiente: a) que el Juez a-quo hizo una buena apreciación de los hechos y una correcta aplicación de la ley y su decisión contiene motivos claros, pertinentes y congruentes, que justifican su dispositivo; b) que el acto de venta fue correcto y ajustado a la ley, ya que la transferencia se realizó, dando como consecuencia la obtención por parte de Altagracia Sierra Martínez, de su certificado de título ya que se trataba de terreno registrado; y posteriormente, dicha señora deslindó sus terrenos, dando como consecuencia la Parcela No. 57-C, del Distrito Catastral No. 3, del municipio de San Cristóbal, Certificado de Título No. 17343, por lo cual debe protegérsele, con todo vigor y efecto, su derecho de propiedad; c) que en justicia no basta alegar, hay que probar, que, conforme al Art. 1315 del Código Civil, todo aquel que alega un hecho debe probarlo, y la parte apelante no ha podido probar sus derechos dentro de los terrenos hoy en litis, por lo cual el recurso de apelación debe ser rechazado, por improcedente, mal fundado y carente de base legal; que, en cuanto a las conclusiones de la parte recurrida, este tribunal rechaza las conclusiones principales, por improcedentes y mal fundadas, por lo dicho anteriormente en esta sentencia, y acoge sus conclusiones subsidiarias, por ser justas en derecho y apegados a la ley de la materia”;

B.J. NO. 1095, FEBRERO 2002

 **Considerando**, que en ese sentido, en la sentencia impugnada se expone lo siguiente: “que cuatro (4) condiciones son necesarias para la validez de una convención, el consentimiento de la parte, la capacidad para contratar, un objeto cierto y una causa lícita; que todo contrato es un convenio en cuya virtud una o varias personas se obligan respecto de una o de varias otras, a dar, hacer o no hacer alguna cosa; que en el presente caso, se redactó un acto ante un funcionario con capacidad para hacerlo, se pagó un precio, se recibió el objeto a vender, y han transcurrido más de 25 años; que el otorgante tenía calidad para disponer de este inmueble; estaba en pleno uso de sus facultades mentales; que los apelantes no han demostrado que existan maniobras dolosas en esta operación; que el hecho de que se hayan determinado los herederos, transferidos estos derechos no significa que el señor Baret haya perdido el derecho adquirido en esta propiedad hace más de 25 años por el único hijo del señor Tomás Simons; que la Ley de Registro de Tierras no puede servir para despojar a un legítimo propietario por compra; que este tribunal entiende que los continuadores jurídicos deben garantía al comprador; que la adjudicación de un inmueble registrado a favor de una persona que debe garantía prevista en los artículos 1620 y 1640 del Código Civil, que este inmueble permanece en el patrimonio del adjudicatario o de sus continuadores jurídicos y estos están en la obligación de garantizar el traspaso que sus ascendentes hayan hecho de sus derechos; que el artículo 193 de la Ley de Registro de Tierras se refiere a determinación de herederos y transferencia, que en el presente caso, la transferencia de la Parcela No. 2833 del Distrito Catastral No. 7, del municipio de Samaná debió haberse realizado a favor del señor Andrés Baret, 3er. adquiriente de buena fe y a título oneroso, pero nunca a los herederos determinados, pues este inmueble había salido del patrimonio del de cujus desde 1968 y procede revocar esta resolución y ordenar la transferencia de acuerdo a la ley, pues en este caso específico, no procede determinar los herederos al señor Jaime Simons, pues este inmueble ya no le pertenecía; que este tribunal entiende que el señor Andrés Baret es un 3er. adquiriente de buena fe y a título oneroso, y que está protegido por las disposiciones legales del artículo 189 de la Ley de Registro de Tierras, en consecuencia procede acogerla”;

<span style="color: #666666; font-family: Verdana,sans-serif; font-size: 9pt;">B.J. NO. 1096, MARZO 2002

**Considerando**, que en el desenvolvimiento del primer medio del recurso, el recurrente alega en síntesis, que habiéndose establecido con el acta de defunción que la señora Agueda Rodríguez, única apelante, había fallecido y que con ello se había abierto su sucesión, es obvio que el Tribunal Superior de Tierras, en conocimiento de dicho fallecimiento y frente a la instancia que le fue dirigida el 3 de agosto de 1998, debió exigir el cumplimiento de los artículos 718 a 891 del Código Civil, que establecen la forma de proceder en esos casos; que la sentencia impugnada no contiene la motivación que justifique la actitud del Tribunal a-quo para instruir el recurso de apelación después de recibir la noticia del fallecimiento de la apelante, sin dar cumplimiento a las disposiciones del artículo 718 del Código Civil, que establece que: “Las sucesiones se abren por la muerte de aquel de quien se derivan”; que, por una circunstancia de orden público, debe admitirse que la sentencia impugnada ha violado principios básicos de nuestra legislación, conociendo en toda su extensión un recurso de apelación que giraba alrededor de una persona fallecida, resultando además inexplicable que abogados que postularon por Agueda Rodríguez, después de su fallecimiento, pretendieran haber recibido mandato de ella para representarla en dicho recurso, por lo que la sentencia debe ser casada. LOS MEDIOS DE CASACIÓN SON LOS ALEGATOS DE LAS PARTES NO COPIAR, FAVOR VER EL MODELO

<span style="color: #666666; font-family: Verdana,sans-serif; font-size: 9pt;">B.J. NO. 1096, MARZO 2002

<span style="color: #666666; font-family: Verdana,sans-serif; font-size: 9pt;"> **Considerando**, que por otra parte, en la sentencia recurrida se expresa lo siguiente: “Que, además, este tribunal entiende que la medida de instrucción solicitada por la apelante, resulta improcedente, conforme las disposiciones del Art. 175 de la Ley de Registro de Tierras el cual consagra la imprescriptibilidad de derechos registrados”; “ que este Tribunal Superior de Tierras entiende el apoderamiento de un Juez de Jurisdicción Original, fue el resultado de un deficiente estudio de la instancia que inició este expediente, ya que, desde el apoderamiento realizado en el año 1994 por el Dr. Guillermo Galván a nombre de la Sra. Mery Francia Sánchez, lo que se ha invocado es la ocupación de terrenos que, anteriormente, fueron cultivados por el que fuera su esposo, el finado Antonio Tejada (a) Antolín; que una correcta ponderación de tales alegatos imponían que se declarara inadmisible la acción, ya que no se trata en este caso de la característica litis sobre derechos registrados, porque los hechos que se invocan son anteriores al saneamiento de los inmuebles”; “que este tribunal ha formado su convicción, en el sentido de que los pedimentos incidentales formulados por la Sra. Mery Francia Sánchez resultan totalmente improcedentes y extemporáneos y sólo pueden justificarse como recursos encaminados a prolongar un proceso que, en una correcta aplicación del derecho, tiene que arrojar un resultado favorable a la actual intimada; que por tales razones ha resuelto rechazar la apelación interpuesta y confirmar la decisión dictada por el Tribunal a-quo, por constituir el resultado de una buena interpretación de los hechos y correcta aplicación del derecho, sustentada en motivos claros y suficientes que justifican el fallo rendido”; “que en cuanto al pedimento incidental de designación de un secuestrario judicial de los inmuebles, este tribunal lo ha considerado innecesario, ya que por todas las razones anteriormente expresadas, conviene, en favor de una buena administración de justicia, decidir el fondo de este asunto, tal como lo ha hecho este tribunal”;

<span style="color: #666666; font-family: Verdana,sans-serif; font-size: 9pt;">B.J. NO. 1096, MARZO 2002

<span style="color: #666666; font-family: Verdana,sans-serif; font-size: 9pt;"> **Considerando**, que resulta de esa motivación, que el Tribunal a-quo, dentro de sus poderes de apreciación, se edificó en definitiva, en el sentido de que la Parcela No. 126-C-posesión-6, del Distrito Catastral No. 23/2, de Los Llanos, siempre fue ocupada, primero, por Nazario Caraballo y después por sus sucesores quienes habían mantenido en el terreno en discusión una posesión, por el tiempo y con los caracteres exigidos por la ley para adquirirla por prescripción, al momento de iniciarse el saneamiento de la misma con su mensura; y que aunque el señor Francisco Madera adquirió en varias ocasiones parte de las Parcelas Nos. 126, 129, 130 y 133 del mismo Distrito Catastral, no lo hizo dentro de la parcela ahora en litis; que esa posesión de Nazario Caraballo, continuada luego por sus sucesores, fue reafirmada por las declaraciones de los testigos que depusieron en las diversas audiencias celebradas, tanto en primer grado, como en segundo grado; que todo ello demuestra, que las únicas personas que ocupaban el terreno en discusión era la familia Caraballo, no así los actuales recurrentes, quienes por otra parte, según se expresa en la sentencia impugnada, no demostraron que tenían posesión dentro de dicha parcela, prueba que no hicieron ni por escrito, ni por medio de testigos; por lo que esta Corte estima correctos los razonamientos dados por el Tribunal a-quo para justificar su fallo; que, por tanto, el segundo medio del recurso que se examina, también carece de fundamento y debe ser desestimado.

<span style="color: #666666; font-family: Verdana,sans-serif; font-size: 9pt;">B.J. NO. 1097, ABRIL 2002


 * <span style="color: #666666; font-family: Verdana,sans-serif; font-size: 9pt;">Considerando **<span style="color: #666666; font-family: Verdana,sans-serif; font-size: 9pt;">, en cuanto a la alegada violación del artículo 217 del Código de Procedimiento Civil, por no haber dispuesto el Tribunal a-quo que el Certificado de Título No. 247, expedido en ejecución de la sentencia de adjudicación, fuera desechado del procedimiento, el Tribunal a-quo estimó que en el caso se trataba de un simple error en que incurrió el Registrador de Títulos de La Vega, al proceder a la corrección del mismo, sin la intervención del Tribunal Superior de Tierras, pero que aún cuando la actuación de ese funcionario fuese cuestionable, la misma no afecta ni invalida los derechos que en virtud de la sentencia de adjudicación en cuestión correspondió al Dr. Amado Jiménez y que a su fallecimiento pasaron al patrimonio de sus herederos, puesto que éstos podrían hacerlos valer en cualquier tiempo y en consecuencia, solicitar la corrección del error mencionado, cumpliendo con el procedimiento establecido en los artículos 205 y 206 de la Ley de Registro de Tierras, por lo que entendió que el pedimento de los recurrentes relativo a que fuera desechado el certificado de título ya aludido, carecía de fundamento, todo lo que pudo hacer dicho tribunal sin necesidad de recurrir al procedimiento de inscripción en falsedad que establecen los artículos 215 y siguientes del Código de Procedimiento Civil, por todo lo cual los medios del recurso que se examinan carecen de fundamento y deben ser desestimados.

<span style="color: #666666; font-family: Verdana,sans-serif; font-size: 9pt;">B.J. NO. 1097, ABRIL 2002

<span style="color: #666666; font-family: Verdana,sans-serif; font-size: 9pt;"> **Considerando**, que el artículo 174 de la Ley de Registro de Tierras, dispone: “(Art. 174 Modificado por la Ley No. 544 de fecha 17 de diciembre del año 1964).- En los terrenos registrados de conformidad con esta ley no habrá hipotecas ocultas: en consecuencia, toda persona a cuyo favor se hubiere expedido un certificado de título, sea en virtud de un decreto de registro, sea de una resolución del Tribunal Superior de Tierras, sea en ejecución de un acto traslativo de propiedad realizado a título oneroso y de buena fe, retendrá dicho terreno libre de las cargas y gravámenes que no figuren en el certificado, excepto los que a continuación se especifican: 1º.- Cualquier carretera o camino público que establezca la ley, cuando el certificado no indique las colindancias de éstos; 2º.- Todos los derechos y servidumbres que existan o se adquirieren de acuerdo con las leyes de aguas y minas; y todos los derechos y servidumbres que existan o se adquirieren en favor de las empresas de servicio público, autónomas del Estado. Párrafo.- El Registro de los contratos otorgados por los propietarios hasta la vigencia de esta ley, será solicitado al Tribunal Superior de Tierras; y éste, a la vista de dicha solicitud y del contrato ordenará al Registrador de Títulos correspondiente, que efectúe dicho registro en el original del certificado de título de que se trate, quedando el registrador en capacidad de requerir al interesado el duplicado que le haya sido expedido, para efectuar allí la anotación de lugar”;

<span style="color: #666666; font-family: Verdana,sans-serif; font-size: 9pt;">B.J. NO. 1098, MAYO 2002


 * <span style="color: #666666; font-family: Verdana,sans-serif; font-size: 9pt;">Considerando **<span style="color: #666666; font-family: Verdana,sans-serif; font-size: 9pt;">, que de acuerdo con lo que dispone el artículo 134 de la Ley de Registro de Tierras, el recurso de casación será interpuesto, instruido y juzgado, tanto en materia civil como en materia penal, conforme a las reglas del derecho común; que el artículo 5 de la Ley No. 3726 sobre Procedimiento de Casación prescribe que en los asuntos civiles y comerciales el recurso de casación se interpondrá por un memorial suscrito por abogado, con indicación de los medios en que se funda, que deberá ser depositado en la secretaría de la Suprema Corte de Justicia, en los dos meses de la notificación de la sentencia; que por otra parte, de conformidad con la parte final del artículo 119 de la Ley de Registro de Tierras, los plazos para ejercer los recursos contra las decisiones dictadas por el Tribunal de Tierras, se cuentan desde la fecha de la fijación del dispositivo de la sentencia en la puerta principal del Tribunal que la dictó;

<span style="color: #666666; font-family: Verdana,sans-serif; font-size: 9pt;">B.J. NO. 1098, MAYO 2002

<span style="color: #666666; font-family: Verdana,sans-serif; font-size: 9pt;"> **Considerando**, que es de principio que cuando existe indivisión en el objeto del litigio, como ocurre en la especie, si el recurrente ha emplazado a una o varias de las partes contrarias y no lo ha hecho con respecto a las demás, el recurso debe ser declarado inadmisible con respecto a todas; que si es verdad que las actuaciones del procedimiento de instancia, incluso cuando se trata de una vía de recurso, tienen carácter divisible, en el sentido de que producen sus efectos únicamente en provecho del actor y en contra del demandado o recurrido, sin embargo, es forzoso decidir lo contrario cuando el objeto del procedimiento resulta indivisible en razón de su propia naturaleza, cuando lo decidido en el caso en relación con el interés de una de las partes, afectará necesariamente al interés de las demás partes; que por vía de consecuencia, el recurso de casación que se interponga contra una sentencia que aprovecha a varias partes entre cuyos intereses exista el vínculo de la indivisibilidad, tiene que ser dirigido contra todas; que al no hacerlo así, el recurso debe ser declarado inadmisible

<span style="color: #666666; font-family: Verdana,sans-serif; font-size: 9pt;">B.J. NO. 1099, JUNIO 2002


 * <span style="color: #666666; font-family: Verdana,sans-serif; font-size: 9pt;">Considerando **<span style="color: #666666; font-family: Verdana,sans-serif; font-size: 9pt;">, que el artículo 121 de la Ley de Registro de Tierras, establece un plazo de 30 días a partir de la publicación de las sentencias dictadas por el Tribunal de Jurisdicción Original, a los fines de recurrir en apelación; que la sentencia que nos ocupa fue publicada el día 5 de febrero de 1996 y el recurso de apelación interpuesto por el señor José Manuel Paliza García, por intermedio de sus abogados los Licdos. Hipólito Herrera Vasallo y Luis Henry Molina, es de fecha 22 de marzo de 1996, es decir, que dicho recurso fue interpuesto vencido el plazo establecido por el referido artículo, en consecuencia, procede declararlo inadmisible por extemporáneo, sin necesidad, por tanto, de ponderar el fondo de dicho recurso”;

<span style="color: #666666; font-family: Verdana,sans-serif; font-size: 9pt;">B.J. NO. 1099, JUNIO 2002

<span style="color: #666666; font-family: Verdana,sans-serif; font-size: 9pt;"> **Considerando**, que en el memorial de casación únicamente figura como recurrente el señor Milcíades Herrera D´ Oleo, quien dice actuar a nombre y representación de los sucesores de Valentín Herrera, pero, sin que haya aportado el poder que le fuera otorgado en tal sentido autorizándolo a la interposición del recurso de que se trata; que las sucesiones no tienen personalidad jurídica y, por consiguiente, no pueden recurrir en casación; que el examen de la sentencia impugnada revela que el indicado señor Milcíades Herrera D ´Oleo no representó a dicha sucesión ante el Tribunal de Tierras; que, por tanto, el recurso de casación que se examina debe también por esta causa ser declarado inadmisible;

<span style="color: #666666; font-family: Verdana,sans-serif; font-size: 9pt;">B.J. NO. 1099, JUNIO 2002


 * <span style="color: #666666; font-family: Verdana,sans-serif; font-size: 9pt;">Considerando **<span style="color: #666666; font-family: Verdana,sans-serif; font-size: 9pt;">, que es incuestionable que para traspasar un derecho registrado es necesario ajustarse a las formalidades del artículo 189 de la Ley de Registro de Tierras; que de acuerdo con el artículo 203 de la misma ley, antes transcrito, para traspasar un derecho registrado por medio de un apoderado, es preciso que se presente un poder especial y expreso para otorgar el acto correspondiente, como también lo establece el artículo 1988 del Código Civil, poder que en la especie no se ha demostrado, dado que en la sentencia impugnada no se da constancia, ni se menciona el mismo; que no resulta suficiente ostentar, ni ejercer las funciones de presidente de una compañía para disponer de un inmueble propiedad de esta última, excepto en los casos en que los estatutos de la misma facultan de manera especial y expresa a dicho funcionario o a cualquier otro de la misma, de lo que tampoco se da constancia en la decisión impugnada;

<span style="color: #666666; font-family: Verdana,sans-serif; font-size: 9pt;">B.J. NO. 1099, JUNIO 2002


 * <span style="color: #666666; font-family: Verdana,sans-serif; font-size: 9pt;">Considerando **<span style="color: #666666; font-family: Verdana,sans-serif; font-size: 9pt;">, que de conformidad con el artículo 69 del Código de Procedimiento Civil, el emplazamiento debe ser notificado al demandado, ya sea personalmente o en su domicilio, dejándole copia; que al haber sido notificado el presente recurso de casación de manera colectiva a los señores Antigua, Isaac, Fresa, Cristina, Gonzalo y Antonio Peña De la Mota, tal como consta en el expediente, en el domicilio del señor Pablo Peña De la Mota y no en sus respectivos domicilios, ni personalmente, como lo exige la disposición legal citada, resulta evidente que dichos herederos no han sido emplazados en la forma que establece la ley, por lo que el referido acto de emplazamiento es ineficaz en cuanto a ellos y no le puede ser opuesto, ya que el señor Pablo Peña De la Mota, figuró en la instancia en su propio nombre y no en representación de los demás herederos interesados, caso Este último en el cual pudo eventualmente haberse admitido esa forma de emplazar a los mismos;

<span style="color: #666666; font-family: Verdana,sans-serif; font-size: 9pt;">B.J. NO. 1099, JUNIO 2002


 * <span style="color: #666666; font-family: Verdana,sans-serif; font-size: 9pt;">Considerando **<span style="color: #666666; font-family: Verdana,sans-serif; font-size: 9pt;">, que las recurrentes carecen de interés en presentar los alegatos formulados en el sentido de que el Tribunal a-quo le rechazó al recurrido el pedimento tendiente a que se ordenara una verificación de escritura en relación con la firma que en el documentos en discusión se atribuye al señor Máximo Del Rosario, ya que dichas recurrentes no pueden invocar un medio que hubiera podido ser suscitado eventualmente por la otra parte a quien le fue negado el pedimento, el que no resultando de orden público tampoco lo puede suplir ésta Corte;

<span style="color: #666666; font-family: Verdana,sans-serif; font-size: 9pt;">B.J. NO. 1099, JUNIO 2002


 * <span style="color: #666666; font-family: Verdana,sans-serif; font-size: 9pt;">Considerando **<span style="color: #666666; font-family: Verdana,sans-serif; font-size: 9pt;">, que a los términos del artículo 2044 del Código Civil; “La transacción es un contrato por el cual las partes terminan un pleito comenzado, o evitan uno que pueda suscitarse. Este contrato deberá hacerse por escrito”;

<span style="color: #666666; font-family: Verdana,sans-serif; font-size: 9pt;">B.J. NO. 1100, JULIO 2002


 * <span style="color: #666666; font-family: Verdana,sans-serif; font-size: 9pt;">Considerando **<span style="color: #666666; font-family: Verdana,sans-serif; font-size: 9pt;">, que en el expediente formado con motivo del recurso de casación de que se trata consta lo siguiente: 1) que la copia de la sentencia impugnada fué fijada en la puerta principal del local que ocupa el Tribunal que la dictó el día veintiuno (21) de septiembre del 2001; 2) que los recurrentes depositaron en la Secretaría de la Suprema Corte de Justicia el memorial de casación, suscrito por los Dres. Bienvenido Jiménez Solís, Elías Pérez Borges y Licda. Quintina Tirado, el 6 de diciembre del 2001; y 3) que ambas partes, tanto los recurrentes como la recurrida residen en el Distrito Nacional, asiento de la Suprema Corte de Justicia, por lo que no ha lugar, en la especie, a la aplicación de los artículos 67 de la Ley sobre Procedimiento de Casación y 1033 del Código de Procedimiento Civil, relativos al plazo adicional en razón de la distancia;

<span style="color: #666666; font-family: Verdana,sans-serif; font-size: 9pt;">B.J. NO. 1100, JULIO 2002


 * <span style="color: #666666; font-family: Verdana,sans-serif; font-size: 9pt;">Considerando **<span style="color: #666666; font-family: Verdana,sans-serif; font-size: 9pt;">, que de acuerdo con el artículo 62 de la Ley sobre Procedimiento de Casación: “En materia penal, sólo pueden intervenir la parte civil, o la persona civilmente responsable, cuando tuvieren interés, y hubieren figurado en la sentencia que es objeto del recurso. En esta materia la intervención podrá hacerse por simples conclusiones de audiencia”; que, en la especie, el examen de la sentencia impugnada pone de manifiesto que la Compañía Dominicana de Teléfonos, C. por A. (CODETEL), no actuó como parte civil, ni como persona civilmente responsable en el proceso penal que dio lugar a la sentencia impugnada; y por consiguiente, la intervención de dicha compañía en el presente recurso de casación, tampoco puede ser admitida;

<span style="color: #666666; font-family: Verdana,sans-serif; font-size: 9pt;">B.J. NO. 1101, AGOSTO 2002


 * <span style="color: #666666; font-family: Verdana,sans-serif; font-size: 9pt;">Considerando **<span style="color: #666666; font-family: Verdana,sans-serif; font-size: 9pt;">, que el artículo 138 de la Ley de Registro de Tierras, en su parte final prescribe: “Que la acción en revisión por causa de fraude no podrá ser intentada contra los terceros adquirientes de buena fe y a título oneroso”; que los derechos adquiridos por los señores Manuel Durán A. y Evangelista Rosario Suero, a quienes les fueron expedidos los correspondientes certificados de títulos, lo fueron por compra a los sucesores de Facundo Alvarez, a quienes les fue adjudicada dicha parcela, según se demuestra por los documentos regulares, de fecha 8 de febrero de 1995 y compradores que a su vez vendieron esos derechos a la compañía Yasica Beach Resort, S. A., por actos de fecha 7 de abril de 1995, o sea, mucho antes del 11 de enero de 1996, fecha en que se introdujo ante el Tribunal a-quo, la acción en revisión por causa de fraude; que, por consiguiente, al acoger el recurso en revisión por causa de fraude de que se trata, sobre los derechos que después del saneamiento de la parcela, habían adquirido terceros a título oneroso, cuya buena fe hay que presumir conforme lo establece el artículo 2268 del Código Civil, sin que para decidir el caso en esa forma se hayan dado los motivos congruentes y pertinentes, resulta evidente que en la sentencia impugnada se ha incurrido en falta de motivos y de base legal y por tanto la misma debe ser casada;

<span style="color: #666666; font-family: Verdana,sans-serif; font-size: 9pt;">B.J. NO. 1101, AGOSTO 2002


 * <span style="color: #666666; font-family: Verdana,sans-serif; font-size: 9pt;">Considerando **<span style="color: #666666; font-family: Verdana,sans-serif; font-size: 9pt;">, que de acuerdo con la certificación transcrita precedentemente, se comprueba que estamos en presencia de un caso distinto, de una litis no concluida o pendiente de resolución judicial susceptible de ser conocida por el propio Tribunal que dictó la sentencia recurrida en casación, luego de que se agote el primer grado de jurisdicción, razón por la cual el medio que se analiza debe ser rechazado;

<span style="color: #666666; font-family: Verdana,sans-serif; font-size: 9pt;">B.J. NO. 1101, AGOSTO 2002

<span style="color: #666666; font-family: Verdana,sans-serif; font-size: 9pt;"> **Considerando**, que en lo que se refiere a la sentencia incidental dictada por el Tribunal a-quo en la audiencia celebrada el 3 de mayo del 2000, mediante la cual fue rechazada la solicitud de reenvío de la causa para que se procediera a la audición de los testigos precedentemente señalados, para demostrar que la compañía recurrida no se había constituido regularmente, ni existía válidamente y probar además la ilegalidad o ficción de los aportes de sus asociados, con lo cual, entienden los recurrentes se violó su derecho de defensa, procede resaltar que en primer lugar, por tratarse de una sentencia definitiva sobre un incidente del proceso que fue dictada en presencia de las partes, pudo y debió ser recurrida en casación, recurso del cual no existe prueba de que fuera interpuesto por los ahora recurrentes, por lo que dicha sentencia adquirió la autoridad de la cosa irrevocablemente juzgada y contra ella no es posible ya ningún recurso; y en segundo lugar, si tal como se alega en el memorial de casación, si para rechazar dicha medida el tribunal se fundó en que la misma era innecesaria en el caso y por no haber demostrado los peticionarios de la misma su utilidad en el proceso, resulta evidente que con ello no ha incurrido en las violaciones alegadas; que, por lo expuesto en el segundo medio carece también de fundamento y debe desestimarse;

<span style="color: #666666; font-family: Verdana,sans-serif; font-size: 9pt;">B.J. NO. 1102, SEPTIEMBRE 2002

<span style="color: #666666; font-family: Verdana,sans-serif; font-size: 9pt;"> **Considerando**, que para el Tribunal a-quo declarar a la recurrida como propietaria de la porción de terreno en discusión, no sólo se fundamenta en el acto de convenciones y estipulaciones de divorcio pactado entre los esposos Olegario De los Santos y Gladys Ramírez Peguero, que contiene además la partición de los bienes comunes, quedando en favor de la recurrida la referida porción de terreno, en la que existen unas mejoras donde residían ambos esposos, quedando en las mismas como consecuencia del divorcio la señora y sus hijos; que esa permanencia de la recurrida en el inmueble por un término mayor a dos años después de la publicación del divorcio, sin que ninguno de los esposos promoviera judicialmente una partición que se había realizado por el contrato de divorcio, justifica la solución que en el dispositivo de la sentencia impugnada ha dado el tribunal que la dictó

<span style="color: #666666; font-family: Verdana,sans-serif; font-size: 9pt;">B.J. NO. 1102, SEPTIEMBRE 2002

<span style="color: #666666; font-family: Verdana,sans-serif; font-size: 9pt;"> **Considerando**, que en materia civil y comercial el memorial de casación debe contener en principio, no sólo la simple indicación o señalamiento de los medios en que se basa el recurso, los cuales han de ser aunque sea, suscintamente desarrollados, sino además la de los textos legales que se aduce violados por la decisión impugnada, y tampoco el referido escrito contiene expresión alguna que permita determinar la regla o principio jurídico que se considera también violado, es decir, que dicho recurso carece de contenido ponderable; que en consecuencia, la Suprema Corte de Justicia en funciones de Corte de Casación, debe pronunciar aún de oficio, la inadmisibilidad del mismo

<span style="color: #666666; font-family: Verdana,sans-serif; font-size: 9pt;">B.J. NO. 1102, SEPTIEMBRE 2002


 * <span style="color: #666666; font-family: Verdana,sans-serif; font-size: 9pt;">Considerando **<span style="color: #666666; font-family: Verdana,sans-serif; font-size: 9pt;">, que en materia civil y comercial el memorial de casación debe, en principio, indicar los medios en que se funda el recurso y los textos legales que a juicio del recurrente han sido violados por la sentencia impugnada, a menos que se trate de medios que interesan al orden público; que, en consecuencia, la Suprema Corte de Justicia, en funciones de Corte de Casación, debe pronunciar, aún de oficio, la inadmisibilidad del recurso cuando el memorial introductivo no contenga las menciones antes señaladas

<span style="color: #666666; font-family: Verdana,sans-serif; font-size: 9pt;">B.J. NO. 1102, SEPTIEMBRE 2002

<span style="color: #666666; font-family: Verdana,sans-serif; font-size: 9pt;"> **Considerando**, que de conformidad con las disposiciones expresas del texto legal que se acaba de transcribir, el recurso en revisión por causa de fraude debe reputarse interpuesto el día en que se le dé copia de la instancia a la parte intimada en ese recurso, toda vez que el Tribunal Superior de Tierras no puede aceptar la instancia si no se le demuestra que el intimado contra quien se ejerce el mismo, ha sido puesto en conocimiento de la acción dentro del plazo prescrito por la ley;

<span style="color: #666666; font-family: Verdana,sans-serif; font-size: 9pt;">B.J. NO. 1103, OCTUBRE 2002

<span style="color: #666666; font-family: Verdana,sans-serif; font-size: 9pt;"> **Considerando**, que el examen de la sentencia impugnada pone de manifiesto que al dictar el Tribunal a-quo su decisión de reenvío de la causa de que conoce con motivo del recurso de apelación interpuesto contra la Decisión No. 2 de fecha 18 de mayo de 1999, rendida por el Tribunal Superior de Tierras de Jurisdicción Original, lo hizo para oír a las partes y a los testigos, que es una medida normal de instrucción que revela el propósito puro y simple de esclarecer y establecer los hechos del proceso, por lo que resulta evidente que se trata de una sentencia puramente preparatoria, que no puede ser recurrida en casación separadamente de la solución del fondo del asunto, por lo que el recurso de casación de que se trata debe ser declarado inadmisible

<span style="color: #666666; font-family: Verdana,sans-serif; font-size: 9pt;">B.J. NO. 1103, OCTUBRE 2002

<span style="color: #666666; font-family: Verdana,sans-serif; font-size: 9pt;"> **Considerando**, que de acuerdo con lo que dispone el artículo 134 de la Ley de Registro de Tierras, el recurso de casación será interpuesto, instruido y juzgado, tanto en materia civil como en materia penal, conforme a las reglas del derecho común; que el artículo 5 de la Ley sobre Procedimiento de Casación prescribe que en los asuntos civiles y comerciales el recurso de casación se interpondrá por un memorial suscrito por abogado, con indicación de los medios en que se funda, que deberá ser depositado en la secretaría de la Suprema Corte de Justicia, en los dos meses de la notificación de la sentencia; que por otra parte, de conformidad con la parte final del artículo 119 de la Ley de Registro de Tierras, los plazos para ejercer los recursos contra las decisiones dictadas por el Tribunal de Tierras, se cuentan desde la fecha de la fijación del dispositivo de la sentencia en la puerta del Tribunal que la dictó

<span style="color: #666666; font-family: Verdana,sans-serif; font-size: 9pt;">B.J. NO. 1103, OCTUBRE 2002

<span style="color: #666666; font-family: Verdana,sans-serif; font-size: 9pt;"> **Considerando**, que de conformidad con lo que dispone el artículo 5 de la Ley sobre Procedimiento de Casación, en los asuntos civiles y comerciales el recurso de casación se interpondrá con un memorial suscrito por abogado, que contendrá todos los medios en que se funda

<span style="color: #666666; font-family: Verdana,sans-serif; font-size: 9pt;">B.J. NO. 1103, OCTUBRE 2002


 * <span style="color: #666666; font-family: Verdana,sans-serif; font-size: 9pt;">Considerando **<span style="color: #666666; font-family: Verdana,sans-serif; font-size: 9pt;">, que contrariamente a lo argüido por el recurrente, éste es el que no ha podido demostrar nada contrario a lo establecido por los jueces del fondo en el sentido de que el Certificado de Título o Carta Constancia que fuera expedido a nombre de Altagracia Frías Peguero, Rafaela Díaz Peguero y compartes, las vendedoras al hoy recurrente, fue cancelado en virtud de la Resolución No. 33 de fecha 27 de noviembre de 1981, conforme con el original de una certificación expedida por el Tribunal Superior de Tierras, en fecha 14 de junio de 1991, la cual reposa en el expediente, de lo cual se infiere que la Carta Constancia de que se prevalece Rafael Hernández Abreu para alegar derechos de propiedad sobre parte de esa parcela desapareció o resulta inexistente por haber sido cancelada cuatro años antes del acto de venta a él otorgado el 17 de noviembre de 1985

<span style="color: #666666; font-family: Verdana,sans-serif; font-size: 9pt;">B.J. NO. 1103, OCTUBRE 2002


 * <span style="color: #666666; font-family: Verdana,sans-serif; font-size: 9pt;">Considerando **<span style="color: #666666; font-family: Verdana,sans-serif; font-size: 9pt;">, que también se expresa en la sentencia impugnada lo siguiente: “ Que también con la aprobación administrativa del deslinde, se violentó el esquema jurídico concebido para casos en los cuales un co-propietario manifiesta su inconformidad con trabajos técnicos realizados en el inmueble por otro co-dueño; que lo aconsejable y así se estila en la práctica, es apoderar un Juez de Jurisdicción Original, para que el asunto recorra los dos grados; y así tienen oportunidad ambas partes de presentar sus alegatos y conclusiones; que al no hacerlo así se violó el derecho de defensa del Sr. Francisco Porfirio Hernández, consagrado en el Art. 8, numeral 12, letra J de la Constitución de la República; que todos los anteriores razonamientos imponen a este Tribunal Superior rechazar el recurso de apelación y confirmar la decisión impugnada con sustanciales modificaciones en la redacción y en el contenido de su dispositivo por haber incurrido el Juez a-quo en omisiones importantes al rendir el fallo, por lo que ordena que el dispositivo regirá en la forma que consta en el de esta sentenci a

<span style="color: #666666; font-family: Verdana,sans-serif; font-size: 9pt;">B.J. NO. 1103, OCTUBRE 2002


 * <span style="color: #666666; font-family: Verdana,sans-serif; font-size: 9pt;">Considerando **<span style="color: #666666; font-family: Verdana,sans-serif; font-size: 9pt;">, que la Ley de Registro de Tierras protege de manera especial a los terceros adquirientes a título oneroso y de buena fe de un terreno registrado, en virtud de la creencia plena y absoluta que han tenido frente a un certificado de título que le haya sido mostrado, libre de anotaciones, cargas y gravámenes; que las disposiciones de los artículos 138, 147, 173 y 192 de la ley ya mencionada son terminantes a este respecto, y, por tanto, los derechos así adquiridos no pueden ser anulados mientras no se demuestre la mala fe de los terceros adquirientes; que los razonamientos expuestos por el Tribunal a-quo en la sentencia impugnada son valederos para justificar su dispositivo, ya que no basta probar la irregularidad del título para anular el traspaso hecho por éste en favor del comprador de un inmueble registrado catastralmente; que la mala fe ha sido definida como el conocimiento que tiene el adquiriente de los vicios del título de su causante, lo que no ha sido probado en el caso por la recurrente; por todo lo cual al rechazar el Tribunal a-quo las pretensiones tendientes a que se declare la nulidad del acto de venta bajo firma privada, intervenido entre la recurrente y la Milvio & Asociados, C. por A., y la cancelación de la carta constancia expedida en favor del señor Carlos Manuel Luna González, en relación con el inmueble objeto de la presente litis, basándose dicho tribunal en los razonamientos precedentemente expuestos, después de comprobar, que el último era un adquiriente de buena fe y a título oneroso, no ha incurrido la sentencia impugnada en ninguno de los vicios alegados

<span style="color: #666666; font-family: Verdana,sans-serif; font-size: 9pt;">B.J. NO. 1103, OCTUBRE 2002


 * <span style="color: #666666; font-family: Verdana,sans-serif; font-size: 9pt;">Considerando **<span style="color: #666666; font-family: Verdana,sans-serif; font-size: 9pt;">, que el artículo 5 de la citada ley dispone que: “En los asuntos civiles y comerciales el recurso de casación se interpondrá con un memorial suscrito por abogado, que contendrá todos los medios en que se funda, y que deberá ser depositado en la secretaría de la Suprema Corte de Justicia, en los dos meses de la notificación de la sentencia. El memorial deberá ir acompañado de una copia auténtica de la sentencia que se impugna y de todos los documentos en que se apoye la casación solicitada, salvo lo dispuesto por la Ley de Registro de Tierras. Con relación a las sentencias en defecto, el plazo es de dos meses contados desde el día en que la oposición no fuere admisible. No se puede interponer recurso de casación contra las sentencias preparatorias sino después de la sentencia definitiva; pero la ejecución de aquellas, aunque fuere voluntaria, no es oponible como medio de inadmisión”;

<span style="color: #666666; font-family: Verdana,sans-serif; font-size: 9pt;">B.J. NO. 1103, OCTUBRE 2002

<span style="color: #666666; font-family: Verdana,sans-serif; font-size: 9pt;"> **Considerando**, que además, la parte final del artículo 5 de la Ley sobre Procedimiento de Casación dispone que: “No se puede interponer recurso de casación contra las sentencias preparatorias sino después de la sentencia definitiva”; y de acuerdo con el artículo 132 de la Ley de Registro de Tierras “El recurso de casación podrá ejercerse contra las sentencias definitivas del Tribunal Superior de Tierras y contra la de los Jueces de Jurisdicción Original en los casos que sean dictadas en último recurso

<span style="color: #666666; font-family: Verdana,sans-serif; font-size: 9pt;">B.J. NO. 1103, OCTUBRE 200

<span style="color: #666666; font-family: Verdana,sans-serif; font-size: 9pt;"> **Considerando**, que de conformidad con el artículo 451 del Código de Procedimiento Civil, de los fallos preparatorios no puede apelarse sino después de la sentencia definitiva y conjuntamente con la apelación de ésta; que al tenor del artículo 452 del mismo código, se reputa sentencia preparatoria la dictada para la sustanciación de la causa y para poner el pleito en estado de recibir fallo definitiva

<span style="color: #666666; font-family: Verdana,sans-serif; font-size: 9pt;">B.J. NO. 1103, OCTUBRE 2002


 * <span style="color: #666666; font-family: Verdana,sans-serif; font-size: 9pt;">Considerando **<span style="color: #666666; font-family: Verdana,sans-serif; font-size: 9pt;">, que también se expresa en la indicada decisión de jurisdicción original: “Que, de conformidad con el artículo 1134 del Código Civil, las convenciones legalmente formadas tiene fuerza de ley para aquellas que la han hecho, y que en el presente caso se evidencia, que el contrato celebrado entre el señor Manuel Arturo Hiciano Durán y el Lic. Wilson Durán, reúnen los requisitos y formalidades establecidas en los artículos 71 y 189 de la Ley de Registro de Tierras para que se opere la transferencia de un derecho inmobiliario registrado, y que por los demás hechos y circunstancias de la causa, este Tribunal estima procedente acoger como bueno y válido el referido contrato instituido por las partes en litis y en consecuencia debe ordenar la transferencia de 300 Mt2. dentro del ámbito de la parcela citada en favor del Lic. Wilson Durán”

<span style="color: #666666; font-family: Verdana,sans-serif; font-size: 9pt;">B.J. NO. 1103, OCTUBRE 2002

<span style="color: #666666; font-family: Verdana,sans-serif; font-size: 9pt;"> **Considerando**, que también se expresa en el fallo impugnado lo siguiente: “ Que como los apelantes no han expresado ningún agravio serio contra la decisión recurrida; que su abogado se limitó a concluir en la forma expresada en la relación de hechos de esta sentencia y finalmente no ha depositado ningún escrito expresando la critica de la decisión apelada, no obstante, los plazos que le fueron concedidos, este tribunal procedió a examinar la Decisión de Jurisdicción Original, habiendo podido comprobar que el Juez a-quo realizó una buena apreciación de los hechos y correcta aplicación de la ley al rechazar la instancia suscrita en fecha 13 de noviembre de 1991, por el Dr. José Joaquín Paniagua Gil, a nombre del señor Santos Altagracia Berroa y las conclusiones vertidas en audiencia por el citado abogado a nombre de los Sucs. de Juan Pablo Mercedes, así como al mantener inalterable la resolución dictada por el Tribunal Superior de Tierras, en fecha 10 de octubre de 1991, que aprobó los trabajos de deslinde de la Parcela No. 112 del Distrito Catastral No. 33/2da. parte del municipio de El Seybo, originando la Parcela No. 112-C del mismo Distrito Catastral, así como al mantener con toda su fuerza y vigor el certificado de títulos correspondiente a la parcela resultante expedido en favor del señor Héctor Emilio Polanco Hernández, dando para el caso motivos claros y suficientes que justifican el fallo producido, los cuales este tribunal adopta sin necesidad de reproducirlos ahora; que, en tal virtud, este Tribunal Superior de Tierras ha resuelto: acoger en cuanto a la forma y rechazar, por falta de fundamento, el recurso de apelación interpuesto por el Dr. José Joaquín Paniagua Gil, y confirmar, en todas sus partes, la decisión recurrida, como se expresa en el dispositivo de esta sentencia”;


 * <span style="color: #666666; font-family: Verdana,sans-serif; font-size: 9pt;">B.J. NO. 1103, OCTUBRE 2002 ||

<span style="color: #666666; font-family: Verdana,sans-serif; font-size: 9pt;"> **Considerando**, que el principio de la autoridad de la cosa juzgada consagrado en el artículo 1351 del Código Civil tiene un efecto absoluto en el procedimiento catastral, en virtud de las disposiciones del artículo 86 de la Ley de Registro de Tierras, que atribuye carácter erga omnes a las sentencias dictadas por el Tribunal de Tierras en el saneamiento de los derechos sobre la propiedad inmobiliaria, procedimiento que es de orden público y que está dirigido frente a todo el mundo, ya que en él se ponen en causa no solo a las personas citadas por sus nombres en el emplazamiento, sino a todos aquellos “a quienes pueda interesar” teniendo facultad dicho tribunal para suscitar aún de oficio acciones y derechos no ejercidos o no invocados por las partes en el proceso de saneamiento


 * <span style="color: #666666; font-family: Verdana,sans-serif; font-size: 9pt;">B.J. NO. 1104, NOVIEMBRE 2002 ||
 * <span style="color: #666666; font-family: Verdana,sans-serif; font-size: 9pt;">Considerando **<span style="color: #666666; font-family: Verdana,sans-serif; font-size: 9pt;">, que también se expresa en la sentencia impugnada que: “Que el Dr. Ricardo David Chahín Chahín suscribió actos de transferencias de presuntos derechos sucesorales con los Sres. Rosa Delia, Severiana, Dolores María, Hilaria e Idalia, de apellidos Constanzo Peguero que no tienen derechos aprobados en la sucesión del Sr. Jesús Constanzo Alvarez, y aunque en la instancia suscrita por el Dr. Cruz Bartolo Alvarez, en representación de los auténticos herederos, solicita que sean ordenadas las referidas transferencias, este tribunal ha comprobado que en el expediente no existe el poder o la autorización legal que dan los sucesores Constanzo Jeréz para que el Dr. Cruz Bartolo Alvarez pueda disponer de sus derechos; que el abogado apoderado tiene facultad para defender los derechos de sus representados, pero no para disponer de los referidos derechos; que conforme al Art. 1315 del Código Civil, este derecho de disposición debio ser probado, y como no se ha hecho este tribunal decide no acoger las transferencias de derechos solicitada por el Dr. Cruz Bartolo Alvarez, siempre que afecten los derechos que corresponden a los Sucs. Constanzo Jerez, sin que éstos consientan legalmente en ello; que, por tanto, se reserva el derecho que tiene el Dr. Ricardo David Chahín Chahín para perseguir por la vía legales correspondientes los derechos adquiridos de los presuntos sucesores Constanzo Peguero; que procede acoger parcialmente, como al efecto se acogen las instancias ya mencionadas

<span style="color: #666666; font-family: Verdana,sans-serif; font-size: 9pt;">B.J. NO. 1104, NOVIEMBRE 2002

<span style="color: #666666; font-family: Verdana,sans-serif; font-size: 9pt;"> **Considerando**, que el examen del expediente relativo al recurso de casación de que se trata, pone de manifiesto, que en efecto, en el memorial introductivo del recurso aparecen los nombre de los señores Jaime Pascual, Oscar Nataniel, Alejo Lorenzo, Pablo Ricardo, Luis Walter, Jorge Juan, Juan Jorge, Alfredo Leonardo, Nial Henry, María Luisa, Roselene, Alejandro Lorenzo Astwood Litghborne y Alfredo Leonardo Astwood Litghborne, de los cuales sólo de los dos últimos se señalan en dicho memorial la profesión y el domicilio, así como la cédula de identidad y electoral de ambos, no así en lo que se refiere a los demás recurrentes; que en el acto de emplazamiento exigido por el artículo 6 de la Ley sobre Procedimiento de Casación únicamente aparecen como requerientes de la notificación del mismo los señores Leonardo y Juan Jorge Astwood L., y no el resto de los sucesores cuyos nombres ya han sido señalados precedentemente; que al vencerse el plazo para que esos recurrentes así omitidos puedan emplazar a los recurridos dentro del plazo fijado por el artículo 7 de la Ley sobre Procedimiento de Casación, procede acoger el pedimento de inadmisión propuesto por la parte recurrida, lo que hace innecesario ponderar los medios de casación propuestos

<span style="color: #666666; font-family: Verdana,sans-serif; font-size: 9pt;">B.J. NO. 1104, NOVIEMBRE 2002

<span style="color: #666666; font-family: Verdana,sans-serif; font-size: 9pt;"> **Considerando**, que al estatuir de ese modo el Tribunal a-quo ha desconocido el procedimiento establecido por el Legislador en el artículo 922 del Código Civil y en consecuencia ha violado el artículo 913 del mismo código; que, para la correcta aplicación de este último texto legal, los jueces del fondo han debido determinar, en primer lugar, las partes alícuotas respectivas tanto del disponible, como de la reserva, las cuales varían según el número de hijos dejados por el de-cujus con vocación sucesoral en el momento de su fallecimiento; y establecer luego, de manera definitiva cuales eran los bienes que componían el patrimonio del señor Alejandro Polanco Alvarez, en el momento de su muerte, evaluar dichos bienes y deducir del total resultante el pasivo correspondiente, a fin de obtener de este modo el activo neto de los bienes existentes y realizar todas las operaciones requeridas por el artículo 922 del Código Civil, para evaluar la reserva y determinar si ésta fue disminuida o no por el legado consentido por el de-cujus, en favor de la señora Paulina Sosa Ramírez Vda. Polanco, procedimiento y operaciones de los que no hay constancia en la sentencia impugnada de que fueran cumplidos

<span style="color: #666666; font-family: Verdana,sans-serif; font-size: 9pt;">B.J. NO. 1104, NOVIEMBRE 2002

<span style="color: #666666; font-family: Verdana,sans-serif; font-size: 9pt;"> **Considerando**, que en lo que se refiere al primer medio propuesto por los recurrentes, el examen de la sentencia impugnada revela que el recurso de apelación fue declarado inadmisible por el Tribunal a-quo; que al decidirlo así a pedimento del ahora recurrido, como consta en el fallo recurrido, el Tribunal a-quo procedió correctamente, ya que la decisión de Jurisdicción Original, contra la cual se interpuso la apelación, fue dictada el 3 de febrero de 1999 y dicho recurso se interpuso el 16 de abril de 1999, o sea, a los dos meses y 13 días de la fecha en que el dispositivo de la misma fue fijado en la puerta principal del tribunal que la dictó, es decir, ya vencido el plazo de un mes que concede el artículo 121 de la Ley de Registro de Tierras; que, por tanto, el primer medio del recurso carece de fundamento y debe ser desestimado;

<span style="color: #666666; font-family: Verdana,sans-serif; font-size: 9pt;">B.J. NO. 1104, NOVIEMBRE 2002

<span style="color: #666666; font-family: Verdana,sans-serif; font-size: 9pt;">B.J. NO. 1104, NOVIEMBRE 2002
 * <span style="color: #666666; font-family: Verdana,sans-serif; font-size: 9pt;">Considerando **<span style="color: #666666; font-family: Verdana,sans-serif; font-size: 9pt;">, que la nueva tesis ahora sostenida por los recurrentes en su recurso de casación fuera ponderable si no existieran los referidos pedimentos contenidos en las instancias de ambas partes y si además, no existieran las disposiciones del artículo 18 de la Ley de Registro de Tierras, conforme al cual: “El Tribunal Superior de Tierras revisará todas las órdenes, decisiones o fallos dictados por los Jueces de Jurisdicción Original, salvo las excepciones previstas en ésta ley; y conocerá en audiencia pública de las apelaciones que se interpongan contra dichas órdenes, decisiones o fallos en la forma como se indica más adelante”;


 * <span style="color: #666666; font-family: Verdana,sans-serif; font-size: 9pt;">Considerando **<span style="color: #666666; font-family: Verdana,sans-serif; font-size: 9pt;">, que también se expresa en la sentencia impugnada: Que en el caso de la especie al tratarse de un terreno registrado, es aplicable las reglas de los artículos 1341 y 1343 del Código Civil y artículos 71 y 189 de la Ley de Registro de Tierras, a fin de probar la venta alegada por las recurrentes, en consecuencia, no habiendo documento suscrito y firmado por Belisario Estévez que recoja la supuesta venta, resulta inexistente e improbada la transferencia de los derechos de propiedad que figuran a nombre del señor Belisario Estévez en la Parcela No. 323 del Distrito Catastral No. 11 del municipio de Guayubín; que no habiendo sido el fenecido Belisario Estévez y la recurrida parte en el acto de notoriedad utilizado para operar la transferencia a favor del señor Ramón Pimentel, dicho acto ni es oponible ni tiene efecto respecto a los mismos, como erróneamente han pretendido las recurrentes; que no habiendo sido reconocido, firmado o suscrito contrato de venta alguna en la dicha parcela por parte del fenecido Belisario Estévez y sus herederos, la venta alegada por los recurrentes resulta inexistente;

<span style="color: #666666; font-family: Verdana,sans-serif; font-size: 9pt;">B.J. NO. 1105, DICIEMBRE 2002

<span style="color: #666666; font-family: Verdana,sans-serif; font-size: 9pt;"> **Considerando**, que igualmente los artículos 1116 y 2268 del mismo código establecen lo siguiente: “Art. 1116.- El dolo es causa de nulidad, cuando los medios puestos en práctica por uno de los contratantes son tales, que quede evidenciado que sin ellos no hubiese contratado la otra parte. El dolo no se presume debe probarse”; artículo 2268.- Se presume siempre la buena fe, y corresponde la prueba a aquel que alega lo contrario”; que en base a esos principios era obligación de los recurrentes demostrar eficazmente ante los jueces del fondo la existencia del dolo o fraude que invocan y no lo hicieron; que por consiguiente, al decidir el asunto en la forma que lo hicieron los jueces del fondo, rechazando las pretensiones de dichos recurrentes, no solo por falta de prueba de sus alegatos, sino por haber dejado expirar los plazos para ejercer la acción que origina el presente proceso, han actuado correctamente, dando para ello motivos congruentes y suficientes que justifiquen el dispositivo de la decisión impugnada, por todo lo cual el sexto medio del recurso también carece de fundamento y debe ser desestimado;

<span style="color: #666666; font-family: Verdana,sans-serif; font-size: 9pt;">B.J. NO. 1105, DICIEMBRE 2002

<span style="color: #666666; font-family: Verdana,sans-serif; font-size: 9pt;"> **Considerando**, que cuando el desistimiento es hecho antes de que el contrato judicial haya sido formado entre las partes, nada se opone a que se produzca en cualquier momento, sobre todo si con el mismo se persigue un abandono de la instancia o del procedimiento y el tribunal puede validarlo aún cuando la instancia ya esté ligada entre las partes, puesto que lo que hace imposible su validación, es no sólo que el contrato judicial esté formado sino que ya haya culminado y por consiguiente se haya consumado con el pronunciamiento de una decisión contradictoria, puesto que en este caso ya el desistimiento carece de objeto; que el criterio anterior debe entenderse así, cuando, como ocurre en la especie, la parte recurrida en apelación renunció a los efectos y a los beneficios de la decisión apelada, lo que convirtió en recíproco el desistimiento presentado entonces por los ahora recurrentes, ya que esa renuncia también dejaba sin interés ni objeto la referida instancia;

<span style="color: #666666; font-family: Verdana,sans-serif; font-size: 9pt;">B.J. NO. 1105, DICIEMBRE 2002


 * <span style="color: #666666; font-family: Verdana,sans-serif; font-size: 9pt;">Considerando **<span style="color: #666666; font-family: Verdana,sans-serif; font-size: 9pt;">, que, al respecto, el Tribunal a-quo expuso que, al examinar la decisión recurrida en apelación (No. 23 del 25 de noviembre de 1997), comprobó que dicha sentencia apelada “contiene motivos suficientes, claros y pertinentes que justifican su dispositivo”, salvo algunas modificaciones, y que, por tanto, “adopta, sin reproducirlos, los motivos de la decisión recurrida”; que uno de los motivos adoptados por la decisión atacada, referente a la denunciada violación al principio de la autoridad de la cosa juzgada irrevocablemente, expresa que “si bien es cierto que como lo alegan los sucesores de Julián Suardí los Solares 22, 23, 24 y 25 fueron aprobados por la Decisión No. 3 del Tribunal de Jurisdicción Original, fechada 4 de diciembre de 1972 y confirmada por la Decisión No. 20 del 23 de noviembre de 1983, no es menos cierto que el señor Encarnación no fue parte de ese litigio y aún cuando su acto de compra fue tomado en cuenta, él no fue citado, tal como lo alega el Dr. Manuel Cáceres, abogado del señor Encarnación, pues su nombre ni siquiera aparece en la lista de nombres que encabeza la decisión referida, por lo que, al no estar presente ni representado por falta de citación, esa decisión ni la No. 20 del 23 de noviembre de 1983, pueden serles oponibles, alegatos estos que no fueron objetados (sic) por los sucesores de Julián Suardí”;

<span style="color: #666666; font-family: Verdana,sans-serif; font-size: 9pt;">B.J. NO. 1105, DICIEMBRE 2002


 * <span style="color: #666666; font-family: Verdana,sans-serif; font-size: 9pt;">Considerando **<span style="color: #666666; font-family: Verdana,sans-serif; font-size: 9pt;">, que de conformidad con el artículo 1404 del Código Civil, que se ha transcrito arriba, los inmuebles que poseen los esposos el día de la celebración del matrimonio, o que han adquirido antes de dicho matrimonio, no entran en comunidad; que por eso, si se comprueba que uno de los esposos era propietario o tenía la posesión de un bien inmueble antes de la celebración de su matrimonio, éste inmueble permanece siendo un bien propio de ese esposo, aun cuando en el último caso la prescripción se cumpla durante el matrimonio; que en consecuencia los jueces procedieron correctamente al declarar que la mencionada parcela era un bien propio del señor Juan Serante, del que por tanto, podía disponer libremente; que el hecho de que en la sentencia de adjudicación y en el certificado de título expedido en favor del señor Juan Serante, cuando se procedió al saneamiento de dicha parcela dicho señor apareciera como casado, no altera la situación jurídica, ni el carácter de bien propio del inmueble;

<span style="background-color: #c0c0c0; color: #000080; font-family: Tahoma,Geneva,sans-serif;">**__//<span style="background-color: #c0c0c0; color: #000080; font-family: Tahoma,Geneva,sans-serif; font-size: 160%;">Sentencias en materia Laboral //__**

B.J. NO. 1094, ENERO 2002


 * Considerando**, que tal como se observa la sentencia impugnada incurre en la contradicción de dar por establecido la existencia de un contrato de trabajo para una obra o servicio determinado, evidenciado según la propia sentencia por un contrato por escrito y por la naturaleza de la prestación ejecutada por el trabajador, pero a la vez declarar que el contrato de trabajo era por tiempo indefinido y que terminó por desahucio ejercido por la empresa, condenando a esta última al pago de las prestaciones laborales instituidas por el Código de Trabajo para los casos de terminación del contrato de trabajo por tiempo indefinido por desahucio ejercido por el empleador.


 * B.J. NO. 1094, ENERO 2002 ||


 * Considerando**, que el artículo 641 del Código de Trabajo, declara que no serán admisibles los recursos de casación contra las sentencias cuyas condenaciones no excedan de veinte salarios mínimos

B.J. NO. 1094, ENERO 2002


 * Considerando**, que la parte recurrente en su segundo medio señala lo siguiente: “Al examinar la forma en que fue tergiversado el artículo 495 del Código de Trabajo, haciendo una exposición incompleta de la misma y de la decisión emanada de la Suprema Corte de Justicia con motivos vagos e imprecisos, la sentencia impugnada carece de la precisión necesaria para permitir a la Suprema Corte de Justicia verificar si la ley ha sido bien o mal aplicada, lo cual constituye motivo de casación”

B.J. NO. 1094, ENERO 2002


 * Considerando**, que la competencia del tribunal de alzada para conocer de la ejecución de la sentencia no constituye una violación al doble grado de jurisdicción, en vista de que éste se basa en principios de derecho y no en cánones constitucionales, permitiendo al legislador establecer excepciones sobre el mismo, lo que ocurre cuando el artículo 663 del Código de Trabajo otorga facultad a las cortes de trabajo para conocer de la ejecución de las sentencias que ellas han dictado

B.J. NO. 1094, ENERO 2002


 * Considerando**, que después de haber sido interpuesto y conocido el recurso de casación de que se trata, las partes en sus respectivas calidades de recurrente y recurrido, han desistido de dicho recurso, desistimiento que ha sido aceptado por las mismas.

B.J. NO. 1094, ENERO 2002


 * Considerando**, que en la especie, tras la ponderación de las pruebas aportadas, la Corte a-qua apreció que el contrato de trabajo de que se trata concluyó por el despido ejercido por el empleador, antes de que se venciera el plazo del desahucio otorgado al trabajador, el cual declaró injustificado al considerar, que si bien se demostró la existencia del despido, no se estableció la responsabilidad de la recurrente en los hechos que se le imputaron para poner término al referido contrato de trabajo, con lo que el Tribunal a-quo hizo un uso correcto del soberano poder de apreciación de que disfrutan los jueces en esta materia, por lo que los medios que se examinan carecen de fundamento en cuanto a ese aspecto


 * B.J. NO. 1094, ENERO 2002 ||


 * Considerando**, que el ordinal 3ro. del artículo 720 del Código de Trabajo, considera como una violación grave contra dicho código, la no inscripción y pago de las cuotas al Instituto Dominicano de Seguros Sociales y todas aquellas relativas a la seguridad e higiene en el trabajo, por lo que el estado de falta atribuido a la recurrente y establecido por el Tribunal a-quo, comprometió su responsabilidad civil frente a los trabajadores reclamantes, al tenor de las disposiciones del artículo 712 del referido Código de Trabajo. En virtud de la parte in fine de esas disposiciones, el demandante queda liberado de hacer la prueba del perjuicio que le haya ocasionado el demandado con una acción ilícita, quedando los jueces en facultad de apreciar dicho daño y la magnitud de la circunstancia en que se produjo la violación y las características de ésta; en ese sentido las indemnizaciones contenidas en la sentencia impugnada han sido consignadas de conformidad con las disposiciones legales vigentes, por lo que las argumentaciones de la recurrente en ese aspecto deben ser desestimadas por improcedentes

B.J. NO. 1094, ENERO 2002


 * Considerando**, que después de haber sido interpuesto el recurso de casación de que se trata, las partes en sus respectivas calidades de recurrente y recurrido, han desistido de dicho recurso, desistimiento que ha sido aceptado por las mismas.


 * B.J. NO. 1094, ENERO 2002 ||


 * Considerando**, que del estudio de la sentencia impugnada se advierte que la Corte a-qua, al hacer mención de las disposiciones del artículo 90 del Código de Trabajo, aludido por la recurrente, lo hizo de manera hipotética, indicando que la falta del informe atribuida al trabajador podría constituir una causal del despido, indicando que en virtud de esas disposiciones el derecho de la demandada para despedir al demandante había caducado en el momento en que se efectuó el despido, caducidad esta que no pronunció, al apreciar que en la especie esa falta no fue cometida, porque a juicio de la corte, con las declaraciones del testigo Carlos Imberto Valdez, el recurrido cumplió con la exigencia de la empresa al pedir el informe que le fue solicitado, por lo que carece de trascendencia analizar si la falta atribuida al trabajador demandante constituía un estado continuo de faltas que permitía el despido en cualquier momento, ya que el despido invocado por éste no fue declarado caduco, sino injustificado, al estimar la Corte a-qua que el empleador no probó la justa causa alegada por él para realizarlo, razón por la cual el medio que se examina carece de fundamento y debe ser desestimado


 * B.J. NO. 1094, ENERO 2002 ||


 * Considerando**, que tal como se observa la Corte a-qua no dio por establecido que el contrato de trabajo era por tiempo indefinido, sobre la base de la inexistencia de un escrito que avalara que el contrato era para una obra o servicio determinado, sino porque apreció que la recurrente no destruyó, con la presentación de la prueba en contrario, la presunción que del contrato de trabajo por tiempo indefinido establecen los artículos 15 y 34 del Código de Trabajo, por lo que en la sentencia impugnada no se ha cometido la violación alegada por la recurrente en este medio, lo que debe ser rechazado por improcedente;


 * B.J. NO. 1094, ENERO 2002 ||


 * Considerando**, que en virtud del artículo 16 del Código de Trabajo, los trabajadores están liberados de probar los hechos establecidos en los documentos y libros que los empleadores deben registrar y conservar ante las autoridades de trabajo, entre los cuales se encuentran el monto del salario y la duración del contrato de trabajo, por lo que a la recurrente no le bastaba estar en desacuerdo con los alegatos de los trabajadores en cuanto a estos aspectos, debiendo probar que tanto el salario, como el tiempo de duración de los contratos de trabajo, eran menos de los invocados por los demandantes, lo que a juicio de la Corte a-qua no hizo, manteniendo su vigencia la presunción instituida por el referido artículo 16 del Código de Trabajo, y correcta la decisión del Tribunal a-quo de darlos por establecidos


 * B.J. NO. 1094, ENERO 2002 ||


 * Considerando**, que el artículo 86 del Código de Trabajo, que obliga al empleador que no ha pagado las indemnizaciones por omisión del preaviso y por auxilio de cesantía, entregar al trabajador desahuciado un día de salario por cada día de retardo en el pago de éstas, dispone igualmente que esa obligación se inicia después de transcurrido diez días a partir del momento en que se produce el desahucio; que habiendo el Tribunal a-quo establecido que el contrato de trabajo concluyó el día 11 de agosto de 1999, no era necesario que indicara cual era el punto de partida para la aplicación del referido artículo 86 del Código de Trabajo, pues, contrario a lo afirmado por la recurrente, la sentencia que intervenga en ocasión de un litigio en pago de prestaciones laborales, no es la que pone fin a dicho contrato, limitándose ésta a reconocer cuando tal terminación se produjo;

B.J. NO. 1094, ENERO 2002


 * Considerando**, que el artículo 619 del Código de Trabajo dispone que: “puede ser impugnada mediante recurso de apelación toda sentencia dictada por un juzgado de trabajo en materia de conflictos jurídicos, con excepción: 1º.- De las relativas a demandas cuya cuantía sea inferior a diez salarios mínimos.

B.J. NO. 1094, ENERO 2002


 * Considerando**, que el artículo 16 del Código de Trabajo libera al trabajador de la prueba de los hechos que establecen los documentos que el empleador de acuerdo con el código y sus reglamentos, deben comunicar, registrar y conservar, entre los cuales están las planillas, carteles y el Libro de Sueldos y Jornales, siendo el salario uno de esos hechos, lo que obliga al empleador que invoca que la remuneración recibida por un trabajador es menor a la que éste alega, a probar el monto invocado; que en la especie, la Corte a-qua determinó que el recurrente no demostró que la retribución que pagaba al recurrido era distinta a la señalada por éste en su reclamación, lo que hizo que la presunción establecida en el referido artículo del Código de Trabajo se mantuviera vigente y que fuera correcta la decisión del tribunal en ese sentido;


 * B.J. NO. 1094, ENERO 2002 ||


 * Considerando**, que habiendo admitido la recurrente el despido del recurrido, para el que invocó que éste no se reintegró a sus labores después de haber cesado la suspensión de los efectos de su contrato de trabajo autorizada por el Departamento de Trabajo, correspondía al empleador demostrar que dio cumplimiento a las disposiciones del artículo 59 del Código de Trabajo, el cual prescribe que: “La suspensión cesa con la causa que la ha motivado. El empleador o sus herederos reanudarán inmediatamente los trabajos mediante notificación al Departamento de Trabajo o a la autoridad local que ejerza sus funciones, que se encargará de llevarlo al conocimiento de los trabajadores.


 * B.J. NO. 1094, ENERO 2002 ||


 * Considerando**, que los jueces del fondo son soberanos para decidir cuando acogen una medida de instrucción, facultad de que goza cuando a su juicio el pedimento pueda contribuir para formar su criterio y decidir el asunto puesto a su cargo; que en la especie, en el expediente figura el acta levantada en ocasión de la audiencia celebrada el 16 de agosto del 2001 por la Corte a-qua, en la que la recurrente solicitó la realización de un descenso “a la dirección en donde el señor José Rivera Bidó dejó la mercancía y luego fue sustraída”, y en la misma se hace constar que dicha medida fue rechazada por dicho tribunal, “en razón de que esta Corte se encuentra edificada, todo en virtud del artículo 530 del Código Trabajo”, lo que constituye un motivo suficiente y pertinente para desestimar la referida medida, y hace que el medio que se examina carezca de fundamento y sea rechazado.

B.J. NO. 1094, ENERO 2002


 * Considerando**, que el artículo 641 del Código de Trabajo dispone que: “No será admisible el recurso después de un mes de la notificación de la sentencia ni cuando esta imponga una condenación que no exceda de veinte salarios mínimos;


 * B.J. NO. 1094, ENERO 2002 ||


 * Considerando**, que el recurso de casación de que se trata va dirigido contra el Auto de Evaluación de Fianza Admitida, dictado por el Magistrado Juez Presidente de la Corte de Trabajo del Distrito Nacional, en funciones de Juez de los referimientos, que admite el original de la fianza depositada por la recurrida, como garantía del duplo de las prestaciones laborales contenidas en la sentencia dictada por la Cuarta Sala del Juzgado de Trabajo del Distrito Nacional, el 27 de noviembre del 2000, cuya ejecución fue suspendida en virtud de ordenanza del 30 de enero del 2001, del referido Magistrado

B.J. NO. 1094, ENERO 2002


 * Considerando**, que después de haber sido interpuesto el recurso de casación de que se trata, y antes de ser conocido, las partes en sus respectivas calidades de recurrente y recurrido, han desistido de dicho recurso, desistimiento que ha sido aceptado por las mismas.

B.J. NO. 1094, ENERO 2002


 * Considerando**, que en el desarrollo del único medio de casación propuesto, la recurrente alega, en síntesis, lo siguiente: “Que con las declaraciones del testigo Fabio Ramón Rosario quedó claro que el supervisor y testigo había comprobado las faltas de inasistencia a su centro de trabajo por parte del trabajador, durante varios días, las cuales habían sido el motivo del despido realizado y comunicado a la Secretaría de Trabajo, sin embargo la Corte a-qua se basó en el testimonio del señor Tomás Manzueta Miranda para rechazar su recurso de apelación, alegando que el testigo presentado por la empresa no le mereció crédito, dando a sus declaraciones un alcance que no tienen; que si los jueces entendieron que por las declaraciones del testigo de la empresa éste no trabajaba todos los días y que en esos días las faltas del trabajador las comprobaba otro supervisor, debieron ordenar una reapertura de los debates para que se oyera esa otra persona y así comprobar las faltas del recurrido, debiendo establecer la realidad de los hechos, como era su deber”;

B.J. NO. 1094, ENERO 2002


 * Considerando**, que al razonar en la forma pre-señalada la Corte a-qua, basada en las pruebas aportadas y debidamente ponderadas ha retenido el hecho de que el recurrente no estaba sujeto a ningún control para la prestación de sus servicios, que pudiera caracterizar el elemento fundamental para la existencia del contrato de trabajo, como lo es la subordinación, pues en este sentido al dador de trabajo le compete el derecho o poder de controlar la actividad laboral del dependiente, como tal el poder de control no conserva el carácter de una absoluta independencia, pero constituye un poder que es el medio directo para la consecución de un determinado fin, y es, que en cualquier forma el control de la prestación del servicio es indispensable para calificar el contrato de trabajo;

B.J. NO. 1094, ENERO 2002


 * Considerando**, que la sentencia impugnada contiene una relación completa de los hechos procesales acontecidos en el Tribunal a-quo, así como de las actuaciones de las partes y las exigencias legales para la elaboración de una sentencia, razón por la cual los medios que se examinan carecen de fundamento y deben ser desestimados;

B.J. NO. 1095, FEBRERO 2002


 * Considerando**, que al no advertirse que el Tribunal a-quo haya omitido la ponderación de alguna de las pruebas aportadas ni que incurriera en la desnaturalización de las mismas, como alegan los recurrentes, la apreciación de la Corte a-qua escapa al control de la casación, por haberse hecho dentro de las facultades que otorga a los jueces del fondo el soberano poder de apreciación de que disfrutan, razón por la cual los medios que se examinan carecen de fundamento y deben ser desestimados

B.J. NO. 1095, FEBRERO 2002


 * Considerando**, que en la especie, la recurrente no recurrió la sentencia dictada en Primera Instancia, por tratarse de una sentencia sobre una demanda cuya cuantía no excede del valor equivalente a diez salarios mínimos, donde el recurso de apelación no es admitido, en virtud de lo dispuesto por los artículos 480 y 619 del Código de Trabajo;

B.J. NO. 1095, FEBRERO 2002


 * Considerando**, que el artículo 643 del Código de Trabajo, dispone que: “en los cinco días que sigan al depósito del escrito, el recurrente debe notificar copia del memorial a la parte contraria”;

B.J. NO. 1095, FEBRERO 2002


 * Considerando**, que para descartar la existencia del contrato de trabajo el Tribunal a-quo se basó en que el demandante actuaba con independencia y libertad de hacerse sustituir por otro maletero a quien pagaba por su labor, sin autorización de la demandada, para todo lo cual hizo una ponderación de las pruebas aportadas tanto por la recurrida como por el recurrente y las propias declaraciones de este último, en virtud del soberano poder de apreciación de las pruebas de que disfrutan los jueces del fondo, sin que se advierta que al hacerlo hayan incurrido en desnaturalización alguna;

B.J. NO. 1095, FEBRERO 2002


 * Considerando**, que el comisionista a que alude el artículo 5 del Código de Trabajo, para excluirlo del ámbito de su aplicación, es “aquel que obra en su propio nombre, o bajo un nombre social por cuenta de un comitente”, regulado por el artículo 94 del Código de Comercio, siendo la persona que se emplea en desempeñar comisiones, las cuales no son una forma de pago, sino encargos que una persona otorga a otra para que realice alguna actividad. El hecho de que una persona reciba su pago sobre la base de determinado por ciento del producto de la prestación de sus servicios, no lo convierte en un comisionista, porque el contrato de comisión, no lo determina la forma de pago, sino la forma en que se realiza la labor, por cuenta propia y atendiendo a una comisión o pedimento específico, lo que no impide que el comisionista reciba una suma fija como consecuencia de su labor y no necesariamente un porcentaje del resultado de su operación comercial; que la comisión es la operación jurídica, o la forma comercial del mandato, a través de la cual el comisionista hace una o más operaciones comerciales; que al admitir la recurrente que el recurrido le prestaba sus servicios personales como vendedor, estaba reconociendo la existencia de la relación de trabajo, con lo que se presumía la existencia del contrato de trabajo, al tenor de las disposiciones del artículo 15 del Código de Trabajo. Frente a esa presunción del contrato de trabajo, era a la demandada a quien correspondía demostrar que la relación existente entre ella y el demandante era producto de la existencia de otro tipo de contrato; que esa prueba la pretendió hacer la recurrente aportando testimonio y a través del documento denominado contrato a comisión, firmado entre las partes el 31 de enero de 1995

B.J. NO. 1095, FEBRERO 2002


 * Considerando**, que del estudio de las piezas que componen el expediente abierto en ocasión del presente recurso, se advierte que el mismo fue interpuesto mediante escrito depositado por la recurrente en la secretaría de la Cámara Civil, Comercial y de Trabajo de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de San Cristóbal, el 29 de junio del 2001, y notificado a la recurrida el 10 de julio del 2001, por acto número 681-2001, diligenciado por Diómedes Castillo Moreta, Alguacil de Estrados de la Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de San Cristóbal, cuando se había vencido el plazo de cinco días establecido por el artículo 643 del Código de Trabajo para la notificación del recurso de casación, razón por la cual debe declararse su caducidad;

B.J. NO. 1095, FEBRERO 2002


 * Considerando**, que como consecuencia de la actitud procesal adoptada por la recurrente ante los jueces del fondo, al negar la existencia del contrato de trabajo, no demostró haber hecho la referida declaración jurada, por lo que el recurrido estuvo liberado de hacer la prueba de los resultados económicos de ésta, actuando correctamente el Tribunal a-quo al acoger su demanda en ese sentido, sin que estuviera obligado, para su admisión, a ordenar ninguna medida de instrucción, ya que el papel activo, si bien permite a los jueces ordenar medidas de instrucción al margen del pedimento de las partes, cae dentro de sus facultades determinar cuando éstas son necesarias para la sustanciación del asunto cuya decisión está puesta a su cargo, no obligándoles a sustituir a las partes en la búsqueda de las pruebas que deben aportar para sustentación de sus pretensiones, razón por la cual el medio que se examina carece de fundamento y debe ser desestimado

B.J. NO. 1095, FEBRERO 2002


 * Considerando**, que después de haber sido interpuesto el recurso de casación de que se trata, y antes de ser conocido, las partes en sus respectivas calidades de recurrente y recurrido, han desistido de dicho recurso, desistimiento que ha sido aceptado por las mismas.

B.J. NO. 1095, FEBRERO 2002


 * Considerando**, que al momento de la terminación del contrato de trabajo del recurrido estaba vigente la Tarifa No. 9-99, dictada por el Comité Nacional de Salarios, en fecha 3 de julio de 1999, que establecía un salario mínimo de RD$2,895.00 mensuales, por lo que el monto de veinte salarios mínimos ascendía a la suma de RD$57,900.00, monto que como es evidente no alcanza la totalidad de las condenaciones que impone la sentencia recurrida, por lo que el recurso de que se trata debe ser declarado inadmisible, de conformidad con lo que prescribe el artículo 641 del Código de Trabajo;

B.J. NO. 1095, FEBRERO 2002


 * Considerando**, que la sentencia impugnada contiene una relación completa de los hechos y motivos suficientes y pertinentes que permiten a esta corte verificar la correcta aplicación de la ley, razón por la que los medios que se examinan carecen de fundamento y deben ser desestimados

B.J. NO. 1095, FEBRERO 2002


 * Considerando**, que la sentencia impugnada contiene una relación completa de los hechos y motivos suficientes y pertinentes que permiten a esta corte verificar la correcta aplicación de la ley, razón por la que los medios que se examinan carecen de fundamento y deben ser desestimados.

B.J. NO. 1095, FEBRERO 2002


 * Considerando**, que al momento de la terminación del contrato de trabajo del recurrido estaba vigente la Tarifa No. 9-99, dictada por el Comité Nacional de Salarios, en fecha 30 de junio de 1999, que establecía un salario mínimo de RD$2,895.00 mensuales, por lo que el monto de veinte salarios mínimos ascendía a la suma de RD$57,895.00, monto que como es evidente no alcanza la totalidad de las condenaciones que impone la sentencia recurrida, por lo que el recurso de que se trata debe ser declarado inadmisible, de conformidad con lo que prescribe el artículo 641 del Código de Trabajo.

B.J. NO. 1096, MARZO 2002


 * Considerando**, que tal como se observa, la Corte a-qua dio por establecida la existencia del contrato de trabajo invocado por el actual recurrido, para lo cual ponderó las pruebas aportadas, las mismas que le llevaron a declarar la inexistencia del despido injustificado alegado por el demandante, razón por la que condenó a la empresa demandada al pago de los valores correspondiente al salario de navidad, participación en las utilidades y compensación por vacaciones, cuyo cumplimiento de parte de la empresa no está vinculado a la causa de terminación del contrato de trabajo y cuya reclamación no fue combatida por ésta, de acuerdo a como se expresa en la sentencia impugnada, razón por la cual el medio que se examina carece de fundamento y debe ser desestimado.

B.J. NO. 1096, MARZO 2002


 * Considerando**, que para comprometer la responsabilidad de un empleador que no cumpla con las disposiciones de la Ley No. 1896 sobre Seguros Sociales y la Ley No. 385 sobre Accidentes de Trabajo, no es necesario que se produzca un accidente o que el trabajador padezca una enfermedad, pues la falta de inscripción en el Seguro Social o el no pago de las cotizaciones correspondientes, por sí solo ocasionan daños a los trabajadores que resultan afectados en la acumulación de las cotizaciones necesarias para la concesión de la pensión correspondiente, daños estos que es de la competencia de los jueces del fondo apreciar;


 * Considerando**, que la sentencia impugnada contiene una relación completa de los hechos y motivos suficientes y pertinentes que permiten a esta corte verificar la correcta aplicación de la ley, razón por la cual el medio que se examina carece de fundamento y debe ser desestimado.

B.J. NO. 1096, MARZO 2002


 * Considerando**, que el pedimento de la actual recurrente en el sentido de que se declarara la incompetencia del Juzgado de Trabajo de La Romana para conocer de la demanda que dio lugar a la sentencia impugnada, constituye un pedimento de declinatoria por causa de incompetencia territorial, que como tal debió serle formulado a ese tribunal antes de que el mismo se abocara a la producción y discusión de las pruebas, no constituyendo un eximente de esa obligación, el hecho de que la sentencia apelada fuese dictada en ausencia de la impetrante, pues la parte que habiendo sido citada no asiste a la audiencia a la que se le requiere es responsable de las consecuencias que se derive de su inasistencia y una de ellas es el impedimento de presentar las conclusiones correspondientes, que como en el caso que nos ocupa, no podían ser presentadas por primera vez en grado de apelación;


 * Considerando**, que la sentencia impugnada contiene una relación completa de los hechos y motivos suficientes y pertinentes que permiten a esta corte verificara la correcta aplicación de la ley, razón por la cual los medios que se examinan carecen de fundamento y deben ser desestimados

B.J. NO. 1096, MARZO 2002


 * Considerando**, que no se advierte que en la sentencia impugnada se hubiere cometido ninguna desnaturalización de las declaraciones vertidas por los testigos, no constituyendo falta de base legal el hecho de que el tribunal restara credibilidad a las declaraciones de un testigo, sino un uso del poder soberano de apreciación de las pruebas de que gozan los jueces del fondo, lo cual escapa al control de la Suprema Corte de Justicia cuando, como en la especie, no se advierte ninguna desnaturalización de los testimonios y pruebas aportadas, por lo que dichos medios también carecen de fundamento y deben ser desestimados;


 * Considerando**, que la sentencia impugnada contiene una relación completa de los hechos y motivos suficientes y pertinentes que justifican su dispositivo y que han permitido a esta Corte, verificar que en la especie hubo una correcta aplicación de la ley.

B.J. NO. 1096, MARZO 2002


 * Considerando**, que habiendo la sentencia impugnada rechazado el recurso de apelación interpuesto por su contraparte procesal y modificada la sentencia impugnada en beneficio del actual recurrente, éste deviene en carente de interés para solicitar la casación de la referida sentencia, pues con la misma no se agravó la situación creada por la decisión de primer grado, a la que, por no impugnar y en cambio solicitar a la Corte a-qua su confirmación, dio su aquiescencia, por lo que procede acoger la inadmisibilidad planteada por el recurrido

B.J. NO. 1096, MARZO 2002


 * Considerando**, que si el empleado desistió bajo la reserva de poder incoar cualquier otra acción contra su empleador, tal forma de proceder debe interpretarse, en principio, en el sentido de que los derechos reconocidos por la ley a los trabajadores, no pueden ser objeto de renuncia o de limitación, lo cual no implica que el Tribunal a-quo haya interpretado incorrectamente lo que es un desistimiento, por lo que el medio argüido debe ser desestimado;


 * Considerando**, que la sentencia impugnada contiene una completa relación de los hechos y una suficiente y pertinente exposición de motivos, así como una correcta aplicación de la ley; por lo que el recurso de casación que se examina debe ser rechazado

B.J. NO. 1096, MARZO 2002


 * Considerando**, que habiendo establecido el Tribunal a-quo que realmente el contrato de trabajo no concluyó, estuvo correcta su decisión de desconocer el carácter de indemnizaciones laborales a las sumas de dinero recibidas por el demandante, ya que éstas sólo son concedidas cuando hay una terminación efectiva de dicho contrato y no durante su vigencia;


 * Considerando**, que asimismo la Corte a-qua hizo una ponderación de las pruebas aportadas, de cuyo resultado dio por establecido los demás hechos en que el recurrido basó la demanda, de manera particular, la duración del contrato de trabajo, el salario devengado por el trabajador y el hecho del despido, para lo cual hizo uso del poder de apreciación de que disfrutan los jueces del fondo en esta materia, sin que se advierta que se incurriera en desnaturalización alguna;


 * Considerando**, que la sentencia impugnada contiene una relación completa de los hechos y motivos suficientes y pertinentes que permiten a esta corte verificar la correcta aplicación de la ley, razón por la cual los medios que se examinan carecen de fundamento y deben ser desestimados.

B.J. NO. 1096, MARZO 2002


 * Considerando**, que en la especie, el Tribunal a-quo, haciendo uso de su soberano poder de apreciación de las pruebas aportadas dió por establecida la falta imputada a la recurrente e hizo una estimación de los daños ocasionados al recurrido como consecuencia de esa falta, sin que se advierta haber incurrido en desnaturalización alguna, razón por la cual los medios que se examinan carecen de fundamento y deben ser desestimados.

B.J. NO. 1096, MARZO 2002


 * Considerando**, que la decisión del juez de referimiento rechazando o admitiendo un contrato de fianza suscrito para garantizar la suspensión de la ejecución de una sentencia del Juzgado de Trabajo, al tenor de las disposiciones del artículo 539 del Código de Trabajo, no es un acto jurisdiccional, sino de administración judicial y como tal no susceptible de ningún recurso; que en la especie el recurso fue dirigido contra el auto de evaluación del Magistrado Juez Presidente de la Corte de Trabajo del Distrito Nacional, en funciones de Juez de referimiento, que decidió admitir el original de la fianza depositada por la recurrida, como garantía del duplo de las condenaciones laborales contenidas en la sentencia dictada por el Juez Presidente de la Tercera Sala del Juzgado de Trabajo del Distrito Nacional, el 22 de junio del 2001, en favor del recurrente, razón por la cual el mismo debe ser declarado inadmisible;


 * Considerando**, que cuando el recurso es decidido por un medio suplido de oficio por la Suprema Corte de Justicia las costas pueden ser compensadas.

B.J. NO. 1096, MARZO 2002


 * Considerando**, que la disposición del indicado artículo 212 del Código de Trabajo, tiene por finalidad sustraer del derecho común el procedimiento a seguir para determinar los herederos de un trabajador fallecido, por corresponder esa facultad a los jueces apoderados de una acción laboral en la que haya estado involucrado el de-cujus o que tuvieren competencia para el conocimiento de las acciones de esa naturaleza que los herederos de éste tengan derecho a ejercer como consecuencia de su muerte, determinación ésta que se limita al ámbito laboral y que puede ser efectuada con la simple presentación de las actas del estado civil o documentos equivalentes, de acuerdo con la ley, todo lo que está cónsono con la simpleza y celeridad, que son elementos característicos del procedimiento laboral;


 * Considerando**, que al declarar el Tribunal a-quo la competencia de la jurisdicción laboral actuó correctamente, no advirtiéndose la existencia de los demás vicios atribuidos a la sentencia impugnada, la que contiene motivos suficientes y pertinentes que permiten a esta corte verificar la correcta aplicación de la ley, por lo que los medios examinados carecen de fundamento y deben ser desestimados

B.J. NO. 1096, MARZO 2002


 * Considerando**, que después de haber sido interpuesto el recurso de casación de que se trata, y antes de ser conocido, las partes en sus respectivas calidades de recurrente y recurrido, han desistido de dicho recurso, desistimiento que ha sido aceptado por las mismas.

B.J. NO. 1096, MARZO 2002


 * Considerando**, que habiendo el Tribunal a-quo dado por establecido el hecho del despido, lo que fue admitido por la recurrente al comunicar el mismo al Departamento de Trabajo, correspondía a ésta demostrar la justa causa invocada por ella para poner término al contrato de trabajo de la trabajadora demandante, lo que a juicio de la Corte a-qua no realizó, y trajo como consecuencia la declaratoria de parte del tribunal de lo injustificado del mismo, haciendo uso del indicado poder de apreciación de que disfrutan los jueces del fondo en esta materia, sin que se advierta que al hacerlo incurrieren en desnaturalización alguna, razón por la cual el medio que se examina carece de fundamento y debe ser desestimado.

B.J. NO. 1096, MARZO 2002


 * Considerando**, que tal como se ha expresado más arriba, la ordenanza impugnada se limitó a rechazar la demanda en suspensión de ejecución de la sentencia dictada por el Juzgado de Trabajo, el 22 de marzo de 1996, intentada por los actuales recurrentes, para lo cual dio como motivo que éstos no demostraron que sus bienes “constituyeran una garantía para el crédito de la parte demandada” sin atribuir a dicha sentencia las características que le atribuye la recurrente en su memorial de casación, ni tampoco declarar su carácter ejecutorio, lo que deviene de las disposiciones del artículo 539 del Código de Trabajo antes transcrito, de donde resulta la imposibilidad de que en la ordenanza impugnada se cometieran los vicios señalados en el medio que se examina, razón por la cual el mismo carece de fundamento y debe ser desestimado.

B.J. NO. 1096, MARZO 2002


 * Considerando**, que después de haber sido interpuesto el recurso de casación de que se trata, y después de ser conocido, las partes en sus respectivas calidades de recurrentes y recurridos, han desistido de dicho recurso, desistimiento que ha sido aceptado por las mismas

B.J. NO. 1096, MARZO 2002


 * Considerando**, que el papel activo de que disfrutan los jueces del trabajo les permite ordenar cuantas medidas consideren necesarias para la formación de su criterio sobre el asunto cuya solución ha sido puesto a su cargo, pero no le obliga a sustituir a las partes en la búsqueda de las pruebas que éstas deben aportar en apoyo de sus pretensiones, cuando ya los jueces han formado su convicción y se sienten debidamente edificados para dictar el fallo correspondiente;


 * Considerando**, que la sentencia impugnada contiene una relación completa de los hechos y motivos suficientes que permiten a esta corte verificar la correcta aplicación de la ley, razón por la cual el medio que se examina carece de fundamento y debe ser desestimado

B.J. NO. 1096, MARZO 2002


 * Considerando**, que después de haber sido interpuesto el recurso de casación de que se trata, y antes de ser conocido, las partes en sus respectivas calidades de recurrente y recurrido, han desistido de dicho recurso, desistimiento que ha sido aceptado por las mismas.


 * B.J. NO. 1096, MARZO 2002 ||


 * Considerando**, que la sentencia impugnada carece de motivos suficientes y pertinentes y de una relación completa de los hechos de la causa, lo que impide a esta corte verificar la correcta aplicación de la ley, razón por la cual la misma debe ser casada, sin necesidad de examinar los demás medios del recurso;


 * Considerando**, que cuando la sentencia es casada por faltas procesales a cargo de los jueces, las costas pueden ser compensadas.

B.J. NO. 1096, MARZO 2002


 * Considerando**, que del estudio de la sentencia también se advierte que aún cuando las demandas intentadas por los recurridos y sus recursos de apelación, fueron fusionados para decidir por una sola sentencia, por tratarse de un hecho común que dio lugar a los despidos de los trabajadores y existir identidad entre los demandados, dichos recursos fueron decididos teniendo en cuenta las particularidades de cada demanda y los hechos individuales invocados por los demandantes, reflejados en los diferentes salarios atribuidos a cada uno de ellos y la variedad en la duración de los contratos de trabajo, los cuales la Corte a-qua tomó en cuenta para el cálculo de las condenaciones impuestas a las recurrentes, contrario a lo afirmado por éstas en su memorial de casación;


 * Considerando**, que la sentencia impugnada contiene una relación completa de los hechos y motivos suficientes y pertinentes que permiten a esta corte verificar la correcta aplicación de la ley, razón por la cual el medio que se examina carece de fundamento y debe ser desestimado.

B.J. NO. 1096, MARZO 2002


 * Considerando**, que para arribar a la conclusión de que el demandante no probó los hechos que estaba a su cargo establecer en su condición de demandante, la Corte a-qua hizo uso del soberano poder de apreciación de que disfrutan los jueces del fondo en esta materia, sin que se advierta que incurriera en desnaturalización alguna, razón por la cual el medio que se examina carece de fundamento y debe ser desestimado.

B.J. NO. 1096, MARZO 2002


 * Considerando**, que es evidente que la sentencia impugnada da un alcance distinto al que tienen las declaraciones arriba examinadas, lo que constituye el vicio de desnaturalización de testimonios invocado por la recurrente, razón por la cual la misma debe ser casada, sin necesidad de examinar los demás medios del recurso;


 * Considerando**, que cuando la sentencia es casada por una falta procesal a cargo de los jueces, las costas pueden ser compensadas.

B.J. NO. 1096, MARZO 2002


 * Considerando**, que la sentencia de la Quinta Sala del Juzgado de Trabajo del Distrito Nacional confirmada por el fallo impugnado condena a la recurrente pagar al recurrido, los siguientes valores: a) la suma de RD$7,385.60, por concepto de 8 días de vacaciones; b) la suma de RD$13,749.99, por concepto de proporción salario de navidad correspondiente al año 1999; c) la suma de RD$24,233.85, por concepto de proporción de bonificación correspondiente al año 1999, en base a un salario mensual de RD$22,000.00, lo que hace un total de RD$45,369.44;


 * Considerando**, que al momento de la terminación del contrato de trabajo del recurrido estaba vigente la Tarifa No. 9-99, dictada por el Comité Nacional de Salarios, en fecha 7 de junio de 1999, que establecía un salario mínimo de RD$2,895.00 mensuales, por lo que el monto de veinte salarios mínimos ascendía a la suma de RD$57,900.00, monto que como es evidente no alcanza la totalidad de las condenaciones que impone la sentencia recurrida, por lo que el recurso de que se trata debe ser declarado inadmisible, de conformidad con lo que prescribe el artículo 641 del Código de Trabajo.

B.J. NO. 1096, MARZO 2002


 * Considerando**, que de igual manera la forma en que se perciba el salario no determina la naturaleza del contrato de trabajo, siendo posible que un trabajador que reciba sus salarios atendiendo a la labor rendida esté amparado por un contrato de trabajo por tiempo indefinido, mientras que uno que su labor sea remunerada por unidad de tiempo y reciba un salario fijo sea un trabajador ligado por un contrato de duración limitada;


 * Considerando**, que el estudio de la sentencia impugnada revela que para hacer la apreciación de las pruebas y establecer los hechos arriba señalados, el Tribunal a-quo no incurrió en desnaturalización alguna, ni en las violaciones indicadas en el memorial de casación, la cual contiene una relación completa de los hechos y motivos suficientes y pertinentes que permiten a esta corte verificar la correcta aplicación de la ley, razón por la cual los medios que se examinan carecen de fundamento y deben ser desestimados.

B.J. NO. 1097, ABRIL 2002


 * Considerando**, que al no haber en el Código de Trabajo una disposición que prescriba expresamente la sanción que corresponde cuando la notificación del memorial al recurrido no se haya hecho en el plazo de cinco días a que se refiere el artículo 643 del referido código, debe aplicarse la sanción prevista en el artículo 7 de la Ley No. 3726 sobre Procedimiento de Casación, del 23 de noviembre de 1966, que declara caduco el recurso, cuando el recurrente no emplazare al recurrido en el término fijado por la ley. Esta caducidad será pronunciada a pedimento de la parte interesada o de oficio;


 * Considerando**, que del estudio de las piezas que componen el expediente abierto en ocasión del presente recurso, se advierte que el mismo fue interpuesto mediante escrito depositado por la recurrente en la secretaría de la Segunda Sala de la Corte de Trabajo del Distrito Nacional, el 10 de diciembre del 2001, y notificado al recurrido el 18 de diciembre del 2001, por acto No. 2789-2001, diligenciado por Domingo Antonio Sánchez, Alguacil de Estrados de la Segunda Sala del Juzgado de Trabajo del Distrito Nacional, cuando se había vencido el plazo de cinco días establecido por el artículo 643 del Código de Trabajo para la notificación del recurso de casación, razón por la cual debe declararse su caducidad

B.J. NO. 1097, ABRIL 2002


 * Considerando**, que es criterio constante de esta corte, que los jueces del fondo son soberanos para disponer las medidas de instrucción que entiendan pertinentes para formar su convicción, tanto a solicitud de parte como de oficio, escapando al control de la casación la decisión que en ese sentido tome un tribunal, salvo cuando se incurriere en alguna desnaturalización;


 * Considerando**, que en la especie, la Corte a-quo decidió solicitar documentos e informaciones al Estado de La Florida, Estados Unidos de Norteamérica al través de la Secretaría de Estado de Relaciones Exteriores, a la Secretaría de Estado de Industria y Comercio y a la Cámara de Comercio y Producción del Distrito Nacional, acogiendo un pedimento formulado al respecto por la actual recurrida, al considerarlo procedente; que esa decisión cae dentro de las facultades privativas de los jueces del fondo y de los poderes que les otorga el artículo 494 del Código de Trabajo, que les permite solicitar de cualquier oficina pública o privada y de cualesquiera personas en general, “todos los datos e informaciones que tengan relación con los asuntos que cursen en ellos, sin que la misma pueda verse como un atentado al derecho de defensa de la recurrente, a quien se le puso en condiciones de hacer uso del mismo en la audiencia en que el Tribunal a-quo ordenó la indicada medida y quien podrá hacerlo además cuando se continúe el conocimiento del recurso de apelación de que se trata, también previsto en la misma sentencia;


 * Considerando**, que la sentencia impugnada contiene una relación completa de los hechos y motivos suficientes y pertinentes que permiten a esta corte verificar la correcta aplicación de la ley, razón por la cual el medio que se examina carece de fundamento y debe ser desestimado

B.J. NO. 1097, ABRIL 2002


 * Considerando**, que la no ponderación de los documentos aludidos por la empresa, entre los que se encuentran el informe de un inspector de la Secretaría de Estado de Trabajo actuante en el caso, fue producto del rechazo que del depósito de los mismos dictaminó el Tribunal a-quo, al no cumplir la recurrente con las formalidades exigidas por el artículo 544 del Código de Trabajo para el depósito de documentos ante los jueces del fondo, haciendo uso de las facultades que a éstos concede el referido artículo, por lo que el vicio atribuido a la sentencia en ese sentido es inexistente;


 * Considerando**, que la sentencia impugnada contiene una relación completa de los hechos y motivos suficientes y pertinentes que permiten a esta corte verificar la correcta aplicación de la ley, razón por la cual el medio que se examina carece de fundamento y debe ser desestimado.

B.J. NO. 1097, ABRIL 2002


 * Considerando**, que el recurso de casación ha sido elevado contra una sentencia dictada por la Cámara Civil, Comercial y de Trabajo del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de San Juan de la Maguana, que actuó como tribunal de primera instancia;


 * Considerando**, que de acuerdo al artículo 482 del Código de Trabajo, compete a la Suprema Corte de Justicia el conocimiento de los recursos de casación contra las sentencias en última instancia de los tribunales de trabajo, con las excepciones establecidas en dicho código;


 * Considerando**, que como se ha visto, la decisión impugnada no es una sentencia dictada en última instancia, sino en primera instancia, la cual no es susceptible de ser impugnada en casación, por lo que procede declarar inadmisible el recurso, sin necesidad de analizar los medios desarrollados en el memorial de casación.

B.J. NO. 1097, ABRIL 2002


 * Considerando**, que la Corte a-qua apreció que la conducta de la recurrente produjo daños a los recurridos, los que se manifiestan no tan sólo por la falta de atenciones médicas, hospitalarias y de farmacia en que pudieren estar sometidos, sino porque la no inscripción en dicha institución, con el consiguiente reporte de las cotizaciones correspondientes afectó la acumulación de las cotizaciones necesarias para la obtención de la pensión que por enfermedad o antigüedad, tienen derecho todos los trabajadores que acumulen un número determinado de las mismas;


 * Considerando**, que cae dentro de las facultades discrecionales de los jueces del fondo el establecimiento de los daños causados por una violación cualquiera, así como determinar el alcance de su reparación, no pudiendo su decisión ser objeto de la censura de la casación, salvo cuando se fije un monto irracional, lo que en la especie esta corte juzga no ha acontecido, razón por la cual el medio que se examina carece de fundamento y debe ser desestimado.

B.J. NO. 1097, ABRIL 2002


 * Considerando**, que después de haber sido interpuesto el recurso de casación de que se trata, y antes de ser conocido, las partes en sus respectivas calidades de recurrente y recurrida, han desistido de dicho recurso, desistimiento que ha sido aceptado por las mismas

B.J. NO. 1097, ABRIL 2002


 * Considerando**, que tal como se ha expresado, el recurrente admitió ante los jueces del fondo haber despedido a la recurrida, alegando para ello la comisión de faltas de su parte, circunstancia esta que le obligaba a demostrar en primer término, la comunicación del despido y las causas que lo generaron al Departamento de Trabajo, en el plazo de 48 horas a partir de su realización, al tenor del artículo 91 del Código de Trabajo, y luego, las faltas atribuidas a la demandante para fundamentar la decisión de poner término al contrato de trabajo;


 * Considerando**, que tras la ponderación de la prueba aportada, el Tribunal a-quo determinó que el empleador no comunicó a las autoridades de trabajo el referido despido, declarando en consecuencia, que el mismo carecía de justa causa, de acuerdo al mandato del artículo 93 del Código de Trabajo, a la vez que impuso al recurrente el pago de las indemnizaciones previstas en el artículo 95 del Código de Trabajo, para los casos en que el empleador no prueba la justa causa del despido, lo que estuvo imposibilitado de hacer, como consecuencia de la omisión de comunicación, antes indicada, para lo cual da motivos suficientes y pertinentes que permiten a esta corte verificar la correcta aplicación de la ley, razón por la cual el medio que se examina carece de fundamento y debe ser desestimado.

B.J. NO. 1097, ABRIL 2002


 * Considerando**, que en la especie el Tribunal a-quo declaró nula la decisión tomada por la asamblea general de miembros del sindicato recurrente, que ordenó la expulsión del señor Cirilo Poueriet, como miembro de éste, tras comprobar que la misma se produjo, sin dar cumplimiento a las disposiciones del artículo 22 de los estatutos, el cual en su párrafo X, crea la junta disciplinaria, con facultad de “conocer las faltas disciplinarias que cometa cualquier miembro del Sindicato, sean estos de columna o directivos” y aplicar las sanciones conforme a lo establecido por los estatutos, de lo que debe rendir informe al consejo directivo y a la asamblea general, lo que determina que sea ese el organismo con capacidad para tomar la decisión de expulsar un miembro del referido sindicato;


 * Considerando**, que aún cuando la asamblea general de un sindicato u organización cualquiera como máxima autoridad de la institución puede tomar cualquier decisión que le sea sometida, es a condición de que se haga de conformidad con las normas estatutarias, habiéndose verificado, del estudio de los documentos que integran el expediente, que en la especie se cometieron las violaciones atribuidas por la sentencia impugnada, razón por la cual el medio que se examina carece de fundamento y debe ser desestimado.

B.J. NO. 1097, ABRIL 2002


 * Considerando**, que en la especie, el Tribunal a-quo dio por establecido que la recurrente envió una comunicación a todos sus socios informando la suspensión del señor Ezequiel Arias y prohibiéndole prestar sus servicios con ningún miembro de la Asociación de Transporte Público de San Pedro de Macorís, lo que a juicio de esta corte constituye una violación al derecho al trabajo consagrado por nuestra Carta Magna y de manera específica al II Principio Fundamental del Código de Trabajo, el cual prescribe que “toda persona es libre para dedicarse a cualquier profesión y oficio, industria o comercio permitidos por la ley. Nadie puede impedir el trabajo a los demás ni obligarlos a trabajar en contra de su voluntad”;


 * Considerando**, que la corte a-qua estimó que la acción ilícita de la recurrente ocasionó daños y perjuicios al recurrido, fijando el monto de la suma que debía pagar la demandada para cubrir el monto de esos daños, para lo cual hizo uso de la facultad de que disfrutan los jueces del fondo, para apreciar los daños que generan las acciones contrarias a la ley y el alcance de su reparación, dando motivos suficientes y pertinentes, que permiten a esta corte verificar la correcta aplicación de la ley, razón por la cual el medio que se examina carece de fundamento y debe ser desestimado.

B.J. NO. 1097, ABRIL 2002


 * Considerando**, que es criterio constante de esta Corte, que el establecimiento de los daños y perjuicios, causados por una violación cualquiera, así como el monto para su reparación cae dentro de las facultades discrecionales de los jueces del fondo, lo que no puede ser censurado en casación, salvo cuando se imponga una suma irracional, lo que no se advierte suceda en la especie, en la que la Corte a-qua además de imponer a la demandada el pago de la suma de RD$150,000.00 por ese concepto, también le ordena el pago de las indemnizaciones laborales y de un día de salario por cada día de retardo en el cumplimiento de esa obligación a partir del día 12 de febrero del año 2000;


 * Considerando**, que la sentencia impugnada contiene una relación completa de los hechos de la causa y motivos suficientes y pertinentes que permiten a esta corte verificar la correcta aplicación de la ley, razón por la cual el medio que se examina carece de fundamento y debe ser desestimado.

B.J. NO. 1097, ABRIL 2002


 * Considerando**, que ha sido criterio constante de esta corte de casación, que el depósito del duplo de las condenaciones impuestas por una sentencia impugnada en apelación, puede ser hecho mediante una garantía personal o una fianza emitida por una compañía aseguradora, con lo que se evita que la empresa deudora de los créditos consignados en la sentencia cuya suspensión se persigue, resulte afectada en su desenvolvimiento económico, lo que puede ser dispuesto por el tribunal que ordene la suspensión;


 * Considerando**, que en la especie, el Tribunal a-quo no hace ninguna referencia al monto de las condenaciones que impone la sentencia cuya suspensión persiguió la actual recurrida, no figurando en el cuerpo de la ordenanza impugnada el dispositivo de dicha sentencia, ni los elementos que se tuvo en cuenta para estimar prudente garantizar las condenaciones con el depósito de la suma de Cincuenta Mil Pesos Oro (RD$50,000.00), razón por la cual la misma carece de motivos pertinentes y de base legal, por lo que debe ser casada;


 * Considerando**, que cuando la sentencia es casada por falta de motivos o de base legal, las costas pueden ser compensadas.

B.J. NO. 1097, ABRIL 2002


 * Considerando**, que el artículo 641 del Código de Trabajo dispone que: “No será admisible el recurso después de un mes a contar de la notificación de la sentencia ni cuando ésta imponga una condenación que no exceda de veinte salarios mínimos”;


 * Considerando**, que del estudio de los documentos que integran el expediente abierto en ocasión del presente recurso, se verifica que la sentencia impugnada le fue notificada a la recurrente mediante acto No. 713-96, diligenciado por Liro Bienvenido Carvajal, Alguacil Ordinario de la Quinta Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional, y que el escrito contentivo del recurso de casación fue depositado en la secretaría de la Corte de Trabajo del Distrito Nacional, el día 20 de febrero del 1997, cuando ya había transcurrido el plazo de un mes prescrito por el artículo 641 del Código de Trabajo, por lo que debe ser declarado inadmisible.

B.J. NO. 1097, ABRIL 2002


 * Considerando**, que habiendo apreciado el Tribual a-quo que el contrato de trabajo de la recurrida estaba vigente, y que el empleador se mantenía en estado de falta, en el momento en que se realizó la dimisión, fue correcta la decisión de la Corte a-qua de rechazar la caducidad invocada por la recurrente y declarar que su ejercicio se llevó a efecto en tiempo hábil;


 * Considerando**, que la sentencia impugnada contiene motivos suficientes y pertinentes que justifican la decisión tomada sobre los aspectos en discusión, que fueron la vigencia del plazo legal para la dimisión y la causa justificada de la misma, razón por la cual el medio que se examina carece de fundamento y debe ser desestimado.

B.J. NO. 1097, ABRIL 2002


 * Considerando**, que como la sentencia apelada daba fe sobre la condición de demandante de la señora Zoila Yaniris Rodríguez Pérez, lo que nunca fue discutido por la recurrida, la Corte a-qua, si tenía alguna duda sobre esa condición, debió hacer uso del papel activo que tienen los jueces laborales y dictar las medidas que considerare de lugar para despejar la misma y no limitarse a la exclusión pura y simple de la recurrente, sin abocarse a examinar sus pretensiones; que al no hacerlo la sentencia impugnada carece de base legal y debe ser casada, sin necesidad de examinar los demás medios del recurso;


 * Considerando**, que cuando la sentencia es casada por falta de base legal, las costas pueden ser compensadas.

B.J. NO. 1098, MAYO 2002


 * Considerando**, que contrario a lo afirmado por la sentencia impugnada, el juez de primera instancia, tiene facultad para imponer condenaciones no solicitadas en el acto introductivo de la demanda, siempre que sean derivadas de los aspectos allí discutidos y que correspondan a los hechos que sean establecidos por dicho juez, lo que obligaba a la Corte a-qua a determinar si de la sustanciación del proceso en primer grado se imponía la aplicación del referido artículo 86 del Código de Trabajo, por lo que al no hacerlo dejó a la sentencia carente de motivos y de base legal, razón por la cual la misma debe ser casada, sin necesidad de examinar los demás medios del recurso;


 * Considerando**, que cuando la sentencia es casada por falta de base legal, las costas pueden ser compensadas.

B.J. NO. 1098, MAYO 2002


 * Considerando**, que después de haber sido interpuesto el recurso de casación de que se trata, y después de ser conocido, las partes en sus respectivas calidades de recurrente y recurrida, han desistido de dicho recurso, desistimiento que ha sido aceptado por las mismas.

B.J. NO. 1098, MAYO 2002


 * Considerando**, que del estudio de las piezas que componen el expediente abierto en ocasión del presente recurso, se advierte que el mismo fue interpuesto mediante escrito depositado por la recurrente en la secretaría de la Corte de Trabajo del Departamento Judicial de Santiago, el 28 de diciembre del 2001 y notificado al recurrido el 22 del mes de enero del año 2002, por Acto No. 6/2202, diligenciado por Domingo Samuel María S., Alguacil de Estrados del Juzgado de Paz Especial de Tránsito, Grupo No. I, de San Francisco de Macorís, cuando se había vencido el plazo de cinco días establecido por el artículo 643 del Código de Trabajo para la notificación del recurso de casación, razón por la cual debe declararse su caducidad.

B.J. NO. 1098, MAYO 2002


 * Considerando**, que en la especie, no le bastaba al Tribunal a-quo expresar que, por el principio de libertad de pruebas que rige la materia de trabajo, la certificación expedida por la Superintendencia de Bancos mediante Oficio No. 000013, del 19 de enero del 2000, en la que se hacía constar que la recurrente no había sido fusionada con ninguna otra entidad, ese documento oficial no podía ser preferido sobre las demás pruebas, sino que era necesario que se hiciera la enunciación de los hechos, circunstancias y “demás pruebas”, que le llevaron a no darle credibilidad a dicha certificación y en cambio aceptar la existencia de esa fusión, a pesar de que en la sentencia impugnada no se hace mención de que los trámites legales que conllevan este tipo de operación se cumplieran o que la misma fuere producto de una situación de hechos, los cuales debió precisar;


 * Considerando**, que la sentencia impugnada no contiene una relación completa de los hechos y motivos suficientes que justificaran la decisión de la Corte a-qua de hacer oponible y ejecutoria dicha sentencia contra la recurrente, razón por la cual la misma debe ser casada, en cuanto a ese aspecto;


 * Considerando**, que cuando la sentencia es casada por una falta procesal a cargo de los jueces, las costas pueden ser compensadas.

B.J. NO. 1098, MAYO 2002


 * Considerando**, que el tribunal dictó su fallo luego de ponderar la prueba aportada por las partes, basando la existencia del desahucio en la comunicación dirigida por la recurrente al recurrido el 31 de agosto del 2000, en la cual le comunicaba que prescindía de sus servicios, sin invocar falta alguna, apreciándose además que la causa de la terminación del contrato de trabajo fue el único aspecto en discusión ante los jueces del fondo;


 * Considerando**, que la sentencia contiene una relación completa de los hechos y motivos suficientes y pertinentes que justifican la decisión dada, razón por la cual el medio que se examina carece de fundamento y debe ser desestimado.

B.J. NO. 1098, MAYO 2002


 * Considerando**, que al momento de la terminación del contrato de trabajo del recurrido estaba vigente la Tarifa No. 3-97, dictada por el Comité Nacional de Salarios, en fecha 29 de septiembre de 1997, que establecía un salario mínimo de RD$2,412.00 mensuales, por lo que el monto de veinte salarios mínimos ascendía a la suma de RD$48,240.00, monto que como es evidente no alcanza la totalidad de las condenaciones que impone la sentencia recurrida, por lo que el recurso de que se trata debe ser declarado inadmisible, de conformidad con lo que prescribe el artículo 641 del Código de Trabajo;


 * Considerando**, que cuando el recurso es decidido por un medio suplido por la Suprema Corte de Justicia, las costas pueden ser compensadas.

B.J. NO. 1098, MAYO 2002


 * Considerando**, que al momento de la terminación del contrato de trabajo del recurrido estaba vigente la Tarifa No. 4-97, dictada por el Comité Nacional de Salarios, en fecha 7 de octubre de 1997, que establecía un salario mínimo de RD$2,309.10 mensuales, por lo que el monto de veinte salarios mínimos ascendía a la suma de RD$46,182.00, monto que como es evidente no alcanza la totalidad de las condenaciones que impone la sentencia recurrida, por lo que el recurso de que se trata debe ser declarado inadmisible, de conformidad con lo que prescribe el artículo 641 del Código de Trabajo.

B.J. NO. 1098, MAYO 2002


 * Considerando**, que al no haber en el nuevo Código de Trabajo una disposición que prescriba expresamente la caducidad del recurso de casación cuando la notificación del memorial al recurrido no se haya hecho en el plazo de cinco días a que se refiere el artículo 643 del referido código, debe aplicarse el artículo 7 de la Ley No. 3726 del 23 de noviembre de 1966 sobre Procedimiento de Casación, que dispone la caducidad del recurso, cuando el recurrente no emplazare al recurrido en el plazo legal, por lo que el recurso de que se trata debe ser declarado caduco.

B.J. NO. 1098, MAYO 2002


 * Considerando**, que la afirmación de la Corte a-qua en el sentido de que la recurrente no discutió los demás aspectos de la demanda, no es desmentida por el hecho de que algunos de los testigos se hayan referido a los mismos como pretende la recurrente, pues las declaraciones de éstos están al margen de los alegatos y argumentos presentados por la demandada, al invocar la existencia de contratos de trabajo cuya terminación se producía sin responsabilidad para las partes y que el Tribunal a-quo apreció se trataba de contratos de trabajo por tiempo indefinido;


 * Considerando**, que la sentencia impugnada contiene una relación completa de los hechos y motivos suficientes y pertinentes que permiten a esta corte verificar la correcta aplicación de la ley, razón por la que los medios que se examinan carecen de fundamento y deben ser desestimados.

B.J. NO. 1098, MAYO 2002


 * Considerando**, que la afirmación de la Corte a-qua en el sentido de que la recurrente no discutió los demás aspectos de la demanda, no es desmentida por el hecho de que algunos de los testigos se hayan referido a los mismos como pretende la recurrente, pues las declaraciones de éstos están al margen de los alegatos y argumentos presentados por la demandada, al invocar la existencia de contratos de trabajo cuya terminación se producía sin responsabilidad para las partes y que el Tribunal a-quo apreció se trataba de contratos de trabajo por tiempo indefinido;


 * Considerando**, que la sentencia impugnada contiene una relación completa de los hechos y motivos suficientes y pertinentes que permiten a esta corte verificar la correcta aplicación de la ley, razón por la que los medios que se examinan carecen de fundamento y deben ser desestimados.

B.J. NO. 1098, MAYO 2002


 * Considerando**, que del estudio de la sentencia impugnada se advierte que tras ponderar la prueba aportada por las partes, la Corte a-qua dio por establecido que los recurridos prestaron sus servicios personales a los recurrentes, así como que sus contratos de trabajo terminaron por la voluntad unilateral de estos últimos, para lo cual hizo uso del soberano poder de apreciación de que disfrutan los jueces del fondo en esta materia, sin que se observe que al hacerlo incurrieran en las desnaturalizaciones que se invocan en el memorial de casación;


 * Considerando**, que asimismo se advierte que la sentencia impugnada contiene motivos suficientes y pertinentes que justifican su dispositivo y las razones que tuvieron los jueces para modificar la decisión recurrida en apelación, lo que permite a esta corte verificar la correcta aplicación de la ley, razón por la cual el medio que se examina carece de fundamento y debe ser desestimado.

B.J. NO. 1098, MAYO 2002


 * Considerando**, que del estudio del expediente abierto en ocasión del presente recurso, se advierte que al poner término al contrato de trabajo del recurrido, la recurrente le ofertó a éste la suma de dinero que entendía le correspondía por concepto de prestaciones laborales, la que al haberse computado sobre la base a un salario inferior al establecido por el Tribunal a-quo, resultó ser una oferta por debajo del crédito del trabajador demandante, y consecuencialmente ineficaz para producir la liberación del empleador, haciendo abstracción del lugar en que se hizo la oferta real de pago y que el recurrido invoca no es su domicilio, y al hecho de que la misma no fue seguida de la consecuente consignación, siendo correcta la decisión de la Corte a-qua de restarle validez a dicha oferta, por no haberse hecho conforme a la ley, lo que significó una ausencia de pago de las indemnizaciones laborales que correspondían al trabajador desahuciado y la justificación para la aplicación del artículo 86 del Código de Trabajo;


 * Considerando**, que la sentencia impugnada contiene una relación completa de los hechos de la causa y motivos suficientes y pertinentes que permiten a esta corte verificar la correcta aplicación de la ley, razón por la cual el medio que se examina carece de fundamento y debe ser desestimado

B.J. NO. 1098, MAYO 2002


 * Considerando**, que los derechos que corresponden a un trabajador por concepto de vacaciones no disfrutadas, salario navideño y participación en los beneficios, no dependen de la causa de terminación del contrato de trabajo, ni están sujetos para su concesión a que una demanda por despido injustificado sea acogida por ese concepto, sino que son propios de todo trabajador independientemente de las razones que determinan la conclusión de una relación contractual, por lo que, si como en la especie, el demandado no objeta esas reclamaciones y presentando la causa de su liberación, el tribunal está en la obligación de acogerlas, tal como lo hizo la Corte a-qua, razón por la cual el medio que se examina carece de fundamento y debe ser desestimado.

B.J. NO. 1098, MAYO 2002


 * Considerando**, que en la especie el Tribunal a-quo admite que las recurrentes cumplieron con la Ley sobre Accidentes de Trabajo, pero las condena al pago de una indemnización adicional a la establecida por la ley, bajo el fundamento de que el accidente tuvo como causa eficiente la negligencia e imprudencia de las mismas, sin tomar en cuenta, que aún en esas circunstancias, la responsabilidad del empleador por los daños y perjuicios sufridos por un trabajador en un accidente de trabajo, se cubre mediante la póliza de accidentes de trabajo correspondiente, que como lo indica la propia sentencia existía en la empresa demandada, razón por la cual la sentencia impugnada carece de base legal, por lo que debe ser casada, sin necesidad de examinar los demás medios del recurso;


 * Considerando**, que cuando la sentencia es casada por falta de base legal, las costas pueden ser compensadas.

B.J. NO. 1098, MAYO 2002


 * Considerando**, que al momento de la terminación del contrato de trabajo estaba vigente la Resolución No. 3-97, dictada por el Comité Nacional de Salarios el 29 de septiembre de 1997 que establecía un salario mínimo de RD$2,412.00 mensuales, por lo que el monto de veinte salarios mínimos, ascendía a RD$48,240.00, suma que como es evidente no alcanza la totalidad de las condenaciones que impondría la sentencia impugnada, en caso de haberse acogida la demanda del recurrente, por lo que el recurso de casación de que se trata debe ser declarado inadmisible, de conformidad con lo que prescribe el artículo 641 del Código de Trabajo.

B.J. NO. 1098, MAYO 2002


 * Considerando**, que por igual razonamiento, la declaración jurada ante la Dirección General de Impuestos Internos, que estaba obligada la recurrente a depositar ante el Tribunal a-quo, para demostrar los resultados económicos del período de la reclamación era la correspondiente al período comprendido del primero de enero de 1998 al 31 de diciembre de 1998, lo que la propia demandada admite no haber hecho, siendo correcta la decisión de la Corte a-qua de acoger el pedimento de considerar liberado al demandante de la prueba de los beneficios que obtuvo la empresa en dicho período y en consecuencia condenar a esta al pago de la participación en los beneficios reclamados;


 * Considerando**, que la sentencia impugnada contiene una relación completa de los hechos y motivos suficientes y pertinentes que permiten a esta corte verificar la correcta aplicación de la ley, razón por la cual el medio que se examina crece de fundamento y debe ser desestimada.

B.J. NO. 1098, MAYO 2002


 * Considerando**, que tras ponderar la prueba aportada la Corte a-qua dio por establecidos los hechos de la demanda, de manera principal el hecho del despido, los descuentos ilegales y las jornadas nocturnas laboradas y no pagadas con el incremento del 15% que establece la ley, para lo cual hizo uso del soberano poder de apreciación de que disfrutan los jueces del fondo en esta materia, sin que se advierta que al hacerlo incurriera en desnaturalización alguna;


 * Considerando**, que la sentencia impugnada contiene una relación completa de los hechos y motivos suficientes y pertinentes que permiten a esta corte verificar la correcta aplicación de la ley, razón por la cual el medio que se examina carece de fundamento y debe ser desestimado.

B.J. NO. 1098, MAYO 2002


 * Considerando**, que es criterio constante de esta corte, que para que un trabajador que haya ejercido actos de violencia contra uno de sus compañeros, incurra en la violación del referido ordinal 4to. del artículo 88 del Código de Trabajo y consecuencialmente pueda ser despedido justificadamente por ese hecho, es necesario que los mismos se produzcan injustificadamente y que se deriven del derecho a defender su integridad que tiene toda persona que se vea amenazada por un estado de provocación o de agresión inicial de parte del contrincante;


 * Considerando**, que en la especie, el Tribunal a-quo dio por establecido que el señor Julio César Alvarez Ruiz se limitó a repeler una agresión proferida por el señor Cristino Mercedes, quien cometió actos de injurias y malos tratamientos contra él, por lo que su actuación estuvo motivada en su necesidad de defenderse de los mismos, lo que le libera de su responsabilidad en la comisión de la falta que se le atribuye, al no constituir una causal de despido ese proceder;


 * Considerando**, que el Tribunal a-quo, contrario a lo expresado por la recurrente, analizó las pruebas aportadas de cuyo análisis llegó a la conclusión de la ausencia de faltas de parte del demandante, para lo cual hizo uso del soberano poder de apreciación de que disfrutan los jueces del fondo en esta materia, sin que se advierta que incurriera en desnaturalización alguna, dando motivos suficientes y pertinentes que permiten a esta corte verificar la buena aplicación de la ley, razón por la cual el medio que se examina carece de fundamento y debe ser desestimado.

B.J. NO. 1098, MAYO 2002


 * Considerando**, que para declarar a ambos recurrentes responsables del cumplimiento de los derechos que corresponden a los recurridos por la terminación de sus contratos de trabajo, la Corte a-qua determinó que los demandantes prestaron sus servicios personales a ambas empresas y que como empleadoras estaba a su cargo el pago de las prestaciones laborales a éstos, sin fundamentarse en el artículo 13 del Código de Trabajo que hace solidarias y responsables a las empresas que integran un conjunto económico por el sólo hecho de la existencia de ese conjunto frente a los trabajadores de todo el grupo, pero para lo cual es necesario la existencia de maniobras fraudulentas cuando los trabajadores no laboran con todas las empresas, lo que no sucede en la especie, por lo que la Corte a-qua no tenía que establecer la existencia de ningún fraude para imponer las condenaciones en la forma que lo hizo;


 * Considerando**, que la sentencia impugnada contiene una relación completa de los hechos y motivos suficientes y pertinentes que permiten a esta corte verificar la correcta aplicación de la ley, razón por la cual el medio que se examina carece de fundamento y debe ser desestimado.

B.J. NO. 1098, MAYO 2002


 * Considerando**, que la Corte a-qua en uno de los considerando de la sentencia impugnada expone lo siguiente: “que como en la especie, el demandante no ha probado que la empresa tuvo beneficios netos durante el período por el cual reclama el pago de bonificaciones, en la especie, procede desestimar esta pretensión por improcedente, mal fundada y por falta de pruebas”; pero,


 * Considerando**, que si bien esta Corte ha sostenido que el trabajador que reclama se le conceda participación en los beneficios de la empresa, debe establecer que la misma ha obtenido ganancias, cuyo diez por ciento debe distribuir entre sus trabajadores, al tenor del artículo 223 del Código de Trabajo, también ha sido criterio de esta Corte, que el mismo está liberado de realizar esa prueba cuando la demandada no demuestra haber presentado la declaración jurada a la Dirección General de Impuestos Internos, sobre el resultado de sus operaciones comerciales en el período que corresponda a la reclamación; que en el caso de la especie, tal y como lo señala la sentencia recurrida ha quedado comprobado que la empresa Auto Servicio Japonés S. A. y compartes, no pudo probar oportunamente haber realizado la declaración jurada a la Dirección General de Impuesto sobre la Renta que demostrara la no existencia de beneficios durante el período señalado, y que en esas circunstancias el recurrente estaba eximido de realizar la prueba de la existencia de los mismos, por lo que dicha sentencia debe ser casada;


 * Considerando**, que cuando la sentencia es casada por violación a la ley, las costas pueden ser compensadas.

B.J. NO. 1098, MAYO 2002


 * Considerando**, que el plazo para que las Cortes de Trabajo pronuncien sentencias decidiendo los asuntos puestos a su cargo está regido por el artículo 638 del Código de Trabajo, y el mismo se ha instituido para dar celeridad en la solución de las demandas laborales, pero no como condición para la validez de las sentencias que dictaren esos tribunales; que las consecuencias de la inobservancia del plazo de un mes establecido por el referido artículo, es el de permitir a la parte interesada “solicitar a la Suprema Corte de Justicia o al presidente del tribunal o de la corte, si se trata del Distrito Nacional y del Distrito Judicial de Santiago, que del caso sea apoderada otra jurisdicción del mismo grado u otra sala del mismo tribunal, para que dicte la sentencia” en el plazo precedentemente señalado y la imposición de sanciones al juez en falta, al tenor del artículo 5 de la Ley No. 291 del 23 de enero de 1991, todo ello por disposición del artículo 535 del Código de Trabajo, pero jamás la nulidad de la sentencia dictada fuera del plazo legal, por cuya razón, el medio que se examina carece de fundamento, por lo que debe ser desestimado.

B.J. NO. 1098, MAYO 2002


 * Considerando**, que al momento de la terminación del contrato de trabajo del recurrido estaba vigente la Tarifa No. 3-97, dictada por el Comité Nacional de Salarios, en fecha 29 de septiembre de 1997, que establecía un salario mínimo de RD$2,040.00 mensuales, por lo que el monto de veinte salarios mínimos ascendía a la suma de RD$40,800.00, monto que como es evidente no alcanza la totalidad de las condenaciones que impone la sentencia recurrida, por lo que el recurso de que se trata debe ser declarado inadmisible, de conformidad con lo que prescribe el artículo 641 del Código de Trabajo.

B.J. NO. 1098, MAYO 2002


 * Considerando**, que habiendo admitido la recurrente haber despedido al recurrido, correspondía a ella demostrar que el mismo cometió las faltas invocadas para poner término al contrato de trabajo de que se trata;


 * Considerando**, que del estudio de la sentencia impugnada se advierte que el Tribunal a-quo declaró injustificado dicho despido, al analizar la prueba aportada por las partes, tanto testimonial como documental, y llegar a la conclusión de que la empresa demandada no probó la justa causa del mismo, para lo cual hizo uso del soberano poder de apreciación de que disfrutan los jueces del fondo en esta materia, lo que escapa al control de la casación, al no advertirse que incurriera en desnaturalización alguna, ni en la omisión de ponderación de ninguna de las pruebas aportadas, como invoca la recurrente;


 * Considerando**, que la sentencia impugnada contiene una relación completa de los hechos y motivos suficientes y pertinentes que permiten a esta Corte verificar la correcta aplicación de la ley, razón por la cual el medio que se examina carece de fundamento y debe ser desestimado.

B.J. NO. 1098, MAYO 2002


 * Considerando**, que de lo anterior se observa que la Corte a-qua asumió los motivos dados por el Juzgado de Trabajo del Distrito Nacional, para dar por establecido los descuentos y retenciones ilegales invocados por el demandante, a consecuencia de lo cual condenó a la recurrente al pago de una indemnización reparatoria de los daños ocasionados por su acción ilícita;


 * Considerando**, que cae dentro del poder discrecional de los jueces del fondo la evaluación de los daños generados por una falta a cargo de una de las partes, teniendo facultad para establecer el monto de la suma reparatoria, lo que escapa al control de la casación, salvo cuando ésta sea excesiva o de poca significación, lo que, a juicio de esta corte, no ocurre en la especie;


 * Considerando**, que la sentencia impugnada contiene una relación completa de los hechos de la causa y motivos suficientes y pertinentes que permiten a esta corte verificar la correcta aplicación de la ley, razón por la cual el medio que se examina carece de fundamento y debe ser desestimado.

B.J. NO. 1099, JUNIO 2002


 * Considerando**, que por otra parte, en grado de apelación, la tentativa de conciliación se lleva a cabo en la misma audiencia de la presentación de las pruebas y discusión del caso, por lo que no era necesario, una vez agotado el preliminar de conciliación, que la Corte a-qua dispusiera la celebración de una nueva audiencia, pudiendo tal como lo hizo, culminar el conocimiento del recurso de apelación en la única audiencia celebrada, sin que incurriera en ninguna violación a la ley, por lo que el medio que se examina carece de fundamento y debe ser desestimado;


 * Considerando**, que la sentencia es un acto auténtico que se basta por sí mismo, cuya veracidad se mantiene hasta inscripción en falsedad, no pudiendo ser desconocido su contenido por el simple alegato de una parte; que en la especie en la sentencia impugnada se consigna que la misma fue dictada en audiencia pública el día 18 de mayo de 1999, por lo que es preciso admitir la verdad de esa afirmación, sin importar que en el rol de audiencias no figurara enrolada la misma para esos fines, razón por la cual el medio que se examina carece de fundamento y debe ser desestimado.

B.J. NO. 1099, JUNIO 2002


 * Considerando**, que del estudio de la sentencia impugnada y de los documentos que integran el expediente se advierte que la recurrente no discutió el monto del salario invocado por el demandante, mientras el asunto era debatido por ante los jueces del fondo, sino en su escrito ampliatorio de conclusiones depositado ante la Corte a-qua, el día 24 de mayo del 2001, varios días después de haber vencido el plazo de 10 días que se le otorgó a esos fines, en la audiencia del 16 de abril del 2001 y cuando ya el asunto estaba en estado de ser fallado, por lo que el Tribunal a-quo no podía dar como contestado ese aspecto de la demanda, al no haberse discutido en el momento oportuno, siendo correcta su decisión de dar por establecido el salario, que según lo afirmado por el trabajador éste devengaba y en consecuencia calcular los derechos que la sentencia le reconoce en base al mismo, razón por la cual el medio que se examina carece de fundamento y debe ser desestimado.

B.J. NO. 1099, JUNIO 2002


 * Considerando**, que tras ponderar las pruebas aportadas, la Corte a-qua dió por establecido que el demandante probó la justa causa de la dimisión, analizando el testimonio de las personas que depusieron como testigos, los cuales declararon en el sentido alegado por el trabajador de que el empleador redujo su salario, lo que constituye una causal de dimisión;


 * Considerando**, que del estudio de la sentencia impugnada no se advierte que en la referida ponderación el Tribunal a-quo desnaturalizara las declaraciones de los testigos aportados por las partes, dándole un alcance y un sentido distinto al que tienen, sino que hicieron uso del soberano poder de apreciación de que disfrutan los jueces del fondo en esta materia, sin incurrir en desnaturalización alguna, razón por la cual los medios que se examinan carecen de fundamento y deben ser desestimados.

B.J. NO. 1099, JUNIO 2002


 * Considerando**, que en la especie se observa que la Corte a-qua ponderó todas las pruebas que le fueron aportadas, tanto testimoniales como documentales, de cuyo estudio los jueces apreciaron la existencia de los contratos de trabajo que ligaban a los recurridos con la empresa, determinando que los mismos eran por tiempo indefinido y acogiendo los demás hechos que sirvieron de fundamento a la demanda de los trabajadores, por la posición procesal que adoptó la recurrente al negar que dichos contratos fueren por tiempo indefinido, sin discutir los demás aspectos de la demanda, incluida la terminación de éstos por su voluntad unilateral, y que como consecuencia del establecimiento de la naturaleza de los contratos de trabajo que dedujo la Corte a-qua, de la apreciación de las pruebas aportadas estimó correctamente como producto de un despido ejercido por la recurrente, sin que se advierta que para formar su criterio incurriera en desnaturalización alguna;


 * Considerando**, que la afirmación de la Corte a-qua en el sentido de que la recurrente no discutió los demás aspectos de la demanda, no es desmentida por el hecho de que algunos de los testigos se hayan referidos a los mismos, como pretende la recurrente, pues las declaraciones de éstos están al margen de los alegatos y argumentos presentados por la demandada, al invocar la existencia de contratos de trabajo cuya terminación se producía sin responsabilidad para las partes y que el Tribunal a-quo apreció se trataba de contratos de trabajo por tiempo indefinido;


 * Considerando**, que la sentencia impugnada contiene una relación completa de los hechos y motivos suficientes y pertinentes que permiten a esta corte verificar la correcta aplicación de la ley, razón por la que los medios que se examinan carecen de fundamento y deben ser desestimados.

B.J. NO. 1099, JUNIO 2002


 * Considerando**, que la afirmación de la Corte a-qua en el sentido de que la recurrente no discutió los demás aspectos de la demanda, no es desmentida por el hecho de que algunos de los testigos se hayan referido a los mismos como pretende la recurrente, pues las declaraciones de éstos están al margen de los alegatos y argumentos presentados por la demandada, al invocar la existencia de contratos de trabajo cuya terminación se producía sin responsabilidad para las partes y que el Tribunal a-quo apreció se trataba de contratos de trabajo por tiempo indefinido;


 * Considerando**, que la sentencia impugnada contiene una relación completa de los hechos y motivos suficientes y pertinentes que permiten a esta corte verificar la correcta aplicación de la ley, razón por la que los medios que se examinan carecen de fundamento y deben ser desestimados.

B.J. NO. 1099, JUNIO 2002


 * Considerando**, que la afirmación de la Corte a-qua en el sentido de que la recurrente no discutió los demás aspectos de la demanda, no es desmentida por el hecho de que algunos de los testigos se hayan referido a los mismos, como pretende la recurrente, pues las declaraciones de éstos están al margen de los alegatos y argumentos presentados por la demandada, al invocar la existencia de contratos de trabajo cuya terminación se producía sin responsabilidad para las partes y que el Tribunal a-quo apreció se trataba de contratos de trabajo por tiempo indefinido;


 * Considerando**, que la sentencia impugnada contiene una relación completa de los hechos y motivos suficientes y pertinentes que permiten a esta corte verificar la correcta aplicación de la ley, razón por la que los medios que se examinan carecen de fundamento y deben ser desestimados.

B.J. NO. 1099, JUNIO 2002


 * Considerando**, que el juez de los referimientos apoderado del conocimiento de una demanda en suspensión de ejecución de una sentencia del Juzgado de Trabajo, no puede, sobre la base de la valoración de los méritos de la demanda, reducir el monto de las condenaciones que dicha sentencia impone, pues con ello estaría invadiendo las facultades de los jueces apoderados del conocimiento del recurso de apelación que se intente contra la misma, lo que le está vedado al juez de referimientos;


 * Considerando**, que no constituye un vicio atribuible a la ordenanza impugnada el hecho de que el monto de la fianza sea elevado, en vista de que el mismo lo determinó el monto de las condenaciones impuestas a la recurrente por la sentencia cuya suspensión fue dispuesta por dicha ordenanza;


 * Considerando**, que la ordenanza impugnada contiene una relación completa de los hechos y motivos suficientes y pertinentes que permiten a esta corte verificar la correcta aplicación de la ley, razón por la cual el medio que se examina carece de fundamento y debe ser desestimado.

B.J. NO. 1099, JUNIO 2002


 * Considerando**, que después de haber sido interpuesto el recurso de casación de que se trata, y antes de ser conocido, las partes en sus respectivas calidades de recurrente y recurrido, han desistido de dicho recurso, desistimiento que ha sido aceptado por las misma

B.J. NO. 1099, JUNIO 2002


 * Considerando**, que el artículo 5 de la Ley No. 3726 sobre Procedimiento de Casación dispone que el recurso se interpondrá a través de un memorial depositado en la Secretaría de la Suprema Corte de Justicia en el plazo de dos meses a partir de la notificación de la sentencia impugnada;


 * Considerando**, que el artículo 6 de la indicada ley, establece que: “el Presidente proveerá auto mediante el cual autorizará el emplazamiento de la parte contra quien se dirige el recurso. El emplazamiento se encabezará con una copia del memorial de casación y una copia del auto del Presidente”;


 * Considerando**, que del estudio de la sentencia impugnada y del expediente abierto en ocasión del presente recurso, se advierte que la demanda original fue introducida por la actual recurrida por ante el Juzgado de Paz de Trabajo del Distrito Nacional, el 29 de agosto de 1988, durante la vigencia de la indicada Ley No. 637 y del Código de Trabajo del año 1951, siguiéndose el procedimiento instituido por esas normas jurídicas hasta que el recurso de apelación culminó con la sentencia impugnada dictada el 20 de enero de 1999, estando vigente el nuevo Código de Trabajo, en acatamiento a la resolución de la Suprema Corte de Justicia del 2 de julio de 1992;


 * Considerando**, que el recurrente depositó el escrito contentivo del recurso de casación, en la Secretaría de la Corte de Trabajo del Distrito Nacional, tribunal que dictó la sentencia impugnada, y no de la manera prescrita en los referidos artículos 5 y 6 de la Ley sobre Procedimiento de Casación, aplicables en la especie, que establece una formalidad cuyo incumplimiento debe ser observada a pena de inadmisibilidad.

B.J. NO. 1099, JUNIO 2002


 * Considerando**, que al momento de la terminación del contrato de trabajo del recurrido estaba vigente la Tarifa No. 1-97, dictada por el Comité Nacional de Salarios, en fecha 29 de julio de 1997, que establecía un salario mínimo de RD$1,932.00 mensuales para los trabajadores de Zonas Francas, por lo que el monto de veinte salarios mínimos ascendía a la suma de RD$38,640.00, monto que como es evidente no alcanza la totalidad de las condenaciones que impone la sentencia recurrida, por lo que el recurso de que se trata debe ser declarado inadmisible, de conformidad con lo que prescribe el artículo 641 del Código de Trabajo;


 * Considerando**, que cuando el recurso es decidido por un medio suplido de oficio por la Suprema Corte de Justicia, las costas pueden ser compensadas

B.J. NO. 1099, JUNIO 2002


 * Considerando**, que después de haber sido interpuesto el recurso de casación de que se trata, y ser conocido el mismo, las partes en sus respectivas calidades de recurrente y recurrido, han desistido de dicho recurso, desistimiento que ha sido aceptado por las mismas.

B.J. NO. 1099, JUNIO 2002


 * Considerando**, que de acuerdo con el artículo 5 de la Ley sobre Procedimiento de Casación, el recurrente debe indicar en su recurso todos los medios en que se funda éste; que como en la especie dicho recurrente no ha desarrollado los medios enunciados en su memorial, tal omisión impide a esta corte, en funciones de corte de casación verificar si las violaciones alegadas están presentes o no en la sentencia impugnada; que en esas condiciones el recurso de casación de que se trata carece de contenido ponderable y en consecuencia, debe ser declarado inadmisible

B.J. NO. 1099, JUNIO 2002


 * Considerando**, que la recurrente no puede invocar que la Corte a-qua violó el principio de que “nadie puede fabricarse su propia prueba” al considerar que el contrato de trabajo concluyó por la voluntad unilateral del empleador, pues esa terminación alegada por el trabajador, fue la que sirvió de base a la demanda, sin lo cual no le era posible a la demandante reclamar los derechos señalados en sus conclusiones, por lo que en el caso de que el Tribunal a-quo hubiere cometido esa violación era la recurrida la que tenía facultad para presentarlo como un medio de casación;


 * Considerando**, que la variación en la posición del actual recurrente, en cuanto a la fecha de la terminación del contrato de trabajo, no tuvo ninguna repercusión en la decisión tomada por la Corte a-qua pues, como bien lo precisa la sentencia impugnada, tomada cualquiera de las dos fechas indicadas, primero o veinte de noviembre de 1999, para la fecha en que fue depositado el escrito contentivo de la demanda, el 25 de febrero del 2000, ya había vencido el plazo de dos meses que fija el artículo 702 del Código de Trabajo para reclamar prestaciones laborales y de tres meses, establecido por el artículo 703 de dicho código para el inicio de la acción en reclamación de salarios dejados de pagar;


 * Considerando**, que la sentencia impugnada contiene una relación completa de los hechos de la causa y motivos suficientes y pertinentes que permiten a esta corte verificar la correcta aplicación de la ley, razón por la cual el medio que se examina carece de fundamento y debe ser desestimado.

B.J. NO. 1099, JUNIO 2002


 * Considerando**, que del estudio del expediente se advierte que, tras ponderar las pruebas aportadas, el Tribunal a-quo dio por establecido que la recurrente pagaba el salario a la recurrida de manera irregular, en ocasiones mediante cheques que eran devueltos por falta de fondos, basándose para ello en las declaraciones de los testigos aportados por esta última, las cuales apreció más creíbles que las formuladas por los testigos presentados por la empresa, en uso del soberano poder de apreciación de que disfrutan los jueces del fondo en esta materia, el cual les permite, frente a declaraciones disímiles, acoger aquellas que le merezcan más créditos y desestimar, las que a su juicio carecen de veracidad;


 * Considerando**, que habiéndose establecido la irregularidad en los pagos que debía recibir la demandante, resultaba innecesario a los fines de establecer la justa causa de la dimisión, el señalamiento en la sentencia impugnada de la fecha en que la empleadora debió pagar el salario correspondiente al mes de enero del año 1996, y que al decir de la recurrida en su carta de dimisión no se le había hecho efectivo, al momento en que le puso término al contrato de trabajo, lo que ocurrió el 29 de febrero del indicado año;


 * Considerando**, que de igual manera en la sentencia impugnada se hace constar que los cheques que la recurrente aportó para demostrar que había realizado el pago reclamado por la recurrida, fueron depositados en fotocopias, sin que la recurrente haya demostrado, por medio del procedimiento legal que corresponde cumplir para demostrar la falsedad en que se incurra en un documento auténtico, como lo es la sentencia, por lo que debe aceptarse como un hecho irrebatible, lo indicado al respecto por la sentencia impugnada; que además, si bien la Corte a-qua precisa que dichos documentos carecen de valor jurídico, por haber sido depositados en fotocopias, también da como motivo para desconocerle ese valor, el hecho de que los mismos se refieren a pagos correspondientes al mes de febrero y no al mes reclamado por la demandante, lo que es indicativo de que dichos documentos fueron ponderados por la Corte a-qua y que los vicios invocados por la recurrente son inexistentes, razón por la cual el medio que se examina carece de fundamento y debe ser desestimado.

B.J. NO. 1100, JULIO 2002


 * Considerando**, que para los jueces determinar que el salario del recurrido era de Diez Mil Pesos Oro (RD$10,000.00), analizaron las pruebas aportadas, particularmente las declaraciones prestadas por el señor Geremía Espíritusanto, representante de la empresa en la audiencia de comparecencia, que por ostentar esa condición hablaba en su nombre, sin importar la categoría que como empleado tuviere, las cuales han sido objeto de estudio por parte de esta corte frente al alegato de desnaturalización invocado por la recurrente, no advirtiéndose que al apreciarlas, el Tribunal a-quo incurriera en desnaturalización alguna;


 * Considerando**, que no constituye violación al principio de la inmutabilidad del proceso, ni un fallo ultra petita, el hecho de que un tribunal, al decidir una demanda establezca que el monto del salario a tomar en cuenta para el cómputo de los derechos del trabajador demandante es mayor al invocado por el empleador y menor que el alegado por dicho demandante, pues con ello el tribunal actúa dentro de los límites del apoderamiento que le impone la demanda y en uso de sus facultades para determinar la verdad en los casos que son puestos para su decisión;


 * Considerando**, que la sentencia impugnada contiene una relación completa de los hechos y motivos suficientes y pertinentes que permiten a esta corte verificar la correcta aplicación de la ley, razón por la cual los medios que se examinan carecen de fundamento y deben ser desestimados.

B.J. NO. 1100, JULIO 2002


 * Considerando**, que además de la motivación de la sentencia impugnada, la cual comparte esta corte de casación, el artículo 729, del Código de Trabajo, dispone la liberación de impuestos y derechos de toda naturaleza a los contratos, los convenios colectivos y los reglamentos de trabajo, las actas constitutivas de sindicatos, federaciones y confederaciones y las actas y documentos relacionados con el procedimiento administrativo y judicial en materia de trabajo, teniendo como base que los actores del proceso laboral son mayormente de escasos recursos económicos, por lo que es inadmisible aceptar que para ejercer las acciones en reconocimiento de sus derechos, los trabajadores extranjeros transeúntes tuvieren que depositar la fianza judicatum solvi;


 * Considerando**, que asimismo las disposiciones del IV Principio Fundamental del Código de Trabajo, que declara las leyes concernientes al trabajo de carácter territorial y dispone a la vez que: “rigen sin distinción a dominicanos y a extranjeros, salvo las derogaciones admitidas en convenios internacionales”, mientras que el VII Principio Fundamental del Código de Trabajo prohíbe que: “cualquier discriminación, exclusión o preferencia basada en motivos de sexo, edad, raza, color, ascendencia nacional, origen social, opinión política, militancia sindical o creencia religiosa, salvo las excepciones previstas por la ley con fines de protección a la persona del trabajador”, lo que hace inaplicables las disposiciones del artículo 16 del Código Civil, que obliga a los extranjeros transeúntes, sin bienes inmuebles en el país, a depositar la fianza Judicatum Solvi, cuando actúan como demandante principales, pues al no ser una disposición que se aplica a los nacionales se estaría dando un tratamiento discriminatorio al trabajador demandante, por su condición de extranjero, lo que prohíben los principios fundamentales arriba señalados;


 * Considerando**, que la sentencia impugnada contiene una relación completa de los hechos y motivos suficientes y pertinentes que permiten a esta corte verificar la correcta aplicación de la ley, razón por la cual el medio que se examina carece de fundamento y debe ser desestimado.

B.J. NO. 1100, JULIO 2002


 * Considerando**, que al no haber en el Código de Trabajo una disposición que prescriba expresamente la sanción que corresponde cuando la notificación del memorial al recurrido no se haya hecho en el plazo de cinco días a que se refiere el artículo 643 del referido código, debe aplicarse la sanción prevista en el artículo 7 de la Ley No. 3726 del 23 de noviembre de 1966, que declara caduco el recurso, cuando el recurrente no emplazare al recurrido en el término fijado por la ley. Esta caducidad será pronunciada a pedimento de la parte interesada o de oficio;


 * Considerando**, que del estudio de las piezas que componen el expediente abierto en ocasión del presente recurso, se advierte que el mismo fue interpuesto mediante escrito depositado por la recurrente en la Secretaría de la Corte de Trabajo del Departamento Judicial de San Pedro de Macorís el 21 de septiembre del 2001, y notificado al recurrido el 22 de octubre del 2001, por Acto No. 332/2001, diligenciado por Andrés J. Guerrero Acosta, Alguacil de Estrados de la Sala No. 1 del Juzgado de Paz Especial de Tránsito de San Pedro de Macorís, cuando se había vencido el plazo de cinco días establecido por el artículo 643 del Código de Trabajo para la notificación del recurso de casación, razón por la cual debe declararse su caducidad.

B.J. NO. 1100, JULIO 2002

<span style="background-color: #ffffff; color: #666666; font-family: Verdana,Arial,Helvetica,sans-serif; font-size: 12px;">**Considerando**, que la sentencia impugnada, lejos de contradecir la sentencia apelada, abunda en motivos para mantener dicho fallo, al dedicar un considerando para justificar el rechazo del pago de la participación de los beneficios y salario navideño reclamado por el demandante, señalando que la empresa demandada demostró haberse liberado de esas obligaciones, entregando las sumas correspondientes al trabajador recurrido, entendiéndose que al acoger la demanda original, lo hace en cuanto al alegato de despido injustificado y reclamación de prestaciones laborales, tal como lo expresa en uno de sus motivos, razón por la cual el medio que se examina carece de fundamento y debe ser desestimado.

B.J. NO. 1100, JULIO 2002


 * Considerando**, que el artículo 641 del Código de Trabajo, declara que no serán admisibles los recursos de casación contra las sentencias cuyas condenaciones no excedan de veinte salarios mínimos;


 * Considerando**, que la sentencia impugnada condena a la recurrente pagar al recurrido los valores siguientes: catorce días de salarios por concepto de preaviso, trece días de salario por concepto de auxilio de cesantía; siete días por concepto de vacaciones; quince días de salarios por concepto de salario navideño; cuarenta y cinco días por participación en los beneficios de la empresa y seis meses de salarios por aplicación del párrafo 3ro. del artículo 95 del Código de Trabajo, en base a un salario de RD$2,010, mensuales, o sea, RD$84.34 diarios, lo que hace un total de RD$19,988.66;


 * Considerando**, que al momento de la terminación del contrato de trabajo del recurrido estaba vigente la Tarifa No. 3-95, dictada por el Comité Nacional de Salarios, en fecha 8 de mayo de 1995, que establecía un salario mínimo de RD$2,010.00 mensuales, por lo que el monto de veinte salarios mínimos ascendía a la suma de RD$40,200.00, monto que como es evidente no alcanza la totalidad de las condenaciones que impone la sentencia recurrida, por lo que el recurso de que se trata debe ser declarado inadmisible, de conformidad con lo que prescribe el artículo 641 del Código de Trabajo.

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 * Considerando**, que cuando en un contrato por tiempo indefinido, el empleador garantiza al trabajador la utilización de sus servicios durante un período determinado, en caso de terminación del contrato de trabajo con responsabilidad para el empleador, ya fuere por despido injustificado o dimisión justificada, éste debe pagar las indemnizaciones laborales propias de toda terminación por desahucio del contrato de trabajo por tiempo indefinido, así como los salarios correspondientes al período garantizado, no por aplicación del ordinal 2, del artículo 95 del Código de Trabajo, pues no se trata de un contrato por cierto tiempo, caso en que se aplicaría la opción indicada en ese ordinal, sino porque la responsabilidad en la que incurre el empleador con esas causas de terminación del contrato, debe ser tomada como la causante de que el trabajador no llegare a percibir esos salarios al no permitírsele continuar con la prestación de sus servicios personales;


 * Considerando**, que como en la especie el Tribunal a-quo dio por establecido que el contrato terminó por una dimisión justificada, lo que puede considerarse como un despido indirecto, fue correcta su decisión de condenar al empleador al pago de los salarios que el trabajador habría recibido durante el tiempo que se le garantizó su estadía en la empresa, además de las indemnizaciones laborales ya dichas, a lo que habría tenido derecho si la dimisión justificada se hubiere producido después del vencimiento del término garantizado cuando ya el trabajador habría devengado los salarios correspondientes a dicho periodo, razón por la cual el medio que se examina carece de fundamento y debe ser desestimado.

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 * Considerando**, que en la especie, el Tribunal a-quo dio por establecido que la recurrida Camaronera Dominicana, S. A., estaba registrada ante el organismo correspondiente, Dirección General de Impuestos Internos, como una sociedad comercial, por lo que el señor Luis Guardiola, ni ningún otro dirigente de la empresa, es responsable frente a los trabajadores de dicha empresa, del cumplimiento de las obligaciones derivadas de los contratos de trabajo y las leyes laborales, por ser frente a éstos representantes de la empleadora, a la que comprometían con sus actividades, lo que apreció el Tribunal a-quo de la certificación que a ese respecto expidió el indicado organismo oficial;


 * Considerando**, que por demás, los recurrentes presentan al señor Luis Guardiola como una persona física que dirigía la empresa, sin indicar cuales empresas constituían el grupo económico que daría lugar a la aplicación del referido artículo 13 del Código de Trabajo, ni demostrado que los mismos hayan prestado sus servicios personales a dicho señor, como ente individual, lo que haría aplicable la solidaridad establecida por el artículo 63 del Código de Trabajo, entre los diversos empleadores a quienes los trabajadores hayan prestado sus servicios personales, como consecuencia de una cesión, transferencia o sustitución de empleadores, por lo que el medio que se examina carece de fundamento y debe ser desestimado;


 * Considerando**, que cuando ambas partes sucumben en sus pretensiones, las costas pueden ser compensadas.

B.J. NO. 1100, JULIO 2002


 * Considerando**, que del estudio de la sentencia impugnada y de los documentos que integran el expediente se advierte que la recurrente discutió ante la Corte a-qua el hecho del despido y el salario alegado por el demandante y no así la reclamación del pago de salarios por concepto de participación en los beneficios, negando haber obtenido beneficios o haberlos pagado, para oponerse a ese pedimento, por lo que el mismo constituye un nuevo medio en casación;


 * Considerando**, que salvo se trate de un medio de orden público, no se puede hacer valer ante la Corte de Casación, ningún medio que no haya sido expresado o implícitamente sometido por la parte que lo invoca al tribunal del cual proviene la sentencia impugnada, razón por la cual el medio de que se trata es inadmisible.

B.J. NO. 1100, JULIO 2002


 * Considerando**, que en virtud de los artículos 640 y 642 del Código de Trabajo, el recurso de casación se interpone mediante un escrito depositado en la secretaría del tribunal que dictó la sentencia, que contendrá los medios en los cuales se funda el recurso, así como los fundamentos en que se sustentan las violaciones de la ley alegada por el recurrente, formalidad sustancial para la admisión del indicado recurso;


 * Considerando**, que para cumplir el voto de la ley no basta la simple mención de un texto legal y los principios jurídicos cuya violación se invoca, siendo indispensable, que el recurrente desenvuelva, en el memorial correspondiente, aunque sea de una manera sucinta, los medios en que funda su recurso, y que exponga en que consisten las violaciones por él denunciadas, lo que no ha ocurrido en la especie, ya que la recurrente se limita a señalar que “la sentencia carece de suficiente motivación en cuanto al derecho que sirve de fundamento al resultado de la misma; que en la supra indicada sentencia se le ha dado a las pruebas documentales una errónea apreciación; que en la referida sentencia se ha incurrido en una violación del artículo 141 del Código de Procedimiento Civil”, lo que impide a esta corte determinar en funciones de Corte de Casación, si la sentencia impugnada incurre en la violación denunciada, razón por la cual debe ser declarado inadmisible;


 * Considerando**, que cuando el recurso es decidido por un medio suplido de oficio por la Suprema Corte de Justicia, procede la compensación de las costas.

B.J. NO. 1100, JULIO 2002


 * Considerando**, que el artículo 641 del Código de Trabajo, declara que no serán admisibles los recursos de casación contra las sentencias cuyas condenaciones no excedan de veinte salarios mínimos;


 * Considerando**, que la sentencia impugnada condena a la recurrida pagar al recurrente, los siguientes valores: A) la suma de RD$1,762.48 por concepto de 14 días de vacaciones; B) la suma de RD$500.00 por concepto de proporción de salario de navidad; C) la suma de RD$5,665.12 por concepto de 45 días de participación en los beneficios de la empresa; lo que hace un total de RD$7,927.60;


 * Considerando**, que al momento de la terminación del contrato de trabajo del recurrente estaba vigente la Tarifa No. 9-99, dictada por el Comité Nacional de Salarios, en fecha 3 de julio de 1999, que establecía un salario mínimo de RD$2,895.00 mensuales, por lo que el monto de veinte salarios mínimos ascendía a la suma de RD$57,900.00, monto que como es evidente no alcanza la totalidad de las condenaciones que impone la sentencia recurrida, razón por la cual el recurso de que se trata debe ser declarado inadmisible, de conformidad con lo que prescribe el artículo 641 del Código de Trabajo

B.J. NO. 1100, JULIO 2002


 * Considerando**, que en el desarrollo del segundo medio de casación propuesto la recurrente alega, en síntesis, lo siguiente: “que al notificar la sentencia impugnada la recurrida no hace mención del plazo en razón de la distancia para recurrir en casación dicha sentencia, ya que el domicilio social de los recurrentes se encuentra en la ciudad de Puerto Plata y sus abogados en la ciudad de Santo Domingo, o sea a 240 kilómetros de distancia, que no han sido tomados en cuenta para darle oportunidad a que presenten sus medios de defensa”;


 * Considerando**, que los medios contentivos de un recurso de casación deben ser dirigidos a criticar y denunciar violaciones de las que adolezca la sentencia que se impugne, no contra actuaciones posteriores de las partes como se advierte hace la recurrente en el segundo medio del recurso, al presentar como un vicio de la sentencia impugnada una falta atribuida en la notificación de dicha sentencia, situación ajena a la Corte a-qua y que acontece después de la decisión adoptada por los jueces que integran dicha corte, razón por la cual el mismo es declarado inadmisible.

B.J. NO. 1100, JULIO 2002


 * Considerando**, que en cuanto a los demás argumentos contenidos en el ya indicado medio de casación, tal y como lo indica la recurrida en su memorial de defensa, el recurrente, en ninguna parte de su memorial explica en que consistieron dichas violaciones, más sin embargo, es deber de esta Corte señalar que las condenaciones impuestas al recurrente en la sentencia impugnada, nada tienen de irrazonables, por ajustarse enteramente a la ley, pues tal y como ya se ha dicho, este caso no tiene nada que ver con la relación que existió entre la recurrida y el Banco Latinoamericano, S. A., por lo que dichos argumentos deben ser desestimados por improcedentes y mal fundados;


 * Considerando**, que la sentencia impugnada contiene una relación completa de los hechos y motivos suficientes y pertinentes que justifican su dispositivo y que han permitido a esta Corte, verificar que en la especie hubo una correcta aplicación de la ley

B.J. NO. 1100, JULIO 2002


 * Considerando**, que al momento de la terminación del contrato de trabajo del recurrido estaba vigente la Tarifa No. 3/97 dictada por el Comité Nacional de salarios, en fecha 29 de septiembre de 1997, que establecía un salario mínimo de RD$2,040.00 mensuales, por lo que el monto de veinte salarios mínimos ascendía a la suma de RD$40,800.00, monto que como es evidente no alcanza la totalidad de las condenaciones que impone la sentencia recurrida, por lo que el recurso de que se trata debe ser declarado inadmisible, de conformidad con lo que prescribe el artículo 641 del Código de Trabajo.

B.J. NO. 1100, JULIO 2002


 * Considerando**, que el efecto devolutivo del recurso de apelación no implica la invalidez de los actos procesales celebrados en primer grado, lo que permite que un juez de segundo grado sustancie el conocimiento del recurso de apelación con las pruebas aportadas ante el tribunal de primera instancia, siempre que las pondere conjuntamente con las que se produzcan en la alzada;


 * Considerando**, que en la especie el derecho de defensa de la recurrente le fue protegido, ya que se le permitió la audición de nuevos testigos, cuyo testimonio el Tribunal a-quo analizó y comparó con el aportado en el tribunal de primer grado, el cual era conocido por la recurrente por haber participado en su producción y figurar en el cuerpo de la sentencia recurrida en apelación;


 * Considerando**, que de esa ponderación el Tribunal a-quo llegó a la conclusión de que la demandante fue despedida por la demandada, para lo cual consideró como una manifestación inequívoca de esta última de poner término al contrato de trabajo, no tan sólo la expresión de que “tenía que despedirla”, sino además, lo afirmado por la testigo de que fue despedida de manera específica en su presencia, haciendo uso del soberano poder de apreciación de que disfrutan los jueces del fondo en esta materia, sin que se advierta que incurriera en desnaturalización alguna, razón por la cual el medio que se examina carece de fundamento y debe ser desestimado.

B.J. NO. 1100, JULIO 2002


 * Considerando**, que en su memorial de defensa el recurrido plantea la inadmisibilidad del recurso, alegando que el recurrente no desarrolla ningún medio;


 * Considerando**, que el artículo 640 del Código de Trabajo, dispone que: “el recurso de casación se interpondrá mediante escrito dirigido a la suprema Corte de Justicia y depositado en la secretaría del tribunal que haya dictado la sentencia, acompañado de los documentos, si los hubiere”, mientras que el inciso 4to., del artículo 642 de dicho código establece que ese escrito contendrá “los medios en los cuales se funde el recurso, y las conclusiones”;


 * Considerando**, que en el escrito contentivo del recurso de casación la recurrente se limita a expresa que: “la sentencia precedentemente señalada carece de motivación de los medios de hecho y derecho que sirva de fundamento para la emisión de la misma. Que la Corte a-qua incurrió en violación a las reglas formales en la emisión de la sentencia, precedentemente señalada; que se incurrió en violación a los artículos 141 del Código de Procedimiento Civil y 537 del Código de Trabajo”;


 * Considerando**, que para cumplir con el voto de la ley es necesario que el recurrente desarrolle los medios que propone, aunque fuere de manera sucinta, indicando en que consisten las violaciones atribuidas a la sentencia impugnada y la forma en que las mismas se cometieron; que al no hacerlo así el recurso de que se trata debe ser declarado inadmisible

B.J. NO. 1100, JULIO 2002


 * Considerando**, que del estudio del expediente abierto en ocasión del presente recurso y de la sentencia impugnada se advierte que la actual recurrente compareció a la audiencia donde se conoció el fondo del recurso de apelación de que se trata, presentando conclusiones sobre el mismo; que tal como lo alega la recurrente, en la sentencia impugnada no figuran transcritas esas conclusiones, figurando sólo las presentadas por la actual recurrida, lo que constituye una violación al artículo 537 del Código de Trabajo, que dispone que la sentencia contendrá, entre otras enunciaciones, los pedimentos de las partes, situación esta que impide a esta corte verificar si el Tribunal a-quo respondió las mismas, como era su obligación, razón por la cual la sentencia debe ser casada;


 * Considerando**, que cuando la sentencia es casada por una falta procesal a cargo de los jueces, las costas pueden ser compensadas.

B.J. NO. 1100, JULIO 2002


 * Considerando**, que independientemente de que ha sido criterio constante de esta corte, que la ausencia en una sentencia, de los datos referentes a una de las partes y de sus representantes no es causa de nulidad de dicha sentencia, si la misma no impide la identificación de la parte cuyos datos se omiten, en la especie la sentencia impugnada hace constar que la recurrente estuvo debidamente representada por su Director Ejecutivo Lic. Aníbal García Duvergé y que tuvo como abogados constituidos y apoderados especiales a los Dres. Julio César Sánchez, Fanny Castillo Cedeño, Miguel Fernández Vélez y Manuel Antonio Díaz Puello, razón por la cual el medio que se examina carece de fundamento y debe ser desestimado.

B.J. NO. 1100, JULIO 2002


 * Considerando**, que en la sentencia impugnada se hace constar que la recurrente depositó en el expediente los documentos que alude en el medio que se examina; que a pesar del enunciado de esos documentos, la sentencia recurrida no hace un análisis de los mismos, ni indica cual es su contenido, lo que evidencia que éstos no fueron ponderados por el Tribunal a-quo;


 * Considerando**, que si bien los jueces del fondo pueden, frente a pruebas disímiles, acoger las que les merezcan más crédito, esto es a condición de que realicen una ponderación de todas las pruebas aportadas, pues con la omisión del análisis de algunas de esas pruebas, no les es posible hacer uso del soberano poder de apreciación de que disfrutan, sin incurrir en desnaturalización de los hechos de la causa;


 * Considerando**, que la falta de ponderación de los documentos señalados y de los motivos por los cuales no fueron tomados en cuenta imposibilitan a esta corte verificar si la ley ha sido bien aplicada, razón por la cual la sentencia debe ser casada, sin necesidad de examinar el otro medio del recurso;


 * Considerando**, que cuando la sentencia es casada por una falta procesal a cargo de los jueces, las costas pueden ser compensadas.

B.J. NO. 1100, JULIO 2002


 * Considerando**, que en virtud de que el artículo 2279 del Código Civil prescribe que “en materia de muebles, la posesión vale título”, existe una presunción de que todo poseedor de un mueble es propietario del mismo, de donde se deriva que el que pretenda que esa propiedad corresponde a otro, debe hacer la prueba de esa circunstancia;


 * Considerando**, que en la especie, la sentencia impugnada no precisa en posesión de quién estaban los muebles embargados por la actual recurrida y si esa posesión era a título precario, elementos de importancia capital para determinar a cargo de quién estaba la prueba de la propiedad de los mismos, lo que hace que la misma carezca de motivos suficientes y pertinentes que permitan a esta corte verificar la correcta aplicación de la ley, razón por la cual debe ser casada;


 * Considerando**, que cuando la sentencia es casada por falta de motivos, las costas pueden ser compensadas.

B.J. NO. 1100, JULIO 2002


 * Considerando**, que el artículo 641 del Código de Trabajo dispone que: “No será admisible el recurso después de un mes a contar de la notificación de la sentencia ni cuando ésta imponga una condenación que no exceda de veinte salarios mínimos”;


 * Considerando**, que la sentencia del Juzgado de Trabajo del Distrito Nacional, confirmada por el fallo impugnado, condena a la recurrente pagar al recurrido los valores siguientes: 14 días de preaviso; 10 días de cesantía; 8 días de vacaciones; salario de navidad; bonificación; más el pago de cinco meses de salarios por aplicación del artículo 95 ordinal 3ro. del Código de Trabajo en base a un salario de RD$870.00 quincenales, lo que hace un monto de RD$14,616.98;


 * Considerando**, que al momento de la terminación del contrato de trabajo estaba vigente la Resolución No. 3-95, dictada por el Comité Nacional de Salarios el 8 de agosto de 1995, que establecía un salario mínimo de RD$1,700.00 mensuales para los vigilantes, por lo que el monto de veinte salario mínimos ascendía a RD$34,000.00, suma que como es evidente no alcanza las condenaciones impuestas por la sentencia impugnada, razón por la cual el recurso debe ser declarado inadmisible al tenor del artículo 641 del Código de Trabajo.

B.J. NO. 1100, JULIO 2002


 * Considerando**, que de igual forma el Tribunal a-quo dio por establecido el hecho del despido, al aceptar como creíble el testimonio del señor Rafael Burgos, quién afirmó que Caribe Tours, C. por A., votó al recurrido, para lo cual hizo uso del soberano poder de apreciación de que disfrutan los jueces del fondo en esta materia;


 * Considerando**, que la recurrente, al plantear el vicio de falta de ponderación de documentos aportados, no indica cuales son éstos documentos y en que medidas podía influir en la suerte del proceso, lo que imposibilita a esta corte verificar si el análisis de los mismos podría eventualmente hacer variar el fallo impugnado, sobre todo cuando el Tribunal a-quo hace mención de documentos analizados por los jueces del fondo y que sirvieron de fundamento a su fallo;


 * Considerando**, que la sentencia impugnada contiene motivos suficientes y pertinentes que permiten a esta corte verificar la correcta aplicación de la ley, razón por la cual el medio que se examina carece de fundamento y debe ser desestimado.

B.J. NO. 1100, JULIO 2002


 * Considerando**, que habiendo dado por establecido la Corte a-qua, que la recurrente es una entidad regida por la indica Ley No. 5897, debió determinar si el inmueble embargado había sido dado en garantía de algún préstamo concedido por ella, en cuyo caso el mismo se tornaba en inembargable, condición ésta que para su desaparición, al tenor del artículo 731 del Código de Trabajo, requería de la existencia de una sentencia condenatoria con autoridad de la cosa irrevocablemente juzgada en contra del deudor hipotecario y a favor del trabajador embargante, elemento este al que no se refiere la sentencia impugnada;


 * Considerando**, que por otra parte, del estudio de la sentencia se advierte que la recurrente no ha pretendido la suspensión de la ejecución de la sentencia dictada por el Juzgado de Trabajo del Distrito Judicial de Monseñor Nouel, a favor de los recurridos, por no imponer condenaciones contra ella dicha sentencia, caso en que sí se le podía exigir el depósito del duplo de las condenaciones, al tenor del artículo 539 del Código de Trabajo, sino que su acción consistió en demandar la nulidad de un embargo realizado en base a la misma, para lo que le bastaba demostrar que el bien embargado constituía la garantía de un préstamo hipotecario;


 * Considerando**, que la sentencia impugnada contiene motivos erróneos e insuficientes, a la vez que carece de base legal, razón por la cual la misma debe ser casada;


 * Considerando**, que cuando la sentencia es casada por falta de base legal, las costas pueden ser compensadas.

B.J. NO. 1100, JULIO 2002


 * Considerando**, que como el recurrente reclamó prestaciones que no le corresponden, el Tribual a-quo no podía declarar su incompetencia y atribuírsela a otro tribunal, como pretende el recurrente, pues de lo que se trata, no es de reclamaciones que correspondan a otra jurisdicción decidir, sino reclamación de derechos inexistentes, que como tales no podrán ser concedidos por ningún tribunal;


 * Considerando**, que aún cuando el ingeniero Juan Quiñones, en su condición de Síndico Municipal, hubiere designado de manera irregular al recurrente, no torna la relación en un contrato de trabajo, ya que no obstante la irregularidad, los servicios fueron prestados al Ayuntamiento Municipal, quien asintió a la contratación al pagar la remuneración correspondiente y no objetar la designación del señor Pablo Silverio, lo que descarta las pretensiones del recurrente de presentar a dicho recurrido como su empleador;


 * Considerando**, que la sentencia impugnada contiene una relación completa de los hechos y motivos suficientes y pertinentes, que permiten a esta corte verificar la correcta aplicación de la ley, razón por la cual el medio que se examina carece de fundamento y debe ser desestimado;


 * Considerando**, que no ha lugar a estatuir sobre las costas, en vista, de que por haber incurrido en defecto el recurrido no solicitó su condenación.

B.J. NO. 1100, JULIO 2002


 * Considerando**, que en la ordenanza impugnada consta lo siguiente: “que el ejercicio de la facultad de autorizar con carácter de medida de instrucción la producción de uno o más documentos posteriores al depósito del escrito inicial, es necesario que se cumpla con el procedimiento que establecen los artículos 545 y 546 del Código de Trabajo, que incluye la remisión de la solicitud a la parte contraria para que se pronuncie al respecto, poniendo de este modo a esta Corte en condiciones de examinar sobre la procedencia o no de dicha solicitud”;


 * Considerando**, que evidentemente en la ordenanza impugnada se pone a cargo de la parte impetrante, hoy recurrente, la obligación de notificar la instancia en solicitud de autorización de depósitos de documentos, así como los documentos mismos a cargo de la parte impetrante, cuando lo cierto es que de conformidad con las disposiciones de los artículos 545 segunda parte, 631 y 632 del Código de Trabajo, corresponde al secretario de la Corte, en ausencia de notificación por la parte impetrante, notificar a la parte recurrida la instancia y los documentos depositados y proceder dentro de los plazos establecidos por dichas disposiciones legales; que al entenderlo en la forma expuesta en los motivos, la sentencia se encuentra viciada por desconocimiento de la ley y en tal sentido debe ser casada;


 * Considerando**, que cuando la decisión es casada por faltas procesales a cargo de los jueces, las costas pueden ser compensadas.

B.J. NO. 1100, JULIO 2002


 * Considerando**, que del estudio de la sentencia impugnada se advierte que la recurrente centró toda su defensa en la negación de la condición de trabajador del reclamante, sin discutir el hecho del despido, sobre el cual no tenía que dar ninguna motivación el Tribunal a-quo, al dar por establecido el contrato de trabajo alegado por el recurrido, por no ser un aspecto debatido en el presente litigio, lo que hace intrascendente que en la sentencia impugnada no se explique la forma en que éste se produjo;


 * Considerando**, que asimismo se advierte que de la ponderación de la prueba aportada, la Corte a-qua determinó que el demandante prestó sus servicios personales a Villas Doradas Vacation Club y al Hotel Villas Doradas, lo que hace responsables a ambas de manera solidaria del pago de las prestaciones laborales que correspondan al recurrido, al tenor de las disposiciones de los artículos 63 y 64 del Código de Trabajo, por lo que para el rechazo de la exclusión del Hotel Villas Doradas, el tribunal no tenía que motivarlo en la existencia del fraude que exige el artículo 13 del Código de Trabajo, pues el fundamento de la solidaridad no fue la existencia de un conjunto económico al que pertenecieren dichas empresas, sino la condición de cada una de ella de empleadoras del reclamante;


 * Considerando**, que la sentencia impugnada contiene una relación completa de los hechos y motivos suficientes y pertinentes que permiten a esta Corte verificar la correcta aplicación de la ley, razón por la cual el medio que se examina carece de fundamento y debe ser desestimado.

B.J. NO. 1100, JULIO 2002


 * Considerando**, que de acuerdo con el artículo 5 de la Ley No. 3726 sobre Procedimiento de Casación, no se puede interponer recurso de casación contra las sentencias preparatorias sino después de la sentencia definitiva;


 * Considerando**, que la sentencia impugnada se limita a acumular las conclusiones planteadas por la recurrente para ser decididas conjuntamente con lo principal y a prorrogar la audiencia para proceder a la audición de testigos de la propia recurrente, fijando la fecha de la celebración de la audiencia a esos fines;


 * Considerando**, que esa sentencia no prejuzgó el fondo, ni permite apreciar cual sería la decisión del tribunal sobre las conclusiones cuya decisión acumuló, teniendo un carácter preparatorio y como tal recurrible en casación conjuntamente con la sentencia que decidiera el asunto principal, de lo cual no hay constancia en el expediente que hubiere ocurrido, razón por la cual el recurso debe ser declarado inadmisible, por violación del artículo 5 de la Ley No. 3726 sobre Procedimiento de Casación

B.J. NO. 1101, AGOSTO 2002


 * Considerando**, que con su actuación los jueces se enmarcaron dentro de las facultades que les reconoce la ley de apreciar soberanamente las pruebas aportadas y decidir los asuntos puestos a su cargo de acuerdo al criterio que se formen del análisis de esas pruebas, dando por establecido además los otros hechos de la demanda, como es la duración de los contratos de trabajo y otros elementos no discutidos por la actual recurrente;


 * Considerando**, que independientemente de que en la sentencia impugnada no se advierte el factor que utilizó la Corte a-qua para determinar el salario diario de los reclamantes en el momento en que se produjo la terminación de los contratos de trabajo, el artículo 14 del Reglamento No. 258-93 del 12 de octubre de 1993, para la aplicación del Código de Trabajo, disponía que la determinación del promedio diario del salario de todo trabajador cuya remuneración se valorara por mes, se obtendría de la división del importe total de los salarios devengados durante el último año o fracción de año anterior a la terminación del contrato, entre el número de meses trabajados y el cuociente se dividirá a su vez entre 23.83, factor este que se utilizaba para todo tipo de trabajador, sin distinguir la cantidad de horas que laborara en el día, siendo indiferente que los trabajadores tuvieren una jornada normal de ocho o diez horas;


 * Considerando**, que la sentencia impugnada contiene una relación completa de los hechos y motivos suficientes y pertinentes que permiten a esta corte verificar la correcta aplicación de la ley.

B.J. NO. 1101, AGOSTO 2002


 * Considerando**, que el papel activo del juez le autoriza a tomar medidas que él considere necesarias para la sustanciación del proceso en ausencia de pedimentos de las partes, pero no le obliga a sustituir a éstas en el manejo de la documentación y en las gestiones que deben realizar para hacer valer sus derechos y la presentación de las pruebas que están a su alcance para demostrar los hechos a su cargo, por lo que el tribunal no estaba obligado a requerir a las autoridades administrativas de la Secretaría de Estado de Trabajo, la información sobre la comunicación de la dimisión de los demandantes;


 * Considerando**, que el hecho de que la Corte a-qua estableciera la existencia de la dimisión mediante la carta de comunicación de ésta al empleador, no contradice su criterio de que dicha dimisión no fue comunicada al Departamento de Trabajo, por tratarse de documentos y actuaciones distintas, pudiendo existir uno y otro no;


 * Considerando**, que la sentencia impugnada contiene una relación completa de los hechos y motivos suficientes y pertinentes que permiten a esta corte verificar la correcta aplicación de la ley, razón por la cual el medio que se examina carece de fundamento y debe ser desestimado.

B.J. NO. 1101, AGOSTO 2002


 * Considerando**, que en la especie, el Tribunal a-quo apreció que si bien el acto de la demanda estaba redactado de manera ambigua en cuanto al señalamiento de la causa de terminación del contrato de trabajo, esa circunstancia no impedía el conocimiento del asunto ni violentaba el derecho de defensa de la actual recurrente, debido a que esa causa se determinaría en el curso del proceso y porque cual que fuere ella, el objeto de la demanda era el mismo, la obtención del pago de prestaciones laborales por la terminación del contrato de trabajo con responsabilidad para el empleador;


 * Considerando**, que la sentencia impugnada contiene una relación completa de los hechos y motivos suficientes y pertinentes que permiten a esta corte verificar la correcta aplicación de la ley, razón por la cual los medios que se examinan carecen de fundamento y deben ser desestimados

B.J. NO. 1101, AGOSTO 2002


 * Considerando**, que la sentencia de la Tercera Sala del Juzgado de Trabajo del Distrito Judicial de Santiago, confirmada por el fallo impugnado, condena a la recurrente pagar a la recurrida los valores siguientes: RD$2,702.28, por concepto de 28 días de preaviso; RD$6,080.13, por concepto de auxilio de cesantía; RD$1,351.14, por concepto de catorce días de vacaciones; RD$958.33, por concepto de salario de navidad; RD$13,800.00, por concepto de seis meses de salario ordinario, indemnización procesal del artículo 95 del Código de Trabajo, lo que hace un total de RD$24,891.88;


 * Considerando**, que en el momento de la terminación del contrato de trabajo estaba vigente la Resolución No. 3-97, dictada por el Comité Nacional de Salarios el 29 de septiembre de 1997, que establecía un salario mínimo de RD$2,412.00, por lo que el monto de veinte salarios mínimos ascendía a RD$48,240.00, suma, que como es evidente, no alcanza las condenaciones impuestas por la sentencia impugnada, razón por la cual el recurso debe ser declarado inadmisible al tenor del artículo 641 del Código de Trabajo.

B.J. NO. 1101, AGOSTO 2002


 * Considerando**, que después de haber sido interpuesto el recurso de casación de que se trata, y antes de ser conocido, las partes en sus respectivas calidades de recurrente y recurrido, han desistido de dicho recurso, desistimiento que ha sido aceptado por las mismas.

B.J. NO. 1101, AGOSTO 2002


 * Considerando**, que la disposición de revocación de una sentencia no está sometida a una fórmula sacramental, derivándose ésta de la motivación de la sentencia del tribunal de alzada y del propio dispositivo; que en la especie, el Tribunal a-quo, al acoger el medio de inadmisión planteado por la parte demandada, que a la vez era recurrente en apelación, y que había sido rechazado por el tribunal de primer grado, obviamente está revocando el fallo impugnado;


 * Considerando**, que tal como se ha expresado, la sentencia impugnada contiene motivos suficientes para fundamentar su fallo, declarando la inadmisibilidad de la demanda por prescripción de la acción, por lo que no podía entrar en las consideraciones sobre la justa causa de la dimisión, porque aún cuando ésta existiera no tenía ninguna influencia en la suerte de la demanda frente a la referida prescripción, razón por la cual el medio que se examina carece de fundamento y debe ser desestimado.

B.J. NO. 1101, AGOSTO 2002


 * Considerando**, que la sentencia de la Segunda Sala del Juzgado de Trabajo del Distrito Nacional confirmada en lo que se refiere a los ordinales Primero, Quinto, Sexto, Séptimo y Octavo, condena a la recurrente pagar al recurrido, los siguientes valores: a) la suma de RD$3,407.46, por concepto de 14 días de vacaciones; b) la suma de RD$7,301.07, por concepto de 30 días de salario de navidad cuyo pago debió efectuarse a más tardar el 20 de diciembre del año 1999; c) la suma de RD$10,952.55, por concepto de 45 días de participación en los beneficios de la empresa, en base a un salario mensual de RD$5,800.00, lo que hace un total de RD$21,661.08;


 * Considerando**, que al momento de la terminación del contrato de trabajo del recurrido estaba vigente la Tarifa No. 9-99, dictada por el Comité Nacional de Salarios, en fecha 3 de julio de 1999, que establecía un salario mínimo de RD$2,895.00 mensuales por lo que el monto de veinte salarios mínimos ascendía a la suma de RD$57,900.00, monto que como es evidente no alcanza la totalidad de las condenaciones que impone la sentencia recurrida, por lo que el recurso de que se trata debe ser declarado inadmisible, de conformidad con lo que prescribe el artículo 641 del Código de Trabajo.

B.J. NO. 1101, AGOSTO 2002


 * Considerando**, que la sentencia de la Tercera Sala del Juzgado de Trabajo del Distrito Nacional confirmada por el fallo impugnado, condena al recurrente a pagar a la recurrida, los siguientes valores: a) la suma de RD$2,350.04, por concepto de 28 días de preaviso; b) la suma de RD$7,050.12, por concepto de 84 días de cesantía; c) la suma de RD$1,175.02, por concepto de 14 días de vacaciones; d) la suma de RD$750.02, por concepto de proporción de regalía navideña; e) la suma de RD$5,035.80, por concepto de participación en los beneficios de la empresa; f) la suma de RD$12,000.00, por concepto de indemnización supletoria, en base a un salario mensual de RD$2,000.00, lo que hace un total de RD$28,361.00;


 * Considerando**, que al momento de la terminación del contrato de trabajo de la recurrida estaba vigente la Tarifa No. 9/99, dictada por el Comité Nacional de Salarios, en fecha 3 de julio de 1999, que establecía un salario mínimo de RD$2,895.00 mensuales, por lo que el monto de veinte salarios mínimos ascendía a la suma de RD$57,900.00, monto que como es evidente no alcanza la totalidad de las condenaciones que impone la sentencia recurrida, por lo que el recurso de que se trata debe ser declarado inadmisible, de conformidad con lo que prescribe el artículo 641 del Código de Trabajo

B.J. NO. 1101, AGOSTO 2002


 * Considerando**, que después de haber sido interpuesto el recurso de casación de que se trata, y antes de ser conocido, las partes, en sus respectivas calidades de recurrente y recurrido, han desistido del susodicho recurso, lo cual ha sido aceptado por este tribunal.

B.J. NO. 1101, AGOSTO 2002


 * Considerando**, que después de haber sido interpuesto el recurso de casación de que se trata, y antes de ser conocido, las partes, en sus respectivas calidades de recurrente y recurrido, han desistido del susodicho recurso, lo cual ha sido aceptado por este tribunal.

B.J. NO. 1102, SEPTIEMBRE 2002


 * Considerando**, que una sentencia no puede ser objeto de dos recursos sucesivos de casación interpuestos por la misma parte y menos cuando, como ocurre en el presente caso, se proponen contra la misma decisión impugnada, que por figurar ya en la decisión de esta Suprema Corte de Justicia, del 3 de julio del 2002, resulta innecesario repetir ahora;


 * Considerando**, que al haberse resuelto el recurso del 4 de febrero del 2002, conocido en la audiencia celebrada el 19 de junio del 2002, es obvio que el segundo recurso que se examina, depositado el 15 de febrero del 2002 en la Secretaría de la Corte de Trabajo del Distrito Nacional, conocido en la audiencia del 7 de agosto del 2002, debe ser declarado inadmisible, pues según se ha dicho en parte anterior de la presente, no pueden interponerse por la misma parte dos recursos sucesivos contra una misma sentencia.

B.J. NO. 1102, SEPTIEMBRE 2002


 * Considerando**, que la Corte a-qua tras ponderar las pruebas aportadas y en particular las declaraciones de la propia recurrente, llegó a la conclusión de que en el momento de la terminación del contrato de trabajo por el desahucio ejercido por la empleadora, ésta desconocía el estado de embarazo de la demandante, por falta de comunicación del mismo de parte de la trabajadora, la que a juicio de la Corte a-qua no demostró haber informado a su empleadora las condiciones en que se encontraba o que dicha empleadora hubiere adquirido conocimiento por otra vía, para lo cual el tribunal hizo uso del soberano poder de apreciación de que gozan los jueces en esta materia, sin que se advierta que en esa apreciación cometieran las violaciones propuestas por la recurrente en su memorial;


 * Considerando**, que por otra parte, el hecho de que la empleadora, haya ofertado a la recurrente reintegrarse a su puesto de trabajo, tal y como lo sostiene la recurrida, en modo alguno envuelve aceptación o conocimiento del embarazo con anterioridad al desahucio, pues como puede observarse en el desarrollo de la instrucción del proceso, tanto en primer como segundo grado, es constante que la recurrida siempre negó conocer el hecho del embarazo al momento de producirse la indicada ruptura del contrato de trabajo. Que es la propia recurrente quien admite que no había notificado a su empleadora el hecho de dicho embarazo, que tal y como lo relata la sentencia impugnada la empresa no pudo tener conocimiento de los hechos alegados por la recurrente, por lo que los argumentos esgrimidos en este medio deben ser desestimados por improcedentes;


 * Considerando**, que la sentencia impugnada contiene una relación completa de los hechos y motivos suficientes y pertinentes que justifican su dispositivo y que han permitido a esta Corte, en funciones de corte de casación verificar que en la especie hubo una correcta aplicación de la ley.

B.J. NO. 1102, SEPTIEMBRE 2002


 * Considerando**, que las disposiciones del artículo 540 del Código de Trabajo, reputando contradictoria toda sentencia dictada por un tribunal de trabajo, tienen por finalidad eliminar el recurso de oposición en esta materia, en los casos de incomparecencia de una de las partes, no teniendo ninguna aplicación dicho artículo cuando el asunto es conocido con la presencia de éstas, ni repercusión alguna en la decisión que tome un tribunal de trabajo cuando la demanda ha sido discutida contradictoriamente, lo que descarta que la sentencia impugnada incurriera en la violación del mismo, al no estar en discusión ningún recurso de oposición;


 * Considerando**, que además de que el artículo 156 del Código de Procedimiento Civil que obliga a la parte que resulte beneficiaria de una sentencia en defecto o que se repute contradictoria, notificarla en el término de seis meses de su pronunciamiento, no es aplicable en esta materia, por las peculiaridades propias del proceso laboral; en la especie ambas partes estuvieron presentes en el conocimiento del recurso de apelación de que se trata, por lo que no se trata de una sentencia en defecto, casos en los que opera el referido artículo 156 del Código de Procedimiento Civil, en las materias que se les aplica;


 * Considerando**, que la sentencia impugnada contiene una relación completa de los hechos de la causa y motivos suficientes y pertinentes que permiten a esta corte verificar la correcta aplicación de la ley, razón por la cual el medio que se examina carece de fundamento y debe ser desestimado.

B.J. NO. 1102, SEPTIEMBRE 2002


 * Considerando**, que la sentencia impugnada condena a la recurrida a pagar al recurrente la suma de RD$3,856.95, por concepto de nueve (9) días de vacaciones y RD$7,233.84, por concepto de salario de navidad correspondiente al año 1999, para un total de Once Mil Noventa Pesos Oro con Setenta y Nueve Centavos (RD$11,090.79);


 * Considerando**, que al momento de la terminación del contrato de trabajo del recurrido estaba vigente la Tarifa No. 4-99, dictada por el Comité Nacional de Salarios, en fecha 8 de junio de 1999, que establecía un salario mínimo de RD$2,222.00 mensuales, por lo que el monto de veinte salarios mínimos ascendía a la suma de RD$44,440.00, monto que como es evidente no alcanza la totalidad de las condenaciones que impone la sentencia recurrida, por lo que el recurso de que se trata debe ser declarado inadmisible, de conformidad con lo que prescribe el artículo 641 del Código de Trabajo;


 * Considerando**, que cuando el recurso es decidido por un medio suplido por la Suprema Corte de Justicia, las costas pueden ser compensadas.

B.J. NO. 1102, SEPTIEMBRE 2002


 * Considerando**, que la sentencia impugnada condena a la recurrente al pago de 28 días de salario ordinario por concepto de preaviso omitido; 118 días de salario ordinario por concepto de auxilio de cesantía, más 6 meses de salario en aplicación del ordinal tercero del artículo 95 del Código de Trabajo en base a un salario de RD$1,920.00 quincenales lo que asciende a RD$46,476.52;


 * Considerando**, que en el momento de la terminación del contrato de trabajo estaba vigente la Resolución No. 9-99, dictada por el Comité Nacional de Salarios, el 3 de julio de 1999, que establecía un salario mínimo de RD$2,448.00 mensuales, para los trabajadores que presten servicios de vigilancia en las empresas de guardianes privados, por lo que el monto de veinte salario mínimos ascendía a RD$48,960.00;


 * Considerando**, que cuando el recurso es decidido por un medio suplido de oficio por la Suprema Corte de Justicia, las costas pueden ser compensadas.

B.J. NO. 1102, SEPTIEMBRE 2002


 * Considerando**, que en la sentencia impugnada consta lo siguiente: “que en relación a las vacaciones la parte recurrente no ha depositado pruebas en tiempo oportuno y en forma que establece las leyes de que haya cumplido con el pago de estos conceptos, ya que el recibo de pago de vacaciones que consta en el expediente fue desechado del proceso, razones suficientes para que le sea acordado dichas vacaciones, así como la proporción de salario navidad”;


 * Considerando**, que al disponer la Corte a-qua que los documentos probatorios del disfrute y pago de las vacaciones del demandante, no serían tomados en cuenta por haber sido depositados después de la presentación del escrito contentivo del recurso de apelación y sin observarse el procedimiento establecido por el artículo 544 para el depósito de documentos fuera del plazo inicial, la afirmación de la recurrente en ese sentido, quedó como un simple alegato desprovisto de la consecuente prueba, siendo correcta la decisión del Tribunal a-quo de condenarle al pago de la compensación económica por vacaciones no disfrutadas, solicitada por el demandante, razón por la cual el medio que se examina carece de fundamento y debe ser desestimado

B.J. NO. 1102, SEPTIEMBRE 2002


 * Considerando**, que la obligación del empleador de pagar un salario adicional a los trabajadores que laboren en exceso de la jornada ordinaria, no se inicia al vencimiento de la jornada máxima establecida para una categoría de trabajadores, sino a partir del vencimiento de esa jornada que normalmente agotan los trabajadores y que viene dada de las particularidades contractuales, por lo que aún cuando la jornada máxima de los trabajadores que realizan labores de vigilancia es de diez horas diarias, en la especie, el Tribunal a-quo dió por establecido que la jornada normal de los recurridos era de 8 horas diarias y que a partir de esa cantidad laboraban horas extras, tal como lo expresó el representante de la empresa en la comparecencia personal celebrada por la Corte a-qua, siendo a partir de ese momento en que la empresa debía pagar el valor de las mismas con un sobreprecio;


 * Considerando**, que por idénticas razones, el Tribunal a-quo no tenía que utilizar el factor 26 para traducir el salario mensual a diario, pues este se utiliza para los trabajadores cuya jornada ordinaria es de 10 horas diarias y 60 a la semana, lo que como se ha expresado no ocurre en la especie;


 * Considerando**, que la sentencia impugnada contiene una relación completa de los hechos y motivos suficientes y pertinentes que permiten a esta corte verificar la correcta aplicación de la ley, razón por la cual los medios que se examinan carecen de fundamento y deben ser desestimados.

B.J. NO. 1102, SEPTIEMBRE 2002


 * Considerando**, que en la sentencia impugnada también consta lo siguiente: “que la empresa recurrente alega que es improcedente el reclamo de la proporción de salario de navidad correspondiente al año dos mil, por el hecho de que las mismas les fueron pagadas, pedimento que debe ser rechazado por no haber probado por los medios que la ley pone a su alcance haberse liberado de dicha obligación”;


 * Considerando**, que en virtud del artículo 1315 del Código Civil, todo aquel que pretende haberse liberado de una obligación, debe justificar el pago o el hecho que ha producido la extinción de su obligación, por lo que no le bastaba a la recurrente invocar que había pagado el salario de navidad a los señores Luis Rafael Eceget Torres y Luis Emeregildo Aybar, sino que estaba en la obligación de probar ese pago, lo que a juicio de la Corte a-qua no hizo, en vista de lo cual le condenó al pago de ese derecho a favor de dichos señores, a la vez que rechazó las pretensiones de éstos de obtener el pago de las indemnizaciones laborales, al demostrar la empresa haber realizado el mismo, razón por la cual el medio que se examina carece de fundamento y debe ser desestimado.

B.J. NO. 1102, SEPTIEMBRE 2002


 * Considerando**, que una sentencia no puede ser objeto de dos recursos de casación sucesivos interpuestos por la misma parte, por lo que habiendo sido resuelto el primer recurso interpuesto por el recurrente, es obvio que el segundo, que en esta ocasión se examina debe ser declarado inadmisible

B.J. NO. 1102, SEPTIEMBRE 2002


 * Considerando**, que la Corte a-qua al hacer un exhaustivo análisis y consideración de las pruebas aportadas ha dado una motivación suficiente y de conformidad con el artículo 141 del Código de Procedimiento Civil a la sentencia impugnada, contrario a los argumentos esgrimidos por la parte recurrente;


 * Considerando**, que la parte recurrente admite la aplicación del derecho del trabajo entre la institución y sus trabajadores, pero establece una diferencia entre obreros y empleados de alta jerarquía, desconociendo que el artículo 6 del Código de Trabajo establece que: “Los administradores, gerentes, directores y demás empleados que ejercen funciones de administración o de dirección, se consideran representantes del empleador, en sus relaciones con los trabajadores, dentro de la órbita de sus atribuciones. Son a su vez trabajadores en sus relaciones con el empleador que representan”, discriminación esta no prevista en la ley y que por el contrario ha sido eliminada por el VII Principio Fundamental del Código de Trabajo, por lo que el medio que se examina carece de fundamento y debe ser desestimado;


 * Considerando**, que la sentencia impugnada contiene una relación completa de los hechos y motivos suficientes y pertinentes que justifican su dispositivo y permiten a esta Corte, en funciones de Corte de Casación verificar la correcta aplicación de la ley.

B.J. NO. 1102, SEPTIEMBRE 2002


 * Considerando**, que del estudio de la sentencia impugnada, así como de las declaraciones de la señora María Sobeyda Hilario, las cuales se examinan frente al alegato de desnaturalización formulado por la recurrente, se advierte que la Corte a-qua al analizar las mismas le da un alcance y un sentido distinto al que tienen, al deducir de ella que dicha señora admitió en nombre de la empresa que la demandante estaba autorizada a solicitar a los hoteles, el uso de habitaciones gratis para ella, esposo e hijo, lo que es contrario al contenido de dichas declaraciones en la que la señora Hilario expresó la existencia de un memorandum mediante el cual la empresa prohibió esa práctica;


 * Considerando**, que si bien la prueba de la justa causa del despido estaba a cargo de la empresa recurrente, como la trabajadora recurrida admitió que ella solicitaba el uso de habitaciones gratuitas a su favor, hecho atribuido como causal de despido, era a quién correspondía demostrar que esas solicitudes estaban dentro de sus prerrogativas y que contaba con la aceptación de la empresa demandada, razón por la cual la desnaturalización hecha por la Corte a-qua es de una importancia tal, que incidió en la decisión adoptada por el Tribunal a-quo, por lo que la sentencia impugnada debe ser casada;


 * Considerando**, que cuando la sentencia es casada por una falta procesal a cargo de los jueces, las costas pueden ser compensadas.

B.J. NO. 1102, SEPTIEMBRE 2002


 * Considerando**, que aún cuando el indicado acto no contuviera el nombre de la persona que lo recibió en la Secretaría de Estado de Trabajo, esa circunstancia no lo descartaba como el instrumento mediante el cual se comunicó la dimisión de los demandantes a ese organismo, pues, siendo los alguaciles oficiales públicos que dan fé de sus actuaciones, la afirmación del ministerial actuante en el sentido de que hizo las gestiones que en dicho acto se enuncian, tenía que ser creída hasta inscripción en falsedad y si por alguna deficiencia de éste la Corte a-qua tenía duda de si el mismo había llegado a su destino, debió utilizar las facultades que le concede el artículo 494 del Código de Trabajo a los tribunales de trabajo de solicitar de las oficinas públicas, asociaciones de empleadores y de trabajadores y de cualquiera personas en general, todos los datos e informaciones que tengan relación con los asuntos que cursen en ellos, para indagar si la notificación había llegado a la Secretaría de Estado de Trabajo, como afirmó el ministerial en cuestión y no restar al documento todo valor probatorio en cuanto a la comunicación de la dimisión presentada por los trabajadores demandantes;


 * Considerando**, que la sentencia impugnada carece de motivos pertinentes y de base legal, para calificar la dimisión presentada por los trabajadores demandantes como injustificada, razón por la cual la misma debe ser casada;


 * Considerando**, que cuando la sentencia es casada por falta de base legal, las costas pueden ser compensadas.

B.J. NO. 1102, SEPTIEMBRE 2002


 * Considerando**, que para dar por establecidos la existencia del contrato de trabajo y del hecho del despido, la Corte a-qua ponderó la prueba testimonial aportada por la demandante con la audición de los señores Elido Antonio Simón Polanco y Luis Oscar Gilbert Rivera, para lo cual hizo uso del soberano poder de apreciación de que disfrutan los jueces del fondo en esta materia, sin que se advierta que al hacerlo incurrieran en desnaturalización alguna;


 * Considerando**, que el hecho de que el testigo Gilbert Rivera no abundara sobre las incidencias del despido, lo que se advierte no hizo porque no se le cuestionó al respecto, no imposibilitaba al Tribunal a-quo a dar por establecido ese hecho del análisis de sus declaraciones, pues para los jueces resultó suficiente y convincente la afirmación de éste de haber estado presente en el momento en que la terminación del contrato de trabajo se produjo, con mención del lugar y el tiempo en que la misma se llevó a efecto, para dar como demostrado que esa terminación tuvo como causa el despido invocado por la recurrida;


 * Considerando**, que la sentencia impugnada contiene una relación completa de los hechos y motivos suficientes y pertinentes que permiten a la corte en funciones de Corte de Casación, verificar la correcta aplicación de la ley, razón por la cual el medio que se examina carece de fundamento y debe ser desestimado.

B.J. NO. 1102, SEPTIEMBRE 2002


 * Considerando**, que el hecho de que un tribunal le reste valor probatorio a un documento no significa que el mismo no haya sido ponderado, cuando, como en la especie, el contenido del mismo ha sido analizado y comparado con otro medio de prueba, que es el que le merece más crédito a la corte;


 * Considerando**, que la sentencia impugnada contiene una relación completa de los hechos y motivos suficientes y pertinentes que permiten a esta corte en funciones de Corte de Casación, verificar la correcta aplicación de la ley

B.J. NO. 1102, SEPTIEMBRE 2002


 * Considerando**, que en el primer medio de casación propuesto, la recurrente alega que: “Desde los inicios del proceso incoado desde el 1996, la empresa, de manera sistemática y reiterada ha estado planteando el enojoso problema de la real identidad del trabajador demandante; que en todos los documentos emanados de parte de la hoy recurrida, se evidencia la utilización del término Ediberto Teodoro y/o Ivece Theodore, sin determinar cual es el nombre auténtico del trabajador”; sin embargo, independientemente de que se trata de la misma persona que la empresa utilizó durante años como vigilante de la compañía, lo cual supone que resulta una persona evidentemente conocida por su empleador, el señor Ediberto Teodoro y/o Ivece Theodore compareció a dos audiencias de las que fueran celebradas en el Tribunal a-quo, a la de fecha 17 de febrero del 2000, que se comprueba en la página 13 del fallo impugnado en casación, así como también a la del día 9 de marzo del mismo año, en cuya página 15, del mismo fallo se establece que “La Corte llamó a Ediberto Teodoro y le solicitó que presente su documento de identificación, el cual le ha mostrado a la Corte un Pasaporte haitiano No. RD9713319, que contiene una fotografía de la persona que se corresponde con el recurrido, e indica que el mismo responde al nombre de Ives Theodore” y que al “preguntarle si le traducen otro nombre respondió, mi nombre traducido al español es Ediberto Teodoro, de todo lo cual se infiere, que en la especie, no existe duda respecto de la identificación del trabajador demandante en cobro de prestaciones laborales, por lo cual el medio que se invoca debe ser desestimado;


 * Considerando**, que en el desarrollo del segundo medio de casación propuesto, la recurrente sigue alegando que “La Corte, así como cualquier otro tribunal de fondo, debe dar una explicación convincente, basada en un análisis minucioso de todos los elementos del litigio, así como también de las pruebas suministradas y administradas en el plenario”, aduce además, que “No hay en ninguna parte de la sentencia impugnada ningún tipo de motivación que justifique esa resolución tomada”, por lo que la misma, a su juicio está viciada de falta de motivo; sin embargo, resulta un hecho no controvertido, que la empresa recurrente, mediante comunicación de fecha 29 de mayo de 1995 ejerció el derecho al desahucio dando por terminado el contrato de trabajo que la ligaba al señor Ediberto Teodoro, sin efectuar el pago de las prestaciones laborales arguyendo la carencia de identificación sin fundamento alguno, como lo demuestra la Corte a-qua en las consideraciones en que fundamentó su fallo, las cuales esta Corte de Casación comparte, razón por la cual el medio que se examina carece de fundamento y debe ser desestimado.

B.J. NO. 1102, SEPTIEMBRE 2002


 * Considerando**, que en la especie el Tribunal a-quo en sus motivaciones da por establecido que los demandantes fueron despedidos por la recurrente, en base a las declaraciones de los propios declarantes, sin hacer mención de que esas declaraciones estuvieran avaladas por otro medio de prueba, lo que era necesario en vista de que los alegatos de una parte no pueden ser acogidos como prueba de sus afirmaciones;


 * Considerando**, que por demás la Corte a-qua incurre en contradicción entre los motivos y el dispositivo de la sentencia impugnada, al precisar que los demandantes fueron despedidos por la recurrente, pero a la vez decidir que los contratos de trabajo concluyeron por desahucios ejercidos por la empleadora, lo que deja a la sentencia carente de motivos y de base legal, razón por la cual la misma debe ser casada, sin necesidad de examinar los demás medios del recurso;


 * Considerando**, que cuando la sentencia es casada por falta de base legal, las costas pueden ser compensadas

B.J. NO. 1102, SEPTIEMBRE 2002


 * Considerando**, que al momento de la terminación del contrato de trabajo del recurrido estaba vigente la Tarifa No. 3-95, dictada por el Comité Nacional de Salarios, en fecha 8 de mayo de 1995, que establecía un salario mínimo de RD$2,010.00 mensuales, por lo que el monto de veinte salarios mínimos ascendía a la suma de RD$40,200.00, cantidad que como es evidente no alcanza la totalidad de las condenaciones que impone la sentencia recurrida, por lo que el recurso de que se trata debe ser declarado inadmisible, de conformidad con lo que prescribe el artículo 641 del Código de Trabajo.

B.J. NO. 1102, SEPTIEMBRE 2002


 * Considerando**, que los jueces del fondo son los que aprecian soberanamente las pruebas que les son aportadas, de cuya apreciación forman el criterio que les permite sustentar su decisión;


 * Considerando**, que en la especie, la Corte a-qua, tras ponderar la pruebas presentadas por las partes, llegó a la conclusión que el actual recurrente cometió las faltas invocadas por la recurrida para poner fin a su contrato de trabajo, declarando en consecuencia justificado el despido de que se trata;


 * Considerando**, que esta Corte no advierte que en la valoración de esas pruebas, el Tribunal a-quo incurriera en desnaturalización alguna, produciendo una decisión acompañada de una relación completa de los hechos, motivos suficientes y pertinentes, que permiten a esta Corte, en funciones de Corte de Casación, determinar que la ley ha sido bien aplicada, razón por la cual los medios que se examinan carecen de fundamento y deben ser desestimados.

B.J. NO. 1102, SEPTIEMBRE 2002


 * Considerando**, que como el recurso de apelación contra la referida decisión fue elevado antes de que el Juzgado de Trabajo evacuara sentencia definitiva, dicho recurso tenía que ser declarado inadmisible, como lo hizo la Corte a-qua, razón por la cual el medio que se examina carece de fundamento y debe ser desestimado;


 * Considerando**, que en el desarrollo del segundo medio de casación propuesto, la recurrente expresa, en síntesis, lo siguiente: que la Corte a-qua le condenó al pago de las costas con distracción en provecho del abogado del recurrido, sin que el mismo planteara el medio de inadmisión declarado por la sentencia impugnada, ya que la corte lo hizo de oficio no obstante el recurrido haber presentado conclusiones al fondo de dicho recurso, siendo incorrecto que se imponga condenaciones de costas de oficio si la parte gananciosa no lo ha solicitado;


 * Considerando**, que si bien la recurrida no solicitó la declaratoria de inadmisibilidad del recurso de apelación intentado por la actual recurrente, sí pidió el rechazo del mismo, lo que producía el mismo efecto en cuanto al mantenimiento del fallo apelado, solicitando además la consecuente condenación en costas de la recurrente, lo que dejaba en facultad de los jueces apoderados de dicho recurso, de decidir si las mismas eran compensadas o no, resultando correcta su decisión de condenarle al pago de las mismas, por ser privativo de éstos compensar las costas, cuando deciden en una forma distinta a la solicitada por una parte que ha obtenido ganancia de causa, razón por la cual el medio que se examina carece de fundamento y debe ser desestimado.

B.J. NO. 1102, SEPTIEMBRE 2002


 * Considerando**, que por otra parte, las disposiciones del artículo 581 del Código de Trabajo, en el sentido de que “la falta de comparecencia o la negativa a contestar de una de las partes, sin causa justificada, puede ser admitida como presunción contra ella”, son aplicables cuando una parte es citada a declarar sobre un hecho específico, en ausencia de otras pruebas y no cuando la comparecencia personal se dispone para que una parte haga un relato de manera general de los hechos de la causa;


 * Considerando**, que la presunción que establece el artículo precedentemente señalado no se le impone al juez, siendo facultativo de éste determinar cuando una negativa a declarar o, inasistencia de una parte, puede dar lugar a establecer una presunción en su contra, lo que hará luego de apreciar todas las demás pruebas que se hayan presentado, advirtiéndose en la especie que la solución del asunto no estaba sujeta a las declaraciones de una de las partes, sino a consideraciones de orden jurídico a cargo de los jueces;


 * Considerando**, que la sentencia impugnada contiene una relación completa de los hechos y motivos suficientes y pertinentes, que permiten a esta corte verificar la correcta aplicación de la ley razón por la cual el medio que se examina carece de fundamento y debe ser desestimado.

B.J. NO. 1103, OCTUBRE 2002


 * Considerando**, que en el desarrollo del cuarto medio de casación propuesto, los recurrentes alegan: “que la Corte a-quo violenta los principios elementales del derecho al confirmar en cuanto al señor Rolando Sebelén la sentencia dictada, toda vez que ningún documento producido por la parte demandante original estableció que dicho señor era empleador directo del señor Frank Félix Alvarez; que una cosa es el señor Rolando Sebelén como mandatario, como órgano de administración de la empresa Sebelén Bowling Center y otra cosa es su relación con los terceros. En el caso de la especie, la autonomía de la voluntad y el principio de la personalidad se han tirado por el suelo, sin que se haya establecido la relación laboral de subordinación entre el señor Rolando Sebelén y Frank Félix Alvarez; se condena a una persona que no es más que un simple mandatario de la empresa Sebelén Bowling Center”;


 * Considerando**, que la sentencia impugnada expresa lo siguiente: “que no se ha establecido que la denominación Sebelén Bowling Center haya sido constituida conforme a las leyes como una persona moral con derechos y obligaciones, y en consecuencia, deben mantenerse ambos recurrentes unidos mediante una condena solidaria”;


 * Considerando**, que en vista de que ninguna de las partes recurrentes demostró fehacientemente que Sebelén Bowling Center era una compañía por acciones y como ambos habían sido demandados y citados conjuntamente resulta correcta la apreciación de la Corte cuando los condena solidariamente, por lo que este medio que se examina carece de fundamento y debe ser desestimado;


 * Considerando**, que la sentencia impugnada contiene una relación completa de los hechos y motivos suficientes y pertinentes que permiten a esta corte en funciones de Corte de Casación, verificar la correcta aplicación de la ley.

B.J. NO. 1103, OCTUBRE 2002


 * Considerando**, que el artículo 641 del Código de Trabajo, declara que no serán admisibles los recursos de casación contra las sentencias cuyas condenaciones no excedan de veinte salarios mínimos;


 * Considerando**, que la sentencia impugnada condena a la recurrida pagar al recurrente, los siguientes valores: A) la suma de RD$1,174.88, por concepto de 14 días de vacaciones; B) la suma de RD$1,333.33, por concepto de proporción salario de navidad, en base a un salario de RD$2,000.00 mensuales, lo que hace un total de RD$2,508.21;


 * Considerando**, que al momento de la terminación del contrato de trabajo del recurrido estaba vigente la Tarifa No. 9-99, dictada por el Comité Nacional de Salarios, en fecha 3 de julio de 1999, que establecía un salario mínimo de RD$1,757.00 mensuales, por lo que el monto de veinte salarios mínimos ascendía a la suma de RD$35,140.00 monto que como es evidente no alcanza la totalidad de las condenaciones que impone la sentencia recurrida, por lo que el recurso de que se trata debe ser declarado inadmisible, de conformidad con lo que prescribe el artículo 641 del Código de Trabajo.

B.J. NO. 1103, OCTUBRE 2002


 * Considerando**, que para rechazar el pago de comisiones reclamada por el demandante y el consecuente establecimiento de un salario mayor, la Corte a-qua ponderó la prueba que le fue aportada, de manera particular la certificación del Director General de la OMSA, donde se hace constar que la venta aludida por el recurrente no se llevó a efecto y la expedida por el Vicepresidente Administrativo General de Caribe Tours, C. por A., también negando haber comprado los autobuses cuya comisión exigía el demandante, las cuales comparadas con las demás pruebas aportadas por las partes, sirvieron a los jueces para desestimar la demanda en ese sentido, para lo cual hicieron uso del soberano poder de apreciación de que disfrutan en esta materia, sin incurrir en desnaturalización alguna, razón por la cual los medios que se examinan carecen de fundamento y deben ser desestimados;


 * Considerando**, que cuando ambas partes sucumbe en parte de sus pretensiones, las costas pueden ser compensadas.

B.J. NO. 1103, OCTUBRE 2002


 * Considerando**, que si bien la Corte a-qua expresa que la propuesta de inadmisibilidad del recurso fue hecha tardíamente, contradiciendo el artículo 586 del Código de Trabajo, que permite que los medios de inadmisibilidad se presenten en cualquier estado de causa, no fue por esta causa que dicho medio de inadmisión fue rechazado, sino porque la recurrente no demostró que los recurridos incurrieran en acto de falsedad en escritura pública, atribuyéndolo a un error material del tribunal que dictó la sentencia apelada, motivo suficiente que hace intrascendente cualquier motivo erróneo que contuviera la sentencia impugnada;


 * Considerando**, que la sentencia impugnada contiene una relación completa de los hechos y motivos suficientes y pertinentes que permiten a esta Corte verificar la correcta aplicación de la ley, razón por la cual los medios que se examinan carecen de fundamento y deben ser desestimados.

B.J. NO. 1103, OCTUBRE 2002


 * Considerando**, que tal como lo expresa el recurrente en su memorial de casación, la sentencia impugnada no contiene motivos suficientes que justifiquen su dispositivo, pues a pesar de dar por establecido que de las declaraciones de los testigos presentados por la empresa, ésta demostró que el demandante cometió faltas graves, no precisa en que consistieron esas faltas y las circunstancias en que se produjeron, careciendo de una relación completa de los hechos de la causa y de motivos suficientes y pertinentes que permitan a esta corte verificar la correcta aplicación de la ley, razón por lo cual la misma debe ser casada, por falta de motivos y de base legal

B.J. NO. 1103, OCTUBRE 2002


 * Considerando**, que en ocasión de un recurso de casación interpuesto por el actual recurrido Adriano Morillo Moreta, contra la misma sentencia impugnada por la actual recurrente, esta Cámara dictó su sentencia del 21 de noviembre del 2001, casando la sentencia impugnada en lo relativo a los salarios caídos reclamados por el demandante original, enviando el asunto así delimitado por ante la Segunda Sala de la Corte de Trabajo del Distrito Nacional;


 * Considerando**, que en las motivaciones que sirvieron de fundamento al dispositivo de la referida sentencia de casación, se expresa que el Tribunal a-quo “hizo uso correcto del poder de que disfrutan los jueces del fondo, analizando toda la prueba aportada y dándole a la misma un alcance adecuado, sin que con ello haya incurrido en desnaturalización alguna”, lo que implica que ya fue decidida la pertinencia de la decisión objeto del presente recurso en lo referente a la existencia del contrato de trabajo, la justa causa de la dimisión y el ejercicio de la acción dentro de los plazos legales, que son los aspectos de la sentencia impugnada que se discuten en el actual recurso de casación, razón por la cual el mismo carece de objeto y debe ser rechazado;


 * Considerando**, que cuando el recurso es decidido por un medio suplido de oficio por la Suprema Corte de Justicia, las costas pueden ser compensadas.

B.J. NO. 1103, OCTUBRE 2002


 * Considerando**, que como el Tribunal a-quo dió por establecido la prestación de servicios del recurrido, para lo cual analizó la prueba aportada y la admisión de ese hecho de la propia recurrente, correspondía a ésta demostrar el tipo de contrato, que a su juicio, obligaba al demandante a prestarle los servicios por ella consentido;


 * Considerando**, que además de dar por establecido el contrato de trabajo en base a la presunción del referido artículo 16 del Código de Trabajo, el Tribunal a-quo ponderó las pruebas aportadas por las partes y de dicha ponderación reforzó su criterio de la existencia del contrato de trabajo invocado por el recurrido, haciendo uso del soberano poder de apreciación de que disfrutan los jueces del fondo en esta materia, sin que se advierta la comisión de desnaturalización alguna;


 * Considerando**, que tal como lo expresa la sentencia impugnada, cuando la demandada se limita a negar la existencia del contrato de trabajo sin discutir los demás aspectos de la demanda, el establecimiento de dicho contrato permite a los jueces acoger esos otros aspectos, como ocurre en la especie en cuanto al hecho del despido y la reclamación de participación en los beneficios, discutidos en casación por primera vez por la recurrente;


 * Considerando**, que la sentencia impugnada contiene una relación completa de los hechos de la causa y motivos suficientes y pertinentes que permiten a esta corte verificar la correcta aplicación de la ley, razón por la cual los medios que se examinan carecen de fundamento y deben ser desestimados.

B.J. NO. 1103, OCTUBRE 2002


 * Considerando**, que como juez de referimiento, corresponde al Presidente de la Corte de Trabajo determinar cuando se ha producido una turbación ilícita, que deba hacerse cesar y si la misma es capaz de producir un daño; que asimismo es a quien corresponde cuando procede la suspensión de la ejecución de una sentencia dictada por un juzgado de trabajo;


 * Considerando**, que en la especie el Juez a-quo rechazó la demanda en suspensión de ejecución de la sentencia dictada por el Presidente del Juzgado de Trabajo del Distrito Nacional, actuando como juez de ejecución, al estimar que la medida adoptada por ese magistrado no constituyó una turbación ilícita ni ocasionó daño a la demandante, en vista de que el crédito que le acordaba la sentencia que decidió la demanda en pago de prestaciones laborales estaba garantizado con el depósito de una fianza por el monto del duplo de las condenaciones;


 * Considerando**, que no podía producir daños a la recurrente la orden de levantamiento del embargo que había practicado contra la recurrida, al haberse ordenado previamente, por el juez de referimiento, que ésta depositara el duplo de las condenaciones para evitar la ejecución de la sentencia condenatoria, lo que hizo a través de la contratación de la Póliza No. 171-018305, de la Compañía Nacional de Seguros, C. por A., por la suma de RD$2,117,615.46, lo que fue apreciado atinadamente por el Juez a-quo;


 * Considerando**, que la sentencia impugnada contiene una relación completa de los hechos y motivos suficientes y pertinentes que permiten a esta corte verificar la correcta aplicación de la ley, razón por la cual los medios que se examinan carecen de fundamento y deben ser desestimados.

B.J. NO. 1103, OCTUBRE 2002


 * Considerando**, que el criterio formado por el Tribunal a-quo fue producto del uso del poder de apreciación de que disfrutan los jueces del fondo en esta materia, sin que se observe que al apreciar las pruebas aportadas éste cometiera la desnaturalización que le atribuye la recurrente, ni ninguna otra;


 * Considerando**, que independientemente de que era suficiente para declarar la dimisión justificada el establecimiento de que la recurrente dejó de pagar salarios por comisiones al demandante, se debe señalar que aún cuando el trabajador hubiere consentido que se le descontara el 60% de su salario, dicho descuento es contrario a las disposiciones del artículo 201 del Código de Trabajo, que señala los descuentos de que puede ser objeto el salario, entre los que no se encuentra por causa de préstamo concedido por el empleador, ni tan alta proporción, lo que de por sí es una causal de dimisión, establecido por haberlo admitido la demandada;


 * Considerando**, que si bien un tribunal no puede basar su fallo en las declaraciones de una de las partes, ello es así cuando la decisión fundamentada en esas declaraciones favorece al que la emite, lo que no ocurre en la especie, ya que las afirmaciones del trabajador demandante en el sentido de que adeudaba la suma de RD$18,000.00 a su empleador, fueron acogidas por la Corte a-qua, para obligarle a pagar dicha suma y no para liberarlo de alguna obligación, ni favorecerle en base a las mismas;


 * Considerando**, que la sentencia impugnada contiene una relación completa de los hechos y motivos suficientes y pertinentes que permiten a esta corte verificar la correcta aplicación de la ley, razón por la cual los medios que se examinan carecen de fundamento y deben ser desestimados.

B.J. NO. 1103, OCTUBRE 2002


 * Considerando**, que por tratarse de una demanda nueva, que persigue la ejecución de la sentencia que reconoció los derechos de un pariente fallecido, pero cuyo demandante no es la persona fenecida, no procede la renovación de instancia planteada por la sentencia recurrida, la que sólo es necesario cuando antes del asunto quedar en estado se notifica el fallecimiento de una de las partes, a partir de cuando los actos posteriores del procedimiento son nulos;


 * Considerando**, que independientemente de que la propia sentencia impugnada admite que no existe la notificación del fallecimiento del señor De León, por lo que no procedía la renovación de la instancia que él había promovido, cualquier vicio del procedimiento derivado de esa falta, repercutía en el proceso instruido como consecuencia de la demanda intentada por dicho señor contra la empresa Dominican Watchman National, S. A., en reclamación de prestaciones laborales, pero no en una acción posterior, como es la que ha generado el presente recurso de casación;


 * Considerando**, que la sentencia impugnada al exigir a la recurrente que previo a su demanda hiciera una renovación de instancia, desconoce la culminación de la instancia que resultó afectada con la muerte del señor Manuel Emilio De León Rosario y que ésta si bien reclama derechos que correspondieron a su difunto hermano, lo hace a través de una demanda nueva y en su propio nombre, invocando su condición de única sucesora del mismo, para lo que le bastaba establecer su calidad para demandar, en vista de que la demandada no discutió la existencia de los derechos por ella reclamados, con lo que la Corte a-qua cometió el vicio de falta de motivos pertinentes y de base legal, razón por la cual el fallo recurrido debe ser casado;


 * Considerando**, que cuando la sentencia es casada por falta de base legal, las costas pueden ser compensadas.

B.J. NO. 1103, OCTUBRE 2002


 * Considerando**, que en la especie la recurrente depositó su escrito inicial de defensa en la Corte de Trabajo el día 22 de marzo del 2001, siendo documentos nuevos, a los fines del artículo 544 del Código de Trabajo, todos aquellos que surgieron con posterioridad a esa fecha; que como la propia recurrente admite que los documentos para lo cual solicitó autorización para depositarlos eran anteriores al escrito de defensa en apelación, resultó correcta la decisión del Tribunal a-quo de desestimar ese pedimento;


 * Considerando**, que por otra parte, no es suficiente para que un tribunal ordene el depósito de documentos después del escrito inicial que en dicho escrito el interesado, haga reserva de depositar los documentos que fueren, sino que es necesario además, que cuando éstos son anteriores al mismo, demuestre que le fue imposible producirlos, estando a cargo de los jueces del fondo determinar esa circunstancia y usar la facultad que les reconoce el referido artículo 544 del Código de Trabajo para autorizar la producción de dichos documentos si estiman que el impetrante cumple con los requisitos exigidos por ese texto legal;


 * Considerando**, que en la especie el Tribunal a-quo además de estimar que los documentos para cuyo depósito se solicitó autorización eran anteriores al depósito del escrito de defensa del apelado, apreció que la actual recurrente no demostró haber tenido imposibilidad de producir dichos documentos en el momento establecido por la ley, sin que se observe que incurrieran en la desnaturalización que se le atribuye en el memorial de casación, razón por la cual los medios que se examinan carecen de fundamento y deben ser desestimados.

B.J. NO. 1103, OCTUBRE 2002


 * Considerando**, que cuando el empleador niega ser el causante de la terminación del contrato de trabajo, corresponde a los trabajadores demandantes demostrar la causa de terminación del contrato de trabajo, no pudiendo deducirse la existencia de un desahucio del alegato de un empleador de que no despidió a los trabajadores;


 * Considerando**, que en la especie, la Corte a-qua da por demostrado que los recurridos fueron desahuciados por la recurrente de la negativa de ésta de haberlo despedido, lo que no constituye un motivo pertinente para dar por establecido la terminación del contrato de trabajo con responsabilidad para el empleador, siendo necesario que para establecer la existencia de un despido o de un desahucio se demuestre una voluntad inequívoca del empleador de poner término al contrato de trabajo por una de esas causas;


 * Considerando**, que la sentencia impugnada no contiene una relación completa de los hechos ni motivos suficientes y pertinentes que permitan a esta corte verificar la correcta aplicación de la ley, razón por la cual la misma debe ser casada, sin necesidad de examinar los demás medios del recurso;


 * Considerando**, que cuando la sentencia es casada por falta de motivos las costas pueden ser compensadas.

B.J. NO. 1103, OCTUBRE 2002


 * Considerando**, que en el desarrollo del único medio de casación propuesto, la recurrente alega, en síntesis, lo siguiente: “que la sentencia impugnada viola el artículo 223 del Código de Trabajo, al condenarla al pago del beneficio contemplado por el mencionado artículo, sin que sea observado la proporción a que este artículo se refiere y lo que es peor aún no demostraron cual fue el beneficio que tuvo dicha institución, a pesar de que ella alegaba no haber tenido beneficios; que en caso de haber discrepancia entre las partes para el importe de la participación en los beneficios, los trabajadores tenían que dirigirse al Secretario de Estado de Trabajo para que diligenciara frente al Director General del Impuesto sobre la Renta, la verificación de lugar, también se violó el artículo 1315 del Código Civil que establece que el que reclama la ejecución de una obligación, debe probarla, lo que no hicieron los trabajadores, ya que no demostraron que la recurrente había obtenido beneficios;


 * Considerando**, que del estudio de la sentencia impugnada resulta que ésta confirmó en todas sus partes la sentencia dictada por la Sala No. 1 del Juzgado de Trabajo del Distrito Judicial de San Pedro de Macorís, el 31 de mayo del 2001, la que no condenó a la recurrente al pago de participación en los beneficios, derecho este no reclamado por los demandantes y en consecuencia, no sometido a ningún debate, por lo que el fallo recurrido no pudo incurrir en las violaciones a las reglas que norman la participación de los beneficios de los trabajadores, que le atribuye el medio que se examina, razón por la cual el mismo carece de fundamento y debe ser desestimado.

B.J. NO. 1103, OCTUBRE 2002


 * Considerando**, que a pesar de que en la sentencia impugnada se hace constar que la recurrente solicitó la autorización para el depósito de documentos inventariado el día 28 de junio del 2001, en la misma no se hace constar cual fue la suerte de ese pedimento, omitiendo señalarse si fue concedida la referida autorización;


 * Considerando**, que de acuerdo al inventario que obra en el expediente, recibido en la Corte a-qua, el referido 28 de junio del 2001, entre esos documentos se encuentran un “reporte por escrito a Seguridad realizado por el señor Ruddy Taveras de fecha 9 de julio de 1999”, el “Reglamento Interior de Trabajo de Codetel” y la “Guía de conflictos de intereses aplicable en Codetel”, de los cuales la sentencia impugnada sólo hace constar el reporte del 9 de julio de 1999, sin hacer ningún comentario que permita a esta corte apreciar que el mismo fue objeto de una ponderación de parte del Tribunal a-quo;


 * Considerando**, que el análisis de ese documento y de los demás depositados por la recurrente, en caso de que la autorización hubiese sido concedida, lo que no es posible determinar frente al silencio del fallo recurrido, pudo variar el criterio formado por el Tribunal a-quo, además de permitir a esta corte verificar si en la ponderación de la prueba aportada los jueces no incurrieron en desnaturalización alguna, razón por la cual la sentencia impugnada carece de una relación completa de los hechos y de base legal, que hace que la misma sea casada, sin necesidad de examinar los demás medios del recurso;


 * Considerando**, que cuando la sentencia es casada por falta de base legal, las costas pueden ser compensadas.

B.J. NO. 1103, OCTUBRE 2002


 * Considerando**, que al no haber en el Código de Trabajo una disposición que prescriba expresamente la sanción que corresponde cuando la notificación del memorial al recurrido no se haya hecho en el plazo de cinco días a que se refiere el artículo 643 del referido código, debe aplicarse la sanción prevista en el artículo 7 de la Ley No. 3726 del 23 de noviembre de 1966, que declara caduco el recurso, cuando el recurrente no emplazare al recurrido en el término fijado por la ley. Esta caducidad será pronunciada a pedimento de la parte interesada o de oficio;


 * Considerando**, que del estudio de las piezas que componen el expediente abierto en ocasión del presente recurso, se advierte que el mismo fue interpuesto mediante escrito depositado por el recurrente en la secretaría de la Corte de Trabajo del Departamento Judicial de Santiago, el 22 de marzo del 2002, y notificado a la recurrida el 15 de abril del 2002 por acto No. 96/2002, diligenciado por José D. Tavárez M., Alguacil Ordinario del Juzgado de Paz Especial de Tránsito No. 2 de Santiago cuando se había vencido el plazo de cinco días establecido por el artículo 643 del Código de Trabajo para la notificación del recurso de casación, razón por la cual debe declararse su caducidad.

B.J. NO. 1103, OCTUBRE 2002


 * Considerando**, que al momento de la terminación del contrato de trabajo de la recurrida estaba vigente la Tarifa No. 9/99, dictada por el Comité Nacional de Salarios, en fecha 3 de julio de 1999, que establecía un salario mínimo de RD$2,895.00 mensuales por lo que el monto de veinte salarios mínimos ascendía a la suma de RD$57,900.00, monto que como es evidente no alcanza la totalidad de las condenaciones que impone la sentencia recurrida, por lo que el recurso de que se trata debe ser declarado inadmisible, de conformidad con lo que prescribe el artículo 641 del Código de Trabajo.

B.J. NO. 1103, OCTUBRE 2002


 * Considerando**, que al momento de la terminación del contrato de trabajo de la recurrida estaba vigente la Tarifa 4-97, dictada por el Comité Nacional de Salarios, en fecha 7 de octubre de 1997, que establecía un salario mínimo de RD$2,309.10 mensuales, por lo que el monto de veinte salarios mínimos ascendía a la suma de RD$46,182.00, monto que como es evidente no alcanza la totalidad de las condenaciones que impone la sentencia recurrida, por lo que el recurso de que se trata debe ser declarado inadmisible, de conformidad con lo que prescribe el artículo 641 del Código de Trabajo;


 * Considerando**, que cuando el recurso es decidido por un medio suplido de oficio por la Suprema Corte de Justicia, las costas pueden ser compensadas.

B.J. NO. 1103, OCTUBRE 2002


 * Considerando**, que independientemente que ha sido criterio constante de esta corte, que la ausencia en una sentencia, de los datos referentes a una de las partes y de sus representantes no es causa de nulidad de dicha sentencia, si la misma no impide la identificación de la parte cuyos datos se omiten, en la especie la sentencia impugnada hace constar que la recurrente es la Autoridad Portuaria Dominicana, y que tuvo como abogados constituidos y apoderados especiales, al Dr. Julio César Sánchez y al Licenciado Héctor Emilio Mójica, datos suficientes para cumplir con el artículo 537 del Código de Trabajo, razón por la cual el medio que se examina carece de fundamento y debe ser desestimado.

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 * Considerando**, que después de haber sido interpuesto el recurso de casación de que se trata, y después de ser conocido en audiencia pública celebrada el 7 de agosto del 2002, las partes en sus respectivas calidades de recurrente y recurrido, han desistido de dicho recurso, desistimiento que ha sido aceptado por las mismas.

B.J. NO. 1103, OCTUBRE 2002


 * Considerando**, que del estudio del expediente abierto en ocasión del presente recurso, se advierte que la sentencia impugnada le fue notificada a la recurrente el día 22 de enero del 2002, mediante acto No. 17/2002, diligenciado por el ministerial Diquén García Poliné, Alguacil Ordinario de la Corte de Trabajo de San Pedro de Macorís, mientras que el escrito contentivo del recurso de casación fue depositado en la Secretaría de la Corte de Trabajo de San Pedro de Macorís, el día 7 de marzo del 2002;


 * Considerando**, que deducidos los días a-quem y a-quo, más los domingos 27 de enero, 3, 10, 17 y 24 de febrero y 3 de marzo del 2002 y 28 de enero, celebración del día de Duarte y 27 de febrero del 2002, día de la Independencia Nacional, todos no laborables en virtud de la ley, el plazo para interponer el recurso de casación se venció el 2 de marzo del 2002, por lo que al haberse interpuesto el día 7 de marzo de ese año, se hizo después de haber vencido dicho plazo, razón por la cual el mismo debe ser declarado inadmisible por tardío

B.J. NO. 1103, OCTUBRE 2002

B.J. NO. 1103, OCTUBRE 2002
 * Considerando**, que en la especie el Tribunal a-quo, tras ponderar las pruebas aportadas determinó que la recurrente no presentó prueba sobre la desobediencia y falta de dedicación a sus labores invocadas por la recurrente en su comunicación de despido al Departamento de Trabajo, sino del abandono de sus labores, hecho que como ya se ha indicado no está incluido en la comunicación del despido, por lo que es correcta la decisión del Tribunal a-quo de declarar dicho despido injustificado, razón por la cual el medio que se examina carece de fundamento y debe ser desestimado.


 * Considerando**, que a pesar de que la sentencia impugnada expresa que la no inscripción de la recurrente en el plazo establecido por la ley no se debió a una falta a cargo del empleador, “sino al hecho de que la trabajadora no estaba provista de la cédula de identidad y electoral, documento sin el cual el indicado instituto no procede a inscribir a ningún trabajador, lo cual impidió que la empresa pudiese inscribir a la trabajadora antes del mes de abril del 1994”, no indica si tuvo en su presencia alguna prueba mediante la cual la empleadora demostrara que intentó hacer la inscripción y que la misma le fue rechazada, con lo que se descargaría de responsabilidad frente al no disfrute de la recurrente de algunos de los derechos que reconoce la ley a las trabajadoras parturientas, sobre todo después de haber admitido que deducía a la demandante parte de su salario para el pago de cotizaciones al seguro social, lo que no entregaba a la institución por la falta de inscripción;


 * Considerando**, que frente a la ausencia de ese elemento, determinante para establecer la responsabilidad de la demandada, la sentencia impugnada carece de motivos suficientes y de base legal, razón por la cual la misma debe ser casada;


 * Considerando**, que cuando la sentencia es casada por falta de base legal las costas pueden ser compensadas.

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 * Considerando**, que para la aplicación de la presunción establecida en el artículo del Código de Trabajo, arriba citado, en cuanto al salario de los trabajadores, no importa la forma en que éste sea medido, resultando lo mismo si el trabajador percibe sus salarios por unidad de rendimiento o teniendo en cuenta la unidad de tiempo, para que el esté liberado de hacer la prueba del salario invocado, hasta tanto el empleador demuestre lo que estima es el verdadero salario percibido;


 * Considerando**, que en la especie, fundamentado en que los trabajadores percibían un salario en base a la labor que rindieran, lo que hacía que los montos recibidos mensualmente fueren variables, la Corte a-qua fijó en la suma de RD$2,576.00, el monto del salario percibido por los trabajadores, por ser el establecido en la Resolución No. 17/98 del Comité Nacional de Salarios, como salario mínimo de la época en que ocurrieron los hechos, con el señalamiento de que ese salario procedía por no haber probado los trabajadores el monto devengado por ello, lo que constituye una errónea interpretación del referido artículo 16 del Código de Trabajo, pues aún en esa circunstancia, si la demandada no estaba de acuerdo en los salarios invocados por los demandantes, correspondía a ella demostrar el salario que mensualmente les entregaba, por concepto de retribución por la labor prestada, máxime, cuando en los recibos correspondientes a los valores recibidos por concepto de vacaciones, se especifica una suma mayor a la acordada por el Tribunal a-quo, razón por la cual la sentencia impugnada debe ser casada en cuanto al monto de salario establecido para el cómputo de los derechos de los demandantes;


 * Considerando**, que en cuanto a la participación en los beneficios, cuyo reclamo hicieron los trabajadores y les fue rechazado por la sentencia impugnada, ésta contiene una motivación adecuada para justificar la decisión tomada, deducida del análisis de las copias de los comprobantes de los cheques mediante los cuales los demandantes recibieron ese pago, hecho éste, que según la Corte a-qua, no fue negado por los reclamantes, siendo pertinentes la negativa del Tribunal a-quo a reconocerles ese derecho, razón por la cual, carece de fundamento el vicio atribuido a la sentencia impugnada en lo referente al pago de la participación en los beneficios, razón por la cual debe ser desestimado.

B.J. NO. 1103, OCTUBRE 2002


 * Considerando**, que el soberano poder de apreciación de que disfrutan los jueces del fondo en esta materia les permite formar su criterio del análisis de todas las pruebas que les sean aportadas, pudiendo desestimar las que no le merezcan credibilidad y en cambio acoger las que estimen más acorde con los hechos de la causa, pero no les autoriza a rechazar un testimonio por ser contrario a las declaraciones de una de las partes, pues a ello se opone el principio de que nadie puede ser creído en sus propias palabras, ni fabricarse su propia prueba;


 * Considerando**, que en la especie el Tribunal a-quo rechazó la afirmación del testigo Miguel Angel Féliz Reyes, en el sentido de que la reunión convocada por la empresa para determinar la suerte del trabajador demandante, fracasó por la inasistencia de este último, sobre la base de que las declaraciones del reclamante “le merecen el mayor crédito por encontrarlos sinceros y serios y ajustados a la verdad de los hechos”, lo que constituye una violación al principio arriba enunciado;


 * Considerando**, que como el Tribunal a-quo dio por establecido el hecho del despido de la información suministrada por el demandante en el sentido de que la reunión no fue celebrada por la ausencia de la demandada, circunstancia esta que no fue avalada por ningún medio de prueba, la sentencia impugnada carece de motivos pertinentes y de base legal, que hace que la misma sea casada, sin necesidad de examinar los demás medios del recurso;


 * Considerando**, que cuando la sentencia es casada por falta de base legal las costas pueden ser compensadas.

B.J. NO. 1103, OCTUBRE 2002


 * Considerando**, que el artículo 641 del Código de Trabajo, declara que no serán admisibles los recursos de casación contra las sentencias cuyas condenaciones no excedan de veinte salarios mínimos;


 * Considerando**, que la sentencia de la Tercera Sala del Juzgado de Trabajo del Distrito Nacional, modificada por el fallo impugnado condena a la recurrida pagar a la recurrente, los siguientes valores: a) la suma de RD$10,304.00, por concepto de 28 días de preaviso; b) la suma de RD$7,728.00, por concepto de 21 días de cesantía; c) la suma de RD$5,152.00, por concepto de 14 días de vacaciones; d) la suma de RD$4,015.00, por concepto de proporción salario de navidad en base a un salario de RD$8,750.00 mensuales, lo que hace un total de RD$27,199.00;


 * Considerando**, que al momento de la terminación del contrato de trabajo de la recurrida estaba vigente la Tarifa No. 9-99, dictada por el Comité Nacional de Salarios, en fecha 3 de julio de 1999, que establecía un salario mínimo de RD$2,895.00 mensuales, por lo que el monto de veinte salarios mínimos ascendía a la suma de RD$57,900.00, monto que como es evidente no alcanza la totalidad de las condenaciones que impone la sentencia recurrida, por lo que el recurso de que se trata debe ser declarado inadmisible, de conformidad con lo que prescribe el artículo 641 del Código de Trabajo.

B.J. NO. 1103, OCTUBRE 2002


 * Considerando**, que el artículo 641 del Código de Trabajo, declara que no serán admisibles los recursos de casación contra las sentencias cuyas condenaciones no excedan de veinte salarios mínimos;


 * Considerando**, que la sentencia del Juzgado de Trabajo del Distrito Nacional confirmada por el fallo impugnado condena a la recurrente pagar al recurrido, los siguientes valores: a) la suma de RD$4,012.40, por concepto de 28 días de preaviso; b) la suma de RD$16,479.50, por concepto de 115 días de auxilio de cesantía; c) la suma de RD$2,579.40, por concepto de 18 días de vacaciones; d) la suma de RD$1,044.81, por concepto de proporción de salario de navidad; e) la suma de RD$8,598.00, por concepto de 60 días en participación en los beneficios de la empresa; f) la suma de RD$20,490.00, por concepto de 6 meses de salario ordinario en virtud del artículo 95, ordinal tercero del Código de Trabajo, en base a un salario de RD$3,415.00 mensuales, lo que hace un total de RD$53,204.29;


 * Considerando**, que al momento de la terminación del contrato de trabajo del recurrido estaba vigente la Tarifa No. 2/2001, dictada por el Comité Nacional de salarios, en fecha 13 de febrero de 2001, que establecía un salario mínimo de RD$3,415.00 mensuales, por lo que el monto de veinte salarios mínimos ascendía a la suma de RD$68,300.00, monto que como es evidente no alcanza la totalidad de las condenaciones que impone la sentencia recurrida, por lo que el recurso de que se trata debe ser declarado inadmisible, de conformidad con lo que prescribe el artículo 641 del Código de Trabajo.

B.J. NO. 1103, OCTUBRE 2002


 * Considerando**, que el artículo 641 del Código de Trabajo, declara que no serán admisibles los recursos de casación contra las sentencias cuyas condenaciones no excedan de veinte salarios mínimos;


 * Considerando**, que la sentencia impugnada condena a los recurrentes pagar al recurrido, los siguientes valores: a) la suma de RD$2,290.68, por concepto de 28 días de preaviso; b) la suma de RD$7,362.90, por concepto de 90 días de auxilio de cesantía por el tiempo antes del año 1992; RD$15,053.04, por concepto de 184 días de cesantía por período después del año 1992; c) la suma de RD$1,472.58, por concepto de 18 días de vacaciones; d) la suma de RD$900.00 por concepto de proporción salario de navidad; e) la suma de RD$1,699.20 por concepto de participación en los beneficios de la empresa; en base a un salario de RD$450.00 semanal, lo que hace un total de RD$28,778.40;


 * Considerando**, que al momento de la terminación del contrato de trabajo del recurrido estaba vigente la tarifa 3-98, dictada por el Comité Nacional de Salarios, en fecha 30 de mayo de 1998, que establecía un salario mínimo de RD$10.80 por hora, por lo que el monto de veinte salarios mínimos ascendía a la suma de RD$41,178.20, monto que como es evidente no alcanza la totalidad de las condenaciones que impone la sentencia recurrida, por lo que el recurso de que se trata debe ser declarado inadmisible, de conformidad con lo que prescribe el artículo 641 del Código de Trabajo;


 * Considerando**, que cuando el recurso es decidido por un medio de oficio suplido por la Suprema Corte de Justicia, las costas pueden ser compensadas.

B.J. NO. 1103, OCTUBRE 2002


 * Considerando**, que ha sido criterio de esta corte de casación, que la facultad que otorga el artículo 534 del Código de Trabajo a los jueces del fondo de suplir cualquier medio de derecho, no les autoriza a exceder el límite de su apoderamiento en grado de apelación y a decidir sobre aspectos que no están en discusión y que por tal circunstancia su decisión afectaría el derecho de defensa del recurrido;


 * Considerando**, que en la especie, el actual recurrido Banco Popular Dominicano, C. por A. y recurrente en apelación, al interponer su recurso se limitó a solicitar la revocación del ordinal 3ro. de la sentencia impugnada, que le impuso la obligación de pagar la suma de RD$200,000.00, a título indemnizatorio, sin discutir los demás aspectos de la sentencia recurrida, lo que constituye una admisión de los mismos;


 * Considerando**, que no obstante el límite del recurso de apelación, el Juez a-quo decidió revocar en todas sus partes la sentencia impugnada, con lo que se excedió en sus poderes y dejó a la sentencia carente de base legal, razón por la cual la misma debe ser casada, sin necesidad de examinar el otro medio del recurso;


 * Considerando**, que cuando la sentencia es casada por falta de base legal, las costas pueden ser compensadas

B.J. NO. 1103, OCTUBRE 2002


 * Considerando**, que de acuerdo al ordinal 4to. del artículo 88 del Código de Trabajo, para que una agresión, actos de violencia o malos tratamientos de un trabajador contra alguno de sus compañeros, se caracterice como una causal de despido, es necesario que se produzca una alteración del orden en el lugar en que se presta el servicio, lo que significa que requiera los elementos de que se origine en horas laborables y en el lugar donde se realizan las labores, pues aunque se generen en el local de la empresa, no es posible que las labores resulten trastornadas si los hechos se originan en horas no laborables;


 * Considerando**, que si bien el Tribunal a-quo incurrió en el vicio de precisar que el empleador se basó en el ordinal 3ro. del artículo 88 del Código de Trabajo, que sanciona entre otros, los actos de violencia y malos tratamientos de los trabajadores contra los empleadores y sus parientes, durante sus labores, a pesar de que los hechos enunciados por la recurrente se enmarcan en el ordinal 4to. del artículo 88 del Código de Trabajo, esa circunstancia carece de trascendencia, pues las motivaciones que da la sentencia impugnada para declarar injustificado el despido de que se trata son aplicables a los despidos fundamentados en la violación del referido ordinal 4to., el cual exige, como se ha indicado precedentemente, que los actos de violencia se realicen en horas laborales para constituir una justa causa de despido, por lo que no obstante el señalamiento del ordinal 3ro., el Tribunal a-quo juzgó el asunto teniendo en cuenta las condiciones que se requieren para que se produzca una violación al ordinal, que de acuerdo a la recurrente, cometió el demandante;

B.J. NO. 1103, OCTUBRE 2002
 * Considerando**, que como la propia recurrente coincide con la apreciación de la prueba hecha por la Corte a-qua, al admitir que los hechos que dieron lugar al despido del recurrido se produjeron fuera de las horas laborables, es un indicativo de que el Tribunal a-quo hizo un uso correcto de su soberano poder de apreciación, sin incurrir en desnaturalización alguna que fuera susceptible de alterar la suerte del proceso, razón por la cual los medios que se examinan carecen de fundamento y deben ser desestimados.


 * Considerando**, que en la especie, el Tribunal a-quo, tras ponderar las pruebas aportadas y en uso del soberano poder de apreciación de que disfrutan los jueces del fondo en esta materia, dio por establecido que el recurrido prestaba sus servicios de manera subordinada a la recurrente, lo que caracteriza el contrato de trabajo y que el mismo fue despedido por la demandada, lo que escapa al control de la casación al no advertirse que para formar su criterio la Corte a-qua haya incurrido en desnaturalización alguna;


 * Considerando**, que la sentencia impugnada contiene una relación completa de los hechos y motivos suficientes y pertinentes que permiten a esta corte verificar la correcta aplicación de la ley, razón por la cual los medios que se examinan carecen de fundamento y deben ser desestimados;


 * Considerando**, que en su escrito de ampliación al memorial de defensa, el recurrido solicita la corrección de la sentencia impugnada, invocando que en la misma se incurrió en el error de señalar como salario devengado por el demandante la suma de RD$12,000.00 mensuales, cuando debió decir quincenales;


 * Considerando**, que la solicitud de corrección de cualquier error que se le atribuya a una sentencia debe ser dirigida al tribunal que la dictó, único con facultad para hacer la corrección, no estando esta corte en capacidad legal de pronunciarse sobre el alegado error, por no haberse propuesto como un medio de casación, razón por la cual se rechaza dicha solicitud

B.J. NO. 1103, OCTUBRE 2002


 * Considerando**, que el artículo 643 del Código de Trabajo dispone que: “en los cinco días que sigan al depósito del escrito, el recurrente debe notificar copia del memorial de casación a la parte contraria”;


 * Considerando**, que el artículo 639 del Código de Trabajo dispone que salvo lo establecido de otro modo en el capítulo de dicho código que trata del recurso de casación, son aplicables a éste las disposiciones de la Ley sobre Procedimiento de Casación;


 * Considerando**, que al no haber en el Código de Trabajo una disposición que prescriba expresamente la sanción que corresponde cuando la notificación del memorial al recurrido no se haya hecho en el plazo de cinco días a que se refiere el artículo 643 del referido código, debe aplicarse la sanción prevista en el artículo 7 de la Ley No. 3726 del 23 de noviembre de 1966, que declara caduco el recurso, cuando el recurrente no emplazare al recurrido en el término fijado por la ley. Esta caducidad será pronunciada a pedimento de la parte interesada o de oficio;

B.J. NO. 1103, OCTUBRE 2002
 * Considerando**, que del estudio de las piezas que componen el expediente abierto en ocasión del presente recurso, se advierte que el mismo fue interpuesto mediante escrito depositado por la recurrente en la secretaría de la Segunda Sala de la Corte de Trabajo del Distrito Nacional, el 28 de febrero del 2002, y notificado al recurrido el 9 de mayo del 2002, por acto No. 610-2002, diligenciado por Roberto Baldera Vélez, Alguacil Ordinario de la Cuarta Sala Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional, cuando se había vencido el plazo de cinco días establecido por el artículo 643 del Código de Trabajo, para la notificación del recurso de casación, razón por la cual debe declararse su caducidad.
 * Considerando**, que después de haber sido interpuesto el recurso de casación de que se trata, y después de haber sido conocido en audiencia pública celebrada el 23 de octubre del 2002, las partes en sus respectivas calidades de recurrente y recurrido, han desistido de dicho recurso, desistimiento que ha sido aceptado por las mismas

B.J. NO. 1103, OCTUBRE 2002


 * Considerando**, que no obstante la Corte a-qua ha interpretado esas declaraciones señalando que de las mismas se deduce que a los trabajadores se les impidió el acceso al local de la empresa, por orden del señor Chuchi González, atribuyéndole tener potestad para esos fines, lo que constituye a su juicio una prueba del despido invocado por ellos, en una evidente desnaturalización de las mismas, al dárseles un alcance y un sentido que no tienen, desnaturalización ésta que ha influido en la suerte del proceso, al ser determinante para que el Tribunal a-quo diera por establecido un hecho trascendente para la solución del caso, como es la terminación de los contratos de trabajo por la voluntad unilateral del empleador, lo que hace que la sentencia impugnada carezca de base legal y deba ser casada;


 * Considerando**, que cuando la sentencia es casada por falta de base legal, las costas pueden ser compensadas.

B.J. NO. 1103, OCTUBRE 2002


 * Considerando**, que el criterio expuesto por la Corte a-qua es correcto, tal y como lo expresa la referida sentencia cuando expresa: “que por la íntima relación y papel hegemónico que ejercía CORDE ante la Fábrica de Aceite Vegetales Ambar, debe mantenerse, como codemandada a la Corporación Dominicana de Empresas Estatales (CORDE), por los motivos expuestos”; razonamiento este correcto, pues de conformidad con las disposiciones del artículo 33 de la Ley No. 289 del 30 de junio de 1966, que crea la Corporación Dominicana de Empresas Estatales (CORDE), el patrimonio de dicha institución se encuentra conformado, “por las acciones e intereses de las empresas industriales y comerciales de que el Estado sea propietario actualmente o en lo futuro, así como del activo de aquellas que tengan otro carácter y que a la fecha de la publicación de esta ley o en lo futuro pertenezcan al Estado y que deberán serle transferidas de acuerdo con lo establecido en esta ley”; es decir, que ambas empresas al formar una unidad económica indisoluble en virtud de la ley preseñalada deben responder como corresponsables de las condenaciones establecidas en la sentencia impugnada a favor del trabajador y en contra de ambas empresas, pues lo contrario sería dejar a los trabajadores de las mismas sin las garantías suficientes para el cobro de sus prestaciones laborales, por lo que el medio que se examina carece de fundamento y debe ser desestimado;


 * Considerando**, que la sentencia impugnada contiene una relación completa de los hechos y motivos suficientes y pertinentes que permiten a esta corte verificar la correcta aplicación de la ley.

B.J. NO. 1103, OCTUBRE 2002


 * Considerando**, que toda violación al Código de Trabajo conlleva la obligación del que la comete debe reparar los daños y perjuicios que su falta produzcan, estando exonerados los trabajadores, de manera expresa por el artículo 712 del Código de Trabajo, de probar esos daños y perjuicios, lo que obliga a los jueces a determinar si los mismos se originaron, al margen de la prueba que les aporten los demandantes;


 * Considerando**, que como en la especie, el Tribunal a-quo dio por establecido que la recurrente no satisfacía ciertos derechos de la recurrente incidental, comprobado por la afirmación de la demandada de que a la misma no la vinculaba un contrato de trabajo, debió, una vez determinada la existencia de ese contrato, examinar si esa actitud violatoria a disposiciones expresas del Código de Trabajo, habían ocasionado perjuicios a la reclamante y no rechazar la reclamación que se le formuló en ese sentido, con los motivos más arriba indicados, los que constituyen motivos erróneos que hacen que la sentencia impugnada carezca de base legal en ese aspecto, por lo que debe ser casada.

B.J. NO. 1103, OCTUBRE 2002


 * Considerando**, que el artículo 641 del Código de Trabajo, declara que no serán admisibles los recursos de casación contra las sentencias cuyas condenaciones no excedan de veinte salarios mínimos;


 * Considerando**, que la sentencia del Juzgado de Trabajo confirmada por el fallo impugnado condena al recurrente pagar al recurrido, los siguientes valores: a) la suma de RD$4,699.80, por concepto de 28 días de preaviso; b) la suma de RD$3,524.85, por concepto de 21 días de auxilio de cesantía; c) la suma de RD$2,349.90, por concepto de 14 días de vacaciones; d) la suma de RD$166.66, por concepto de proporción de salario de navidad correspondiente al año 1999; e) la suma de RD$7,553.25, por concepto de proporción correspondiente al año 1998 en la participación en los beneficios de la empresa; f) la suma de RD$24,000.00, por concepto de 6 meses de salario ordinario en virtud del artículo 95, ordinal tercero del Código de Trabajo, en base a un salario de RD$4,000.00 mensuales, lo que hace un total de RD$42,294.46;


 * Considerando**, que al momento de la terminación del contrato de trabajo del recurrido estaba vigente la Tarifa No. 3/97, dictada por el Comité Nacional de Salarios, en fecha 29 de septiembre de 1997, que establecía un salario mínimo de RD$2,412.00 mensuales, por lo que el monto de veinte salarios mínimos ascendía a la suma de RD$48,240.00, monto que como es evidente no alcanza la totalidad de las condenaciones que impone la sentencia recurrida, por lo que el recurso de que se trata debe ser declarado inadmisible, de conformidad con lo que prescribe el artículo 641 del Código de Trabajo.

B.J. NO. 1104, NOVIEMBRE 2002


 * Considerando**, que los demás hechos el Tribunal a-quo lo dio por establecido de la ponderación que hizo de las pruebas aportadas por el demandante, de cuyo análisis llegó a la conclusión de que el mismo fue objeto de un desahucio de parte de la recurrente, no obstante estar protegido por el fuero sindical, por su condición de Presidente de la Asociación de Empleados de Oficina del Ingenio Montellano, para lo cual hizo uso del soberano poder de apreciación de que disfrutan los jueces del fondo en esta materia, sin incurrir en desnaturalización alguna;


 * Considerando**, que es correcta la decisión de la Corte a-qua de ordenar la reinstalación en su puesto de trabajo del recurrido y el disfrute de éste de los derechos que le corresponden como trabajador, pues al disponer los artículos 75 y 392 del Código de Trabajo, que el desahucio de los trabajadores amparados por el fuero sindical no producirá ningún efecto jurídico y que el contrato por tiempo indefinido se mantiene vigente, se imponía esa medida al darse por establecida la condición de trabajador amparado por el fuero sindical del demandante y el desahucio ejercido por la recurrente, independientemente de que por cualquier circunstancia acontecida con posterioridad impidiera el cumplimiento de la decisión adoptada en ese sentido;


 * Considerando**, que la sentencia impugnada contiene una relación completa de los hechos y motivos suficientes y pertinentes que permiten a esta corte verificar la correcta aplicación de la ley, razón por la cual el medio que se examina carece de fundamento y debe ser desestimado.

B.J. NO. 1104, NOVIEMBRE 2002


 * Considerando**, que el artículo 641 del Código de Trabajo, declara que no serán admisibles los recursos de casación contra las sentencias cuyas condenaciones no excedan de veinte salarios mínimos;


 * Considerando**, que la sentencia de la Primera Sala del Juzgado de Trabajo del Distrito Judicial de Santiago, confirmado por el fallo impugnado condena a la recurrente a pagar al recurrido, los siguientes valores: a) la suma de RD$1,299.38, por concepto de proporción salario de navidad correspondiente al año 1999; b) la suma de RD$3,000.00, por concepto de indemnización por los daños y perjuicios sufridos por el no pago del salario de navidad en la forma y el tiempo que la ley dispone; lo que hace un total de RD$4,299.38;


 * Considerando**, que al momento de la terminación del contrato de trabajo del recurrido estaba vigente la Tarifa No. 3-97, dictada por el Comité Nacional de Salarios en fecha 29 de septiembre de 1997, que establecía un salario mínimo de RD$2,412.0.00 mensuales, por lo que el monto de veinte salarios mínimos ascendía a la suma de RD$40,240.00, monto que como es evidente no alcanza la totalidad de las condenaciones que impone la sentencia recurrida, por lo que el recurso de que se trata debe ser declarado inadmisible, de conformidad con lo que prescribe el artículo 641 del Código de Trabajo;


 * Considerando**, que cuando el recurso es decidido por un medio suplido por la Suprema Corte de Justicia, las costas pueden ser compensadas.

B.J. NO. 1104, NOVIEMBRE 2002


 * Considerando**, que la sentencia son documentos auténticos que se bastan por sí solo, siendo suficiente que en ella se consigne el cumplimiento de los formalidades que establecen las leyes, para darse por cierto, hasta inscripción en falsedad;


 * Considerando**, que en la especie la sentencia impugnada se hace constar que la misma fue dictada por la Corte a-qua en la sala del local donde acostumbra celebrar sus audiencias públicas, en uno de los salones del edificio que aloja el Palacio de Justicia de San Pedro de Macorís, lo que es suficiente para que se dé por cumplido los requisitos de publicidad que exige la ley, razón por la cual el medio que se examina carece de fundamento y debe ser desestimado.

B.J. NO. 1104, NOVIEMBRE 2002


 * Considerando**, que en virtud de los artículos 640 y 642 del Código de Trabajo, el recurso de casación se interpone mediante un escrito depositado en la Secretaría del Tribunal que dictó la sentencia, que contendrá los medios en los cuales se funda el recurso, así como los fundamentos en que se sustentan las violaciones de la ley alegada por el recurrente, formalidad sustancial para la admisión del recurso de casación;


 * Considerando**, que para cumplir el voto de la ley no basta la simple mención de un texto legal y los principios jurídicos cuya violación se invoca, siendo indispensable además que el recurrente desenvuelva, en el memorial correspondiente aunque sea de una manera sucinta, los medios en que funda su recurso, y que exponga en qué consisten las violaciones por él denunciadas, lo que no ha ocurrido en la especie, ya que la recurrente se limita a señalar que la sentencia carece de motivación en los medios de hecho y de derecho donde ésta se basamenta, lo que se traduce en una violación a los artículos 141 del Código de Procedimiento Civil y 587 del Código de Trabajo, lo que impide a esta corte, verificar si la sentencia impugnada incurre en la violación denunciada, razón por la cual debe ser declarado inadmisible;


 * Considerando**, que cuando el recurso es decidido por un medio suplido de oficio por la Suprema Corte de Justicia, procede la compensación de las costas.

B.J. NO. 1104, NOVIEMBRE 2002


 * Considerando**, que a pesar de que la sentencia impugnada hace mención de la existencia de un acuerdo entre la recurrente y el recurrido, consecuencia del cual este último recibió el pago de RD$2,000.00, como avance de prestaciones laborales, acuerdo que el Tribunal a-quo dejó sin efecto por incumplimiento de la recurrente, la Corte a-qua no precisa en qué consistió el indicado acuerdo ni cuales fueron los elementos que determinaron ese incumplimiento, razón por la cual la sentencia impugnada carece de motivos pertinentes y suficientes, así como de base legal, por lo que debe ser casada, sin necesidad de examinar el otro medio del recurso;


 * Considerando**, que cuando la sentencia es casada por falta de base legal, las costas pueden ser compensadas.

B.J. NO. 1104, NOVIEMBRE 2002


 * Considerando**, que el sólo hecho de que una persona que no se considere empleador de un demandante no ponga en causa a la persona que ella entienda tiene esa calidad, no le hace responsable del cumplimiento de las obligaciones que adquiera el verdadero empleador, salvo cuando se le demuestre que ella era la persona que tenía esa condición o que tenía esa apariencia por su forma de proceder frente a los trabajadores, lo que como se ha expresado anteriormente no ha ocurrido en la especie;


 * Considerando**, que la sentencia impugnada no contiene una relación completa de los hechos y motivos suficientes y pertinentes, que permitan a esta corte verificar la correcta aplicación de la ley, razón por la cual la misma debe ser casada;


 * Considerando**, que cuando la sentencia es casada por falta de motivos, las costas pueden ser compensadas.

B.J. NO. 1104, NOVIEMBRE 2002


 * Considerando**, que a través de la intervención forzosa se cita a un tercero para que participe en el conocimiento de una acción ejercida por una parte contra otra y los resultados de dicha acción le sean oponibles y ejecutorias;


 * Considerando**, que no puede ser considerada como una demanda en intervención forzosa aquella dirigida contra una persona que haya sido parte de una relación contractual y responsable del cumplimiento de las obligaciones que se exigen por medio de la acción principal, salvo cuando la demanda en intervención haya sido elevada por el demandado original, para así librarse de las condenaciones que se solicitan en la demanda principal;


 * Considerando**, que en la especie la demanda en intervención forzosa fue elevada por el mismo demandante principal contra la persona que el mismo reconoció fue quien le contrató y envió la carta de comunicación del despido al Departamento de Trabajo, lo que evidencia que el demandante conocía su condición de empleador desde antes de iniciar su acción y que como tal resultó condenada al pago de las prestaciones laborales reclamadas contra los demandados originales, quienes resultaron favorecidos con una decisión que declaró inadmisible la demanda contra ellos, por no haber tenido la calidad de empleadores del reclamante;


 * Considerando**, que dadas esas circunstancias, la demanda intentada por el recurrido contra la recurrente debió ser considerada por el Tribunal a-quo como una demanda principal, debiendo en consecuencia analizar si la misma fue intentada dentro del plazo de dos meses a partir de la fecha de la terminación del contrato de trabajo, al tenor de lo dispuesto en los artículos 702 y 704 del Código de Trabajo para determinar si procedía el pedimento de prescripción formulado por el demandado;


 * Considerando**, que la sentencia impugnada carece de motivos suficientes y pertinentes y de base legal, razón por la cual debe ser casada, sin necesidad de examinar el otro medio del recurso;


 * Considerando**, que cuando la sentencia es casada por falta de base legal las costas pueden ser compensadas.

B.J. NO. 1104, NOVIEMBRE 2002


 * Considerando**, que si bien una sentencia que se reserva el fallo sobre un pedimento de sobreseimiento del conocimiento de una demanda, tiene característica de una sentencia preparatoria, porque se ha dictado para poner al tribunal en condiciones de dictar su fallo con posterioridad, sin prejuzgar el fondo, en la especie, la sentencia dictada por el juzgado de trabajo además de reservarse el fallo sobre el sobreseimiento solicitado por la demandada, decidió que “en aplicación del artículo 534 del Código de Trabajo, ordena a la parte demandante la regularización al tenor de lo expresado en el artículo 508 del Código de Trabajo, de sus demandas de fechas 28 de noviembre del 2000”, con lo que reconoció el carácter de demandas a los escritos depositados por los actuales recurridos y a los que la actual recurrente les negaba esa condición, señalando que los mismos carecían de objetos, lo que hace que dicha decisión tenga la categoría de una sentencia definitiva sobre un incidente, muy vinculado con la suerte del litigio, que como tal podía ser recurrida en apelación de inmediato, sin necesidad de esperar el fallo sobre el fondo de la demanda;


 * Considerando**, que al no tomar en cuenta esa circunstancia, el Tribunal a-quo incurrió en el vicio de falta de base legal, razón por la cual la sentencia impugnada debe ser casada;


 * Considerando**, que cuando la sentencia es casada por falta de base legal, las costas pueden ser compensadas.

B.J. NO. 1104, NOVIEMBRE 2002


 * Considerando**, que en la especie el documento al que el recurrente concede calidad de reconocimiento de deuda, es un oficio dirigido por el Administrador del Ingenio Porvenir al Director del Consejo Estatal del Azúcar (CEA), solicitando su aprobación para realizar el pago del 50% de las prestaciones laborales a un grupo de trabajadores que habían sido pensionados en la empresa, entre los que se encuentra el recurrente, lo que revela que el señor Lic. José J. Domínguez Peña, firmante de dicho documento, no tenía calidad para reconocer la deuda del reclamante ni para satisfacerla, sin la aprobación del Director del Consejo Estatal del Azúcar (CEA), por lo que dicho oficio no constituye un reconocimiento de deuda con fuerza para interrumpir el plazo de dos meses de que contaba el recurrente para iniciar su acción, ni producir la novación de la prescripción corta que impera en esta materia a la prescripción larga del derecho común;


 * Considerando**, que por las razones más arriba apuntadas, la falta de ponderación del indicado oficio, no hace a la sentencia impugnada susceptible de su casación, pues para que la falta de ponderación de un documento produzca ese efecto, es necesario que el mismo sea de una importancia tal que de ser analizado hubiere hecho variar el fallo impugnado, razón por la cual, el medio que se examina carece de fundamento y debe ser desestimado.

B.J. NO. 1104, NOVIEMBRE 2002


 * Considerando**, que habiendo el Tribunal a-quo desestimado el depósito de documentos hecho por el recurrido, entre los cuales se encontraba la carta de comunicación de la dimisión, por no haberse efectuado conjuntamente con el depósito del escrito de defensa, no podía de oficio solicitar al Departamento de Trabajo una constancia sobre esa comunicación, pues la facultad que concede el artículo 494 del Código de Trabajo, para que los tribunales de trabajo puedan “solicitar de las oficinas públicas, asociaciones de empleadores y de trabajadores y de cualesquiera personas en general, todos los datos e informaciones que tengan relación con los asuntos que cursen en ellos”, se ha establecido para ayudar a las partes a vencer las dificultades que se les puedan presentar en la obtención de tales documentos, pero no puede ser utilizada cuando una parte tiene en su posesión el documento en cuestión y por negligencia o desidia no lo produce en el término que establece la ley;


 * Considerando**, que por demás, en la especie, la sentencia impugnada no precisa si a la recurrente se le notificó la presentación de la certificación de las autoridades de trabajo, mediante la cual se probaba que el demandante había dado cumplimiento al artículo 100 del Código de Trabajo, al comunicar su dimisión a esas autoridades en el plazo de 48 horas a partir del momento de su realización, para que ésta se pronunciara al respecto y preparar sus medios de defensa a tono con la nueva situación procesal que tal documento generó, razón por la cual la Corte a-qua cometió el vicio de violación al derecho de defensa que le atribuye en su memorial la recurrente, por lo que la sentencia impugnada debe ser casada, sin necesidad de examinar el otro medio del recurso;


 * Considerando**, que cuando la sentencia adolece de una falta procesal a cargo de los jueces, las costas pueden ser compensadas

B.J. NO. 1104, NOVIEMBRE 2002


 * Considerando**, que a pesar de que en la sentencia impugnada se hace constar que el recurrente depositó “solicitud de reapertura de debates de fecha 1/9/99, contentiva de los siguientes documentos: a) comunicación de la Asociación de Guías de Turismo Filial Higüey; b) cupón de servicio del 6/10/98; c) recibo de inscripción de la O & M, 15 de septiembre de 1998; d) escrito de defensa de la demanda en primer grado del 25/11/98; e) solicitud del desglose del expediente 10/6/99 del primer grado”, la Corte a-qua no tomó ninguna decisión sobre dicha solicitud, asimilable al pedimento de depósito de documentos con posterioridad al escrito inicial, regulado por los artículos 544 y siguientes y 631 del Código de Trabajo, con lo que violó la obligación que tienen todos los jueces del fondo de examinar y pronunciarse sobre toda medida de instrucción que les fuere solicitada, dando los motivos pertinentes para el caso de su aceptación o rechazo, razón por la cual la sentencia impugnada carece de base legal y debe ser casada, sin necesidad de examinar los demás medios del recurso;


 * Considerando**, que cuando la sentencia es casada por falta de base legal, las costas pueden ser compensadas.

B.J. NO. 1104, NOVIEMBRE 2002


 * Considerando**, que el artículo 641 del Código de Trabajo dispone que: “No será admisible el recurso después de un mes a contar de la notificación de la sentencia ni cuando ésta imponga una condenación que no exceda de veinte salarios mínimos”;


 * Considerando**, que del estudio del expediente formado en ocasión del presente recurso se advierte que la sentencia impugnada le fue notificada al señor Ramón Emilio Ulloa, el 17 de octubre del 2001, mediante acto No. 127/2001, diligenciado por Leonardo Alberto del Orbe Ventura, Alguacil Ordinario de la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de Valverde, mientras que dicho señor depositó el escrito contentivo del recurso de casación, en la secretaría de la Corte de Trabajo del Departamento Judicial de Santiago, el 24 de abril del 2002, cuando había transcurrido el plazo previsto en el referido artículo 641 del Código de Trabajo, por lo que el mismo debe ser declarado inadmisible.

B.J. NO. 1104, NOVIEMBRE 2002


 * Considerando**, que al momento de la terminación del contrato de trabajo del recurrente estaba vigente la Tarifa No. 3-97, dictada por el Comité Nacional de Salarios, en fecha 29 de septiembre de 1997, que establecía un salario mínimo de RD$2,040.0.00 mensuales para los vigilantes, por lo que el monto de veinte salarios mínimos ascendía a la suma de RD$40,800.00, monto que como es evidente no alcanza la totalidad de las condenaciones que impone la sentencia recurrida, por lo que el recurso de que se trata debe ser declarado inadmisible, de conformidad con lo que prescribe el artículo 641 del Código de Trabajo;


 * Considerando**, que cuando el recurso es decidido por un medio suplido por la Suprema Corte de Justicia, las costas pueden ser compensadas.

B.J. NO. 1104, NOVIEMBRE 2002


 * Considerando**, que por otra parte, dado el efecto devolutivo del recurso de apelación, no le bastaba a la recurrente demostrar ante el tribunal de primer grado que estaba constituida como una compañía por acciones con personalidad jurídica, para librar de las condenaciones solidarias a la señora Margarita Gómez, sino que era menester que presentara esas pruebas ante el tribunal de alzada, para que las ponderara conjuntamente con las demás aportadas y decidiera en consecuencia, por lo que al no hacerlo de esa manera el Tribunal a-quo debía decidir el asunto tal como lo hizo, razón por la cual el medio que se examina carece de fundamento y debe ser desestimado.

B.J. NO. 1104, NOVIEMBRE 2002


 * Considerando**, que frente a la prescripción de la acción decretada por la Corte a-qua carecía de valor analizar la certificación del Departamento de Trabajo donde se hace constar que el despido de los trabajadores no había sido comunicado a ese departamento, pues la misma no variaba la situación creada por el ejercicio tardío de la acción por los demandantes, siendo irrelevante la omisión que con respecto a la misma hizo la Corte a-qua;


 * Considerando**, que para dar por establecido las fechas de la terminación de los contratos de trabajo de los recurrentes y la consiguiente prescripción de la demanda en pago de prestaciones laborales, la Corte a-qua ponderó las pruebas aportadas por las partes, haciendo uso del soberano poder de apreciación de que disfrutan los jueces del fondo en esta materia, el que les permite, entre declaraciones disímiles, acoger aquellas que les merezcan más credibilidad y entiendan más acorde con los hechos de la causa, lo que llevó al Tribunal a-quo a descartar las declaraciones del testigo Fernando Arturo Santana y acoger en cambio las del señor Raymundo Antonio García, sin que se advierta que al hacerlo incurriera en desnaturalización alguna;


 * Considerando**, que la sentencia impugnada contiene una relación completa de los hechos y motivos suficientes y pertinentes que permiten a esta corte verificar la correcta aplicación de la ley, razón por la cual el medio que se examina carece de fundamento y debe ser desestimado.

B.J. NO. 1104, NOVIEMBRE 2002


 * Considerando**, que cuando el apelante limita el recurso de apelación a los aspectos de la sentencia de primer grado que les son desfavorables el tribunal de alzada no puede decidir sobre puntos que no son objetos de impugnación, al impedírselo el principio Tantum Devolutum Quantum Appellatum y la imposibilidad de que un apelante vea agravada su situación procesal como consecuencia de su propio recurso;


 * Considerando**, que en la sentencia impugnada se hace constar que la actual recurrente, limitó su recurso de apelación contra la sentencia de primer grado a los ordinales primero, tercero y cuarto, al no estar conforme con el establecimiento del contrato de trabajo hecho por el Juzgado de Trabajo y las condenaciones que dicha sentencia le impuso por concepto de derechos adquiridos y reparación de daños y perjuicios;


 * Considerando**, que no obstante ese límite de la apelación la Corte a-qua revocó la sentencia apelada en los aspectos que favorecían a la recurrente y que no fue objeto de impugnación por parte del recurrido, con lo que se excedió en sus poderes y violó el límite de su apoderamiento, dejando la sentencia carente de base legal, razón por la cual la misma debe ser casada, sin necesidad de examinar los demás medios del recurso;


 * Considerando**, que cuando la sentencia es casada por falta de base legal, las costas pueden ser compensadas.

B.J. NO. 1104, NOVIEMBRE 2002


 * Considerando**, que después de haber sido interpuesto el recurso de casación de que se trata, y antes de ser conocido, las partes en sus respectivas calidades de recurrente y recurrido, han desistido de dicho recurso, desistimiento que ha sido aceptado por las mismas.

B.J. NO. 1104, NOVIEMBRE 2002


 * Considerando**, que al no haber en el Código de Trabajo una disposición que prescriba expresamente la sanción que corresponde cuando la notificación del memorial al recurrido no se haya hecho en el plazo de cinco días a que se refiere el artículo 643 del referido código, debe aplicarse la sanción prevista en el artículo 7 de la Ley No. 3726 del 23 de noviembre de 1966, que declara caduco el recurso, cuando el recurrente no emplazare el recurrido en el término fijado por la ley. Esa caducidad será pronunciada a pedimento de la parte interesada o de oficio;


 * Considerando**, que del estudio de las piezas que componen el expediente abierto en ocasión del presente recurso, se advierte que el mismo fue interpuesto mediante escrito depositado por la recurrente en la Secretaría de la Segunda Sala de la Corte de Trabajo del Distrito Nacional, el 16 de octubre del 2001, y notificado al recurrido el 29 del 2001, por acto No. 1128-2001, diligenciado por José J. Ramírez M., Alguacil de Estrados de la Quinta Sala del Juzgado de Trabajo del Distrito Nacional, cuando se había vencido el plazo de cinco días establecido por el artículo 643 del Código de Trabajo para la notificación del recurso de casación, razón por la cual debe declararse su caducidad.

B.J. NO. 1104, NOVIEMBRE 2002


 * Considerando**, que de acuerdo a lo establecido por el artículo 1ro. de la Ley sobre Procedimiento de Casación: “La Suprema Corte de Justicia, decide como Corte de Casación, si la ley ha sido bien o mal aplicada en los fallos en última o en única instancia pronunciados por los tribunales del orden judicial. Admite o desestima los medios en que se basa el recurso, pero sin conocer en ningún caso del fondo del asunto”;


 * Considerando**, que la decisión impugnada no es una sentencia en última o en única instancia, sino una simple resolución administrativa, que no tiene autoridad de cosa juzgada, por haber sido dictada en Cámara de Consejo; que dicha resolución no es susceptible de ser impugnada mediante el recurso de casación; que no obstante, la recurrente conserva su derecho de apoderar a la Corte a-qua para hacer valer sus derechos, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 8, inciso J de la Constitución de la República y del Código de Trabajo vigente; que en consecuencia, el recurso de casación debe ser declarado inadmisible por violación de los artículos 482 del Código de Trabajo y 1ro. de la Ley sobre Procedimiento de Casación.

B.J. NO. 1104, NOVIEMBRE 2002


 * Considerando**, que después de haber sido interpuesto el recurso de casación de que se trata, y haber sido conocido, las partes en sus respectivas calidades de recurrente y recurrido, han desistido de dicho recurso, desistimiento que ha sido aceptado por las mismas.

B.J. NO. 1104, NOVIEMBRE 2002


 * Considerando**, que si bien, todo trabajador que demanda en pago de prestaciones laborales por despido está obligado a demostrar que el contrato de trabajo terminó por la voluntad unilateral del empleador, la obligación de probar la fecha en que se originó dicho despido se requiere en determinados casos, como son aquellos en que está en discusión la caducidad del derecho a despedir de parte del empleador, su comunicación en el plazo de las 48 horas a las autoridades de trabajo, la prescripción de la acción ejercida por el trabajador como consecuencia de la terminación del contrato de trabajo o cuando está ligada al establecimiento y definición de algunos de los derechos reclamados por el demandante, no siendo necesaria esa prueba, cuando sólo está en discusión la causa de dicha terminación;


 * Considerando**, que en la especie el Tribunal a-quo dió por establecido el despido de los trabajadores de la ponderación de la prueba aportada y del análisis de las declaraciones del testigo Ramón Pereyra, quién declaró que “el maestro Elías de Jesús despidió a los recurridos”, en su presencia, declaraciones que fueron apreciadas como verosímiles y sinceras por los jueces del fondo, para lo cual hicieron uso del soberano poder de apreciación de que disfrutan, sin que se advierta que al hacerlo incurrieran en desnaturalización alguna, ni que estuviera en discusión ningún elemento que hiciera necesario el establecimiento de la fecha específica en que ocurrieron los hechos, ni que ésta fuera necesaria para determinar la veracidad del testimonio analizado, razón por la cual el medio que se examina carece de fundamento y debe ser desestimado.

B.J. NO. 1104, NOVIEMBRE 2002


 * Considerando**, que al momento de la terminación del contrato de trabajo del recurrido estaba vigente la Tarifa No. 3-97, dictada por el Comité Nacional de Salarios, en fecha 29 de septiembre de 1997, que establecía un salario mínimo de RD$2,412.00 mensuales, por lo que el monto de veinte salarios mínimos ascendía a la suma de RD$48,240.00, monto que como es evidente no alcanza la totalidad de las condenaciones que impone la sentencia recurrida, por lo que el recurso de que se trata debe ser declarado inadmisible, de conformidad con lo que prescribe el artículo 641 del Código de Trabajo.

B.J. NO. 1104, NOVIEMBRE 2002


 * Considerando**, que al momento de la terminación del contrato de trabajo de la recurrente estaba vigente la Tarifa No. 3-97 dictada por el Comité Nacional de Salarios en fecha 29 de septiembre de 1997, que establecía un salario mínimo de RD$2,412.00 mensuales, por lo que el monto de veinte salarios mínimos ascendía a la suma de RD$48,240.00, monto que como es evidente no alcanza la totalidad de las condenaciones que impone la sentencia recurrida, por lo que el recurso de que se trata debe ser declarado inadmisible, de conformidad con lo que prescribe el artículo 641 del Código de Trabajo.

B.J. NO. 1104, NOVIEMBRE 2002


 * Considerando**, que el artículo 91 del Código de Trabajo dispone que “en las cuarenta y ocho horas siguientes al despido, el empleador lo comunicará, con indicación de causa, tanto al trabajador como al Departamento de Trabajo o a la autoridad local que ejerza sus funciones”;


 * Considerando**, que esa exigencia puede ser cumplida no tan sólo con la comunicación de los hechos imputados al trabajador y que constituyen las violaciones a la ley invocadas por el empleador, sino también con la simple enunciación de los textos legales que a juicio de éste han sido violados por el trabajador, ya que de una y de otra manera queda cumplido el propósito de la ley, al exigir la información de la causa que originan el despido en el plazo de las 48 horas siguientes a la realización de éste, el cual es que el trabajador quede enterado de las causas que produjeron la terminación del contrato de trabajo y pueda incoar la acción en justicia que considere de lugar en reclamo de sus derechos;


 * Considerando**, que es ante los tribunales de trabajo, que el empleador debe precisar y demostrar los hechos supuestamente realizados por un trabajador despedido, a fin de que los jueces del fondo determinen si éstos caracterizan la violación a los textos legales invocados en la carta de comunicación del despido y la participación del trabajador en los mismos;


 * Considerando**, que en la especie, la Corte a-qua reconoce que la recurrente notificó al Departamento de Trabajo, dentro del plazo legal, el despido del recurrido con indicación del texto legal cuya violación se le atribuye, lo que era suficiente para que los jueces procedieran a indagar la existencia de la justa causa, con el análisis de la prueba aportada por las partes, lo que al no hacer, al estimar que el empleador no cumplió con el referido artículo 91 del Código de Trabajo, dejaron a la sentencia carente de motivos y de falta de base legal, razón por la cual la misma debe ser casada sin necesidad de examinar los demás medios del recurso;


 * Considerando**, que cuando la sentencia es casada por falta de base legal, las costas pueden ser compensadas.

B.J. NO. 1104, NOVIEMBRE 2002


 * Considerando**, que de igual manera, la referida norma convencional no fija ninguna limitación en cuanto al monto del salario a computar para el cálculo de los derechos de los trabajadores, pues de manera precisa indica que el compromiso de la empresa es la entrega de las “prestaciones de ley”, debiendo aplicarse cada vez que se vaya a conceder esa prerrogativa, la disposición de la parte in fine del artículo 85 del Código de Trabajo, que ordena tomar en cuenta para el cálculo del auxilio de cesantía “los salarios correspondientes a horas ordinarias”, siendo correcta la decisión del Tribunal a-quo de disponer que los cálculos de la compensación económica se hicieran sobre la base del salario ordinario del recurrido;


 * Considerando**, que en la especie no estuvo en discusión la causa de terminación del contrato de trabajo del recurrido, sino la determinación de la norma jurídica a aplicar, por lo que la Corte a-qua no pudo incurrir en los vicios de violación a las reglas de la pruebas que le atribuye la recurrente;


 * Considerando**, que la sentencia impugnada contiene una relación completa de los hechos y motivos suficientes y pertinentes que permiten a esta corte verificar la correcta aplicación de la ley, razón por la cual el medio que se examina carece de fundamento y debe ser desestimado.

B.J. NO. 1104, NOVIEMBRE 2002


 * onsiderando**, que de acuerdo al artículo 544 del Código de Trabajo, es facultativo de los jueces autorizar la producción posterior al depósito del escrito inicial de uno o más documentos, siempre que la parte solicitante haya hecho reserva en su escrito de solicitar tal depósito y demuestre que estuvo imposibilitado de producir el documento que se pretende depositar o que pruebe que se trata de un documento nuevo, por lo que el tribunal actuó correctamente al rechazar el pedimento que en ese sentido formuló el recurrente, al no cumplir con esos requisitos, por lo que no se le puede atribuir el vicio de falta de ponderación del documento a que se refiere la recurrente;


 * Considerando**, que la sentencia impugnada contiene una relación completa de los hechos y motivos suficientes y pertinentes que permiten a esta corte verificar la correcta aplicación de la ley, razón por la cual el medio que se examina carece de fundamento y debe ser desestimado.

B.J. NO. 1104, NOVIEMBRE 2002


 * Considerando**, que para dar por establecidos los hechos invocados por el demandante, el Tribunal a-quo se basó en la presunción del artículo 16 del Código de Trabajo, a pesar de que en la propia sentencia se expresa que el salario que figura en la planilla del personal de la empresa es inferior al reclamado por el recurrido, lo que obligaba al trabajador demandante a demostrar al tribunal el salario invocado, si entendía que en la planilla registrada se incurría en una falsedad al respecto;


 * Considerando**, que por otra parte, la sentencia impugnada no deja claro cual fue la causa de terminación del contrato de trabajo, al dar motivos relativos tanto a la terminación por desahucio, como es el señalamiento de que “la parte que ejerce el desahucio debe dar aviso a la otra, lo que no ha ocurrido en la especie” y su expresión de “que si el empleador no prueba la justa causa invocada como fundamento del despido el tribunal declarará el despido injustificado y resuelto el contrato por causa del empleador”, todo lo cual hace que la sentencia carezca de motivos pertinentes y de base legal, razón por la cual debe ser casada, sin necesidad de examinar los demás medios del recurso;


 * Considerando**, que cuando la sentencia es casada por falta de base legal, las costas pueden ser compensadas.

B.J. NO. 1104, NOVIEMBRE 2002


 * Considerando**, que al momento de la terminación del contrato de trabajo de la recurrida estaba vigente la Tarifa 9-99, dictada por el Comité Nacional de Salarios, en fecha 3 de julio de 1999, que establecía un salario mínimo de RD$2,895.00 mensuales, por lo que el monto de veinte salarios mínimos ascendía a la suma de RD$57,900.00, monto que como es evidente no alcanza la totalidad de las condenaciones que impone la sentencia recurrida, por lo que el recurso de que se trata debe ser declarado inadmisible, de conformidad con lo que prescribe el artículo 641 del Código de Trabajo.

B.J. NO. 1104, NOVIEMBRE 2002


 * Considerando**, que la sentencia impugnada contiene una relación completa de los hechos y motivos suficientes y pertinentes que permiten a esta corte verificar la correcta aplicación de la ley, razón por la cual los medios que se examinan carecen de fundamento y deben ser desestimados;


 * Considerando**, que en el desarrollo del cuarto medio de casación propuesto, la recurrente expresa, en síntesis, lo siguiente: “que la Corte a-qua le condenó al pago de participación en los beneficios sin que la demandante probara que la demandada obtuvo beneficios y sin decir tampoco en qué fundamenta su decisión, lo que era necesario, en vista de que la vocación que tiene todo trabajador de obtener esa participación está sujeta a que el empleador obtenga beneficios en el período reclamado;


 * Considerando**, que del estudio de la sentencia impugnada y de los documentos que integran el expediente se advierte que la recurrente no discutió ante los jueces del fondo, el reclamo de la participación en los beneficios que le formuló la actual recurrida, razón por la cual el Tribunal a-quo acogió la reclamación en ese sentido, por tratarse de un aspecto de la demanda no controvertido, constituyendo el vicio que se le atribuye al fallo recurrido, un medio nuevo en casación, que como tal es declarado inadmisible.

B.J. NO. 1104, NOVIEMBRE 2002


 * Considerando**, que después de haber sido interpuesto el recurso de casación de que se trata, y antes de ser conocido, las partes en sus respectivas calidades de recurrente y recurrido, han desistido de dicho recurso, desistimiento que ha sido aceptado por las mismas.

B.J. NO. 1104, NOVIEMBRE 2002


 * Considerando**, que al momento de la terminación del contrato de trabajo de la recurrida estaba vigente la Tarifa No. 3-99, dictada por el Comité Nacional de Salarios, en fecha 3 de julio de 1999, que establecía un salario mínimo de RD$2,895.00 mensuales, por lo que el monto de veinte salarios mínimos ascendía a la suma de RD$57,900.00, monto que como es evidente no alcanza la totalidad de las condenaciones que impone la sentencia recurrida, por lo que el recurso de que se trata debe ser declarado inadmisible, de conformidad con lo que prescribe el artículo 641 del Código de Trabajo.

B.J. NO. 1104, NOVIEMBRE 2002


 * Considerando**, que al disponer la suspensión de la ejecución de la sentencia del primer grado, el Juez a-quo, actuó respondiendo a un pedimento formulado mediante una instancia en referimiento de la propia recurrente, a la cual complació acogiendo su demanda en ese sentido;


 * Considerando**, que es facultativo del juez de referimiento decidir cuando el depósito del duplo del monto de las condenaciones de la sentencia cuya ejecución se pretende suspender, se haga mediante la presentación de una garantía otorgada por una compañía aseguradora, no incurriendo en falta alguna el juez que en esas atribuciones disponga que para que esa suspensión se produzca el interesado deposite el duplo de las condenaciones en un banco comercial, pues esta forma de proceder está en consonancia con las disposiciones del referido artículo 539 del Código de Trabajo y el artículo 93 del Reglamento No. 258-93 para la aplicación del Código de Trabajo, razón por la cual al tomar la decisión impugnada el Juez a-quo actuó de acuerdo con la ley que rige la materia;


 * Considerando**, que la sentencia impugnada contiene motivos suficientes y pertinentes que permiten a esta corte verificar la correcta aplicación de la ley, razón por la cual los medios que se examinan carecen de fundamento y deben ser desestimados.

B.J. NO. 1104, NOVIEMBRE 2002


 * Considerando**, que al momento de la terminación de los contratos de trabajo de los recurrentes estaba vigente la Tarifa No. 3-97, dictada por el Comité Nacional de Salarios, en fecha 29 de septiembre de 1997, que establecía un salario mínimo de RD$2,412.00 mensuales, por lo que el monto de veinte salarios mínimos ascendía a la suma de RD$48,240.00, monto que como es evidente no alcanza la totalidad de las condenaciones que impone la sentencia recurrida, por lo que el recurso de que se trata debe ser declarado inadmisible, de conformidad con lo que prescribe el artículo 641 del Código de Trabajo.

B.J. NO. 1105, DICIEMBRE 2002


 * Considerando**, que tal como lo expresa la recurrente, la Corte a-qua a pesar de dar el motivo que antecede para considerar como al único empleador del recurrido al señor Ramón Peña Corcino, confirma en todas sus partes la sentencia dictada por la Segunda Sala del Juzgado de Trabajo del Distrito Nacional, lo que implica admitir el reconocimiento que dicho tribunal hizo de la condición de empleadores de los demás demandados y el mantenimiento de las condenaciones que dicha sentencia les impuso, lo que constituye el vicio atribuido por la recurrente en su memorial de casación, razón por la cual la sentencia debe ser casada en ese aspecto;


 * Considerando**, que en su memorial de defensa, el recurrido reconoce que la decisión impugnada excluyó a las indicadas recurrentes de toda responsabilidad frente al demandante, lo que implica que con la casación de ese aspecto de la sentencia recurrida no resta nada por decidir, por lo que la misma debe hacerse por vía de supresión y sin envío.

B.J. NO. 1105, DICIEMBRE 2002


 * Considerando**, que del estudio de la sentencia impugnada y de los documentos que integran el expediente se advierte que los recurrentes no discutieron ante los jueces del fondo la reclamación formulada por el recurrido para que se le pagara la participación en las utilidades de la empresa, lo que al ser planteado por primera vez en casación, se constituye en un nuevo medio que como tal es declarado inadmisible.

B.J. NO. 1105, DICIEMBRE 2002


 * Considerando**, que después de haber sido interpuesto el recurso de casación de que se trata, y antes de ser conocido, las partes en sus respectivas calidades de recurrente y recurrido, han desistido de dicho recurso, desistimiento que ha sido aceptado por las mismas.

B.J. NO. 1105, DICIEMBRE 2002


 * Considerando**, que por otra parte, al no ser el señor Michel Coudray, una parte en el recurso de apelación, la Corte a-qua no podía declarar que la sentencia dictada en su contra por el Juzgado de Trabajo había adquirido la autoridad de la cosa juzgada, pues la discusión del asunto estaba centrada entre los recurrentes y la recurrida, no pudiendo resultar afectada de las decisiones que se adoptaran en el conocimiento del mismo una persona extraña al litigio que se conocía, por lo que carece de trascendencia la omisión que al respecto hace la sentencia impugnada;


 * Considerando**, que la sentencia impugnada contiene una relación completa de los hechos y motivos suficientes y pertinentes que permiten a la corte verificar la correcta aplicación de la ley, razón por la cual el medio que se examina carece de fundamento y debe ser desestimado.

B.J. NO. 1105, DICIEMBRE 2002


 * Considerando**, que el artículo 639 del Código de Trabajo dispone que salvo lo establecido de otro modo en el capítulo de dicho código que trata del recurso de casación, son aplicables a éste las disposiciones de la Ley sobre Procedimiento de Casación;


 * Considerando**, que al no haber en el Código de Trabajo una disposición que prescriba expresamente la sanción que corresponde cuando la notificación del memorial al recurrido no se haya hecho en el plazo de cinco días a que se refiere el artículo 643 del referido código, debe aplicarse la sanción prevista en el artículo 7 de la Ley No. 3726 del 23 de noviembre de 1966 sobre Procedimiento de Casación, que declara caduco el recurso, cuando el recurrente no emplazare al recurrido en el término fijado por la ley. Esta caducidad será pronunciada a pedimento de la parte interesada o de oficio;


 * Considerando**, que del estudio de las piezas que componen el expediente abierto en ocasión del presente recurso, se advierte que el mismo fue interpuesto mediante escrito depositado por el recurrente en la Secretaría de la Primera Sala de la Corte de Trabajo del Distrito Nacional, el 11 de marzo del 2002, y notificado al recurrido el 2 de abril del 2002, por acto número 266-2002, diligenciado por Joaquín D. Espinal Geraldino, Alguacil Ordinario de la Primera Sala de la Corte de Trabajo del Distrito Nacional, cuando se había vencido el plazo de cinco días establecido por el artículo 643 del Código de Trabajo para la notificación del recurso de casación, razón por la cual debe declararse su caducidad.

B.J. NO. 1105, DICIEMBRE 2002


 * Considerando**, que al no haber en el Código de Trabajo una disposición que prescriba expresamente la sanción que corresponde cuando la notificación del memorial al recurrido no se haya hecho en el plazo de cinco días a que se refiere el artículo 643 del referido código, debe aplicarse la sanción prevista en el artículo 7 de la Ley No. 3726 del 23 de noviembre de 1966 sobre Procedimiento de Casación, que declara caduco el recurso cuando el recurrente no emplazare al recurrido en el término fijado por la ley. Esta caducidad será pronunciada a pedimento de la parte interesada o de oficio;


 * Considerando**, que del estudio de las piezas que componen el expediente abierto en ocasión del presente recurso, se advierte que el mismo fue interpuesto mediante escrito depositado por el recurrente en la Secretaría de la Primera Sala de la Corte de Trabajo del Distrito Nacional, el 11 de marzo del 2002, y notificado a la recurrida el 2 de abril del 2002, por acto número 268-2002, diligenciado por Joaquín D. Espinal Geraldino, Alguacil Ordinario de la Primera Sala de la Corte de Trabajo del Distrito Nacional, cuando se había vencido el plazo de cinco días establecido por el artículo 643 del Código de Trabajo para la notificación del recurso de casación, razón por la cual debe declararse su caducidad.

B.J. NO. 1105, DICIEMBRE 2002


 * Considerando**, que la sentencia impugnada expresa lo siguiente: “Que la razón social Obras y Tecnologías, S. A. (OTESA), promovió en adición, fin de inadmisión, en el alcance del artículo 619 del Código de Trabajo, por lo que esta Corte está en el deber ineludible de calcular los valores reivindicados por el reclamante en su instancia introductivo de demanda para saber si alcanzan o no el valor igual o mayor de diez (10) salarios mínimos, no como erróneamente sostiene la empresa en cuestión al tomar como base de referencia, a la sentencia (sic) recurrida”;


 * Considerando**, que contrario a lo afirmado por la recurrente en su memorial de casación, el artículo 619 del Código de Trabajo dispone que el monto a tomar en cuenta para determinar la admisibilidad del recurso de apelación, es el monto de la demanda y no de las condenaciones de la sentencia que intervenga en el juzgado de trabajo, tal como lo hizo el Tribunal a-quo, razón por la cual el medio que se examina carece de fundamento y debe ser desestimado.

B.J. NO. 1105, DICIEMBRE 2002


 * Considerando**, que del estudio de las piezas que componen el expediente abierto en ocasión del presente recurso, se advierte que el mismo fue interpuesto mediante escrito depositado por la recurrente en la Secretaría de la Primera Sala de la Corte de Trabajo del Distrito Nacional, el 11 de marzo del 2002, y notificado al recurrido el 2 de abril del 2002, por acto número 267-2002, diligenciado por Joaquín D. Espinal Geraldino, Alguacil Ordinario de la Primera Sala de la Corte de Trabajo del Distrito Nacional, cuando se había vencido el plazo de cinco días establecido por el artículo 643 del Código de Trabajo para la notificación del recurso de casación, razón por la cual debe declararse su caducidad.

B.J. NO. 1105, DICIEMBRE 2002


 * Considerando**, que por tratarse de una casación motivada por una carencia de derechos del reclamante, no queda nada por juzgar en lo relativo a la participación en los beneficios reclamados, por lo que la casación se hace por vía de supresión y sin envío;


 * Considerando**, que la recurrente no presenta ningún medio, ni atribuye a la Corte a-qua haber violado ninguna norma jurídica en lo relativo a las demás condenaciones que le impone la sentencia impugnada, por lo que no procede examinarlas al amparo del presente recurso de casación, cuyo desarrollo de los medios de casación propuestos se limitan al aspecto de la participación en los beneficios, aunque en las conclusiones se solicita la casación sin límite de dicha sentencia, lo que no es suficiente para que se cumpla con las disposiciones del ordinal 4to. del artículo 642 del Código de Trabajo, que exige que en el escrito contentivo del recurso de casación se incluyan los medios en que se funda dicho recurso;


 * Considerando**, que cuando ambas partes sucumben en sus conclusiones, las costas pueden ser compensadas.

B.J. NO. 1105, DICIEMBRE 2002


 * Considerando**, que independientemente de que ha sido criterio constante de esta corte, que la ausencia en una sentencia, de los datos referentes a una de las partes y de sus representantes, no es causa de nulidad de dicha sentencia, si la misma no impide la identificación de la parte cuyos datos se omiten, en la especie la sentencia impugnada hace constar que la recurrente es la Autoridad Portuaria Dominicana, y que tuvo como abogados constituidos y apoderados especiales, al Dr. Julio César Sánchez y al Lic. Héctor Emilio Mojica, datos suficientes para cumplir con el artículo 537 del Código de Trabajo, razón por la cual el medio que se examina carece de fundamento y debe ser desestimado.

B.J. NO. 1105, DICIEMBRE 2002


 * Considerando**, que al momento de la terminación del contrato de trabajo del recurrido estaba vigente la Tarifa No. 9-99, dictada por el Comité Nacional de Salarios, en fecha 3 de julio de 1999, que establecía un salario mínimo de RD$2,895.00 mensuales, por lo que el monto de veinte salarios mínimos ascendía a la suma de RD$57,900.00, monto que como es evidente no alcanza la totalidad de las condenaciones que impone la sentencia recurrida, por lo que el recurso de que se trata debe ser declarado inadmisible, de conformidad con lo que prescribe el artículo 641 del Código de Trabajo.

B.J. NO. 1105, DICIEMBRE 2002


 * Considerando**, que la presunción de que todo contrato de trabajo es por tiempo indefinido es hasta prueba en contrario, pudiendo ser destruida por cualquier medio, sin necesidad de que se haga mediante la prueba escrita, por así autorizarlo la libertad de pruebas que existe en esta materia y las disposiciones del IX Principio Fundamental del Código de Trabajo, que da preeminencia, para el establecimiento del contrato de trabajo y sus modalidades a los hechos y no a los documentos;


 * Considerando**, que como en la especie la Corte a-qua, al ponderar las pruebas aportadas, apreció que la relación existente entre las partes fue producto de la existencia de contratos de trabajo para una obra determinada, que son los que en principio generan las labores de construcción, la decisión tomada por dicho tribunal es correcta, careciendo en consecuencia de fundamento los medios que se examinan, por lo que deben ser desestimados.

B.J. NO. 1105, DICIEMBRE 2002


 * Considerando**, que después de haber sido interpuesto el recurso de casación de que se trata, y antes de ser conocido, las partes en sus respectivas calidades de recurrente y recurrido, han desistido de dicho recurso, desistimiento que ha sido aceptado por las mismas.

B.J. NO. 1105, DICIEMBRE 2002


 * Considerando**, que al momento de la terminación del contrato de trabajo del recurrido estaba vigente la Tarifa No. 9-99 dictada por el Comité Nacional de Salarios, en fecha 3 de julio de 1999 que establecía un salario mínimo de RD$2,895.00 mensuales, por lo que el monto de veinte salarios mínimos ascendía a la suma de RD$57,900.00, monto que como es evidente no alcanza la totalidad de las condenaciones que impone la sentencia recurrida, por lo que el recurso de que se trata debe ser declarado inadmisible, de conformidad con lo que prescribe el artículo 641 del Código de Trabajo.

B.J. NO. 1105, DICIEMBRE 2002


 * Considerando**, que lo expuesto precedentemente permite establecer, que si bien es cierto que el Tribunal a-quo rechazó el principal motivo invocado por el juez de primer grado para acoger la dimisión del trabajador, no menos cierto es que la demanda del trabajador también se fundamentaba en otros motivos, como el atraso en el pago de sus salarios, la no concesión de vacaciones anuales, el no pago de los beneficios, entre otros los que fueron analizados y ponderados por la Corte a-qua para determinar la justa causa de la dimisión y sin que la recurrente como era su deber probara haber cumplido con esas obligaciones, sin que con ello el Tribunal a-quo haya incurrido en contradicción de motivos, ya que en virtud del efecto devolutivo del recurso de apelación dicha Corte gozaba de la más amplia facultad para ponderar todos los elementos de la causa, por lo que procede desestimar el segundo medio del presente recurso de casación, a la vez que se rechaza dicho recurso por improcedente y mal fundado.

B.J. NO. 1105, DICIEMBRE 2002


 * Considerando**, que tras ponderar las pruebas aportadas, el Tribunal a-quo llegó a la conclusión de que el recurrente no sólo firmó un documento donde hizo constar que recibió los valores que le correspondían en ocasión de la terminación del contrato de trabajo que le unió con los recurridos, sino que además recibió el monto que en ese documento se especificaba, lo que se hizo a través del cheque No. 1073 de fecha 7 de septiembre de 1998, girado a su favor, contra el Banco Nacional de Crédito;


 * Considerando**, que asimismo el Tribunal a-quo apreció que el recurrente no hizo la prueba del supuesto arrebato del cheque de parte de los recurridos, alegado por él para desvirtuar la recepción de la suma de dinero, consecuencia de la cual expidió recibo de descargo y finiquito, prueba que estaba a su cargo frente a su admisión de haber firmado dicho recibo y endosado el cheque en cuestión;


 * Considerando**, que se advierte que al apreciar las pruebas aportadas, el Tribunal a-quo hizo un uso correcto del soberano poder de apreciación de que disfrutan los jueces del fondo en esta materia, sin incurrir en desnaturalización alguna, dando motivos suficientes y pertinentes para sustentar su fallo, razón por la cual los medios que se examinan carecen de fundamento y deben ser desestimados.

B.J. NO. 1105, DICIEMBRE 2002


 * Considerando**, que al no haber en el Código de Trabajo una disposición que prescriba expresamente la sanción que corresponde cuando la notificación del memorial al recurrido no se haya hecho en el plazo de cinco días a que se refiere el artículo 643 del referido código, debe aplicarse la sanción prevista en el artículo 7 de la Ley No. 3726 del 23 de noviembre de 1966 sobre Procedimiento de Casación, que declara caduco el recurso, cuando el recurrente no emplazare al recurrido en el término fijado por la ley; esta caducidad será pronunciada a pedimento de la parte interesada o de oficio;


 * Considerando**, que del estudio de las piezas que componen el expediente abierto en ocasión del presente recurso, se advierte que el mismo fue interpuesto mediante escrito depositado por la recurrente en la secretaría de la Segunda Sala de la Corte de Trabajo del Distrito Nacional, el 11 de septiembre del 2002, y notificado a la recurrida el 20 de septiembre del 2002, por acto No. 368-2002, diligenciado por Noemí E. Javier Peña, Alguacil Ordinario del Juzgado de Trabajo del Distrito Judicial de San Cristóbal, cuando se había vencido el plazo de cinco días establecido por el artículo 643 del Código de Trabajo para la notificación del recurso de casación, razón por la cual debe declararse su caducidad.

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 * Considerando**, que para dar cumplimiento al mandato de la ley no basta con indicar en el memorial de casación, la violación de un principio jurídico o de un texto legal, sino que es preciso que se indique en que parte de sus motivaciones la sentencia impugnada ha desconocido ese principio o texto legal, lo que implica la articulación de un razonamiento jurídico que permite a la Corte determinar si en el caso ha habido o no violación a la ley;


 * Considerando**, que en su memorial los recurrentes se limita a expresar que: “como la declaración del testigo presentado en audiencia con una doble identidad en cuanto al nombre de la persona que es sometida por la Policía Nacional, que es el señor Bienvenido Meléndez y la lista de testigos depositada ante la Corte emitió la sentencia de marras en la cual presentaron al señor Jorge Alexander Medina Gómez, dichas declaraciones deben ser descalificadas del examen” y que “las violaciones de las aplicaciones y muy sobre todo en cuanto la violación al derecho de defensa se hace constante en lo concerniente a las sentencias de los tribunales, en el sentido de que como ya expusimos en el primer medio se viola el Art. 88 del Código de Trabajo y luego para justificarlo debían desnaturalizar no observando el artículo 541 Ord. 6to. sobre la prueba escrita, motivando de una forma despiadada en cuanto acoge las declaraciones de un testigo que no fue presentado ante la Corte de Trabajo”, sin hacer una imputación específica a la sentencia impugnada y sin un contenido ponderable, razón por la cual el recurso de que se trata debe ser declarado inadmisible.

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 * Considerando**, que en la especie, el Tribunal a-quo dio por establecido que la trabajadora fue informada el día 19 de abril del 2000, de la decisión de la recurrente de poner término a su contrato de trabajo, por lo que esa fue la fecha en que se produjo el despido de que se trata, es decir, cuando ya la empresa tenía conocimiento de que la demandante formaba parte del comité gestor del Sindicato de Trabajadores, por habérsele notificado el día anterior, mediante el acto número 224-2000, diligenciado por José Daniel Bobes, Alguacil Ordinario de la Segunda Sala del Juzgado de Trabajo del Distrito Judicial de San Pedro de Macorís;


 * Considerando**, que en esa virtud dicho despido, al no haber sido sometido previamente a la consideración de la Corte de Trabajo de San Pedro de Macorís, resultaba nulo al tenor del referido artículo 391 del Código de Trabajo, aún cuando la recurrida hubiere cometido alguna falta que ameritara de esa decisión de parte de su empleador, tal como lo declaró la sentencia impugnada, razón por la cual los medios que se examinan carecen de fundamento y deben ser desestimados.

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 * Considerando**, que los informes que rinden los inspectores de trabajo en ocasión de las actuaciones que realizan, no son actos auténticos que deban ser combatidos a través de la inscripción en falsedad, sino documentos que deben ser ponderados por los jueces para determinar su valor probatorio, y analizarlos con el conjunto de las pruebas aportadas para formar su convicción, sin que ninguna de ellas tenga primacía sobre otra;


 * Considerando**, que la finalidad del recurso de apelación es que el asunto sea conocido nuevamente por un tribunal de alzada, el cual podrá tener criterio y consideraciones distintas a la del tribunal que dictó la sentencia apelada, al hacer su propia apreciación de las pruebas aportadas, no constituyendo ningún vicio que dicho tribunal de un alcance y un sentido distinto a estas pruebas, siempre que no incurra en desnaturalización alguna;

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 * Considerando**, que en la especie el Tribunal a-quo ponderó las pruebas aportadas, incluida el informe del inspector de trabajo actuante y las declaraciones formuladas ante el juzgado de primera instancia por el señor Vicente Altagracia Terrero, de cuya ponderación dio por establecido el hecho del despido, punto en controversia, para lo que hizo uso del poder de apreciación de que disfrutan los jueces del fondo en esta materia, sin que se advierte que incurriera en desnaturalización alguna, razón por la cual los medios que se examinan carecen de fundamento y deben ser desestimados.


 * Considerando**, que después de haber sido interpuesto el recurso de casación de que se trata, y antes de ser conocido, las partes en sus respectivas calidades de recurrente y recurrido, han desistido de dicho recurso, desistimiento que ha sido aceptado por las mismas.

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 * Considerando**, que en ese tenor no le bastaba a la recurrente la presentación de la sentencia apelada, donde se indicaba que había aportado la prueba de la comunicación del despido al Departamento de Trabajo para que el tribunal diera ese hecho como cierto, sin que ello implique el desconocimiento del carácter de acto auténtico de la referida sentencia, sino que era necesario establecer ese hecho ante la Corte a-qua;


 * Considerando**, que si bien, en esta materia, el juez tiene un papel activo que le permite la iniciativa procesal en búsqueda de la verdad, el mismo no le obliga a procurar las pruebas en posesión de una de ellas y que por desidia no es depositada en el término establecido por la ley, ya que ello implicaría una sustitución de esa parte, sin causa justificada;


 * Considerando**, que la sentencia impugnada contiene una relación completa de los hechos y motivos suficientes y pertinentes que permiten a esta corte verificar la correcta aplicación de la ley, razón por la cual el medio que se examina carece de fundamento y debe ser desestimado.

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 * Considerando**, que al no haber en el Código de Trabajo una disposición que prescriba expresamente la sanción que corresponde cuando la notificación del memorial al recurrido no se haya hecho en el plazo de cinco días a que se refiere el artículo 643 del referido código, debe aplicarse la sanción prevista en el artículo 7 de la Ley No. 3726 del 23 de noviembre de 1966, que declara caduco el recurso, cuando al recurrente no emplazare al recurrido en el término fijado por la ley. Esta caducidad será pronunciada a pedimento de la parte interesada o de oficio;


 * Considerando**, que del estudio de las piezas que componen el expediente abierto en ocasión del presente recurso, se advierte que el mismo fue interpuesto mediante escrito depositado por la recurrente en la secretaría de la Corte de Trabajo del Distrito Nacional, el 2 de abril del 2002, y notificado al recurrido el 12 de abril del 2002, por acto número 135-2002, diligenciado por Félix Valoy Encarnación M., Alguacil Ordinario de la Corte de Trabajo de San Pedro de Macorís, cuando se había vencido el plazo de cinco días establecido por el artículo 643 del Código de Trabajo para la notificación del recurso de casación, razón por la cual debe declararse su caducidad.

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 * Considerando**, que por otra parte, de acuerdo con el artículo 16 del Código de Trabajo, los trabajadores están exentos de hacer la prueba de los hechos establecidos por los libros y documentos que los empleadores deben depositar y conservar ante las autoridades de trabajo, entre los cuales se encuentran el salario y la duración del contrato de trabajo;


 * Considerando**, que al tenor de ese artículo, el empleador que pretenda que los derechos reclamados por un demandante deben ser computados en base a un salario y tiempo de duración menor a los invocados por el trabajador, debe hacer la prueba de esa circunstancia, en ausencia de lo cual el tribunal debe dar como establecido el monto y tiempo alegado por el demandante, tal como sucedió en la especie, en que, por la ausencia de la prueba apreciada por el Tribunal a-quo la sentencia impugnada admitió la demanda de que se trata sobre la base de lo afirmado por el recurrido;


 * Considerando**, que la sentencia impugnada contiene una relación completa de los hechos y motivos suficientes y pertinentes que permiten a esta corte verificar la correcta aplicación de la ley, razón por la cual los medios que se examinan carecen de fundamento y deben ser desestimados.

B.J. NO. 1105, DICIEMBRE 2002


 * Considerando**, que como la modificación hecha a sus reglamentos por el recurrente, disminuyó los beneficios, que en el orden de los retiros por jubilación establecía el referido Reglamento del año 1996, la misma constituye una modificación unilateral de las condiciones de trabajo de los recurridos, que por esa disminución no puede ser aplicada en desmedro de los derechos reconocidos por la norma anterior, tal como lo decidió la Corte a-qua;


 * Considerando**, que las disposiciones del Código de Trabajo son normas mínimas aplicables en toda relación laboral, pero que pueden ser modificadas siempre que sea con el objeto de favorecer al trabajador y mejorar su condición, como lo dispone el artículo 37 del Código de Trabajo, por lo que la Reglamentación del Plan de Pensiones y Jubilaciones que reconoce a los trabajadores jubilados el pago de una proporción del equivalente a las prestaciones laborales, tenía que ser cumplida por el recurrente, por constituir un beneficio mayor para los trabajadores que otorga el artículo 83 del Código de Trabajo, que declara excluyente las pensiones del pago de prestaciones laborales y que el aceptó, no pudiendo invocar a su favor esa disposición del Código de Trabajo;


 * Considerando**, que la sentencia impugnada contiene una relación completa de los hechos y motivos suficientes y pertinentes que permiten a esta corte verificar la correcta aplicación de la ley, razón por la cual el medio que se examina carece de fundamento y debe ser desestimado;


 * Considerando**, que cuando ambas partes sucumben en sus pretensiones las costas pueden ser compensadas.

B.J. NO. 1105, DICIEMBRE 2002


 * Considerando**, que las disposiciones del Código de Trabajo son normas mínimas aplicables en toda relación laboral, pero que pueden ser modificadas siempre que sea con el objeto de favorecer al trabajador y mejorar su condición, como lo dispone el artículo 37 del Código de Trabajo, por lo que la reglamentación del plan de pensiones y jubilaciones que reconoce a los trabajadores jubilados el pago de una proporción del equivalente a las prestaciones laborales, tenía que ser cumplida por el recurrente, por constituir un beneficio mayor para los trabajadores que el que otorga el artículo 83 del Código de Trabajo, que declara excluyente las pensiones del pago de prestaciones laborales y que ella aceptó, no pudiendo invocar a su favor esa disposición del Código de Trabajo;


 * Considerando**, que la sentencia impugnada contiene una relación completa de los hechos y motivos suficientes y pertinentes que permiten a esta corte verificar la correcta aplicación de la ley, razón por la cual el medio que se examina carece de fundamento y debe ser desestimado;


 * Considerando**, que cuando ambas partes sucumben en sus pretensiones las costas pueden ser compensadas.

B.J. NO. 1105, DICIEMBRE 2002


 * Considerando**, que de la referida ponderación el Tribunal a-quo dió por establecido los hechos que sirvieron de base a la demanda del recurrido, para lo cual hizo uso del soberano poder de apreciación de que disfrutan los jueces del fondo en esta materia, sin que se advierta que al hacerlo incurriera en desnaturalización alguna;


 * Considerando**, que el alegato esgrimido por la recurrente en el sentido de que la sentencia no fue notificada por el alguacil comisionado y que en dicha notificación se le indicó un plazo para el recurso de casación distinto al de un mes establecido por el artículo 641 del Código de Trabajo, no es atribuible a la Corte a-qua, sino al recurrido, por lo que no tiene ninguna repercusión en cuanto a la calidad de la sentencia impugnada, ni ningún interés práctico a examinar, pues aun cuando fuere cierto que el recurrido incurriera en la irregularidad que se le atribuye, la misma sólo revestiría importancia, si se estuviere cuestionando la inadmisibilidad del recurso por caducidad, lo que no ocurre en la especie;


 * Considerando**, que la sentencia impugnada contiene una relación completa de los hechos y motivos suficientes y pertinentes, que permiten a esta corte verificar la correcta aplicación de la ley, razón por la cual el medio que se examina carece de fundamento y debe ser desestimado.

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 * Considerando**, que aún cuando la iniciativa de la terminación del contrato de trabajo de los recurridos surgió del empleador, al optar estos por la concesión de una pensión por antigüedad y descartar el pago de las indemnizaciones laborales, la suma recibida por aplicación del reglamento de pensiones y jubilaciones de la recurrente no tiene el carácter de prestaciones laborales por desahucio, sino de una compensación equivalente a éstas, como denomina el artículo 83 del Código de Trabajo la suma de dinero que reciben los trabajadores cuyos contratos terminen por jubilación o retiro, cuando la pensión es otorgada por el Instituto Dominicano de Seguros Sociales;


 * Considerando**, que como consecuencia de lo antes indicado, la falta de pago de la suma equivalente a las indemnizaciones laborales, no genera el pago de un día de salario por cada día de retardo que dispone el artículo 86 del Código de Trabajo a favor del trabajador a quién no se le haga efectivo las indemnizaciones laborales, en los diez días siguientes a la fecha de su desahucio; que como la sentencia impugnada condena a la recurrente al pago del astreinte establecido por el referido artículo 86 del Código de Trabajo para los casos de desahucio, sin que los recurridos tuvieren derecho al mismo, procede casar la sentencia en ese aspecto, por vía de supresión y sin envío;


 * Considerando**, que cuando ambas partes sucumben en sus pretensiones, las costas pueden ser compensadas.

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 * Considerando**, que la sentencia impugnada dio a la certificación del Contralor General de la República el valor que le corresponde, pues, como se expresa en dicho fallo, el criterio de los funcionarios públicos, no se impone al de los jueces, quienes forman su convicción en base a la prueba aportada y al análisis de las normas del Derecho;


 * Considerando**, que la sentencia impugnada contiene una relación completa de los hechos y motivos suficientes y pertinentes que permiten a esta corte verificar la correcta aplicación de la ley, razón por la cual los medios que se examinan carecen de fundamento y deben ser desestimados;


 * Considerando**, que en el desarrollo del tercer medio de casación propuesto, el recurrente alega, en síntesis, lo siguiente: que en virtud del artículo 2, párrafo, las instituciones autónomas del Estado deben indicar en una lista los nombres y apellidos de las personas que se reputarán como funcionarios públicos y empleados públicos, lo que no fue hecho por la recurrida, por lo que no se puede decir que el recurrente era un empleado público;


 * Considerando**, que ese aspecto de la Ley No. 2059 aludida por el recurrente fue derogado por el actual Código de Trabajo, razón por la cual el Tribunal a-quo no pudo cometer la violación que se le atribuye en el recurso de casación, por lo que el medio que se examina carece de fundamento y debe ser desestimado.

B.J. NO. 1105, DICIEMBRE 2002


 * Considerando**, que por otra parte, en la relación de los documentos depositados por la actual recurrente por ante el Tribunal a-quo, sólo figuran el escrito de defensa de fecha 10 de enero del 2002 y copia de la sentencia del 14 de septiembre del 2001, que son actos del procedimiento, por lo que no es posible a esta Corte apreciar si es cierto que la Corte a-qua dejó de ponderar algún documento depositado en el expediente, como alega la recurrente, al no señalar a cual documento se refiere, lo que es necesario para que esta en funciones de corte de casación analice ese vicio, pues no basta que un documento deje de ser ponderado para constituir un vicio capaz de producir la anulación de una sentencia, sino que además es necesario que el mismo sea de una trascendencia tal que pudiere influir en la suerte del proceso;


 * Considerando**, que la sentencia impugnada contiene una relación completa de los hechos y motivos suficientes y pertinentes que permite a esta Corte verificar la correcta aplicación de la ley, razón por la cual los medios que se examinan carecen de fundamento y deben ser desestimados.

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 * Considerando**, que la necesidad de ofertar las costas liquidadas y de la suma para las costas no liquidadas, no está sujeta a la notificación al deudor del poder otorgado a un abogado, como precisa la sentencia impugnada, sino a la existencia de actuaciones procesales que generen las mismas; que por ello no es suficiente el motivo dado por la Corte a-qua en ese sentido, al no expresar si la oferta se hizo ya iniciada alguna demanda en pago de prestaciones laborales intentada por la recurrida y si en ocasión de la misma pudieron haberse producido esas costas, independientemente de que se cumpliera la formalidad de notificación de un contrato de cuota litis, el cual se pacta para regular las relaciones entre la demandante y sus abogados, pero que en nada influye en las obligaciones que tenga un deudor con su acreedor;


 * Considerando**, que en ese tenor la sentencia impugnada carece de motivos suficientes y pertinentes que permitan a esta corte en funciones de Corte de Casación verificar la correcta aplicación de la ley, razón por la cual la misma debe ser casada;


 * Considerando**, que cuando la sentencia es casada por falta de motivos, las costas pueden ser compensadas.

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 * Considerando**, que después de haber sido interpuesto el recurso de casación de que se trata, y antes de ser conocido, las partes en sus respectivas calidades de recurrente y recurrido, han desistido de dicho recurso, desistimiento que ha sido aceptado por las mismas.

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 * Considerando**, que la sentencia impugnada condena a la recurrida al pago de RD$906.15, por concepto de 7 días de vacaciones y RD$1,709.39, como proporción del salario de navidad del año 2000, lo que hace un total de RD$2,615.54;


 * Considerando**, que en el momento de la terminación del contrato de trabajo estaba vigente la Resolución No. 4/99, dictada por el Comité Nacional de Salarios el 8 de junio del 1999, que establecía un salario mínimo de RD$2,222.00 mensuales para los trabajadores de zonas francas industriales, por lo que el monto de veinte salarios mínimos ascendía a RD$44,444.00, suma que como es evidente no alcanza las condenaciones impuestas por la sentencia impugnada, razón por la cual el recurso debe ser declarado inadmisible al tenor del artículo 641 del Código de Trabajo.


 * Considerando**, que cuando el recurso es decidido por un medio suplido de oficio por la suprema Corte de Justicia las costas pueden ser compensadas.

B.J. NO. 1105, DICIEMBRE 2002


 * Considerando**, que en virtud de los artículos 640 y 642 del Código de Trabajo, el recurso de casación se interpone mediante un escrito depositado en la secretaría del Tribunal que dictó la sentencia, que contendrá los medios en los cuales se funda el recurso, así como los fundamentos en que se sustentan las violaciones de la ley alegada por el recurrente, formalidad sustancial para la admisión del recurso de casación;


 * Considerando**, que para cumplir el voto de la ley no basta la simple mención de un texto legal y los principios jurídicos cuya violación se invoca, siendo indispensable además que la recurrente desenvuelva, en el memorial correspondiente, aunque sea de una manera sucinta, los medios en que funda su recurso, y que exponga en que consisten las violaciones por ella denunciadas, lo que no ha ocurrido en la especie, ya que la recurrente se limita a señalar que “la sentencia señalada precedentemente adolece de motivación en los medios de hecho y de derecho donde esta se fundamenta, lo que se traduce en una violación al artículo 141 del Código de Procedimiento Civil Dominicano y del artículo 537 del Código de Trabajo”, impidiendo a esta corte verificar si la sentencia impugnada incurre en la violación denunciada, razón por la cual debe ser declarado inadmisible.

B.J. NO. 1105, DICIEMBRE 2002


 * Considerando**, que para que los jueces cometan el vicio de desnaturalización de los hechos, es necesario que a éstos se les dé un sentido distinto al que tienen, no existiendo ninguna desnaturalización, cuando los jueces aprecian el valor de las pruebas, en soberano uso del poder de apreciación de éstas, sin alterar su contenido y espíritu;


 * Considerando**, que en la especie se advierte que los jueces hicieron uso de su soberano poder de apreciación sobre las pruebas aportadas, al ponderar los testimonios que le fueron aportados, dándole el verdadero alcance a los mismos, sin que se observe la comisión de desnaturalización alguna, lo que unido a una motivación suficiente y pertinente, permite a esta corte verificar la correcta aplicación de la ley, razón por la cual el medio que se examina carece de fundamento y debe ser desestimado.

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 * Considerando**, que el artículo 539 del Código de Trabajo dispone que: “Las sentencias de los juzgados de trabajo en materia de conflictos de derechos serán ejecutorias a contar del tercer día de la notificación, salvo el derecho de la parte que haya sucumbido de consignar una suma equivalente al duplo de las condenaciones pronunciadas, cuando la consignación se realice después de comenzada la ejecución, ésta quedará suspendida en el estado en que se encuentre. En los casos de peligro en la demora, el Juez Presidente puede ordenar en la misma sentencia la ejecución inmediatamente después de la notificación. Los efectos de la consignación en tal caso, se regirán por lo dispuesto en el segundo párrafo de este artículo”;


 * Considerando**, que es privativo del Juez Presidente de la Corte de Trabajo, en funciones de Juez de Referimiento apoderado de una demanda en suspensión de ejecución de una sentencia dictada por el juzgado de trabajo, disponer que para lograr tal suspensión el impetrante deposite una fianza que garantice el cumplimiento de la sentencia condenatoria cuando ésta se haga irrevocable, pero en modo alguno constituye una violación a la ley la decisión de que para la suspensión de la ejecución de una sentencia de primer grado, el interesado deposite el duplo de las condenaciones, pues con la misma se da acatamiento también al referido artículo 539 del Código de Trabajo, que declara ejecutoria dicha sentencia a contar del tercer día de la notificación;


 * Considerando**, que en la especie, el Tribunal a-quo actuó de acuerdo a las disposiciones legales vigentes en la materia, dando motivos suficientes y pertinentes, que justifican la decisión, razón por la cual el medio que se examina carece de fundamento y debe ser desestimado.

B.J. NO. 1105, DICIEMBRE 2002


 * Considerando**, que cuando un trabajador alega varias causas para justificar su dimisión, basta que pruebe la comisión de una de ellas para que el tribunal declare justificada la terminación del contrato de trabajo;


 * Considerando**, que por otra parte, para condenar de manera solidaria a los señores Procar, S. A. y/o Gerardo Estévez Hernández y/o Rafael Estévez Hernández, el Tribunal a-quo se fundamentó en que los codemandados no demostraron que la primera estuviere constituida como una sociedad comercial, con personalidad distinta a la de las personas físicas que actuaron en todo el curso del proceso como sus representantes y que también fueron demandadas, lo que les hizo responsable del cumplimiento de las obligaciones adquiridas frente al trabajador demandante;


 * Considerando**, que la sentencia impugnada contiene una relación completa de los hechos y motivos suficientes y pertinentes que permiten a esta corte verificar la correcta aplicación de la ley.

B.J. NO. 1105, DICIEMBRE 2002


 * Considerando**, que para que el uso del poder de apreciación de que disfrutan los jueces del fondo en esta materia, no sea objeto de la censura de la casación, es necesario que se otorgue a la prueba aportada su verdadero sentido, sin hacer deducciones más allá de lo que estas permiten, pues de hacerse así se incurriría en desnaturalización de las mismas;


 * Considerando**, que para fundamentar su fallo y dar por establecido el despido invocado por el demandante, la Corte a-qua recurre a deducir el mismo de las declaraciones del testigo Andrés De León, quién afirmó que el empleador había ido a la casa del trabajador para que le entregara las pertenencias de la empresa y a comunicarle que tenía un sustituto en su lugar, sin tener en cuenta que de acuerdo a las declaraciones del demandante, el despido se produjo en el centro de trabajo;


 * Considerando**, que al deducir de esas expresiones el hecho del despido, el Tribunal a-quo alteró el sentido de las mismas, cometiendo el vicio de desnaturalización de la prueba aportada que le atribuye la recurrente, razón por la cual la sentencia impugnada debe ser casada;


 * Considerando**, que cuando la sentencia es casada por una falta procesal a cargo de los jueces, las costas pueden ser compensadas.

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 * Considerando**, que los alguaciles son oficiales públicos que gozan de fe pública, cuyas actuaciones constituyen actos auténticos, que deben ser creídos hasta inscripción en falsedad, por lo que si la recurrente entendía que el acto mediante el cual el alguacil Anulfo Luciano Valenzuela, carecía de veracidad debió agotar el procedimiento correspondiente para obtener su nulidad, lo que no hizo;


 * Considerando**, que por demás, en el expediente figuran varios actos notificados a la recurrente en el lugar donde se le practicó la notificación de la sentencia impugnada, entre los que se encuentran el acto No. 162-98 del 9 de junio de 1998, citándole a comparecer por ante la Corte de Trabajo a la audiencia a celebrarse el 16 de junio de 1998, a la cual asistió la requerida, y el acto No. 230-99 del 20 de abril de 1999, invitándole asistir a la audiencia a celebrarse en dicho tribunal el 29 de abril de 1999, a la cual también asistió, lo que constituye una demostración de que los actos así notificados llegaban a su poder y afianzan la validez del acto de notificación de sentencia arriba indicado;


 * Considerando**, que siendo válida la notificación de la sentencia practicada el día 10 de febrero del 2000, al momento en que fue depositado el escrito contentivo del recurso de casación, en la Secretaría de la Corte de Trabajo de San Pedro de Macorís, el día 26 de diciembre del 2000, ya el plazo de un mes que establece el artículo 641 del Código de Trabajo para interponer el recurso de casación se había vencido, razón por la cual el mismo debe ser declarado inadmisible.

B.J. NO. 1105, DICIEMBRE 2002


 * Considerando**, que después de haber sido interpuesto el recurso de casación de que se trata, y antes de ser conocido, las partes en sus respectivas calidades de recurrente y recurrido, han desistido de dicho recurso, desistimiento que ha sido aceptado por las mismas.

B.J. NO. 1105, DICIEMBRE 2002


 * Considerando**, que al tenor del artículo 16 del Código de Trabajo, el trabajador está liberado de hacer la prueba de los hechos establecidos por los libros y documentos que el empleador debe registrar y conservar ante las autoridades de trabajo, como son las planillas del personal y el libro de sueldos y jornales, en razón de lo cual correspondía a la recurrente demostrar que los hechos invocados por el demandante como fundamento de la demanda, tales como duración del contrato de trabajo, naturaleza de éste y el salario percibido, eran contrarios a lo afirmado por él, de donde resulta correcta la decisión del Tribunal a-quo de admitir, tal como fue alegado por el demandante, el tiempo de labores, salario devengado y la participación en los beneficios, por no demostrar la demandada haber registrado los documentos que las leyes y reglamentos de trabajo exigen a todo empleador depositar en la Secretaría de Estado de Trabajo, ni la presentación de la declaración jurada de beneficios ante la Dirección General de Impuestos Internos, para determinar el balance de sus actividades económicas;


 * Considerando**, que por otra parte, contrario a lo afirmado por la recurrente, la Corte a-qua ponderó la validez del recurso de apelación por ella elevado contra la decisión de primer grado, habiéndolo declarado bueno y válido en cuanto a la forma, pero rechazándolo en cuanto al fondo, por las consideraciones que se hacen constar en la sentencia impugnada;


 * Considerando**, que la sentencia impugnada contiene una relación completa de los hechos y motivos suficientes y pertinentes, que permiten a esta corte verificar la correcta aplicación de la ley, razón por la cual los medios que se examinan carecen de fundamento y deben ser desestimados.

B.J. NO. 1105, DICIEMBRE 2002


 * Considerando**, que sin embargo, el fallo impugnado revoca en todas sus partes la sentencia del tribunal de primera instancia, que condenó, a la recurrida, además del pago de indemnizaciones laborales por despido injustificado, al pago de derechos al trabajador por concepto de participación en los beneficios, salario navideño y vacaciones no disfrutadas, los que no están condicionados para su disfrute a que el contrato de trabajo haya terminado con responsabilidad para el empleador, circunstancia que obligaba al Tribunal a-quo a dar motivos particulares al margen de los que contiene la sentencia impugnada para declarar justificado el despido del demandante y para rechazar el disfrute de tales derechos de su parte, rechazo este que fue consecuencia de la revocación total del fallo apelado;


 * Considerando**, que al no contener la sentencia impugnada los motivos por los cuales al demandante no se le otorgó la proporción del salario navideño, participación en los beneficios y la compensación por vacaciones no disfrutadas, reclamadas por él, procede casar la sentencia en cuanto a ellos se refiere;


 * Considerando**, que cuando ambas partes sucumben en sus pretensiones las costas pueden ser compensadas