1998

**__//JAZMIN LOVERAS RIJO y//__** __//** ALEJANDRINA FIGUEREO **//__
Sentencias en materia de tierra (Enero)

B.J. NO. 1046, ENERO 1998


 * Considerando**, que el plazo de meses establecidos en las leyes de procedimiento para interponer ciertos recursos deben ser contados de fecha a fecha, no computándose en ellos, de acuerdo con la regla general establecida en el arti­culo 1033 del Código de Procedimiento Civil, el di­a de la notificación, ni el del vencimiento, cuando como estos plazos son francos, como ocurre en la especie en virtud de lo que dispone el articulo 66 de la Ley sobre procedimiento de Casación;

B.J. NO. 1046, ENERO 1998


 * Considerando**, que éstos recurrentes incurren en la misma omisión del recurrente anterior, dado que el examen del acto de emplazamiento No.263/95 de fecha 3 de octubre de 1995, del alguacil Rómulo de la Cruz Reyes, ordinario de la Segunda Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional, muestra que por el mismo sólo se pone en causa a los señores Rufino Mena Maldonado y Salvador Mena Matos, omitiendo emplazar a los demás beneficiarios del fallo impugnado, por lo que las consideraciones ya expuestas en la presente sentencia en relación con el recurso del señor Gregorio Antonio López, también son aplicables al Recurso de Casación que ahora se examina, interpuesto por el Dr. Pablo Feliz Peña y Compartes y en consecuencia, también debe ser declarado inadmisible.

B.J. NO. 1046, ENERO 1998
 * Considerando**, que el recurrente no ha indicado, ni explicado, como le incumbe, en que consiste la alegada desnaturalización de los hechos, ni hace referencia alguna a cual o cuales son esos hechos de cuya desnaturalización se queja; que tampoco precisa el recurrente en que consiste la falta de base legal, la cual se manifiesta por una ausencia de los hechos o una imprecisa exposición de los mismos, que no permite a la Suprema Corte de Justicia, decidir si la ley ha sido bien o mal aplicada; que en cuanto al exceso de poder que invoca igualmente no explica en su memorial en que consiste este vicio y en que aspecto de la sentencia se incurre en el mismo; que, en tales condiciones, los dos medios de casación carecen de contenido ponderable y el recurso de que se trata debe ser declarado inadmisible

B.J. NO. 1046, ENERO 1998
 * Considerando**, que en cuanto a la violación al derecho de defensa, desnaturalización de los hechos y falta de base legal, alegados por los recurrentes; que por lo expresado precedentemente se comprueba que la sentencia impugnada, contiene motivos suficientes y pertinentes que justifican plenamente su dispositivo, asi como una exposición completa de los hechos y una descripción de las circunstancias de la causa que han permitido verificar que el Tribunal a-quo hizo, en el caso, una correcta aplicación de la ley a los hechos soberanamente comprobados, por todo lo cual el Recurso de Casación de que se trata, carece de fundamento y debe ser desestimado;


 * Considerando**, que examinada en sus demás aspectos la sentencia impugnada no contiene ningún vicio que justifique su casación. Por tales motivos, **Primero:** Rechaza el Recurso de Casación interpuesto por los sucesores de Julián Cosma, procreados con Georgina Cabral, señores Felipe Cosma Cabral y compartes, contra la sentencia del Tribunal Superior de Tierras, de fecha 21 de octubre de 1993, dictada en relación con la parcela No. 191, del Distrito Catastral No. 2, del municipio de Constanza y cuyo dispositivo ha sido copiado en parte anterior del presente fallo.

(Febrero)

B.J. NO. 1047, FEBRERO 1998
 * Considerando**, que el Dr. Juan Ariza Mendoza, alega en sus conclusiones que Florencio Javier Rodriguez es hijo reconocido de Santiago Javier, lo cual justifica mediante acto de notoriedad de fecha 9 de julio de 1975, y por el acta de defuncion de Florencio Javier en 1959; si es cierto que el acta de notoriedad de acuerdo con nuestro derecho suple la falta de actas de estado civil, no es menos cierto, que en nuestro derecho, el reconocimiento de un hijo natural por este medio, carece de todo valor juridico. Nuestro mas alto Tribunal de Justicia de manera reiterativa establece: "que el reconocimiento es una confesion, que no puede emanar mas que del padre", ya que el reconocimiento es un hecho personal, y como hemos podido comprobar ni en el acta de notoriedad, ni en el acta de defuncion, figura el señor Santiago Javier como declarante, de no existir ningun documento que establezca el reconocimiento de Florencio Rodriguez o Florencio Javier Rodriguez, no procede la determinacion de herederos como hijo de Santiago Javier en relacion con la porcion adjudicada desde el 1953, a los sucesores de Santiago Javier;

B.J. NO. 1047, FEBRERO 1998


 * Considerando**, que la recurrente invoca, como fundamento de su Recurso de Casacion, los siguientes medios: Primer Medio: Violacion al principio del papel activo del Juez del saneamiento. Falta de Base Legal y ponderacion a las certificaciones expedidas por el Sindico del Distrito Nacional, el 20 de mayo de 1976, donde consta que la señora Numidica Argentina Ureña Sanchez, ocupa dicho solar desde hace mas de 30 años; Segundo Medio: Violacion al articulo 4 de la Ley de Registro de Tierras y a los articulos 2228, 2229 y 2262 del Codigo Civil. Falsa aplicacion e interpretacion de los hechos tales como posesion continua, sin discusion con nadie y a titulo de propietaria que mantuvo la reclamante senora Numinica Argentina Urena Sanchez;

B.J. NO. 1047, FEBRERO 1998


 * Considerando**, que los plazos de meses establecidos por las leyes de procedimiento deben ser contados de fecha a fecha, no computándose en ellos, de conformidad con la regla general contenida en el artículo 1033 del Código de Procedimiento Civil, el día de la notificación, ni el del vencimiento, cuando esos plazos son francos, como ocurre en esta materia tal como lo prescribe el artículo 66 de la Ley sobre Procedimiento de Casación;

B.J. NO. 1047, FEBRERO 1998


 * Considerando**, que al no ser una sucesión persona física, ni moral, ni jurídica, no puede actuar en justicia; que la falta de indicación tanto en el recurso como en la notificación del mismo hecha a la parte recurrida, del nombre, la profesión y el domicilio de cada uno de los componentes de dicha sucesión, como ocurre en la especie en que el memorial introductivo del recurso no figuran esos datos, hace inadmisible, el recurso de casación de que se trata;

B.J. NO. 1047, FEBRERO 1998


 * Considerando**, que para la acción en revisión por causa de fraude, que preveen los textos ya indicados de la Ley de Registro de Tierras, pueda ser acogida, es indispensable la concurrencia de las tres condiciones siguientes: a) que la acción sea intentada dentro del año a partir de la transcripción del decreto de registro; b) que el intimado haya cometido el fraude alegado por el intimante, por los medios que establece el artículo 140 de la Ley que rige la materia y c) que no haya adquirido derecho o interés contrario en el inmueble en litigio un comprador o adquiriente de buena fe y a título oneroso;

B.J. NO. 1047, FEBRERO 1998


 * Considerando**, que la recurrida propone en su Memorial de Defensa la inadmisibilidad del presente Recurso de Casación, alegando que los recurrentes no fueron parte en el proceso, ni hay constancia de ello; también propone la recurrida la caducidad del recurso porque los recurrentes no emplazaron a la recurrida en el término de 30 días que establece la ley, a contar de la fecha en que fueron autorizados a ello por el auto dictado al efecto por el Presidente de la Suprema Corte de Justicia el 14 de diciembre de 1988, y que al proceder al emplazamiento 34 días después, dicho recurso debe ser declarado caduco, de conformidad con el artículo 7 de la Ley sobre Procedimiento de Casación;

B.J. NO. 1047, FEBRERO 1998


 * Considerando**, que el recurrido ha propuesto en su memorial de defensa un medio de inadmisión del recurso alegando que: "Como la actual recurrente no apeló la sentencia rendida en su contra por el Juez de Jurisdicción Original, no puede recurrir en casación y que por tanto el Recurso de Casación de que se trata debe ser declarado inadmisible";

B.J. NO. 1047, FEBRERO 1998


 * Considerando**, que de acuerdo con el artículo 16 del Código Civil, reformado por la Ley 845 del 15 de julio de 1978: "En todas las jurisdicciones, el extranjero transeúnte que sea demandante principal o interviniente voluntario estará obligado a dar fianza para el pago de las costas y de los daños y perjuicios resultantes de la litis, a menos que posea en la República Dominicana un inmueble de un valor suficiente para asegurar ese pago";

(Marzo)

B.J. NO. 1048, MARZO 1998


 * Considerando**, que a su vez la recurrida propone en su memorial de defensa la inadmisibilidad del recurso alegando que como el 25 de marzo de 1994 le fue notificada a las tres partes la sentencia, y no se interpuso recurso de casación, el recurso extraordinario de Casación ahora interpuesto, es inadmisible;

B.J. NO. 1048, MARZO 1998


 * Considerando**, que en cuanto a la alegada violación de los artículos 887 y 888 del Código Civil, no son aplicables al caso, porque tanto las renuncias como los desistimientos aludidos no ponían término a un estado de indivisión entre herederos, sino que puso término a un litigio entre ellos surgido por reclamaciones de herederos que en el reparto de los bienes ya habían recibido lo que le correspondía; que por otra parte, la alegada lesión de la cuarta parte de que se pretenden perjudicados los recurrentes no tiene fundamento, porque, tal como consta en los documentos del proceso, ellos desistieron de sus reclamaciones sobre la parcela de que se trata renunciando a la misma sin restricción alguna para que sea dividida en partes iguales entre los sucesores de Pedro, Juan y Fulgencia Catalino Crisóstomo, en razón de que los demás hijos de Juan Dionicio o sea, Fulgencia, Tomás (alias Pay Tomás) Rosario, Prudencia, Juana y María Silvestre Catalino Crisóstomo, están en posesión de sus predios, por lo que el recurso que se examina carece de fundamento y debe desestimarse;

B.J. NO. 1048, MARZO 1998


 * Considerando**, que por lo expresado precedentemente se comprueba que la sentencia impugnada, contiene motivos suficientes y pertinentes que justifican plenamente su dispositivo, así como una exposición completa de los hechos y una descripción de las circunstancias de la causa que han permitido verificar que el Tribunal a-quo hizo, en el caso, una correcta aplicación de la ley a los hechos soberanamente comprobados, por todo lo cual el recurso de casación de que se trata, carece de fundamento y debe ser desestimado;

B.J. NO. 1048, MARZO 1998


 * Considerando**, que en efecto, de conformidad con las disposiciones del artículo 133 de la Ley de Registro de Tierras: Podrán recurrir en Casación en materia civil, las partes interesadas que hubieren figurado verbalmente o por escrito en el procedimiento seguido por ante el Tribunal que dictó la sentencia impugnada; que, además, de acuerdo con el artículo 4 de la Ley sobre Procedimiento de Casación: "Pueden pedir la Casación: Primero, las partes interesadas que hubieren figurado en el juicio....."; que, por tanto, es inadmisible, el recurso de casación interpuesto por una parte que no apeló el fallo de Jurisdicción Original, ya que su abstención implica aquiescencia a la sentencia de primer grado;

B.J. NO. 1048, MARZO 1998


 * Considerando**, que cuando se trata de terrenos registrados, como ocurre en la especie, ninguna persona puede sin autorización del dueño del terreno, levantar mejoras en dicho terreno, y si lo hace, no puede ser colocado en ninguna de las situaciones jurídicas previstas por el artículo 555 del Código Civil, puesto que no siendo posible en un terreno registrado, que es imprescriptible, levantar mejoras, ni realizar acto alguno de posesión en perjuicio del dueño de ese terreno, quien así actúa, pierde todo derecho a formular reclamación sobre dichas mejoras;

B.J. NO. 1048, MARZO 1998


 * Considerando**, que tal como se comprueba por los motivos de la decisión impugnada, los jueces del fondo al dictar la misma se fundaron esencialmente en que en relación con los hechos alegados por los recurrentes como característicos del fraude impugnado al recurrido, se pudo comprobar que ellos constituyen realmente los medios de defensa en cuanto a la reclamación del derecho de propiedad sobre la parcela de que se trata, que dichos recurrentes produjeron y alegaron en el proceso de saneamiento, en el cual fueron partes activas y diligentes en el Tribunal de Tierras de Jurisdicción de Original y en que ningunos de los hechos invocados caracterizan el fraude definido por el artículo 140 de la Ley de Registro de Tierras; que el examen del escrito introductivo del recurso de revisión por fraude y las alegaciones hechas por las recurrentes en las correspondientes audiencias, tal como figura y se expresa en la sentencia ahora impugnada, constituyen los mismos hechos por ellos invocados en el proceso que culminó con la sentencia final del saneamiento, que son verdaderos medios de fondo cuya oportunidad, como lo reconoce el Tribunal a-quo era en el saneamiento, porque conduce a establecer cada uno de ellos que el difunto José Díaz era el verdadero propietario de dicha parcela contrario a lo que fue juzgado en el saneamiento; que el recurso en revisión por causa de fraude, tal como también lo ha juzgado la decisión impugnada no procede en el caso en que el recurrente lejos de haber sido privado de hacer valer sus derechos ante el Tribunal de Tierras, intervino en el proceso de saneamiento, proponiendo ante éste todos los medios y alegatos en favor de sus pretensiones, por lo cual no estuvo inactivo; alegatos que por otra parte fueron rechazados por el tribunal en el saneamiento por falta de fundamento;

B.J. NO. 1048, MARZO 1998


 * Considerando**, que el plazo de dos meses establecido en ese texto legal para interponer el recurso de casación debe observarse a pena de caducidad; que, por tanto, su inobservancia puede ser invocada en todo estado de causa y no siendo susceptible de ser cubierta por las defensas sobre el fondo, la Suprema Corte de Justicia debe pronunciar de oficio la inadmisión resultante de la expiración del plazo fijado por el referido texto legal para la interposición del recurso, aún cuando no sea propuesta por el recurrido;

B.J. NO. 1048, MARZO 1998


 * Considerando**, que el Tribunal a-quo, en base a los razonamientos precedentemente expuestos, estimó que el recurrido Teódulo Roque Rosario, había adquirido a título oneroso y de buena fe, los derechos que le fueron transferidos a las parcelas en discusión y en favor de él fue expedido el certificado de título correspondiente, el cual mantuvo el Tribunal a-quo en su estado de vigencia actual, decisión que es correcta en derecho de conformidad con lo que al respecto disponen los artículos 138, 147, 173 y 192 de la Ley de Registro de Tierras;

B.J. NO. 1048, MARZO 1998


 * Considerando**, que en el sentido señalado, también se expone en la sentencia impugnada, que en cuanto al hecho de la posesión material, ésta ha quedado establecida por la confesión de los reclamantes, quienes aseguran que la porción 24 reclamada por ellos, Eduardo Cordero y Antonio Amparo, fue abandonada desde que el régimen de Trujillo ordenó la repartición de los terrenos que conforman la Parcela No. 23 del D. C. No. 48/3ra. parte, de Miches, entre otras; que, según declaración de los reclamantes, el primero que ocupó esta porción fue Félix Salazar y luego Guadalupe Leonardo, sin que puedan explicarse como entró allí, pero permanece ocupando y disfrutando de dicha ocupación; que esta declaración consta en la hoja de audiencia de Jurisdicción Original; consta además en la sentencia impugnada que dichos reclamantes abandonaron sus respectivas ocupaciones en la época de la colonia, y que una gran parte de los colonos entre ellos Guadalupe Leonardo, se beneficiaron de la repartición de dichas tierras desde entonces hasta la fecha, o sea, durante más de 25 años, cultivando las mismas y disfrutando de ellas sin que nadie le haya discutido su posesión pacífica, pública, ininterrumpida y a título de propietaria";

B.J. NO. 1048, MARZO 1998


 * Considerando**, que los elementos que caracterizan el fraude, y su intención, son evidentemente cuestiones de hecho cuya apreciación escapa a la censura de la casación, salvo desnaturalización que, como se ha dicho antes, no se ha probado en el caso ocurrente; que los demás alegatos del recurrente relativos al fondo, el está en capacidad de presentarlos en el nuevo saneamiento que ha ordenado el Tribunal Superior de Tierras, por la sentencia impugnada;

B.J. NO. 1048, MARZO 1998
 * Considerando**, que en la especie, la recurrente en Casación no interpuso recurso alguno de alzada contra lo resuelto en jurisdicción original, ni envió al Tribunal Superior de Tierras ninguna instancia, solicitud o pedimento para que éste lo tuviera en cuenta en el momento de proceder a la revisión obligatoria que la ley pone a su cargo, haya o no haya apelación;

B.J. NO. 1048, MARZO 1998


 * Considerando**, que el recurrido propone además la inadmisión del recurso de casación, aduciendo que por tratarse de una sucesión, dicho recurso debió ser interpuesto por todos los miembros de la misma, como consta en la sentencia impugnada y en la instancia de solicitud de suspensión de la misma y en el acto de notificación de esta última y que sin embargo en el recurso únicamente figura uno de los miembros de dicha sucesión, que lo es el señor Cirilo Rosado, por lo que también, el presente recurso debe ser declarado inadmisible;

(abril)

B.J. NO. 1049, ABRIL 1998


 * Considerando**, que por las disposiciones legales transcritas precedentemente, es obvio que para que el dueño de mejoras levantadas en terrenos registrados en favor de otro, pueda contener el registro de las mismas, es necesario que se redacte un documento y que éste sea debidamente legalizado, en el cual el dueño del terreno manifieste su consentimiento en el registro de dichas mejoras;

B.J. NO. 1049, ABRIL 1998
 * Considerando**, que aunque de conformidad con el citado artículo 205 de la Ley de Registro de Tierras, invocado por los recurrentes, "en ningún caso el Tribunal quedará facultado para modificar el derecho adjudicado, sin el consentimiento expreso del dueño", también se agrega en dicho texto que "Salvo que se trate de corregir un error puramente material consagrado en la sentencia de adjudicación, en el Decreto de Registro o en un certificado de título", con lo que se establece una excepción al principio de la inmutabilidad del derecho registrado, sin el consentimiento expreso del dueño, por cuanto conforme esa misma disposición legal, es posible enmendar, por causa de error material un certificado de título sin el consentimiento mencionado, al haber establecido el Tribunal a-quo, como cuestión de hecho y en uso de los poderes soberanos que corresponden a los jueces del fondo y sin que aparezca desnaturalización alguna, que la porción de terreno vendida era de dos (2) tareas y no de 57 como lo pretenden los recurrentes;

B.J. NO. 1049, ABRIL 1998


 * Considerando**, que los jueces del fondo aprecian soberanamente el valor de las declaraciones de los testigos y están facultados para interpretar los testimonios producidos ante ellos, siempre que no los desnaturalicen, lo que no ha ocurrido en la especie y no tienen que dar motivos expresos ni especiales para rechazar aquellos testimonios que no han servido para formar su convicción; que lo que se aprecia del examen de la sentencia impugnada es que el Tribunal a-quo se ha fundado y basado para fallar como lo hizo, en las circunstancias arriba especificadas por considerar que la posesión de la actual recurrida Carlixta Ortíz lo era a título de propietaria con todas las características legales, que en consecuencia el primer medio del recurso debe ser desestimado por carecer de fundamento;

B.J. NO. 1049, ABRIL 1998


 * Considerando**, que los recurrentes no han probado haber figurado verbalmente o por escrito en el procedimiento seguido ante el Tribunal a-quo, ni tampoco han demostrado que la sentencia impugnada les haya producido agravio alguno, caso en los cuales hubieran podido recurrir en casación; que, por consiguiente, su recurso es inadmisible;

B.J. NO. 1049, ABRIL 1998
 * Considerando**, que los tribunales aprecian soberanamente las circunstancias de donde resulta la simulación y corresponde a los jueces del fondo, en virtud de este poder soberano de apreciación, declarar que una venta, en razón de las circunstancias de la causa, disfraza simplemente una transmisión ficticia de la propiedad;

B.J. NO. 1049, ABRIL 1998


 * Considerando**, que conforme el artículo 25 de la Ley 1306-Bis del 1937, sobre Divorcio: "Toda obligación a cargo de la comunidad, toda enajenación de inmuebles comunes, hechas por el marido con posterioridad a la fecha de la demanda, serán anulables si se prueba que han sido contratadas en fraude de los derechos de la mujer", que el fraude a que se refiere la disposición antes transcrita, debe ser probado por la mujer que ataca el acto, prueba que puede ser hecha por testigos, o por presunciones: que cuando se trata de actos a título oneroso la misma debe probar el concierto fraudulento entre el esposo y el tercero que contrató con él, esto es, que ella debe demostrar que dicho tercero tenía conocimiento del perjuicio que le fue ocasionado; que si la esposa no aporta la prueba del carácter fraudulento del acto celebrado por el marido, dicho acto escapa a la nulidad pronunciada por el artículo 25 de la Ley No.1306-bis, mencionada, y en este caso el marido sólo está obligado a dar cuenta de las sumas que provienen de la operación que realizó;

B.J. NO. 1049, ABRIL 1998


 * Considerando**, que de acuerdo con el artículo 134 de la Ley de Registro de Tierras, el recurso de casación contra las decisiones del Tribunal de Tierras, será interpuesto, instruído y juzgado, tanto en materia civil como en penal, conforme a las reglas del derecho común; que por tanto, es condición indispensable para poder interponer un recurso de casación haber sido parte en el juicio que culminó en la sentencia impugnada y tener capacidad para ello, según lo dispone el artículo 4 de la Ley sobre Procedimiento de Casación; que si bien en nuestra legislación existen no sólo las personas físicas, es decir, el individuo, sino también las personas morales o jurídicas a quienes la ley otorga tales atributos, sin embargo, no hay en nuestro Derecho texto legal alguno que confiera la personalidad jurídica a las sucesiones;

B.J. NO. 1049, ABRIL 1998


 * Considerando**, que el examen de la sentencia impugnada revela que la última audiencia para conocer del recurso de apelación interpuesto por la ahora recurrente, contra la sentencia dictada por el Juez de Jurisdicción Original, fue celebrada por el Tribunal a-quo, el día 17 de febrero de 1987, a las 10 horas de la mañana, al término de la cual, se le concedió al Dr. César Pujols, un plazo de 30 días a partir de la transcripción de las notas de audiencia para ampliar conclusiones, y un plazo igual de 30 días al Dr. Eliseo Romeo Pérez, abogado del recurrido, a partir de la remisión de la copia del escrito que depositara el apelante, para contestarlo; que esos plazos vencieron ampliamente, sin que ninguna de las partes hiciera uso de los mismos; que la sentencia ahora recurrida fue dictada por el Tribunal a-quo, más de cuatro años después de celebrada la última audiencia referida;

B.J. NO. 1049, ABRIL 1998
 * c onsiderando**, que por el tercer y último medio de su recurso, la recurrente alega en síntesis, que aunque en el expediente consta que al abogado de la recurrente se le otorgó un plazo de 30 días para producir escrito ampliatorio, la comunicación del secretario en ese sentido a partir de la transcripción de las notas de audiencia nunca llegó a su destinatario; que lo anterior le impidió a la recurrente presentar dicho escrito de ampliación de conclusiones, por lo que entiende que se lesionó su derecho de defensa, así como el artículo 8, inciso "J", de la Constitución; pero,


 * Considerando**, que el examen de la sentencia impugnada revela que la última audiencia para conocer del recurso de apelación interpuesto por la ahora recurrente, contra la sentencia dictada por el Juez de Jurisdicción Original, fue celebrada por el Tribunal a-quo, el día 17 de febrero de 1987, a las 10 horas de la mañana, al término de la cual, se le concedió al Dr. César Pujols, un plazo de 30 días a partir de la transcripción de las notas de audiencia para ampliar conclusiones, y un plazo igual de 30 días al Dr. Eliseo Romeo Pérez, abogado del recurrido, a partir de la remisión de la copia del escrito que depositara el apelante, para contestarlo; que esos plazos vencieron ampliamente, sin que ninguna de las partes hiciera uso de los mismos; que la sentencia ahora recurrida fue dictada por el Tribunal a-quo, más de cuatro años después de celebrada la última audiencia referida;

B.J. NO. 1049, ABRIL 1998


 * onsiderando**, que conforme el artículo 25 de la Ley 1306-Bis del 1937, sobre Divorcio: "Toda obligación a cargo de la comunidad, toda enajenación de inmuebles comunes, hechas por el marido con posterioridad a la fecha de la demanda, serán anulables si se prueba que han sido contratadas en fraude de los derechos de la mujer", que el fraude a que se refiere la disposición antes transcrita, debe ser probado por la mujer que ataca el acto, prueba que puede ser hecha por testigos, o por presunciones: que cuando se trata de actos a título oneroso la misma debe probar el concierto fraudulento entre el esposo y el tercero que contrató con él, esto es, que ella debe demostrar que dicho tercero tenía conocimiento del perjuicio que le fue ocasionado; que si la esposa no aporta la prueba del carácter fraudulento del acto celebrado por el marido, dicho acto escapa a la nulidad pronunciada por el artículo 25 de la Ley No.1306-bis, mencionada, y en este caso el marido sólo está obligado a dar cuenta de las sumas que provienen de la operación que realizó;

B.J. NO. 1049, ABRIL 1998


 * Considerando**, en primer término que en el expediente relativo al presente recurso de casación no existe la certificación a que se refiere el recurrente en su memorial introductivo, ni hay constancia de que la misma haya sido depositada; que el hecho de que por el segundo medio de su recurso, haya invocado violación de los artículos 118 y 119 de la Ley de Registro de Tierras en el sentido expuesto en los agravios formulados en el memorial de casación revela su reconocimiento de que dicho recurso ha sido interpuesto fuera del plazo que establece la ley;

(mayo)

B.J. NO. 1050, MAYO 1998


 * Considerando**, que de conformidad con las disposiciones del artículo 133 de la Ley de Registro de Tierras, podrán recurrir en casación en materia civil, las partes interesadas que hubieren figurado verbalmente o por escrito en el procedimiento seguido ante el tribunal que dictó la sentencia impugnada; que, además, de acuerdo con el artículo 4 de la Ley sobre Procedimiento de Casación: "pueden pedir la casación: primero, las partes interesadas que hubieren figurado en el juicio.."; que, por tanto, es inadmisible el recurso de casación interpuesto por una parte que no apeló el fallo de Jurisdicción Original, ya que su abstención implica aquiescencia a la sentencia dictada;

B.J. NO. 1050, MAYO 1998


 * Considerando**, en cuanto al segundo medio del recurso, que cuando se celebró la audiencia del saneamiento por el Juez de Jurisdicción Original, tal como se comprueba por el examen del expediente, el cual fue solicitado al Tribunal de Tierras conforme lo dispone la ley, la señora Ramona Durán Vda. Tavárez, reclamó el cincuenta por ciento de dicha parcela por haberla adquirido conjuntamente con su esposo Miguel Angel Tavárez, por compra al señor Juan Fernando Capellán, según acto del 9 de febrero de 1968 y el otro cincuenta por ciento por habérselo legado su difunto esposo conforme el testamento de fecha 31 de agosto de 1983, instrumentado por el Dr. Radhamés Bonilla, notario público de los del Número del Municipio de Santiago, presentando además ante dicho juez varios testigos quienes afirmaron que los referidos esposos adquirieron el terreno por compra al señor Juan Fernando Capellán y que lo habían poseído por más de veinticinco años en las condiciones y características que establece la Ley; que fundándose en esas declaraciones y en el testamento, dicho juez le adjudicó a la recurrida Ramona Durán Vda. Tavárez, una parte equivalente al ochenta y siete y medio por ciento de dicha parcela y el doce y medio por ciento restante a la madre y heredera reservataria del finado Miguel Angel Tavárez, ajustándose a las disposiciones del artículo 915 del Código Civil; que como resultado del recurso de apelación interpuesto por los actuales recurrentes, esa decisión fue confirmada por el Tribunal Superior de Tierras; que en los hechos así comprobados por los jueces del fondo, no se ha incurrido en las violaciones alegadas en el segundo medio del recurso, el que por tanto también debe ser desestimado por carecer de fundamento;

B.J. NO. 1050, MAYO 1998


 * Considerando**, que los recurridos proponen la nulidad del recurso de casación de que se trata, alegando que se han violado las disposiciones del artículo 135 de la Ley de Registro de Tierras, puesto que el memorial de casación, y el auto del Presidente de la Suprema Corte de Justicia, no han sido notificados a los recurridos, dado que el acto No. 74 del 4 de abril de 1994, del ministerial José Mercedes Valenzuela, fue notificado en la oficina del abogado Dr. Manuel W. Medrano Vásquez, en la calle Duarte No. 256 de esta ciudad y no en el domicilio de dichos recurridos Lic. Florencio Lorenzo Silva y compartes, que aparece en el expediente del Tribunal Superior de Tierras y en ese mismo sentido, por el ordinal primero de las conclusiones de su memorial de defensa concluyen del modo siguiente: "Declarar la nulidad del recurso de casación incoado en fecha 10 de marzo de 1994, por los señores Fernando Claire Fajardo Rodríguez, Rosa Julia Fajardo Viuda Ramírez, Nurys Antonia M. Fajardo Pérez, Adalgisa Elvira Fajardo, Juan Ramón, Julio César, Ricardo Barón y María Altagracia Fajardo, por conducto de su abogada constituida y apoderada especial Dra. Nelsy T. Matos Cuevas, contra la Decisión No. 7 dictada el 11 de febrero de 1994, por el Tribunal Superior de Tierras en relación con la determinación de los herederos de la finada Guillermina Cristina de Jesús Lorenzo Fajardo en cuanto a la Parcela No. 185 del D. C. No. 3 del municipio de San Cristóbal, por no habérsele dado cumplimiento a las disposiciones del artículo 135 de la Ley de Registro de Tierras, así como las reglas del derecho común, es decir notificársele personalmente a los recurridos lo que no ocurrió ya que solamente se hizo en el bufete de los abogados que representaron a los recurridos ante el Tribunal Superior de Tierras";

B.J. NO. 1050, MAYO 1998


 * Considerando**, que el Tribunal a-quo, tal como se advierte por los motivos transcritos, así como por los documentos y testimonios de la causa, comprobó que la recurrente no había poseído la parcela de que se trata durante el tiempo necesario para prescribir y que su posesión teórica y no real, o física no reunía los caracteres legales para tales fines, que la apreciación que dicho tribunal ha hecho de las pruebas, escapa a la censura de esta corte de casación, por tratarse de una cuestión de hecho cuya solución corresponde exclusivamente a los jueces del fondo, dado que la ley que rige el procedimiento de Casación, atribuye a la Suprema Corte de Justicia decidir únicamente si la Ley ha sido bien o mal aplicada; que como en el examen de los hechos comprobados y apreciados por el Tribunal a-quo no se advierte la desnaturalización invocada, el primer medio del recurso carece de fundamento y debe ser desestimado;

B.J. NO. 1050, MAYO 1998


 * Considerando**, que de conformidad con lo que establece el artículo 5 de la Ley sobre Procedimiento de Casación; en materia civil y comercial el memorial de casación, debe en principio, indicar los medios en que se funda y los textos legales que el recurrente pretende que han sido violados por la decisión impugnada; que, en consecuencia, la Suprema Corte de Justicia, en funciones de Corte de Casación, debe pronunciar, aún de oficio, la inadmisibilidad del recurso cuando, como ocurre en la especie, el memorial introductivo no contenga las menciones antes señaladas;

B.J. NO. 1050, MAYO 1998


 * Considerando**, sin embargo, que de conformidad con la Ley de Registro de Tierras, las sentencias de saneamiento dictadas por el Tribunal de Tierras, después de un año de transcrito el correspondiente decreto de registro adquieren la autoridad de la cosa irrevocablemente juzgada y las cuestiones en ellas resueltas no pueden ser alteradas por recurso alguno; que durante el curso del proceso de saneamiento de un inmueble, la ley ofrece la más amplia oportunidad a todos cuantos crean tener algún derecho para reclamarlo ante el tribunal, a fin de que todos los intereses encontrados sean resueltos por el mismo; que aún después de realizado el primer registro, la ley da nuevas oportunidades, organizando una acción excepcional de revisión por causa de fraude que puede ser intentada no más de un año después del indicado registro, a fin de que todos los que han podido ser privados de algún terreno o interés en el mismo, por medios fraudulentos y siempre que no haya interés contrario de un tercer adquiriente a título oneroso y de buena fe pueden ejercerla; que en este sistema no pueden admitirse como en el del Código Civil, que después de registrado un inmueble subsistan derechos ocultos, puesto que con esto quedarían frustrados los propósitos de la ley y las finalidades del saneamiento y se crearía la misma confusión e incertidumbre que acerca del derecho de propiedad han podido reinar antes del primer registro;

B.J. NO. 1050, MAYO 1998


 * Considerando**, que en cuanto al medio de nulidad del recurso propuesto por los recurridos, que en el acto No. 377 del 1° de noviembre de 1984, a que se refieren los recurridos, el cual ha examinado esta Suprema Corte de Justicia por figurar en el expediente, consta en su parte final, la siguiente aseveración del alguacil actuante: "Les estoy notificando en cabeza de este acto, el memorial de casación que los recurrentes han depositado en la Suprema Corte y el auto de proveimiento que en virtud del Art. 6 de la Ley de Casación ha dictado el Presidente de la Suprema Corte de Justicia"; que las afirmaciones que hacen los alguaciles en los actos que notifican, respecto de hechos que son de su personal actuación deben ser tenidos por ciertos hasta inscripción en falsedad, por lo cual ni el recurso de casación de que se trata, ni tampoco el emplazamiento pueden ser anulados;

B.J. NO. 1050, MAYO 1998


 * Considerando**, que los argumentos formulados por el recurrente de que le fue imposible obtener del notario comisionado en el proceso de partición del certificado de título relativo al inmueble, para junto con la sentencia de adjudicación dictada a favor de su vendedor depositarlos en el Registro de Títulos, a fin de que se le transfiriera el derecho de propiedad de dicho inmueble, carece de fundamento puesto que en esas circunstancias, bien pudo apoderar al Tribunal de Tierras para que en vista de las mismas ordenara las medidas que entendía procedente en el caso, incluyendo la transferencia del referido inmueble en su favor; que al no hacerlo y tornarse negligente dio oportunidad al hijo y legatario del finado señor Teófilo Santos, así como el causahabiente de éste a gestionar y obtener la determinación de herederos y la transferencia del inmueble a favor del último, solución que se impuso en razón de que la sentencia de adjudicación, tal como correctamente lo expresa el Tribunal a-quo no constituye un acto atributivo de propiedad, sino puramente declarativo de derecho; que además, para que las sentencias de adjudicación surtan efectos a favor del adjudicatario, deben ser inscritas en el Registro de Títulos correspondiente, formalidad que de no cumplirse, como ocurre en la especie, no la hace oponible a los terceros;

B.J. NO. 1050, MAYO 1998


 * Considerando**, que para resolver el caso en la forma que lo hizo el Tribunal a-quo, examinó y ponderó todas las circunstancias del caso comprobando los hechos e irregularidades que lo precisaron a admitir que la venta del 5 de agosto de 1975, que se atribuye al finado Ismael Genao, a favor de los recurrentes era una venta simulada; que lo que hizo dicho Tribunal fue investigar si ese acto de traspaso era sincero o si por el contrario, era simulado, y para esos fines comprobó y admitió según lo expone en el último considerando de su decisión que se ha transcrito, las circunstancias que despojan a dicho acto de una verdadera venta y lo convierten en simulada; que tal como se expresa en la sentencia impugnada, la circunstancia de que a pesar de la supuesta venta, el vendedor procediera con posterioridad a la misma a arrendar el inmueble al señor Ramón Batista (a) Quico el 28 de octubre de 1975, o sea 3 meses después de la supuesta venta y que cuatro años después del indicado arrendamiento, es decir el 1ro. de febrero de 1980, los recurrentes afirmaran ante el Tribunal a-quo con motivo de su recurso que no estaban enterados de que su padre había arrendado las parcelas, constituye un elemento suficiente para sospechar que el acto de venta del 5 de agosto de 1975, tal como lo admitió el Tribunal a-quo es un acto simulado; que igualmente el hecho de que las firmas en dicho documento fueran legalizadas por un Notario Público, no constituye un obstáculo jurídico insuperable que impida la impugnación del mismo por simulación ni tampoco a desestimar los elementos de convicción que tiendan a establecerla; que contrariamente a lo alegado por los recurrentes la simulación puede ser probada por todos los medios, tanto por testigos como por presunciones;

B.J. NO. 1050, MAYO 1998
 * onsiderando**, que en el expediente consta lo siguiente: 1) que la copia de la sentencia impugnada fue fijada en la puerta principal del local que ocupa el tribunal que la dictó, el veintiocho (28) de abril de 1987; 2).- que la recurrente Gladys Espinal de Prestol, depositó en la Secretaría de la Suprema Corte de Justicia el memorial de casación, suscrito por su abogado Dr. José María Acosta Torres, el día treinta (30) de junio de 1987; y 3) que dicha recurrente tiene su domicilio en la ciudad de Santo Domingo;

B.J. NO. 1050, MAYO 1998


 * Considerando**, que en lo que se refiere al cuarto y último medio del recurso de casación en el que los recurrentes alegan, repitiendo agravios ya formulados, que la Corte de Apelación de Santiago esta apoderada por envío de la Suprema Corte de Justicia de aspectos medulares del proceso que requieren de una solución previa a la decisión que pudiera tomar el Tribunal de Tierras en relación con el saneamiento de la parcela de que se trata, que la Corte de envío ya indicada, tiene potestad para resolver todo lo que se relaciona con el tipo de operación intervenida entre Víctor Dalmasí Félix y el Ing. Andrés María Aybar Nicolás y que esa competencia es excluyente de cualquier otra jurisdicción; pero,

B.J. NO. 1050, MAYO 1998


 * Considerando**, que en la resolución impugnada y en los documentos a que la misma se refiere consta que el Tribunal Superior de Tierras, dictó el 13 de octubre de 1995, una resolución, que es la ahora impugnada, con el dispositivo del tenor siguiente; "1°. - Se acogen: Las instancias dirigidas al Tribunal Superior de Tierras, en fechas 1 de febrero y 14 de junio de 1995 y 20 de diciembre de 1994 por los Dres. Teodoro U. Reyes y Vicente Urbáez a nombre de los señores Mercedes Herrera y Santiago Mercedes Parra y compartes; 2°. - Se declara: La inadmisibilidad de las instancias de fechas 20 de diciembre de 1993 y 1 de febrero de 1995 suscrita por el Dr. Teodoro Ursino Reyes por los motivos expuestos. Comuníquese al Secretario del Tribunal de Tierras y a las partes interesadas para su conocimiento y fines de lugar";

(junio)

B.J. NO. 1051, JUNIO 1998


 * Considerando**, que en la especie, la recurrente en ocasión no interpuso recurso alguno de alzada contra lo resuelto en jurisdicción original, ni envió al Tribunal Superior de Tierras ninguna instancia, solicitud o pedimento para que éste lo tuviera en cuenta en el momento de proceder a la revisión que la ley pone a su cargo, haya o no haya apelación, ni tampoco intervino en forma alguna ante el Tribunal a-quo con motivo de los recursos interpuestos por los sucesores de Benita de los Santos y por la señora Altagracia de los Santos;

B.J. NO. 1051, JUNIO 1998


 * Considerando**, que la revisión por causa de fraude supone que este se funda en una actuación, maniobra, mentira, reticencia ú omisión, producida en el curso del saneamiento del terreno, que haya dado lugar a una adjudicación indebida; lo que indudablemente autoriza a todos los interesados a intentar el recurso de revisión por fraude, en los plazos y forma que establece la ley; que sin embargo, para que esta acción pueda ser admitida, es necesario que los que se pretendan perjudicados y actuaron en el saneamiento, no vuelvan a plantear ni invocar los mismos medios que le sirvieron de fundamento en el saneamiento y que les fueron rechazados; que en la especie, según resulta clara y suficientemente demostrado en los motivos de la sentencia impugnada, los actuales recurrentes sostuvieron en el recurso de revisión por causa de fraude, los mismos medios y argumentos ya discutidos en el saneamiento, por lo que el Tribunal a-quo estimó, con razón, que la instancia debía ser rechazada;

B.J. NO. 1051, JUNIO 1998
 * Considerando**, que en relación con los agravios que se examinan, en la sentencia impugnada se expresa lo siguiente: "Que este Tribunal Superior después de examinar toda la documentación depositada en el expediente, la instrucción realizada por el juez de jurisdicción original, así como las declaraciones vertidas en la audiencia celebrada por este Tribunal Superior el 19 de febrero de 1982, por el señor Guido Fernández Valdez, vendedor de las mejoras al señor Ezequiel Zorrilla y por las partes litigantes, señores José Rodolfo Durán, Ezequiel Zorrilla y su representante el Sr. Ercilio Mercedes, así como por los hechos y circunstancias de la causa, ha comprobado: a) que el señor José D. Vicini es propietario de una parte de la Parcela No. 206-A-5 del Distrito Catastral No. 5 del Distrito Nacional y en una porción de esa parte, el señor Ezequiel Zorrilla, en la creencia de que ese terreno era del Estado Dominicano construyó, sin ninguna autorización, unas mejoras de madera, donde instaló un negocio de barra, en la calle Nicolás de Ovando No. 107, del Barrio Simón Bolívar; b) que el señor Ercilio Mercedes, quien era encargado del señor Ezequiel Zorrilla, suscribió un contrato de arrendamiento de dichas mejoras y el mobiliario existente en la barra, con el señor José Rodolfo Durán, en fecha 17 de agosto de 1972, el cual fue legalizado por el notario Dr. César Pujols D., pero dicho contrato, aunque fue registrado en la Conservaduría de Hipotecas del Distrito Nacional, no fue sometido a la formalidad de registro en la oficina del Registrador de Títulos del Distrito Nacional, ni se pagaron los impuestos que exige la ley de la materia, previo al registro en dicha oficina; c) que por acto bajo firma privada de fecha 26 de Octubre de 1972, legalizado por el notario Dr. Luis O. Adames Moquete, el señor José D. Vicini vendió al señor José Rodolfo Durán, una porción de terreno con una extensión superficial de 98 metros cuadrados, dentro del ámbito de la referida Parcela No. 206-A-5, en la cual se encontraban edificadas las descritas mejoras, cuyo acto fue sometido a las formalidades del registro en la oficina del Registrador de Títulos del Distrito Nacional el 30 de octubre de 1972, expidiéndosele al comprador la constancia ***del Certificado de Título No. 42-436 que ampara dicha parcela; d) que posteriormente, el señor José Adolfo Durán destruyó las mejoras construidas por el señor Ezequiel Zorrilla y edificó otras en su lugar, o sea una casa de bloques, techada de zinc; que por consiguiente, es evidente que el juez de jurisdicción original realizó una falsa interpretación de los hechos y una incorrecta aplicación de la ley al fallar el presente caso en la forma en que se ha expresado precedentemente, ya que las mejoras que construyó en esa porción de terreno el señor Ezequiel Zorrilla no existen y el contrato de arrendamiento suscrito por su apoderado Ercilio Mercedes con el señor José Rodolfo Durán no fue registrado en la oficina del Registrador de Títulos del Distrito Nacional; que por consiguiente, a juicio de este tribunal, el Juez a-quo debió rechazar la instancia introductiva de este tribunal, por las razones expuestas; que en tal virtud, este Tribunal ha resuelto: acoger la apelación interpuesta, revocar la decisión del Tribunal Superior de Tierras de Jurisdicción Original y declarar la incompetencia de este tribunal para conocer de este caso";

B.J. NO. 1051, JUNIO 1998


 * Considerando**, que de acuerdo con el artículo 134 de la Ley de Registro de Tierras, el recurso de casación contra las decisiones del Tribunal de Tierras, será interpuesto, instruido y juzgado, tanto en materia civil, como en materia penal, conforme a las reglas del derecho común; que por tanto, es condición indispensable para poder interponer un recurso de casación, haber sido parte en el juicio que culminó con la sentencia impugnada y tener capacidad para ello, según lo dispone el artículo 4 de la Ley sobre Procedimiento de Casación; que si bien en nuestra legislación existen no sólo las personas físicas, es decir, el individuo, sino también las personas morales o jurídicas, a quienes la ley otorga tales atributos, no hay sin embargo en nuestro derecho, ningún texto legal que confiera personalidad jurídica a las sucesiones; que tal como lo alega el recurrido, si es cierto que las reclamaciones por ante el Tribunal de Tierras pueden ser formuladas en forma innominada a nombre de una sucesión o por los miembros de ella, no lo es menos que, cuando éstos pretendan deducir ulteriormente un recurso de casación, deben indicar de una manera precisa, el nombre, la profesión y el domicilio de cada uno de los integrantes de dicha sucesión conforme lo exige el artículo 6 de la Ley sobre Procedimiento de Casación, menciones que tal como se ha expresado antes, no constan en el memorial introductivo del recurso, ni en el acto de emplazamiento, que, como las sucesiones no tienen personalidad jurídica y por consiguiente no pueden recurrir en casación innominadamente, el recurso de casación de que se trata, debe ser declarado inadmisible;

B.J. NO. 1051, JUNIO 1998


 * Considerando**, que es evidente que si la citación destinada al recurrente lo fue a una dirección que ya no correspondía a su residencia, la cual él no recibió, obligaba al Tribunal a-quo a hacer las comprobaciones de lugar, a fin de determinar si la incomparecencia del apelante tenía o no como causa la irregularidad de la citación que al mismo le fue hecha, y si este la recibió o no, es decir, si la incomparecencia del recurrente a la audiencia se debió al hecho de no haber recibido la citación porque esta no se dirigió a su residencia, sino a otra dirección, tal como lo certifica el secretario, que le impidió al mismo, por ignorarlo, que en la fecha ya indicada tendría efecto la celebración de la audiencia, ni se dan explicaciones de las razones que indujeron al Tribunal a-quo a conocer y fallar el caso, sin previamente asegurarse de las causas de la incompetencia del entonces apelante;

B.J. NO. 1051, JUNIO 1998


 * Considerando**, que no obstante esa decisión, y por una inadvertencia se procedió nuevamente a fijar la audiencia del 17 de diciembre de 1997, la cual fue celebrada por esta Corte, para conocer del mencionado recurso de casación, que ya había sido resuelto con motivo del desistimiento presentado por los recurrentes, con la sentencia del 10 de febrero de 1995, dictada por esta Suprema Corte de Justicia, que dio acta del mismo;

B.J. NO. 1051, JUNIO 1998


 * Considerando**, que de acuerdo con el artículo 134 de la Ley de Registro de Tierras, el recurso de casación contra las decisiones del Tribunal de Tierras, será interpuesto, instruido y juzgado, tanto en materia civil, como en materia penal, conforme a las reglas del derecho común; que por tanto, es condición indispensable para poder interponer un recurso de casación, haber sido parte en el juicio que culminó en la sentencia impugnada y tener capacidad para ello, según lo dispone el artículo 4 de la Ley sobre Procedimiento de Casación; que si bien en nuestra legislación existen no sólo las personas físicas, es decir, el individuo, sino también las personas morales o jurídicas, a quienes la ley otorga tales atributos, no hay sin embargo en nuestro derecho ningún texto legal que confiera personalidad jurídica a las sucesiones;

B.J. NO. 1051, JUNIO 1998


 * Considerando**, que tal como se ha señalado precedentemente en la sentencia impugnada consta lo siguiente: que en relación con el Solar No. 15 de la manzana No. 36, del Distrito Catastral No. 1 del municipio de Baní, provincia Peravia, el juez de jurisdicción original apoderado del saneamiento Catastral No. 1, del municipio de Baní, provincia Peravia, dictó el 18 de diciembre de 1964, una sentencia por la cual ordenó el registro del derecho de propiedad del mismo, a favor de los sucesores de Adolfo Grau y de la señora Altagracia Brea Vda. Grau, en la proporción de un 50% para cada uno; que esa sentencia fue revisada y aprobada por el Tribunal Superior de Tierras en Cámara de Consejo el 11 de octubre de 1974, expidiéndose el correspondiente Decreto de Registro, el 18 de julio de 1974, el cual fue transcrito el 24 de julio del mismo año, por lo cual se expidió a favor de los adjudicatarios el Certificado de Título No. 6596; que en consecuencia, el único recurso que podía interponerse contra dicha decisión era el de revisión por causa de fraude, a que se refieren y organizan los artículos 137 y siguientes de la Ley de Registro de Tierras, en un plazo no mayor de un año después de haber sido transcrito el decreto de registro, plazo que en el caso venció el día 24 de julio de 1975, sin que los recurrentes interpusieran dicho recurso, por lo que, la decisión mencionada adquirió la autoridad de la cosa irrevocablemente juzgada; que por tanto, la instancia sometida por los recurrentes al Tribunal a-quo, el 2 de junio de 1982, mediante la cual apelaban la sentencia que ya había puesto fin al saneamiento del inmueble indicado, era extemporánea por cuanto ellos no intervinieron en el proceso de saneamiento, y los derechos por ellos reclamados se remontan a la época de dicho saneamiento, por lo cual quedaron aniquilados por el mismo;

B.J. NO. 1051, JUNIO 1998


 * Considerando**, que en esa misma zona del municipio de Luperón residen los recurrentes en casación, Paulina Salas y Salas, Antonia Salas y Salas, Higinia Salas y Salas de Francisco, Melintón Salas y Salas, José Vásquez Santos, Demetrio Vásquez y José Previsterio Vásquez, quienes sin embargo, interpusieron su recurso en tiempo hábil, lo que indica que tuvieron conocimiento oportuno de la decisión ahora impugnada que les permitió interponer su recurso de casación;

B.J. NO. 1051, JUNIO 1998


 * Considerando**, que si es cierto que las sentencias dictadas en un saneamiento conducido según las disposiciones de la Ley de Registro de Tierras, ordenan el registro del derecho de propiedad del terreno objeto del proceso de saneamiento a favor del reclamante que durante el mismo ha demostrado en principio reunir las condiciones que establece la ley para que le sea adjudicado, ello no es óbice para que dentro del año que establece la misma ley, contado a partir de la transcripción del decreto de registro, se ejerza la acción en revisión por causa de fraude, la que también organiza la ley, como una exigencia útil para que los que concurrieron a un saneamiento no realicen actuaciones y maniobras que pueden impedir al tribunal conocer de la existencia de otros derechos o situaciones a favor de otras personas, que por cualquier razón no asistieron al saneamiento del terreno, como ocurrió en la especie; que los elementos que caracterizan el fraude, y su intención, son evidentemente de hecho, cuya apreciación como se ha expresado antes, escapa a la censura de la casación, salvo desnaturalización que no se ha probado se incurriera en el caso ocurrente; que los demás alegatos de los recurrentes relativos al fondo del asunto, ellos están en capacidad de presentarlos en el nuevo saneamiento que ha ordenado el Tribunal Superior de Tierras por la sentencia impugnada;

B.J. NO. 1051, JUNIO 1998


 * Considerando**, que en materia civil y comercial el memorial de casación debe en principio, indicar los medios en que se funda y los textos legales que han sido violados por la decisión impugnada; que en consecuencia, la Suprema Corte de Justicia en funciones de Corte de Casación, debe pronunciar aún de oficio, la inadmisibilidad del recurso, cuando como ocurre en la especie, el memorial introductivo no contenga las menciones antes señaladas;

B.J. NO. 1051, JUNIO 1998


 * Considerando**, que en lo que se refiere al primer aspecto, que de conformidad con las disposiciones del artículo 133 de la Ley de Registro de Tierras, podrán recurrir en casación en materia civil, las partes interesadas que hubieren figurado verbalmente o por escrito en el procedimiento seguido por ante el tribunal que dictó la sentencia impugnada; que además, de acuerdo con el artículo 104 de la Ley sobre Procedimiento de Casación: "Pueden pedir la casación: Primero, las partes interesadas que hubieren figurado en el juicio..."; que, por tanto, es inadmisible el recurso de casación interpuesto por una parte que no apeló el fallo de jurisdicción original, ya que su abstención implica aquiescencia a la sentencia dictada;

(agosto)

B.J. NO. 1053, AGOSTO 1998


 * considerando **, que el Tribunal Superior de Tierras al considerar correctos los motivos que se acaban de transcribir, contenidos en la sentencia de jurisdicción original, los adoptó sin reproducirlos, pero expone a su vez entre otros motivos lo siguiente: "Que después de haber estudiado y analizado cuidadosamente la documentación del expediente, así como también las argumentaciones ofrecidas oportunamente por las partes en causa, el Tribunal Superior ha formado su criterio de manera distinta a las pretensiones de la firma apelante, en vista de que al ser sometido a experticio el documento antes citado y verificada la escritura que contiene, llegaron los peritos actuantes a la conclusión de que la firma atribuida al señor Rafael C. González Fernández es auténtica, por lo que en consecuencia, el acto que se tildó de falso es legalmente válido; que además, la mencionada compañía apelante, no ha ofrecido ninguna otra prueba capaz de desvirtuar cuanto acaba de afirmarse, en cuyas circunstancias procede el rechazo de sus conclusiones y del recurso interpuesto"; **Considerando**, que de todo lo anteriormente expuesto y teniendo en cuenta que el Tribunal Superior de Tierras es soberano en la apreciación de las pruebas y hace un uso correcto de ese poder de apreciación cuando depura, examina y analiza las que le son sometidas por las partes, es evidente que al actuar como lo hizo en la especie, dándoles un sentido y alcance correcto, no ha podido desnaturalizar esas pruebas, ni violar los artículos 1315, 1599 y 1998 del Código Civil, 189 y 203 de la Ley de Registro de Tierras, ni ha podido incurrir en los demás vicios y violaciones invocados por la recurrente, por lo que los medios del recurso que se examinan carecen de fundamento y deben ser desestimados. Por tales motivos, **Primero:** Rechaza el recurso de casación interpuesto por la compañía Bondoñé, S. A., contra la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Tierras el 9 de junio de 1995, en relación con la Parcela No. 6-Ref-B-1-A-1-C-7-C-1-A-2-A-4-D, del Distrito Catastral No. 6, del Distrito Nacional, cuyo dispositivo se ha copiado en parte anterior del presente fallo; **Segundo:** Condena a la recurrente al pago de las costas y las distrae a favor de los Doctores Ulises Cabrera y Manuel Cáceres, abogados del recurrido, quienes afirman haberlas avanzado en su totalidad. Firmado: Juan Guiliani Vólquez, Juan Luperón Vásquez, Julio Aníbal Suárez y Enilda Reyes Pérez. Grimilda Acosta, Secretaria General. La presente sentencia ha sido dada y firmada por los señores Jueces que figuran en su encabezamiento, en la audiencia pública del día, mes y año en él expresados, y fue firmada, leída y publicada por mí, Secretaria General, que certifico.

B.J. NO. 1053, AGOSTO 1998

**Considerando**, que es de principio que cuando existe indivisión en el objeto del litigio, si el recurrente ha emplazado a una o varias de las partes contrarias y no lo ha hecho con respecto a las demás, el recurso debe ser declarado inadmisible con respecto a todas; que si es verdad que las actuaciones del procedimiento de instancia, incluso cuando se trata de una vía de recurso, tienen carácter divisible, en el sentido de que producen sus efectos únicamente en provecho del actor y en contra del demandado o recurrido, sin embargo, es forzoso decidir lo contrario cuando el objeto del procedimiento resulta indivisible en razón de su propia naturaleza, cuando lo decidido en el caso en relación con el interés de una de las partes, afectará necesariamente al interés de las demás partes; que por vía de consecuencia, el recurso de casación que se interponga contra una sentencia que aprovecha a varias partes entre cuyos intereses exista el vínculo de la indivisibilidad, tiene que ser dirigido contra todas; que al no hacerlo así, el recurso debe ser declarado inadmisible.

B.J. NO. 1053, AGOSTO 1998


 * Considerando **, que como se advierte por lo que se acaba de transcribir, en el documento que sirvió de base al recurrente Miguel Arciliano Peralta, para reclamar la propiedad de la parcela de que se trata y para que la misma le fuera adjudicada por el Tribunal Superior de Tierras, o sea, el acto No. 42 del 18 de noviembre de 1954 repetidamente indicado, no figura donación alguna de la parcela, sino que se trata de un acto de venta de la parcela, en favor de su causante Pedro María Sánchez (a) Botón, quien 16 años después la vendió al recurrente, a quien el primero entregó la posesión de la misma; que si el tribunal después de instruir el caso consideró que Ememenciana Abreu Vda. Sánchez, sólo podía vender la mitad de dicha parcela, tal como lo expresa la sentencia, esta apreciación no le facultaba a alterar la naturaleza de la operación expresada claramente en dicho acto para sostener que no se trataba de una venta, sino de una donación y sobre este cambio de lo convenido y expresado en el contrato, reducir los derechos que realmente pertenecían a la vendedora, que tal como lo admite la sentencia equivalían al 50% de la parcela y no a la cuarta parte de la misma; que en consecuencia, de lo precedentemente expuesto se comprueba que el Tribunal a-quo dio al citado documento un sentido distinto al que debe producir por su propia naturaleza, incurriendo así en los vicios señalados en los medios que se examinan; y por tanto, procede casar la sentencia impugnada, sin que sea necesario ponderar los otros medios del recurso. Por tales motivos, **Primero:** Casa la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Tierras el 14 de marzo de 1995, en relación con la Parcela No. 1350, del Distrito Catastral No. 5, del municipio de Jarabacoa, cuyo dispositivo se ha copiado en parte anterior del presente fallo y envía el asunto por ante el mismo tribunal; **Segundo:** Compensa las costas. Firmado: Juan Guiliani Vólquez, Juan Luperón Vásquez, Julio Aníbal Suárez y Enilda Reyes Pérez. Grimilda Acosta, Secretaria General. La presente sentencia ha sido dada y firmada por los señores Jueces que figuran en su encabezamiento, en la audiencia pública del día, mes y año en él expresados, y fue firmada, leída y publicada por mí, Secretaria General, que certifico.

B.J. NO. 1053, AGOSTO 1998


 * Considerando **, que por otra parte, el Tribunal Superior de Tierras al aprobar en la especie el fallo del Juez de Jurisdicción Original, no modificó los derechos, tal como dicho Juez los había admitido; que en tales condiciones, el presente recurso de casación resulta inadmisible, lo que hace innecesario ponderar los medios de casación propuestos por los recurrentes. Por tales motivos, **Primero:** Declara inadmisible el recurso de casación interpuesto por los señores Ana Rita Abreu y compartes, contra la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Tierras, el 11 de marzo de 1993, en relación con la Parcela No. 198, del Distrito Catastral No. 3, del municipio de Jarabacoa, cuyo dispositivo se ha copiado en parte anterior del presente fallo; **Segundo:** Condena a los recurrentes al pago de las costas y las distrae en provecho de los Dres. Darío Antonio Gómez Martínez y Maricela Altagracia Gómez Martínez, abogados de los recurridos, quienes declaran haberlas avanzado en su totalidad. Firmado: Juan Guiliani Vólquez, Juan Luperón Vásquez, Julio Aníbal Suárez y Enilda Reyes Pérez. Grimilda Acosta, Secretaria General. La presente sentencia ha sido dada y firmada por los señores Jueces que figuran en su encabezamiento, en la audiencia pública del día, mes y año en él expresados, y fue firmada, leída y publicada por mí, Secretaria General, que certifico.

B.J. NO. 1053, AGOSTO 1998


 * Considerando **, que de conformidad con el artículo 6 de la Ley sobre Procedimiento de Casación, el emplazamiento con motivo del recurso de casación debe ser notificado a las personas contra quienes va dirigido, y debe hacerse mención en él de la residencia del recurrido; que el examen del expediente muestra que el emplazamiento fue notificado por el recurrente en el estudio del Dr. Manuel W. Medrano Vásquez, según consta en el acto del ministerial Rafael A. Chevalier V., Alguacil de Estrados de la Corte de Apelación de Santo Domingo, el 8 de julio de 1983, sin que exista constancia alguna de que dicho emplazamiento haya sido notificado a los mencionados recurridos, como lo exige la disposición legal antes indicada; que en tales condiciones el plazo de treinta (30) días exigidos por el artículo 7 de dicha ley para notificar el emplazamiento se ha vencido, por lo que el referido recurso, en lo que se refiere a los recurridos sucesores de Higinio Pastrano, debe ser declarado caduco, y por tanto no procede examinar los medios de casación propuestos por el recurrente;

B.J. NO. 1053, AGOSTO 1998


 * <span style="font-family: 'Verdana','sans-serif'; font-size: 12px;">Considerando **<span style="font-family: 'Verdana','sans-serif'; font-size: 12px;">, que sin embargo para rechazar la reclamación de los recurrentes en sus calidades de nietos de María del Carmen Gervacio, en la sentencia recurrida se expone lo siguiente: "Que si bien es cierto que el Juez a-quo, no dio motivos prolijos que satisfacieran la parte recurrente en relación con la determinación de herederos de Florentino Gervacio, no es menos cierto que como consta en la página 15 de su decisión, el Juez a-quo falló sobre dicha solicitud; que después de haber examinado la copia del acta de defunción expedida por el Dr. Félix Pereyra, y el acta de "fe de bautismo" expedida por el Oficial del Estado Civil de la parroquia La Altagracia en Santiago, este Tribunal Superior infiere de dichas actas: "Que María del Carmen Gervacio falleció a los 45 años, el día 23 de marzo de 1920, que el hecho de que Carlos Tineo (un tercero) declarara al Oficial del Estado Civil que María del Carmen Gervacio era hija legítima de Plácido Gervacio, carece de valor jurídico; la prueba de la fialiación está regulada por la ley, y únicamente la establece el acta de nacimiento, lo mismo que para el reconocimiento que copiamos a continuación: "La filiación de los hijos legítimos, se prueba por actas de nacimiento inscritas en el registro del Estado Civil" y el artículo 331 dice: "Los hijos nacidos fuera del matrimonio, con tal que no sean fruto de uniones incestuosas o adúlteras, podrán legitimarse por el subsiguiente matrimonio de sus padres, cuando estos los hayan reconocidos legalmente antes de su matrimonio o en el acto mismo de su declaración"; la Ley No. 985 sobre filiación de hijos naturales establece lo siguiente: "artículo 2 párrafo: El reconocimiento de un hijo natural cuando no conste en el acta de nacimiento, solo será valido cuando se haga ante un Oficial del Estado Civil de manera formal y expresa" el reconocimiento efectuado por terceros no tiene valor jurídico, la declaración de paternidad es una confesión que hace el padre a la autoridad con fe pública, en consecuencia las actas de notoriedad pública instrumentada por la Lic. Maribel M. Nuñez marcadas con los números 7, 8 y 9 de fecha 22 de agosto de 1992, carecen de valor jurídico para los fines de filiación de la señora María del Carmen Lora. En tal virtud, este Tribunal Superior después de haber estudiado todos los documentos de manera minuciosa que reposan en el expediente, ha resuelto rechazar las conclusiones de los apelantes por carecer de base legal. Ver artículo 319 y 331 del Código Civil y artículo 2 de la Ley 985";

<span style="font-family: 'Verdana','sans-serif'; font-size: 12px;">B.J. NO. 1053, AGOSTO 1998


 * <span style="font-family: 'Verdana','sans-serif'; font-size: 12px;">Considerando **<span style="font-family: 'Verdana','sans-serif'; font-size: 12px;">, que un reclamante que ha sostenido debate contradictorio en el juicio del saneamiento de un terreno, ha podido conocer las actuaciones, mentiras o reticencia y si por negligencia no las ha combatido, no puede intentar el recurso en revisión por causa de fraude, puesto que contrario a lo que pretenden los recurrentes, dicho recurso ha sido instituido por el artículo 137 y siguiente de la Ley de Registro de Tierras, como una vía excepcional que tiene la persona que fuere privada de un terreno o de algún interés en el mismo, por una sentencia, mandamiento o decreto de registro obtenido fraudulentamente y que está reservado a quien no ha participado en el saneamiento como reclamante, pero no como un recurso que se ofrece a los negligentes para que aleguen con posterioridad al saneamiento, todo lo que debieron invocar en el mismo, ya sea en Jurisdicción Original o en apelación, pues de otro modo los procesos en esta materia jamás tendrían término, con grave daño del orden público y en detrimento de la cosa juzgada; que el procedimiento instituido por la Ley de Registro de Tierras para la acción en revisión por causa de fraude no implica en forma alguna que la sentencia del Tribunal de Tierras que puso fin al saneamiento, no haya adquirido la autoridad de la cosa irrevocablemente juzgada mientras no transcurra el plazo de un año para su impugnación por esa vía excepcional, como erróneamente lo alegan los recurrentes, lo que sería correcto para las personas que no intervinieron y participaron en dicho saneamiento y por consiguiente, no tuvieron todas las oportunidades de invocar y reclamar sus derechos ni en aptitud de combatir eficazmente cualquier maniobra, mentira o reticencia que durante ese proceso de saneamiento se hubiese cometido;

<span style="font-family: 'Verdana','sans-serif'; font-size: 12px;">(septiembre)

<span style="font-family: 'Verdana','sans-serif'; font-size: 12px;">B.J. NO. 1054, SEPTIEMBRE 1998

<span style="font-family: 'Verdana','sans-serif'; font-size: 12px;">**Considerando**, que por lo que acaba de copiarse es evidente que los agravios de los recurrentes son inoperantes, ya que están dirigidos sobre cuestiones de hecho establecidos en la sentencia impugnada; que los motivos expuestos en la decisión impugnada son suficientes y pertinentes y justifican plenamente lo decidido por los jueces del fondo, por todo lo cual los medios del recurso carecen de pertinencia y de fundamento y deben ser desestimados. Por tales motivos, **Primero:** Rechaza el recurso de casación interpuesto por los señores Magino Reyes Reynoso y compartes, contra la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Tierras, el 13 de agosto de 1997, en relación con la Parcela No. 1877, del Distrito Catastral No. 7, del municipio de Cotuí, cuyo dispositivo se ha copiado en parte anterior del presente fallo; **Segundo:** Condena a los recurrentes al pago de las costas y las distrae en provecho del Dr. Jorge A. Matos Féliz y del Lic. Jorge Lizardo Matos de la Cruz, abogados de la recurrida Issa Kaluche, C. por A., quienes afirman haberlas avanzado en su totalidad. Juan Guiliani Vólquez, Juan Luperón Vásquez, Julio Aníbal Suárez y Enilda Reyes Pérez. Grimilda Acosta, Secretaria General. La presente sentencia ha sido dada y firmada por los señores Jueces que figuran en su encabezamiento, en la audiencia pública del día, mes y año en él expresados, y fue firmada, leída y publicada por mí, Secretaria General, que certifico.

<span style="font-family: 'Verdana','sans-serif'; font-size: 12px;">B.J. NO. 1054, SEPTIEMBRE 1998


 * Considerando**, que si es verdad que de acuerdo con las disposiciones de los artículos 138, 147, 173, 185 y 192 de la Ley de Registro de Tierras, toda persona en cuyo favor es transferido un inmueble mediante el pago de un precio, se presume que es un tercer adquiriente de buena fe, no es menos cierto, que en el presente caso no hay constancia en el expediente, ni la sentencia impugnada hace mención alguna de ello, de que la recurrida presentara y demostrara al Tribunal a-quo los elementos de juicio necesarios que justifiquen el traspaso a su favor de las parcelas objeto del litigio; que los mismos términos en que están concebidos los motivos de la sentencia impugnada que se han copiado precedentemente no dejan dudas de que la recurrida no aportó esas pruebas, es decir, que no demostró, que los inmuebles objeto del litigio fueron adquiridos por Villa Cosette, C. por A., en la forma que, en términos muy vagos y generales se expresa en el fallo recurrido; que por tanto, la Suprema Corte de Justicia no ha sido puesta en condiciones de verificar si en la especie se ha hecho una correcta aplicación de la ley, por lo que en consecuencia, la sentencia impugnada carece de base legal y debe ser casada, sin que sea necesario examinar los demás agravios formulados en el recurso;

<span style="font-family: 'Verdana','sans-serif'; font-size: 12px;">B.J. NO. 1054, SEPTIEMBRE 1998


 * <span style="font-family: 'Verdana','sans-serif'; font-size: 12px;">Considerando **<span style="font-family: 'Verdana','sans-serif'; font-size: 12px;">, que del estudio de dicha decisión resulta además que el Tribunal a-quo dio por establecido que los derechos adquiridos por el recurrente no están ubicados dentro de la Parcela No. 27-N, puesto que fue probado en la sustanciación del asunto que los terrenos adquiridos por el doctor Pujols Jiménez, tienen orígenes diferentes, puesto que éste adquirió del señor Mario Rosario y compartes, a quienes el Tribunal Superior de Tierras, había atribuido esos derechos por resolución del 19 de enero de 1989, en tanto que el señor Beltré Santana, no fue adquiriente directo del doctor Pujols Jiménez, sino de Francisco Báez, según acto del 21 de marzo de 1989 y este último del anterior, quien a su vez adquirió del señor Luis H. Cedano, en la proporción de 12 Has., 57 As., 73 Cas., según se expresa en la sentencia recurrida, mediante acto del 16 de febrero de 1989, es decir que aún cuando los terrenos que integran la Parcela No. 27-N y los adquiridos por el recurrente Francisco M. Beltré Santana, pertenecieron anteriormente al Dr. Teodoro Antonio Pujols Jiménez, no es menos cierto que los últimos fueron vendidos con posterioridad a la adquisición de los primeros y están ubicados dentro de la porción con área de 200 tareas y adquiridas del señor Luis H. Cedano, en el resto de la Parcela No. 27;

<span style="font-family: 'Verdana','sans-serif'; font-size: 12px;">B.J. NO. 1054, SEPTIEMBRE 1998


 * <span style="font-family: 'Verdana','sans-serif'; font-size: 12px;">Considerando **<span style="font-family: 'Verdana','sans-serif'; font-size: 12px;">, que igualmente consta en la sentencia impugnada: "que de conformidad con la documentación que obra en el expediente, la Resolución de Concesión de Prioridad dictada por el Tribunal Superior de Tierras, en fecha 21 de junio de 1956 y las declaraciones de los testigos oídos en Jurisdicción Original y ante este Tribunal Superior, señores José Bienvenido Sepúlveda Peguero, José Francisco Castillo, Darío Presinal, Pablo Mateo Presinal, Emiliano Mateo y Rafael Angel Encarnación, se comprueba que la Parcela No. 3681 del Distrito Catastral No. 3 del municipio de San José de Ocoa, primero era propiedad de la sociedad comercial Manuel Emilio Castillo H. C. por A., quien la ocupó más de 20 años y después la vendió a Alice Paulette Dumit, por acto bajo firma privada de fecha 1ro. de diciembre de 1981; que las Parcelas Nos. 3682, 3683 y 3684, del mismo Distrito Catastral, originalmente eran del señor Manuel Emilio Castillo, quien la vendió al señor José Manuel González Pujols, quien después de ocuparla durante más de 20 años, por actos bajo firma privadas de fecha 1ro. de diciembre de 1981, las vendió a Alice Paulette Dumit; que no hay evidencias de que estas cuatro parcelas, las ocupara en alguna ocasión Manuel Altagracia Pimentel o su hermano Manuel de Regla Pimentel; que la Parcela No. 3685, originalmente era del difunto Manuel Altagracia Pimentel; que nunca fue ocupada por su hermano Manuel de Regla Pimentel; que al morir Manuel Altagracia Pimentel, quien en vida había solicitado prioridad para medirla el agrimensor Wenceslao Figueroa Cabral, quien al efecto fue autorizado a hacer esa y otras mensuras, dicha parcela pasó a sus herederos y ocupada por el señor Rafael Encarnación por cuenta de Carlos Manuel Pimentel Castillo, quien luego por acto de fecha 26 de julio de 1961, la adquirió de los herederos de Manuel Altagracia Pimentel; que la posesión de Manuel Altagracia Pimentel, se remonta al año 1929, continuada por sus sucesores y después por Carlos Manuel Pimentel Castillo, quien la ha ocupado más de 20 años; que tal como lo apreció el Juez a-quo, las posesiones invocadas por Alice Paulette Dumit y Carlos Manuel Pimentel Castillo, están caracterizadas por cultivos de frutos mayores y menores, pastos naturales y cercas de alambres de púas, posesiones no discutidas, salvo la reclamación de los sucesores de Manuel de Regla Pimentel Tejeda y con todos los demás caracteres que la hacen útil para prescribir; que todo cuanto se ha expresado antes, es suficiente para dejar sentado que en la Jurisdicción Original no se violentó el derecho de defensa de los sucesores de Manuel de Regla Pimentel Tejeda; que no hay lugar a ordenarse un nuevo juicio como lo piden dichos sucesores, porque todas las cuestiones han sido ventiladas en los dos grados de jurisdicción y no existe ninguna que se haya presentado por primera vez en la jurisdicción de alzada y que en la sentencia impugnada se hizo una correcta administración de justicia, se dan motivos claros, suficientes y pertinentes que la justifican los cuales se agregan a los contenidos en este fallo, sin necesidad de reproducirlos";

<span style="font-family: 'Verdana','sans-serif'; font-size: 12px;">B.J. NO. 1054, SEPTIEMBRE 1998


 * <span style="font-family: 'Verdana','sans-serif'; font-size: 12px;">Considerando **<span style="font-family: 'Verdana','sans-serif'; font-size: 12px;">, que cuando una sentencia es casada por falta de base legal, las costas pueden ser compensadas, al tenor del Artículo 65 de la Ley sobre Procedimiento de Casación. Por tales motivos, **Primero:** Casa la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Tierras el 30 de septiembre de 1991, en relación con la Parcela No. 3, del Distrito Catastral No. 5, del municipio de Cotuí, cuyo dispositivo figura copiado en otra parte del presente fallo y envía el asunto por ante el mismo Tribunal Superior de Tierras; **Segundo:** Compensa las costas. Firmado: Juan Guiliani Vólquez, Juan Luperón Vásquez, Julio Aníbal Suárez y Enilda Reyes Pérez. Grimilda Acosta, Secretaria General. La presente sentencia ha sido dada y firmada por los señores Jueces que figuran en su encabezamiento, en la audiencia pública del día, mes y año en él expresados, y fue firmada, leída y publicada por mí, Secretaria General, que certifico.

B.J. NO. 1054, SEPTIEMBRE 1998


 * <span style="font-family: 'Verdana','sans-serif'; font-size: 12px;">Considerando **<span style="font-family: 'Verdana','sans-serif'; font-size: 12px;">, que por los motivos contenidos en la sentencia y que se acaban de transcribir, se evidencia que para rechazar las reclamaciones de la recurrente, el Tribunal a-quo comprobó que la Parcela No. 7 del Distrito Catastral No. 4 del municipio de San Juan de la Maguana, fue adjudicada en comunidad a los señores Pedro Tomás de los Santos y Julio Mateo, a quienes se expidió el correspondiente certificado de título el 30 de julio de 1954; que con motivo de la litis surgida posteriormente por la reclamación de la recurrente, ésta alegó que fue asentada en la porción de terreno que con posterioridad al registro de la misma ha venido ocupando y le fue atribuida por la Secretaría de Estado de Agricultura, por permuta que le hicieran los propietarios al Estado Dominicano en relación con dicha porción, por otra de la Parcela No. 8 del mismo Distrito Catastral; que el tribunal concedió a la recurrente todas las oportunidades de aportar esas pruebas sin que en ningún momento las depositara, a pesar de que para ello fueron fijadas varias audiencias; que al no demostrar la recurrente sus alegatos, el tribunal procedió al fallo correspondiente; que en lo que se refiere a la violación del derecho de defensa, en la sentencia también consta: "Que el Secretario del Tribunal de Tierras, por Oficio No. 837 de fecha 21 de febrero de 1983, le comunicó al Instituto Agrario Dominicano, que las notas estenográficas de la audiencia celebrada por el Tribunal Superior de Tierras, en fecha 4 de febrero de 1983, correspondiente a la Parcela No. 7 del Distrito Catastral No. 4 del municipio de San Juan de la Maguana, habían sido transcritas en esa misma fecha y que en consecuencia, el plazo de 30 días concedido para depositar el escrito de defensa en apoyo de sus pretensiones, comenzaba a correr desde ese momento. La referida institución oficial no hizo uso del referido plazo"; que por lo anterior se evidencia que el Tribunal a-quo no incurrió en la violación del derecho de defensa, como erróneamente lo invoca la recurrente; B.J.

<span style="font-family: 'Verdana','sans-serif'; font-size: 12px;">NO. 1054, SEPTIEMBRE 1998


 * <span style="font-family: 'Verdana','sans-serif'; font-size: 12px;">Considerando **<span style="font-family: 'Verdana','sans-serif'; font-size: 12px;">, que del examen de la sentencia y por lo anteriormente expuesto se comprueba que la misma contiene una relación completa de los hechos de la causa, a los cuales el Tribunal a-quo les dio su verdadero sentido y alcance, sin desnaturalización alguna, así como motivos suficientes pertinentes que justifican su dispositivo, lo que ha permitido a la Suprema Corte de Justicia, como Corte de Casación, verificar que en la especie se ha hecho una correcta aplicación de la ley; que en consecuencia, los medios del recurso que se examinan carecen de fundamento y deben ser desestimados; B.J. NO. 1054, SEPTIEMBRE 1998
 * <span style="font-family: 'Verdana','sans-serif'; font-size: 12px;">Considerando **<span style="font-family: 'Verdana','sans-serif'; font-size: 12px;">, que de conformidad con el artículo 6 de la Ley sobre Procedimiento de Casación, el emplazamiento ante la Suprema Corte de Justicia debe contener, a pena de nulidad, entre otras enunciaciones, los nombres y residencia de la parte recurrida; que de acuerdo con el artículo 135 de la Ley de Registro de Tierras, modificado por la Ley No. 4479 del 1956; cuando el Tribunal de Tierras haya ordenado el registro de derechos en forma innominada en favor de una sucesión, la parte que quiera recurrir en casación deberá hacerlo siguiendo las reglas del derecho común, pero la notificación del emplazamiento se considerará válidamente hecha en manos de la persona que haya asumido ante el Tribunal de Tierras la representación de la sucesión gananciosa y en manos de aquellos miembros de dicha sucesión cuyos nombres figuran en el proceso, los cuales deberá obtener la parte interesada por medio de una certificación expedida por el Secretario del Tribunal. Además el emplazamiento deberá ser notificado también al Abogado del Estado para que este, en la forma como acostumbra hacer el tribunal sus notificaciones, o sea por correo certificado, entere a las partes interesadas de la existencia del recurso de casación y estas a su vez puedan proveer a su representación y defensa conforme a la Ley sobre Procedimiento de Casación";

B.J. NO. 1054, SEPTIEMBRE 1998


 * <span style="font-family: 'Verdana','sans-serif'; font-size: 12px;">Considerando **<span style="font-family: 'Verdana','sans-serif'; font-size: 12px;">, que en la sentencia impugnada no hay constancia de que los actuales recurridos para hacer rechazar la demanda de los recurrentes formularan ante el Tribunal a-quo conclusiones fundadas en la prescripción extintiva, por lo que siendo de interés privado las cuestiones de prescripción en materia civil, no podía ser suplida de oficio por dicho tribunal; que de lo que se trataba y se trata en el caso es de restituir a los actuales recurrentes el cincuenta por ciento de la Parcela No. 50 del Distrito Catastral No. 8, del municipio de Santiago, que les corresponde por herencia materna y que había sido indebidamente incluida por su padre, después de la muerte de su esposa Emelinda Domínguez, madre de los reclamantes, en una venta que no podía comprender esa porción de la parcela, que por tanto para que el tribunal pudiera pronunciarse en el sentido de que los plazos de derecho común habían pasado y que por tanto la reclamación de los herederos de dicha señora estaba prescrita, era preciso que los recurridos se lo hubieran propuesto por conclusiones formales, de lo que no hay constancia en el expediente

<span style="font-family: 'Verdana','sans-serif'; font-size: 12px;">B.J. NO. 1054, SEPTIEMBRE 1998


 * <span style="font-family: 'Verdana','sans-serif'; font-size: 12px;">Considerando **<span style="font-family: 'Verdana','sans-serif'; font-size: 12px;">, que habiendo sido fijada la sentencia recurrida en la puerta principal del Tribunal a-quo el 8 de diciembre de 1994, el plazo de dos meses que establece el artículo 5 de la Ley sobre Procedimiento de Casación, estaba vencido el día en que se interpuso el recurso, o sea, el diez de febrero de 1995; que en efecto, el plazo de dos meses, que se cuenta de fecha a fecha, venció el día ocho de febrero de 1995, el cual, por ser franco, quedó prorrogado hasta el día siguiente, esto es, el nueve (9) de febrero de 1995, siendo este el último día hábil para interponer dicho recurso, resultando por consiguiente tardío el recurso de que se trata, por lo que el mismo debe ser declarado inadmisible

<span style="font-family: 'Verdana','sans-serif'; font-size: 12px;">B.J. NO. 1054, SEPTIEMBRE 1998


 * <span style="font-family: 'Verdana','sans-serif'; font-size: 12px;">Considerando **<span style="font-family: 'Verdana','sans-serif'; font-size: 12px;">, que por el segundo medio de su recurso de casación, los recurrentes invocan que, la sentencia del juez destituido Dr. Napoleón Alonzo Taveras, del 13 de noviembre de 1987, carece de motivos que justifiquen un razonamiento uniforme e imparcial y que el Tribunal Superior de Tierras, crea la fantasía de que dicho juez no lee la prensa, no recibe telegrama o es sordo y ciego e ignoraba que había sido destituido por el Senado el 11 de noviembre de 1987; y que tampoco dicen de donde viene la información de que el juez de jurisdicción original, ignoraba que el Senador de la provincia María Trinidad Sánchez, había pedido su destitución; que todas las sentencias dictadas por un juez luego de perder su investidura, carecen de valor jurídico, son nulas y deben ser revocadas, porque ningún poder podía validar sus actuaciones posteriores a su destitución, pero; **Considerando**, que todo el que alega un hecho en justicia está en la obligación de demostrarlo, que tal como se ha expuesto precedentemente y consta en la sentencia impugnada, al abogado de los recurrentes le fue concedido un plazo de 30 días para que depositara por ante el Tribunal a-quo, tanto un escrito de ampliación como las pruebas documentales de sus imputaciones, alegatos y afirmaciones y no lo hizo, depositando únicamente el escrito de ampliación reiterativo de sus afirmaciones y argumentos en audiencia, por lo que el tribunal desestimó estos por falta de justificación de las mismas al no aportar los documentos correspondientes para demostrarlas; que el Tribunal a-quo al rechazar las pretensiones de los recurrentes en la forma en que lo hizo, no sólo tuvo en cuenta que el juez de jurisdicción original que dictó el primer fallo no sólo desconocía su sustitución en el momento en que produjo el mismo, sino también con anticipación a la fecha de juramentación y toma de posesión del cargo de su sustituto como consta en la sentencia impugnada y se ha expuesto precedentemente, sino además en que los recurrentes no eran, ni demostraron serlo, acreedores, ni socios, de la recurrida Compañía Ezequiel Mena, C. por A., ni tener derecho alguno contra la misma para justificar su oposición al traspaso y al gravamen del inmueble propiedad de dicha compañía;

B.J. NO. 1054, SEPTIEMBRE 1998


 * <span style="font-family: 'Verdana','sans-serif'; font-size: 12px;">Considerando **<span style="font-family: 'Verdana','sans-serif'; font-size: 12px;">, en cuanto a los dos primeros medios del recurso que por lo expresado en la sentencia se comprueba que el Tribunal Superior de Tierras no ha incurrido en ninguno de los vicios que se denuncian y en cuanto a la falta de base legal, falta de motivos y desnaturalización de los hechos alegados en el tercer medio por el recurrente, que por lo expuesto precedentemente y el examen de la sentencia impugnada, demuestran que ella contiene motivos suficientes y pertinentes así como una exposición completa de los hechos y circunstancias de la causa que ha permitido verificar que el Tribunal a-quo hizo, en el caso, una correcta aplicación de la ley a los hechos soberanamente comprobados, sin incurrir en desnaturalización alguna, por todo lo cual los medios del recurso carecen de fundamentos y deben ser desestimados. Por tales motivos, **Primero:** Rechaza el recurso de casación interpuesto por el señor Alcibíades Mena Aristy, contra la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Tierras el 6 de diciembre de 1990, en relación con la Parcela No. 240-B-11, del Distrito Catastral No. 2, del municipio de Cabrera, provincia María Trinidad Sánchez, cuyo dispositivo se ha copiado en parte anterior del presente fallo; **Segundo:** Condena al recurrente al pago de las costas y ordena su distracción en provecho del Dr. Juan Ulises Lantigua Fernández, quien afirma haberlas avanzado en su totalidad. Firmado: Juan Guiliani Vólquez, Juan Luperón Vásquez, Julio Aníbal Suárez. Grimilda Acosta, Secretaria General. La presente sentencia ha sido dada y firmada por los señores Jueces que figuran en su encabezamiento, en la audiencia pública del día, mes y año en él expresados, y fue firmada, leída y publicada por mí, Secretaria General, que certifico.

B.J. NO. 1054, SEPTIEMBRE 1998


 * <span style="font-family: 'Verdana','sans-serif'; font-size: 12px;">Considerando **<span style="font-family: 'Verdana','sans-serif'; font-size: 12px;">, que los jueces del fondo después de admitir y reconocer que la Decisión No. 1 del 22 de septiembre de 1986, dictada por el Tribunal de Tierras de Jurisdicción Original, fue revisada y aprobada el 10 de julio del mismo año, mediante las cuales se determinan las personas con calidad para recibir los bienes relictos por el finado Alejandro Crhistopher, expresa que no es menos cierto que el Juez de Jurisdicción Original debió de citar a audiencia a los herederos determinados de dichos finados para así investigar la posibilidad de existencia de una disposición testamentaria o transferencia, instruir el caso citando a la reclamante en el saneamiento, señora Natividad Mariana Sánchez Vda. de la Rosa y producir su sentencia disponiendo el registro de las Parcelas, proporcionalmente a favor de cada una de las personas que le corresponden;

B.J. NO. 1054, SEPTIEMBRE 1998

<span style="font-family: 'Verdana','sans-serif'; font-size: 12px;">**Considerando**, que en cuanto al tercer medio mediante el cual se alega que la posesión de Eduviges Montaño, fue transferida por ésta a Jesús Valdez, por el acto No. 8 del 7 de mayo de 1969; que no habiéndose probado que la primera tuviera posesión en terreno del cual resultó la parcela de que se trata, ni que tampoco la tuviera en la extensión alegada por los recurrentes, ni ellos, ni su causante Jesús Valdez, es evidente que al apreciarlo así el Tribunal a-quo y adjudicarlo únicamente la porción que el resultado del informe rendido al mismo y las declaraciones prestadas por los testigos, no se ha incurrido en la sentencia en las violaciones invocadas por los recurrentes;
 * <span style="font-family: 'Verdana','sans-serif'; font-size: 12px;">Considerando **<span style="font-family: 'Verdana','sans-serif'; font-size: 12px;">, que los recurrentes también invocan falta de base legal, aduciendo que el referido acto No. 8 del 7 de mayo de 1969, no fue tomado en cuenta y que se violan los artículos 2228, 2262 y 2265 del Código Civil y 4 de la Ley de Registro de Tierras, al adjudicarles solamente, una porción de apenas 16 tareas y que el señor Neit Nivar Seijas, nunca tuvo posesión en dicho inmueble, a pesar de lo cual el tribunal le adjudica una porción de 34 Has., 47 As., 11 Cas.; que el examen de la sentencia revela que el Tribunal a-quo, además de oír los testigos que depusieron en la instrucción del asunto, ordenó a la Dirección General de Mensuras Catastrales, que un Agrimensor al servicio de esa oficina se traslade al lugar que ocupa la Parcela No. 2569, del Distrito Catastral No. 21 del D. N., y determine si dentro del ámbito de la misma se encuentran ocupando los señores Jesús Valdez, Fernando Taveras y un tal Albertico, con indicación de la extensión superficial ocupada por cada uno de ellos y en caso de haber fomentado mejoras, en que consisten las mismas; que rendido el informe correspondiente, éste fue sometido al debate oral, público y contradictorio, concluyendo las partes sobre el fondo del asunto en la forma que aparece en la decisión impugnada; que en consecuencia, para el tribunal decidir las reclamaciones formuladas en el saneamiento en la forma que aparece en la sentencia recurrida, tuvo en cuenta no sólo las declaraciones de los testigos y de las partes, sino además el resultado de la medida de instrucción por él ordenada, lo que no puede ser criticado, sobre todo si se toma en cuenta que en la apreciación de esas pruebas no se ha incurrido en desnaturalización alguna;

<span style="font-family: 'Verdana','sans-serif'; font-size: 12px;">(octubre)

<span style="font-family: 'Verdana','sans-serif'; font-size: 12px;">B.J. NO. 1055, OCTUBRE 1998


 * <span style="font-family: 'Verdana','sans-serif'; font-size: 12px;">Considerando **<span style="font-family: 'Verdana','sans-serif'; font-size: 12px;">, que todo lo anteriormente expuesto revela que la sentencia impugnada contiene motivos suficientes y pertinentes que justifican plenamente su dispositivo, y una exposición completa de los hechos y circunstancias de la causa que ha permitido a esta corte verificar que en la especie se ha hecho una correcta aplicación de la ley. Por tales motivos, **Primero:** Rechaza el recurso de casación interpuesto por la señora María Dolores Melo Rodríguez, contra la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Tierras, el 17 de octubre de 1996, en relación con la Parcela No. 22-b-Ref., del Distrito Catastral No. 4, del municipio de San Juan de la Maguana, cuyo dispositivo se ha copiado en parte anterior del presente fallo; **Segundo:** Condena a la recurrente al pago de las costas y ordena su distracción en provecho de la Licda. América Terrero Rodríguez, abogada de la recurrida, que afirma haberlas avanzado en su totalidad. Firmado: Juan Guiliani Vólquez, Julio Aníbal Suárez y Enilda Reyes Pérez. Grimilda Acosta, Secretaria General. La presente sentencia ha sido dada y firmada por los señores Jueces que figuran en su encabezamiento, en la audiencia pública del día, mes y año en él expresados, y fue firmada, leída y publicada por mí, Secretaria General, que certifico.

<span style="font-family: 'Verdana','sans-serif'; font-size: 12px;">B.J. NO. 1055, OCTUBRE 1998


 * <span style="font-family: 'Verdana','sans-serif'; font-size: 12px;">Considerando **<span style="font-family: 'Verdana','sans-serif'; font-size: 12px;">, que por lo expuesto precedentemente y por el examen de la sentencia impugnada se comprueba que ella contiene motivos suficientes y congruentes que justifican plenamente su dispositivo, así como una exposición completa de los hechos y una descripción minuciosa de las circunstancias de la causa que han permitido verificar que el Tribunal a-quo, lejos de incurrir en los vicios y violaciones denunciadas en su recurso por los recurrentes, hizo en el caso una correcta aplicación de la ley a los hechos soberanamente comprobados, por todo lo cual los medios del recurso carecen de fundamento y deben ser desestimados. Por tales motivos, **Primero:** Rechaza el recurso de casación interpuesto por los sucesores de Samuel James, contra la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Tierras, el 30 de abril de 1991, en relación con la Parcela No. 2204, del Distrito Catastral No. 7, del municipio de Samaná, cuyo dispositivo se ha copiado en parte anterior del presente fallo; **Segundo:** Condena a los recurrentes al pago de las costas y las distrae en provecho del Dr. Juan E. Ariza Mendoza, abogado de los recurridos, quien afirma haberlas avanzado en su totalidad. Firmado: Juan Guiliani Vólquez, Juan Luperón Vásquez, Julio Aníbal Suárez y Enilda Reyes Pérez. Grimilda Acosta, Secretaria General. La presente sentencia ha sido dada y firmada por los señores Jueces que figuran en su encabezamiento, en la audiencia pública del día, mes y año en él expresados, y fue firmada, leída y publicada por mí, Secretaria General, que certifico.

B.J. NO. 1055, OCTUBRE 1998


 * <span style="font-family: 'Verdana','sans-serif'; font-size: 12px;">Considerando **<span style="font-family: 'Verdana','sans-serif'; font-size: 12px;">, que según la Ley de Registro de Tierras, después de dictada una sentencia en el saneamiento de un terreno cualquiera, y después de haberse expedido el decreto de registro y certificado de título, para poder anular todo ese procedimiento, solo hay un recurso posible: la revisión por causa de fraude, prevista en los artículos 137 y siguientes de la referida Ley de Registro de Tierras; que aunque en la sentencia impugnada no se señala la fecha en que fue expedido el decreto de registro, la expedición del Certificado de Título No. 11628 el 23 de junio de 1982, hace inferir que dicho decreto fue emitido y transcrito en fechas anteriores a la emisión del certificado de título y que evidentemente la parte hoy recurrida en casación dejó transcurrir más de un año, plazo improrrogable que es el que establece la ley, para intentar la revisión por causa de fraude, que como la instancia que ha introducido el recurrido con el calificativo de "litis sobre terreno registrado", lo fue el 5 de agosto de 1986, es decir, más de tres años después de haber expirado el plazo que prevé la ley, era imperativo para el Tribunal a-quo, ponderar de modo diferente esa situación, ya que de haberlo hecho otra hubiese sido la solución dada al caso, sobre todo si se toma en cuenta que el 24 de junio de 1986, o sea, antes de que en fecha 5 de agosto de 1986, el recurrido introdujera su demanda ante el Tribunal a-quo, el señor Esteban Mojica, había vendido al recurrente Carlos Manuel Marcano, una porción de terreno en dicha parcela, en virtud de cuya transferencia le fue expedido a éste último el correspondiente certificado de título, por lo que éste último es un tercer adquiriente, que pagó un precio y cuya mala fe hay que probarle conforme con lo establecen los artículos 1116 y 2268 del Código Civil; que por lo anteriormente expuesto es evidente que el Tribunal a-quo, ha incurrido en la sentencia impugnada en los vicios y violaciones alegadas por el recurrente en el primer medio de su recurso, el cual debe por tanto ser acogido, sin que sea necesario examinar los demás medios del recurso, procediendo en consecuencia a la casación del fallo recurrido y enviar por ante el mismo tribunal. Por tales motivos, **Primero:** Casa la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Tierras, el 7 de mayo de 1993, en relación con la Parcela No. 402, del Distrito Catastral No. 8, del municipio de San Cristóbal, cuyo dispositivo se ha copiado en parte anterior del presente fallo, y envía el asunto por ante el mismo tribunal; **Segundo:** Condena al recurrido al pago de las costas y las distrae en provecho de la Dra. Natividad Rosario de Féliz, abogada del recurrente, que afirma haberlas avanzado en su totalidad. Firmado: Juan Guiliani Vólquez, Juan Luperón Vásquez, Julio Aníbal Suárez y Enilda Reyes Pérez. Grimilda Acosta, Secretaria General. La presente sentencia ha sido dada y firmada por los señores Jueces que figuran en su encabezamiento, en la audiencia pública del día, mes y año en él expresados, y fue firmada, leída y publicada por mí, Secretaria General, que certifico.

<span style="font-family: 'Verdana','sans-serif'; font-size: 12px;">B.J. NO. 1055, OCTUBRE 1998


 * <span style="font-family: 'Verdana','sans-serif'; font-size: 12px;">Considerando **<span style="font-family: 'Verdana','sans-serif'; font-size: 12px;">, que en la especie consta la mención al pié de la sentencia impugnada de que la misma fue fijada en la puerta principal del Tribunal a-quo, el día 10 de octubre de 1997, que por tanto, el plazo para el depósito del memorial de casación vencía el día 11 de diciembre de 1997, plazo que aumentado en un día, en razón de la distancia de 22 kilómetros que media entre el municipio de San Cristóbal y la ciudad de Santo Domingo, asiento de la Suprema Corte de Justicia, debía extenderse hasta el día 12 de diciembre de 1997, ya que el término se aumenta en un día por cada 30 kilómetros de distancia o fracción mayor de 15 kilómetros, de acuerdo con lo que prescriben los artículos 1033 del Código de Procedimiento Civil y 66 y 67 de la Ley sobre Procedimiento de Casación; que habiendo sido interpuesto el recurso el día 22 de mayo de 1998, mediante el depósito ese día del memorial correspondiente, en la Secretaría de la Suprema Corte de Justicia, resulta evidente que dicho recurso fue interpuesto tardíamente y debe en consecuencia ser declarado inadmisible;

B.J. NO. 1055, OCTUBRE 1998


 * <span style="font-family: 'Verdana','sans-serif'; font-size: 12px;">Considerando **<span style="font-family: 'Verdana','sans-serif'; font-size: 12px;">, que la resolución dictada por el Tribunal Superior de Tierras, impugnada ahora en casación, no tiene el carácter de una sentencia definitiva dictada entre las partes, sino de una disposición administrativa, por lo que el recurso interpuesto contra ella debe ser declarado inadmisible, y, en consecuencia no procede el examen de los medios del recurso. Por tales motivos, **Primero:** Declara inadmisible el recurso de casación interpuesto por los señores Julio Arturo Acosta Rojas y Jacqueline de Jesús de los Santos, contra la resolución dictada por el Tribunal Superior de Tierras, el 19 de noviembre de 1997, en relación con la Parcela No. 114-A-3, del Distrito Catastral No. 2, del Distrito Nacional, cuyo dispositivo se ha copiado en parte anterior del presente fallo; **Segundo:** Condena a los recurrentes al pago de las costas y las distrae a favor de los Licdos. Luis Manuel Piña Mateo y Herbert Carvajal Oviedo y de los Dres. Diego José Portalatín Simón y Virgilio Solano Rodríguez, abogados del recurrido, quienes afirman haberlas avanzado en su totalidad. Firmado: Juan Guiliani Vólquez, Juan Luperón Vásquez, Julio Aníbal Suárez y Enilda Reyes Pérez. Grimilda Acosta, Secretaria General. La presente sentencia ha sido dada y firmada por los señores Jueces que figuran en su encabezamiento, en la audiencia pública del día, mes y año en él expresados, y fue firmada, leída y publicada por mí, Secretaria General, que certifico.

<span style="font-family: 'Verdana','sans-serif'; font-size: 12px;">B.J. NO. 1055, OCTUBRE 1998


 * <span style="font-family: 'Verdana','sans-serif'; font-size: 12px;">Considerando **<span style="font-family: 'Verdana','sans-serif'; font-size: 12px;">, que la resolución dictada por el Tribunal Superior de Tierras, impugnada ahora en casación, no tienen el carácter de una sentencia definitiva dictada entre partes, sino de una disposición administrativa, por lo que el recurso interpuesto contra ella debe ser declarado inadmisible, y, en consecuencia, no procede el examen de los medios del recurso. Por tales motivos, **Primero:** Declara inadmisible el recurso de casación interpuesto por el señor Freddy Antonio Melo Pache, contra la resolución dictada por el Tribunal Superior de Tierras, el 17 de diciembre de 1990, en relación con la Parcela No. 91-C-25, del Distrito Catastral No. 11/4, del municipio de Higüey, cuyo dispositivo se ha copiado en parte anterior del presente fallo; **Segundo:** Declara que no procede condenar en costas al recurrente, puesto que al hacer defecto los recurridos no han hecho tal pedimento. Firmado: Juan Guilini Vólquez, Juan Luperón Vásquez, Julio Aníbal Suárez y Enilda Reyes Pérez. La presente sentencia ha sido dada y firmada por los señores Jueces que figuran en su encabezamiento, en la audiencia pública del día, mes y año en él expresados, y fue firmada, leída y publicada por mí, Secretaria General, que

<span style="font-family: 'Verdana','sans-serif'; font-size: 12px;">certifico. B.J. NO. 1055, OCTUBRE 1998


 * <span style="font-family: 'Verdana','sans-serif'; font-size: 12px;">Considerando **<span style="font-family: 'Verdana','sans-serif'; font-size: 12px;">, que en efecto, de conformidad con las disposiciones del artículo 7 de la Ley sobre Procedimiento de Casación: "Habrá Caducidad del recurso, cuando el recurrente no emplazare al recurrido en el término de treinta días, a contar de la fecha en que fue proveído por el Presidente el auto en que se autoriza el emplazamiento. Esta caducidad será pronunciada a pedimento de parte interesada o de oficio"; **Considerando**, que el examen del expediente revela que, tal como lo alegan los recurridos, el auto autorizando a emplazar fue dictado por el Presidente de la Suprema Corte de Justicia, el 3 de abril de 1991, y el emplazamiento contenido en el acto No. 149/91, instrumentado por el ministerial Armando Desiderio Arias Polanco, Alguacil Ordinario de la Cámara de Trabajo del Distrito Nacional, fue notificado el día 9 de mayo de 1991, o sea, es decir, cuando ya había vencido el plazo de 30 días exigido por el artículo 7 de la Ley sobre Procedimiento de Casación, por lo que el mencionado recurso debe ser declarado caduco. Por tales motivos, **Primero:** Declara caduco el recurso de casación interpuesto por los señores Carmela Doroteo Mejía y compartes, contra la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Tierras, el 12 de febrero de 1991, en relación con las Parcelas Nos. 203 y 203-A, del Distrito Catastral No. 8, del municipio de El Seybo, cuyo dispositivo se ha copiado en parte anterior del presente fallo; **Segundo:** Condena a los recurrentes al pago de las costas y las distrae a favor de la Licda. Fátima Felicia Lluberes García, abogada de los recurridos, quien afirma haberlas avanzado en su totalidad. Firmado: Juan Guiliani Vólquez, Juan Luperón Vásquez, Julio Aníbal Suárez y Enilda Reyes Pérez. Grimilda Acosta, Secretaria General. La presente sentencia ha sido dada y firmada por los señores Jueces que figuran en su encabezamiento, en la audiencia pública del día, mes y año en él expresados, y fue firmada, leída y publicada por mí, Secretaria General, que certifico.

<span style="font-family: 'Verdana','sans-serif'; font-size: 12px;">B.J. NO. 1055, OCTUBRE 1998


 * <span style="font-family: 'Verdana','sans-serif'; font-size: 12px;">Considerando **<span style="font-family: 'Verdana','sans-serif'; font-size: 12px;">, que sin embargo, en el expediente relativo al recurso de casación, consta copia de un escrito con la constancia de haber sido depositado ante el Tribunal a-quo el 15 de diciembre de 1986, suscrito por la Licda. Aleida Muñoz T., y Dr. Manuel W. Medrano V., a nombre de dichos recurrentes, mediante el cual respondieron el escrito depositado por la Dra. Flor Rojas Rodríguez y Licdo. Rafael Salvador Ovalle P. a nombre de la recurrida, conteniendo además las conclusiones correspondientes, que en esas condiciones al no tomar en cuenta dicho escrito, ni ponderar las conclusiones que el mismo contiene, es evidente que en dicho fallo se violó el derecho de defensa de los actuales recurrentes y, en consecuencia, dicha sentencia debe ser casada sin que sea necesario ponderar los demás medios del recurso;

B.J. NO. 1055, OCTUBRE 1998


 * <span style="font-family: 'Verdana','sans-serif'; font-size: 12px;">Considerando **<span style="font-family: 'Verdana','sans-serif'; font-size: 12px;">, que en la especie, el recurrente en casación no interpuso recurso alguno de alzada contra lo resuelto en jurisdicción original, ni envió al Tribunal Superior de Tierras ninguna instancia, solicitud o pedimento para que este lo tuviera en cuenta en el momento de proceder a la revisión obligatoria que la ley pone a su cargo, haya o no haya apelación;

B.J. NO. 1057, DICIEMBRE 1998

Considerando, que los plazos de meses establecidos por las leyes de procedimiento deben ser contados de fecha a fecha, no computándose en ellos, de conformidad con la regla general contenida en el artículo 1033 del Código de Procedimiento Civil, el día de la notificación, ni el del vencimiento, cuando esos plazos son francos, como ocurre en esta materia, tal como lo prescribe el artículo 66 de la Ley sobre Procedimiento de Casación;

B.J. NO. 1057, DICIEMBRE 1998

Considerando, que al tenor del artículo 134 de la Ley de Registro de Tierras, el recurso de casación será interpuesto, instruido y juzgado, tanto en materia civil como en materia penal, conforme a las reglas del derecho común; que el artículo 5 de la Ley sobre Procedimiento de Casación prescribe que en los asuntos civiles y comerciales el recurso de casación se interpondrá por un memorial suscrito por abogado, con la indicación de los medios en que se funda, que deberá ser depositado en la Secretaría de la Suprema Corte de Justicia, en los dos meses de la notificación de la sentencia; que, por otra parte, de conformidad con la parte final del artículo 119 de la Ley de Registro de Tierras, los plazos para ejercer los recursos contra las decisiones dictadas por el Tribunal de Tierras, se cuentan desde la fecha de la fijación del dispositivo de la sentencia en la puerta principal del tribunal que la dictó;

B.J. NO. 1057, DICIEMBRE 1998

Considerando, que en lo que se refiere a la sentencia dictada por el Tribunal de Tierras de Jurisdicción Original, el 30 de marzo de 1977, confirmada por el Tribunal Superior de Tierras, el 30 de noviembre de 1981, mediante la cual autorizó a la recurrida a hacer la prueba por los medios que creyera pertinentes de la existencia del contrato de venta otorgádoles por el Ing. José Manuel Reyes Valdez, a las que se opusieron los recurrentes, según alegan, fue ejecutada por el Juez de Jurisdicción Original, lo que lo obligaba a examinar, ponderar y tomar en cuenta los resultados del examen de los actos y de los libros de la compañía recurrida depositados por esta, tal como se expresa en la sentencia, sobre todo porque contra esa decisión no interpusieron los recurrentes el recurso correspondiente por lo que la misma adquirió la autoridad de la cosa irrevocablemente juzgada; que esto es así porque dicho carácter corresponde, en sentido general, a las decisiones dictadas en aquellos puntos en los que aún cuando las partes no se hayan puesto de acuerdo y por tanto no exista acuerdo judicial entre ellas, por controvertir el punto en discusión, el tribunal al dictarlas no hace otra cosa que decidir sobre la base de la documentación sometida y de los demás elementos de convicción de que disponen; que por tanto, al basarse no sólo en el resultado del examen de los libros de comercio depositados por la recurrida, sino en los demás documentos y elementos de juicio que le fueron regularmente administrados, los jueces del fondo no han incurrido en ninguna violación; que en lo que se refiere a la cuestión del pago del precio y la diferencia favorable a la compradora entre lo convenido y lo pagado por ella, ese agravio ya se ha examinado al contestar el primer medio del recurso

B.J. NO. 1057, DICIEMBRE 1998

Considerando, que tal como se ha expresado precedentemente el punto de partida de los plazos para interponer los recursos en esta materia, de conformidad con la parte final del artículo 119 de la Ley de Registro de Tierras, es el día en que ha tenido lugar la publicación de la sentencia, esto es, la fijación del dispositivo de la misma en la puerta principal del tribunal que la dictó, que tal como también se ha señalado en parte anterior del presente fallo, en la especie consta la mención de que la sentencia impugnada fue fijada en la puerta principal del Tribunal Superior de Tierras el 1ro. de julio de 1994; que por tanto, el plazo para el depósito del memorial de casación por ser franco vencía el 2 de septiembre de 1994, plazo que aumentado en un (1) día, en razón de la distancia de 153 kilómetros que media entre la ciudad de Santiago, domicilio de la recurrente y la ciudad de Santo Domingo, asiento de la Suprema Corte de Justicia, debía extenderse hasta el 7 de septiembre de 1994, ya que el término se aumenta en razón de un día por cada 30 kilómetros de distancia o fracción mayor de 15 kilómetros; que habiendo sido interpuesto el recurso el 8 de febrero de 1995, mediante el depósito ese día del memorial correspondiente, en la Secretaría de la Suprema Corte de Justicia, resulta evidente, que dicho recurso fue interpuesto tardíamente, y en consecuencia, debe ser declarado inadmisible, por lo que no ha lugar a examinar los medios del recurso. Por tales motivos, Primero: Declara inadmisible por tardío el recurso de casación interpuesto por Inversiones del Norte, C. por A., (INVERNOCA), contra la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Tierras, el 28 de junio de 1994, en relación con el Solar No. 2, Manzana No. 806 (Parcela No. 22-A-3-D-Porc-J) del Distrito Catastral No. 1 (uno) del municipio de Santiago, cuyo dispositivo se ha copiado en parte anterior del presente fallo; Segundo: Condena a la recurrente al pago de las costas y las distrae a favor del Dr. Artagñan Pérez Méndez y de la Licda. Miriam Girbes de Rodríguez, abogados de la recurrida Girges Rodríguez, S. A., (GIROSA), quienes afirman haberlas avanzado en su totalidad. Firmado: Juan Guiliani Vólquez, Juan Luperón Vásquez, Julio Aníbal Suárez, Enilda Reyes Pérez. Grimilda Acosta, Secretaria General. La presente sentencia ha sido dada y firmada por los señores Jueces que figuran en su encabezamiento, en la audiencia pública del día, mes y año en él expresados, y fue firmada, leída y publicada por mí, Secretaria General, que certifico.

B.J. NO. 1057, DICIEMBRE 1998

Considerando, que el examen del expediente, el cual se ha solicitado al Tribunal de Tierras de acuerdo con la ley para su estudio, así como el de la sentencia impugnada revelan que el recurrente F. E. Efraín Reyes Duluc, no figuró como parte en la litis por ante el Tribunal de Jurisdicción Original, ni apeló como tal la decisión rendida por dicho tribunal, ni sometió ante el Tribunal Superior de Tierras ninguna instancia, ni formuló ningún pedimento oral, que lo convirtiera en parte en el asunto de que se trata, que en esas condiciones su recurso de casación debe ser declarado inadmisible;

B.J. NO. 1057, DICIEMBRE 1998

Considerando, que la sentencia incidental dictada por el Tribunal Superior de Tierras, impugnada ahora en casación, no tiene el carácter de una sentencia definitiva dictada entre las partes, sino de una simple medida en la instrucción del asunto, mediante la cual se concedió a los recurrentes un plazo de 30 días para que si lo entendían procedente precedieran a la recusación del Magistrado Dr. Luis Eduardo Morel Pouerie, por lo que el recurso interpuesto contra ella debe ser declarado inadmisible, y en consecuencia, no procede el examen de los medios del recurso. Por tales motivos, Primero: Declara inadmisible el recurso de casación interpuesto por los señores Simón Solano, Simona Solano Jiménez y Juan Solano, contra la sentencia preparatoria dictada por el Tribunal Superior de Tierras, el 3 de marzo de 1995, en relación con las Parcelas Nos. 230-A, 230-B, 230-C, 230-D, 230-E, 230-F, 230-G, 230-H, 230-I, 230-J, 230-K y 230-L, del Distrito Catastral No. 38/17, del municipio del Seybo, cuyo dispositivo se ha copiado en parte anterior del presente fallo; Segundo: Condena a los recurrentes al pago de las costas y las distrae a favor de los Dres. Manuel A. Nolasco G. y Julio Omar Vásquez Ramírez, abogados de los recurridos, quienes afirman haberlas avanzado en su totalidad. Firmado: Juan Guiliani Vólquez, Juan Luperón Vásquez, Julio Aníbal Suárez y Enilda Reyes Pérez. Grimilda Acosta, Secretaria General. La presente sentencia ha sido dada y firmada por los señores Jueces que figuran en su encabezamiento, en la audiencia pública del día, mes y año en él expresados, y fue firmada, leída y publicada por mí, Secretaria General, que certifico.

B.J. NO. 1057, DICIEMBRE 1998

Considerando, que en lo que se refiere a la pretendida violación de la Ley No. 39 de 1966; que la misma consagra una facultad al Estado de donar o vender sus bienes urbanos, según el caso, a las personas que hayan levantado edificaciones dentro de esos inmuebles; que en la especie, tal como consta en la sentencia impugnada no existe constancia alguna de que la recurrente adquiriera del Estado Dominicano, ni por venta, ni por donación la porción de terreno que ocupa en la indicada parcela y en la parte atrás del ahora Solar No. 10 de la Manzana No. 1701, sobre el que ella solicitó al Tribunal que se establezca una servidumbre de paso, solar que pertenece en propiedad al recurrido Modesto Merán Terrero;

B.J. NO. 1057, DICIEMBRE 1998

Considerando, que en la especie se trata de la determinación de los herederos y partición de la sucesión de Victoriano Trinidad y Eugenia Jiménez de Trinidad, cuyos derechos fueron adjudicados en el saneamiento catastral de modo innominado, y, por tanto, el que hubiere adquirido de uno de los sucesores corría el riego de que la porción adquirida debía ser reducida, salvo las garantías eventualmente debidas al comprador, si resultara que dicho heredero había vendido más de lo que le correspondía en la partición, pues, es de principio, que nadie puede transmitir más derechos de los que legalmente le corresponden, que además como la recurrente adquirió la porción de terreno cuya transferencia solicitó, antes de que los herederos de los mencionados finados, fueran determinados, es evidente que se exponía a que si como también ocurrió en la especie, además de sus vendedores, los que ella misma solicitó determinar como los únicos herederos de los referidos finados, existieran otros herederos con derecho y que sin embargo no habían vendido los mismos; que, por tanto, el medio que se examina carece de fundamento y debe ser desestimado;

B.J. NO. 1057, DICIEMBRE 1998

Considerando, que en la especie consta la mención de que la sentencia impugnada fue fijada en la puerta del Tribunal a-quo el 25 de julio de 1997; que por tanto, el plazo para el depósito del memorial de casación, por ser franco, vencía el 26 de septiembre de 1997, plazo que aumentado en un (1) día, en razón de la distancia de 22 kilómetros que media entre el municipio de San Cristóbal, domicilio de los recurrentes y la ciudad de Santo Domingo, asiento de la Suprema Corte de Justicia, debía extenderse hasta el veintisiete (27) de septiembre de 1997, ya que el término se aumenta en un día por cada 30 kilómetros de distancia o fracción mayor de 15 kilómetros; que habiendo sido interpuesto el recurso el día 17 de noviembre de 1997, mediante el depósito ese día del memorial correspondiente, en la Secretaría de la Suprema Corte de Justicia, resulta evidente que dicho recurso fue interpuesto tardíamente y en consecuencia debe ser declarado inadmisible. Por tales motivos, Primero: Declara inadmisible por tardío el recurso de casación interpuesto por los Sucesores de Clemencia Hernández, señores Juana Bautista Hernández y compartes, contra la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Tierras, el 25 de julio de 1997, en relación con las Parcelas Nos. 75-A-25, porción U-3 y 75-A-24, del Distrito Catastral No. 8, del municipio de San Cristóbal, cuyo dispositivo figura copiado en otra parte del presente fallo; Segundo: Condena a los recurrentes al pago de las costas y las distrae a favor del Dr. Freddy Zabulón Díaz Peña, abogado de los recurridos quien afirma haberlas avanzado en su totalidad. Firmado: Juan Guiliani Vólquez, Juan Luperón Vásquez, Julio Aníbal Suárez y Enilda Reyes Pérez. Grimilda Acosta, Secretaria General. La presente sentencia ha sido dada y firmada por los señores Jueces que figuran en su encabezamiento, en la audiencia pública del día, mes y año en él expresados, y fue firmada, leída y publicada por mí, Secretaria General, que certifico.

B.J. NO. 1057, DICIEMBRE 1998

Considerando, que cuando un fallo es casado por falta de base legal, las costas pueden ser compensadas, al tenor del artículo 65 de la Ley sobre Procedimiento de Casación. Por tales motivos, Primero: Casa la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Tierras, el 22 de julio de 1996, en relación con el Solar No. 2, Porción No. X-2, del Distrito Catastral No. 1, del municipio de San Pedro de Macorís, cuyo dispositivo se ha copiado en otra parte del presente fallo, y envía el asunto por ante el mismo Tribunal Superior de Tierras; Segundo: Compensa las costas. Firmado: Juan Guiliani Vólquez, Juan Luperón Vásquez, Julio Aníbal Suárez y Enilda Reyes Pérez. Grimilda Acosta, Secretaria General. La presente sentencia ha sido dada y firmada por los señores Jueces que figuran en su encabezamiento, en la audiencia pública del día, mes y año en él expresados, y fue firmada, leída y publicada por mí, Secretaria General, que certifico.

B.J. NO. 1057, DICIEMBRE 1998

Considerando, que en lo que respecta a la letra d), que en la sentencia impugnada se expresa que la Dirección General del Impuesto Sobre Sucesiones y Donaciones no consideró en ningún momento que el acto de venta del 7 de enero de 1972, otorgado por la señora Altagracia Arias de Jiménez, a favor de su hija Ana Mercedes Jiménez Arias, era una donación; que en tales circunstancias los recurrentes debieron y no lo hicieron, aportar la prueba de que en el caso se trataba de una donación y no de una venta real y efectiva, como lo comprobaron los jueces, dado que para acoger los alegatos de dichos recurrentes, no bastaba a los jueces del fondo acoger las simples afirmaciones de los mismos, sin que estos administraran la prueba correspondiente;

B.J. NO. 1057, DICIEMBRE 1998

Considerando, finalmente, que los propios recurrentes reconocen y admiten que su reclamación no se trataba de un recurso en revisión por causa de fraude, porque el plazo para interponer este recurso ya había expirado, sino de una litis sobre terreno registrado, que por tanto es erróneo el criterio que sustentan, al sostener que en este último caso y por no haber apelado la Decisión No. 181 del 12 de diciembre de 1985, dictada por el Juez de Jurisdicción Original, el Tribunal a-quo no podía revocarla, porque la no interposición de tal recurso implicaba aquiescencia a dicha sentencia, lo que no es cierto, puesto que el Tribunal a-quo no sólo debía ejercer su poder de revisión, sino que además tal como lo hizo también podía, de conformidad con el artículo 125 de la Ley de Registro de Tierras, confirmar, modificar o revocar la referida sentencia de jurisdicción original, por contraria a los hechos y a la ley, sin que con ello incurriera en ninguna violación y sin necesidad de que se le hiciera ningún pedimento al respecto

B.J. NO. 1057, DICIEMBRE 1998

Considerando, que además el examen de la sentencia revela que el Tribunal a-quo admite que los recibos mencionados no satisfacen las exigencias de la ley para operar transferencia por sí solos, de derechos registrados, al ser presentados por ante el registrador de títulos, pero que cuando esos documentos fueron objeto de ponderación y consideración por un juez apoderado para decidir sobre su validez, que al ser admitida, no hay duda alguna de que la sentencia dictada al efecto debe ser acatada; que es evidente que semejante razonamiento constituye una contradicción, puesto que si el tribunal reconoce que los mencionados recibos por no cumplir las exigencias del artículo 189 de la Ley de Registro de Tierras, no podrán servir para operar la transferencia de los derechos registrados, no expone de manera pertinente y congruente, con fundamento en esos mismos recibos ordenara la transferencia solicitada por la parte recurrida; que es evidente que existe una contradicción entre los motivos de la decisión, y entre estos y el dispositivo de la misma que en toda sentencia debe hacerse constar entre otras menciones, los hechos y los motivos jurídicos en que se fundan, de una manera tal que estos no resulten inconciliables, al contradecirse como ocurre en la especie, con el dispositivo de la misma, porque existe esa contradicción entre los motivos, estos se destruyen recíprocamente;

B.J. NO. 1057, DICIEMBRE 1998

Considerando, que sin embargo, el caso que fue sometido por el recurrido Dr. Hugo Ysalguez, al Tribunal Superior de Tierras, mediante instancia del 8 de enero de 1980 y que originó la sentencia ahora impugnada, había sido ya resuelto por la sentencia del 24 de octubre de 1989, dictada por el Tribunal de Tierras de Jurisdicción Original, revisada y aprobada por el Tribunal a-quo el 14 de diciembre de 1989, contra la cual no se interpuso ningún recurso, por lo que la misma adquirió la autoridad de la cosa irrevocablemente juzgada; que es evidente que al fallar como lo hizo, el Tribunal a-quo ha incurrido en la sentencia impugnada, en la violación del artículo 1315 del Código Civil, por lo que procede la casación de la misma y el envío del asunto por ante el mismo tribunal;